Noticias en Español
Solicitante de refugio trans de El Salvador asesinada en Guatemala
‘Jazmín’ fue encontrada el 1 de agosto con rostro desfigurado


El 1 de agosto, fue asesinada en Guatemala una mujer trans salvadoreña de 29 años que llamaremos “Jazmín” por seguridad de su familia.
Ella había solicitado refugio por violencia de género y persecución de pandillas, al momento de su muerte aún no había recibido respuesta por parte del Instituto Guatemalteco de Migración. Fue encontrada con muchos golpes en el cuerpo y el rostro desfigurado.
En un vídeo comunicado en las redes sociales de COMCAVIS TRANS, su directora Bianca Rodríguez, resalta la importancia y la necesidad urgente de la protección de las personas LGBTQ en el norte de Centro América,
“En la región a menudo las personas LGBTI son blanco de hostigamiento y de violencia por parte de las pandillas”, expresa Rodríguez. “Muchas de ellas eventualmente, se ven obligadas a cruzar una frontera internacional en búsqueda de la protección”.
“Hago un llamado a los Estados a que procuren a protección de las personas LGBTI, en especial a las personas que se ven obligadas a huir de sus países por la salvaguarda de su derecho a la vida”, concluye Rodríguez en su comunicado.
Diversas organizaciones de derechos humanos guatemaltecas mostraron su consternación ante lo ocurrido, así es el caso de la Organización Trans Reinas de la Noche, que en un comunicado dijo, “Este asesinato, pone en relieve como los mecanismos de justicia nacionales en Centro América, no están respondiendo a la necesidad de preservar la vida de las personas trans de la región”.
El Instituto Guatemalteco de Migración informó a través de un comunicado que condenaban y lamentaban el asesinato de la mujer trans salvadoreña, además confirmaron que se trataba de una solicitante de refugio y se ponían a la disposición de las autoridades que investigaran el caso, si esto así lo ameritaba.
“Lamentamos que la muerte de ‘Jazmín’ se halla dado en una situación en la que el Estado de Guatemala aún no había reconocido el estatuto de su solicitud pasado ya dos años”, comenta al Washington Blade Carlos Valdés, integrante de Lambda Guatemala, un grupo que promueve los derechos de miembros de la comunidad LGBTQ en Guatemala. “Esperamos y exigimos que las autoridades correspondientes hagan su investigación y no queden impunes como las muertes similares de la comunidad LGBTI que han sido con lujo de violencia”.
“El Estado de Guatemala tiene como mandato constitucional actuar para proteger la vida de las personas y desafortunadamente es al contrario”, menciona a Valdés, esto debido que a través del legislativo han pretendido desde hace varios años impulsar la iniciativa 5272, la cual es Protección de la Vida y la Familia, promovida por los grupos conservadores, con la cual pretenden limitar el goce de los derechos de las personas LGBTQ, según Valdés.
Para el año 2019 fueron contabilizados 20 crímenes contra la población LGBTQ en Guatemala, este año 2020 han ocurrido 11 casos, estos datos son obtenidos gracias al observatorio de Lambda Guatemala.
Por su parte la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), habló con el Blade sobre lo sucedido.
“Expresamos nuestro más sentido pésame a la familia y seres queridos de ‘Jazmín’ que intentaba reconstruir su vida en Guatemala tras verse obligada a huir de El Salvador debido a la violencia y la persecución.” dijo Giovanni Bassu, representante regional del ACNUR para América Central y Cuba. “Reiteramos la necesidad de investigar el caso a fondo y tomar medidas para prevenir futuro crímenes contra las personas LGBTI. Además, hacemos un llamado a los gobiernos a garantizar que las personas LGBTI forzadas a huir tengan acceso sin obstáculos a los procedimientos de asilo”.
ACNUR busca tener un acercamiento integral hacia la población LGBTQ que se ha visto obliga a tener un desplazamiento forzado desde países de origen y destino.
“En todos los países del norte de Centroamérica trabajamos con socios para desarrollar intervenciones directamente en las comunidades y fortalecer liderazgos entre las personas LGBTI, e identificar rutas que permitan coordinar acciones de protección”; menciona al Blade Bassu, “El fortalecimiento de liderazgos incluye componentes de capacitaciones sobre temáticas de desplazamiento forzado y el ejercicio de derechos humanos, con el fin de generar mecanismos de protección comunitarios que permitan la identificación de necesidades y la coordinación de la atención a casos en riesgo”.
La falta de accesos a los derechos y la violencia hacia la población LGBTQ y en específico a mujeres trans, han incrementado durante la pandemia por el COVID-19.
“Toda esta situación demuestra que los riesgos y las necesidades de protección son constantes y van en aumento para la comunidad LGBTI. Es urgente que los Estados generen mecanismos que permitan la protección y el acceso a la justicia”, finaliza Bassu.
Noticias en Español
Despidos en ISDEMU: Un retroceso en los derechos labores y LGBTQ en El Salvador
Catherine Carolina Escobar, mujer trans presenta denuncia ante PDDH

SAN SALVADOR, El Salvador — El despido de más de 100 personas del Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (ISDEMU) ha generado una ola de indignación entre organizaciones sociales y defensoras de los derechos humanos en El Salvador. Entre las personas cesadas se encuentra Catherine Carolina Escobar, una mujer trans salvadoreña que, además de ser trabajadora del ISDEMU, formaba parte de la junta directiva del sindicato de la institución. Su despido y el de su compañera Litzy, otra mujer trans, ha sido interpretado por activistas como una acción discriminatoria en el marco de la creciente ofensiva del gobierno contra lo que denominan “ideología de género”.
Ciudad Mujer: Un legado de inclusión
Para entender la relevancia de estos despidos, es necesario remontarse a la historia de Ciudad Mujer, un proyecto emblemático inaugurado en 2011 durante el gobierno del expresidente Mauricio Funes y consolidado en la administración de Salvador Sánchez Cerén. Ciudad Mujer se concibió como un espacio integral de atención a las mujeres, brindando servicios de salud, asesoría legal, educación y formación laboral, con especial énfasis en poblaciones vulnerables, incluidas mujeres trans y otras personas de la diversidad sexual.
El proyecto representó un hito en la inclusión laboral de las mujeres LGBTQ, particularmente de mujeres trans, quienes históricamente han enfrentado múltiples barreras para acceder al empleo formal. De acuerdo con Mónica Hernández, directora ejecutiva de ASPIDH Arcoíris Trans, “Ciudad Mujer permitió la contratación de varias mujeres trans, así como de hombres trans y mujeres lesbianas”, marcando un avance significativo en la lucha por la equidad laboral.
Sin embargo, bajo la administración del presidente Nayib Bukele, Ciudad Mujer fue absorbida por ISDEMU, lo que significó cambios en su estructura y objetivos. Desde entonces, organizaciones feministas y de derechos humanos han denunciado una reducción en el alcance del programa y la exclusión progresiva de las poblaciones LGBTQ de sus beneficios.
Despidos y discriminación: La lucha de Catherine Carolina Escobar
El 7 de febrero, Catherine Carolina Escobar presentó una denuncia ante la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) junto a otras compañeras sindicalistas que fueron despedidas, en días anteriores también lo hicieron ante el Ministerio de Trabajo; Catherine señaló que su despido y el de su compañera Litzy podría responder a una política discriminatoria impulsada por el gobierno.
“Hemos interpuesto la denuncia, pero otras compañeras no han querido hacerlo por temor. Yo sí lo hice porque esto es discriminación y está vinculado a la supuesta lucha contra la ideología de género que este gobierno ha comenzado”, declaró Escobar.
Según explicó, los ataques en su contra y contra su compañera se intensificaron a partir del momento en que el gobierno comenzó a promover un discurso contra la “ideología de género”, lo que ha servido como justificación para desmantelar programas de equidad e inclusión.
“Yo era parte de la junta directiva del sindicato y aun así se atropellaron mis derechos”, subrayó.
Además del impacto personal, Escobar alertó sobre las consecuencias más amplias de esta política: “Los retrocesos ya comenzaron y ahora es un riesgo que debemos tomar en la lucha. Imagínese qué peligroso que ahora el Ejército vaya a ser como la PNC. Desde hace dos años yo le decía a la gente: ‘Esta es una dictadura que estamos viviendo’”.
El impacto en las organizaciones de derechos humanos
El despido de Escobar y Litzy ocurre en un contexto donde las organizaciones defensoras de derechos humanos enfrentan graves dificultades debido a la falta de financiamiento y la hostilidad del gobierno.
“Todas en la organización trabajamos ad honorem porque los fondos que teníamos venían del Departamento de Estado de los Estados Unidos, y ahora estamos sin recursos”, explicó Hernández.
Valery, encargada de monitoreo y captación de denuncias en ASPIDH, resaltó que la situación es preocupante porque cada vez más puertas se cierran para la defensa de los derechos humanos.
“Nuestra constitución establece que todos somos iguales ante la ley. No importa nuestra ideología o identidad, nuestros derechos deben ser respetados”, explicó. “Pero vemos cómo el gobierno está desmantelando toda la estructura que protegía a las poblaciones más vulnerables”.
Además del impacto en los derechos laborales, Valery advirtió sobre la precariedad en la atención de la salud para las mujeres trans. “No solo necesitamos prevención de enfermedades de transmisión sexual, también requerimos acceso a hormonas, endocrinólogos y atención médica integral. Muchas mujeres trans han muerto porque el sistema de salud no las atiende como se debe”.
La respuesta sindical y la lucha internacional
Desde el sindicato del ISDEMU, Sonia Viñerta, secretaria general de la Unión Sindical de Trabajadoras y Trabajadores del Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (USTTISDEMU), confirmó que han interpuesto demandas en el Tribunal del Servicio Civil y la PDDH.
“El lunes 10 de febrero viajaremos a Costa Rica para presentar una queja ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT). No podemos quedarnos callados, aun con los riesgos que esto implica. Nuestras familias han sido amedrentadas, pero eso no nos desanima”, afirmó.
Viñerta también denunció que el ISDEMU ha desmantelado la unidad de formación especializada, que se encargaba de capacitar a los funcionarios públicos en temas de género. “Nosotras podemos demostrar fehacientemente que, además de la libertad sindical, se han violentado otros derechos fundamentales, como el derecho de audiencia y el derecho de respuesta. La presidenta del ISDEMU ni siquiera respondió a nuestras solicitudes. Esto es un retroceso en el respeto a los derechos humanos”.
Un llamado a la resistencia
El caso de Escobar y Litzy es un reflejo de los desafíos que enfrenta la comunidad LGBTQ en El Salvador bajo el actual gobierno. Los despidos en ISDEMU no solo representan una vulneración de los derechos laborales, sino también un golpe a los avances en inclusión y equidad alcanzados en años anteriores.
Para Escobar, el camino está claro: “He vivido demasiadas situaciones difíciles, he visto cómo muchas compañeras han sido asesinadas por razones sociales. Me siento en la obligación de luchar. No voy a permitir estos retrocesos”. Su determinación es compartida por muchas activistas y organizaciones que, a pesar de las adversidades, siguen exigiendo el respeto a los derechos humanos en El Salvador.
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Corte Constitucional de Ecuador reconoce derechos de niñez trans en sistema educativo
Se resolvió el caso el 8 de enero

La Corte Constitucional, en una reciente sentencia, resuelve que una unidad educativa particular de la provincia de Santa Elena vulneró los derechos de una niña trans por negarse a acompañar su proceso de transición y, para evitar más casos como estos, ordena al Ministerio de Educación diseñar un protocolo que reconozca la identidad de género de estudiantes en el sistema educativo.
El fallo, notificado el 8 de enero, recoge hechos narrados por la madre y padre de C.L.A.G. (siglas usadas para proteger la identidad de la niña): la escuela se negó a llamarla por el nombre con el que se identificaba, la obligó a usar uniforme masculino (pese a que ella quería usar el femenino), le impidió usar el baño de niñas y no acató recomendaciones del Distrito de Educación relacionadas a respetar su identidad de género.
Estos hechos ocurrieron cuando C.L.A.G tenía cinco años de edad y motivaron a que su madre y padre inicien en 2017 un proceso legal que llegó hasta la máxima instancia de justicia e interpretación constitucional.
La niña es de nacionalidad española y hace ocho años estudiaba en Ecuador, pero la familia dejó el país —según señala— por el “futuro incierto” que en ese momento tenía C.L.A.G en cuanto a su proceso de transición dentro del sistema educativo en Ecuador.
La Corte señala que la unidad educativa (de la que también guarda reserva) vulneró el derecho a la igualdad y no discriminación, al libre desarrollo de la personalidad, a la educación, al interés superior de la niña y el derecho a ser escuchada.
En el desarrollo de la sentencia, la Corte señala que “las autoridades escolares tenían la obligación constitucional de garantizar que la niña pudiera expresar de modo integral y seguro su identidad de género”.
La escuela, según los hechos narrados en el fallo, adoptó medidas como permitirle a C.L.A.G usar accesorios como vinchas o que se disfrace de conejita en un festival, y brindarle acceso al baño de profesores, en lugar del baño de niñas.
Pero la Corte considera que estas acciones no garantizaron que C.L.A.G pueda expresar su identidad de género.
La escuela también se negó a brindar charlas de sensibilización a la comunidad educativa por resistencia de los padres de familia de otros estudiantes que no deseaban que se aborde temas de diversidades sexogenéricas con infantes de preescolar.
Sin embargo, el organismo aclara que la unidad educativa pudo haber tenido diálogos con los representantes legales de los estudiantes y concientizar sobre la importancia de no violentar a niñxs trans.
Pedidos a escuela y ministerio
En la sentencia, la Corte Constitucional ordena a la unidad educativa a pedir disculpas mediante una carta a C.L.A.G, y a su madre y su padre. La familia radica hoy en España.
Además, dispone al Ministerio de Educación que, en aproximadamente seis meses, diseñe un protocolo de acompañamiento a niñas, niños y adolescentes trans. La Corte precisa que este documento debe ser obligatorio.
Actualmente, está vigente una guía de orientaciones técnicas para prevenir y combatir la discriminación por diversidad sexual e identidad de género en el sistema educativo nacional.
En esta guía hay recomendaciones como llamar a estudiantes trans por su nombre social y que se les permita usar el uniforme de acuerdo a su identidad de género. Sin embargo, el documento, elaborado por el Consejo Nacional para la Igualdad de Género, no es obligatorio para las instituciones educativas.
La Corte también decide en la sentencia que la Dirección Distrital de Educación vulneró el derecho a la educación de C.L.A.G. Aunque esta institución emitió informes en que señala que la institución educativa estaba vulnerando los derechos de la niña, la Corte considera que las acciones no se adoptaron de manera inmediata para corregir las vulneraciones denunciadas.
El organismo también adjunta en la sentencia una carta dirigida a C.L.A.G., un gesto que va más allá de lo jurídico. En esa carta, la Corte señala a la niña que “la escuela debía haberte cuidado y apoyado para que te sintieras segura y feliz”, y lo que sucedió en la unidad educativa “no fue justo para ti”.
Más allá de un documento
La Corte Constitucional aborda por primera vez, de manera explícita, el reconocimiento de la identidad de género de niñas, niños y adolescentes.
En el desarrollo de la sentencia detalla algunos puntos. Uno de ellos, que “el género es un atributo inherente a la dignidad humana que va más allá del registro formal de datos en el Registro Civil”.
La Corte expone este punto porque el principal argumento de la unidad educativa para negarse a llamar a C.L.A.G. por el nombre que eligió y respetar su identidad autopercibida fue que la Ley Orgánica de Gestión de Identidad y Datos Civiles permite exclusivamente a personas mayores de 18 años el cambio de sus datos en la cédula de identidad para que estén conformes a su identidad de género.
Esta restricción en la ley ha generado otros procesos, como el de Amada, una niña trans que radicaba en Quito y que con el apoyo de su familia logró cambiar los datos en su cédula de identidad tras una sentencia judicial.
Este fallo, sin embargo, fue apelado por el Registro Civil y logró revertirlo. El caso de Amada se encuentra actualmente en la Corte Constitucional en la selección de sentencia para la creación de jurisprudencia vinculante. Es decir, el organismo analiza el caso y dictará, si así lo decide, procedimientos para que el Estado reconozca legalmente la identidad de niñxs trans.
Además de Amada, está el caso de Ela, una niña trans con doble nacional (estadounidense y ecuatoriana) que pidió a su madre y su padre cambiar los datos de acuerdo a su identidad de género en su pasaporte ecuatoriano. La familia logró el cambio tras un proceso administrativo (no fue necesario iniciar acciones legales).
Aunque en esta sentencia la Corte no toma una decisión sobre el registro de datos civiles para niñxs y adolescentes trans, el organismo expone que la identidad de género constituye un elemento integrante de la identidad de las personas y recuerda que el artículo 45 de la Constitución reconoce el derecho a la identidad de niñas, niños y adolescentes.
Además, desarrolla el derecho de ser consultados en los asuntos que les afectan, independiente de su edad. La unidad educativa argumentó que la niña no podía decidir sobre su identidad de género por razón de su edad.
Honduras
Detienen a Romeo Vásquez por asesinato de Isy Obed: ¿cuándo pagará por Vicky Hernández?
Líder trans fue asesinada durante el golpe de estado de 2019

TEGUCIGALPA, Honduras — Casi 16 años después del asesinato de la líder trans Vicky Hernández, el general retirado Romeo Vásquez Velásquez fue capturado hoy como supuesto responsable de la muerte violenta de Isy Obed Murillo durante el golpe de Estado de 2009.
Tras el arresto, la opinión pública ha exigido justicia para Isy Murillo y la activista trans. Ambos fueron las primeras víctimas mortales del toque de queda encabezado por Vásquez Velásquez tras el golpe de Estado contra Manuel Zelaya Rosales en 2009.
La opinión pública se pregunta si de este modo se está allanando el camino para que los responsables paguen por el asesinato de Vicky Hernández e Isy Obed.
Junto con el general en retiro, las autoridades capturaron a otros jerarcas de las Fuerzas Armadas.
Estos arrestos, según el Ministerio Público, se deben a que estos militares comandaron y lideraron el operativo en que soldados abrieron fuego contra manifestantes opuestos al golpe de Estado, el 5 de julio de 2009.
Ese día, cientos de hondureños se aglomeraron cerca del aeropuerto Toncontín, en Tegucigalpa, para manifestarse y recibir al presidente Manuel Zelaya Rosales, quien iba a regresar en avión a Honduras.
Sin embargo, el ejército impidió la entrada de Zelaya en una acción en la cual mató de un balazo en la cabeza al joven Isy Obed Murillo.
«No solo incumplieron su deber de supervisar y controlar a sus subordinados, sino que, con pleno conocimiento de los hechos, permitieron y facilitaron estas atrocidades», dijo el MP en un comunicado.
A través de sus redes sociales, Romeo Vásquez respondió que la acusación en su contra es un intento del Gobierno de «callarlo a cualquier costo».
¿Pagará Romeo por el asesinato de Vicky?
Con la captura de Romeo Vásquez, el gobierno de Xiomara Castro parece haber dado un paso firme en busca de justicia para las víctimas del golpe de Estado de 2009.
Sin embargo, los arrestos de hoy han recibido también las críticas de grupos de la oposición y críticos de la administración de la presidenta Castro.
Por otro lado, la ciudadanía espera que no solo se haga justicia en el caso de Isy Obed Murillo, sino también en el de centenares de víctimas durante el mandato del general Romeo Vásquez bajo el gobierno de facto de Roberto Micheletti.
Por sobre todo, urge que las capturas de hoy abran la puerta para que las poblaciones LGBTQ victimizadas durante el golpe de Estado de hace 16 años reciban por fin una justicia largamente esperada.
Así, defensoras de los derechos de las diversidades esperan que las acciones de hoy sirvan para reivindicar a activistas como Vicky Hernández, asesinada entre el 28 y 29 de julio de 2009.
“¿Cuándo pagará Romeo Vásquez por el asesinato de Vicky Hernández?” es la pregunta que se hacen las organizaciones defensoras de derechos humanos de las poblaciones de la diversidad sexual en Honduras.
Según la sentencia de Vicky Hernández vs Honduras, la muerte de Vicky fue una ejecución extrajudicial cometida entre el 28 de junio y la madrugada del 29 de junio en San Pedro Sula, norte de Honduras.
El asesinato de la líder trans se dio en el marco del toque de queda y el golpe de Estado ejecutado por Roberto Micheletti contra Manuel “Mel” Zelaya a través del jefe de las Fuerzas Armadas, Romeo Vásquez Velásquez.
“Como representantes de las víctimas, exigimos justicia y no olvidar los asesinatos de personas LGBTI+ en el marco del golpe de Estado”, afirmó Indyra Mendoza de la Red Lésbica Cattrachas.
Asimismo, la Red Lésbica Cattrachas pidió al Ministerio Público que no olvide la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) del caso “Vicky Hernández vs Honduras”, donde se especifica que el asesinato de la líder trans fue una ejecución extrajudicial.
En su sentencia, la Corte constató indicios de participación de agentes estatales en la violación del derecho a la vida de Vicky Hernández en un contexto de violencia anti-LGBTQ.
El Estado reconoció en parte su responsabilidad internacional, ya que las autoridades no investigaron con diligencia el homicidio de Vicky. De hecho, según la Corte, las autoridades no consideraron el contexto de discriminación y violencia policial contra las personas LGBTQ y las mujeres trans trabajadoras sexuales.
Asimismo, el Tribunal determinó que, al haber sido asesinada y por el marco jurídico general de discriminación, se vulneraron los derechos a no discriminación y a la identidad de género de Vicky. A su vez, el Tribunal encontró que las familiares de Vicky Hernández resultaron afectadas por el sufrimiento que les causó su muerte, la permanente discriminación contra ella y la impunidad del homicidio.
En razón de estas violaciones, la Corte ordenó diversas medidas de reparación al Estado. Entre estas demandas está promover y continuar las investigaciones sobre el homicidio de Vicky Hernández.
Así reaccionan al arresto de Romeo
Minutos después de la captura del general retirado Romeo Vásquez para deducirle responsabilidades por la muerte violenta de Isy Obed Murillo, personalidades del ambiente político y social de Honduras salieron a dar declaraciones al respecto en medios y redes sociales.
El padre Ismael Moreno se halla entre quienes manifestaron su satisfacción por las capturas que hacen vislumbrar un rayo de esperanza a las familiares de las víctimas del golpe de 2009. En sus redes sociales, el padre Melo señaló que no es posible dejar “en el olvido” crímenes como el cometido contra Murillo.
“Que la justicia actúe con firmeza y conforme a debido proceso ante un militar que simboliza unas FF. AA. comprometidas con la impunidad. Ningún hecho de violación a derechos humanos y crímenes que vinculan al Estado contra inocentes prescriben ni pueden quedar en el olvido”, escribió Melo.
De manera parecida se expresó David Murillo, padre del joven asesinado en 2009. «No es persecución política, ¡él mató a mi hijo, él es el culpable!», afirmó el padre de Isy.
🚨 #ÚLTIMAHORA | 🗣️David Murillo: "No es persecución política, ¡él mató a mi hijo, él es el culpable!".
En #EXCLUSIVA, el padre de Isy Obed Murillo se pronuncia ante la captura de Romeo Vasquez Velázquez pic.twitter.com/Y1gX1j1iMP
— TSiHonduras (@TSiHonduras) January 5, 2025
Del mismo modo, el abogado Joaquín Mejía recomendó, por su parte, consultar el informe de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación “que establece la responsabilidad de [Vásquez] en las graves violaciones a derechos humanos cometidas en el contexto del golpe de Estado”.
“Según la Comisión, la ‘responsabilidad del general […] está estrechamente ligada a la de Micheletti’”, publicó Mejía en sus redes. Además, afirmó que no debe olvidarse la responsabilidad del resto del Estado Mayor Conjunto.
Mientras tanto, la activista Berta Oliva ofreció un testimonio personal al recordar la manera como acompañó el dolor “de la madre y el padre de Isy Obed Murillo en su exilio en Argentina y en su romería interminable en Honduras”.
Para Oliva, la familia de Murillo ha recibido una “ofensa brutal” con “los años de silencio” alrededor del asesinato.
Entretanto, Gabriela Castellanos, del Consejo Hondureño Anticorrupción (CNA), volvió a mostrar por qué la consideran una de las críticas más duras del gobierno de Xiomara Castro.
“La persecución, la tortura y el asesinato de manera sistematizada de personas por motivos políticos en el marco del golpe de Estado en 2009, son hechos indiscutibles que hoy se disfrazan en nombre de la ‘justicia’”, aseguró Castellanos en X.
🗣️ Jorge Cálix: "Si se ha aplicado amnistía a otros como Rasel Tomé, el general puede solicitar ampararse en la misma ley". pic.twitter.com/JqjrIl36pw
— TSiHonduras (@TSiHonduras) January 5, 2025
Otro crítico de la acción de hoy del Ministerio Público, el analista político Olban Valladares, afirmó que la captura de Romeo Vásquez significa que el Ministerio Público “está cumpliendo instrucciones políticas de los que el pueblo ha identificado como los mandamases”.
Según Valladares, no es posible requerir a Vásquez porque “no se le ha probado ser ni el hechor material ni el intelectual” de la muerte violenta de Isy Murillo. Además criticó que Romeo “forma parte de un Estado Mayor Conjunto, una junta de comandantes, y se enfilan los cañones contra una sola persona”.
Entretanto, para el precandidato del Partido Liberal, Salvador Nasralla, medidas como el arresto del exjerarca militar Romeo Vásquez “sirven para asustar a la oposición”.
“En el caso de Romeo, lo que tienen que presentar son las pruebas por los que ellos creen que cometió”, agregó el presentador de televisión.
Declaraciones del Candidato Presidencial del Partido Liberal Salvador Nasralla sobre la persecución política que ha iniciado hoy 5 de enero 2025 el gobierno dictatorial de honduras. pic.twitter.com/sPKp49eXx0
— Salvador Nasralla (@SalvaPresidente) January 5, 2025
A las voces de la oposición que se alzaron contra la decisión del MP se unió el Partido Liberal, el cual declaró que está preocupado por la detención de Vásquez, “curiosamente avalada por funcionarios del Gobierno”.
Además, demandó al Ministerio Público que respete los derechos de Vásquez y pidió “no permitir por ningún motivo que se instale en nuestro país una nueva Venezuela”.
El Partido Nacional, por su parte, exigió «justicia plena, imparcial» y no usar las instituciones para vengarse.
La esposa de Romeo Vásquez, Lisbeth Zelaya, declaró que hace días habían amenazado a su esposo con encarcelarlo y que lo capturaron “sin pruebas”.
Para finalizar, las Fuerzas Armadas de Honduras se manifestaron la noche de hoy por medio de un comunicado sobre “la captura de tres exmiembros de esta institución”.
A continuación, la institución armada afirmó en el boletín que condena “todo golpe de Estado” y que rechaza “cualquier acción que implique la violación de los derechos humanos y las garantías constitucionales”.
Asimismo, las FF. AA. garantizó “que no habrá más golpes de Estado” y que “por ningún motivo las armas confiadas a nuestra institución serán utilizadas para afectar a nuestro pueblo”.
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