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Pareja de cubano gay bajo custodia de ICE pide su liberación

Dainier Pérez Peña tiene problemas de salud

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Juan Guerrero González, izquierda, y su pareja, Dainier Pérez Peña. (Foto cortesía de Juan Guerrero González)

Juan Guerrero González no se despega de su teléfono. Todos los días espera ansioso una llamada. No tiene la absoluta certeza si ocurrirá ni mucho menos a qué hora. Si la pierde, no podrá llamar de regreso. Su interlocutor, su novio desde hace más de ocho años, tiene una sola oportunidad para hablarle, pues se encuentra en una celda de aislamiento en Winn Correctional Center, un centro de detención que el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) tiene en el estado de Luisiana. 

Solo lo sacan unos breves minutos al día para el aseo y ahí aprovecha para comunicarse. 

Las llamadas lo dejan totalmente destrozado, cuenta Juan al Washington Blade desde su hogar en Tampa, Florida. Su compañero “se encuentra en un estado físico y mental muy deteriorado, pues ha sido un proceso muy largo y ha causado un estado de depresión muy fuerte”, detalla.

Dainier Pérez Peña, 34, viene de Niquero, un pequeño poblado de la provincia de Granma, en el oriente cubano. Conoció a Juan en La Habana en 2012. 

Venía huyendo de la discriminación por ser gay. Se presentó en la frontera sur por el estado de Nuevo México el 28 de junio del 2019 y pidió asilo político 

“Las personas gais son más marginadas (allá) sin derecho alguno, por tanto fue acosado por la policía y las masas revolucionarias”, agrega Juan.

Un juez de inmigración denegó a Dainier su petición de asilo en su audiencia final, efectuada el 7 de mayo de 2020. Su abogada presentó una apelación a la Junta de Apelaciones de Inmigración en Virginia el 31 de julio. 

‘Mi pareja es una persona enferma’

Dainier fue detenido al Jackson Correctional Center, otro centro de detención de ICE en Luisiana, antes de su traslado al Winn Detention Center el 13 de agosto. Se ha encontrado en una celda de aislamiento por más de 15 días.

Su diminuta celda, donde solo hay espacio para una cama, una taza, un lavamanos. ICE dice que el aire condicionado funciona bien, pero Dainier dice que su celda está caliente porque no tiene ventilación adecuada. Juan dice que el calor exacerba la desesperación de su pareja y hace los días aún más insoportables. 

Juan intenta animarlo siempre. Le suplica por calma, confianza y fuerza, que la justicia de este país llegará, pero la voz de Dainier, apagada y sin color, le dicta que sus esfuerzos son en vano. 

“Mi pareja es una persona enferma”, señala. “Tiene problemas con la presión arterial; con los riñones; problemas cardíacos debido a su estado de depresión actual. En estos momentos está teniendo fiebre y dolores de cabeza y no está teniendo atención médica ninguna”.

Juan teme un contagio por coronavirus.

En Winn Correctional Center actualmente permanecen ocho casos confirmados. Sin embargo, un mensaje telefónico enviado por ese centro de detención, y al cual tuvo acceso el Blade, afirmaba que Dainier no mostraba síntomas de COVID-19, pese a tener fiebre.  

Juan Guerrero González y Dainier Pérez Peña se conocieron en La Habana en 2012. (Foto de Michael Key por el Washington Blade)


No pasa un día en que Juan no llame a la prisión para exigir que los médicos lo examinen. “Lo atenderemos”, le dicen siempre, pero cuando logra conversar con Dainier, descubre que una vez más le mintieron para deshacerse de él. 

“Cualquier sugerencia que se le niega a cualquier persona bajo la custodia de ICE el tratamiento médico necesario es falsa”, declaró al Blade Bryan D. Cox, director de asuntos públicos de la Región del Sudeste de ICE. “De conformidad con el compromiso de ICE con el bienestar de quienes están bajo la custodia de la agencia, ICE gasta más de $260 millones al año en el espectro de servicios de atención médica que se brindan a quienes están bajo nuestro cuidado”.

El funcionario comentó además que todas las personas bajo la custodia de la agencia reciben atención médica integral a cargo de los contribuyentes, que incluye atención de emergencia las 24 horas e instalaciones médicas privadas de terceros si es necesario. 

Sin embargo, los detenidos cuando se enferman son aislados en celdas solitarias. Esa es la única vía que encuentra ICE para detener la propagación de alguna supuesta enfermedad contagiosa. La misma solución la aplican para castigar a quienes protagonizan una riña o algún comportamiento violatorio de las reglas de la agencia. 

Según Juan, su compañero se encuentra en una celda aislado porque tuvo algunos problemas en su detención anterior (Jackson Correctional Center) y por ello fue trasladado a Winn.

Juan explica al Blade que el origen de los malentendidos ha sido su orientación sexual. 

“Al parecer, los oficiales han comentado las declaraciones que ha hecho en sus cortes sobre los abusos que sufrió en Cuba por ser gay y ahora lo discriminan, al igual que algunos de sus compañeros, principalmente centroamericanos”, señala.

“Una de las cosas que le han pasado es que no le dejaban ducharse donde los demás; no lo dejaban usar el baño colectivo; le robaban el papel sanitario; le robaban los minutos de llamadas y lo ofendían para provocarlo”, detalla Juan. “Ha tenido muchos problemas de acoso. Por estas mismas causas ha tenido que revelarse para poder subsistir”. 

ICE: Dainier ya atacados detenidos, personal

En ese sentido, Cox refirió que Dainier “ha sido alojado en una unidad de gestión especial en múltiples ocasiones luego de repetidas agresiones físicas y amenazas de violencia contra otros detenidos y el personal de la instalación”. 

“Estas colocaciones de vivienda se realizaron en total conformidad con la ley federal y la política de la agencia”, dijo Cox al Blade. “Permanece bajo custodia de ICE en espera del resultado de su apelación legal”.

Dainier está bajo tratamiento y observación psicológica, pues ha manifestado instintos suicidas, una de las mayores preocupaciones de su compañero, quien afirmó que en algunas ocasiones lo escucha como adormecido por los medicamentos, que previamente le han recetado.

Dainier Pérez Peña, izquierda, y su pareja, Juan Guerrero González. (Foto cortesía de Juan Guerrero González)

A Dainier le han negado en cuatro ocasiones el Parole. 

Immigration Equality formuló la más reciente petición a Quincy Hodges, el oficial supervisor de detención y deportación de Winn Correctional Center, el 19 de agosto por correo electrónico.   

“Anteriormente, presentamos la misma solicitud de libertad condicional alrededor del 27 de julio a un oficial de deportación que Dainier tenía en Jackson Parish”, informó Liza Doubossarskaia, ayudante legal de Immigration Equality. “Sin embargo, Dainier fue transferido a Winn antes de que se tomará una decisión sobre la solicitud. En este momento, no hemos recibido ninguna respuesta del oficial Hodges”. 

Doubossarskaia confirma que Dainier tiene varios factores de riesgo para la salud que deberían calificarlo como miembro de la clase Fraihat y convertirlo en un candidato perfecto para la liberación. 

“Es sumamente preocupante que ICE continúe deteniendo a Dainier, a pesar de estas consideraciones”, Doubossarskaia señaló. “ICE está poniendo su vida en grave riesgo. Las acciones de ICE son crueles e irracionales, tanto hacia Dainier como hacia su compañero, quien está desconsolado por la situación de Dainier”.

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Se hunde el proyecto de ley que prohibiría las terapias de conversión en Colombia

La OMS en 1990 dejó de considerar a la homosexualidad como una enfermedad

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El Congreso de Colombia (Foto de Michael K. Lavers por el Washington Blade)

OrgulloLGBT.co es el socio mediático del Washington Blade en Colombia. Esta nota salió en su sitio web.

Por temas de trámite se hunde en la comisión primera del Senado el proyecto de ley que buscaba prohibir las mal llamadas “terapias de conversión” en Colombia.

Los conocidos técnicamente como “ECOSIG” son los tratamientos que mediante tortura física o influencia psicológica o religiosa buscan “corregir” la orientación sexual e identidad de género de las personas diversas.

A pesar que estaba en el orden del día de 11 y 12 de junio en la comisión primera del Congreso de Colombia, los legisladores no abordaron la discusión dejando pendiente este punto que por términos de tiempo en trámites deberá volver a ser presentada. Se necesitaban dos debates más para lograr que se hiciera realidad el anhelo de una legislación que prohíba esas prácticas de tortura en el país.

Es importante recordar que el 17 de mayo de 1990 la Organización Mundial de la Salud dejó de considerar a la homosexualidad como una enfermedad, retirándola del libro de enfermedades psiquiátricas; por tanto ningún profesional de la salud física o mental debería prestarse para tratamientos que “corrijan” la homosexualidad. 

NADA QUE CURAR No es terapia … es tortura!

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Se conmemoran el día contra la LGBTQfobia en El Salvador

Directora de ASPIDH nota violaciones de derechos humanos en el país

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(Foto de Ernesto Valle por el Washington Blade)

SAN SALVADOR, El Salvador — Como en muchas partes del mundo, el 17 de mayo en El Salvador se conmemora el día internacional contra toda forma de discriminación por orientación sexual, identidad y expresión de género, ya que desde 1990 la Organización Mundial de la Salud sacó la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales. 

En ese concepto, diversas organizaciones LGBTQ coordinan en esta fecha, todo tipo de acciones para denunciar la discriminación, violencia y hostigamiento del que son víctimas las personas LGBTQ.

La Asociación Solidaria Para Impulsar el Desarrollo Humano organizó una conferencia de prensa para presentar su posicionamiento, un conversatorio denominado “Gobierno vrs. Democracia inclusiva” para discutir sobre la realidad salvadoreña y un plantón a las afueras de un centro comercial populoso, para alzar la voz ante sus demandas al Estado salvadoreño. 

En cada acto dejar claro entre sus palabras que no se reconocen muchos derechos a las personas LGBTQ, como contar con una ley de identidad de género que permita el cambio de nombre y género para personas trans, garantizando así el derecho a la identidad de cada persona, pues este es un derecho fundamental. 

Además, mencionaron que no se permite la libre expresión del género auto percibido en los centros escolares y esto lleva a una deserción escolar a temprana edad, dejando así a dichas poblaciones sin acceso a un trabajo formal con prestaciones sociales, dejando como única opción el trabajo sexual y el trabajo informal, de esta manera no se permite un desarrollo pleno y tampoco lograr tener una vejez digna, incrementando así la extrema pobreza y el alza de la migración en la población LGBTQ.

Hay muchas violaciones a los derechos humanos hacia la población LGBTQ de acuerdo con Mónica Hernández, directora de ASPIDH. 

“Antes del régimen de excepción había extorsión por los miembros de pandillas, ahora son los cuerpos uniformados, esos que deberían estar protegiendo la seguridad de nuestras poblaciones, ellos son ahora los principales ‘violentadores’ de derechos con el permiso del Estado”, ella aseguró.

Entre las exigencias que externaban estaba por ello, la aprobación de una Ley de Identidad de Género para personas trans, según los estándares internacionales emitidos en la opinión consultiva 24/7, el cual también fue un mandato de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia a la Asamblea Legislativa en El Salvador hace más de un año. 

Para Hernández, el hecho de que el Estado no vele por hacer cumplir los derechos de toda la población por igual tiene que ver con que no se pueda contar con dicha ley. 

“Hace falta llegar a la población en general, eso debería de ser acompañado por parte del Estado a través de campañas publicitarias donde se inste a respetar los derechos humanos de todas las poblaciones. Si esto existiera la población entendiera que mi identidad y expresión de género necesitan tener un documento de identificación que vaya acorde con mi con mi identidad y mi expresión de género auto percibida”, aclara al Washington Blade Hernández. 

De acuerdo con la organización, el Estado Salvadoreño, está tratando de invisibilizar a la población LGBTQ en todo aspecto, otro ejemplo es en el Censo de Población y Vivienda de El Salvador 2024, dirigido por el Banco Central de Reserva que comenzó el 2 de mayo, en el cual no hay ningún apartado que hable sobre orientaciones sexual, identidades o expresiones de género. 

“En el censo, solo está siendo tomado en cuenta el sexo asignado al nacer, hay en cencistas que específicamente dice cuál es su sexo cuando nació, no hay una tercera casilla, ahora se ha invisibilizado totalmente, o sea, no vamos a poder tener acceso a información pública que diga cuánta población LGBT hay actualmente”, expresó Fátima Ortiz, abogada de ASPIDH. 

También exigen acceso a una salud integral, gratuita y universal para poblaciones clave, aclarando que esto es parte de lo que se retrocedió con el gobierno actual en el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación. 

“Las organizaciones de sociedad civil teníamos trabajo avanzado, había un acuerdo con el Ministerio de Salud. Había un formulario para hacer una prueba de VIH donde se mencionaba explícitamente la orientación sexual, la identidad y la expresión de género de las personas, esos son datos súper importantes para el Estado que ahora ya no van a tener”, menciona Hernández. 

Agrega que el Estado debe iniciar una lucha contra toda forma de discriminación hace la población LGBTQ, apostarle a la formación educativa para las mismas y la reinserción social y laboral. Sin olvidar el visibilizar los casos de violaciones de derechos humanos a dicha población. 

ASPIDH hace un llamado a la ciudadanía para que se unan a la movilización solidaria e incidencia política para el respeto y reconocimiento de los derechos humanos de la población LGBTQ.

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Juez colombiano suspendido por 15 años por negarse a casar a pareja del mismo sexo

Fue condenado ‘por desatender sus deberes y vulnerar el derecho de acceso a la justicia’

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(Foto de Bigstock)

OrgulloLGBT.co es el socio mediático del Washington Blade en Colombia. Esta nota salió en su sitio web.

La Comisión Nacional de Disciplina Judicial en su sesión del 10 de abril de 2024, ha confirmado una sanción ejemplar contra el Juez Décimo Civil Municipal de Cartagena, Ramiro Flórez Torres, quien se negó a casar a una pareja del mismo sexo, vulnerando así su derecho al acceso a la justicia. Este caso, que tuvo lugar en agosto de 2020, ha generado gran controversia debido a la firme postura del juez, quien priorizó sus creencias religiosas por encima de las leyes que respaldan estas uniones civiles.

Al recibir la solicitud de la pareja, Flórez Torres expresó abiertamente su desacuerdo, argumentando que el matrimonio entre personas del mismo sexo contradecía sus principios morales cristianos. 

“Ello contraría mi moral cristiana, va en contra de mis principios esenciales, y cuando exista conflicto entre lo que dice la ley humana y lo que dice la ley de Dios, yo prefiero la ley de Dios, porque prefiero agradar primero a mi Señor Dios todopoderoso, antes que al ser humano”, dijo el juez Flórez Torres en su momento.

Esta negativa inicial no disuadió a la pareja, quienes recurrieron a otras instancias y finalmente lograron celebrar su matrimonio en 2021.

El caso ante la justicia disciplinaria:

Por su parte, la Comisión Seccional Disciplinaria de Bolívar profirió pliego de cargos contra el Juez el 27 de marzo de 2023 por desatender el deber consagrado en el numeral 10 del artículo 153 de la Ley 270 de 1996, en concordancia con el artículo 230 de la Constitución, que le imponía aplicar los precedentes de la Corte Constitucional en materia de matrimonio igualitario, incurriendo en falta grave a título de dolo.

Las palabras del juez, que afirmó que su actitud no era discriminación sino una comprensión de las normas divinas, evidencian un conflicto entre la fe personal y el deber público. Sin embargo, las autoridades disciplinarias han sido claras en su dictamen: Flórez Torres enfrenta una inhabilitación de 15 años para ejercer cargos públicos debido a su falta grave de cumplimiento de deberes, según lo estipulado por la Ley 270 de 1996 y la Constitución.

Este caso no solo pone en relieve la importancia de separar las convicciones personales de la labor pública, sino que también resalta la necesidad de respetar y proteger los derechos de la comunidad LGBTIQ+. La resolución de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial es un paso significativo hacia la garantía de una ciudadanía plena para todas las personas en Colombia, independientemente de su orientación sexual o identidad de género. Es crucial que este tipo de decisiones no solo sancionen la conducta individual, sino que también sirvan como recordatorio de los valores de igualdad y no discriminación que deben prevalecer en una sociedad justa y equitativa.

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