Noticias en Español
Doctora cubana denuncia ICE después de contraer coronavirus en detención
Merlis Rodríguez Hernández permanece detenida en Arizona
En la soledad de una celda, Merlis Rodríguez Hernández temblaba por la fiebre. No había nadie allí que la socorriera, que le pusiera un paño de agua fría en la frente o le sostuviera la mano para transmitirle confianza. No había un centímetro en su cuerpo que el dolor no hubiera invadido y una tos incesante apenas le daba un descanso para respirar. Las pocas energías que le quedaban las gastaba en llorar.
Llevaba varios días en aislamiento, luego de que el 11 de junio le confirmaron que había contraído coronavirus en Eloy Detention Center, una cárcel para inmigrantes en Arizona, a donde llegó el 26 de septiembre de 2019.
Rodríguez huyó de Cuba junto a su esposo, Lázaro Almanza Paneca, también profesional de la salud, luego de ser blancos de la dictadura cubana por expresarse en contra de las prácticas de trabajo forzoso de las “misiones médicas” obligatorias de Cuba en el extrajero, que el Departamento de Estado de los Estados Unidos ha llamado “el equivalente funcional de la esclavitud moderna”.
Su pareja obtuvo la retención contra la deportación y se encuentra en libertad, mientras que ella perdió su caso de asilo el 2 de enero de 2020. Actualmente, espera el resultado de la apelación en su caso, un proceso que se ha dilatado por más de seis meses.
‘Si vas a hablar conmigo no llores’
En una entrevista telefónica desde la prisión con el Washington Blade, Rodríguez, 29, recuerda que todo comenzó a finales de mayo cuando se llevaron de su albergue a una compañera que mostraba síntomas de coronavirus.
“Pienso que agarró el virus por algún oficial, porque para ese entonces estábamos encerradas en el albergue”, expresó. “No íbamos a la biblioteca ni al comedor. Estábamos constantemente aquí”.
Desde hacía 14 días solo salían de la ínfima celda para dos personas los lunes, miércoles y viernes por 20 minutos para bañarse, hablar por teléfono o limpiar la habitación. “No teníamos microondas ni hielo. Esos días me los pasé sin poder cocinar nada. Las tres comidas del día eran siempre lo mismo: dos panes, dos rodajas de jamón, una galletita y un refresco instantáneo”.
En el día 14 de la cuarentena impuesta en Eloy Detention Center, Rodríguez comenzó a perder el sentido del gusto; sufría fuertes dolores de cabeza y palpitaciones. Al confirmar que estaba contagiada, la trasladaron a otro edificio. Primeramente, estuvo sola en una celda por nueve días. “Luego, trajeron a otra persona con el virus y la pusieron conmigo”.
Sin embargo, los síntomas persistían: Temperaturas elevadas; tos en repetidas ocasiones y malestar general. Apenas era una sombra de la persona activa y positiva que solía ser. Como no mostraba mejoría, la reubicaron en otro edificio por 14 días más.
“Al principio del virus no me pusieron tratamiento”, señaló Rodríguez, quien se graduó como médico intensivista en Cuba. “Luego de mucha insistencia pude ver a un doctor, porque solamente veía a la enfermera y le explico que necesitaba medicamentos para la tos y el malestar”.
Durante su convalecencia, solamente pudo ver a un profesional de la salud en dos ocasiones. Comentó que el personal jamás se preocupó por ella ni mostró un ápice de sensibilidad.
“Cuando les decías que tenías miedo, te respodían: ‘no te preocupes que no te ibas a morir’. Cuando ya no podía más y empezaba a llorar, porque yo misma llevaba 21 días sin poder salir, sus respuestas eran: ‘si vas a hablar conmigo no llores’. Que te den una respuesta así me hacía pensar que para ellos éramos unos perros, no seres humanos”.
Para Rodríguez, el desempeño de sus colegas en el tratamiento de los inmigrantes con coronavirus ha sido muy poco profesional y cree que han ejecutado varias malas prácticas. “Yo no sé mucho del virus, pero conozco cómo deben ser tratados los pacientes y los procedimientos”.
Rodríguez ejemplifica que el examen físico que le realizaban era inadecuado, pues colocaban el estetoscopio por encima de dos y tres capas de ropa.
“La enfermera que me chequeaba no notaba mis síntomas”, ella señaló. “Me tomaba la temperatura y la frecuencia cardíaca a través de la puerta de la celda”.
“Otra de las grandes negligencias médicas que ellos han cometido es que a nosotras no nos han repetido la prueba del coronavirus, es decir, nos diagnosticaron, pero no tenemos la certeza de que se nos haya quitado del todo”, puntualizó “Corremos el riesgo que cualquiera de nosotras siga positiva”.
Rodríguez afirmó que aún su frecuencia cardíaca es elevada y el malestar general persiste. Casi no duerme, solamente unas pocas horas en las noches. No tiene fuerzas y con tan solo caminar un poco le falta el aire.
“Padezco de muchos dolores de cabeza y debilidad”, señaló. “Se me olvida todo. El médico me dice que no sabe si serán secuelas”.
“Antes del virus mi salud era estable, pero después empezaron a salir más enfermedades”, cuenta Rodríguez. “Creo que debo tener las defensas muy bajas. Ahora mismo me diagnosticaron hipotiroidismo”.
Rodríguez teme una nueva ola de contagios, pues en su opinión las medidas sanitarias en la prisión son mínimas, a lo que se adiciona el traslado de inmigrantes, tanto como nuevos ingresos como deportados. “De aquí salieron tres muchachas deportadas hacia Ecuador y una de ellas tenía el virus”.
Grupos que apoyan a los inmigrantes han reclamado a ICE de liberar a personas con VIH y otros detenidos vulnerables al coronavirus.
En ese sentido, ICE afirma en su página oficial que examina a todos los nuevos detenidos que llegan a las instalaciones para detectar COVID-19 durante el proceso de selección de admisión. “ICE aloja a todos los recién llegados por separado (agrupados) de la población general durante 14 días después de su llegada, y los monitorea para detectar síntomas”.
Pese a todo, Rodríguez parece haber superado la etapa más dura del virus, aunque algunas dolencias no la hayan abandonado del todo. Ahora, uno de sus principales temores es una reinfección, una posibilidad muy rara, según los investigadores, pero que ya existe en Estados Unidos. El primer y único caso de este tipo se registró en un hombre de Nevada, luego del primer caso mundial detectado en Hong Kong.
Noticias en Español
Juez colombiano suspendido por 15 años por negarse a casar a pareja del mismo sexo
Fue condenado ‘por desatender sus deberes y vulnerar el derecho de acceso a la justicia’
La Comisión Nacional de Disciplina Judicial en su sesión del 10 de abril de 2024, ha confirmado una sanción ejemplar contra el Juez Décimo Civil Municipal de Cartagena, Ramiro Flórez Torres, quien se negó a casar a una pareja del mismo sexo, vulnerando así su derecho al acceso a la justicia. Este caso, que tuvo lugar en agosto de 2020, ha generado gran controversia debido a la firme postura del juez, quien priorizó sus creencias religiosas por encima de las leyes que respaldan estas uniones civiles.
Al recibir la solicitud de la pareja, Flórez Torres expresó abiertamente su desacuerdo, argumentando que el matrimonio entre personas del mismo sexo contradecía sus principios morales cristianos.
“Ello contraría mi moral cristiana, va en contra de mis principios esenciales, y cuando exista conflicto entre lo que dice la ley humana y lo que dice la ley de Dios, yo prefiero la ley de Dios, porque prefiero agradar primero a mi Señor Dios todopoderoso, antes que al ser humano”, dijo el juez Flórez Torres en su momento.
Esta negativa inicial no disuadió a la pareja, quienes recurrieron a otras instancias y finalmente lograron celebrar su matrimonio en 2021.
El caso ante la justicia disciplinaria:
Por su parte, la Comisión Seccional Disciplinaria de Bolívar profirió pliego de cargos contra el Juez el 27 de marzo de 2023 por desatender el deber consagrado en el numeral 10 del artículo 153 de la Ley 270 de 1996, en concordancia con el artículo 230 de la Constitución, que le imponía aplicar los precedentes de la Corte Constitucional en materia de matrimonio igualitario, incurriendo en falta grave a título de dolo.
Las palabras del juez, que afirmó que su actitud no era discriminación sino una comprensión de las normas divinas, evidencian un conflicto entre la fe personal y el deber público. Sin embargo, las autoridades disciplinarias han sido claras en su dictamen: Flórez Torres enfrenta una inhabilitación de 15 años para ejercer cargos públicos debido a su falta grave de cumplimiento de deberes, según lo estipulado por la Ley 270 de 1996 y la Constitución.
Este caso no solo pone en relieve la importancia de separar las convicciones personales de la labor pública, sino que también resalta la necesidad de respetar y proteger los derechos de la comunidad LGBTIQ+. La resolución de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial es un paso significativo hacia la garantía de una ciudadanía plena para todas las personas en Colombia, independientemente de su orientación sexual o identidad de género. Es crucial que este tipo de decisiones no solo sancionen la conducta individual, sino que también sirvan como recordatorio de los valores de igualdad y no discriminación que deben prevalecer en una sociedad justa y equitativa.
Noticias en Español
27 personas LGBTQ fueron asesinadas en Ecuador en 2023
Asociación Silueta X presenta el informe
POR VICTOR H. CARREÑO — La violencia criminal en Ecuador impactó por segundo año consecutivo en el número de asesinatos a personas LGBTIQ+. Según el informe Runa Sipiy, que anualmente presenta la Asociación Silueta X, por lo menos 27 personas de las diversidades sexogenéricas fueron asesinadas en 2023.
El año pasado fue el más violento en la historia de Ecuador con una tasa de más de 40 muertes por cada 100.000 habitantes, según la Policía. Este contexto incidió también en que 2023 sea el año con más casos de asesinatos y transfemicidios en el país desde 2010, de acuerdo a las cifras del informe.
Desde 2022 el número de crímenes contra personas LGBTIQ+ se ha incrementado. Ese año se reportaron 25 casos en un contexto de consolidación de las bandas narcodelictivas en Ecuador. En 2010, año que Silueta X inició con la recolección de muertes violentas, se reportaron ocho.
De los 27 asesinatos reportados en 2023, 23 están relacionados con delincuencia organizada y sicariato. Sin embargo, el mismo reporte aclara que el número real de asesinatos puede ser mayor por el subregistro de casos, pues no todos son denunciados.
David Gonzabay, coordinador de Silueta X en Guayaquil, señala que los casos de sicariatos deben ser investigados porque las víctimas no necesariamente estuvieron relacionadas con las bandas narcodelictivas.
“Muchas personas (víctimas de asesinatos) pertenecían a estratos vulnerables y eran un punto de atención para estas bandas criminales. Estos asesinatos se pudieron dar porque se rehusaron a pertenecer a estos grupos”, explica Gonzabay.
Desde 2022, organizaciones han denunciado que las mujeres trans que se dedican al trabajo sexual son víctimas de extorsiones y amenazas de las bandas narcodelictivas. Ese año, la activista Jéssica Martínez fue asesinada en Ambato después de denunciar amenazas por negarse a pagar las denominadas “vacunas”.
Este colectivo es el más vulnerable ante la escalada de violencia en Ecuador. De los 27 asesinatos reportados por el informe Runa Sipiy, 18 corresponden a mujeres trans.
El informe detalla que las cifras de asesinatos relacionadas con el crimen organizado exponen “la complejidad y gravedad de la violencia contra las personas LGBT+ y transgénero en Ecuador”.
“Estos hallazgos resaltan la necesidad de abordar no solo las consecuencias directas de estos actos violentos, sino también las estructuras sociales y criminales que perpetúan esta violencia”, señala el reporte.
El informe también menciona la crisis carcelaria y que las personas LGBTIQ+ privadas de libertad son vulnerables. Desde la declaratoria del conflicto armado interno, organizaciones han denunciado casos de mujeres trans que han sido víctimas de presuntas torturas durante las intervenciones militares.
Silueta X solicitó al Ministerio de la Mujer “pruebas contundentes” de que las mujeres trans no están siendo vejadas, pero hasta el cierre del informe no recibió respuesta.
Pedidos al Estado
Desde Silueta X y organizaciones aliadas, solicitan a la Fiscalía mayor celeridad en la investigación de delitos de odio contra personas de las diversidades sexogenéricas, pues la mayoría quedan en la impunidad.
Además, propone el fortalecimiento del Ministerio de la Mujer. Gonzabay explica que el incremento de asesinatos se ha dado en un contexto de debilitamiento del Estado y la escasa inversión en políticas públicas.
En lo que va de 2024, la Asociación Silueta X reporta 10 asesinatos contra personas LGBTIQ+. De ellos, 8 son transfemicidios.
Noticias en Español
Congreso de Colombia avanza proyecto de ley que prohíbe ‘terapias de conversión’
Cámara de Representantes respaldó el propósito con 97 votos a favor
El Congreso de Colombia ha dado un paso significativo hacia la protección de los derechos humanos y la dignidad de las personas LGBTQ, al aprobar en segundo debate el proyecto de Ley 272, conocido como “Ley Inconvertibles”. Esta ley tiene como objetivo prohibir las mal llamadas terapias de conversión, que han sido denunciadas como una forma de tortura hacia individuos LGBTQ.
En la sesión celebrada el 20 de marzo, el pleno de la Cámara de Representantes respaldó este proyecto con 97 votos a favor y 18 en contra. Esta medida llega en un momento crucial, en el que se reconoce la grave violación de los derechos humanos que representan las mal llamadas terapias de conversión.
Durante años, miles de personas tanto en Colombia como en todo el mundo han sido sometidas a estas prácticas, que buscan cambiar su orientación sexual o identidad de género mediante métodos coercitivos y dañinos. Estas acciones, justificadas bajo la falaz premisa de “corregir” una supuesta enfermedad, han resultado en actos crueles y deshumanizantes.
La aprobación de este proyecto en la Cámara de Representantes es un avance crucial en la lucha contra estas prácticas abusivas. Sin embargo, el proceso legislativo aún no ha concluido, ya que el proyecto debe pasar por un tercer debate en el Senado colombiano, dentro de un total de cuatro debates requeridos.
En respuesta a esta importante noticia, activistas han llevado a cabo una movilización en redes sociales bajo los lemas #NadaQueCurar y #NoEsTerapiaEsTortura, destacando la necesidad de poner fin a estas prácticas que constituyen una violación flagrante de los derechos humanos.
El proyecto pasa ahora al Senado de la República y se espera su aprobación a finales de 2024.
State Department releases annual human rights report
Dominica High Court of Justice strikes down sodomy law
Smithsonian staff concerned about future of LGBTQ programming amid GOP scrutiny
Upcoming Ugandan Census will not count intersex people
Three of five LGBTQ candidates win race for DNC delegate from D.C.
New D.C. LGBTQ+ bar Crush set to open April 19
Daniel Zamudio murderer’s parole request denied
Montgomery County police chief discusses arrest of trans student charged with planned school shooting
Court records raise concerns about right-wing TikTok investor’s influence
World ‘isn’t much different today’
-
District of Columbia5 days agoNew D.C. LGBTQ+ bar Crush set to open April 19
-
South America3 days agoDaniel Zamudio murderer’s parole request denied
-
Maryland4 days agoMontgomery County police chief discusses arrest of trans student charged with planned school shooting
-
Politics5 days agoCourt records raise concerns about right-wing TikTok investor’s influence