TEGUCIGALPA, Honduras — El Congreso Nacional de Honduras aprobó el 28 de enero una enmienda constitucional orientada a impedir la legalización del aborto y el matrimonio entre parejas del mismo sexo.

Para que la reforma constitucional fuera posible, era necesario el respaldo de dos tercios de los 128 diputados del Congreso unicameral. Una vez ratificada, se necesitaría el voto de tres cuartas partes de los congresistas para aprobar los cambios. Dicha reforma fue aprobada con 88 votos a favor, 28 en contra y siete abstenciones. Para entrar en vigor, aún deberá ser ratificada por, al menos, 86 congresistas.

“La legislación establece lo que hemos dado en llamar un candado constitucional, para impedir la legalización del aborto en Honduras en los años venideros”, dijo el diputado oficialista y vicepresidente del Congreso, Mario Pérez, durante la sesión virtual.

Para entender que ha sucedido en Honduras, es importante tener un contexto; en palabras de Indyra Mendoza, coordinadora de la Red Lésbica Cattrachas, para el año 2004 tres organizaciones de sociedad civil pidieron la personería jurídica y fue entonces que se realizó la primera lucha histórica contra la Confraternidad Evangélica de Honduras, la cual conforma un área fundamentalista religiosa del país.

“Ese mismo año aparece que gana el matrimonio igualitario en España, en el 2004; como efecto rebote de este evento, el Congreso Nacional también prohíbe el matrimonio entre personas del mismo sexo, pues estos tienen que ser de diferente sexo y así nacidos. También si el matrimonio ha sido efectuado en otro país, no será válido”, comenta al Washington Blade Mendoza.

Cattrachas cumple en marzo tres años de haber puesto un recurso de inconstitucionalidad por el artículo 112, todo esto apoyadas en la opinión consultiva 24/17, “todos estos años han pasado y la Constitución dice que no nos podemos casar, pero también no podemos adoptar, no podemos donar sangre, no podemos tener visitas íntimas si estamos privadas o privados de libertad, son muchas cosas las que están prohibidas para las personas LGBT en el país”, agrega Mendoza.

El 12 de noviembre de 2020, llegan de manera virtual a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con el caso de Vicky Hernández contra Honduras, una mujer trans asesinada durante el golpe de Estado de 2009, durante el toque de queda; su caso no fue una “ejecución extrajudicial”, porque en esa época mataron a 15 personas trans, de las cuales 11 fueron en el Valle de Sula, tanto en toques de queda o Estado de excepción, según lo expresado por Mendoza, todas con disparo en la cabeza.

Sobre el caso la CIDH resolvió que el Estado de Honduras debía adoptar inmediatamente todas las medidas adecuadas para proteger efectivamente los derechos a la vida, e integridad personal de los familiares de Hernández, así como de las integrantes de Cattrachas, las cuales litigaron el caso.

“Ahora el 7 de enero del presente año, el diputado nacionalista Mario Pérez, lanzó la iniciativa de ley como efecto rebote de que en Argentina se aprobara el aborto el 30 de diciembre del 2020”, comenta al Blade Mendoza.

Durante la votación en el Congreso un diputado menciona que por cuestión de forma debería de cambiarse el artículo 67 y separarse del artículo 112, “nunca se discutió, nunca estuvo en la iniciativa de ley, nunca estuvo en una presentación y en ninguna socialización”, externa de manera efusiva Mendoza al referirse al hecho de ser agregado el artículo 112 en dicha iniciativa.

“Los argumentos relativos al aborto y al artículo 112 son totalmente inconstitucionales, pero el problema que tenemos en Honduras es que no la sala de lo constitucional, dónde podemos hacer otro recurso de inconstitucionalidad, no es independiente al poder en Honduras”, externa Mendoza.

Por su parte la ONU lamentan la enmienda contra el aborto y contra el matrimonio igualitario, pues esto contraviene la Opinión Consultiva 24/17 de la CIDH y el principio de progresividad y no regresión de derechos humanos, afectando a dos colectivos tradicionalmente vulnerables: mujeres y personas LGBTQ.

“La reforma constitucional aprobada se contrapone a lo establecido en el artículo 373 de la Constitución hondureña, que establece que la reforma de la ley fundamental podrá decretarse con dos terceras partes de la totalidad de miembros del Congreso”, enfatizaron en un comunicado.

Erick Martínez, defensor de los derechos LGBTQ en Honduras, comentó al Blade que es importante recordar que históricamente la población de personas LGBTQ, han sido excluidas de todo marco normativo, el cual debe basarse en derechos humanos; esto ha generado una violencia estructural que se traduce en “vulnerabilidad social y desprotección completa a cada persona LGTBI en el país”.

“Algo que sí es claro, es que a pesar que a Honduras se le ha dicho que debe de abstenerse en legislar en contra de los derechos de las personas LGTBI, la clase política no lo comprende y que lo que hace con estos actos discriminatorios, es generar un país que no es seguro para las personas ciudadanas que tienen una orientación sexual o expresión de género diferente a la impuesta en la sociedad”, asegura al Blade Martínez. “Esta decisión que tomó el Congreso Nacional el pasado mes de enero 2021, rompe todo principio de igualdad generando mayor discriminación y se convierte en una represión sistemática a las libertades que tenemos las personas”.

Según datos compartidos por Cattrachas, en las resientes caravanas que partieron del país centroamericano hacia Estados Unidos, iban aproximadamente 300 jóvenes LGBTQ, “ya no aguantamos el fundamentalismo religioso en Honduras, es tan poderoso que manda y gobierna en este país y es lo que siempre se ve reflejado en nuestros cuerpos; porque somos cuerpos desechados y desechables para el Estado de Honduras”, agrega Mendoza al Blade.

“Vamos a meter un recurso de inconstitucionalidad, aunque sabemos cómo trabaja la sala, pero igual realizaremos otras acciones frente a la Corte IDH y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a la que ya se les hizo la notificación”, finaliza Mendoza.