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Enmienda constitucional en Honduras impide matrimonio igualitario, aborto
Activistas LGBTQ han criticado a congresistas para aprobar medida
TEGUCIGALPA, Honduras — El Congreso Nacional de Honduras aprobó el 28 de enero una enmienda constitucional orientada a impedir la legalización del aborto y el matrimonio entre parejas del mismo sexo.
Para que la reforma constitucional fuera posible, era necesario el respaldo de dos tercios de los 128 diputados del Congreso unicameral. Una vez ratificada, se necesitaría el voto de tres cuartas partes de los congresistas para aprobar los cambios. Dicha reforma fue aprobada con 88 votos a favor, 28 en contra y siete abstenciones. Para entrar en vigor, aún deberá ser ratificada por, al menos, 86 congresistas.
“La legislación establece lo que hemos dado en llamar un candado constitucional, para impedir la legalización del aborto en Honduras en los años venideros”, dijo el diputado oficialista y vicepresidente del Congreso, Mario Pérez, durante la sesión virtual.
Para entender que ha sucedido en Honduras, es importante tener un contexto; en palabras de Indyra Mendoza, coordinadora de la Red Lésbica Cattrachas, para el año 2004 tres organizaciones de sociedad civil pidieron la personería jurídica y fue entonces que se realizó la primera lucha histórica contra la Confraternidad Evangélica de Honduras, la cual conforma un área fundamentalista religiosa del país.
“Ese mismo año aparece que gana el matrimonio igualitario en España, en el 2004; como efecto rebote de este evento, el Congreso Nacional también prohíbe el matrimonio entre personas del mismo sexo, pues estos tienen que ser de diferente sexo y así nacidos. También si el matrimonio ha sido efectuado en otro país, no será válido”, comenta al Washington Blade Mendoza.
Cattrachas cumple en marzo tres años de haber puesto un recurso de inconstitucionalidad por el artículo 112, todo esto apoyadas en la opinión consultiva 24/17, “todos estos años han pasado y la Constitución dice que no nos podemos casar, pero también no podemos adoptar, no podemos donar sangre, no podemos tener visitas íntimas si estamos privadas o privados de libertad, son muchas cosas las que están prohibidas para las personas LGBT en el país”, agrega Mendoza.
El 12 de noviembre de 2020, llegan de manera virtual a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con el caso de Vicky Hernández contra Honduras, una mujer trans asesinada durante el golpe de Estado de 2009, durante el toque de queda; su caso no fue una “ejecución extrajudicial”, porque en esa época mataron a 15 personas trans, de las cuales 11 fueron en el Valle de Sula, tanto en toques de queda o Estado de excepción, según lo expresado por Mendoza, todas con disparo en la cabeza.
Sobre el caso la CIDH resolvió que el Estado de Honduras debía adoptar inmediatamente todas las medidas adecuadas para proteger efectivamente los derechos a la vida, e integridad personal de los familiares de Hernández, así como de las integrantes de Cattrachas, las cuales litigaron el caso.
“Ahora el 7 de enero del presente año, el diputado nacionalista Mario Pérez, lanzó la iniciativa de ley como efecto rebote de que en Argentina se aprobara el aborto el 30 de diciembre del 2020”, comenta al Blade Mendoza.
Durante la votación en el Congreso un diputado menciona que por cuestión de forma debería de cambiarse el artículo 67 y separarse del artículo 112, “nunca se discutió, nunca estuvo en la iniciativa de ley, nunca estuvo en una presentación y en ninguna socialización”, externa de manera efusiva Mendoza al referirse al hecho de ser agregado el artículo 112 en dicha iniciativa.
“Los argumentos relativos al aborto y al artículo 112 son totalmente inconstitucionales, pero el problema que tenemos en Honduras es que no la sala de lo constitucional, dónde podemos hacer otro recurso de inconstitucionalidad, no es independiente al poder en Honduras”, externa Mendoza.
Por su parte la ONU lamentan la enmienda contra el aborto y contra el matrimonio igualitario, pues esto contraviene la Opinión Consultiva 24/17 de la CIDH y el principio de progresividad y no regresión de derechos humanos, afectando a dos colectivos tradicionalmente vulnerables: mujeres y personas LGBTQ.
“La reforma constitucional aprobada se contrapone a lo establecido en el artículo 373 de la Constitución hondureña, que establece que la reforma de la ley fundamental podrá decretarse con dos terceras partes de la totalidad de miembros del Congreso”, enfatizaron en un comunicado.
Erick Martínez, defensor de los derechos LGBTQ en Honduras, comentó al Blade que es importante recordar que históricamente la población de personas LGBTQ, han sido excluidas de todo marco normativo, el cual debe basarse en derechos humanos; esto ha generado una violencia estructural que se traduce en “vulnerabilidad social y desprotección completa a cada persona LGTBI en el país”.
“Algo que sí es claro, es que a pesar que a Honduras se le ha dicho que debe de abstenerse en legislar en contra de los derechos de las personas LGTBI, la clase política no lo comprende y que lo que hace con estos actos discriminatorios, es generar un país que no es seguro para las personas ciudadanas que tienen una orientación sexual o expresión de género diferente a la impuesta en la sociedad”, asegura al Blade Martínez. “Esta decisión que tomó el Congreso Nacional el pasado mes de enero 2021, rompe todo principio de igualdad generando mayor discriminación y se convierte en una represión sistemática a las libertades que tenemos las personas”.
Según datos compartidos por Cattrachas, en las resientes caravanas que partieron del país centroamericano hacia Estados Unidos, iban aproximadamente 300 jóvenes LGBTQ, “ya no aguantamos el fundamentalismo religioso en Honduras, es tan poderoso que manda y gobierna en este país y es lo que siempre se ve reflejado en nuestros cuerpos; porque somos cuerpos desechados y desechables para el Estado de Honduras”, agrega Mendoza al Blade.
“Vamos a meter un recurso de inconstitucionalidad, aunque sabemos cómo trabaja la sala, pero igual realizaremos otras acciones frente a la Corte IDH y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a la que ya se les hizo la notificación”, finaliza Mendoza.
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Juez colombiano suspendido por 15 años por negarse a casar a pareja del mismo sexo
Fue condenado ‘por desatender sus deberes y vulnerar el derecho de acceso a la justicia’
La Comisión Nacional de Disciplina Judicial en su sesión del 10 de abril de 2024, ha confirmado una sanción ejemplar contra el Juez Décimo Civil Municipal de Cartagena, Ramiro Flórez Torres, quien se negó a casar a una pareja del mismo sexo, vulnerando así su derecho al acceso a la justicia. Este caso, que tuvo lugar en agosto de 2020, ha generado gran controversia debido a la firme postura del juez, quien priorizó sus creencias religiosas por encima de las leyes que respaldan estas uniones civiles.
Al recibir la solicitud de la pareja, Flórez Torres expresó abiertamente su desacuerdo, argumentando que el matrimonio entre personas del mismo sexo contradecía sus principios morales cristianos.
“Ello contraría mi moral cristiana, va en contra de mis principios esenciales, y cuando exista conflicto entre lo que dice la ley humana y lo que dice la ley de Dios, yo prefiero la ley de Dios, porque prefiero agradar primero a mi Señor Dios todopoderoso, antes que al ser humano”, dijo el juez Flórez Torres en su momento.
Esta negativa inicial no disuadió a la pareja, quienes recurrieron a otras instancias y finalmente lograron celebrar su matrimonio en 2021.
El caso ante la justicia disciplinaria:
Por su parte, la Comisión Seccional Disciplinaria de Bolívar profirió pliego de cargos contra el Juez el 27 de marzo de 2023 por desatender el deber consagrado en el numeral 10 del artículo 153 de la Ley 270 de 1996, en concordancia con el artículo 230 de la Constitución, que le imponía aplicar los precedentes de la Corte Constitucional en materia de matrimonio igualitario, incurriendo en falta grave a título de dolo.
Las palabras del juez, que afirmó que su actitud no era discriminación sino una comprensión de las normas divinas, evidencian un conflicto entre la fe personal y el deber público. Sin embargo, las autoridades disciplinarias han sido claras en su dictamen: Flórez Torres enfrenta una inhabilitación de 15 años para ejercer cargos públicos debido a su falta grave de cumplimiento de deberes, según lo estipulado por la Ley 270 de 1996 y la Constitución.
Este caso no solo pone en relieve la importancia de separar las convicciones personales de la labor pública, sino que también resalta la necesidad de respetar y proteger los derechos de la comunidad LGBTIQ+. La resolución de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial es un paso significativo hacia la garantía de una ciudadanía plena para todas las personas en Colombia, independientemente de su orientación sexual o identidad de género. Es crucial que este tipo de decisiones no solo sancionen la conducta individual, sino que también sirvan como recordatorio de los valores de igualdad y no discriminación que deben prevalecer en una sociedad justa y equitativa.
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27 personas LGBTQ fueron asesinadas en Ecuador en 2023
Asociación Silueta X presenta el informe
POR VICTOR H. CARREÑO — La violencia criminal en Ecuador impactó por segundo año consecutivo en el número de asesinatos a personas LGBTIQ+. Según el informe Runa Sipiy, que anualmente presenta la Asociación Silueta X, por lo menos 27 personas de las diversidades sexogenéricas fueron asesinadas en 2023.
El año pasado fue el más violento en la historia de Ecuador con una tasa de más de 40 muertes por cada 100.000 habitantes, según la Policía. Este contexto incidió también en que 2023 sea el año con más casos de asesinatos y transfemicidios en el país desde 2010, de acuerdo a las cifras del informe.
Desde 2022 el número de crímenes contra personas LGBTIQ+ se ha incrementado. Ese año se reportaron 25 casos en un contexto de consolidación de las bandas narcodelictivas en Ecuador. En 2010, año que Silueta X inició con la recolección de muertes violentas, se reportaron ocho.
De los 27 asesinatos reportados en 2023, 23 están relacionados con delincuencia organizada y sicariato. Sin embargo, el mismo reporte aclara que el número real de asesinatos puede ser mayor por el subregistro de casos, pues no todos son denunciados.
David Gonzabay, coordinador de Silueta X en Guayaquil, señala que los casos de sicariatos deben ser investigados porque las víctimas no necesariamente estuvieron relacionadas con las bandas narcodelictivas.
“Muchas personas (víctimas de asesinatos) pertenecían a estratos vulnerables y eran un punto de atención para estas bandas criminales. Estos asesinatos se pudieron dar porque se rehusaron a pertenecer a estos grupos”, explica Gonzabay.
Desde 2022, organizaciones han denunciado que las mujeres trans que se dedican al trabajo sexual son víctimas de extorsiones y amenazas de las bandas narcodelictivas. Ese año, la activista Jéssica Martínez fue asesinada en Ambato después de denunciar amenazas por negarse a pagar las denominadas “vacunas”.
Este colectivo es el más vulnerable ante la escalada de violencia en Ecuador. De los 27 asesinatos reportados por el informe Runa Sipiy, 18 corresponden a mujeres trans.
El informe detalla que las cifras de asesinatos relacionadas con el crimen organizado exponen “la complejidad y gravedad de la violencia contra las personas LGBT+ y transgénero en Ecuador”.
“Estos hallazgos resaltan la necesidad de abordar no solo las consecuencias directas de estos actos violentos, sino también las estructuras sociales y criminales que perpetúan esta violencia”, señala el reporte.
El informe también menciona la crisis carcelaria y que las personas LGBTIQ+ privadas de libertad son vulnerables. Desde la declaratoria del conflicto armado interno, organizaciones han denunciado casos de mujeres trans que han sido víctimas de presuntas torturas durante las intervenciones militares.
Silueta X solicitó al Ministerio de la Mujer “pruebas contundentes” de que las mujeres trans no están siendo vejadas, pero hasta el cierre del informe no recibió respuesta.
Pedidos al Estado
Desde Silueta X y organizaciones aliadas, solicitan a la Fiscalía mayor celeridad en la investigación de delitos de odio contra personas de las diversidades sexogenéricas, pues la mayoría quedan en la impunidad.
Además, propone el fortalecimiento del Ministerio de la Mujer. Gonzabay explica que el incremento de asesinatos se ha dado en un contexto de debilitamiento del Estado y la escasa inversión en políticas públicas.
En lo que va de 2024, la Asociación Silueta X reporta 10 asesinatos contra personas LGBTIQ+. De ellos, 8 son transfemicidios.
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Congreso de Colombia avanza proyecto de ley que prohíbe ‘terapias de conversión’
Cámara de Representantes respaldó el propósito con 97 votos a favor
El Congreso de Colombia ha dado un paso significativo hacia la protección de los derechos humanos y la dignidad de las personas LGBTQ, al aprobar en segundo debate el proyecto de Ley 272, conocido como “Ley Inconvertibles”. Esta ley tiene como objetivo prohibir las mal llamadas terapias de conversión, que han sido denunciadas como una forma de tortura hacia individuos LGBTQ.
En la sesión celebrada el 20 de marzo, el pleno de la Cámara de Representantes respaldó este proyecto con 97 votos a favor y 18 en contra. Esta medida llega en un momento crucial, en el que se reconoce la grave violación de los derechos humanos que representan las mal llamadas terapias de conversión.
Durante años, miles de personas tanto en Colombia como en todo el mundo han sido sometidas a estas prácticas, que buscan cambiar su orientación sexual o identidad de género mediante métodos coercitivos y dañinos. Estas acciones, justificadas bajo la falaz premisa de “corregir” una supuesta enfermedad, han resultado en actos crueles y deshumanizantes.
La aprobación de este proyecto en la Cámara de Representantes es un avance crucial en la lucha contra estas prácticas abusivas. Sin embargo, el proceso legislativo aún no ha concluido, ya que el proyecto debe pasar por un tercer debate en el Senado colombiano, dentro de un total de cuatro debates requeridos.
En respuesta a esta importante noticia, activistas han llevado a cabo una movilización en redes sociales bajo los lemas #NadaQueCurar y #NoEsTerapiaEsTortura, destacando la necesidad de poner fin a estas prácticas que constituyen una violación flagrante de los derechos humanos.
El proyecto pasa ahora al Senado de la República y se espera su aprobación a finales de 2024.
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