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Archiva anteproyectos de ley que garantizaban derechos a salvadoreños LGBTQ
SAN SALVADOR, El Salvador — El 14 de mayo la Comisión de la Mujer y la Igualdad de Género de la Asamblea Legislativa de El Salvador, que cabe aclarar está conformada en su mayoría por el partido Nuevas Ideas (NI), del presidente de la república Nayib Bukele, archivaron 30 expedientes de anteproyectos de ley.
“Tras considerarlos obsoletos y no acordes a la realidad”, mencionaron en la cuenta de Twitter de la Asamblea Legislativa.
La diputada Norma Lobo por el partido NI, mencionó en esa oportunidad que leyes que vayan presentando la estudiaran y aprobaran.
“Porque estamos para legislar para las salvadoreñas. Somos una Asamblea de puertas abiertas”, aclaró la diputada, palabras que días después perderían toda credibilidad.
El mismo día la Mesa Permanente por una Ley de Identidad de Género en El Salvador, conformada por diversas organizaciones de personas trans en El Salvador, mostraron su descontento a través de un comunicado.
“Condenamos enérgicamente la decisión de la actual Asamblea Legislativa conformada en su mayoría por las y los diputas del partido Nuevas Ideas”, expresaron. “La Ley de Identidad de Género es un esfuerzo desde las organizaciones trans de la sociedad civil, no representa una agenda política partidaria, sino al reconocimiento de nuestros derechos”.
Por otra parte la Federación Salvadoreña de Personas Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersexuales, conformada por la mayoría de las organizaciones LGBTQ de El Salvador, por medio de un comunicado rechazaron la decisión tomada por la antes mencionada comisión de congresistas.
“Denunciamos a la bancada legislativa de nuevas ideas y a sus aliados por el atropello a los procesos sociales que respaldan nuestras luchas”, expresaron enérgicamente.
“Reafirmamos que todas nuestras demandas son vigentes y corresponden a las necesidades que afrontamos desde nuestras realidades”, agregaron en dicho comunicado, además de agregaron que este acto era un paso más hacia la supresión de los derechos de la población LGBTQ e hicieron un llamado a la organización y a la resistencia a toda la población LGBTQ, con el fin de hacer frente al avance de autoritarismo anti-derecho y ultraconservador que ha llegado al gobierno.
Por ello las organizaciones que conforman la Mesa Permanente por una Ley de Identidad, junto a diversas organizaciones más decidieron lanzar la convocatoria para la XI Marcha contra la Homo, Lesbo, Bi, Transfobia 2021, este lunes saliendo del parque Cuscatlán en San Salvador, hasta las afueras del Palacio Legislativo en el Centro de Gobierno, donde convocaron a Lorena Fuentes de Orantes, presidenta de la Comisión de Mujer y la Igualdad de Género, Christian Guevara, jefe de la fracción de NI y Ernesto Castro, presidente de la Junta Directiva de la Asamblea Legislativa; con el fin de recibir una pieza de correspondencia referente a lo sucedido con los anteproyectos de ley.
El día de la marcha, en conferencia de prensa, Britany Castillo, de Aspidh Arcoiris Trans y vocera encargada de la Mesa Permanente, recalcó que la Asamblea Legislativa a faltado al deber de protección de la igualdad de derechos humanos de una población en condición de vulnerabilidad.
“La emergencia por el COVID-19 puso en evidencia que la falta de políticas públicas, que permita garantizar el acceso a las personas LGBTIQ al ejercicio de sus derechos humanos; durante el confinamiento obligatorio se recrudeció la violencia por policías y ejercito al no respetar a las identidades trans cuando salían por alimentos”, expresó Castillo.
Entre consignas y visibilidad con las diferentes banderas que representan a los diferentes sectores de la diversidad sexual, las personas LGBTQ presentes marcharon con la esperanza de ser recibidas principalmente por la llamada “@BancadaCyan” del partido NI, quienes consideraron los anteproyectos de ley obsoletos y no acordes a las realidades del país.
“Aparte de marchar este día conmemorando el día contra la homo, lesbo, bi, transfobia, también para recordarles a los nuevos diputados que también hay personas LGBT que los eligieron; como ellos dijeron en sus campañas, tienen un compromiso con el pueblo salvadoreño al cual nosotras y nosotros también pertenecemos”, Verónica López, directora de Diké LGBTI+, expresa al Washington Blade mientras camina junto a la marcha hacia el congreso salvadoreño.
A las afueras del Palacio Legislativo, las diferentes organizaciones LGBTQ y organizaciones aliadas asistentes, se aglomeraron en la entrada para poder entregar la pieza de correspondencia, en donde encontraron las puertas cerradas y custodiada por vigilantes y policía nacional civil, contradiciendo las palabras de la diputada Norma Lobo, en las que enfatizó vía twitter, “Somos una Asamblea de Puertas abiertas”.
“Han sido más de 30 años de lucha por el reconocimiento de nuestros derechos humanos y ninguna Asamblea Legislativa lo ha discutido; es el momento que salgan, que nos den la cara y que nos digan que nuestra realidad no es acorde a lo que estamos viviendo. Digan en nuestras caras que todas nuestras muertas han sido en vano”, gritaba en parlantes Castillo a las afueras del Palacio Legislativo.
Por su parte la diputada Anabel Belloso por San Salvador del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), quiso tener cercanía con la población presente y salió a dar la cara y dirigir unas palabras.
“Sabemos que hay muchas personas que murieron sin lograr garantizárseles ese derecho de identidad, lo digo en representación de nuestro grupo parlamentario, sabemos que esos anteproyectos de ley son fruto del trabajo de cada una de ustedes con apoyo de organismos internacionales”, aclaró en sus palabras hacia la población LGBTQ asistente. “Hemos cuestionado ese procedimiento atropellado, porque no es cierto que haya perdido vigencia, son temas pendientes que esta Asamblea Legislativa tiene; no son obsoletos, son derechos y nosotras, a pesar de la correlación numérica que ahora podamos tener, garantizamos un acompañamiento al proceso que ahora se debe comenzar”.
Luego de entrar nuevamente al Palacio Legislativo, la directora de Colectivo Alejandría, Karla Guevara, cuestionó a través de los parlantes a la ahora diputada Suecy Callejas, que al momento de comenzar el gobierno de Bukele, ella fungió como Ministra de Cultura, entidad en la que distaron incluir la dirección de diversidad sexual y género.
“Diputada Suecy Callejas, ¿Dónde está su compromiso con la población LGBTI? … era solo un discurso, ¿dónde está esa representación del pueblo? Acá hay mucha gente que le dio el voto, ¿otra vez nos usaron como en el pasado?”, alegó Guevara.
La directora de programas y encargada del alcance comunitario en Casa Ruby El Salvador, Ambar Alfaro, también estuve presente a lo largo de la marcha.
“Definitivamente esto es una muestra de la falta de interés que hay por legislar en favor de nuestros derechos y sobre todo decepcionan las razones que dan, que son obsoletas y no apegadas a la realidad, no sé en que realidad viven, porqué nuestra realidad es parte de la problemática de El Salvador”, comentó al Blade.
Luego de una larga espera una pequeña comisión de diputados por NI, custodiados por seguridad privada y policía nacional civil, se hizo presente en las puertas para recibir la pieza de correspondencia, la cual estaba dirigida principalmente a la diputada Lorena Fuentes de Orantes, presidenta de la Comisión de Mujer y la Igualdad de Género, la cual no estaba presente. Entre gritos constantes de los asistentes expresando “¿Porqué la archivaron, por qué, por qué?”, firmaron la carta y regresaron rápidamente a sus oficinas, negando el paso a representantes de la sociedad civil LGBTQ.
“Necesitamos respuestas y compromisos, no vamos a pasar tres años más esperando a que se nos tome en cuenta. Se suponía que esta Asamblea Legislativa había venido a legislar para el pueblo y por nuestras necesidades. Así que esperamos respuesta lo más pronto posible”, expresó al Blade, la directora de COMCAVIS TRANS, Bianca Rodríguez.
Ecuador
Adolescentes trans en Ecuador podrán cambiar datos en su cédula, pero con condicionamientos
Pueden modificar el campo de género en su documento de identidad con requisitos
Por VICTOR H. CARREÑO | En una sentencia del 5 de febrero de 2026, la Corte Constitucional declaró inconstitucional el requisito legal de mayoría de edad para modificar el campo de sexo o género en la cédula de identidad y fija lineamientos para que adolescentes trans puedan cambiar estos datos.
El máximo organismo de control e interpretación constitucional incorpora dos requerimientos: que la persona adolescente se presente al procedimiento administrativo con sus padres y que informes psicosociales acrediten un grado de madurez.
El fallo resuelve una consulta de constitucionalidad de una unidad judicial que lleva una acción de protección contra el Registro Civil presentada por la familia de un adolescente trans que solicitó, en junio de 2023, modificar el campo de género en la cédula.
La institución se negó porque la Ley Orgánica de Gestión de la Identidad y Datos Civiles establece que la rectificación de sexo o género es un procedimiento para personas mayores de 18 años.
El adolescente, cuya identidad se protege en la sentencia, cuenta con el apoyo de sus padres en su transición, que inició en 2020. En una audiencia, su madre expuso que si bien en el ámbito familiar y en el sistema educativo se respeta la identidad de su hijo, fuera de estos hay situaciones, como en consultas médicas en el Seguro Social, en que debe presentar la cédula de él y quienes la reciben preguntan si es el documento equivocado.
En el desarrollo de la sentencia, la Corte expone por qué el requisito de tener mayoría de edad para acceder a la modificación de datos en la cédula es inconstitucional.
Entre varios motivos, explica que restringe los derechos al libre desarrollo de la personalidad e identidad, que la edad no puede exigirse como “criterio determinante y único” para determinar la madurez de un adolescente, y que la medida puede generar impactos negativos en el bienestar psicológico y emocional.
Por ello, indica que existen mecanismos alternativos como la evaluación individualizada, el acompañamiento técnico y la consideración del contexto familiar.
En ese sentido, la Corte dispone al Registro Civil que debe proceder al cambio de los datos de adolescentes trans cuando acudan acompañades de sus representantes legales y con el respaldo de informes psicosociales.
Estos informes, agrega la sentencia, deben ser de profesionales acreditados o de órganos técnicos públicos competentes que sean considerados por el Registro Civil.
El fallo tiene efectos para este caso y otros similares. A diferencia de otras sentencias, la Corte no ordena una reforma a la legislación.
La organización Silueta X, que difundió el caso en un comunicado el 11 de marzo, calificó el fallo como histórico y explicó que este crea jurisprudencia de cumplimiento obligatorio.
🏳️⚧️🌈Un chico trans de 15 años le dijo al Estado ecuatoriano “yo sé quién soy”. Y la Corte Constitucional le dio la razón. 🏛️✊
Este fallo es nuestro. Es tuyo.
🔗 Lee la comunicado completa en nuestra bio.#DerechosTransEcuador #SiluetaX #CorteConstitucional #AdolescentesTrans pic.twitter.com/aXE4FU9VeS
— Asociación SILUETA 'X' (@SiluetaX) March 11, 2026
Sin embargo, otras organizaciones cuestionan los requisitos. Fundación Pakta indica que si bien la sentencia derriba la barrera etaria de la mayoría de edad, la inclusión de informes psicosociales contradice la tendencia global y regional hacia la despatologización.
Pakta menciona, por ejemplo, la Opinión Consultiva 24/17 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, instrumento que reconoce la identidad autopercebida de las personas y los derechos patrimoniales de parejas del mismo sexo.
El documento, recuerda Pakta en un comunicado, establece que para el reconocimiento de la identidad de género no se debe exigir certificados médicos ni psicológicos. Además, que la Organización Mundial de la Salud reconoció que la identidad trans no es una patología psiquiátrica.
Mientras que la activista Nua Fuentes, de Proyecto Transgénero, considera que los requisitos impuestos por la Corte pueden ser problemáticos. Menciona que frente al desconocimiento y prejuicios, profesionales de salud patologizan la identidad trans.
La Sentencia 4-24-CN/26 sobre la inconstitucionalidad de negar a adolescentes trans cambio de su sexo o género en la cédula es un acto que entreabre la puerta para los derechos, pero también sostiene algunas barreras y es problemático para adolescentes trans #Ecuador
Abro hilo🧵 pic.twitter.com/aKBUlmnU1A— Nua Elizabeth Fuentes Aguirre (@NuaEliz) March 11, 2026
Además, señala que puede haber casos de que la familia y psicólogos expresen rechazo a la identidad trans y limiten los derechos de adolescentes trans. O también menciona casos de abandono de niñes y adolescentes trans y pregunta cómo reconocer su identidad si no cumplen con el requisito de acudir sin representantes legales.
Los condicionamientos para el cambio del campo de sexo o género en la cédula para adolescentes trans marcan también una diferencia con el procedimiento en personas trans de más de 18 años, pues estas —desde las reformas vigentes en 2024— no deben presentar requisitos. Solo su declaración expresa de ser una persona trans que desea que los datos de su cédula estén conformes a su identidad de género.
La madurez de niñeces y adolescencias ha sido un tema abordado en convenciones o instrumentos internacionales. La Convención sobre los Derechos del Niño de la ONU del 2009 es contundente al reconocerles como seres autónomos y capaces de formar sus propias opiniones a través de la experiencia, el entorno, las expectativas sociales y culturales.
Esta convención es mencionada en una sentencia de la Corte Constitucional en que reconoció la identidad de infancias y adolescencias trans en el sistema educativo.
En las Observaciones Generales del Comité de los Derechos del Niño, documentos de interpretación para los alcances de la mencionada Convención, se explica que la madurez es “la capacidad de comprender y evaluar las consecuencias de un asunto determinado”, lo cual debe considerarse en relación con su capacidad individual, contextos, entornos, experiencias de vida y familiar, desarrollo psicológico y no únicamente con su edad biológica.
Además, que la edad cronológica no determina la evolución de las capacidades de las niñeces y adolescencias porque estas crecen a lo largo del tiempo.
Ecuador
Justicia reconoce delito de odio en caso de bullying en Instituto Nacional Mejía de Ecuador
Johana B se suicidó el 11 de abril de 2023
A casi tres años del suicidio de Johana B., quien estudió en el Instituto Nacional Mejía, colegio emblemático de Quito, el Tribunal de la Corte Nacional de Justicia ratificó la condena para el alumno responsable del acoso escolar que la llevó a quitarse la vida.
Según información de la Fiscalía, el fallo de última instancia deja en firme la condena de cuatro años de internamiento en un centro para adolescentes infractores, en una audiencia de casación pedida por la defensa del agresor, tres meses antes de que prescriba el caso.
Con la sentencia, este caso es uno de los primeros en el país en reconocer actos de odio por violencia de género, delito tipificado en el artículo 177 del Código Orgánico Penal Integral (COIP).
El suicidio de Johana B. ocurrió el 11 abril de 2023 y fue consecuencia del acoso escolar por estereotipos de género que enfrentó la estudiante por parte de su agresor, quien constantemente la insultaba y agredía por su forma de vestir, llevar el cabello corto o practicar actividades que hace años se consideraban exclusivamente para hombres, como ser mando de la Banda de Paz en el Instituto Nacional Mejía.
Desde la muerte de Johana, su familia buscaba justicia. Su padre, José, en una entrevista concedida a edición cientonce para la investigación periodística Los suicidios que quedan en el clóset a causa de la omisión estatal afirmó que su hija era acosada por su compañero y otres estudiantes con apodos como “marimacha”, lo que también fue corroborado en los testimonios recogidos por la Unidad de Justicia Juvenil No. 4 de la Fiscalía.
Los resultados de la autopsia psicológica y del examen antropológico realizados tras la muerte de Johana confirmaron las versiones de sus compañeras y docentes: que su agresor la acosó de manera sistemática durante dos años. Los empujones, jalones de cabello o burlas, incluso por su situación económica, eran constantes en el aula de clase.
La violencia que recibió Johana escaló cuando su compañero le dio un codazo en la espalda ocasionándole una lesión que le imposibilitó caminar y asistir a clases.
Días después del hecho, la adolescente se quitó la vida en su casa, tras escuchar que la madre del agresor se negó a pagar la mitad del valor de una tomografía para determinar la lesión en su espalda, tal como lo había acordado previamente con sus padres y frente al personal del DECE (Departamento de Consejería Estudiantil del colegio), según versiones de su familia y la Fiscalía.
#AFONDO | Johana se suicidó el 11 de abril de 2023, tras ser víctima de acoso escolar por no cumplir con estereotipos femeninos 😢.
Dos semanas antes, uno de sus compañeros le dio un codazo en la espalda, ocasionándole una lesión que le imposibilitó caminar 🧵 pic.twitter.com/bXKUs9YYOm
— EdicionCientonce (@EdCientonce) September 3, 2025
“Era una chica linda, fuerte, alegre. Siempre nos llevamos muy bien, hemos compartido todo. Nos dejó muchos recuerdos y todos nos sentimos tristes; siempre estamos pensando en ella. Es un vacío tan grande aquí, en este lugar”, expresó José a Edición Cientonce el año pasado.
Para la fiscal del caso y de la Unidad de Justicia Juvenil de la Fiscalía, Martha Reino, el suicidio de la adolescente fue un agravante que se contempló durante la audiencia de juzgamiento de marzo de 2024, según explicó a este medio el año pasado. Desde entonces, la familia del agresor presentó un recurso de casación en la Corte Nacional de Justicia, que provocó la dilatación del proceso.
En el fallo de última instancia, el Tribunal también dispuso que el agresor pague $3.000 a la familia de Johana B. como reparación integral. Además, el adolescente deberá recibir medidas socioeducativas, de acuerdo al artículo 385 del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, señala la Fiscalía.
El caso de Johana también destapó las omisiones y negligencias del personal del DECE y docentes del Instituto Nacional Mejía. En la etapa de instrucción fiscal se comprobó que no se aplicaron los protocolos respectivos para proteger a la víctima.
De hecho, la Fiscalía conoció el caso a raíz de la denuncia que presentó su padre, José, y no por el DECE, aseguró la fiscal el año pasado a Edición Cientonce.
Pese a estas omisiones presentadas en el proceso, el fallo de última instancia sólo ratificó la condena para el estudiante.
Honduras
Corte IDH reconoce a Thalía Rodríguez como familia social de Leonela Zelaya
Se construyeron una familia tras más de una década de convivencia
Por DORIS GONZÁLEZ * | TEGUCIGALPA, Honduras — En la sentencia del caso Leonela Zelaya y otra vs Honduras emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos se estableció un hito jurisprudencial para las personas LGBTQ en Honduras, así como en la región en relación a las diversas conformaciones de familias existentes. La Corte IDH interpretó por primera vez el concepto de familia social, indicando que la construcción de familia no debe restringirse a la familia nuclear o a nociones tradicionales, bajo el entendido de que hay diferentes formas en las que se materializan los vínculos familiares.
Este análisis se trae a colación debido al contexto de discriminación, prejuicio y violencia que atravesamos las personas LGBTQ, el cual se puede manifestar incluso dentro de nuestras propias familias. Esta violencia se manifiesta a través de actos de odio como ser el desarraigo familiar, violencia física, psicológica, social, económica, expulsiones de los hogares, violaciones correctivas e incluso, culminando en muertes violentas. Esta violencia motivada por la orientación sexual, identidad y expresión de género de las personas imposibilita la convivencia familiar.
Ante esto, las personas LGBTQ construimos vínculos sociales fuera del vínculo familiar tradicional, los cuales a través de la convivencia, amistad, apoyo económico-social y construcción de vida en común constituyen familias, tal como ocurrió en este caso.
Tras el abandono de su familia biológica, Leonela Zelaya y Thalía Rodríguez construyeron una familia tras más de una década de convivencia, en los cuales se apoyaron mutuamente en diversas situaciones, viviendo como mujeres trans, portadoras de VIH, ejerciendo el trabajo sexual y en situación de pobreza, enfrentando constantes episodios de detenciones arbitrarias y violentas por parte de los órganos policiales.
Tras su asesinato, fue Thalía quien recogió el cuerpo de Leonela en la morgue de Tegucigalpa y quien gestionó el féretro a través de la Funeraria del Pueblo. Los servicios fúnebres de Leonela Zelaya fueron realizados en un bar por mujeres trans, trabajadoras sexuales, al cual no asistió ningún miembro de su familia biológica.
El asesinato de Leonela y la falta de esclarecimiento generaron a Thalía un sentimiento de inseguridad, frustración e impotencia. Por estas violaciones de derechos humanos, la Corte reconoció a Thalía Rodríguez, en calidad de familiar de Leonela, como víctima del caso, generando estándares aplicables a todas las personas LGBTQ.
A juicio de la Corte, esta situación lleva a que, en casos de muertes violentas de mujeres trans, las personas que integren las redes de apoyo de la persona fallecida puedan ser declaradas víctimas por la violación de sus derechos a la integridad psíquica o moral, siempre que se acredite la existencia de un vínculo estrecho con la víctima y una afectación a sus derechos, derivada, por ejemplo, de las gestiones realizadas para obtener justicia. Esta sentencia logra reconocer que las personas LGBTQ construimos familias sociales, familias elegidas, e indica que estas deben ser reconocidas y validadas.
* Abogada litigante del caso Leonela Zelaya y otra vs Honduras, Red Lésbica Cattrachas
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