La propuesta de una nueva constitución en Chile ha generado inquietud y descontento entre los activistas LGBTQ del país, quienes la califican como insuficiente y preocupante para los derechos de la diversidad sexual y de género.

La Fundación Iguales, una de las organizaciones más prominentes en la defensa de los derechos LGBTQ, ha llamado a votar en contra de la propuesta constitucional en el próximo plebiscito programado para el 17 de diciembre.

Chile se encuentra en su segundo intento en menos de tres años para cambiar su constitución, una de las demandas más exigida en el estallido social de octubre de 2019. El 4 de septiembre de 2022 los chilenos rechazaron la propuesta de la Convención Constitucional, dando inició en 2023 a un proceso en el que la ultraderecha consiguió la mayoría de los escaños en el Consejo Constitucional, órgano que redacto el texto que deberá ser votado obligatoriamente en diciembre. 

Maria José Cumplido, presidenta ejecutiva de Fundación Iguales, explicó las razones detrás de la postura de su organización.

“Nuestra posición como fundación es votar en contra de esta propuesta por la objeción de conciencia sin límites, la falta de un principio robusto de no discriminación, una errada concepción del interés superior de niños, niñas y adolescentes (NNA), y la debilidad en los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y personas gestantes”, afirmó.

La omisión del principio de no discriminación en el proyecto constitucional es una de las principales preocupaciones de la Fundación Iguales. Cumplido advierte que esto podría ser un riesgo, además se consolidaría un Estado que no se centre en implementar políticas públicas para prevenir la discriminación. Esto podría traducirse en una falta de capacitación a funcionarios, educación sexual insuficiente y obstáculos para acceder a la justicia, entre otras consecuencias.

Paloma Zúñiga, un ex consejera constitucional de Revolución Democrática (RD) que participó en el proceso de redacción constitucional y aliada LGBTQ, explicó al Washington Blade que en temas queer hay tres problemas graves en el texto constitucional. 

“Primero, una objeción de conciencia demasiado amplia podría permitir la discriminación por motivos religiosos en educación, centros de salud, comercio, entre otras. Por ejemplo, un restaurante podría expulsar a una pareja de lesbianas por besarse, un hospital negarse a atender a una persona trans o no permitir el ingreso de estudiantes LGBTQ en las aulas de clases”, dijo. 

Zuñiga agregó que “en segundo lugar, la ausencia de un principio de no discriminación lo suficientemente robusto como para obligar al Estado a prevenir la discriminación considerando que la violencia contra las personas queer ha aumentado. Y por último, la preocupación por la debilidad de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, especialmente en cuanto a su autonomía y libre desarrollo de la personalidad, que podría afectar directamente a las niñeces trans”. 

En la misma línea, Cumplido coincide con Zúñiga respecto a los problemas que podría traer la constitucionalización de la objeción de conciencia. La activista destacó ejemplos internacionales, como el caso Burwell v. Hobby Lobby Stores en Estados Unidos, donde la objeción de conciencia se utilizó para reabrir debates sobre derechos ya resueltos democráticamente. En el contexto chileno, esto podría replicarse en diversas situaciones, especialmente dada la amplitud la enmienda.

Zúñiga, que pertenece a un partido político que respalda al presidente Gabriel Boric, dijo “debemos votar en contra porque es un gran riesgo y retroceso para las personas LGBTQ y los derechos conquistados en los últimos años”.

“Como sector de izquierda hicimos todo lo posible por eliminar las enmiendas que perjudicaban a LGBTQ+, e incluso mejorar su calidad de vida a través de una nueva Constitución, pero el Partido Republicano con su mayoría bloqueo todos nuestros intentos”, explicó. 

Acciones de la Fundación Iguales y próximas etapas

Ante estos desafíos, la Fundación Iguales ha emprendido acciones para concientizar a la sociedad chilena. Han compartido un documento detallado con argumentos técnicos y jurídicos y están difundiendo material a través de redes sociales para explicar las posibles consecuencias de aprobar la constitución.

Independientemente del resultado del plebiscito, la Fundación Iguales tiene planes para continuar su defensa de los derechos de la diversidad sexual en Chile. Enfocarán esfuerzos en la reforma a la ley antidiscriminación y la ley José Matías para proteger a los niños y niñas trans del bullying escolar. Además, seguirán con su trabajo de capacitaciones y acciones territoriales a lo largo del país, con el objetivo de transformar a Chile en un lugar seguro para las personas LGBTQ.

Reportar sin Miedo es el socio mediático del Washington Blade en Honduras. Esta nota salió en su sitio web el 14 de noviembre.

SAN PEDRO SULA, Honduras — El 2023 terminará como uno de los peores años para las personas LGBTIQ+ y las mujeres en el país. En menos de tres días, dos mujeres trans han sido asesinadas. 

Las víctimas son Mónica Santos en La Ceiba, Atlántida, y Abigaíl Zelaya en Guaimaca, Francisco Morazán.

Las organizaciones de derechos humanos LGBTIQ+ de Honduras exigen que ambos crímenes no queden impunes. Además, condenan la falta de acciones concretas del gobierno de Xiomara Castro para disminuir estas violencias.

Durante la presidencia de Castro, por segundo año se disparó la cantidad de víctimas LGBTI+, denunció la Red Lésbica Cattrachas. 

En el 2022, la cifra de asesinatos fue 46. Este año se superó ese número cuando aún no ha finalizado la primera quincena de noviembre. 

Indyra Mendoza, coordinadora de Cattrachas, expresó a Reportar Sin Miedo que el gobierno no ha hecho nada para que disminuyan, se investiguen o criminalicen la violencia y los asesinatos contra las disidencias sexuales.

Asimismo, Mendoza denunció que funcionarios del gobierno regalan biblias en los centros educativos. 

En el departamento de Atlántida, la departamental de Educación prometió 32 mil ejemplares de este libro para la población estudiantil. 

“Hay una hiperviolación del Estado laico. Los feminicidios se incrementan, la impunidad se mantiene y como siempre a nadie le importa”, reflexiona Mendoza con enojo por la falta de voluntad política de funcionarios y operadores de justicia del actual gobierno. 

El gobierno de @XiomaraCastroZ, por segundo año consecutivo, sobrepasa la masiva cantidad de muertes violentas de personas LGBTI registradas históricamente en Honduras. @SSEGURIDADHN

— CATTRACHAS (@CATTRACHAS) November 8, 2023

En el 2023, según el Observatorio de la Red Lésbica Cattrachas, 47 personas LGBT+ han sido  asesinadas; 18 de ellas son personas trans, 17 gays y 12 lesbianas.

Estadísticas hasta el viernes 10 de noviembre del 2023, según el Observatorio de la Red Lésbica Cattrachas. 

Mónica migró a La Ceiba para encontrarse con la muerte

Dos balazos en el tórax acabaron con la vida de Mónica Santos, de 32 años. Su muerte violenta se produjo en la zona conocida como La Atenea en La Ceiba, donde mujeres trans ejercen el comercio sexual. 

Cuando murió, Mónica no tenía documento de identidad. Su caso es como el de todas las personas trans en Honduras, a quienes el Estado no les reconoce su identidad asumida, a pesar de que hay una condena internacional impulsada por la sentencia de la Corte IDH en el caso de la activista trans Vicky Hernández. 

Mónica hablaba misquito, inglés y garífuna. Desde hace más de ocho años vivía en La Ceiba, dice la líder trans Sasha Rodríguez de la organización Oprouce, quien la recuerda con mucho cariño, ya que pertenecía a su agrupación. 

“Mónica a veces se sentía excluida, ella tuvo una vida muy marcada, su situación de pobreza era extrema y muchas veces no tenía ni alimentos”, recuerda Rodríguez. 

En 2020, Mónica fue privada de su libertad en la penitenciaría masculina de Támara, pero después de dos años la liberaron por falta de pruebas.  

“La conocí y sufrió una serie de vejámenes”, relata Rihanna Ferrera, directora de Cozumel Trans. 

Ferrera lamentó que integrantes de la Policía Nacional especularan en las redes sociales sobre las razones del asesinato de Mónica sin haber realizado las investigaciones. 

“Es alarmante la situación, escalofriante porque sabemos que la semana anterior asesinaron en diferentes lugares a tres personas trans. El gobierno se ha llamado al silencio. Esta situación es un llamado para que los colectivos estemos más unidos”, expresó Ferrera a Reportar Sin Miedo.

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Dolor en Guaimaca por Abigaíl

La noche del sábado 11 de noviembre, el cuerpo sin vida de Abigaíl Zelaya Vásquez, de 27 años de edad, fue encontrado en un solar de la colonia San Juan, en el municipio de Guaimaca, departamento de Francisco Morazán, zona central de Honduras.

La información preliminar mostrada en las imágenes es que el cadáver presentaba heridas de arma blanca, sobre todo en el cuello. 

Abigaíl llevaba puesto vestido azul. En la escena se encontraron sus tacones. 

Al lugar donde estaba tendido el cuerpo llegó su madre, quien imploró que la levantaran para trasladarla a un centro médico, pero Abigaíl ya había expirado.

A la escena acudieron algunos vecinos y familiares de la joven que lloraban por su deceso. Indicaron que era una persona alegre y muy conocida en la zona.

Condenamos los asesinatos hacia las personas Trans en Honduras.
Exigimos cumplimiento total de la Sentencia Vicky Hernández al @GobiernoHN
A la @PoliciaHonduras @FFAAHN a cumplir con sus funciones en el resguardo de la seguridad de las personas al @MP_Honduras que se investigue pic.twitter.com/OrLweZZcDC

— Asociación de Derechos Humanos Cozumel Trans🏳️‍⚧️ (@CozumelTrans) November 13, 2023

Los antiderechos de Libre y el BOC

Mientras aumentan los asesinatos de disidencias sexuales en Honduras, el Congreso Nacional está dividido por la elección del fiscal general y la derogación de las ZEDE.

Además, la ciudadanía hondureña afronta la polarización entre las personas que apoyan al gobierno de Castro y quienes participan en el Bloque de la Oposición (BOC).

El BOC es un grupo formado por fuerzas del Partido Salvador de Honduras, Partido Liberal y Partido Nacional para denunciar la concentración en la familia Castro Zelaya de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial. A estos se suma ahora el Ministerio Público.

“Nos siguen matando y la gente no reacciona. No reacciona la Policía, no reacciona nadie. Todo tiene que ver con política exterior. No tiene nada que ver con lo nacional, con lo que realmente está pasando aquí con las mujeres y personas LGBTI+”, expresó la directora de Cattrachas, Indyra Mendoza. 

No sólo los funcionarios del gobierno de Xiomara Castro actúan contra las disidencias sexuales. 

El esposo y asesor presidencial de Castro, Manuel Zelaya Rosales, se mofó en abril de este año de los diputados gays del Congreso Nacional. 

La burla de Zelaya se produjo durante una aparición pública divulgada por el canal de televisión del Estado en el parqueo de la Casa Presidencial. 

Zelaya se burló de las poblaciones LGBTIQ+ junto con el diputado suplente Manuel Rodríguez. Ambos pertenecen al Partido Libertad y Refundación (Libre), en el poder.

“Manuel es famoso en el Congreso porque él dice, a mí no me consta, él dice que tiene una lista de género en el Congreso y que en el Congreso no hay dos géneros, hay más. Él puede dar testimonio de cuáles son los géneros que hay en el Congreso, nunca me la ha querido dar”, dijo Zelaya con tono burlón.

Con esas frases incitó al diputado Manuel Rodríguez a hablar de una supuesta lista de Libre en la que aparecen todos los congresistas pertenecientes a más de “dos géneros”. 

A continuación, Manuel Rodríguez se unió a la “broma” iniciada por Zelaya. “Hay tres géneros, los homosexuales, los bisexuales y las lesbianas”, dijo mientras él y Mel Zelaya se reían.

“Ahí le di la lista original a usted, lo que pasa es que no quiere decirla, la tiene escondida”, agregó, dirigiéndose de nuevo al asesor presidencial. 

Parte del público presente en la reunión de bases se rio a carcajadas de las palabras de los funcionarios.

Tampoco podemos olvidar los ataques de Roberto Contreras, quien el 12 de abril del 2023 dijo: “Prefiero cien mil veces portar esta bandera garífuna que una bandera de la diversidad sexual”. 

Contreras, alcalde de San Pedro Sula, en el norte de Honduras, dio esas declaraciones cuando se celebraban 226 años de presencia garífuna en el país.

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Más discursos de odio

Por otro lado, el secretario de Salud, José Matheu, expresó que, si se aprueban las pastillas anticonceptivas de emergencia (PAE), habría “desenfreno sexual” en las mujeres. 

Asimismo, el ministro de Educación, Daniel Sponda, rompió las guías de educación Ciudadano mi salud y mi vida creadas en el gobierno de Juan Orlando Hernández. 

Los antiderechos no sólo están dentro del gobierno de Xiomara Castro. También el llamado “archienemigo de la presidenta”, Salvador Nasralla, marchó con los grupos fundamentalistas. 

“Yo me crié en un hogar cristiano, así que yo no apoyo el matrimonio gay”, dijo Nasralla cuando habló con Reportar Sin Miedo en junio de 2023. 

Este tipo de manifestaciones tenían un claro objetivo: evitar que el Ejecutivo aprobara la ley de prevención de embarazo en adolescentes que permitiría por primera vez incluir educación sexual en las escuelas de forma laica e integral. 

Xiomara Castro cedió ante las presiones el 29 de julio, día que en Tegucigalpa se conmemoraba la marcha del orgullo. Castro vetó la ley que actualmente se encuentra en el Congreso Nacional. 

Mientras tanto, madres y padres de familia, en su mayoría de alumnos de escuelas privadas, están redactando, con apoyo de líderes de las iglesias Católica y Evangélica, una nueva ley para evitar que se enseñe la “ideología de género” a sus descendientes. 

Por otra parte, grupos de mujeres y disidencias denuncian las incongruencias del veto presidencial debido a la fecha en que se produjo y se anunció públicamente. Asimismo critican la injerencia de grupos fundamentalistas en las principales secretarías del Estado. 

Sin embargo, no sólo los oficialistas pronuncian discursos de odio. 

También integrantes del Partido Nacional como Tomás Zambrano, Mario Pérez y David Chávez han hecho campaña con mensajes contra los derechos de las mujeres y disidencias sexuales. 

The New Gay Times es el socio mediático del Washington Blade en México. Esta nota salió en su sitio web el 13 de noviembre.

Activistas y organizaciones por los derechos LGBTQI+ han pedido una investigación diferenciada y especializada en el caso de asesinato de Jesús Ociel Baena, magistrade del Tribunal Electoral de Aguascalientes.

En la mañana de hoy 13 de noviembre, medios locales reportaban con información de la Fiscalía del Estado la noticia de que le magistrade Jesús Ociel Baena se encontró sin vida en su domicilio junto conotra persona. Horas más tarde, se confirmó que quien le acompañaba era su pareja sentimental, al mismo tiempo que periodistas y medios compartían en redes sociales imágenes sangrientas de la escena del crimen filtradas por un periodista de Aguascalientes. El asesinato se calificaría como un “crimen pasional” a consecuencia de esas imágenes, en una cascada de comentarios denigrantes relacionados con su sexualidad, orientación e identidad por cuentas de periodistas, comunicadores, medios de comunicación, trolls y usuarios de las redes sociales. 

En medio de memes y capturas de pantallas sobre la cobertura sesgada de los hechos y de noticias de crímenes pasados, horas más tarde, medios nacionales publicarían los avances de la fiscalía en la investigación con información de su conferencia de prensa y entrevistas que se han dado a medios, con detalles precisos sobre las líneas de investigación, contextos de la escena de crimen, el contenido de las cámaras de seguridad y hasta posibles motivos “emocionales”. 

A Baena le asesinaron en su propia casa como fue Mireya Rodríguez Lemus activista trans en Chihuahua en 2020, y como a casi 4 de cada 10 personas LGBTQI+ según datos del Observatorio Nacional de Crímenes de Odio contra las Personas LGBTQI+, en su informe de 2020. Su asesinato se suma a más de 453 muertes violentas de personas LGBTQI+ en los últimos cinco años (Letra S, 2022), razón por la que en redes sociales se convocó a las 7 pm en Estela de Luz, en Ciudad de México a un acto de memoria de le magistrade y la exigencia de una investigación clara. La impunidad de las muertes violentas de personas LGBTQI+ envía un fuerte mensaje a la sociedad de que la violencia es condonada y tolerada, lo que genera aún más violencia. 

El Observatorio de Violencia Social y de Género de Aguascalientes a través de un comunicado exigió a las autoridades del Estado el acceso a la verdad y la justicia y una investigación conforme a protocolos vigentes que incorporen la perspectiva de orientación sexual y de identidad de género.

La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México hizo un llamado a una investigación meticulosa y a analizar la violencia por prejuicio que sistemáticamente sufren las personas LGBTQI+. 

Le magistrade Jesús Ociel Baena era una de las figuras LGBTQI+ más visibles en el país y quien recibía amenazas de muertes y mensajes de odio diariamente. El pasado 15 de junio, Ulises Salvador Nava Juárez, activista LGBTQI+ y funcionario de la Universidad Autónoma de Guerrero fue asesinado a plena luz del día en las afueras del Museo Descubre en la ciudad de Aguascalientes al salir de un congreso donde se reunieron activistas LGBTQI+ de todo el país, incluyendo a Baena. 

“Posiblemente iban por alguien más, de todas las personas que estábamos ahí pudimos haber sido esa víctima, pudo haber sido Salma (Luévano), pudo haber sido alguna otra persona de otro estado, de Baja California, pude haber sido yo, eso es muy lamentable (…) exigimos justicia ayer nos reunimos con el fiscal, estamos esperando que den con los responsables, pero no vamos a dejar de callar hasta que la vida de Ulises que no haya sido en vano su muerte y que se haga justicia por el trágico acontecimiento en la tierra de la gente buena”. – Comentó para un medio local, el Metropolitano.  

Un crimen de odio es un crimen social

El Observatorio Nacional de Crímenes de Odio contra Personas LGBTQI+ define los crímenes de odio como comportamientos culturalmente fundados y, sistemática y socialmente extendidos, de desprecio contra una persona o grupo de personas sobre la base de un prejuicio negativo o un estigma relacionado con una desventaja inmerecida, y que tiene por efecto dañar sus derechos y libertades fundamentales, ya sea de manera intencional o no. Baena tenía inscripción en el Mecanismo de Protección Integral de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, con adscripción a la Secretaría de Gobernación, así como a la Fiscalía del Estado de Aguascalientes, por lo que activistas y defensorxs de derechos LGBTQI+ han pedido que se investigue como crimen de odio. 

Una de las más grandes problemática para poder prevenir los crímenes de odio son la impunidad, la cual se erige como obstáculo para el acceso a la justicia, el entorpecimiento en las investigaciones por prejuicios, y el no contar con datos armonizados y comparables para poder medir, analizar y prevenir la violencia (como lo hay en otros países de acuerdo a las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas). 

En 2022 Letra S analizó 354 incidentes violentos o agresiones contra personas LGBTQI+ reportadas en la plataforma Visibles de Amicus, el 40.6 por ciento correspondían a agresiones verbales; 20.3 por ciento a agresiones físicas; 19.8 por ciento a agresiones psicológicas; 6.5 por ciento a agresiones sexuales; y por último, 2.8 por ciento a detenciones injustificadas.