Noticias en Español
Global Equality Caucus trabaja por igualdad LGBTQ en Latinoamérica
Erick Iván Ortiz, ex candidato a diputado salvadoreño, se une al grupo
SAN SALVADOR, El Salvador — Las pasadas elecciones para diputado en el año 2021 fue un termómetro social de la percepción que tiene El Salvador y el peso político electoral que pueda tener la población LGBTQ, frente a una campaña desigual y que puso por primera vez a la población salvadoreña una candidatura abiertamente LGBTQ. Este fue el caso de Erick Iván Ortiz, quien, en las pasadas elecciones para diputados y consejos municipales, obtuvo 10,615 marcas en las papeletas por la diputación en el departamento de San Salvador, bajo la bandera del partido Nuestro Tiempo.
“Lo importante fue construir el camino y desdibujar el paradigma que las personas LGBTI no pueden competir y no tiene capacidad electoral de competir”, comenta Ortiz al Washington Blade sobre su experiencia en los pasados comicios.
Desde su punto de vista quedó de manifiesto que hay una parte de la ciudadanía que piensa que, si es importante que haya una representación de personas LGBTQ en el congreso, “a partir de eso si hemos visto un cierre del espacio cívico en El Salvador”, expresó.
Ortiz platica que se está viendo como la región latinoamericana y el mundo, ha tenido un resurgir de nacionalismo, fascismo y una consolidación de la ultraderecha, “esto en clave de poblaciones históricamente excluidas, se le puede identificar como grupos anti-derechos”, agrega.
Además, comenta que ese mismo fue el escenario en la pasada elección chilena, que también será igual con la elección en Brasil, seguramente en Colombia y México también, que este último ha tenido un aumento significativo de violencia hacia personas LGBTQ.
Frente a ese escenario a Ortiz se le presenta la oportunidad de empezar a trabajar con el Global Equality Caucus, una red internacional de parlamentarios y representantes electos, dedicada a abordar la discriminación contra las personas LGBTQ. La membresía está abierta a legisladores de todo el mundo, independientemente de su orientación sexual, identidad de género o características sexuales.
Son la única red internacional de representantes electos, enfocada exclusivamente en lograr la igualdad LGBTQ. Trabajan junto con ONG, empresas y gobiernos para promover e impulsar medidas contra la discriminación y la igualdad jurídica.
El 21 de junio de 2019 en New York se lanzó esta iniciativa, donde una delegación de representantes electos de todos los rincones del mundo habló sobre sus experiencias en la defensa de la igualdad y firmaron un compromiso para abordar la discriminación LGBTQ en todas sus formas, de la cual existe una declaración en el sitio web de la red.
Para septiembre del 2019, se lanzó el capítulo de Asia-Pacífico, por motivos de la pandemia no se pudo seguir el crecimiento de esta red, pero ya en 2022 tienen en marcha el fortalecimiento de su red en América Latina. Ortiz estará a cargo de la coordinación de membresías y proyectos.
El lanzamiento del capítulo latinoamericano será en dos eventos: Uno en la Ciudad de México el 1 y 2 de abril que incluirá a Centro América y el Caribe y el otro en mayo en Buenos Aires en donde se espera haya representación de toda Sur América. Hay que comprender que estas ciudades electas, son polos de gravedad política y social de la región latinoamericana, además son países donde el avance en términos de políticas y representación de personas LGBTQ ya tienen experiencia en la implementación de buenas prácticas.
“La idea al final hacerles frente a las amenazas que se puede identificar de grupos anti-derechos, que están acuerpados incluso con nuestras sociedades conservadoras”, expresa Ortiz; esto también amenaza los sistemas democráticos de los países.
Esta realidad no es algo nuevo para las poblaciones LGBTQ que viene de tener luchas históricas por el reconocimiento de sus derechos, la diferencia es que ahora hay funcionariado LGBTQ electo en muchos países de Latinoamérica.
“La mayor parte de las candidaturas LGBTI que han ganado y hoy ostentan cargos de elección popular, han sido una apuesta por la esperanza, por la inclusión y por la diversidad”, asegura Ortiz al Blade.
Explica que por ello desde el Global Equality Caucus, piensan que ese escenario puede permitirles articular una respuesta colectiva desde diferentes países, para impulsar una agenda colectiva. Por ello ya están trabajando en la región latinoamericana, con grupos de parlamentarios de diferentes países; se comenzará una priorización en México, Guatemala, Costa Rica, Colombia, Chile, Argentina, Brasil y Perú.
Estos fueron electos porque se identificó liderazgos que tienen una capacidad de incidencia fuerte en las diferentes sociedades de sus países, por lo que se cree que es una fortaleza tenerles a bordo del Global Equality Caucus.
Entre los objetivos que tienen está la eliminación de la discriminación en todas sus formas a las personas LGBTQ, las luchas contra las mal llamadas terapias de conversión y la garantía de los accesos a los servicios médicos sin discriminación para personas con VIH y los servicios médicos que requieren las personas trans en toda su vida.
Referente a la lucha contra las terapias de conversión, lanzaron en noviembre del 2021 una campaña global contra ellas, esto también ha contribuido a generar el debate nacional en diferentes países de Latinoamérica, para que exista legislación contra las terapias de conversión.
“En los países de Latinoamérica existe una idiosincrasia muy relacionada a la religiosidad, por lo cual hay países en los que han identificado casos incluso de torturas”, comenta Ortiz.
Por otra parte, a nivel regional, con el lanzamiento del capitulo latinoamericano, el Global Equality Caucus, tiene la expectativa de tener vocerías importantes en los diferentes países, por lo que creen tendrán una red consolidada de funcionariado electo tanto LGBTQ como heterosexuales aliados; para así en un futuro esto permita impulsar legislaciones y también transformaciones más sostenibles en el tiempo.
De acuerdo con lo que analiza Ortiz, los grupos anti-derechos por un lado están amenazando los avances que ya existen en los países, pero por otro buscan impulsar legislaciones que sean restrictivas y que dividan a las personas en su acceso a los derechos, creando así las categorías de ciudadano de primera y de segunda categoría.
Agrega que estos grupos anti-derechos, tendrán un papel muy preponderante en el próximo ciclo electoral de la región, por lo cual es necesaria esta articulación y hacerles frente.
Un salvadoreño ayudando la articulación regional
Ortiz se suma a esta iniciativa luego de su participación política en las elecciones del 2021 en El Salvador, también con el convencimiento de haber dado lucha por 10 años en el movimiento social LGBTQ del país, por lo cual no dudo en liderar este espacio para llevar la lucha a nivel regional, coincidiendo además con los movimientos que ya realizan activistas LGBTQ de la región.
El trabajo en El Salvador en este tema comenzará con la inclusión en el evento de lanzamiento del capitulo latinoamericano en México para luego desarrollar eventos locales. Se involucrará a las organizaciones de sociedad civil, como también a algunos diputados que se puede trabajar estos temas; entre los congresistas identificados están Anabel Belloso, Dina Argueta y Johnny Wright.
Esperan que en la medida que se pueda articular un esfuerzo regional, el impacto que se puede tener en las esferas nacionales será mayor, pues se contará con un liderazgo como el de Temístocles Villanueva en la Ciudad de México, Aldo Dávila en Guatemala, Jorge Cálix en Honduras, Enrique Sánchez en Costa Rica, Mauricio Toro y Angélica Lozano en Colombia, Susel Paredes en Perú, Emilia Schneider en Chile, Mara Brewer y Maximiliano Ferraro en Argentina, Toni Reis en Brasil y Tamara Adrián Hernández en Venezuela.
En voz de Ortiz, menciona que el Global Equality Caucus se siente honrado en poder empezar a trabajar con ellas y ellos, el impulso de la agenda regional que permita una articulación que ayude a cambiar los entornos, pues también se espera que haya más funcionariado LGBTQ electo y aliados. Por ello se necesita trabajar los entornos en los que las candidaturas compitan.
“Si bien existe bastante trabajo articulado en el movimiento LGBT de la región, hace falta articular el funcionariado electo”, agrega.
Capítulo Latinoamérica comienza en México
El evento en la Ciudad de México contará con una nutrida participación de delegación mexicana de todos los niveles de gobierno, de diferentes Estados y de niveles de funcionariado; para la realización de este se cuenta con el asocio del Global Equality Caucus con el Victory Institute, All Out y Yaaj de México, que trabaja en específico contra los Esfuerzos por Corregir la Orientación Sexual e Identidad de Género (ECOSIG).
El resultado que se espera haya una mayor convicción de la necesidad de avanzar en materia de inclusión de las personas LGBTQ en los diferentes niveles de gobierno, “no es un caso aislado de una persona en contienda electoral, sino más bien un esfuerzo de país, desde diferentes Estados y localidades”, comenta Ortiz.
Este evento se llevará a cabo tanto en la Cancillería como en el Senado de México; se pretende con ello dejar un precedente importante, por todo el acompañamiento que se espera tener de las instituciones del gobierno mexicano, como también dejar clara la vocación del mismo a la hora de impulsar estas medidas.
También se espera contribuir con el debate en México sobre la necesidad de la legislación contra los ECOSIG, la cual está entrampada en el cenado de México, por lo que con este evento desean lograr una reflexión de los cenadores y cenadoras.
La oficina del Experto Independiente sobre orientación sexual e identidad de género de Naciones Unidas, Víctor Madrigal-Borloz, ha hecho un informe con respecto a los ECOSIG en la región, en los cual se ven puntos importantes donde la influencia religiosa es más fuerte y “los impactos son grandes”, expresó Ortiz; tal es el caso de países como en Perú, Brasil y México.
Pero en el caso Centro Americano, el problema que se tiene es la ausencia de información que ayude a dimensionar el problema que se tiene, “estamos seguras que los ECOSIG existen en el país”, agrega Ortiz; pero asegura que hay un pacto de silencio de la sociedad en la que estos eventos nunca alcanzan la opinión pública.
Por ello también otro objetivo del Global Equality Caucus en la región, es la producción de información, para que los gobiernos se hagan responsables sobre las realidades de las personas LGBTQ en sus territorios.
En términos legislativos en diferentes países latinoamericanos, sigue siendo difícil para las personas LGBTQ vivir en las realidades de sus países, por lo tanto, sigue siendo indispensable continuar avanzando en la eliminación de las barreras y de la discriminación que existe en cualquiera de sus formas.
‘El Salvador vive una realidad en la que no existe un estado de derecho’
En El Salvador será más difícil el trabajo de incorporar estos esfuerzos, de acuerdo con Ortiz, por el cierre cívico que se ha dado por el gobierno actual, por lo cual reitera que lo más importante es recuperar el sistema democrático del país y el estado de derecho. Dado que las luchas históricas de las personas LGBTQ en el país, se circunscriben en el avance de políticas públicas, pero fundamentalmente en el avance de legislaciones.
En palabras de Ortiz, menciona que “El Salvador vive una realidad en la que no existe un estado de derecho”, por lo que considera que pese a existir una necesidad de legislar en beneficio de la población LGBTQ salvadoreña, es más importante actualmente que los diversos movimientos existentes, es decir, personas LGBTQ, mujeres, juventudes, personas con discapacidad, afro descendencia, personas trabajadoras, entre otras; entiendan que es necesario formar una alianza para recuperar el estado de derechos y la democracia.
Entonces, indica Ortiz, que cuando se haya recuperado el estado de derecho y democracia, así tendría sentido la lucha por una legislación que es una deuda histórica. De lo contrario se caería en darle una herramienta a un régimen antidemocrático que le sirva para lavar y ocultar sus violaciones de derechos humanos. “Actualmente hay una nula protección a la garantía de los derechos humanos en El Salvador”, agrega.
Para Ortiz, el régimen antidemocrático y anti-derechos que se vive en el país ha hecho retroceder al menos 10 años en lo que respecta a la lucha por el reconocimiento de los derechos de las personas LGBTQ, tanto le ha costado al movimiento social. Por ello ve muy difícil el que el trabajo de las organizaciones LGBTQ avance, sino se entiende que seguir el trabajo solo tendrá sentido en un marco que respete la democracia y haga valer los derechos.
Es necesario entender las luchas de forma interseccional para poder enfrentar un régimen que busca homogenizar y eliminar las diferencias y las disidencias, “sobre todo cuando ven una amenaza latente en los movimientos feministas y LGBTI en El Salvador”, asegura Ortiz.
Dicho esto, Ortiz explica que todo eso se debe al cuestionamiento que dichos movimientos, realizan por el discurso de odio político que polariza y divide los unos contra los otros en El Salvador; también asegura que estos discursos han sido aplicados históricamente a la población LGBTQ salvadoreña y por ello están decididas a seguir la lucha contra el régimen anti-derechos.
Luchando desde diferentes trincheras
Erick Ortiz continua su labor como coordinador general del Colectivo Normal, próximos a lanzar la nueva plataforma de contenidos para el 2022; por ende, este trabajo va de la mano con la Federación Salvadoreña LGBTI, en donde aún funge como secretario de comunicaciones.
“Para mi es importante mantener las luchas en mi país, porque estamos en un momento muy crítico”, expresó al Blade Ortiz.
Además, su trabajo partidario dentro de Nuestro Tiempo continuará y analiza la posibilidad de entrar a participar de lleno a la estructura del partido. Pero sin duda tiene claro que debe comenzar a trabajar por las elecciones del 2024. “Mi intención a la hora de entrar en Nuestro Tiempo, es también llevar más candidaturas abiertamente LGBTI, tanto en Asamblea Legislativa, como en consejos municipales”, aclara Ortiz.
Ahora también trabajando con el Global Equality Caucus, está enfocado a desarrollar con mucho éxito este capítulo Latinoamericano, espera trabajar de la mano con Dávila en Guatemala, de igual manera con Cálix en Honduras, con Sánchez en Costa Rica y en El Salvador con Belloso y Wright.
“En Latinoamérica la lucha LGBTI tiene muchas oportunidades y también muchos desafíos, por lo que los esfuerzos de forma coordinada tendrán un impacto significativo en millones de personas”, concluye Ortiz.
El año 2026 no comenzó en blanco para las organizaciones LGBTQ en Estados Unidos. Llegó precedido por un proceso que se activó con fuerza en 2025 y que hoy se manifiesta como una reconfiguración profunda del ecosistema de derechos, servicios y sostenibilidad comunitaria. No se trata de una crisis momentánea ni de un ajuste administrativo pasajero. Lo que está ocurriendo es un cambio estructural en la forma en que el Estado define, financia y condiciona la igualdad, la accesibilidad y la atención a poblaciones históricamente vulnerables.
Desde los primeros meses de 2025, la administración federal inició la retirada o revisión de múltiples órdenes ejecutivas y disposiciones que protegían explícitamente a personas LGBTQ en áreas clave como salud, educación y acceso a servicios. La justificación oficial ha girado en torno a la eliminación de lo que se denomina “ideología de género” y a la redefinición restrictiva del concepto de sexo, limitado exclusivamente a criterios biológicos. Este cambio discursivo no quedó en el plano simbólico. Se tradujo en nuevas reglas de elegibilidad, en la cancelación de subvenciones, en la eliminación de recopilación de datos y en una creciente incertidumbre administrativa que ha afectado directamente la operatividad de organizaciones comunitarias en todo el país, como ha documentado la Kaiser Family Foundation.
La salud fue uno de los primeros campos donde se sintió el impacto. Programas vinculados a la atención integral, a la prevención del VIH, a la salud mental y a la investigación en poblaciones LGBTQ comenzaron a perder respaldo federal. Subvenciones previamente aprobadas fueron canceladas o sometidas a revisión bajo criterios ideológicos, no científicos. Reuters y Associated Press han documentado cómo esta nueva orientación provocó la interrupción de investigaciones financiadas por los Institutos Nacionales de Salud, afectando proyectos que buscaban comprender mejor las desigualdades en salud, el acceso a tratamientos y las condiciones de vida de comunidades ya marginadas. La consecuencia inmediata no es solo la pérdida de conocimiento, sino la erosión de la capacidad del país para diseñar políticas públicas basadas en evidencia.
La educación siguió un camino similar. A lo largo de 2025, el discurso oficial contra los programas de diversidad, equidad e inclusión se tradujo en recortes presupuestarios y en señales claras a los sistemas educativos. Talleres de prevención de acoso, programas de formación docente, iniciativas de acompañamiento estudiantil y espacios seguros que durante años fueron sostenidos por alianzas entre escuelas y organizaciones LGBTQ comenzaron a desaparecer o a ser suspendidos por temor a perder fondos. El mensaje fue inequívoco: la igualdad dejó de ser una prioridad financiable. En ese vacío, quienes pagan el precio son jóvenes que pierden redes de apoyo fundamentales en etapas decisivas de su vida.
A este escenario se sumó un fenómeno menos visible pero igualmente dañino: el condicionamiento del lenguaje. Organizaciones que no se dedican exclusivamente a temas LGBTQ, pero que atienden poblaciones diversas, comenzaron a recibir directrices que restringen términos y enfoques en sus propuestas de financiamiento. Esto ha generado autocensura institucional, debilitamiento de programas y una sensación generalizada de inseguridad jurídica. Cuando las organizaciones no saben si nombrar una realidad puede costarles su existencia, el impacto va mucho más allá del presupuesto.
El efecto acumulado de estas decisiones comenzó a hacerse evidente en 2025 y se consolida en 2026. Servicios que antes funcionaban con relativa estabilidad ahora operan al límite. Se reducen horarios, se despide personal, se priorizan únicamente los casos más urgentes y se crean listas de espera que antes no existían. La prevención cede espacio a la emergencia, y la emergencia, como bien sabe la salud pública, siempre resulta más costosa y más dolorosa.
Puerto Rico ofrece un ejemplo claro de cómo esta dinámica se acelera en contextos con menos margen de maniobra. La pérdida de fondos federales por parte de organizaciones comunitarias ha tenido efectos inmediatos, obligando a cierres de programas, reestructuraciones profundas y una dependencia aún mayor de donaciones locales en un mercado filantrópico limitado. Lo que en otros estados puede tardar años en sentirse, en la isla se manifiesta en meses. Y, sin embargo, la necesidad de servicios no disminuye; al contrario, aumenta en contextos de incertidumbre económica y social.
Frente a este panorama, las organizaciones LGBTQ no han permanecido inmóviles. El 2026 las encuentra ensayando estrategias de supervivencia que, aunque diversas, comparten un mismo objetivo: no colapsar. Muchas han acelerado la diversificación de sus fuentes de ingreso, apostando por donantes individuales recurrentes, campañas comunitarias y modelos de membresía. Otras han intentado desarrollar servicios híbridos que permitan generar ingresos propios para sostener programas gratuitos. Las alianzas con universidades, sistemas de salud, municipios y organizaciones comunitarias más amplias se han convertido en una tabla de salvación para compartir costos y mantener presencia territorial.
Pero también hay decisiones dolorosas. Reducciones de personal, cierres temporales, eliminación de proyectos no considerados esenciales y una redefinición constante de prioridades. Estas medidas no son señales de mala gestión; son respuestas defensivas ante un entorno que se ha vuelto hostil e impredecible.
Lo que muchas veces queda fuera del debate público es que este proceso no afecta solo a las organizaciones como estructuras administrativas. Afecta a personas concretas. A jóvenes que pierden espacios seguros. A personas trans que ven restringido su acceso a servicios de salud. A familias que ya no encuentran acompañamiento. A activistas que quedan más expuestos en un clima social cada vez más polarizado. La retirada de fondos no elimina las realidades humanas que esos programas atendían; simplemente las empuja hacia la invisibilidad y el sufrimiento silencioso.
El 2026, entonces, no es únicamente un año de ajustes presupuestarios. Es una antesala que pone a prueba el compromiso real del país con la igualdad y la dignidad. Cuando los derechos dependen de ciclos políticos y los servicios esenciales quedan sujetos a criterios ideológicos, lo que se debilita no es solo una comunidad específica, sino el tejido social en su conjunto.
La pregunta que queda abierta no es si las organizaciones LGBTQ resistirán. Históricamente lo han hecho. La verdadera pregunta es cuántas personas quedarán sin protección en el camino y cuánto daño se normalizará antes de que la nación asuma que la accesibilidad, la educación y la salud no pueden ser tratadas como concesiones temporales.
El 2026 ya comenzó. Y lo que está en juego no es una narrativa cultural, sino la capacidad de una sociedad para sostener, con hechos y no solo con discursos, la dignidad humana.
Colombia
Colombia anunció la inclusión de las categorías ‘trans’ y ‘no binario’ en los documentos de identidad
Registraduría Nacional anunció el cambio el 28 de noviembre
Ahora los ciudadanos colombianos podrán seleccionar las categorías ‘trans’ y ‘no binario’ en los documentos de identidad del país.
Este viernes la Registraduría Nacional del Estado Civil anunció que añadió las categorías ‘no binario’ y ‘trans’ en los distintos documentos de identidad con el fin de garantizar los derechos de las personas con identidad diversa.
El registrador nacional, Hernán Penagos, informó que hizo la inclusión de estas dos categorías en los documentos de: registro civil, tarjeta de identidad y cédula de ciudadanía.
Según la registraduría: “La inclusión de estas categorías representa un importante avance en materia de garantía de derechos de las personas con identidad de género diversa”.
Estas categorías estarán en el campo de ‘sexo’ en el que están normalmente las clasificaciones de ‘femenino’ y ‘masculino’ en los documentos de identidad.
En 2024 se inició la ejecución de diferentes acciones orientadas implementar componentes “‘NB’ y ‘T’ en el campo ‘sexo’ de los registros civiles y los documentos de identidad”.
Las personas trans existen y su identidad de género es un aspecto fundamental de su humanidad, reconocido por la Corte Constitucional de Colombia en sentencias como T-236/2023 y T-188/2024, que protegen sus derechos a la identidad y no discriminación. La actualización de la Registraduría implementa estos fallos que ya habían ordenado esos cambios en documentos de identidad.
Por su parte, el registrador nacional, Penagos, comentó que: “se trata del cumplimiento de unas órdenes por parte de la Corte Constitucional y, en segundo lugar, de una iniciativa en la que la Registraduría ha estado absolutamente comprometida”. Y explicó que en cada “una de las estaciones integradas de servicio de las más de 1.200 oficinas que tiene la Registraduría Nacional se va a incluir todo este proceso”.
El Salvador
El Salvador: el costo del silencio oficial ante la violencia contra la comunidad LGBTQ
Entidades estatales son los agresores principales
En El Salvador, la violencia contra la población LGBTQ no ha disminuido: ha mutado. Lo que antes se expresaba en crímenes de odio, hoy se manifiesta en discriminación institucional, abandono y silencio estatal. Mientras el discurso oficial evita cualquier referencia a inclusión o diversidad, las cifras muestran un panorama alarmante.
Según el Informe 2025 sobre las vulneraciones de los derechos humanos de las personas LGBTQ en El Salvador, elaborado por el Observatorio de Derechos Humanos LGBTIQ+ de ASPIDH, con el apoyo de Hivos y Arcus Foundation, desde el 1 de enero al 22 de septiembre de 2025 se registraron 301 denuncias de vulneraciones de derechos.
El departamento de San Salvador concentra 155 de esas denuncias, reflejando la magnitud del problema en la capital.
Violencia institucionalizada: el Estado como principal agresor
El informe revela que las formas más recurrentes de violencia son la discriminación (57 por ciento), seguida de intimidaciones y amenazas (13 por ciento), y agresiones físicas (10 por ciento). Pero el dato más inquietante está en quiénes ejercen esa violencia.
Los cuerpos uniformados, encargados de proteger a la población, son los principales perpetradores:
- 31.1 por ciento corresponde a la Policía Nacional Civil (PNC),
- 26.67 por ciento al Cuerpo de Agentes Municipales (CAM),
- 12.22 por ciento a militares desplegados en las calles bajo el régimen de excepción.
A ello se suma un 21.11 por ciento de agresiones cometidas por personal de salud pública, especialmente por enfermeras, lo que demuestra que la discriminación alcanza incluso los espacios que deberían garantizar la vida y la dignidad.
Loidi Guardado, representante de ASPIDH, comparte con Washington Blade un caso que retrata la cotidianidad de estas violencias:
“Una enfermera en la clínica VICITS de San Miguel, en la primera visita me reconoció que la persona era hijo de un promotor de salud y fue amable. Pero luego de realizarle un hisopado cambió su actitud a algo despectiva y discriminativa. Esto le sucedió a un hombre gay.”
Este tipo de episodios reflejan un deterioro en la atención pública, impulsado por una postura gubernamental que rechaza abiertamente cualquier enfoque de inclusión, y tacha la educación de género como una “ideología” a combatir.
El discurso del Ejecutivo, que se opone a toda iniciativa con perspectiva de diversidad, ha tenido consecuencias directas: el retroceso en derechos humanos, el cierre de espacios de denuncia, y una mayor vulnerabilidad para quienes pertenecen a comunidades diversas.
El miedo, la desconfianza y el exilio silencioso
El estudio también señala que el 53.49 por ciento de las víctimas son mujeres trans, seguidas por hombres gays (26.58 por ciento). Sin embargo, la mayoría de las agresiones no llega a conocimiento de las autoridades.
“En todos los ámbitos de la vida —salud, trabajo, esparcimiento— las personas LGBT nos vemos intimidadas, violentadas por parte de muchas personas. Sin embargo, las amenazas y el miedo a la revictimización nos lleva a que no denunciemos. De los casos registrados en el observatorio, el 95.35 por ciento no denunció ante las autoridades competentes”, explica Guardado.
La organización ASPIDH atribuye esta falta de denuncia a varios factores: miedo a represalias, desconfianza en las autoridades, falta de sensibilidad institucional, barreras económicas y sociales, estigma y discriminación.
Además, la ausencia de acompañamiento agrava la situación, producto del cierre de numerosas organizaciones defensoras por falta de fondos y por las nuevas normativas que las obligan a registrarse como “agentes extranjeros”.
Varias de estas organizaciones —antes vitales para el acompañamiento psicológico, legal y educativo— han migrado hacia Guatemala y Costa Rica ante la imposibilidad de operar en territorio salvadoreño.
Educación negada, derechos anulados
Mónica Linares, directora ejecutiva de ASPIDH, lamenta el deterioro de los programas educativos que antes ofrecían una oportunidad de superación para las personas trans:
“Hubo un programa del ACNUR que lamentablemente, con todo el cierre de fondos que hubo a partir de las declaraciones del presidente Trump y del presidente Bukele, pues muchas de estas instancias cerraron por el retiro de fondos del USAID.”
Ese programa —añade— beneficiaba a personas LGBTQ desde la educación primaria hasta el nivel universitario, abriendo puertas que hoy permanecen cerradas.
Actualmente, muchas personas trans apenas logran completar la primaria o el bachillerato, en un sistema educativo donde la discriminación y el acoso escolar siguen siendo frecuentes.
Organizaciones en resistencia
Las pocas organizaciones que aún operan en el país han optado por trabajar en silencio, procurando no llamar la atención del gobierno. “Buscan pasar desapercibidas”, señala Linares, “para evitar conflictos con autoridades que las ven como si no fueran sujetas de derechos”.
Desde el Centro de Intercambio y Solidaridad (CIS), su cofundadora Leslie Schuld coincide. “Hay muchas organizaciones de derechos humanos y periodistas que están en el exilio. Felicito a las organizaciones que mantienen la lucha, la concientización. Porque hay que ver estrategias, porque se está siendo silenciado, nadie puede hablar; hay capturas injustas, no hay derechos.”
Schuld agrega que el CIS continuará apoyando con un programa de becas para personas trans, con el fin de fomentar su educación y autonomía económica. Sin embargo, admite que las oportunidades laborales en el país son escasas, y la exclusión estructural continúa.
Matar sin balas: la anulación de la existencia
“En efecto, no hay datos registrados de asesinatos a mujeres trans o personas LGBTIQ+ en general, pero ahora, con la vulneración de derechos que existe en El Salvador, se está matando a esta población con la anulación de esta.”, reflexiona Linares.
Esa “anulación” a la que se refiere Linares resume el panorama actual: una violencia que no siempre deja cuerpos, pero sí vacíos. La negación institucional, la falta de políticas públicas, y la exclusión social convierten la vida cotidiana en un acto de resistencia para miles de salvadoreños LGBTQ.
En un país donde el Ejecutivo ha transformado la narrativa de derechos en una supuesta “ideología”, la diversidad se ha convertido en una amenaza política, y los cuerpos diversos, en un campo de batalla. Mientras el gobierno exalta la “seguridad” como su mayor logro, la población LGBTQ vive una inseguridad constante, no solo física, sino también emocional y social.
El Salvador, dicen los activistas, no necesita más silencio. Necesita reconocer que la verdadera paz no se impone con fuerza de uniformados, sino con justicia, respeto y dignidad.
Queer liberation is your liberation
A ‘Battle’ we can’t avoid
LGBTQ Ugandans targeted ahead of country’s elections
Trump-appointed EEOC leadership rescinds LGBTQ worker guidance
‘Heated Rivalry’ stars to participate in Olympic torch relay
McPike prevails in ‘firehouse’ Dem primary for Va. House of Delegates
LGBTQ Iranians join anti-government protests
Faith programming remains key part of Creating Change Conference
The power of no
