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Global Equality Caucus trabaja por igualdad LGBTQ en Latinoamérica

Erick Iván Ortiz, ex candidato a diputado salvadoreño, se une al grupo

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Erick Ortiz (Foto cortesía de Erick Ortiz)

SAN SALVADOR, El Salvador Las pasadas elecciones para diputado en el año 2021 fue un termómetro social de la percepción que tiene El Salvador y el peso político electoral que pueda tener la población LGBTQ, frente a una campaña desigual y que puso por primera vez a la población salvadoreña una candidatura abiertamente LGBTQ. Este fue el caso de Erick Iván Ortiz, quien, en las pasadas elecciones para diputados y consejos municipales, obtuvo 10,615 marcas en las papeletas por la diputación en el departamento de San Salvador, bajo la bandera del partido Nuestro Tiempo.

“Lo importante fue construir el camino y desdibujar el paradigma que las personas LGBTI no pueden competir y no tiene capacidad electoral de competir”, comenta Ortiz al Washington Blade sobre su experiencia en los pasados comicios.

Desde su punto de vista quedó de manifiesto que hay una parte de la ciudadanía que piensa que, si es importante que haya una representación de personas LGBTQ en el congreso, “a partir de eso si hemos visto un cierre del espacio cívico en El Salvador”, expresó.

Ortiz platica que se está viendo como la región latinoamericana y el mundo, ha tenido un resurgir de nacionalismo, fascismo y una consolidación de la ultraderecha, “esto en clave de poblaciones históricamente excluidas, se le puede identificar como grupos anti-derechos”, agrega.

Además, comenta que ese mismo fue el escenario en la pasada elección chilena, que también será igual con la elección en Brasil, seguramente en Colombia y México también, que este último ha tenido un aumento significativo de violencia hacia personas LGBTQ.

Frente a ese escenario a Ortiz se le presenta la oportunidad de empezar a trabajar con el Global Equality Caucus, una red internacional de parlamentarios y representantes electos, dedicada a abordar la discriminación contra las personas LGBTQ. La membresía está abierta a legisladores de todo el mundo, independientemente de su orientación sexual, identidad de género o características sexuales.

Son la única red internacional de representantes electos, enfocada exclusivamente en lograr la igualdad LGBTQ. Trabajan junto con ONG, empresas y gobiernos para promover e impulsar medidas contra la discriminación y la igualdad jurídica.

El 21 de junio de 2019 en New York se lanzó esta iniciativa, donde una delegación de representantes electos de todos los rincones del mundo habló sobre sus experiencias en la defensa de la igualdad y firmaron un compromiso para abordar la discriminación LGBTQ en todas sus formas, de la cual existe una declaración en el sitio web de la red.

Para septiembre del 2019, se lanzó el capítulo de Asia-Pacífico, por motivos de la pandemia no se pudo seguir el crecimiento de esta red, pero ya en 2022 tienen en marcha el fortalecimiento de su red en América Latina. Ortiz estará a cargo de la coordinación de membresías y proyectos.

El lanzamiento del capítulo latinoamericano será en dos eventos: Uno en la Ciudad de México el 1 y 2 de abril que incluirá a Centro América y el Caribe y el otro en mayo en Buenos Aires en donde se espera haya representación de toda Sur América. Hay que comprender que estas ciudades electas, son polos de gravedad política y social de la región latinoamericana, además son países donde el avance en términos de políticas y representación de personas LGBTQ ya tienen experiencia en la implementación de buenas prácticas.

“La idea al final hacerles frente a las amenazas que se puede identificar de grupos anti-derechos, que están acuerpados incluso con nuestras sociedades conservadoras”, expresa Ortiz; esto también amenaza los sistemas democráticos de los países.

Esta realidad no es algo nuevo para las poblaciones LGBTQ que viene de tener luchas históricas por el reconocimiento de sus derechos, la diferencia es que ahora hay funcionariado LGBTQ electo en muchos países de Latinoamérica.

“La mayor parte de las candidaturas LGBTI que han ganado y hoy ostentan cargos de elección popular, han sido una apuesta por la esperanza, por la inclusión y por la diversidad”, asegura Ortiz al Blade.

Explica que por ello desde el Global Equality Caucus, piensan que ese escenario puede permitirles articular una respuesta colectiva desde diferentes países, para impulsar una agenda colectiva. Por ello ya están trabajando en la región latinoamericana, con grupos de parlamentarios de diferentes países; se comenzará una priorización en México, Guatemala, Costa Rica, Colombia, Chile, Argentina, Brasil y Perú.

Estos fueron electos porque se identificó liderazgos que tienen una capacidad de incidencia fuerte en las diferentes sociedades de sus países, por lo que se cree que es una fortaleza tenerles a bordo del Global Equality Caucus.

Entre los objetivos que tienen está la eliminación de la discriminación en todas sus formas a las personas LGBTQ, las luchas contra las mal llamadas terapias de conversión y la garantía de los accesos a los servicios médicos sin discriminación para personas con VIH y los servicios médicos que requieren las personas trans en toda su vida.

Referente a la lucha contra las terapias de conversión, lanzaron en noviembre del 2021 una campaña global contra ellas, esto también ha contribuido a generar el debate nacional en diferentes países de Latinoamérica, para que exista legislación contra las terapias de conversión.

“En los países de Latinoamérica existe una idiosincrasia muy relacionada a la religiosidad, por lo cual hay países en los que han identificado casos incluso de torturas”, comenta Ortiz.

Por otra parte, a nivel regional, con el lanzamiento del capitulo latinoamericano, el Global Equality Caucus, tiene la expectativa de tener vocerías importantes en los diferentes países, por lo que creen tendrán una red consolidada de funcionariado electo tanto LGBTQ como heterosexuales aliados; para así en un futuro esto permita impulsar legislaciones y también transformaciones más sostenibles en el tiempo.

De acuerdo con lo que analiza Ortiz, los grupos anti-derechos por un lado están amenazando los avances que ya existen en los países, pero por otro buscan impulsar legislaciones que sean restrictivas y que dividan a las personas en su acceso a los derechos, creando así las categorías de ciudadano de primera y de segunda categoría.

Agrega que estos grupos anti-derechos, tendrán un papel muy preponderante en el próximo ciclo electoral de la región, por lo cual es necesaria esta articulación y hacerles frente.

Un salvadoreño ayudando la articulación regional

Ortiz se suma a esta iniciativa luego de su participación política en las elecciones del 2021 en El Salvador, también con el convencimiento de haber dado lucha por 10 años en el movimiento social LGBTQ del país, por lo cual no dudo en liderar este espacio para llevar la lucha a nivel regional, coincidiendo además con los movimientos que ya realizan activistas LGBTQ de la región.

El trabajo en El Salvador en este tema comenzará con la inclusión en el evento de lanzamiento del capitulo latinoamericano en México para luego desarrollar eventos locales. Se involucrará a las organizaciones de sociedad civil, como también a algunos diputados que se puede trabajar estos temas; entre los congresistas identificados están Anabel Belloso, Dina Argueta y Johnny Wright.

Esperan que en la medida que se pueda articular un esfuerzo regional, el impacto que se puede tener en las esferas nacionales será mayor, pues se contará con un liderazgo como el de Temístocles Villanueva en la Ciudad de México, Aldo Dávila en Guatemala, Jorge Cálix en Honduras, Enrique Sánchez en Costa Rica, Mauricio Toro y Angélica Lozano en Colombia, Susel Paredes en Perú, Emilia Schneider en Chile, Mara Brewer y Maximiliano Ferraro en Argentina, Toni Reis en Brasil y Tamara Adrián Hernández en Venezuela. 

En voz de Ortiz, menciona que el Global Equality Caucus se siente honrado en poder empezar a trabajar con ellas y ellos, el impulso de la agenda regional que permita una articulación que ayude a cambiar los entornos, pues también se espera que haya más funcionariado LGBTQ electo y aliados. Por ello se necesita trabajar los entornos en los que las candidaturas compitan.

“Si bien existe bastante trabajo articulado en el movimiento LGBT de la región, hace falta articular el funcionariado electo”, agrega.

Capítulo Latinoamérica comienza en México

El evento en la Ciudad de México contará con una nutrida participación de delegación mexicana de todos los niveles de gobierno, de diferentes Estados y de niveles de funcionariado; para la realización de este se cuenta con el asocio del Global Equality Caucus con el Victory Institute, All Out y Yaaj de México, que trabaja en específico contra los Esfuerzos por Corregir la Orientación Sexual e Identidad de Género (ECOSIG).

El resultado que se espera haya una mayor convicción de la necesidad de avanzar en materia de inclusión de las personas LGBTQ en los diferentes niveles de gobierno, “no es un caso aislado de una persona en contienda electoral, sino más bien un esfuerzo de país, desde diferentes Estados y localidades”, comenta Ortiz.

Este evento se llevará a cabo tanto en la Cancillería como en el Senado de México; se pretende con ello dejar un precedente importante, por todo el acompañamiento que se espera tener de las instituciones del gobierno mexicano, como también dejar clara la vocación del mismo a la hora de impulsar estas medidas.

También se espera contribuir con el debate en México sobre la necesidad de la legislación contra los ECOSIG, la cual está entrampada en el cenado de México, por lo que con este evento desean lograr una reflexión de los cenadores y cenadoras.

La oficina del Experto Independiente sobre orientación sexual e identidad de género de Naciones Unidas, Víctor Madrigal-Borloz, ha hecho un informe con respecto a los ECOSIG en la región, en los cual se ven puntos importantes donde la influencia religiosa es más fuerte y “los impactos son grandes”, expresó Ortiz; tal es el caso de países como en Perú, Brasil y México.

Pero en el caso Centro Americano, el problema que se tiene es la ausencia de información que ayude a dimensionar el problema que se tiene, “estamos seguras que los ECOSIG existen en el país”, agrega Ortiz; pero asegura que hay un pacto de silencio de la sociedad en la que estos eventos nunca alcanzan la opinión pública.

Por ello también otro objetivo del Global Equality Caucus en la región, es la producción de información, para que los gobiernos se hagan responsables sobre las realidades de las personas LGBTQ en sus territorios.

En términos legislativos en diferentes países latinoamericanos, sigue siendo difícil para las personas LGBTQ vivir en las realidades de sus países, por lo tanto, sigue siendo indispensable continuar avanzando en la eliminación de las barreras y de la discriminación que existe en cualquiera de sus formas.

‘El Salvador vive una realidad en la que no existe un estado de derecho’

En El Salvador será más difícil el trabajo de incorporar estos esfuerzos, de acuerdo con Ortiz, por el cierre cívico que se ha dado por el gobierno actual, por lo cual reitera que lo más importante es recuperar el sistema democrático del país y el estado de derecho. Dado que las luchas históricas de las personas LGBTQ en el país, se circunscriben en el avance de políticas públicas, pero fundamentalmente en el avance de legislaciones.

En palabras de Ortiz, menciona que “El Salvador vive una realidad en la que no existe un estado de derecho”, por lo que considera que pese a existir una necesidad de legislar en beneficio de la población LGBTQ salvadoreña, es más importante actualmente que los diversos movimientos existentes, es decir, personas LGBTQ, mujeres, juventudes, personas con discapacidad, afro descendencia, personas trabajadoras, entre otras; entiendan que es necesario formar una alianza para recuperar el estado de derechos y la democracia.

Entonces, indica Ortiz, que cuando se haya recuperado el estado de derecho y democracia, así tendría sentido la lucha por una legislación que es una deuda histórica. De lo contrario se caería en darle una herramienta a un régimen antidemocrático que le sirva para lavar y ocultar sus violaciones de derechos humanos. “Actualmente hay una nula protección a la garantía de los derechos humanos en El Salvador”, agrega.

Para Ortiz, el régimen antidemocrático y anti-derechos que se vive en el país ha hecho retroceder al menos 10 años en lo que respecta a la lucha por el reconocimiento de los derechos de las personas LGBTQ, tanto le ha costado al movimiento social. Por ello ve muy difícil el que el trabajo de las organizaciones LGBTQ avance, sino se entiende que seguir el trabajo solo tendrá sentido en un marco que respete la democracia y haga valer los derechos.

Es necesario entender las luchas de forma interseccional para poder enfrentar un régimen que busca homogenizar y eliminar las diferencias y las disidencias, “sobre todo cuando ven una amenaza latente en los movimientos feministas y LGBTI en El Salvador”, asegura Ortiz.

Dicho esto, Ortiz explica que todo eso se debe al cuestionamiento que dichos movimientos, realizan por el discurso de odio político que polariza y divide los unos contra los otros en El Salvador; también asegura que estos discursos han sido aplicados históricamente a la población LGBTQ salvadoreña y por ello están decididas a seguir la lucha contra el régimen anti-derechos.

Luchando desde diferentes trincheras

Erick Ortiz continua su labor como coordinador general del Colectivo Normal, próximos a lanzar la nueva plataforma de contenidos para el 2022; por ende, este trabajo va de la mano con la Federación Salvadoreña LGBTI, en donde aún funge como secretario de comunicaciones.

“Para mi es importante mantener las luchas en mi país, porque estamos en un momento muy crítico”, expresó al Blade Ortiz.

Además, su trabajo partidario dentro de Nuestro Tiempo continuará y analiza la posibilidad de entrar a participar de lleno a la estructura del partido. Pero sin duda tiene claro que debe comenzar a trabajar por las elecciones del 2024. “Mi intención a la hora de entrar en Nuestro Tiempo, es también llevar más candidaturas abiertamente LGBTI, tanto en Asamblea Legislativa, como en consejos municipales”, aclara Ortiz.

Ahora también trabajando con el Global Equality Caucus, está enfocado a desarrollar con mucho éxito este capítulo Latinoamericano, espera trabajar de la mano con Dávila en Guatemala, de igual manera con Cálix en Honduras, con Sánchez en Costa Rica y en El Salvador con Belloso y Wright.

“En Latinoamérica la lucha LGBTI tiene muchas oportunidades y también muchos desafíos, por lo que los esfuerzos de forma coordinada tendrán un impacto significativo en millones de personas”, concluye Ortiz.

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Ecuador

Adolescentes trans en Ecuador podrán cambiar datos en su cédula, pero con condicionamientos

Pueden modificar el campo de género en su documento de identidad con requisitos

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Edición Cientonce es el socio mediático del Washington Blade en Ecuador. Esta nota salió en su sitio web el 12 de marzo.

Por VICTOR H. CARREÑO | En una sentencia del 5 de febrero de 2026, la Corte Constitucional declaró inconstitucional el requisito legal de mayoría de edad para modificar el campo de sexo o género en la cédula de identidad y fija lineamientos para que adolescentes trans puedan cambiar estos datos.

El máximo organismo de control e interpretación constitucional incorpora dos requerimientos: que la persona adolescente se presente al procedimiento administrativo con sus padres y que informes psicosociales acrediten un grado de madurez.

El fallo resuelve una consulta de constitucionalidad de una unidad judicial que lleva una acción de protección contra el Registro Civil presentada por la familia de un adolescente trans que solicitó, en junio de 2023, modificar el campo de género en la cédula.

La institución se negó porque la Ley Orgánica de Gestión de la Identidad y Datos Civiles establece que la rectificación de sexo o género es un procedimiento para personas mayores de 18 años.

El adolescente, cuya identidad se protege en la sentencia, cuenta con el apoyo de sus padres en su transición, que inició en 2020. En una audiencia, su madre expuso que si bien en el ámbito familiar y en el sistema educativo se respeta la identidad de su hijo, fuera de estos hay situaciones, como en consultas médicas en el Seguro Social, en que debe presentar la cédula de él y quienes la reciben preguntan si es el documento equivocado.

En el desarrollo de la sentencia, la Corte expone por qué el requisito de tener mayoría de edad para acceder a la modificación de datos en la cédula es inconstitucional.

Entre varios motivos, explica que restringe los derechos al libre desarrollo de la personalidad e identidad, que la edad no puede exigirse como “criterio determinante y único” para determinar la madurez de un adolescente, y que la medida puede generar impactos negativos en el bienestar psicológico y emocional.

Por ello, indica que existen mecanismos alternativos como la evaluación individualizada, el acompañamiento técnico y la consideración del contexto familiar.

En ese sentido, la Corte dispone al Registro Civil que debe proceder al cambio de los datos de adolescentes trans cuando acudan acompañades de sus representantes legales y con el respaldo de informes psicosociales.

Estos informes, agrega la sentencia, deben ser de profesionales acreditados o de órganos técnicos públicos competentes que sean considerados por el Registro Civil.

El fallo tiene efectos para este caso y otros similares. A diferencia de otras sentencias, la Corte no ordena una reforma a la legislación.

La organización Silueta X, que difundió el caso en un comunicado el 11 de marzo, calificó el fallo como histórico y explicó que este crea jurisprudencia de cumplimiento obligatorio.

Sin embargo, otras organizaciones cuestionan los requisitos. Fundación Pakta indica que si bien la sentencia derriba la barrera etaria de la mayoría de edad, la inclusión de informes psicosociales contradice la tendencia global y regional hacia la despatologización.

Pakta menciona, por ejemplo, la Opinión Consultiva 24/17 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, instrumento que reconoce la identidad autopercebida de las personas y los derechos patrimoniales de parejas del mismo sexo.

El documento, recuerda Pakta en un comunicado, establece que para el reconocimiento de la identidad de género no se debe exigir certificados médicos ni psicológicos. Además, que la Organización Mundial de la Salud reconoció que la identidad trans no es una patología psiquiátrica.

Mientras que la activista Nua Fuentes, de Proyecto Transgénero, considera que los requisitos impuestos por la Corte pueden ser problemáticos. Menciona que frente al desconocimiento y prejuicios, profesionales de salud patologizan la identidad trans.

Además, señala que puede haber casos de que la familia y psicólogos expresen rechazo a la identidad trans y limiten los derechos de adolescentes trans. O también menciona casos de abandono de niñes y adolescentes trans y pregunta cómo reconocer su identidad si no cumplen con el requisito de acudir sin representantes legales.

Los condicionamientos para el cambio del campo de sexo o género en la cédula para adolescentes trans marcan también una diferencia con el procedimiento en personas trans de más de 18 años, pues estas —desde las reformas vigentes en 2024— no deben presentar requisitos. Solo su declaración expresa de ser una persona trans que desea que los datos de su cédula estén conformes a su identidad de género.

La madurez de niñeces y adolescencias ha sido un tema abordado en convenciones o instrumentos internacionales. La Convención sobre los Derechos del Niño de la ONU del 2009 es contundente al reconocerles como seres autónomos y capaces de formar sus propias opiniones a través de la experiencia, el entorno, las expectativas sociales y culturales.

Esta convención es mencionada en una sentencia de la Corte Constitucional en que reconoció la identidad de infancias y adolescencias trans en el sistema educativo.

En las Observaciones Generales del Comité de los Derechos del Niño, documentos de interpretación para los alcances de la mencionada Convención, se explica que la madurez es “la capacidad de comprender y evaluar las consecuencias de un asunto determinado”, lo cual debe considerarse en relación con su capacidad individual, contextos, entornos, experiencias de vida y familiar, desarrollo psicológico y no únicamente con su edad biológica.

Además, que la edad cronológica no determina la evolución de las capacidades de las niñeces y adolescencias porque estas crecen a lo largo del tiempo.

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Ecuador

Justicia reconoce delito de odio en caso de bullying en Instituto Nacional Mejía de Ecuador

Johana B se suicidó el 11 de abril de 2023

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(Imagen de cortesía)

Edición Cientonce es el socio mediático del Washington Blade en Ecuador. Esta nota salió en su sitio web el 9 de febrero.

A casi tres años del suicidio de Johana B., quien estudió en el Instituto Nacional Mejía, colegio emblemático de Quito, el Tribunal de la Corte Nacional de Justicia ratificó la condena para el alumno responsable del acoso escolar que la llevó a quitarse la vida.

Según información de la Fiscalía, el fallo de última instancia deja en firme la condena de cuatro años de internamiento en un centro para adolescentes infractores, en una audiencia de casación pedida por la defensa del agresor, tres meses antes de que prescriba el caso. 

Con la sentencia, este caso es uno de los primeros en el país en reconocer actos de odio por violencia de género, delito tipificado en el artículo 177 del Código Orgánico Penal Integral (COIP).

El suicidio de Johana B. ocurrió el 11 abril de 2023 y fue consecuencia del acoso escolar por estereotipos de género que enfrentó la estudiante por parte de su agresor, quien constantemente la insultaba y agredía por su forma de vestir, llevar el cabello corto o practicar actividades que hace años se consideraban exclusivamente para hombres, como ser mando de la Banda de Paz en el Instituto Nacional Mejía.

Desde la muerte de Johana, su familia buscaba justicia. Su padre, José, en una entrevista concedida a edición cientonce para la investigación periodística Los suicidios que quedan en el clóset a causa de la omisión estatal afirmó que su hija era acosada por su compañero y otres estudiantes con apodos como “marimacha”, lo que también fue corroborado en  los testimonios recogidos por la Unidad de Justicia Juvenil No. 4 de la Fiscalía. 

Los resultados de la autopsia psicológica y del examen antropológico realizados tras la muerte de Johana confirmaron las versiones de sus compañeras y docentes: que su agresor la acosó de manera sistemática durante dos años. Los empujones, jalones de cabello o burlas, incluso por su situación económica, eran constantes en el aula de clase. 

La violencia que recibió Johana escaló cuando su compañero le dio un codazo en la espalda ocasionándole una lesión que le imposibilitó caminar y asistir a clases.

Días después del hecho, la adolescente se quitó la vida en su casa, tras escuchar que la madre del agresor se negó a pagar la mitad del valor de una tomografía para determinar la lesión en su espalda, tal como lo había acordado previamente con sus padres y frente al personal del DECE (Departamento de Consejería Estudiantil del colegio), según versiones de su familia y la Fiscalía.

“Era una chica linda, fuerte, alegre. Siempre nos llevamos muy bien, hemos compartido todo. Nos dejó muchos recuerdos y todos nos sentimos tristes; siempre estamos pensando en ella. Es un vacío tan grande aquí, en este lugar”, expresó José a Edición Cientonce el año pasado. 

Para la fiscal del caso y de la Unidad de Justicia Juvenil de la Fiscalía, Martha Reino, el suicidio de la adolescente fue un agravante que se contempló durante la audiencia de juzgamiento de marzo de 2024, según explicó a este medio el año pasado. Desde entonces, la familia del agresor presentó un recurso de casación en la Corte Nacional de Justicia, que provocó la dilatación del proceso. 

En el fallo de última instancia, el Tribunal también dispuso que el agresor pague $3.000 a la familia de Johana B. como reparación integral. Además, el adolescente deberá recibir medidas socioeducativas, de acuerdo al artículo 385 del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, señala la Fiscalía.

El caso de Johana también destapó las omisiones y negligencias del personal del DECE y docentes del Instituto Nacional Mejía. En la etapa de instrucción fiscal se comprobó que no se aplicaron los protocolos respectivos para proteger a la víctima.

De hecho, la Fiscalía conoció el caso a raíz de la denuncia que presentó su padre, José, y no por el DECE, aseguró la fiscal el año pasado a Edición Cientonce.

Pese a estas omisiones presentadas en el proceso, el fallo de última instancia sólo ratificó la condena para el estudiante.

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Honduras

Corte IDH reconoce a Thalía Rodríguez como familia social de Leonela Zelaya

Se construyeron una familia tras más de una década de convivencia

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(Captura de pantalla de Reportar sin Miedo)

Reportar sin Miedo es el socio mediático del Washington Blade en Honduras. Esta nota salió en su sitio web el 19 de enero.

Por DORIS GONZÁLEZ * | TEGUCIGALPA, Honduras — En la sentencia del caso Leonela Zelaya y otra vs Honduras emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos se estableció un hito jurisprudencial para las personas LGBTQ en Honduras, así como en la región en relación a las diversas conformaciones de familias existentes. La Corte IDH interpretó por primera vez el concepto de familia social, indicando que la construcción de familia no debe restringirse a la familia nuclear o a nociones tradicionales, bajo el entendido de que hay diferentes formas en las que se materializan los vínculos familiares.

Este análisis se trae a colación debido al contexto de discriminación, prejuicio y violencia que atravesamos las personas LGBTQ, el cual se puede manifestar incluso dentro de nuestras propias familias. Esta violencia se manifiesta a través de actos de odio como ser el desarraigo familiar, violencia física, psicológica, social, económica, expulsiones de los hogares, violaciones correctivas e incluso, culminando en muertes violentas. Esta violencia motivada por la orientación sexual, identidad y expresión de género de las personas imposibilita la convivencia familiar.

Ante esto, las personas LGBTQ construimos vínculos sociales fuera del vínculo familiar tradicional, los cuales a través de la convivencia, amistad, apoyo económico-social y construcción de vida en común constituyen familias, tal como ocurrió en este caso.

Tras el abandono de su familia biológica, Leonela Zelaya y Thalía Rodríguez construyeron una familia tras más de una década de convivencia, en los cuales se apoyaron mutuamente en diversas situaciones, viviendo como mujeres trans, portadoras de VIH, ejerciendo el trabajo sexual y en situación de pobreza, enfrentando constantes episodios de detenciones arbitrarias y violentas por parte de los órganos policiales.

Tras su asesinato, fue Thalía quien recogió el cuerpo de Leonela en la morgue de Tegucigalpa y quien gestionó el féretro a través de la Funeraria del Pueblo. Los servicios fúnebres de Leonela Zelaya fueron realizados en un bar por mujeres trans, trabajadoras sexuales, al cual no asistió ningún miembro de su familia biológica.

El asesinato de Leonela y la falta de esclarecimiento generaron a Thalía un sentimiento de inseguridad, frustración e impotencia. Por estas violaciones de derechos humanos, la Corte reconoció a Thalía Rodríguez, en calidad de familiar de Leonela, como víctima del caso, generando estándares aplicables a todas las personas LGBTQ.

A juicio de la Corte, esta situación lleva a que, en casos de muertes violentas de mujeres trans, las personas que integren las redes de apoyo de la persona fallecida puedan ser declaradas víctimas por la violación de sus derechos a la integridad psíquica o moral, siempre que se acredite la existencia de un vínculo estrecho con la víctima y una afectación a sus derechos, derivada, por ejemplo, de las gestiones realizadas para obtener justicia. Esta sentencia logra reconocer que las personas LGBTQ construimos familias sociales, familias elegidas, e indica que estas deben ser reconocidas y validadas.


* Abogada litigante del caso Leonela Zelaya y otra vs Honduras, Red Lésbica Cattrachas

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