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El Código de las Familias ya es proyecto de ley en Cuba, pero no revelaron la fecha en que se realizará el referendo
El documento será consultado con la ciudadanía a partir de febrero
El Blade ha publicado una versión de esa noticia en inglés.
LA HABANA — El Código de las Familias, uno de los textos legales que probablemente han tenido más versiones en la historia jurídica de la Revolución Cubana, fue aprobado este martes como proyecto de ley por la Asamblea Nacional del Poder Popular.
Una nota publicada en la web del parlamento, comunicó además que el documento será consultado con la ciudadanía a partir de febrero de 2022 y hasta que concluya abril.
La presentación de la futura ley a los diputados, estuvo a cargo de Oscar Silvera Martínez, ministro de Justicia.
Silvera consideró que el nuevo Código de las Familias es “un proyecto moderno, plural, respetuoso, defensor de todos los derechos para todas las personas”.
La diputada Mariela Castro Espín, directora del Centro Nacional de Educación Sexual (Cenesex), conocida por su polémico activismo LGBTIQ+ al frente de esa institución, dijo que el Código “no quita derechos a nadie, sino que amplía las garantías de los derechos para todos”.
“Tenemos la responsabilidad histórica de aprobarlo para consolidar el carácter humanista de la Revolución”, insistió Castro Espín, que llamó “una participación consciente” en el referendo que vendrá después de la consulta popular.
La diputada consideró que el proyecto legislativo “contribuye a la erosión del patriarcado como dispositivo de opresión y dominación, a la democratización de las relaciones entre hombres y mujeres y las diferentes generaciones de los grupos familiares”.
El líder cubano Raúl Castro no hizo ninguna observación pública sobre el proyecto de ley, aunque asistió a esta sesión del parlamento. Los medios oficiales tampoco reportaron ninguna declaración del presidente Miguel Díaz-Canel, que hace pocos meses recibió en el Palacio de la Revolución a un grupo de activistas vinculados a Cenesex.
El futuro Código de las Familias propone la legalización de las uniones LGBTIQ+ y el acceso de las parejas beneficiadas a la adopción, la fertilización asistida e incluso a la denominada “gestación solidaria”, que permitirá a cualquier mujer tener un hijo para otra persona o pareja, con el requisito de una relación afectiva o familiar previa y sin que medie ningún pago.
El proyecto legal renueva conceptos como el de la “patria potestad” tradicional, que ahora se denominará «responsabilidad parental», y reconoce la validez de los vínculos “socioafectivos” entre las personas, además de los estrictamente biológicos.
Sin embargo, la primera versión pública del texto recibió críticas del activismo LGBTIQ+ y feminista, en particular por no proteger a las personas trans en el ámbito familiar y también por permitir excepcionalmente los matrimonios de menores de 18 años.
Esta última observación fue resuelta por la comisión redactora en la versión 23 del documento, presentada a la presidencia de la República en noviembre pasado. El matrimonio infantil no será permitido en Cuba, ni siquiera en determinados casos. En cambio, las personas trans continuaron ausentes en el texto.
El proyecto de ley fue aprobado por unanimidad y, según el periódico Trabajadores, la discusión de los diputados fue “emotiva y profunda”.
La consulta que viene
Alina Balseiro, presidenta del Consejo Electoral Nacional (Cen), ofreció detalles este domingo sobre la consulta del proyecto de ley a partir de febrero.
La funcionaria informó, ante dos comisiones del parlamento, que el Cen ya determinó 78.000 puntos de reunión en circunscripciones electorales de todo el país para presentar la futura ley a la ciudadanía.
“Se mantienen en las propuestas de los electores las categorías de modificación, adición, eliminación y dudas. Se incluyen las de favorables y otras. En todos los casos se cumplirá el principio de respetar el criterio de los electores y no se establecerán discusiones con los mismos”, dijo Balseiro.
En su exposición, la funcionaria aclaró que los electores podrán entregar sus observaciones por escrito o presentarlas verbalmente en las reuniones.
Según Balseiro, a finales de enero realizarán “un ejercicio práctico” para “promover la capacitación de todos los involucrados en las consultas”.
Después de “dos cortes informativos” con las propuestas de los electores procesadas por expertos, los resultados de la consulta serán entregados al parlamento en mayo de 2022. Se mantiene la opción de enviar opiniones por correo electrónico a la Asamblea.
Sin embargo, la funcionaria no especificó en qué fecha se celebrará el referendo, previsto en una de las disposiciones transitorias de la Constitución de 2019.
A partir de lo informado hasta ahora, se deduce que los resultados de la consulta popular estarán a disposición del parlamento para hacer nuevas modificaciones al proyecto de ley. Después se realizaría el referendo, una opción que ha sido usada en otros países antes de aprobar el matrimonio LGBTIQ+ y que, en todos los casos, fue criticada por el activismo. Cuba no es la excepción.
“Ni una sola mención explícita a la ciudadanía LGBTIQ+ en la Presentación del #CódigoDeLasFamilias”, posteó en Facebook el activista Yadiel Cepero.
Cepero fue el organizador de una protesta frente a la televisión cubana en 2020 después de la censura de un beso gay. También estuvo relacionado con la preparación de la marcha del 11 de mayo de 2019.
“La unidad del pueblo cubano no debe ni puede ser una excusa para limitar derechos a la ciudadanía LGBTIQ+. #HeDicho”, también posteó Cepero este martes.
Los activistas se han manifestado inconformes, desde el principio, con los procedimientos usados por las autoridades respecto al Código de las Familias. Hace varios meses, cuando se informó la constitución de la comisión redactora del texto, observaron que no había ninguna persona abiertamente LGBTIQ+ entre sus miembros.
“Falta ver cómo va a quedar después de esa consulta. Sigue siendo el mismo Poncio Pilatos que nos hicieron cuando el 68”, dijo en Facebook la activista Yeyé Hernández Molina, una de las gestoras de la campaña Ahora Sí.
El artículo 68 del anteproyecto de Constitución finalmente presentado en 2018, definía el matrimonio como “la unión de dos personas”.
El gobierno, presionado por varias iglesias cristianas, según confesó a un medio europeo la propia diputada Mariela Castro, acabó sustituyendo ese concepto por una fórmula vaga que dejaba abierta la puerta para legalizar las uniones LGBTIQ+ sin ser tan específico.
En las sesiones previas al referendo de la Constitución, el parlamento acordó un plazo de dos años para redactar el Código de las Familias, presentarlo públicamente y convocar a otro referendo. El plazo llegó a su fin.
Las mismas iglesias que combatieron el artículo 68 han estado haciendo declaraciones sobre el matrimonio LGBTIQ+ durante 2021, y con especial énfasis han criticado el programa de educación sexual “con enfoque de género” adoptado en febrero pasado por el Ministerio de Educación.
Después de amenazar con impedir que sus hijos asistieran a las escuelas públicas, estos grupos cristianos consiguieron que el gobierno postergara la implementación del programa.
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Juez colombiano suspendido por 15 años por negarse a casar a pareja del mismo sexo
Fue condenado ‘por desatender sus deberes y vulnerar el derecho de acceso a la justicia’
La Comisión Nacional de Disciplina Judicial en su sesión del 10 de abril de 2024, ha confirmado una sanción ejemplar contra el Juez Décimo Civil Municipal de Cartagena, Ramiro Flórez Torres, quien se negó a casar a una pareja del mismo sexo, vulnerando así su derecho al acceso a la justicia. Este caso, que tuvo lugar en agosto de 2020, ha generado gran controversia debido a la firme postura del juez, quien priorizó sus creencias religiosas por encima de las leyes que respaldan estas uniones civiles.
Al recibir la solicitud de la pareja, Flórez Torres expresó abiertamente su desacuerdo, argumentando que el matrimonio entre personas del mismo sexo contradecía sus principios morales cristianos.
“Ello contraría mi moral cristiana, va en contra de mis principios esenciales, y cuando exista conflicto entre lo que dice la ley humana y lo que dice la ley de Dios, yo prefiero la ley de Dios, porque prefiero agradar primero a mi Señor Dios todopoderoso, antes que al ser humano”, dijo el juez Flórez Torres en su momento.
Esta negativa inicial no disuadió a la pareja, quienes recurrieron a otras instancias y finalmente lograron celebrar su matrimonio en 2021.
El caso ante la justicia disciplinaria:
Por su parte, la Comisión Seccional Disciplinaria de Bolívar profirió pliego de cargos contra el Juez el 27 de marzo de 2023 por desatender el deber consagrado en el numeral 10 del artículo 153 de la Ley 270 de 1996, en concordancia con el artículo 230 de la Constitución, que le imponía aplicar los precedentes de la Corte Constitucional en materia de matrimonio igualitario, incurriendo en falta grave a título de dolo.
Las palabras del juez, que afirmó que su actitud no era discriminación sino una comprensión de las normas divinas, evidencian un conflicto entre la fe personal y el deber público. Sin embargo, las autoridades disciplinarias han sido claras en su dictamen: Flórez Torres enfrenta una inhabilitación de 15 años para ejercer cargos públicos debido a su falta grave de cumplimiento de deberes, según lo estipulado por la Ley 270 de 1996 y la Constitución.
Este caso no solo pone en relieve la importancia de separar las convicciones personales de la labor pública, sino que también resalta la necesidad de respetar y proteger los derechos de la comunidad LGBTIQ+. La resolución de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial es un paso significativo hacia la garantía de una ciudadanía plena para todas las personas en Colombia, independientemente de su orientación sexual o identidad de género. Es crucial que este tipo de decisiones no solo sancionen la conducta individual, sino que también sirvan como recordatorio de los valores de igualdad y no discriminación que deben prevalecer en una sociedad justa y equitativa.
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27 personas LGBTQ fueron asesinadas en Ecuador en 2023
Asociación Silueta X presenta el informe
POR VICTOR H. CARREÑO — La violencia criminal en Ecuador impactó por segundo año consecutivo en el número de asesinatos a personas LGBTIQ+. Según el informe Runa Sipiy, que anualmente presenta la Asociación Silueta X, por lo menos 27 personas de las diversidades sexogenéricas fueron asesinadas en 2023.
El año pasado fue el más violento en la historia de Ecuador con una tasa de más de 40 muertes por cada 100.000 habitantes, según la Policía. Este contexto incidió también en que 2023 sea el año con más casos de asesinatos y transfemicidios en el país desde 2010, de acuerdo a las cifras del informe.
Desde 2022 el número de crímenes contra personas LGBTIQ+ se ha incrementado. Ese año se reportaron 25 casos en un contexto de consolidación de las bandas narcodelictivas en Ecuador. En 2010, año que Silueta X inició con la recolección de muertes violentas, se reportaron ocho.
De los 27 asesinatos reportados en 2023, 23 están relacionados con delincuencia organizada y sicariato. Sin embargo, el mismo reporte aclara que el número real de asesinatos puede ser mayor por el subregistro de casos, pues no todos son denunciados.
David Gonzabay, coordinador de Silueta X en Guayaquil, señala que los casos de sicariatos deben ser investigados porque las víctimas no necesariamente estuvieron relacionadas con las bandas narcodelictivas.
“Muchas personas (víctimas de asesinatos) pertenecían a estratos vulnerables y eran un punto de atención para estas bandas criminales. Estos asesinatos se pudieron dar porque se rehusaron a pertenecer a estos grupos”, explica Gonzabay.
Desde 2022, organizaciones han denunciado que las mujeres trans que se dedican al trabajo sexual son víctimas de extorsiones y amenazas de las bandas narcodelictivas. Ese año, la activista Jéssica Martínez fue asesinada en Ambato después de denunciar amenazas por negarse a pagar las denominadas “vacunas”.
Este colectivo es el más vulnerable ante la escalada de violencia en Ecuador. De los 27 asesinatos reportados por el informe Runa Sipiy, 18 corresponden a mujeres trans.
El informe detalla que las cifras de asesinatos relacionadas con el crimen organizado exponen “la complejidad y gravedad de la violencia contra las personas LGBT+ y transgénero en Ecuador”.
“Estos hallazgos resaltan la necesidad de abordar no solo las consecuencias directas de estos actos violentos, sino también las estructuras sociales y criminales que perpetúan esta violencia”, señala el reporte.
El informe también menciona la crisis carcelaria y que las personas LGBTIQ+ privadas de libertad son vulnerables. Desde la declaratoria del conflicto armado interno, organizaciones han denunciado casos de mujeres trans que han sido víctimas de presuntas torturas durante las intervenciones militares.
Silueta X solicitó al Ministerio de la Mujer “pruebas contundentes” de que las mujeres trans no están siendo vejadas, pero hasta el cierre del informe no recibió respuesta.
Pedidos al Estado
Desde Silueta X y organizaciones aliadas, solicitan a la Fiscalía mayor celeridad en la investigación de delitos de odio contra personas de las diversidades sexogenéricas, pues la mayoría quedan en la impunidad.
Además, propone el fortalecimiento del Ministerio de la Mujer. Gonzabay explica que el incremento de asesinatos se ha dado en un contexto de debilitamiento del Estado y la escasa inversión en políticas públicas.
En lo que va de 2024, la Asociación Silueta X reporta 10 asesinatos contra personas LGBTIQ+. De ellos, 8 son transfemicidios.
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Congreso de Colombia avanza proyecto de ley que prohíbe ‘terapias de conversión’
Cámara de Representantes respaldó el propósito con 97 votos a favor
El Congreso de Colombia ha dado un paso significativo hacia la protección de los derechos humanos y la dignidad de las personas LGBTQ, al aprobar en segundo debate el proyecto de Ley 272, conocido como “Ley Inconvertibles”. Esta ley tiene como objetivo prohibir las mal llamadas terapias de conversión, que han sido denunciadas como una forma de tortura hacia individuos LGBTQ.
En la sesión celebrada el 20 de marzo, el pleno de la Cámara de Representantes respaldó este proyecto con 97 votos a favor y 18 en contra. Esta medida llega en un momento crucial, en el que se reconoce la grave violación de los derechos humanos que representan las mal llamadas terapias de conversión.
Durante años, miles de personas tanto en Colombia como en todo el mundo han sido sometidas a estas prácticas, que buscan cambiar su orientación sexual o identidad de género mediante métodos coercitivos y dañinos. Estas acciones, justificadas bajo la falaz premisa de “corregir” una supuesta enfermedad, han resultado en actos crueles y deshumanizantes.
La aprobación de este proyecto en la Cámara de Representantes es un avance crucial en la lucha contra estas prácticas abusivas. Sin embargo, el proceso legislativo aún no ha concluido, ya que el proyecto debe pasar por un tercer debate en el Senado colombiano, dentro de un total de cuatro debates requeridos.
En respuesta a esta importante noticia, activistas han llevado a cabo una movilización en redes sociales bajo los lemas #NadaQueCurar y #NoEsTerapiaEsTortura, destacando la necesidad de poner fin a estas prácticas que constituyen una violación flagrante de los derechos humanos.
El proyecto pasa ahora al Senado de la República y se espera su aprobación a finales de 2024.
United Methodist Church removes 40-year ban on gay clergy
Republican state AGs challenge Biden administration’s revised Title IX policies
University students have a right to protest
Former CAMP Rehoboth official sentenced to nine months in prison
Christian Siriano to serve as grand marshal of Annapolis Pride Parade
Md. governor signs Freedom to Read Act
HHS reverses Trump-era anti-LGBTQ rule
4th Circuit rules gender identity is a protected characteristic
PHOTOS: Capital Pride Pageant
