Noticias en Español
Global Equality Caucus trabaja por igualdad LGBTQ en Latinoamérica
Erick Iván Ortiz, ex candidato a diputado salvadoreño, se une al grupo
SAN SALVADOR, El Salvador — Las pasadas elecciones para diputado en el año 2021 fue un termómetro social de la percepción que tiene El Salvador y el peso político electoral que pueda tener la población LGBTQ, frente a una campaña desigual y que puso por primera vez a la población salvadoreña una candidatura abiertamente LGBTQ. Este fue el caso de Erick Iván Ortiz, quien, en las pasadas elecciones para diputados y consejos municipales, obtuvo 10,615 marcas en las papeletas por la diputación en el departamento de San Salvador, bajo la bandera del partido Nuestro Tiempo.
“Lo importante fue construir el camino y desdibujar el paradigma que las personas LGBTI no pueden competir y no tiene capacidad electoral de competir”, comenta Ortiz al Washington Blade sobre su experiencia en los pasados comicios.
Desde su punto de vista quedó de manifiesto que hay una parte de la ciudadanía que piensa que, si es importante que haya una representación de personas LGBTQ en el congreso, “a partir de eso si hemos visto un cierre del espacio cívico en El Salvador”, expresó.
Ortiz platica que se está viendo como la región latinoamericana y el mundo, ha tenido un resurgir de nacionalismo, fascismo y una consolidación de la ultraderecha, “esto en clave de poblaciones históricamente excluidas, se le puede identificar como grupos anti-derechos”, agrega.
Además, comenta que ese mismo fue el escenario en la pasada elección chilena, que también será igual con la elección en Brasil, seguramente en Colombia y México también, que este último ha tenido un aumento significativo de violencia hacia personas LGBTQ.
Frente a ese escenario a Ortiz se le presenta la oportunidad de empezar a trabajar con el Global Equality Caucus, una red internacional de parlamentarios y representantes electos, dedicada a abordar la discriminación contra las personas LGBTQ. La membresía está abierta a legisladores de todo el mundo, independientemente de su orientación sexual, identidad de género o características sexuales.
Son la única red internacional de representantes electos, enfocada exclusivamente en lograr la igualdad LGBTQ. Trabajan junto con ONG, empresas y gobiernos para promover e impulsar medidas contra la discriminación y la igualdad jurídica.
El 21 de junio de 2019 en New York se lanzó esta iniciativa, donde una delegación de representantes electos de todos los rincones del mundo habló sobre sus experiencias en la defensa de la igualdad y firmaron un compromiso para abordar la discriminación LGBTQ en todas sus formas, de la cual existe una declaración en el sitio web de la red.
Para septiembre del 2019, se lanzó el capítulo de Asia-Pacífico, por motivos de la pandemia no se pudo seguir el crecimiento de esta red, pero ya en 2022 tienen en marcha el fortalecimiento de su red en América Latina. Ortiz estará a cargo de la coordinación de membresías y proyectos.
El lanzamiento del capítulo latinoamericano será en dos eventos: Uno en la Ciudad de México el 1 y 2 de abril que incluirá a Centro América y el Caribe y el otro en mayo en Buenos Aires en donde se espera haya representación de toda Sur América. Hay que comprender que estas ciudades electas, son polos de gravedad política y social de la región latinoamericana, además son países donde el avance en términos de políticas y representación de personas LGBTQ ya tienen experiencia en la implementación de buenas prácticas.
“La idea al final hacerles frente a las amenazas que se puede identificar de grupos anti-derechos, que están acuerpados incluso con nuestras sociedades conservadoras”, expresa Ortiz; esto también amenaza los sistemas democráticos de los países.
Esta realidad no es algo nuevo para las poblaciones LGBTQ que viene de tener luchas históricas por el reconocimiento de sus derechos, la diferencia es que ahora hay funcionariado LGBTQ electo en muchos países de Latinoamérica.
“La mayor parte de las candidaturas LGBTI que han ganado y hoy ostentan cargos de elección popular, han sido una apuesta por la esperanza, por la inclusión y por la diversidad”, asegura Ortiz al Blade.
Explica que por ello desde el Global Equality Caucus, piensan que ese escenario puede permitirles articular una respuesta colectiva desde diferentes países, para impulsar una agenda colectiva. Por ello ya están trabajando en la región latinoamericana, con grupos de parlamentarios de diferentes países; se comenzará una priorización en México, Guatemala, Costa Rica, Colombia, Chile, Argentina, Brasil y Perú.
Estos fueron electos porque se identificó liderazgos que tienen una capacidad de incidencia fuerte en las diferentes sociedades de sus países, por lo que se cree que es una fortaleza tenerles a bordo del Global Equality Caucus.
Entre los objetivos que tienen está la eliminación de la discriminación en todas sus formas a las personas LGBTQ, las luchas contra las mal llamadas terapias de conversión y la garantía de los accesos a los servicios médicos sin discriminación para personas con VIH y los servicios médicos que requieren las personas trans en toda su vida.
Referente a la lucha contra las terapias de conversión, lanzaron en noviembre del 2021 una campaña global contra ellas, esto también ha contribuido a generar el debate nacional en diferentes países de Latinoamérica, para que exista legislación contra las terapias de conversión.
“En los países de Latinoamérica existe una idiosincrasia muy relacionada a la religiosidad, por lo cual hay países en los que han identificado casos incluso de torturas”, comenta Ortiz.
Por otra parte, a nivel regional, con el lanzamiento del capitulo latinoamericano, el Global Equality Caucus, tiene la expectativa de tener vocerías importantes en los diferentes países, por lo que creen tendrán una red consolidada de funcionariado electo tanto LGBTQ como heterosexuales aliados; para así en un futuro esto permita impulsar legislaciones y también transformaciones más sostenibles en el tiempo.
De acuerdo con lo que analiza Ortiz, los grupos anti-derechos por un lado están amenazando los avances que ya existen en los países, pero por otro buscan impulsar legislaciones que sean restrictivas y que dividan a las personas en su acceso a los derechos, creando así las categorías de ciudadano de primera y de segunda categoría.
Agrega que estos grupos anti-derechos, tendrán un papel muy preponderante en el próximo ciclo electoral de la región, por lo cual es necesaria esta articulación y hacerles frente.
Un salvadoreño ayudando la articulación regional
Ortiz se suma a esta iniciativa luego de su participación política en las elecciones del 2021 en El Salvador, también con el convencimiento de haber dado lucha por 10 años en el movimiento social LGBTQ del país, por lo cual no dudo en liderar este espacio para llevar la lucha a nivel regional, coincidiendo además con los movimientos que ya realizan activistas LGBTQ de la región.
El trabajo en El Salvador en este tema comenzará con la inclusión en el evento de lanzamiento del capitulo latinoamericano en México para luego desarrollar eventos locales. Se involucrará a las organizaciones de sociedad civil, como también a algunos diputados que se puede trabajar estos temas; entre los congresistas identificados están Anabel Belloso, Dina Argueta y Johnny Wright.
Esperan que en la medida que se pueda articular un esfuerzo regional, el impacto que se puede tener en las esferas nacionales será mayor, pues se contará con un liderazgo como el de Temístocles Villanueva en la Ciudad de México, Aldo Dávila en Guatemala, Jorge Cálix en Honduras, Enrique Sánchez en Costa Rica, Mauricio Toro y Angélica Lozano en Colombia, Susel Paredes en Perú, Emilia Schneider en Chile, Mara Brewer y Maximiliano Ferraro en Argentina, Toni Reis en Brasil y Tamara Adrián Hernández en Venezuela.
En voz de Ortiz, menciona que el Global Equality Caucus se siente honrado en poder empezar a trabajar con ellas y ellos, el impulso de la agenda regional que permita una articulación que ayude a cambiar los entornos, pues también se espera que haya más funcionariado LGBTQ electo y aliados. Por ello se necesita trabajar los entornos en los que las candidaturas compitan.
“Si bien existe bastante trabajo articulado en el movimiento LGBT de la región, hace falta articular el funcionariado electo”, agrega.
Capítulo Latinoamérica comienza en México
El evento en la Ciudad de México contará con una nutrida participación de delegación mexicana de todos los niveles de gobierno, de diferentes Estados y de niveles de funcionariado; para la realización de este se cuenta con el asocio del Global Equality Caucus con el Victory Institute, All Out y Yaaj de México, que trabaja en específico contra los Esfuerzos por Corregir la Orientación Sexual e Identidad de Género (ECOSIG).
El resultado que se espera haya una mayor convicción de la necesidad de avanzar en materia de inclusión de las personas LGBTQ en los diferentes niveles de gobierno, “no es un caso aislado de una persona en contienda electoral, sino más bien un esfuerzo de país, desde diferentes Estados y localidades”, comenta Ortiz.
Este evento se llevará a cabo tanto en la Cancillería como en el Senado de México; se pretende con ello dejar un precedente importante, por todo el acompañamiento que se espera tener de las instituciones del gobierno mexicano, como también dejar clara la vocación del mismo a la hora de impulsar estas medidas.
También se espera contribuir con el debate en México sobre la necesidad de la legislación contra los ECOSIG, la cual está entrampada en el cenado de México, por lo que con este evento desean lograr una reflexión de los cenadores y cenadoras.
La oficina del Experto Independiente sobre orientación sexual e identidad de género de Naciones Unidas, Víctor Madrigal-Borloz, ha hecho un informe con respecto a los ECOSIG en la región, en los cual se ven puntos importantes donde la influencia religiosa es más fuerte y “los impactos son grandes”, expresó Ortiz; tal es el caso de países como en Perú, Brasil y México.
Pero en el caso Centro Americano, el problema que se tiene es la ausencia de información que ayude a dimensionar el problema que se tiene, “estamos seguras que los ECOSIG existen en el país”, agrega Ortiz; pero asegura que hay un pacto de silencio de la sociedad en la que estos eventos nunca alcanzan la opinión pública.
Por ello también otro objetivo del Global Equality Caucus en la región, es la producción de información, para que los gobiernos se hagan responsables sobre las realidades de las personas LGBTQ en sus territorios.
En términos legislativos en diferentes países latinoamericanos, sigue siendo difícil para las personas LGBTQ vivir en las realidades de sus países, por lo tanto, sigue siendo indispensable continuar avanzando en la eliminación de las barreras y de la discriminación que existe en cualquiera de sus formas.
‘El Salvador vive una realidad en la que no existe un estado de derecho’
En El Salvador será más difícil el trabajo de incorporar estos esfuerzos, de acuerdo con Ortiz, por el cierre cívico que se ha dado por el gobierno actual, por lo cual reitera que lo más importante es recuperar el sistema democrático del país y el estado de derecho. Dado que las luchas históricas de las personas LGBTQ en el país, se circunscriben en el avance de políticas públicas, pero fundamentalmente en el avance de legislaciones.
En palabras de Ortiz, menciona que “El Salvador vive una realidad en la que no existe un estado de derecho”, por lo que considera que pese a existir una necesidad de legislar en beneficio de la población LGBTQ salvadoreña, es más importante actualmente que los diversos movimientos existentes, es decir, personas LGBTQ, mujeres, juventudes, personas con discapacidad, afro descendencia, personas trabajadoras, entre otras; entiendan que es necesario formar una alianza para recuperar el estado de derechos y la democracia.
Entonces, indica Ortiz, que cuando se haya recuperado el estado de derecho y democracia, así tendría sentido la lucha por una legislación que es una deuda histórica. De lo contrario se caería en darle una herramienta a un régimen antidemocrático que le sirva para lavar y ocultar sus violaciones de derechos humanos. “Actualmente hay una nula protección a la garantía de los derechos humanos en El Salvador”, agrega.
Para Ortiz, el régimen antidemocrático y anti-derechos que se vive en el país ha hecho retroceder al menos 10 años en lo que respecta a la lucha por el reconocimiento de los derechos de las personas LGBTQ, tanto le ha costado al movimiento social. Por ello ve muy difícil el que el trabajo de las organizaciones LGBTQ avance, sino se entiende que seguir el trabajo solo tendrá sentido en un marco que respete la democracia y haga valer los derechos.
Es necesario entender las luchas de forma interseccional para poder enfrentar un régimen que busca homogenizar y eliminar las diferencias y las disidencias, “sobre todo cuando ven una amenaza latente en los movimientos feministas y LGBTI en El Salvador”, asegura Ortiz.
Dicho esto, Ortiz explica que todo eso se debe al cuestionamiento que dichos movimientos, realizan por el discurso de odio político que polariza y divide los unos contra los otros en El Salvador; también asegura que estos discursos han sido aplicados históricamente a la población LGBTQ salvadoreña y por ello están decididas a seguir la lucha contra el régimen anti-derechos.
Luchando desde diferentes trincheras
Erick Ortiz continua su labor como coordinador general del Colectivo Normal, próximos a lanzar la nueva plataforma de contenidos para el 2022; por ende, este trabajo va de la mano con la Federación Salvadoreña LGBTI, en donde aún funge como secretario de comunicaciones.
“Para mi es importante mantener las luchas en mi país, porque estamos en un momento muy crítico”, expresó al Blade Ortiz.
Además, su trabajo partidario dentro de Nuestro Tiempo continuará y analiza la posibilidad de entrar a participar de lleno a la estructura del partido. Pero sin duda tiene claro que debe comenzar a trabajar por las elecciones del 2024. “Mi intención a la hora de entrar en Nuestro Tiempo, es también llevar más candidaturas abiertamente LGBTI, tanto en Asamblea Legislativa, como en consejos municipales”, aclara Ortiz.
Ahora también trabajando con el Global Equality Caucus, está enfocado a desarrollar con mucho éxito este capítulo Latinoamericano, espera trabajar de la mano con Dávila en Guatemala, de igual manera con Cálix en Honduras, con Sánchez en Costa Rica y en El Salvador con Belloso y Wright.
“En Latinoamérica la lucha LGBTI tiene muchas oportunidades y también muchos desafíos, por lo que los esfuerzos de forma coordinada tendrán un impacto significativo en millones de personas”, concluye Ortiz.
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The university that refuses to let go
Joanna Cifredo is a trans woman participating in University of Puerto Rico strike
Over the past days, I have been walking with a question that refuses to leave me. Not the kind of question you answer from a desk or from a distance, but one that grows out of what you witness in real time, at the gates, in the faces of those who remain there without knowing how any of this will end. What is truly happening inside the University of Puerto Rico, and why have so many students decided to risk everything at a moment when they can least afford to lose anything.
I write as someone who lives just steps away from the Río Piedras campus. These days, the silence has replaced the constant movement that once defined this space. The absence is felt in every corner where students used to pass at all hours. Since arriving in Puerto Rico three years ago, I have come to know firsthand stories that rarely make it into reports or official statements. One of the reasons I chose to stay was precisely this, to serve the university community, to help create a space where students could find something as basic as a safe meal at night and, in some way, ease burdens that are often carried in silence.
I have listened, asked questions, and tried to understand without imposing answers. What I have found is not a collective outburst or a generational whim. What exists is a fracture, a deep break between those making decisions and those living with their consequences every single day.
There has been an effort to reduce this strike to an issue of order, scheduling, or academic disruption. Conversations revolve around missed classes, delayed semesters, and students supposedly unaware of the consequences of their actions. What is rarely addressed are the conditions that lead an entire student body to pause its own future to sustain a protest that offers no guarantees.
Because that is the reality. These are students who fully understand what they are risking, and yet they remain. When someone reaches that point, the least they deserve is not judgment, but to be heard.
From the outside, there have also been attempts to discredit what is happening. Familiar narratives are repeated, legitimacy is questioned, and doubt is cast over intentions. It is easier to do that than to acknowledge that this did not begin at the gates, but long before, in decisions made without building trust.
And something must be said clearly. This is not limited to the gates of Río Piedras. What we are witnessing extends across every unit of the University of Puerto Rico system. Mayagüez, Ponce, Arecibo, Bayamón, Cayey, Humacao, Carolina, Aguadilla, Utuado, and the Medical Sciences Campus. This is not an isolated reaction. It is a movement that runs through the entire institution. Río Piedras may be more visible, but it is not alone. What is happening there reflects a broader unrest felt across the system.
Within that context, one demand has grown increasingly present, the call for the resignation of University of Puerto Rico President Zayira Jordán Conde. This is not the voice of a small group. It reflects a deeper level of mistrust that has spread across multiple campuses.
The Puerto Rican Association of University Professors has also made it clear that this is not solely a student issue. There is real concern among faculty, and a shared recognition of the conditions currently shaping the university. When students and professors arrive at the same conclusion, the problem can no longer be minimized.
Meanwhile, the administration continues to speak in the language of dialogue. But dialogue is not a word, it is a practice. And when trust has been broken, it cannot be restored through statements alone, but through decisions that prove a willingness to truly listen.
In the midst of all of this, there are voices that cannot be ignored. Voices grounded not in theory, but in lived experience. One of them is Joanna Cifredo, a student at the Mayagüez campus, a young Puerto Rican trans woman, and someone widely recognized for her advocacy.
I spoke with her in recent days. What follows is her voice, exactly as it is.
How would you describe what is happening inside the University of Puerto Rico right now, beyond what people see from the outside?
Estamos viviendo momentos muy difíciles, en el sentido de que hay mucha incertidumbre y una presión constante por parte de la administración para reabrir el recinto, pero, entre todo el caos e inestabilidad provocado por las decisiones de esta administración, también hemos vivido momentos muy poderosos. Esta lucha ha sacado lo mejor de nuestra comunidad.
Lo vimos en las asambleas y plenos, donde 1,500, 1,700, hasta 1,800 estudiantes llegaron —bajo lluvia, bajo advertencias de inundaciones— y aun así se quedaron, participaron y votaron a favor de una manifestación indefinida hasta que se atiendan nuestros reclamos.
He conocido a tantas personas en los diferentes portones, estudiantes graduados, aletas, estudiantes de intercambio, estudiantes de todo tipo de concentraciones y se unieron para apoyar el movimiento estudiantil. Estudiantes que vienen a los portones después del trabajo o antes de trabajar. Estudiantes que vienen a dejar agua y suministros entre turnos de trabajo. Viejitos que vienen a los portones con desayuno, almuerzo o cena.
Más allá de lo que se ve desde afuera, lo que estamos viviendo es una mezcla de tensión y resistencia, pero también de comunidad, solidaridad y compromiso colectivo.
Much of what is discussed remains at the level of headlines or social media. From your direct experience, what specific decisions or actions from the administration have led to this level of mobilization?
Desde el inicio, la designación de la Dra. Zayira Jordán Conde careció de respaldo dentro de la comunidad universitaria. No contaba con experiencia administrativa en la UPR ni con un conocimiento básico de nuestros procesos, cultura y reglamentos. Por eso, en asamblea, el estudiantado votó para solicitarle a la Junta de Gobierno que no considerara su candidatura, y múltiples organizaciones docentes hicieron lo mismo. Existía un consenso amplio de que no tenía la experiencia necesaria para liderar una institución como la nuestra.
A pesar de ese rechazo claro, la Junta de Gobierno decidió ignorar los reclamos de la comunidad universitaria e imponer su nombramiento.
Una vez en el cargo, su estilo de gobernanza ha sido poco transparente y poco colaborativo. Sin embargo, el detonante principal de la movilización en el Recinto Universitario de Mayagüez fue su decisión de destituir, de manera unilateral y en medio del semestre, a cinco rectores, incluyendo al nuestro, el Dr. Agustín Rullán Toro, para reemplazarlo por un rector interino, el Dr. Miguel Muñoz Muñoz.
Esta acción, tomada de forma abrupta, provocó de inmediato un clima de caos e inestabilidad dentro de la institución. Y deja una pregunta inevitable: ¿no anticipó el impacto de esa decisión, lo que evidenciaría una falta de experiencia? ¿O lo anticipó y aun así decidió proceder? No está claro cuál de las dos es más preocupante.
Además, esta decisión tuvo consecuencias concretas para el estudiantado, incluyendo el retiro de becas educativas para nuevos integrantes del RUM por parte de la Fundación Ceiba, que calificó la movida como “sorprendente” y “preocupante”. Decisiones impulsivas como la que tomó la presidenta ponen en peligro la estabilidad de nuestra institución y la acreditación de la universidad.
As a trans woman within this movement, how does your identity intersect with what is happening, and why does this also shape the future of people like you?
Soy una de varias chicas trans que formamos parte activa de este movimiento estudiantil.
For those outside the UPR who believe this does not affect them, what are the real consequences of this crisis?
La Universidad de Puerto Rico se fundó para servir al pueblo.
It is impossible to overstate the role the University of Puerto Rico and its students have played in shaping the social, cultural, and economic life of this country. Its impact extends into science, medicine, and every profession that has sustained Puerto Rico over time. No other educational institution has contributed more.
After listening to her, one thing becomes undeniable. This is not just another protest, but a generation refusing to let go of what little remains within its reach. And when a generation reaches that point, the issue is no longer the strike, the issue becomes the country itself.
Noticias en Español
La X vuelve al tribunal
Primer Circuito examina caso del reconocimiento de personas no binarias en Puerto Rico
Hace ocho meses escribí sobre este tema cuando todavía no había llegado al nivel judicial en el que se encuentra hoy. En ese momento, la discusión se movía entre decisiones administrativas, debates públicos y resistencias políticas. No era un asunto cerrado, pero tampoco había alcanzado el punto actual.
Hoy el escenario es distinto.
La organización Lambda Legal compareció ante el Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito en Boston para solicitar que se confirme una decisión que obliga al gobierno de Puerto Rico a emitir certificados de nacimiento que reflejen la identidad de las personas no binarias. La apelación se produce luego de que un tribunal de distrito concluyera que negar esa posibilidad constituye una violación a la Constitución de Estados Unidos.
Este elemento marca la diferencia. Ya no se trata de una discusión conceptual. Existe una determinación judicial que identificó un trato desigual.
El planteamiento de la parte demandante se sostiene en el propio marco legal vigente en Puerto Rico. Los certificados de nacimiento de identidad no son registros históricos inmutables. Son documentos utilizados para fines actuales y esenciales. Permiten acceder a empleo, educación y servicios, y son requeridos en múltiples gestiones ante el Estado. Su función es operativa.
En ese contexto, la exclusión de las personas no binarias no responde a una limitación jurídica. Puerto Rico permite la corrección de marcadores de género en certificados de nacimiento para personas trans binarias desde el caso Arroyo González v. Rosselló Nevares. Además, el Código Civil reconoce la existencia de certificados que reflejan la identidad de la persona más allá del registro original.
La diferencia radica en la aplicación.
El reconocimiento se concede dentro de categorías específicas, mientras que se excluye a quienes no se identifican dentro de ese esquema. Esa exclusión es el eje de la controversia actual.
El argumento presentado por Lambda Legal es preciso. Obligar a una persona a utilizar documentos que no reflejan su identidad implica someterla a una representación incorrecta en procesos fundamentales de la vida cotidiana. Esto puede generar dificultades prácticas, exposición innecesaria y situaciones de vulnerabilidad.
Las personas demandantes, nacidas en Puerto Rico, han planteado que el acceso a documentos precisos no es una cuestión simbólica, sino una necesidad básica para poder desenvolverse sin contradicciones impuestas por el propio Estado.
El hecho de que este caso se encuentre en el sistema federal introduce una dimensión adicional. No se trata de un proyecto legislativo ni de una política pública en discusión. Es una controversia constitucional. El análisis gira en torno a derechos y a la aplicación equitativa de las leyes.
Este proceso tampoco ocurre en aislamiento.
Se desarrolla en un contexto donde los debates sobre identidad y derechos han estado marcados por una mayor presencia de posturas conservadoras en la esfera pública, tanto en Estados Unidos como en Puerto Rico. En el ámbito local, esa influencia ha sido visible en discusiones legislativas recientes, donde argumentos de carácter religioso han comenzado a formar parte del debate sobre política pública. Esa intersección introduce tensiones en torno a la separación entre iglesia y Estado y tiene efectos concretos en el acceso a derechos.
Señalar este contexto no implica cuestionar la fe ni la práctica religiosa. Implica reconocer que, cuando determinados argumentos se trasladan al ejercicio del poder público, pueden incidir en decisiones que afectan a sectores específicos de la población.
Desde Puerto Rico, esta situación no se observa a distancia. Se experimenta en la práctica diaria. En la necesidad de presentar documentos que no corresponden con la identidad de quien los porta. En las implicaciones que esto tiene en espacios laborales, educativos y administrativos.
El avance de este caso abre una posibilidad de cambio en el marco legal aplicable. No porque resuelva de inmediato todas las tensiones en torno al tema, sino porque establece un punto de análisis jurídico sobre una práctica que hasta ahora ha operado bajo criterios restrictivos.
A diferencia de hace ocho meses, el escenario actual incluye una determinación judicial que ya identificó una violación de derechos. Lo que corresponde ahora es evaluar si esa determinación se sostiene en una instancia superior.
Ese proceso no define un resultado inmediato, pero sí establece un nuevo punto de referencia.
El debate ya no es teórico.
Ahora es judicial.
Cuba
Cuba bajo presión y sin respuestas
Cubanos no hablan en términos geopolíticos. Hablan de sobrevivir
Las tensiones entre Estados Unidos y Cuba han vuelto a subir de tono. No es algo nuevo, pero este momento se siente distinto. Las medidas más recientes desde Washington buscan cerrar aún más los espacios financieros del gobierno cubano, limitar sus fuentes de ingreso y presionar sectores clave de la economía. No es simbólico. Es una política directa.
Desde Estados Unidos, el mensaje es claro. Se busca provocar cambios que no han ocurrido en más de seis décadas. También hay un componente interno, una presión política que responde a sectores del exilio que llevan años exigiendo una postura más dura. Todo eso forma parte del escenario.
Pero esa es solo una parte.
Del lado cubano, la respuesta sigue un patrón conocido. El gobierno habla de agresión externa, de guerra económica, de un embargo que se endurece. Cada medida se convierte en argumento para reforzar su narrativa y cerrar filas. No hay espacio para reconocer errores propios. Todo apunta hacia afuera.
Mientras tanto, la vida en la isla va por otro camino.
La crisis energética que hoy vive Cuba no empezó con estas medidas. Lleva años acumulándose. El sistema eléctrico está deteriorado, sin mantenimiento suficiente, con fallas constantes. Los apagones no son nuevos. Lo que ha cambiado es la frecuencia y la duración.
Durante años entró petróleo a Cuba, especialmente desde Venezuela. Hubo acuerdos. Hubo suministro. Y aun así, la vida del cubano no mejoró. La electricidad seguía fallando, el combustible seguía racionado, el transporte seguía siendo un problema diario.
Entonces la pregunta sigue siendo la misma.
Si el petróleo estaba entrando, ¿por qué nada cambiaba?
¿Dónde fue a parar ese recurso?
¿Dónde está el dinero que generó?
Hoy se habla de restricciones al petróleo como si fueran la causa principal de la crisis. No lo son. Empeoran una situación ya frágil, pero no la explican completamente.
Hay una historia más larga que no se puede ignorar.
Lo mismo ocurre con las brigadas médicas.
Durante años se presentaron como un gesto de solidaridad internacional. Y en muchos casos lo fueron. Médicos cubanos trabajaron en condiciones difíciles, salvaron vidas, sostuvieron sistemas de salud en otros países. Eso es real.
Pero también funcionaron como una de las principales fuentes de ingreso del Estado cubano.
Muchos de esos profesionales no recibían el salario completo por su trabajo. Una parte significativa quedaba en manos del gobierno. En algunos casos, ni siquiera tenían control sobre el dinero que generaban.
Y hay algo más duro.
Si uno de esos médicos decidía no regresar a Cuba, ese dinero no llegaba a su familia. Se quedaba retenido.
Hoy varios países están revisando o cancelando esos acuerdos. Y otra vez, la respuesta oficial es señalar hacia afuera. Pero la pregunta sigue siendo inevitable.
¿Se está perdiendo un modelo de cooperación o un sistema que dependía del control sobre sus propios profesionales?
Dentro de Cuba, la conversación suena diferente.
La gente no habla en términos geopolíticos. Habla de sobrevivir. De cómo llegar al final del día. De los apagones, de la comida que no alcanza, del transporte que no aparece, de una vida que cada vez se hace más difícil.
Hay quienes miran las medidas de Estados Unidos con cierta expectativa. No porque quieran más escasez, sino porque sienten que el sistema no cambia por sí solo. Hay una sensación de estancamiento que pesa.
Pero esa expectativa convive con una realidad concreta.
Las sanciones no golpean primero a quienes toman decisiones. Golpean al ciudadano común. Al que hace la fila. Al que pierde la comida por falta de electricidad. Al que no tiene cómo moverse.
Esa es la contradicción.
El gobierno cubano pide solidaridad internacional. Y la recibe. Países que envían ayuda, organizaciones que se movilizan, voces que defienden a la isla.
Pero hay otra pregunta que también está ahí.
¿Esa ayuda llega realmente al pueblo?
La falta de transparencia en la distribución de recursos es parte del problema. Porque no se trata solo de lo que entra, sino de lo que realmente llega a quienes lo necesitan.
Reducir lo que pasa en Cuba a un conflicto entre dos gobiernos es no querer ver el cuadro completo.
Aquí hay responsabilidades compartidas, pero no iguales.
Estados Unidos ejerce presión con efectos reales sobre la economía cubana. Eso no se puede negar. Pero dentro de la isla hay un sistema que ha tenido décadas para corregir, para abrir, para responder a su gente, y no lo ha hecho.
Esa parte no se puede seguir esquivando.
Yo escribo esto como cubano. Desde lo que vi, desde lo que viví y desde la gente que sigue allá tratando de resolver el día.
Porque al final, más allá de lo que se diga entre gobiernos, la realidad es otra.
Cuba hoy está más apretada, sí. Pero también lleva años arrastrando problemas que nadie ha querido enfrentar de verdad.
Y mientras eso siga así, da igual lo que venga de afuera. El problema sigue estando adentro.
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