Noticias en Español
Global Equality Caucus trabaja por igualdad LGBTQ en Latinoamérica
Erick Iván Ortiz, ex candidato a diputado salvadoreño, se une al grupo
SAN SALVADOR, El Salvador — Las pasadas elecciones para diputado en el año 2021 fue un termómetro social de la percepción que tiene El Salvador y el peso político electoral que pueda tener la población LGBTQ, frente a una campaña desigual y que puso por primera vez a la población salvadoreña una candidatura abiertamente LGBTQ. Este fue el caso de Erick Iván Ortiz, quien, en las pasadas elecciones para diputados y consejos municipales, obtuvo 10,615 marcas en las papeletas por la diputación en el departamento de San Salvador, bajo la bandera del partido Nuestro Tiempo.
“Lo importante fue construir el camino y desdibujar el paradigma que las personas LGBTI no pueden competir y no tiene capacidad electoral de competir”, comenta Ortiz al Washington Blade sobre su experiencia en los pasados comicios.
Desde su punto de vista quedó de manifiesto que hay una parte de la ciudadanía que piensa que, si es importante que haya una representación de personas LGBTQ en el congreso, “a partir de eso si hemos visto un cierre del espacio cívico en El Salvador”, expresó.
Ortiz platica que se está viendo como la región latinoamericana y el mundo, ha tenido un resurgir de nacionalismo, fascismo y una consolidación de la ultraderecha, “esto en clave de poblaciones históricamente excluidas, se le puede identificar como grupos anti-derechos”, agrega.
Además, comenta que ese mismo fue el escenario en la pasada elección chilena, que también será igual con la elección en Brasil, seguramente en Colombia y México también, que este último ha tenido un aumento significativo de violencia hacia personas LGBTQ.
Frente a ese escenario a Ortiz se le presenta la oportunidad de empezar a trabajar con el Global Equality Caucus, una red internacional de parlamentarios y representantes electos, dedicada a abordar la discriminación contra las personas LGBTQ. La membresía está abierta a legisladores de todo el mundo, independientemente de su orientación sexual, identidad de género o características sexuales.
Son la única red internacional de representantes electos, enfocada exclusivamente en lograr la igualdad LGBTQ. Trabajan junto con ONG, empresas y gobiernos para promover e impulsar medidas contra la discriminación y la igualdad jurídica.
El 21 de junio de 2019 en New York se lanzó esta iniciativa, donde una delegación de representantes electos de todos los rincones del mundo habló sobre sus experiencias en la defensa de la igualdad y firmaron un compromiso para abordar la discriminación LGBTQ en todas sus formas, de la cual existe una declaración en el sitio web de la red.
Para septiembre del 2019, se lanzó el capítulo de Asia-Pacífico, por motivos de la pandemia no se pudo seguir el crecimiento de esta red, pero ya en 2022 tienen en marcha el fortalecimiento de su red en América Latina. Ortiz estará a cargo de la coordinación de membresías y proyectos.
El lanzamiento del capítulo latinoamericano será en dos eventos: Uno en la Ciudad de México el 1 y 2 de abril que incluirá a Centro América y el Caribe y el otro en mayo en Buenos Aires en donde se espera haya representación de toda Sur América. Hay que comprender que estas ciudades electas, son polos de gravedad política y social de la región latinoamericana, además son países donde el avance en términos de políticas y representación de personas LGBTQ ya tienen experiencia en la implementación de buenas prácticas.
“La idea al final hacerles frente a las amenazas que se puede identificar de grupos anti-derechos, que están acuerpados incluso con nuestras sociedades conservadoras”, expresa Ortiz; esto también amenaza los sistemas democráticos de los países.
Esta realidad no es algo nuevo para las poblaciones LGBTQ que viene de tener luchas históricas por el reconocimiento de sus derechos, la diferencia es que ahora hay funcionariado LGBTQ electo en muchos países de Latinoamérica.
“La mayor parte de las candidaturas LGBTI que han ganado y hoy ostentan cargos de elección popular, han sido una apuesta por la esperanza, por la inclusión y por la diversidad”, asegura Ortiz al Blade.
Explica que por ello desde el Global Equality Caucus, piensan que ese escenario puede permitirles articular una respuesta colectiva desde diferentes países, para impulsar una agenda colectiva. Por ello ya están trabajando en la región latinoamericana, con grupos de parlamentarios de diferentes países; se comenzará una priorización en México, Guatemala, Costa Rica, Colombia, Chile, Argentina, Brasil y Perú.
Estos fueron electos porque se identificó liderazgos que tienen una capacidad de incidencia fuerte en las diferentes sociedades de sus países, por lo que se cree que es una fortaleza tenerles a bordo del Global Equality Caucus.
Entre los objetivos que tienen está la eliminación de la discriminación en todas sus formas a las personas LGBTQ, las luchas contra las mal llamadas terapias de conversión y la garantía de los accesos a los servicios médicos sin discriminación para personas con VIH y los servicios médicos que requieren las personas trans en toda su vida.
Referente a la lucha contra las terapias de conversión, lanzaron en noviembre del 2021 una campaña global contra ellas, esto también ha contribuido a generar el debate nacional en diferentes países de Latinoamérica, para que exista legislación contra las terapias de conversión.
“En los países de Latinoamérica existe una idiosincrasia muy relacionada a la religiosidad, por lo cual hay países en los que han identificado casos incluso de torturas”, comenta Ortiz.
Por otra parte, a nivel regional, con el lanzamiento del capitulo latinoamericano, el Global Equality Caucus, tiene la expectativa de tener vocerías importantes en los diferentes países, por lo que creen tendrán una red consolidada de funcionariado electo tanto LGBTQ como heterosexuales aliados; para así en un futuro esto permita impulsar legislaciones y también transformaciones más sostenibles en el tiempo.
De acuerdo con lo que analiza Ortiz, los grupos anti-derechos por un lado están amenazando los avances que ya existen en los países, pero por otro buscan impulsar legislaciones que sean restrictivas y que dividan a las personas en su acceso a los derechos, creando así las categorías de ciudadano de primera y de segunda categoría.
Agrega que estos grupos anti-derechos, tendrán un papel muy preponderante en el próximo ciclo electoral de la región, por lo cual es necesaria esta articulación y hacerles frente.
Un salvadoreño ayudando la articulación regional
Ortiz se suma a esta iniciativa luego de su participación política en las elecciones del 2021 en El Salvador, también con el convencimiento de haber dado lucha por 10 años en el movimiento social LGBTQ del país, por lo cual no dudo en liderar este espacio para llevar la lucha a nivel regional, coincidiendo además con los movimientos que ya realizan activistas LGBTQ de la región.
El trabajo en El Salvador en este tema comenzará con la inclusión en el evento de lanzamiento del capitulo latinoamericano en México para luego desarrollar eventos locales. Se involucrará a las organizaciones de sociedad civil, como también a algunos diputados que se puede trabajar estos temas; entre los congresistas identificados están Anabel Belloso, Dina Argueta y Johnny Wright.
Esperan que en la medida que se pueda articular un esfuerzo regional, el impacto que se puede tener en las esferas nacionales será mayor, pues se contará con un liderazgo como el de Temístocles Villanueva en la Ciudad de México, Aldo Dávila en Guatemala, Jorge Cálix en Honduras, Enrique Sánchez en Costa Rica, Mauricio Toro y Angélica Lozano en Colombia, Susel Paredes en Perú, Emilia Schneider en Chile, Mara Brewer y Maximiliano Ferraro en Argentina, Toni Reis en Brasil y Tamara Adrián Hernández en Venezuela.
En voz de Ortiz, menciona que el Global Equality Caucus se siente honrado en poder empezar a trabajar con ellas y ellos, el impulso de la agenda regional que permita una articulación que ayude a cambiar los entornos, pues también se espera que haya más funcionariado LGBTQ electo y aliados. Por ello se necesita trabajar los entornos en los que las candidaturas compitan.
“Si bien existe bastante trabajo articulado en el movimiento LGBT de la región, hace falta articular el funcionariado electo”, agrega.
Capítulo Latinoamérica comienza en México
El evento en la Ciudad de México contará con una nutrida participación de delegación mexicana de todos los niveles de gobierno, de diferentes Estados y de niveles de funcionariado; para la realización de este se cuenta con el asocio del Global Equality Caucus con el Victory Institute, All Out y Yaaj de México, que trabaja en específico contra los Esfuerzos por Corregir la Orientación Sexual e Identidad de Género (ECOSIG).
El resultado que se espera haya una mayor convicción de la necesidad de avanzar en materia de inclusión de las personas LGBTQ en los diferentes niveles de gobierno, “no es un caso aislado de una persona en contienda electoral, sino más bien un esfuerzo de país, desde diferentes Estados y localidades”, comenta Ortiz.
Este evento se llevará a cabo tanto en la Cancillería como en el Senado de México; se pretende con ello dejar un precedente importante, por todo el acompañamiento que se espera tener de las instituciones del gobierno mexicano, como también dejar clara la vocación del mismo a la hora de impulsar estas medidas.
También se espera contribuir con el debate en México sobre la necesidad de la legislación contra los ECOSIG, la cual está entrampada en el cenado de México, por lo que con este evento desean lograr una reflexión de los cenadores y cenadoras.
La oficina del Experto Independiente sobre orientación sexual e identidad de género de Naciones Unidas, Víctor Madrigal-Borloz, ha hecho un informe con respecto a los ECOSIG en la región, en los cual se ven puntos importantes donde la influencia religiosa es más fuerte y “los impactos son grandes”, expresó Ortiz; tal es el caso de países como en Perú, Brasil y México.
Pero en el caso Centro Americano, el problema que se tiene es la ausencia de información que ayude a dimensionar el problema que se tiene, “estamos seguras que los ECOSIG existen en el país”, agrega Ortiz; pero asegura que hay un pacto de silencio de la sociedad en la que estos eventos nunca alcanzan la opinión pública.
Por ello también otro objetivo del Global Equality Caucus en la región, es la producción de información, para que los gobiernos se hagan responsables sobre las realidades de las personas LGBTQ en sus territorios.
En términos legislativos en diferentes países latinoamericanos, sigue siendo difícil para las personas LGBTQ vivir en las realidades de sus países, por lo tanto, sigue siendo indispensable continuar avanzando en la eliminación de las barreras y de la discriminación que existe en cualquiera de sus formas.
‘El Salvador vive una realidad en la que no existe un estado de derecho’
En El Salvador será más difícil el trabajo de incorporar estos esfuerzos, de acuerdo con Ortiz, por el cierre cívico que se ha dado por el gobierno actual, por lo cual reitera que lo más importante es recuperar el sistema democrático del país y el estado de derecho. Dado que las luchas históricas de las personas LGBTQ en el país, se circunscriben en el avance de políticas públicas, pero fundamentalmente en el avance de legislaciones.
En palabras de Ortiz, menciona que “El Salvador vive una realidad en la que no existe un estado de derecho”, por lo que considera que pese a existir una necesidad de legislar en beneficio de la población LGBTQ salvadoreña, es más importante actualmente que los diversos movimientos existentes, es decir, personas LGBTQ, mujeres, juventudes, personas con discapacidad, afro descendencia, personas trabajadoras, entre otras; entiendan que es necesario formar una alianza para recuperar el estado de derechos y la democracia.
Entonces, indica Ortiz, que cuando se haya recuperado el estado de derecho y democracia, así tendría sentido la lucha por una legislación que es una deuda histórica. De lo contrario se caería en darle una herramienta a un régimen antidemocrático que le sirva para lavar y ocultar sus violaciones de derechos humanos. “Actualmente hay una nula protección a la garantía de los derechos humanos en El Salvador”, agrega.
Para Ortiz, el régimen antidemocrático y anti-derechos que se vive en el país ha hecho retroceder al menos 10 años en lo que respecta a la lucha por el reconocimiento de los derechos de las personas LGBTQ, tanto le ha costado al movimiento social. Por ello ve muy difícil el que el trabajo de las organizaciones LGBTQ avance, sino se entiende que seguir el trabajo solo tendrá sentido en un marco que respete la democracia y haga valer los derechos.
Es necesario entender las luchas de forma interseccional para poder enfrentar un régimen que busca homogenizar y eliminar las diferencias y las disidencias, “sobre todo cuando ven una amenaza latente en los movimientos feministas y LGBTI en El Salvador”, asegura Ortiz.
Dicho esto, Ortiz explica que todo eso se debe al cuestionamiento que dichos movimientos, realizan por el discurso de odio político que polariza y divide los unos contra los otros en El Salvador; también asegura que estos discursos han sido aplicados históricamente a la población LGBTQ salvadoreña y por ello están decididas a seguir la lucha contra el régimen anti-derechos.
Luchando desde diferentes trincheras
Erick Ortiz continua su labor como coordinador general del Colectivo Normal, próximos a lanzar la nueva plataforma de contenidos para el 2022; por ende, este trabajo va de la mano con la Federación Salvadoreña LGBTI, en donde aún funge como secretario de comunicaciones.
“Para mi es importante mantener las luchas en mi país, porque estamos en un momento muy crítico”, expresó al Blade Ortiz.
Además, su trabajo partidario dentro de Nuestro Tiempo continuará y analiza la posibilidad de entrar a participar de lleno a la estructura del partido. Pero sin duda tiene claro que debe comenzar a trabajar por las elecciones del 2024. “Mi intención a la hora de entrar en Nuestro Tiempo, es también llevar más candidaturas abiertamente LGBTI, tanto en Asamblea Legislativa, como en consejos municipales”, aclara Ortiz.
Ahora también trabajando con el Global Equality Caucus, está enfocado a desarrollar con mucho éxito este capítulo Latinoamericano, espera trabajar de la mano con Dávila en Guatemala, de igual manera con Cálix en Honduras, con Sánchez en Costa Rica y en El Salvador con Belloso y Wright.
“En Latinoamérica la lucha LGBTI tiene muchas oportunidades y también muchos desafíos, por lo que los esfuerzos de forma coordinada tendrán un impacto significativo en millones de personas”, concluye Ortiz.
Honduras
Detienen a Romeo Vásquez por asesinato de Isy Obed: ¿cuándo pagará por Vicky Hernández?
Líder trans fue asesinada durante el golpe de estado de 2019
TEGUCIGALPA, Honduras — Casi 16 años después del asesinato de la líder trans Vicky Hernández, el general retirado Romeo Vásquez Velásquez fue capturado hoy como supuesto responsable de la muerte violenta de Isy Obed Murillo durante el golpe de Estado de 2009.
Tras el arresto, la opinión pública ha exigido justicia para Isy Murillo y la activista trans. Ambos fueron las primeras víctimas mortales del toque de queda encabezado por Vásquez Velásquez tras el golpe de Estado contra Manuel Zelaya Rosales en 2009.
La opinión pública se pregunta si de este modo se está allanando el camino para que los responsables paguen por el asesinato de Vicky Hernández e Isy Obed.
Junto con el general en retiro, las autoridades capturaron a otros jerarcas de las Fuerzas Armadas.
Estos arrestos, según el Ministerio Público, se deben a que estos militares comandaron y lideraron el operativo en que soldados abrieron fuego contra manifestantes opuestos al golpe de Estado, el 5 de julio de 2009.
Ese día, cientos de hondureños se aglomeraron cerca del aeropuerto Toncontín, en Tegucigalpa, para manifestarse y recibir al presidente Manuel Zelaya Rosales, quien iba a regresar en avión a Honduras.
Sin embargo, el ejército impidió la entrada de Zelaya en una acción en la cual mató de un balazo en la cabeza al joven Isy Obed Murillo.
«No solo incumplieron su deber de supervisar y controlar a sus subordinados, sino que, con pleno conocimiento de los hechos, permitieron y facilitaron estas atrocidades», dijo el MP en un comunicado.
A través de sus redes sociales, Romeo Vásquez respondió que la acusación en su contra es un intento del Gobierno de «callarlo a cualquier costo».
¿Pagará Romeo por el asesinato de Vicky?
Con la captura de Romeo Vásquez, el gobierno de Xiomara Castro parece haber dado un paso firme en busca de justicia para las víctimas del golpe de Estado de 2009.
Sin embargo, los arrestos de hoy han recibido también las críticas de grupos de la oposición y críticos de la administración de la presidenta Castro.
Por otro lado, la ciudadanía espera que no solo se haga justicia en el caso de Isy Obed Murillo, sino también en el de centenares de víctimas durante el mandato del general Romeo Vásquez bajo el gobierno de facto de Roberto Micheletti.
Por sobre todo, urge que las capturas de hoy abran la puerta para que las poblaciones LGBTQ victimizadas durante el golpe de Estado de hace 16 años reciban por fin una justicia largamente esperada.
Así, defensoras de los derechos de las diversidades esperan que las acciones de hoy sirvan para reivindicar a activistas como Vicky Hernández, asesinada entre el 28 y 29 de julio de 2009.
“¿Cuándo pagará Romeo Vásquez por el asesinato de Vicky Hernández?” es la pregunta que se hacen las organizaciones defensoras de derechos humanos de las poblaciones de la diversidad sexual en Honduras.
Según la sentencia de Vicky Hernández vs Honduras, la muerte de Vicky fue una ejecución extrajudicial cometida entre el 28 de junio y la madrugada del 29 de junio en San Pedro Sula, norte de Honduras.
El asesinato de la líder trans se dio en el marco del toque de queda y el golpe de Estado ejecutado por Roberto Micheletti contra Manuel “Mel” Zelaya a través del jefe de las Fuerzas Armadas, Romeo Vásquez Velásquez.
“Como representantes de las víctimas, exigimos justicia y no olvidar los asesinatos de personas LGBTI+ en el marco del golpe de Estado”, afirmó Indyra Mendoza de la Red Lésbica Cattrachas.
Asimismo, la Red Lésbica Cattrachas pidió al Ministerio Público que no olvide la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) del caso “Vicky Hernández vs Honduras”, donde se especifica que el asesinato de la líder trans fue una ejecución extrajudicial.
En su sentencia, la Corte constató indicios de participación de agentes estatales en la violación del derecho a la vida de Vicky Hernández en un contexto de violencia anti-LGBTQ.
El Estado reconoció en parte su responsabilidad internacional, ya que las autoridades no investigaron con diligencia el homicidio de Vicky. De hecho, según la Corte, las autoridades no consideraron el contexto de discriminación y violencia policial contra las personas LGBTQ y las mujeres trans trabajadoras sexuales.
Asimismo, el Tribunal determinó que, al haber sido asesinada y por el marco jurídico general de discriminación, se vulneraron los derechos a no discriminación y a la identidad de género de Vicky. A su vez, el Tribunal encontró que las familiares de Vicky Hernández resultaron afectadas por el sufrimiento que les causó su muerte, la permanente discriminación contra ella y la impunidad del homicidio.
En razón de estas violaciones, la Corte ordenó diversas medidas de reparación al Estado. Entre estas demandas está promover y continuar las investigaciones sobre el homicidio de Vicky Hernández.
Así reaccionan al arresto de Romeo
Minutos después de la captura del general retirado Romeo Vásquez para deducirle responsabilidades por la muerte violenta de Isy Obed Murillo, personalidades del ambiente político y social de Honduras salieron a dar declaraciones al respecto en medios y redes sociales.
El padre Ismael Moreno se halla entre quienes manifestaron su satisfacción por las capturas que hacen vislumbrar un rayo de esperanza a las familiares de las víctimas del golpe de 2009. En sus redes sociales, el padre Melo señaló que no es posible dejar “en el olvido” crímenes como el cometido contra Murillo.
“Que la justicia actúe con firmeza y conforme a debido proceso ante un militar que simboliza unas FF. AA. comprometidas con la impunidad. Ningún hecho de violación a derechos humanos y crímenes que vinculan al Estado contra inocentes prescriben ni pueden quedar en el olvido”, escribió Melo.
De manera parecida se expresó David Murillo, padre del joven asesinado en 2009. «No es persecución política, ¡él mató a mi hijo, él es el culpable!», afirmó el padre de Isy.
🚨 #ÚLTIMAHORA | 🗣️David Murillo: "No es persecución política, ¡él mató a mi hijo, él es el culpable!".
En #EXCLUSIVA, el padre de Isy Obed Murillo se pronuncia ante la captura de Romeo Vasquez Velázquez pic.twitter.com/Y1gX1j1iMP
— TSiHonduras (@TSiHonduras) January 5, 2025
Del mismo modo, el abogado Joaquín Mejía recomendó, por su parte, consultar el informe de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación “que establece la responsabilidad de [Vásquez] en las graves violaciones a derechos humanos cometidas en el contexto del golpe de Estado”.
“Según la Comisión, la ‘responsabilidad del general […] está estrechamente ligada a la de Micheletti’”, publicó Mejía en sus redes. Además, afirmó que no debe olvidarse la responsabilidad del resto del Estado Mayor Conjunto.
Mientras tanto, la activista Berta Oliva ofreció un testimonio personal al recordar la manera como acompañó el dolor “de la madre y el padre de Isy Obed Murillo en su exilio en Argentina y en su romería interminable en Honduras”.
Para Oliva, la familia de Murillo ha recibido una “ofensa brutal” con “los años de silencio” alrededor del asesinato.
Entretanto, Gabriela Castellanos, del Consejo Hondureño Anticorrupción (CNA), volvió a mostrar por qué la consideran una de las críticas más duras del gobierno de Xiomara Castro.
“La persecución, la tortura y el asesinato de manera sistematizada de personas por motivos políticos en el marco del golpe de Estado en 2009, son hechos indiscutibles que hoy se disfrazan en nombre de la ‘justicia’”, aseguró Castellanos en X.
🗣️ Jorge Cálix: "Si se ha aplicado amnistía a otros como Rasel Tomé, el general puede solicitar ampararse en la misma ley". pic.twitter.com/JqjrIl36pw
— TSiHonduras (@TSiHonduras) January 5, 2025
Otro crítico de la acción de hoy del Ministerio Público, el analista político Olban Valladares, afirmó que la captura de Romeo Vásquez significa que el Ministerio Público “está cumpliendo instrucciones políticas de los que el pueblo ha identificado como los mandamases”.
Según Valladares, no es posible requerir a Vásquez porque “no se le ha probado ser ni el hechor material ni el intelectual” de la muerte violenta de Isy Murillo. Además criticó que Romeo “forma parte de un Estado Mayor Conjunto, una junta de comandantes, y se enfilan los cañones contra una sola persona”.
Entretanto, para el precandidato del Partido Liberal, Salvador Nasralla, medidas como el arresto del exjerarca militar Romeo Vásquez “sirven para asustar a la oposición”.
“En el caso de Romeo, lo que tienen que presentar son las pruebas por los que ellos creen que cometió”, agregó el presentador de televisión.
Declaraciones del Candidato Presidencial del Partido Liberal Salvador Nasralla sobre la persecución política que ha iniciado hoy 5 de enero 2025 el gobierno dictatorial de honduras. pic.twitter.com/sPKp49eXx0
— Salvador Nasralla (@SalvaPresidente) January 5, 2025
A las voces de la oposición que se alzaron contra la decisión del MP se unió el Partido Liberal, el cual declaró que está preocupado por la detención de Vásquez, “curiosamente avalada por funcionarios del Gobierno”.
Además, demandó al Ministerio Público que respete los derechos de Vásquez y pidió “no permitir por ningún motivo que se instale en nuestro país una nueva Venezuela”.
El Partido Nacional, por su parte, exigió «justicia plena, imparcial» y no usar las instituciones para vengarse.
La esposa de Romeo Vásquez, Lisbeth Zelaya, declaró que hace días habían amenazado a su esposo con encarcelarlo y que lo capturaron “sin pruebas”.
Para finalizar, las Fuerzas Armadas de Honduras se manifestaron la noche de hoy por medio de un comunicado sobre “la captura de tres exmiembros de esta institución”.
A continuación, la institución armada afirmó en el boletín que condena “todo golpe de Estado” y que rechaza “cualquier acción que implique la violación de los derechos humanos y las garantías constitucionales”.
Asimismo, las FF. AA. garantizó “que no habrá más golpes de Estado” y que “por ningún motivo las armas confiadas a nuestra institución serán utilizadas para afectar a nuestro pueblo”.
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Histórico: personas LGBTQ ya pueden donar sangre en Honduras
Se publicó acuerdo ejecutivo 002-2024 el 30 de noviembre en la Gazeta
Un esperado avance en la lucha de las poblaciones LGBTIQ+ se produjo tras levantarse la prohibición que durante 25 años impidió que las poblaciones de las disidencias sexuales donaran sangre en Honduras.
Con la publicación del 30 de noviembre en el diario oficial La Gaceta se puso fin a la reforma legal que durante un cuarto de siglo prohibió a las poblaciones LGBTIQ+ donar sangre sin importar las circunstancias. Así, por medio del acuerdo ejecutivo 002-2024, las disidencias sexuales han obtenido un pequeño triunfo tras levantarse el impedimento legal de donar sangre, aunque eso haya puesto en riesgo vidas humanas.
De ese modo, la nueva reforma publicada hace cinco días modifica el acuerdo 629, llamado «Norma técnica para el manejo de la sangre y los componentes sanguíneos», emitido en agosto de 1999 y publicado en La Gaceta en enero del año 2000.
La norma técnica de 1999 ordenaba «excluir en forma permanente” de la donación de sangre «a homosexuales, bisexuales [y] heterosexuales con comportamiento sexual de riesgo”, entre otros.
La razón de tal exclusión, según la norma técnica de hace 25 años, era que “por razón de sus prácticas sexuales o exposición a alto riesgo, tienen mayor probabilidad de adquirir la infección por el virus de la inmunodeficiencia humana u otros agentes infecciosos”.
25 años sin donar sangre
“Nuestra sangre no es distinta. Este avance significa 25 años de lucha por nuestros derechos”, dijo a Reportar Sin Miedo Indyra Mendoza, coordinadora de la Red Lésbica Cattrachas, tras conocer el acuerdo que restituye a las poblaciones LGBTIQ+ el derecho de donar sangre.
Esta reforma histórica se debe al trabajo de litigio estratégico de la Red Lésbica Cattrachas, que impulsó ante el Sistema Interamericano el derecho de donar sangre de las personas LGBTIQ+.
Este nuevo logro de Cattrachas se suma a su exitoso trabajo para obtener la sentencia en el caso «Vicky Hernández versus Honduras» que significó la condena del Estado hondureño por el asesinato de la líder trans.
En el proceso, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) y el Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la ONU se han involucrado durante los últimos años con dictámenes, informes técnicos y acciones para la no discriminación de las disidencias sexuales en la donación de sangre.
El nuevo acuerdo que restituye el derecho de donar sangre a las disidencias sexuales se produce tras un cuarto de siglo durante el cual el Estado solo cumplió en parte su papel de protector de la persona humana en lo referente a las disidencias sexuales de Honduras.
Así, la política sobre la sangre y sus derivados que había estado vigente desde 1999 negó a las poblaciones LGBTIQ+ el derecho de donar sangre junto con personas trabajadoras del sexo, farmacodependientes, hemofílicos, politransfundidos, compañeros sexuales de personas infectadas por el virus de la inmunodeficiencia humana y alcohólicos habituales.
La normativa estaba ‘desfasada’
La prohibición de donar sangre que afectó a las poblaciones LGBTIQ+ en Honduras no solo les impidió el goce pleno de sus derechos. Además, la reforma vigente desde agosto de 1999 hasta el 30 de noviembre de 2024 segó vidas como la de Marcela, la pareja de Eliza*.
Eliza vivió en carne propia esta reforma discriminatoria cuando no pudo donar sangre para Marcela, quien estaba muriendo de leucemia en el Seguro Social de Tegucigalpa en julio de 2020.
“La primera vez que intenté donar sangre, la Cruz Roja me rechazó sin decirme motivo. Necesitaba donar con urgencia porque mi pareja necesitaba transfusión. No me lo permitieron por ser lesbiana y ella murió”, relató Eliza. Para la coordinadora de Cattrachas, Indyra Mendoza, el acuerdo de 1999, reformado en 2024, ya estaba desfasado.
“La normativa está totalmente desfasada”, dijo Mendoza en 2020, refiriéndose a los casos de población LGBTI que dona sangre en el país.
Eliza no conocía esa normativa, por lo cual se presentó a la Cruz Roja y dijo que tenía relaciones sexuales con otra mujer.
Quienes la atendieron le dijeron que era imposible que donara sangre, argumentando que no tenía el peso adecuado para ser donante.
“Pocos días antes de morir, Marcela se había puesto peor”, relató.
Marcela necesitaba con urgencia más plaquetas para continuar luchando contra la leucemia, por lo cual Eliza se dirigió al centro de donación. Se alegró porque cumplía los requisitos, pero esa vez no argumentaron que estaba demasiado delgada.
“Usted no puede donar. Ya sabe por qué”, dijeron. Después de dar rodeos, agregaron que no podía hacerlo porque tenía relaciones sexuales con una persona de su mismo sexo.
Tras un año de quimioterapias y otros duros tratamientos, había sido testigo del desgaste y la agonía de Marcela, pero una ley discriminatoria le impidió ayudar a la persona que amaba.
“No es por discriminación”, le dijo el enfermero, “ustedes no me dan asco”. Eliza no necesitaba más explicaciones porque estaba segura de que la estaban discriminando.
Marcela murió el 21 de julio de 2020.
Vea aquí un video relacionado con el tema.
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Activista trans denuncia al Estado salvadoreño ante la CIDH
Karla Guevara dice el país ha violado sus derechos
Karla Guevara, una reconocida activista por los derechos de las personas trans en El Salvador, comunicó su denuncia ante organismos nacionales e internacionales de derechos humanos.
En su petición presentada a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, solicita que se declare la responsabilidad internacional del Estado salvadoreño por violaciones a la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Convención de Belém do Pará. La activista señala que estas vulneraciones han ocurrido en perjuicio de su persona, particularmente en el marco de su lucha por el reconocimiento de su identidad de género.
Desde 2019, Guevara ha enfrentado un complejo y prolongado proceso judicial para obtener el cambio de nombre y género en sus documentos oficiales, debido a la inexistencia de una ley de identidad de género en El Salvador. Actualmente, las personas trans solo pueden recurrir a los juzgados de familia para solicitar dicho reconocimiento, un camino que, como señala la activista, está plagado de obstáculos y revictimización.
“Como la primera mujer trans en El Salvador en acceder a cambiar de nombre y género en mis documentos de identidad, he luchado desde mi activismo por una Ley de Identidad de Género”, expresó Guevara en una entrevista con Washington Blade.
El proceso iniciado en el Juzgado Primero de Familia de San Salvador en diciembre de 2019 fue inicialmente declarado improponible en enero de 2020. Sin embargo, tras apelar dos veces a la Cámara de Familia, Guevara obtuvo una sentencia favorable en agosto de 2022. La resolución ordenaba el cambio de nombre y género en sus documentos de identidad y la marginación de su partida de nacimiento, pero la Alcaldía Municipal de San Salvador interpuso un amparo que ha impedido la ejecución de esta decisión durante los últimos dos años, alargando a cinco años su búsqueda de reconocimiento oficial.
Tratos discriminatorios y violencia psicológica
Durante este extenso proceso, Guevara denunció ser víctima de tratos discriminatorios y revictimizantes que han afectado su salud mental y vulnerado su integridad personal. Entre estos tratos destacan la patologización y genitalización de su identidad, el escrutinio judicial e inspección física de su cuerpo y el escepticismo constante de las autoridades sobre su femineidad y motivaciones.
“El Estado salvadoreño ha impedido y sigue impidiendo que mi persona cuente con documentos de identidad acordes con mi identidad de género, pese a que existe una sentencia firme que me reconoce este derecho”, declaró Guevara.
Estas experiencias, según la denuncia, constituyen violaciones a su integridad psíquica y violencia psicológica según la Convención de Belém do Pará. Además, Guevara argumenta que el Estado salvadoreño ha vulnerado derechos fundamentales reconocidos en la Convención Americana, como la integridad personal, la protección de la vida privada, la libertad personal, la igualdad ante la ley y las garantías judiciales, entre otros.
Acompañamiento de organizaciones sociales
La denuncia de Guevara cuenta con el respaldo de organizaciones como la Colectiva Feminista para el Desarrollo Local y Synergia, quienes han apoyado su caso ante la CIDH. Estas organizaciones destacan que la falta de una Ley de Identidad de Género en El Salvador perpetúa la discriminación estructural hacia las personas trans. Además, recalcan la importancia de visibilizar casos como el de Guevara para impulsar reformas legales que garanticen el reconocimiento y la protección de los derechos de la población LGBTQ.
“Consideramos que llevar el caso a esta instancia, es la forma más eficiente y efectiva para tener este reconocimiento de las violaciones que el Estado de El Salvador cometió hacia Karla”, expresó Mirta Moragas de Synergía – IHR – Initiatives for Human Rights.
Para Alejandra Burgos de Colectiva Feminista para el Desarrollo Local, es importante mostrar el apoyo a Guevara desde la Red Feminista.
“También mostramos nuestro apoyo con todas las personas trans que no tienen acceso a ser reconocidas con su nombre en este país”, agregó.
Ambas organizaciones reconocen la valentía de Guevara, como también la de muchas organizaciones en El Salvador, que han luchado contra la impunidad ante los crímenes de odio en el país.
Impacto del discurso de odio en El Salvador
El contexto nacional en materia de derechos de la población LGBTQ es preocupante, con un aumento de discursos de odio promovidos por funcionarios públicos, incluyendo al presidente, así como diputados y otras figuras políticas. Este clima hostil, según varios activistas de El Salvador, ha generado retrocesos significativos en materia de derechos humanos. Aseguran que estos discursos no solo perpetúan la violencia y la discriminación, sino que también afectan la capacidad del Estado para cumplir con sus obligaciones internacionales.
El caso de Guevara se suma a una creciente lista de denuncias contra el Estado salvadoreño por violaciones a los derechos humanos de la población LGBTQ. Organismos internacionales, como la CIDH, están llamados a evaluar esta denuncia y emitir recomendaciones que impulsen cambios estructurales en el país.
Colectivo Alejandría y otras organizaciones han instado a la comunidad internacional a presionar al gobierno salvadoreño para que adopte medidas concretas que garanticen el reconocimiento de los derechos de las personas trans, porque las evidencias de un mal proceder son claras.
“Este es un ejemplo claro de todos los desacatos del Estado salvadoreño, con órdenes judiciales estrictas y específicas”, expresa Aranza Santos de Colectivo Alejandría.
Un camino hacia la justicia
El proceso de Guevara es un recordatorio de la urgente necesidad de una legislación inclusiva en El Salvador. Su lucha es un símbolo de resistencia y esperanza para la población trans, que enfrenta diariamente barreras legales y sociales para vivir con dignidad. Con el apoyo de organizaciones diversas organizaciones que luchas por los derechos de la población LGBTQ, Guevara continúa su batalla no solo por su reconocimiento personal, sino por el derecho de toda una comunidad a ser vista, escuchada y respetada.
En un contexto marcado por retrocesos en derechos humanos, el caso de Guevara resalta la importancia de construir un país más inclusivo y justo, donde todas las personas puedan vivir libres de violencia y discriminación.
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