Noticias en Español
‘Mi hijo es gay y yo tengo miedo de que me lo traten mal’
Madre de Yoan de la Cruz habla con Tremenda Nota en Cuba
SAN ANTONIO DE LOS BAÑOS, Cuba — La voz al otro lado del teléfono se escucha decidida, aunque no tarda en desmoronarse apenas le mencioné a su hijo. Es la voz de quien tiene fe en que algo decisivo va a ocurrir. Se oye resuelta y sin muchos matices.
Es la voz de Maribel Cruz, la madre de Yoan de la Cruz, el joven que transmitió en vivo desde su celular la manifestación que dio inicio a las protestas del 11 de julio en el municipio de San Antonio de Los Baños, provincia de Artemisa, al oeste de La Habana.
“Para mí ha sido muy doloroso y duro”, dice. “Yo nunca imaginé a mi hijo preso. Un muchacho tan bueno. Todo San Antonio lo sabe”.
Maribel tiene 62 años y vive con su madre, de 83. Ambas están jubiladas. Y hasta hace casi cinco meses vivía también con Yoan, su único hijo, quien se encuentra en prisión a la espera de juicio.
No se adapta a no verlo en la casa. Confiesa que no hay noche que no se acueste y llore, ni momento del día en que no se pregunte cómo estará su hijo, si tendrá frío, hambre. Si lo están maltratando.
“Aunque él me dice que no”, aclara. “Pero no sé si lo dice para que yo no me preocupe”.
Yoan se encuentran en la prisión de Melena del Sur, una prisión de máximo rigor en la provincia Mayabeque, junto con otros cuatro manifestantes del 11 de julio. Permanecen separados del resto de los presos. Los guardias se encargan de llevarlos al patio, al comedor y al teléfono y no permiten que tengan contacto con los demás.
Cuenta Maribel que les llaman “Los Tirapiedras” y no sabe por qué. Asegura que al menos Yoan no tiró ninguna piedra.
Cerca de las 11 de la mañana del 11 de julio, Yoan despertó sin imaginar que en breve se haría viral en redes sociales y que sus días iban a dar un giro impensado. Se cruzó en la acera de su casa con Daniela, una vecina que venía de la tienda, quien le contó que algo se iba armar porque había gente aglomerada en un extremo del parque de la iglesia.
A Yoan no le costó darse cuenta de que, en efecto, algo ocurría. Su vivienda queda cerca del parque. Enseguida agarró el celular y salió a toda carrera, en chancletas, a ver de cerca lo que estaba pasando.
Al principio debió estar expectante y atónito como el resto de los jóvenes que nunca habían visto una manifestación no convocada por el gobierno. Poco después, al ver que el número de personas aumentaba y se hacían más frecuentes los gritos de libertad, empezó a transmitir en vivo desde su perfil de Facebook.
Cientos de personas pasaron por delante de su cámara en bicicletas, en motos, a pie. Algunos bailaban, reían. Otros lloraban. Gritaban “¡Libertad!”, “¡Patria y Vida!” y a Díaz Canel, el presidente, “¡Singao!” Pedían comida, medicinas, mejoras económicas y laborales. Había cuentapropistas, obreros, un pueblo descontento y a la vez perplejo. Yoan, emocionado también, animaba al mismo tiempo que filmaba: “¡Vamos, gente!”
La transmisión alcanzó más de 3.000 espectadores en vivo. Recorrería Cuba y medio mundo. Muy pronto las protestas se extenderían a todo el país. Yoan estaba eufórico y, a la vez, preocupado. Llegó a la casa y le contó a Maribel. Nunca había estado en una protesta de tal magnitud ni había alcanzado tantas vistas y seguidores.
–Yo creo que voy preso, mamá.
–Pero cómo te van a meter preso, mijo, si tú lo que hiciste fue filmar algo que estaba pasando por aquí mismo, por enfrente de la casa.
Yoan eliminó la directa, pero era demasiado tarde. En los días siguientes entraría varias veces a llorar al cuarto de su madre y a repetir que se lo iban a llevar preso.
A él lo acusan desde un principio por hacer la directa, pero después la abogada me dice que él no está solo por filmar, sino también por incitar a la gente a caminar y a seguir protestando.
Yo sé que a él lo que lo motivó principalmente no fue la política. Mi hijo tiene sus molestias con el gobierno como cualquiera, pero yo sé que lo que más lo motivó fueron las redes. A él le gustan mucho las redes, hacía Tik toks y siempre andaba buscando impresionar y ganarse seguidores. Cuando vio la cantidad de gente que estaba conectada en su directa y las veces compartidas, se volvió loco.
A él nadie le pagó. Es un buen muchacho. Cualquiera aquí te lo puede decir. Es muy querido, hace sus cositas, tiene un contrato con Etecsa y vende tarjetas de recarga de celulares. Antes tenía una mesita donde vendía bisutería y esas cosas. Una vida tranquila.
Yo a veces no me creo que estemos viviendo esto. Yo jamás me lo hubiera imaginado, la verdad. Unas antiguas compañeras de cuando yo trabajaba en Etecsa, me resolvieron una consulta con una psicóloga, porque la verdad, esto es muy fuerte para mí.
La gente me pregunta qué dice la abogada. Ella no me dice nada. Ahora mismo yo vengo de su casa. Nunca está o me dicen que está acostada. El lunes que viene ya es el juicio y no se ha comunicado conmigo, ni con Yoan. Y Yoan quiere hablar con ella.
A ver, ella me habló claro. Me dijo que era del Partido (Comunista de Cuba), que iba a defender a Yoan hasta donde pudiera, pero que su caso era complicado, porque dicen que incitó a la gente. Pero, ¿tú viste la directa, verdad? Tú viste que él solo incitaba a caminar, no a romper tiendas, ni a tirar piedra, ni a la violencia. No se fresqueó con ningún policía.
Pero esa abogada, nada. Voy a su casa a hablar con ella, pero por gusto. Nunca está. Le dejé dos cajas de cigarro y lo puse todo en manos de Dios. Yo le pido a Dios. Yo no sé si tú tienes fe o si crees en algo, pero yo sí, y le pido a ese Señor que me lo proteja y salga bien de todo esto. Yo sé que absuelto no va a salir. Para qué me voy a engañar. Ninguno de los que han esperado juicio en prisión ha salido absuelto.
A Maribel nunca le informaron por qué los juicios de los 17 manifestantes de San Antonio, originalmente fijados para el 7, 8 y 9 de diciembre, fueron aplazados para el 13, 14 y 15. Lo único que sabe es que se realizarán en un tribunal de la prisión de Guanajay, por lo que tendrá que alquilar un carro para trasladarse hasta allí y estar el día entero.
“Y dicen que en diez días le dan la sentencia, pero eso es mentira”, considera. “A los de Artemisa y los de Alquízar les hicieron juicio hace más de 15 días y todavía no les han dicho”.
El expediente de los 17 viajó desde Guanajay hasta la fiscalía de Artemisa, de ahí a la Fiscalía General de la República, luego volvió a Artemisa y poco después a San Antonio de Los Baños, donde Maribel pudo revisarlo y leer lo que había declarado Yoan. Fue así también que supo que a su hijo le piden 8 años por desacato y desorden público. Se horrorizó.
“¿Tú crees que eso es justo?”, me pregunta. “Eso es inhumano”, se responde ella misma y me confiesa que el día que arrestaron a Yoan ella pensó que le pondrían una multa o le harían una advertencia.
A eso de las 5 de tarde del 23 de julio, 12 días después de las protestas, la patrulla 151 se detuvo frente a la vivienda. Los policías preguntaron por Yoan. “Coge tu celular y monta”, dijo uno de ellos.
Yoan no se resistió al arresto ni entró en careo alguno. Desde el mismo 11 de julio y en los días sucesivos, al ver a cuántos jóvenes que también participaron habían sido arrestados, se convenció de que en algún momento irían por él.
En lo que se despedía de su madre, afligida, le pidió que le tomara una foto mientras se lo llevaban. Maribel alcanzó a tomar una foto nublada que más tarde publicaría en redes sociales.
El primer destino de Yoan fue el Técnico de Guanajay donde permaneció alrededor de 20 días. Maribel rememora, con la voz quebrada, las primeras visitas que le hizo a su hijo en ese lugar. Fue un jueves cuando le avisaron para que fuera a verlo y luego las visitas empezaron a ser los martes. Cuenta que tenía que ponerse fuerte, porque Yoan lloraba como un niño pequeño.
“No dejaban ni que nos abrazáramos, por la covid”, recuerda.
A Maribel tampoco le avisaron cuando trasladaron a Yoan para Melena del Sur. Al tercer martes que fue al Técnico de Guanajay, le dijeron que ya él no se encontraba allí y que no sabían a dónde lo habían llevado.
Maribel, desesperada, se puso a hacer averiguaciones a través de conocidos, familiares y amigos de otros manifestantes detenidos. Se presentó a varios centros de reclusión hasta que al final, en la prisión de Melena del Sur, le informaron que Yoan estaba allí.
No dejaban verlo, por la dichosa covid, pero cuando la cosa mejoró autorizaron visitas cada 15 días. Ya hemos tenido 2 desde que está en Melena. La próxima debe ser el día 21 de este mes.
Yo le llevo de todo: maní, tostadas, mayonesa, guayaba, galletas, dulces que le hago. Mucha chuchería que es lo que le gusta a él. Dice que la comida está de madre, que es un sancocho. Por suerte, nos dejan entrar carne. Entonces yo le hago varios bistecitos y se los cubro de bastante manteca para que se conserve, y le dan como para cuatro días. Imagínate, allá dentro no tienen como freír.
Ya en estas visitas podemos abrazarnos, besarnos. Yo no sé ahora cuando sepa de él, cómo viene el juicio y eso. No sé qué pasará. Yo imagino que él me llame hoy. A veces me llama contento diciéndome que no esté triste, que todo va a salir bien, pero otros días lo siento decaído. Yo le digo que no se desespere, que tenga fe y que cuando los saquen al patio haga ejercicio. Tengo que levantarle el ánimo de alguna manera, aunque yo tenga el mío por el piso.
Cuando me hablan de Yoan, lloro. Lo extraño mucho. Cando cae la noche, así como ahora, o cuando llega la hora de la comida es cuando me pongo peor. Lo único que digo es «ay, dios mío», y mi mamá me dice no empieces. Es lo único que digo. Ella sabe que cuando digo «ay, Dios mío» es que tengo a Yoan en la cabeza
Me preocupan tantas cosas. Son ocho años. Ocho años. ¿Usted se imagina? Lo otro es que mi hijo es gay, no sé si usted sabe, y yo tengo miedo de que me lo traten mal. Los guardias son los primeros faltos de respetos y homofóbicos.
Cuando Yoan todavía se encontraba recluido en el Técnico de Guanajay, Daniela, la vecina, fue citada a un supuesto careo con él, porque había declarado que fue por ella que supo que el 11 de julio pasaba algo en el parque. Nunca hubo tal careo. En el Técnico, Daniela ni siquiera vio a Yoan. Lo que hicieron fue interrogarla.
Al oficial que la llevó a su oficina para el interrogatorio, le contó que ella estaba esa mañana en la tienda, porque habían sacado café, y estando allí se dio cuenta de que la gente se estaba tirando para la calle. Aseguró que lo único que hizo fue llegar a la casa y comentarle a Yoan.
De pronto, un segundo oficial irrumpió en la oficina sin advertir la presencia de Daniela.
–Dame acá el teléfono del maricón –le pidió a su colega.
–¿El de Yoan? –precisó el primero, probablemente en aprietos por cómo el otro se había referido a Yoan delante de Daniela.
Cuando Maribel se enteró, llamó a la Política del Técnico de Guanajay. No iba a permitir que nadie ofendiera o humillara a su hijo por su orientación sexual.
–¿No sabe quién fue? Pues yo voy a llamar a Mariela Castro –amenazó Maribel, pero muy pronto desistió. Este no es el único incidente homofóbico que se han reportado en relación con los detenidos del 11J.
“Vayas a donde vayas, es por gusto”, explica. “Se tapan unos a otros”.
El celular de Yoan permanece incautado. Cuando Maribel preguntó cuándo podía recogerlo, el instructor le respondió que hay un 99 por ciento de probabilidad de que sea decomisado. No obstante, ella está dispuesta a reclamarlo. “Fue un celular que costó muchísimo”, le dijo.
–Nadie lo mandó a grabar –concluyó el instructor.
Maribel dice que el 11 de julio le cambió la vida al país entero. Desde entonces hay boinas negras y policías en el parque todos los días. Llegan desde temprano en un camión y algunos hasta se quedan de guardia de noche.
Cuenta que este 10 de diciembre, el Día de los Derechos Humanos, eran bastantes. Se rumora que en el camión hay palos por si se arma alguna revuelta, pero dice que ella no puede asegurarlo porque no los ha visto.
“Nosotros no tenemos tranquilidad, pero ellos tampoco”, dice.
Recientemente le contaron que en los juicios de los muchachos de Artemisa hubo falsos testigos que mintieron, y está preocupada. No sabe a quiénes llevarán de testigos de Yoan. Daniela ha dicho que ese día testificará lo mismo que en el Técnico de Guanajay.
Maribel en todo este tiempo no ha perdido la fe, pese a que, como explica, se ha denunciado muchísimo sobre las detenciones del 11 de julio “y no pasa nada”.
“No es posible el sufrimiento de tantas familias”, dice. Está segura de que eso es peor para ellos, porque eso “hace que la gente le coja más roña” al sistema.
Lo que hizo su hijo, explica calmada, “no es peor que lo que hizo Díaz Canel”, que salió por televisión a dar orden de combate e incitó a pelear al pueblo contra el pueblo. Por eso tiene fe. “Algo tiene que pasar y mi hijo va a salir bien”, dice. “Algo grande tiene que pasar en este país. ¿Tú no crees?”
Noticias en Español
La X vuelve al tribunal
Primer Circuito examina caso del reconocimiento de personas no binarias en Puerto Rico
Hace ocho meses escribí sobre este tema cuando todavía no había llegado al nivel judicial en el que se encuentra hoy. En ese momento, la discusión se movía entre decisiones administrativas, debates públicos y resistencias políticas. No era un asunto cerrado, pero tampoco había alcanzado el punto actual.
Hoy el escenario es distinto.
La organización Lambda Legal compareció ante el Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito en Boston para solicitar que se confirme una decisión que obliga al gobierno de Puerto Rico a emitir certificados de nacimiento que reflejen la identidad de las personas no binarias. La apelación se produce luego de que un tribunal de distrito concluyera que negar esa posibilidad constituye una violación a la Constitución de Estados Unidos.
Este elemento marca la diferencia. Ya no se trata de una discusión conceptual. Existe una determinación judicial que identificó un trato desigual.
El planteamiento de la parte demandante se sostiene en el propio marco legal vigente en Puerto Rico. Los certificados de nacimiento de identidad no son registros históricos inmutables. Son documentos utilizados para fines actuales y esenciales. Permiten acceder a empleo, educación y servicios, y son requeridos en múltiples gestiones ante el Estado. Su función es operativa.
En ese contexto, la exclusión de las personas no binarias no responde a una limitación jurídica. Puerto Rico permite la corrección de marcadores de género en certificados de nacimiento para personas trans binarias desde el caso Arroyo González v. Rosselló Nevares. Además, el Código Civil reconoce la existencia de certificados que reflejan la identidad de la persona más allá del registro original.
La diferencia radica en la aplicación.
El reconocimiento se concede dentro de categorías específicas, mientras que se excluye a quienes no se identifican dentro de ese esquema. Esa exclusión es el eje de la controversia actual.
El argumento presentado por Lambda Legal es preciso. Obligar a una persona a utilizar documentos que no reflejan su identidad implica someterla a una representación incorrecta en procesos fundamentales de la vida cotidiana. Esto puede generar dificultades prácticas, exposición innecesaria y situaciones de vulnerabilidad.
Las personas demandantes, nacidas en Puerto Rico, han planteado que el acceso a documentos precisos no es una cuestión simbólica, sino una necesidad básica para poder desenvolverse sin contradicciones impuestas por el propio Estado.
El hecho de que este caso se encuentre en el sistema federal introduce una dimensión adicional. No se trata de un proyecto legislativo ni de una política pública en discusión. Es una controversia constitucional. El análisis gira en torno a derechos y a la aplicación equitativa de las leyes.
Este proceso tampoco ocurre en aislamiento.
Se desarrolla en un contexto donde los debates sobre identidad y derechos han estado marcados por una mayor presencia de posturas conservadoras en la esfera pública, tanto en Estados Unidos como en Puerto Rico. En el ámbito local, esa influencia ha sido visible en discusiones legislativas recientes, donde argumentos de carácter religioso han comenzado a formar parte del debate sobre política pública. Esa intersección introduce tensiones en torno a la separación entre iglesia y Estado y tiene efectos concretos en el acceso a derechos.
Señalar este contexto no implica cuestionar la fe ni la práctica religiosa. Implica reconocer que, cuando determinados argumentos se trasladan al ejercicio del poder público, pueden incidir en decisiones que afectan a sectores específicos de la población.
Desde Puerto Rico, esta situación no se observa a distancia. Se experimenta en la práctica diaria. En la necesidad de presentar documentos que no corresponden con la identidad de quien los porta. En las implicaciones que esto tiene en espacios laborales, educativos y administrativos.
El avance de este caso abre una posibilidad de cambio en el marco legal aplicable. No porque resuelva de inmediato todas las tensiones en torno al tema, sino porque establece un punto de análisis jurídico sobre una práctica que hasta ahora ha operado bajo criterios restrictivos.
A diferencia de hace ocho meses, el escenario actual incluye una determinación judicial que ya identificó una violación de derechos. Lo que corresponde ahora es evaluar si esa determinación se sostiene en una instancia superior.
Ese proceso no define un resultado inmediato, pero sí establece un nuevo punto de referencia.
El debate ya no es teórico.
Ahora es judicial.
Cuba
Cuba bajo presión y sin respuestas
Cubanos no hablan en términos geopolíticos. Hablan de sobrevivir
Las tensiones entre Estados Unidos y Cuba han vuelto a subir de tono. No es algo nuevo, pero este momento se siente distinto. Las medidas más recientes desde Washington buscan cerrar aún más los espacios financieros del gobierno cubano, limitar sus fuentes de ingreso y presionar sectores clave de la economía. No es simbólico. Es una política directa.
Desde Estados Unidos, el mensaje es claro. Se busca provocar cambios que no han ocurrido en más de seis décadas. También hay un componente interno, una presión política que responde a sectores del exilio que llevan años exigiendo una postura más dura. Todo eso forma parte del escenario.
Pero esa es solo una parte.
Del lado cubano, la respuesta sigue un patrón conocido. El gobierno habla de agresión externa, de guerra económica, de un embargo que se endurece. Cada medida se convierte en argumento para reforzar su narrativa y cerrar filas. No hay espacio para reconocer errores propios. Todo apunta hacia afuera.
Mientras tanto, la vida en la isla va por otro camino.
La crisis energética que hoy vive Cuba no empezó con estas medidas. Lleva años acumulándose. El sistema eléctrico está deteriorado, sin mantenimiento suficiente, con fallas constantes. Los apagones no son nuevos. Lo que ha cambiado es la frecuencia y la duración.
Durante años entró petróleo a Cuba, especialmente desde Venezuela. Hubo acuerdos. Hubo suministro. Y aun así, la vida del cubano no mejoró. La electricidad seguía fallando, el combustible seguía racionado, el transporte seguía siendo un problema diario.
Entonces la pregunta sigue siendo la misma.
Si el petróleo estaba entrando, ¿por qué nada cambiaba?
¿Dónde fue a parar ese recurso?
¿Dónde está el dinero que generó?
Hoy se habla de restricciones al petróleo como si fueran la causa principal de la crisis. No lo son. Empeoran una situación ya frágil, pero no la explican completamente.
Hay una historia más larga que no se puede ignorar.
Lo mismo ocurre con las brigadas médicas.
Durante años se presentaron como un gesto de solidaridad internacional. Y en muchos casos lo fueron. Médicos cubanos trabajaron en condiciones difíciles, salvaron vidas, sostuvieron sistemas de salud en otros países. Eso es real.
Pero también funcionaron como una de las principales fuentes de ingreso del Estado cubano.
Muchos de esos profesionales no recibían el salario completo por su trabajo. Una parte significativa quedaba en manos del gobierno. En algunos casos, ni siquiera tenían control sobre el dinero que generaban.
Y hay algo más duro.
Si uno de esos médicos decidía no regresar a Cuba, ese dinero no llegaba a su familia. Se quedaba retenido.
Hoy varios países están revisando o cancelando esos acuerdos. Y otra vez, la respuesta oficial es señalar hacia afuera. Pero la pregunta sigue siendo inevitable.
¿Se está perdiendo un modelo de cooperación o un sistema que dependía del control sobre sus propios profesionales?
Dentro de Cuba, la conversación suena diferente.
La gente no habla en términos geopolíticos. Habla de sobrevivir. De cómo llegar al final del día. De los apagones, de la comida que no alcanza, del transporte que no aparece, de una vida que cada vez se hace más difícil.
Hay quienes miran las medidas de Estados Unidos con cierta expectativa. No porque quieran más escasez, sino porque sienten que el sistema no cambia por sí solo. Hay una sensación de estancamiento que pesa.
Pero esa expectativa convive con una realidad concreta.
Las sanciones no golpean primero a quienes toman decisiones. Golpean al ciudadano común. Al que hace la fila. Al que pierde la comida por falta de electricidad. Al que no tiene cómo moverse.
Esa es la contradicción.
El gobierno cubano pide solidaridad internacional. Y la recibe. Países que envían ayuda, organizaciones que se movilizan, voces que defienden a la isla.
Pero hay otra pregunta que también está ahí.
¿Esa ayuda llega realmente al pueblo?
La falta de transparencia en la distribución de recursos es parte del problema. Porque no se trata solo de lo que entra, sino de lo que realmente llega a quienes lo necesitan.
Reducir lo que pasa en Cuba a un conflicto entre dos gobiernos es no querer ver el cuadro completo.
Aquí hay responsabilidades compartidas, pero no iguales.
Estados Unidos ejerce presión con efectos reales sobre la economía cubana. Eso no se puede negar. Pero dentro de la isla hay un sistema que ha tenido décadas para corregir, para abrir, para responder a su gente, y no lo ha hecho.
Esa parte no se puede seguir esquivando.
Yo escribo esto como cubano. Desde lo que vi, desde lo que viví y desde la gente que sigue allá tratando de resolver el día.
Porque al final, más allá de lo que se diga entre gobiernos, la realidad es otra.
Cuba hoy está más apretada, sí. Pero también lleva años arrastrando problemas que nadie ha querido enfrentar de verdad.
Y mientras eso siga así, da igual lo que venga de afuera. El problema sigue estando adentro.
Ecuador
Adolescentes trans en Ecuador podrán cambiar datos en su cédula, pero con condicionamientos
Pueden modificar el campo de género en su documento de identidad con requisitos
Por VICTOR H. CARREÑO | En una sentencia del 5 de febrero de 2026, la Corte Constitucional declaró inconstitucional el requisito legal de mayoría de edad para modificar el campo de sexo o género en la cédula de identidad y fija lineamientos para que adolescentes trans puedan cambiar estos datos.
El máximo organismo de control e interpretación constitucional incorpora dos requerimientos: que la persona adolescente se presente al procedimiento administrativo con sus padres y que informes psicosociales acrediten un grado de madurez.
El fallo resuelve una consulta de constitucionalidad de una unidad judicial que lleva una acción de protección contra el Registro Civil presentada por la familia de un adolescente trans que solicitó, en junio de 2023, modificar el campo de género en la cédula.
La institución se negó porque la Ley Orgánica de Gestión de la Identidad y Datos Civiles establece que la rectificación de sexo o género es un procedimiento para personas mayores de 18 años.
El adolescente, cuya identidad se protege en la sentencia, cuenta con el apoyo de sus padres en su transición, que inició en 2020. En una audiencia, su madre expuso que si bien en el ámbito familiar y en el sistema educativo se respeta la identidad de su hijo, fuera de estos hay situaciones, como en consultas médicas en el Seguro Social, en que debe presentar la cédula de él y quienes la reciben preguntan si es el documento equivocado.
En el desarrollo de la sentencia, la Corte expone por qué el requisito de tener mayoría de edad para acceder a la modificación de datos en la cédula es inconstitucional.
Entre varios motivos, explica que restringe los derechos al libre desarrollo de la personalidad e identidad, que la edad no puede exigirse como “criterio determinante y único” para determinar la madurez de un adolescente, y que la medida puede generar impactos negativos en el bienestar psicológico y emocional.
Por ello, indica que existen mecanismos alternativos como la evaluación individualizada, el acompañamiento técnico y la consideración del contexto familiar.
En ese sentido, la Corte dispone al Registro Civil que debe proceder al cambio de los datos de adolescentes trans cuando acudan acompañades de sus representantes legales y con el respaldo de informes psicosociales.
Estos informes, agrega la sentencia, deben ser de profesionales acreditados o de órganos técnicos públicos competentes que sean considerados por el Registro Civil.
El fallo tiene efectos para este caso y otros similares. A diferencia de otras sentencias, la Corte no ordena una reforma a la legislación.
La organización Silueta X, que difundió el caso en un comunicado el 11 de marzo, calificó el fallo como histórico y explicó que este crea jurisprudencia de cumplimiento obligatorio.
🏳️⚧️🌈Un chico trans de 15 años le dijo al Estado ecuatoriano “yo sé quién soy”. Y la Corte Constitucional le dio la razón. 🏛️✊
Este fallo es nuestro. Es tuyo.
🔗 Lee la comunicado completa en nuestra bio.#DerechosTransEcuador #SiluetaX #CorteConstitucional #AdolescentesTrans pic.twitter.com/aXE4FU9VeS
— Asociación SILUETA 'X' (@SiluetaX) March 11, 2026
Sin embargo, otras organizaciones cuestionan los requisitos. Fundación Pakta indica que si bien la sentencia derriba la barrera etaria de la mayoría de edad, la inclusión de informes psicosociales contradice la tendencia global y regional hacia la despatologización.
Pakta menciona, por ejemplo, la Opinión Consultiva 24/17 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, instrumento que reconoce la identidad autopercebida de las personas y los derechos patrimoniales de parejas del mismo sexo.
El documento, recuerda Pakta en un comunicado, establece que para el reconocimiento de la identidad de género no se debe exigir certificados médicos ni psicológicos. Además, que la Organización Mundial de la Salud reconoció que la identidad trans no es una patología psiquiátrica.
Mientras que la activista Nua Fuentes, de Proyecto Transgénero, considera que los requisitos impuestos por la Corte pueden ser problemáticos. Menciona que frente al desconocimiento y prejuicios, profesionales de salud patologizan la identidad trans.
La Sentencia 4-24-CN/26 sobre la inconstitucionalidad de negar a adolescentes trans cambio de su sexo o género en la cédula es un acto que entreabre la puerta para los derechos, pero también sostiene algunas barreras y es problemático para adolescentes trans #Ecuador
Abro hilo🧵 pic.twitter.com/aKBUlmnU1A— Nua Elizabeth Fuentes Aguirre (@NuaEliz) March 11, 2026
Además, señala que puede haber casos de que la familia y psicólogos expresen rechazo a la identidad trans y limiten los derechos de adolescentes trans. O también menciona casos de abandono de niñes y adolescentes trans y pregunta cómo reconocer su identidad si no cumplen con el requisito de acudir sin representantes legales.
Los condicionamientos para el cambio del campo de sexo o género en la cédula para adolescentes trans marcan también una diferencia con el procedimiento en personas trans de más de 18 años, pues estas —desde las reformas vigentes en 2024— no deben presentar requisitos. Solo su declaración expresa de ser una persona trans que desea que los datos de su cédula estén conformes a su identidad de género.
La madurez de niñeces y adolescencias ha sido un tema abordado en convenciones o instrumentos internacionales. La Convención sobre los Derechos del Niño de la ONU del 2009 es contundente al reconocerles como seres autónomos y capaces de formar sus propias opiniones a través de la experiencia, el entorno, las expectativas sociales y culturales.
Esta convención es mencionada en una sentencia de la Corte Constitucional en que reconoció la identidad de infancias y adolescencias trans en el sistema educativo.
En las Observaciones Generales del Comité de los Derechos del Niño, documentos de interpretación para los alcances de la mencionada Convención, se explica que la madurez es “la capacidad de comprender y evaluar las consecuencias de un asunto determinado”, lo cual debe considerarse en relación con su capacidad individual, contextos, entornos, experiencias de vida y familiar, desarrollo psicológico y no únicamente con su edad biológica.
Además, que la edad cronológica no determina la evolución de las capacidades de las niñeces y adolescencias porque estas crecen a lo largo del tiempo.
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