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Delitos de odio en Ecuador: sin sentencias, protocolos y la eterna incógnita de cómo juzgarlos

La ley y el Código Penal incluyen las personas LGBTQ

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(Ilustración de Diana Romero por Edición Cientonce)

Edición Cientonce es el socio mediático del Washington Blade en Ecuador. Esta nota salió en su sitio web el 12 de octubre.

Por Óscar Molina V.

Domingo, noche, mediados de enero de 2022.

Ronny (nombre protegido) estaba en una parada de bus entre las calles 38 y Portete, en el sur de Guayaquil. Llevaba 25 minutos esperando y, como no pasaba ningún bus, decidió caminar a la casa de su amigo en el barrio Los Ceibos. Era un camino conocido. Nunca le había pasado nada.

Ronny –drag queen, cantante, 23 años– iba distraído, contestando un mensaje. Levantó la vista un rato, vio la rampa del puente Portete que iba a cruzar y empezó a subirlas concentrado en el teléfono. De pronto, de la oscuridad, salieron dos hombres. Lo agarraron de los brazos y lo arrastraron a un zaguán. 

–Había ropa rasgada, colchones rotos, preservativos. Pensé que iba a ser un robo diminuto, pero cuando me arrastraron allá me imaginé que me iban a violar.

Mientras uno lo retenía, el otro le quitaba el celular, el short, el boxer, los zapatos. Ronny se quedó solo en camiseta. Tres hombres más aparecieron. Ronny quiso gritar, pero le taparon la boca. Lo ahorcaron.

–Y me empezaron a decir: ¿Te gustan los hombres, maricón? ¿Te gustan? Aquí tienes cinco. 

Ronny no podía respirar. Con sus últimas fuerzas, le arañó la cara a quien lo retenía. Los agresores se fueron: se asustaron. 

–Eran jovencitos, de esos manes que recién comienzan. Al verme, asimilaron que era gay, débil, y que me iba a dejar nomás. Me atacaron con más saña por mi condición.

Desnudo y descalzo, Ronny fue hasta una gasolinera para pedir ayuda. No le hicieron caso. Una señora lo vio, le dio una pantaloneta y le prestó el teléfono para que llamara a la Policía. Cuando llegaron, los policías le dijeron que no podían hacer nada porque no había una denuncia.

Al día siguiente, Ronny fue a una de las delegaciones de la Fiscalía en Guayaquil. Se puso al final de la fila: había unas 30 personas delante suyo. Esperó 40 minutos y, cansado, se fue. 

–Igual no creo que hubiera servido de nada quedarme y denunciar, porque ni investigan. 

Ronny dice que tampoco sabía que podía haber denunciado lo que le pasó como un delito de discriminación o de odio. No sabía, ni siquiera, que esos delitos existen en Ecuador. 

***

Los delitos de odio se incluyeron en la legislación ecuatoriana en 2009, en la Ley Reformatoria al Código de Procedimiento Penal y al Código Penal, que mencionaba “cualquier forma de violencia moral o física contra una o más personas” a causa de su “orientación sexual o identidad sexual” (sic). 

Actualmente, el Código Órganico Integral Penal (COIP), aprobado en 2014, tipifica el delito de odio. El artículo 177 define los “actos de odio” como cualquier acto “de violencia física o psicológica  de odio” por razones de etnia, edad, “sexo, identidad de género y orientación sexual”, entre otros. La sanción para este delito es de uno a tres años de prisión. 

Si la violencia mata a la persona, la pena es de 22 a 26 años. 

En el COIP de 2014 también se incluyó el delito de discriminación en el artículo 176. En este caso, la persona que propague, practique o incite distinción, restricción, exclusión o preferencia por, entre otros motivos, identidad de género u orientación sexual, “será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años”.

Juana Fernández, experta en género de la Fiscalía General de Estado, ejemplifica cada delito:

– Un delito de discriminación, por ejemplo, es si llego a un establecimiento de salud, soy una mujer lesbiana, pido atención gineco-obstétrica e indico que tengo relaciones sexuales con mi pareja, y el médico se asusta y me dice que no atiende a mujeres lesbianas. Está ejerciendo un acto de exclusión de mi derecho a la salud por mi orientación sexual, mi identidad y mi proyecto de vida. Si fuese un delito de odio, puede ser que, en esa revisión, el médico me empuja y me lastima con el aparato que usa para revisar mis órganos genitales. 

El caso de Siri Daniela Aconcha, una mujer trans migrante de 22 años, configuraría un delito de discriminación. En abril de 2022, en una consulta en el hospital público Eugenio Espejo, en Quito, le fue negado su derecho a la salud. Aconcha denunció que el médico que la atendió le dijo que la transexualidad “es un trastorno” y amenazó con borrar sus datos del sistema. 

Las implicaciones y consecuencias de los delitos de discriminación y de odio son claras. Pero la aplicación específica del delito de odio aún es un terreno movedizo.

Tesis y artículos que lo analizan coinciden en que la “subjetividad” de este delito es problemática. Abogados y jueces –indican estos análisis– tendrían dificultades para probarlo y juzgarlo como tal, pues se basa “en un elemento meramente subjetivo” como los sentimientos, “específicamente el odio”.  

En un artículo de 2013 al respecto, Vicente Robalino Villafuerte (+), entonces juez de la Corte Nacional de Justicia, concluye que, incluso, “resulta peligroso cuando las emociones son objeto de norma y no los bienes jurídicos aportados por la carta constitucional, dejando así a la administración de justicia en un debate de emociones y no de conceptos jurídicos”.

***

–No es difícil investigar un delito de odio si se tienen los elementos probatorios y las experticias periciales para hacerlo.

Lo dice Christian Paula, abogado, docente de la Universidad Central del Ecuador y miembro de Fundación Pakta. Paula reconoce la subjetividad de este delito y explica que ésta se refiere al móvil o al motivo que lo provoca.

–Lo que hay que entender es que hay un prejuicio subjetivo instalado en la persona agresora. La Fiscalía y los abogados de la acusación particular, entonces, deben tener la argucia para recaudar material probatorio coyuntural y psicológico del móvil del agresor. 

Para eso, agrega, se debería hacer una pericia psicológica, otra de contexto –para saber cómo fue criada esa persona, su historia– y una de contexto de género, para identificar los prejuicios del agresor. 

–Pero el problema –opina Paula– es que hay una deficiencia muy fuerte en servicios periciales en Ecuador. 

Paula dice, además, que el artículo 81 de la Constitución establece la creación de “procedimientos especiales y expeditos para el juzgamiento y sanción” de  delitos de violencia intrafamiliar, sexual, y crímenes de odio. Para los últimos, menciona los delitos contras niñas, niños, adolescentes y, entre otros, a “personas que, por sus particularidades, requieren una mayor protección”. 

Incluso, según el mismo artículo, “se nombrarán fiscales y defensoras o defensores especializados para el tratamiento de estas causas, de acuerdo a la Ley”.

En 2014, un grupo de mujeres presentó una acción de inconstitucionalidad por omisión ante la Corte Constitucional debido a que la Asamblea no había creado dichos procedimientos. La Corte falló a favor. 

–Pero la reforma para crear los procedimientos especiales y expeditos –dice Paula– recién se hizo en 2019. Y se colocó solo para los delitos de violencia psicológica contra las mujeres, y no desarrollaron los procedimientos especiales y expeditos penales para los delitos de odio (contra personas LGBTIQ+). Entonces la Asamblea sigue incumpliendo esta sentencia de la Corte Constitucional y el mandato de la Constitución.

Pedro Gutiérrez Guevara, abogade investigadore de Kuska Estudio Jurídico, considera por su parte que es complicado “regular” el odio. 

–Sobre todo porque eso, hoy en día, nos pone en una tensión con lo que significaría patologizar a las personas agresoras o perpetradoras (…) Porque a veces con el odio, y con la patología, lo que sucede es que hay una institución que debe encargarse de eso, hay un profesional o una ciencia que tiene que encargarse de eso, porque es básicamente como una enfermedad que alguien tiene. 

De ahí que Gutiérrez propone dejar de hablar de odio para hablar de violencia por prejuicios, pues éstos son generados por distintos sectores de la sociedad.  

“Resulta problemático que el delito de odio en su redacción no prevea un elemento social/cultural que deba ser investigado, ya que los prejuicios no son construcciones aisladas, son sociales y funcionan en imaginarios colectivos”, escribe Guitiérrez en un artículo titulado (Re)pensar el delito de odio en Ecuador a partir de la muerte violenta de Javier Slater Viteri Alburqueque, incluido en un boletín dedicado al análisis jurídico, social y mediático de este caso de una muerte violenta de un joven homosexual en Arenillas, provincia de El Oro.

–En la violencia por prejuicio –añade– también podemos disputarle cosas al Estado. Porque aunque los prejuicios los generan distintos sectores de la sociedad, quien debería combatirlos, principalmente, es el Estado. 

Para Gutiérrez, además, es necesaria una autocrítica frente al “discurso punitivista” que ve en el encarcelamiento “sin privilegios” una forma de castigo justa. Ese “reformismo penal que legitiman ciertos activismos LGBTIQ+”, escribe Gutiérrez en su artículo, “lo que permite es que ‘las malas personas’ terminan sobreviviendo en un sistema carcelario fallido”. 

***

Stella Zonin Massi, abogada especialista en derechos humanos y género, dice que los prejuicios y la falta de perspectiva de género de los operadores de justicia también inciden directamente en esta problemática. 

Zonin Massi investigó la dificultad de sancionar penalmente los delitos de odio hacia la comunidad LGBTIQ+ en Ecuador. En 2020 –dice– encuestó por su cuenta a 72 empleados judiciales a escala nacional –entre jueces penales, fiscales, secretarixs, asistentes– y entrevistó a tres autoridades.

–Y la conclusión –dice Zonin Massi– fue que no tienen claro cuál es el protocolo para investigar un delito de odio porque es muy “subjetivo”. Algunxs incluso decían que no saben la diferencia entre orientación sexual e identidad de género. Lo común, entonces, es que, por facilidad, apliquen un delito más utilizado, como el asesinato. 

Paula concuerda con lo de dicha “facilidad” y agrega que otro problema es que, al momento de poner la denuncia, la víctima no puede indicar en los formularios cuál es su orientación sexual o su identidad de género. 

Juana Fernández, experta en género de la Fiscalía, reconoce la falta de esas categorías en los formularios.

–Hemos implementado una reingeniería en el SIAF (Sistema Integrado de Actuaciones Fiscales) que contempla diferentes categorías de género y sus subcategorías, para mejorar esa data estadística de los casos y de las múltiples vulnerabilidades que atraviesan a una víctima. Por ejemplo, si es mujer, afrodesciente, lesbiana, etc. La idea es tenerlo listo a finales de año o a inicios del año que viene. 

–¿Hace falta, sin embargo, más sensibilización para los operadores de justicia sobre este tema?

–Por supuesto, siempre digo que, para la mejora contínua, hay que partir desde el reconocimiento legítimo de que nos falta mucho por hacer. No invisibilizar ese reto y ese desafío (…). Tenemos también la dirección de Capacitación y Fortalecimiento Misional. Ellos están trabajando en programas de sensibilización frente al manejo y abordaje de casos con grupos históricamente vulnerados.  

Guido Quezada, director de Capacitación y Fortalecimiento Misional de la Fiscalía, indicó a través de correo electrónico que 78 servidores de la Fiscalía “aprobaron” el curso virtual Transversalización del Enfoque de Género en el sector público y privado, organizado por el Ministerio de Trabajo en junio de 2021.

En junio de 2022, la misma dirección, según Quezada, “coordinó” la participación de 40 servidores públicos en el curso virtual Desde adentro: Juntxs contra las violencias y discriminación por orientación sexual, identidad de género y/o canon corporal, organizado por la Secretaría de Derechos Humanos.

Quezada añadió que la dirección tiene planificado ejecutar otro “módulo” titulado Violencia de Género – Eje temático sobre la comunidad LGBTIQ, dirigido a fiscales, secretarios, asistente de fiscal personal de la Unidad de Atención en Peritaje Integral (UAPI) y servidores de Direcciones de las provincias de Azuay, Guayas, Galápagos, Pichincha y Manabí” (sic).

***

Desde 2014 hasta mediados de junio de 2022 (mes en que se pidió la  información), la Fiscalía registraba 2.708 actos de odio en fase pre procesal y procesal penal (es decir, la etapa de investigación con víctimas, testigos, etc., y la etapa acusatoria, de defensa y de emisión de una sentencia). Al preguntar cuántos de esos actos de odio correspondían a casos de personas de la comunidad LGBTIQ+, la Fiscalía respondió por correo electrónico: “la variable de LGBTIQ+ no se refleja en nuestro sistema” (sic).

Y aclaró que, en la información enviada, el tipo penal actos de odio está “desagregado en forma general como “Genero”, que es lo que refleja nuestro sistema” (sic). 

Entre 2014 y mediados de junio de 2022, la Fiscalía registró 142 “Actos de odio (violencia de género)” en fase pre procesal y procesal penal.

***

Christian Paula, de Fundación Pakta, menciona al “caso Arce” como una sentencia ejemplar en la que, hasta ahora, se ha aplicado “de manera eficiente” el delito de odio. Este, de acuerdo con la Defensoría del Pueblo, es el primer caso de delito de odio racial sentenciado en el país.

Michael Arce entró a la Escuela Superior Militar Eloy Alfaro (ESMIL), en Quito, en 2011. Durante el reclutamiento, según la Fiscalía, fue “afectado física y psicológicamente por ser afroecuatoriano” por el teniente Fernando Encalada, su instructor.

Arce se retiró de la ESMIL por los maltratos y Encalada fue sentenciado a una pena de “cinco meses y veinticuatro días de prisión correccional”, como indica la sentencia, que incluyó también disculpas públicas.  

Stella Zonin Massi, en cambio, nombra el caso de Javier Viteri como el primero hacia una persona de la comunidad LGBTIQ+ que podría y debería haber sido sentenciado como un delito de odio.

– Ese caso es claro. Ahí hubo saña. No le das 89 puñaladas a una persona solo porque sí. El delito principal era el odio. El militar que mató a Javier estaba motivado por el odio.

***

Javier Viteri era un chico homosexual de 22 años que vivía en la ciudad de Arenillas, provincia de El Oro. Trabajaba de ayudante en un consultorio odontológico: quería ser médico. El 27 de mayo de 2020, Viteri chateó por el servicio Messenger de Facebook con Hilmar Corozo, de 19 años, conscripto de las Fuerzas Armadas. Lo hizo 10 horas antes del encuentro por la noche. 

Corozo fue a la casa de Javier y, 25 minutos después, salió corriendo de ahí, según recoge diario Extra. Cuando los amigos de Viteri entraron a su departamento –donde habían estado unos minutos antes–, lo encontraron muerto. Corozo lo había apuñalado en el cuello, la espalda, el abdomen y el tórax.

–Dentro la instrucción fiscal aparecían elementos que de, alguna u otra manera, hacían entender que estamos hablando de un delito de odio– dice Michael García Jaramillo, abogado de la familia Viteri.

– ¿Qué elementos? 

– El chat que mantuvieron antes de lo ocurrido. Estamos hablando de dos personas de sexo masculino que tienen una conversación un poco más profunda, en el sentido de lo que podría llamarse algún tipo de relación. Otro elemento de convicción es que suben al departamento solo dos personas. Y la modalidad, el modus operandi: matar a una persona con cerca de 99 puñaladas. Pero, bueno, esas son potestades única y exclusivamente de Fiscalía.

El 9 de junio de 2020, la Defensoría del Pueblo emitió un comunicado en el que instó, sobre todo a la Fiscalía, a que se investigara el caso de Javier Viteri como un delito de odio. 

La Defensoría del Pueblo, en el pronunciamiento, “deplora el posible cometimiento de un delito de odio, omitido por el fiscal a cargo, quien, según el reporte de medios de comunicación públicos y privados, habría formulado su acusación por el presunto delito de robo con resultado de muerte, mientras el juez de turno ordenó la investigación por el delito de asesinato”.

Tres días después, el 12 de junio, la Alianza por los Derechos Humanos Ecuador, conformada por cerca de 30 organizaciones, emitió una alerta en la que señaló que la muerte de Viteri “configura un delito de odio y debe ser investigado de forma exhaustiva”.

Luego de un año, un mes y 10 días de la muerte de Viteri, como indicó le abogade Pedro Gutiérrez en Twitter, Corozo recibió una condena de 34 años y 8 meses por el delito de asesinato. La compensación para la familia, además, se fijó en 50 mil dólares.

–¿Habría sido importante que se lo formulara como un delito de odio?

–Lo que mis clientes buscaban, los papás del hoy occiso, era justicia. Y si me preguntas a mí como abogado, pues, la justicia llegó, llegó. Más allá de que se haya imputado por A o B motivo– dice Michael García Jarramillo, abogado de la familia Viteri.

Juana Fernández, experta en género de la Fiscalía, acota:

–La valoración de la prueba no le corresponde a la Fiscalía, sino le corresponde al juez. Y quien efectivamente sanciona es el juez (…). Desde la dirección de Derechos Humanos emitimos un informe pormenorizado de estándares internacionales de derechos humanos a favor de que se tipifique por delito de odio. Sin perjuicio de ello, a pesar de reunir todos los elementos, el juez, al valorar la prueba, consideró que se debía sancionar por asesinato. 

***

–Es lamentable (lo ocurrido con el caso Javier Viteri), porque si bien estamos luchando por leyes, reconocimientos, tipificaciones, condenas, etc., lamentablemente estas se enmarcan alejadas del marco que tiene que ver con respecto a las poblaciones LGBTI.

Es la opinión de Diane Rodríguez, directora de la Asociación Silueta X, y directora nacional de la Federación Ecuatoriana de Organizaciones LGBTI. Silueta X ha recogido información sobre asesinatos desde 2013 y elabora el infome Runa Sipiy sobre “asesinatos, muertes violentas, no esclarecidas, muertes sospechosas de criminalidad, intentos de asesinatos, secuestros y torturas” de personas de la diversidad sexo genérica. 

En 2021, según este informe, hubo 15 asesinatos a personas LGBTIQ+: 10 corresponden a mujeres trans y 5 a hombres homosexuales. 

Hasta junio de 2022, dice Rodríguez, ya se registraban 16, y es probable que, hasta fin de año, se dupliquen.

– ¿Puede haber, entonces, un subregistro de delitos de odio hacia la población LGBTIQ+?

Rodríguez responde:

– O sea, no vamos a negar que, si matan a una persona de la diversidad, de repente no tiene que ver con que quien mata odia a personas gays, lesbianas, bisexuales o trans (…). El problema es que no se investigan los casos. El ecuatoriano común, en este momento, está viviendo lo que hemos vivido las personas LGBT desde hace años: te matan y nadie va preso. Esto nosotros lo hemos experimentado siempre. 

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Un terremoto también se vive desde el exilio

Yonatan Matheus se nació en La Guaira, la zona venezolana más afectada por los sismos

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(Imagen por Tindo/Bigstock)

El 24 de junio de 2026, dos terremotos sacudieron Venezuela y alteraron la vida de miles de personas en cuestión de segundos. Para gran parte del mundo fue una noticia que ocupó titulares durante algunos días. Para quienes nacimos allí, el tiempo pareció detenerse. Antes de pensar en la magnitud del sismo o en el número de viviendas afectadas, hubo una pregunta que desplazó cualquier otra: ¿estarán bien quienes amo?

Los desastres naturales no solo transforman los territorios; también modifican la manera en que quienes vivimos en el exilio nos relacionamos con el lugar al que seguimos llamando hogar. La distancia no reduce el dolor ni la preocupación por quienes permanecen allí. Cada llamada sin responder, cada fotografía y cada mensaje recuerdan que existen vínculos que sobreviven a las fronteras, al tiempo y a la propia migración.

Lo primero que hice fue llamar a mi familia en La Guaira. Durante esos minutos comprendí, una vez más, que también existen terremotos que se sienten desde el exilio. La incertidumbre crece con cada llamada que no entra y con cada mensaje que permanece sin respuesta.

Cuando finalmente logré comunicarme, confirmé que familiares y personas cercanas habían perdido sus hogares, que distintas zonas de La Guaira enfrentaban graves afectaciones y que comunidades como Carayaca, El Junko y otros sectores del oeste del estado también sufrían las consecuencias de los terremotos. Aunque algunas de estas localidades registraron daños estructurales de menor magnitud que las zonas más devastadas, sus habitantes también vieron alterada su vida cotidiana por la interrupción de servicios, las dificultades de acceso y la profunda interdependencia social, económica y comunitaria que caracteriza a La Guaira.

Algunos miembros de mi comunidad también habían fallecido. Entre ellos estaban dos hombres gays a quienes conocía. Sus nombres me recordaron que detrás de cada cifra existen historias, afectos y proyectos de vida. También me hicieron pensar en todas aquellas personas cuyas vidas y muertes difícilmente ocuparán un titular, especialmente quienes durante años vivieron en los márgenes, con escasa visibilidad y sin el pleno reconocimiento de su dignidad. Me recordaron, además, que las emergencias nunca afectan a todas las personas por igual y que quienes ya enfrentaban mayores condiciones de vulnerabilidad suelen soportar una carga aún más pesada durante la recuperación. 

El país del que uno sale nunca desaparece

Nací y crecí en La Guaira. Allí permanecen buena parte de mi historia, mi familia, mis amistades y una comunidad que sigue formando parte de quien soy. Hace diez años tuve que salir de Venezuela y solicitar asilo en Estados Unidos como consecuencia de la persecución que enfrenté por ser un hombre gay y defensor de derechos humanos. Con el tiempo comprendí que el exilio no consiste únicamente en cambiar de país. También significa aprender a vivir con la certeza de que una parte de nosotros permanecerá siempre en el lugar del que tuvimos que partir.

Cada celebración familiar, cada crisis y cada tragedia confirman que seguimos perteneciendo a ese territorio. Las personas refugiadas y migrantes no dejamos de vivir las emergencias de nuestros países de origen; simplemente las vivimos de otra manera. Mientras otras personas pueden desplazarse para abrazar a sus familias o participar directamente en las labores de ayuda, quienes estamos lejos intentamos acompañar desde la incertidumbre, con la impotencia de saber que el corazón permanece donde el cuerpo ya no puede estar.

Quizá esa sea una de las dimensiones menos visibles del desplazamiento forzado. Vivimos las tragedias de nuestro país a la distancia, con menos posibilidades de actuar físicamente, pero con el mismo dolor y con un profundo sentido de responsabilidad hacia las personas y los lugares que siguen formando parte de nuestra historia.

Cuando una casa representa toda una vida

Después de una emergencia suele repetirse una frase bien intencionada: “Lo importante es que todos están vivos; lo material se recupera.” Aunque busca transmitir esperanza, también puede invisibilizar una realidad profundamente humana. En Venezuela, una vivienda rara vez representa únicamente una construcción. Es el resultado de años de trabajo, sacrificios compartidos y sueños familiares. En sus paredes también habitan recuerdos, fotografías, documentos y la memoria de quienes la construyeron.

Cuando un terremoto destruye un hogar, también altera el proyecto de vida de una familia. Por eso no basta con volver a levantar edificios. Es necesario crear las condiciones para que las personas recuperen estabilidad, seguridad y la posibilidad de imaginar nuevamente un futuro. Como trabajador social, estoy convencido de que los territorios no vuelven a ponerse de pie únicamente con cemento. También necesitan confianza, organización, apoyo mutuo y espacios donde las personas puedan elaborar el duelo y fortalecer nuevamente sus redes de apoyo.

Ese proceso tampoco ocurre en igualdad de condiciones para todas las personas. Los desastres suelen profundizar desigualdades que ya existían antes de la emergencia. Las personas adultas mayores, la niñez, las personas con discapacidad, quienes viven con enfermedades crónicas o con VIH y muchas personas LGBTQ, especialmente aquellas que enfrentan pobreza, discriminación o redes de apoyo limitadas, suelen encontrar mayores obstáculos para acceder a servicios, restablecer sus medios de vida o volver a sentirse seguras. Una respuesta verdaderamente humanitaria no consiste únicamente en llegar primero; consiste en asegurar que nadie quede atrás cuando comienza el largo camino para reconstruir su vida. 

Cuando la emergencia deja de ser noticia

Las primeras horas después de un desastre suelen despertar lo mejor de una sociedad. Vecinas y vecinos organizan rescates, personas voluntarias distribuyen alimentos, equipos de salud trabajan sin descanso y miles de ciudadanos, dentro y fuera del país, buscan la manera de ayudar. Esa movilización espontánea representa uno de los recursos más valiosos frente a cualquier crisis y demuestra que, incluso en contextos de profunda polarización, la vida humana sigue siendo capaz de convocar encuentros.

Sin embargo, para quienes sobrevivieron, el verdadero desafío apenas comienza cuando la emergencia deja de ocupar los titulares. Mientras los medios dirigen su atención hacia otras noticias y las donaciones disminuyen, miles de familias siguen intentando recuperar sus hogares, restablecer sus medios de vida y reorganizar una cotidianidad profundamente alterada. La crisis termina mucho antes para la opinión pública que para quienes continúan enfrentando sus consecuencias.

En la acción humanitaria suele describirse un fenómeno conocido como fatiga de la compasión. En términos generales, hace referencia a la disminución progresiva de la atención pública y de parte de la movilización solidaria conforme una crisis deja de ocupar el centro de la conversación. No significa que desaparezca la voluntad de ayudar, sino que nuevas urgencias desplazan rápidamente a las anteriores. El riesgo es que los territorios afectados queden solos precisamente cuando enfrentan la etapa más compleja de volver a levantarse.

Las principales organizaciones humanitarias recuerdan que reparar edificios constituye sólo una parte del proceso. También es indispensable fortalecer la salud mental, ofrecer apoyo psicosocial, recuperar el tejido comunitario y garantizar que la población participe activamente en las decisiones sobre su propio futuro. Una vivienda puede reconstruirse en algunos meses; recuperar la sensación de seguridad, la confianza o el sentido de pertenencia suele requerir mucho más tiempo.

Esta realidad resulta especialmente importante para quienes ya enfrentan condiciones de vulnerabilidad antes del terremoto. Las personas adultas mayores, la niñez, las personas con discapacidad, quienes viven con VIH y muchas personas LGBTQ suelen encontrar mayores barreras para acceder a servicios, mantener sus tratamientos, recuperar sus ingresos o reconstruir sus redes de apoyo. Las emergencias no crean esas desigualdades, pero con frecuencia las hacen más visibles y profundas. Por eso, una recuperación verdaderamente sostenible no consiste únicamente en volver al punto donde estábamos antes del desastre, sino en aprovechar ese proceso para reducir brechas históricas y fortalecer la inclusión.

Como trabajador social, prefiero hablar de una resiliencia consciente. No de una resiliencia que exige fortaleza permanente o invita a ocultar el dolor bajo la idea de que “hay que seguir adelante”, sino de aquella que reconoce las pérdidas, entiende que el duelo necesita tiempo y acepta que pedir ayuda también forma parte del camino. Ninguna comunidad debería sentirse obligada a reconstruirse sola, ni ninguna persona a demostrar que ya superó una tragedia antes de estar preparada para hacerlo.

Permanecer también es una forma de ayudar

El exilio me impidió estar físicamente en La Guaira durante los días posteriores a los terremotos, pero no me impidió asumir la responsabilidad de acompañar desde donde hoy me encuentro. Durante esas semanas utilicé mis plataformas para verificar información antes de compartirla, visibilizar localidades que históricamente han recibido menor atención —como Carayaca, El Junko y otros sectores del oeste del estado— y promover mensajes centrados en las necesidades de la población afectada.

Ese compromiso también dio origen a la serie documental La Guaira: Antes y Después, un esfuerzo por documentar cómo cambiaron distintos espacios y contribuir a que no desaparezcan de la memoria colectiva cuando termine la cobertura periodística. Más que registrar la destrucción, busca recordar que detrás de cada fotografía existen familias que seguirán necesitando apoyo mucho después de que las cámaras se hayan ido.

Creo profundamente que comunicar con responsabilidad también es una forma de acción humanitaria. Verificar antes de publicar, evitar la desinformación y mantener visibles a los territorios históricamente olvidados constituye una manera concreta de acompañar el proceso de recuperación y fortalecer el compromiso colectivo desde la distancia.

La solidaridad que decide quedarse

Los terremotos del 24 de junio de 2026 dejarán cicatrices visibles en edificios, carreteras y viviendas. Otras permanecerán en silencio, acompañando a familias que deberán reconstruir no solo sus hogares, sino también su sensación de seguridad, sus proyectos de vida y la confianza en el futuro.

Como venezolano, guaireño, refugiado y defensor de derechos humanos, esta experiencia reforzó una convicción que ha guiado buena parte de mi trabajo: las personas deben permanecer en el centro de cualquier respuesta humanitaria. Ninguna diferencia política, institucional o ideológica debería ser más importante que proteger la vida, aliviar el sufrimiento y garantizar que quienes enfrentan mayores condiciones de vulnerabilidad reciban el acompañamiento que necesitan para volver a empezar con dignidad.

Los terremotos dejan de sentirse cuando la tierra deja de temblar. El olvido comienza cuando dejamos de mirar. Entre una cosa y otra existe un largo camino que exige memoria, compromiso sostenido y la decisión colectiva de no abandonar a quienes siguen intentando levantarse cuando el resto del mundo ya ha seguido adelante. Porque una sociedad no termina de recuperarse cuando reconstruye sus edificios; lo hace cuando todas las personas tienen la oportunidad de volver a vivir con seguridad, esperanza y la certeza de que nadie quedó atrás.

Yonatan Matheus (He/Him/Él) es defensor de derechos humanos LGBTQ y trabajador social y activista. Trabaja en la intersección entre Migración, Justicia Social y respuesta al VIH.

Este comentario salió en el sitio web de Yonatan el 6 de julio.

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Centenares de personas participan en la Marcha del Orgullo en la capital salvadoreña

La población diversa volvió a ocupar el espacio público

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(Foto de Ernesto Valle por el Washington Blade)

SAN SALVADOR,  El Salvador Alrededor de las 2 de la tarde del 27 de junio, centenares de personas comenzaron a reunirse en el redondel Masferrer para participar en la tradicional Marcha del Orgullo LGBTQ de El Salvador, una movilización que año con año busca visibilizar las luchas, los avances y las demandas de la población diversa en el país. Más que una celebración, la actividad volvió a convertirse en un espacio para reivindicar la existencia de miles de personas que, pese a los desafíos sociales y políticos, continúan reclamando el respeto de sus derechos fundamentales.

Con banderas multicolores ondeando entre la multitud, música y una atmósfera cargada de emoción, la marcha inició su recorrido descendiendo por el Paseo General Escalón, atravesando las Fuentes Beethoven y la plaza El Salvador del Mundo hasta concluir en las inmediaciones del Parque Cuscatlán, sobre la 25 Avenida Sur.

A medida que avanzaban las horas, el tránsito habitual de una de las principales arterias de la capital fue sustituido por un río de colores, consignas y expresiones artísticas. Decenas personas voluntarias debidamente identificadas, acompañaron el recorrido para facilitar el paso de las personas participantes, detener el tráfico y garantizar el desarrollo de la actividad mientras miles de curiosos observaban desde las aceras, restaurantes, centros comerciales y edificios ubicados a lo largo del trayecto.

Desde horas antes del inicio del recorrido, las calles comenzaron a llenarse de personas provenientes de distintos departamentos del país. Algunas viajaron desde la madrugada para participar en la actividad, mientras otras aprovecharon el fin de semana para reencontrarse con amistades y familiares que cada año convierten la marcha en un punto de reunión.

Muchas personas dedicaron semanas e incluso meses a preparar cuidadosamente sus vestuarios, maquillajes, accesorios y pancartas. Cada atuendo representaba una forma distinta de expresar identidad, creatividad y orgullo. Algunos optaron por elaborados trajes inspirados en la cultura drag; otros lucieron prendas confeccionadas con los colores de las distintas banderas que representan a la diversidad sexual y de género. No faltaron quienes eligieron vestirse de manera sencilla, convencidos de que su sola presencia ya representaba un acto de valentía.

Los colores del arcoíris se mezclaron con las banderas trans, bisexuales, lesbianas, pansexuales, no binarias y otras identidades que forman parte de la diversidad humana. Entre abrazos, fotografías, consignas, bailes y presentaciones improvisadas, el ambiente transmitía alegría, pero también una profunda carga simbólica para quienes consideran esta marcha un acto de existencia y resistencia.

Las expresiones de afecto entre parejas, amistades y familias se desarrollaban con naturalidad durante todo el recorrido. Para muchas personas asistentes, ese espacio representó uno de los pocos momentos del año donde podían mostrarse públicamente sin ocultar quiénes son o temer al rechazo inmediato de quienes les rodean.

Memoria, resistencia y un llamado a no olvidar

Previo al banderillazo de salida, representantes de la Federación Salvadoreña LGBTIQ+ ofrecieron un mensaje que invitó a recordar el camino recorrido por quienes lucharon décadas atrás en condiciones mucho más adversas.

“Hoy caminamos pensando en quienes caminaron antes que nosotres, en quienes resistieron cuando nombrarse podía costar el trabajo, la familia, la libertad o la vida”, expresaron durante su intervención, provocando aplausos entre las personas asistentes.

El mensaje también recordó que muchas de las conquistas actuales son resultado de generaciones que enfrentaron discriminación, violencia institucional y exclusión social, abriendo camino para que nuevas juventudes puedan vivir su identidad con mayor libertad, aunque todavía persistan numerosos desafíos.

Las palabras pronunciadas antes del inicio de la marcha marcaron el tono del resto de la jornada. No se trataba únicamente de celebrar la diversidad, sino también de reconocer que detrás de cada bandera existe una historia marcada por la lucha contra la discriminación, la violencia y la invisibilización.

Sin embargo, el discurso también puso sobre la mesa una realidad poco discutida dentro del movimiento: la invisibilización de las personas adultas mayores LGBTQ. Según señalaron durante la actividad, la población diversa envejeciente continúa prácticamente ausente de los espacios públicos y de representación. No aparecen en las campañas del Mes del Orgullo, tampoco en las imágenes que suelen viralizarse en redes sociales ni en la publicidad que cada junio llena de colores distintos espacios comerciales.

Su ausencia también refleja las profundas desigualdades que históricamente ha enfrentado esta población. Muchas personas mayores crecieron en contextos donde expresar libremente su orientación sexual o identidad de género significaba perder el empleo, ser expulsadas de sus hogares o sufrir violencia física y psicológica.

La ausencia de referentes mayores refleja una deuda pendiente tanto de la sociedad como del propio movimiento, que enfrenta el desafío de reconocer las historias de quienes sobrevivieron a décadas de persecución y discriminación y que hoy continúan siendo parte fundamental de la memoria colectiva.

La edición 2026 de la marcha se desarrolló además en un contexto político que diversas organizaciones consideran especialmente complejo para la defensa de los derechos humanos.

Diversos sectores de la sociedad civil han manifestado preocupación por el cierre de espacios democráticos, el debilitamiento de organizaciones sociales y un ambiente que consideran cada vez más hostil para las personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas.

En medio de ese escenario, la movilización adquirió un significado que fue mucho más allá de la celebración. Para muchas personas asistentes representó un acto de presencia política y una reafirmación de que la comunidad continúa existiendo pese a los retrocesos percibidos.

Uno de los aspectos más visibles durante el recorrido fue la importante participación de jóvenes, muchos de ellos asistiendo por primera vez a una Marcha del Orgullo. Entre sonrisas y evidente emoción, varias personas compartían que habían esperado durante años la oportunidad de participar libremente en esta actividad.

Para algunos significaba encontrarse con otras personas que comparten experiencias similares; para otros era la primera ocasión en la que podían expresar públicamente su orientación sexual o identidad de género sin esconderse.

Durante la cobertura realizada por diversos medios internacionales, una persona entrevistada por el Washington Blade, quien solicitó permanecer en el anonimato, resumió el sentimiento que compartían muchas voces presentes.

“Yo apoyé en su momento al presidente actual, pero no sabía que eso tendría un precio que sería bajar mi categoría como ciudadane de un país tan pequeño y con mente más cerrada. Igual marcho para demostrar que aquí estamos resistiendo”, expresó.

El testimonio reflejó una percepción compartida por parte de algunos asistentes respecto al contexto político y social que vive actualmente la población LGBTQ en El Salvador.

(Foto de Ernesto Valle por el Washington Blade)

Entre el respaldo empresarial y el rechazo en redes sociales

A diferencia de años anteriores, otro elemento llamó la atención durante el recorrido: la limitada presencia de organizaciones sociales claramente identificadas mediante banners, mantas o bloques organizados.

Aunque sí participaron colectivos y activistas independientes, fueron los vehículos alegóricos patrocinados por establecimientos comerciales y empresas aliadas los que dominaron visualmente buena parte del recorrido.

Los carros decorados con música, animación y publicidad fueron algunos de los elementos más llamativos de la jornada. Desde ellos se lanzaban banderas, camisetas y recuerdos promocionales mientras decenas de personas bailaban al ritmo de música pop y electrónica, generando entusiasmo entre quienes acompañaban la marcha.

No obstante, para algunas personas participantes, la menor presencia visible de organizaciones históricas también reflejó las dificultades que actualmente enfrentan muchas asociaciones dedicadas a la defensa de derechos humanos y de la población LGBTQ.

Mientras miles de personas recorrían las principales arterias de la capital, el debate también se trasladó a las redes sociales. Las publicaciones realizadas por distintos medios de comunicación rápidamente se llenaron de algunos comentarios favorables, pero también de numerosas expresiones de rechazo hacia la marcha y hacia la población diversa.

Las críticas giraron principalmente alrededor de argumentos religiosos, posturas conservadoras y visiones tradicionales sobre la familia y la sexualidad. Muchas personas expresaron opiniones despectivas o mensajes de intolerancia, mientras otras defendieron el derecho constitucional de toda persona a manifestarse pacíficamente.

Para activistas consultados durante la jornada, estas reacciones evidencian que la discriminación continúa profundamente arraigada en distintos sectores de la sociedad salvadoreña y que la necesidad de generar espacios de diálogo y educación sigue siendo una tarea pendiente.

Pese a ello, el ambiente dentro de la marcha permaneció festivo durante todo el recorrido.

Las consignas por la igualdad se alternaban con música, coreografías improvisadas y expresiones artísticas que transformaron por varias horas las calles de San Salvador en un espacio de encuentro, celebración y reivindicación.

Una vez más, por segundo año consecutivo, la jornada concluyó sin el tradicional concierto masivo que durante años marcó el cierre de la actividad. La ausencia de un evento artístico con celebridades y espectáculos musicales no disminuyó el entusiasmo de quienes participaron hasta el final del recorrido. Conforme caía la tarde, muchas personas permanecieron en las inmediaciones del Parque Cuscatlán compartiendo fotografías, conversando y despidiéndose con la satisfacción de haber formado parte de una nueva edición del Pride salvadoreño.

Las fotografías, abrazos colectivos y mensajes escritos en pancartas terminaron convirtiéndose en el cierre simbólico de una jornada cuyo principal objetivo fue ocupar el espacio público y reafirmar la existencia de una comunidad históricamente marginada.

Las consignas podían leerse en decenas de carteles: llamados al respeto, a la igualdad, al reconocimiento de derechos y al fin de la discriminación.

Más que una celebración aislada, la Marcha del Orgullo 2026 volvió a convertirse en un recordatorio de que la historia de la población LGBTQ salvadoreña ha estado marcada por un pasado de violencia, un presente de constantes desafíos y un futuro que continúa construyéndose desde la esperanza.

En cada paso, quienes caminaron este sábado recordaron que el orgullo no nace únicamente de la celebración de la diversidad, sino también de la capacidad de resistir frente a la exclusión, el prejuicio y el silencio.

Con cada bandera levantada, cada abrazo compartido y cada consigna pronunciada a lo largo del recorrido, las personas asistentes enviaron un mensaje claro tanto a la sociedad salvadoreña como a las instituciones del Estado: la diversidad continúa presente, organizada y decidida a defender su derecho a existir.

Porque, como repetían muchas de las pancartas que acompañaron la movilización, el principal reclamo no es un privilegio especial. Es algo mucho más sencillo y, al mismo tiempo, profundamente humano: vivir con dignidad, sin miedo, con igualdad ante la ley y con el respeto que merece toda persona, independientemente de su orientación sexual o identidad de género. La Marcha del Orgullo 2026 volvió a demostrar que, pese a las adversidades, la población LGBTQ salvadoreña continúa encontrando en las calles un espacio para hacer visible su historia, sus luchas y la convicción de que seguir existiendo también es una forma de resistencia.

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El Salvador

‘Mani Fiesta tu Orgullo’: memoria, resistencia y celebración marcan inicio del Mes del Orgullo en El Salvador

Actividad reunió a cientos de personas en un espacio de encuentro, cultura y reivindicación

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(Foto cortesia de la Federación Salvadoreña LGBTI)

Entre los sonidos vibrantes de la batucada, las luces de colores, la música y los mensajes de reivindicación, el 5 de junio se llevó a cabo una nueva edición de “Mani Fiesta tu Orgullo”, un evento que durante los últimos cuatro años se ha convertido en una de las actividades más emblemáticas para dar inicio a las celebraciones y acciones de incidencia política, cultural y comunitaria del Mes del Orgullo en El Salvador.

La actividad, organizada por la Federación Salvadoreña LGBTI en conjunto con el Centro Cultural de España en El Salvador, congregó entre 200 y 300 personas que se dieron cita para compartir un espacio de encuentro, reflexión, memoria histórica y celebración de la diversidad.

Desde las 7 p.m. y hasta las 10 p.m., el recinto se transformó en un punto de reunión para activistas, artistas, organizaciones de la sociedad civil, personas de la comunidad LGBTQ y aliados que año con año encuentran en esta actividad una oportunidad para reafirmar su identidad y fortalecer los lazos comunitarios.

Más allá de una fiesta, los organizadores destacan que “Mani Fiesta tu Orgullo” representa un acto político y social de gran importancia, pues marca oficialmente el inicio de las actividades que diversas organizaciones desarrollan durante junio y permite posicionar públicamente las demandas, preocupaciones y aspiraciones de la comunidad LGBTQ salvadoreña.

Cuatro años construyendo comunidad y visibilidad

La iniciativa nació hace cuatro años como una propuesta para abrir el Mes del Orgullo desde un espacio cultural, inclusivo y accesible para todas las personas. Desde entonces, la actividad ha evolucionado hasta convertirse en una referencia dentro de la agenda de junio, permitiendo que organizaciones, activistas y miembros de la comunidad encuentren un espacio para compartir experiencias, fortalecer alianzas y proyectar mensajes de incidencia.

Para la Federación Salvadoreña LGBTI, uno de los aspectos más significativos ha sido el respaldo constante del Centro Cultural de España, institución que ha abierto sus puertas para albergar la actividad y contribuir a la promoción de los derechos humanos y la diversidad.

“Para nosotras y nosotros es muy gratificante contar con el apoyo del Centro Cultural de España, que ha sido un aliado importante para poder desarrollar este espacio y hacerlo crecer cada año”, destacaron integrantes de la Federación.

La continuidad del evento también refleja la capacidad de resistencia y organización de la comunidad LGBTQ en un contexto que continúa presentando desafíos relacionados con la igualdad, el reconocimiento y la garantía de derechos.

Durante estos cuatro años, “Mani Fiesta tu Orgullo” ha servido como un espacio de expresión artística, pero también como una plataforma para visibilizar las realidades que enfrenta la población diversa en el país.

Un hecho histórico: la participación activa de la Asamblea Feminista

Uno de los aspectos que marcó esta edición fue la participación activa de la Asamblea Feminista, organización que desde el año pasado se ha incorporado de manera más directa a la coordinación y desarrollo de las actividades del Mes del Orgullo.

Aunque históricamente mujeres lesbianas y bisexuales han formado parte de las marchas y acciones impulsadas por la comunidad LGBTQ, su participación en los procesos organizativos había sido limitada. La incorporación de la Asamblea Feminista representa, según activistas, un paso importante hacia la construcción de un movimiento más amplio, inclusivo y articulado.

Para Karla Guevara, secretaria general de la Federación Salvadoreña LGBTI, este acercamiento constituye un hecho sin precedentes dentro de la historia reciente del movimiento. 

“Creo que esto es inédito, y a nosotras y nosotres como Federación nos llena de orgullo que las compañeras lesbianas y bisexuales se hayan podido sumar a estas actividades del Mes del Orgullo”, expresó.

Karla Guevara, secretaria general de la Federación Salvadoreña LGBTI (Foto cortesía de la Federación Salvadoreña LGBTI)

La participación de organizaciones feministas también evidencia una creciente convergencia entre distintas luchas sociales que comparten principios relacionados con la igualdad, la dignidad humana y la defensa de los derechos fundamentales. Para muchas personas asistentes, esta articulación representa una oportunidad para fortalecer redes de apoyo y construir agendas comunes frente a desafíos que afectan a diversos sectores históricamente excluidos.

Arte, música y celebración como herramientas de resistencia

La jornada estuvo marcada por expresiones artísticas que aportaron energía y color a la celebración. La reconocida batucada Las Musas fue una de las agrupaciones encargadas de animar la noche, aportando ritmos vibrantes que acompañaron gran parte de la actividad.

Asimismo, la participación de la DJ Drag Alexa Evangelista contribuyó a crear un ambiente festivo y diverso, donde la música se convirtió en un lenguaje común para las personas asistentes.

Más allá del entretenimiento, las expresiones artísticas desempeñan un papel fundamental dentro de los movimientos sociales, especialmente en aquellos relacionados con la diversidad sexual y de género.

El arte, la música, la danza y las expresiones culturales permiten construir comunidad, fortalecer identidades y generar espacios seguros donde las personas pueden expresarse libremente. En este sentido, “Mani Fiesta tu Orgullo” demuestra cómo la celebración también puede convertirse en una forma de resistencia frente a la discriminación y la exclusión.

Un manifiesto dedicado a la memoria y la gratitud

Uno de los momentos más significativos de la noche fue la lectura del manifiesto del orgullo correspondiente a este año. A diferencia de otros años, el documento estuvo enfocado principalmente en la memoria histórica y el reconocimiento de quienes construyeron los primeros espacios de organización y resistencia en condiciones mucho más adversas.

El mensaje recordó a aquellas personas que, en décadas pasadas, comenzaron a construir comunidad desde la clandestinidad, cuando la discriminación social era aún más intensa y los espacios seguros prácticamente inexistían. También rindió homenaje a quienes fallecieron durante la pandemia del VIH/Sida en las décadas de 1980 y 1990, una de las etapas más dolorosas para la población LGBTQ a nivel mundial.

El manifiesto destacó además la importancia de recordar la primera Marcha del Orgullo realizada en El Salvador en 1997, un acontecimiento histórico que marcó un antes y un después en la visibilidad pública de la comunidad diversa. Asimismo, se hizo un reconocimiento especial a las personas adultas mayores de la comunidad, incluyendo mujeres lesbianas, hombres gays, personas bisexuales y mujeres trans, cuyas experiencias y luchas han contribuido a abrir camino para las nuevas generaciones.

Para muchas de las personas presentes, este enfoque representó una invitación a mirar hacia atrás con gratitud, reconociendo que los avances actuales son el resultado de décadas de trabajo, organización y valentía.

El orgullo como memoria, comunidad y esperanza

Aunque junio suele asociarse con celebraciones, desfiles y manifestaciones públicas, para muchas organizaciones LGBTQ el orgullo también implica memoria, reflexión y compromiso con las generaciones futuras.

Eventos como “Mani Fiesta tu Orgullo” permiten recordar que detrás de cada conquista existen historias de personas que enfrentaron discriminación, violencia y exclusión para abrir espacios de participación y reconocimiento. Al mismo tiempo, estas actividades fortalecen los vínculos comunitarios y generan oportunidades para que nuevas personas se integren a los movimientos de defensa de derechos humanos.

La edición de este año dejó en evidencia que la comunidad LGBTQ salvadoreña continúa apostando por la organización colectiva, la construcción de alianzas y la recuperación de la memoria histórica como herramientas fundamentales para avanzar. Con una asistencia que superó las expectativas de los organizadores y una creciente participación de distintos sectores sociales, “Mani Fiesta tu Orgullo” reafirmó su lugar como una de las actividades más significativas del inicio del Mes del Orgullo en El Salvador.

Más que una celebración, fue un espacio para recordar, agradecer y reconocer que cada paso dado en la búsqueda de igualdad ha sido posible gracias a quienes, desde distintos momentos de la historia, decidieron levantar la voz y construir comunidad. Y precisamente allí radica la esencia de esta actividad: en recordar que el orgullo no solo se celebra, también se hereda, se construye y se comparte.

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