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El suicidio de Rick: bullying, homofobia y una madre que busca justicia
Rick, de 16 años, se suicidó en Ecuador el 1 de febrero
En el dormitorio de Rick, sobre un escritorio de madera, aún reposa el folleto de la carrera de Cine de una universidad pública, junto a un cuaderno de pasta azul que contrasta con otros dos en los que las cubiertas las acapara el colorido dibujo de una pelirroja adolescente sobre siluetas de flores.
Una solitaria vincha en la que sobresalen dos corazones blancos y un fragmento de lo que era un tercero reposa también entre útiles escolares.
El primer cajón del escritorio guarda lo que fueron sus tesoros para su cuidado personal: productos de “skincare”, una brocha de polvo y un cepillo para el cabello.
La madre de Rick, Roxana Ramos, conserva casi intacto ese escritorio, así como la cama cuya cabecera está repleta de peluches, y el clóset con prendas ‘aesthetic’, como él las llamaba.
Todos son artículos u objetos familiares para ella. Rick quería ser actor, era un sueño que le había compartido y ya habían elegido una universidad; se maquillaba y usaba vinchas desde los 13 años y ella nunca lo reprimió; ni lo rechazó cuando a los 11 le dijo “siento que soy gay”.
Pero ese sueño por ser parte de una producción artística se desvaneció y su dormitorio ya no es escenario de sus sesiones de “skincare”. El pasado 1 de febrero, Rick, de 16 años, se suicidó, y su madre señala que el bullying homofóbico, la discriminación y la violencia de las que Rick fue víctima en el colegio en que estudió lo mataron.
Mofas de estudiantes (incluso de otros cursos), una caída porque un compañero le puso el pie para que se tropiece, balonazos durante el recreo, y un baldazo de agua en pleno patio de la institución.
Son las situaciones que relata Roxana porque su hijo se las contó en las conversaciones diarias que mantenían; o porque, tras ese 1 de febrero en que rogó a los paramédicos que le salven la vida, ella ha accedido a los chats que Rick mantenía con sus amigas.
Además del bullying, Roxana apunta al hostigamiento de una profesora, quien -según le contó una compañera de Rick tras su muerte- lo llamaba de manera despectiva “el homosexual” en plena clase.
Roxana busca justicia para Rick, el segundo de sus cinco hijos, a quien cargó en brazos hasta los seis años, su incondicional compañero para ver películas en casa, y quien la animaba a comprarse prendas de ropa o cambiarse de “look”.
“Yo perdí un hijo, no perdí un carro o una casa, y lo que estoy pidiendo es que se hagan responsables”, expresa Roxana en el comedor de su vivienda, en la ciudadela Alborada, en el norte de Guayaquil.
Para ella, los responsables son el colegio en el que Rick cursaba el segundo año de Bachillerato en Contabilidad y la profesora de Matemáticas que -afirma- hostigó a su hijo. En su búsqueda de justicia, el pasado 12 de febrero, Roxana presentó ante el Ministerio de Educación una demanda por maltrato psicológico en contra de la docente. Exige que tanto la maestra como la institución educativa y sus representantes sean sancionados.
A la vez, ha proporcionado información a la Fiscalía en una investigación que inició de oficio por el suicidio de su hijo; la defensa legal de la familia considera que tras la muerte de Rick hay elementos que configuran en delito de odio, hostigamiento e instigación al suicidio.
La abogada de la familia, Soledad Angus, señala que hubo motivaciones explícitas detrás de la muerte de Rick y la Fiscalía debe investigar. “No puede quedarse como simplemente un suicidio”, advierte.
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Rick ingresó a estudiar al colegio que -según Roxana- causó dolor en él, en mayo de 2024, un mes antes de cumplir 16 años y celebrarlo comiendo pastel con su familia en casa. Ella conserva una foto de ese día: Él aparece sonriendo con sus tres hermanos menores.
Roxana cambió de colegio a su hijo (de uno particular a uno fiscal) el año pasado. Tomó esa decisión por estar inconforme con la enseñanza en la institución anterior. Pero el cambio le generaba temor; buscaba un lugar seguro para su hijo, donde no fuera violentado o discriminado por su orientación sexual.
– “Mamá, yo me siento que soy gay”.
– “Mi amor, yo te acepto como sea. Tú eres mi hijo”.
La conversación se dio cuando Rick tenía 11 años. Pero incluso antes Roxana no reprimió las actividades o los juegos por los que su hijo se mostraba interesado. De pequeño, por ejemplo, cortaba las tiras de sus mochilas para hacerle pelucas a sus muñecos.
“Nunca lo tratábamos como ‘eso no hagas’ o ‘eso está prohibido’, no, nunca. A él se le respetó bastante su niñez. Él era muy libre de hacer lo que quería”, recuerda.
En su adolescencia, vivió la misma libertad. Compró en una ocasión una mochila rosada de Hello Kitty que usaba para ir al cine con amistades o en paseos familiares. Y lucía también vinchas en su cabello.
Pero el año pasado, Rick experimentó desde un inicio rechazo y violencia en el colegio. En los primeros días de clase, estudiantes de otros cursos lo abordaron y le preguntaron si era gay.
Rick no le contó a su mamá sobre este hecho. Se lo había contado a una amiga, quien -tras la muerte de él- lo compartió con Roxana y le envió la captura de pantalla de un chat.
“Y pues le pregunto q por qué me dice eso”.
“Y pues medice que es que todos de mi curso y otros cursos anda hablando sobre ti”.
“Y yo what”.
(Nota de Redacción: Los mensajes están transcritos tal cual los redactó Rick).
Pero sí le comentó de otros, como cuando un compañero, de manera intencional, le puso el pie y, por supuesto, tropezó. O cuando estaba en el recreo sentado con sus amigas y de repente sentía en su cara o espalda el golpe de un balón de fútbol. Nunca pudo identificar a los responsables, pero escuchaba risas burlescas grupales tras recibir esos balonazos.
“Él se iba a quejar con la tutora y no sabían quién era porque se tapaban entre ellos”, asegura Roxana.
Las burlas y agresiones que sufrió Rick entran en el denominado bullying homofóbico. Edgar Zúñiga, coordinador general de la Red Ecuatoriana de Psicología por la Diversidad LGBTI, explica que en el bullying homofóbico el detonante de una violencia reiterativa entre pares es la percepción por parte de los agresores de que una persona pertenece a las diversidades sexogenéricas.
La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) precisa, en el informe “Abiertamente, Respuesta del sector de educación a la violencia basada en la orientación sexual y la identidad/expresión de género”, que los estudiantes LGBTQ tienen mayores probabilidades de sufrir violencia que sus pares que no lo son.
La violencia homofóbica y transfóbica, indica el documento, se basa en el miedo, la incomodidad, la intolerancia y el odio hacia la homosexualidad y hacia las personas sexualmente diversas.
“Esta violencia persistente se combina con todos los procesos internos de descubrimiento, de aceptación, de reconocimiento de su identidad, y eso puede provocar un impacto muy negativo en la vida de las personas, llegando incluso a intentos de suicidio”, indica Zúñiga.
En Ecuador, el suicidio es la tercera causa de muerte de infancias y adolescencias, según del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. No hay datos específicos de suicidios de infancias y adolescencias LGBTQ en el país, pero Zúñiga señala que -según estimaciones- las personas de las diversidades tienen hasta ocho veces más riesgo de ideación suicida que sus pares heterosexuales o cisgénero.
En Ecuador, la violencia por motivos de orientación sexual o identidad de género en escuelas y colegios está contemplada en el documento “Protocolos de actuación frente a situaciones de violencia detectadas o cometidas en el sistema educativo“, que establece directrices obligatorias para el abordaje de estos casos para instituciones públicas y privadas.
En la “Guía de orientaciones técnicas para prevenir y combatir la discriminación por diversidad sexual e identidad de género en el sistema educativo nacional” también se hace referencia a ese término y se señala que es deber de toda la comunidad educativa actuar para prevenir y abordar situaciones de violencia. En el documento, se recomienda que en estos casos el DECE (Departamento de Consejería Estudiantil, responsable del acompañamiento y seguimiento psicosocial de estudiantes) o tutor de curso actúen inmediatamente si se recibe una denuncia.
Además de las burlas y agresiones de sus compañeros, Rick se sentía incómodo en las clases de Matemáticas. Aunque no le contó a su madre los términos despectivos que ella hoy conoce por una compañera de él, sí le comentó que la profesora se negaba a despejar sus dudas, revisar sus tareas y lo excluía de trabajos grupales.
En cuatro ocasiones, Roxana acudió al colegio para presentar sus quejas a la docente. De esos cuatro encuentros, en uno participó una funcionaria del DECE y en dos la tutora de curso. Además, en una reunión de padres y madres de familia, expuso el caso de su hijo y, cuenta, otros representantes comentaron situaciones similares, pero la tutora respondió “los chicos exageran”.
En la demanda presentada por Roxana al Ministerio de Educación, se detallan estos hechos como “prácticas de hostigamiento” y que responden a sesgos discriminatorios de una profesora que usaba términos despectivos para referirse a la orientación sexual de Rick en plena clase.
“Si bien pudo haber, y seguramente hubo, violencia entre pares, esto fue incitado por alguien que tenía una posición de autoridad ante ellos, que es la docente. Entonces, si una docente le dice ‘el homosexual’ a un niño en clases, es mínimamente esperable que eso vaya a detonar violencia entre pares”, explica Soledad Angus, abogada de la familia.
Edgar Zúñiga, de la Red Ecuatoriana de Psicología por la Diversidad LGBTI, coincide con ella: “Muchas veces el bullying es auspiciado, de forma tácita o no, por los adultos, por los docentes, incluso los psicólogos de las unidades educativas”.
Zúñiga también explica que el aislamiento, la marginación y un trato discriminatorio son formas tácitas de violencia, pero -agrega- son situaciones que, lamentablemente, no son comprobables.
“Ahora sería impensable que alguien no te acepte en una unidad educativa porque eres diverso. No lo van a decir así, van a decir ‘no tenemos espacio físico’ o ‘no tenemos cupo’. Hay esta forma sutil de generar esta violencia y es una de las formas más perversas de violencia”, observa.
Uno de los pedidos de la defensa al Ministerio de Educación fue la suspensión de la docente porque se considera que hay un riesgo de que ejerza presión en los estudiantes durante las investigaciones. En la demanda, se adjuntó un CD con un vídeo en el que la profesora se dirige a un curso para -precisa el documento- amenazar a los alumnos con la intención de que no hablen de ella en el caso.
El video no muestra a la docente porque fue grabado sigilosamente por un estudiante. La mayor parte del tiempo se ve la espalda de quien está sentado en un pupitre en un aula de clases. Entre el natural bullicio de un colegio (hasta se puede escuchar a una persona tomando asistencia) se cuela la voz de una mujer que se dirige a estudiantes con frases como “no pueden difamar a una persona”, “si hago una contrademanda” o “tengo abogados”.
El Ministerio de Educación, en respuesta a un pedido de entrevista de edición cientonce, indicó que la docente se encuentra alejada de la institución educativa como parte de las medidas de protección mientras se lleva a cabo la investigación.
La cartera de Estado aclaró, además, que se trata de una investigación en curso y que se están tomando todas las medidas necesarias para esclarecer los hechos.
Dentro de este proceso, el colegio reportó que Roxana no había informado sobre el acoso escolar que sufría su hijo y el DECE no cuenta con ningún reporte, sostiene el ministerio en una de sus respuestas a este medio, pese a que Roxana acudió en cinco ocasiones a la unidad educativa.
“Ella fue a manifestar que era una profesora que lo trataba mal, a quien correspondía y quien tenía la obligación legal de activar protocolos era al colegio. No pueden exonerarse en que Roxana no puso una denuncia porque finalmente ella es un usuario que no tiene que conocer los protocolos, ellos sí”, señala Angus.
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El último encuentro que Roxana mantuvo con la profesora de Matemáticas y la tutora del curso fue el 31 de enero, un día antes de la muerte de Rick. Habló con ellas porque una compañera de su hijo le había comentado que lo trataba mal.
Esto se menciona en la denuncia, pero en el comedor de su casa Roxana cuenta más detalles sobre las motivaciones de esa reunión.
Aproximadamente una semana antes, ella pasó por Rick al colegio. No acostumbraba a recogerlo después de clases por sus otras ocupaciones, pero ese día pudo hacerlo.
Rick salió enojado, cuenta Roxana. Le preguntó qué le sucedía y respondió “nada, nada”. “Entonces, se acerca una compañera y me dice ‘señora, la profesora de matemáticas se le carga mucho’”.
Tras despedirse de ella, preguntó a Rick por qué no le había contado, pero él dijo que su compañera estaba exagerando. Roxana decidió igual hablar con la profesora. Incluso el mismo día de la reunión, antes de salir de casa, su hijo le pidió que no acuda al colegio.
Rick ya no le estaba contando a su mamá las situaciones hostiles que vivía en el colegio. Roxana se ha enterado de otras más por chats que le han facilitado las compañeras de su hijo.
En una nota de voz de casi 20 segundos por Instagram, él le cuenta a una amiga que en una ocasión le echaron un balde de agua. “Yo ya quería llorar, esta vez sí me enojé porque fueron muy bruscos conmigo”, le confiesa Rick a su amiga.
Roxana recuerda que ese día hubo una fiesta de espuma por el último día de clases de tercer bachillerato, en el mismo mes de enero. Llegó mojado y golpeado, recuerda.
Cuando le preguntó por qué llegaba así, Rick no le contó lo que precisó a su amiga en la breve nota de voz. Le dijo que no había visto quién lo golpeó y que todos habían salido así. “Lo minimizaba, decía que hasta una compañera también salió golpeada”, lamenta Roxana.
En diciembre, hubo otro evento estudiantil sobre el que Rick tampoco le contó a su mamá. Roxana se enteró el mes pasado por redes sociales. En la cuenta de Instagram del colegio, hay un reel que fue subido el pasado 24 de diciembre, con el mensaje “Feliz Navidad y Feliz Año Nuevo”, en que aparecen fotografías de estudiantes varones con globos bajo sus camisetas y pantalones con los que buscan adquirir una silueta femenina exagerada. En una de ellas, afirma Roxana, aparecen compañeros de curso de Rick.
“Mi hijo ese día (del evento) vino un poco molesto”, señala. Solo le dijo que la fiesta estuvo “aburrida”. Roxana comenta que incluso días antes Rick había expresado su deseo de no acudir el día de la fiesta, pero luego no tuvo opción porque debía participar en una actividad obligatoria.
Rick no dijo nada más. No contó a Roxana sobre esa actividad que el mismo colegio posteó. Sí le llevó un poco de comida de la fiesta, como solía hacer cuando había festejos en la unidad educativa o cuando salía con sus amigas.
Estas parodias, asociadas a la costumbre de “las viudas” en el país, pueden ser tomadas como un agravio por un adolescente homosexual, considera Edgar Zúñiga, de la Red Ecuatoriana de Psicología por la Diversidad LGBTI.
“Es una cosa muy común en fin de año todo el tema de las viudas, todo el tema de la sátira a la figura femenina, a las identidades feminizadas, y es lógico que aquellas personas que están en una proceso de exploración vean eso como una burla”, explica.
Aunque aclara que el video es reflejo de un problema estructural, considera que el colegio está incumpliendo con ofrecer espacios seguros para estudiantes de las diversidades sexogenéricas.
“Si alguien posteó eso y lo está poniendo como algo que representa a la unidad educativa, significa que hay una cero conciencia de la violencia LGBTIfóbica en ese espacio”.
La “Guía de orientaciones técnicas para prevenir y combatir la discriminación por diversidad sexual e identidad de género en el sistema educativo” recomienda que en las instituciones se desarrollen actividades de sensibilización sobre la discriminación y violencias contra personas LGBTQ.
Este medio consultó al Ministerio de Educación si en el colegio se implementan las recomendaciones del documento, pero la institución no lo precisó. Su respuesta fue: “El Ministerio de Educación se encuentra analizando y levantando información sobre este caso y las acciones de prevención y abordaje que ha realizado la institución educativa”.
Una respuesta evasiva en un contexto en que la ministra de Educación, Alegría Crespo, ha mostrado su abierta oposición a temas de género y diversidades en las instituciones educativas.
En un vídeo, publicado semanas atrás, anunció que el ministerio ha iniciado un proceso de revisión y fortalecimiento de los protocolos para prevenir y abordar vulneraciones de derechos en las aulas, pero a la vez señaló que no se implementará “ninguna acción basada en ideologías de género” ni habrá “imposición de agendas ideológicas”.
Estos términos son usados de manera despectiva por sectores antiderechos para oponerse al reconocimiento de derechos de mujeres y personas LGBTQ.
Este anuncio se dio tras la sentencia de la Corte Constitucional que dispone al Ministerio de Eduación elaborar un protocolo para acompañar los procesos de transición de género en escuelas y colegios.
El caso que estudió la Corte fue el de una niña trans cuya escuela no tomó las medidas para respetar su identidad de género. En el desarrollo de la sentencia, entre otros puntos, precisa que “la finalidad de la educación no se reduce a garantizar únicamente la adquisición de conocimientos, sino también se orienta al pleno desarrollo de la personalidad, y al ejercicio de otros derechos humanos”.
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La última conversación que Rick tuvo con su mamá sobre temas del colegio fue un día antes de su muerte. Le comentó que tenía que presentar el siguiente lunes un proyecto en la materia de Matemáticas y el cuaderno de Filosofía. Roxana lo sabía, pues había hablado con los profesores de ambas materias.
Hablaron cuando Rick regresó del colegio, en las conversaciones diarias que mantenían y en las que también hacían bromas, o hablaban de su gata Meche.
Ese día, por la mente de Roxana ya pasó cambiar a su hijo a otra institución educativa para cursar el tercer año de Bachillerato. Le faltaba solo un año para terminar sus estudios secundarios y perseguir su sueño de ser actor.
Pero al día siguiente, el sábado 1 de febrero, Rick se suicidó en su dormitorio, aproximadamente a las 16:00. No dejó ninguna nota, pero su madre asegura que el bullying mató a su hijo.
A la media hora de su deceso, en un grupo de WhatsApp del curso de Rick, Roxana cuenta que llegaron mensajes como “¿Ya está muerto Rick?”, “jajajaja”, “que conteste aunque esté muerto”… En ese momento, ella tenía su teléfono, que está ahora en manos de Fiscalía.
En otro grupo de WhastApp de otro curso al que tuvo acceso Roxana, en un chat al día siguiente del fallecimiento de Rick, se lee la pregunta “como que un pelado de segundo murió ??”. La primera respuesta fue: “Si. El marinconcito”.
El día de la velación de su hijo, acudieron la rectora, inspectora y tutora del colegio, cuenta Roxana. “Ahí les dije que nunca me ayudaron y que voy a hacer justicia”.
Hasta el momento, además de la investigación en el colegio por parte del Ministerio de Educación, el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos instaló una mesa interinstitucional para el seguimiento del caso, mientras que Fiscalía ha ordenado versiones, pericias y requerimientos de información, precisa la defensa de la familia.
Roxana busca justicia por el hijo a quien en cada cumpleaños le compraba una torta para celebrar en casa. A quien abrazaba en las fotografías que se tomaban juntos. A quien en una ocasión descubrió que, de la mesada que le entregaba, destinaba dinero para comprarle dulces.
“Se me fue mi hijo, se me fue todo. Me quedé sin mi compañero que me daba aliento”.
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La X vuelve al tribunal
Primer Circuito examina caso del reconocimiento de personas no binarias en Puerto Rico
Hace ocho meses escribí sobre este tema cuando todavía no había llegado al nivel judicial en el que se encuentra hoy. En ese momento, la discusión se movía entre decisiones administrativas, debates públicos y resistencias políticas. No era un asunto cerrado, pero tampoco había alcanzado el punto actual.
Hoy el escenario es distinto.
La organización Lambda Legal compareció ante el Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito en Boston para solicitar que se confirme una decisión que obliga al gobierno de Puerto Rico a emitir certificados de nacimiento que reflejen la identidad de las personas no binarias. La apelación se produce luego de que un tribunal de distrito concluyera que negar esa posibilidad constituye una violación a la Constitución de Estados Unidos.
Este elemento marca la diferencia. Ya no se trata de una discusión conceptual. Existe una determinación judicial que identificó un trato desigual.
El planteamiento de la parte demandante se sostiene en el propio marco legal vigente en Puerto Rico. Los certificados de nacimiento de identidad no son registros históricos inmutables. Son documentos utilizados para fines actuales y esenciales. Permiten acceder a empleo, educación y servicios, y son requeridos en múltiples gestiones ante el Estado. Su función es operativa.
En ese contexto, la exclusión de las personas no binarias no responde a una limitación jurídica. Puerto Rico permite la corrección de marcadores de género en certificados de nacimiento para personas trans binarias desde el caso Arroyo González v. Rosselló Nevares. Además, el Código Civil reconoce la existencia de certificados que reflejan la identidad de la persona más allá del registro original.
La diferencia radica en la aplicación.
El reconocimiento se concede dentro de categorías específicas, mientras que se excluye a quienes no se identifican dentro de ese esquema. Esa exclusión es el eje de la controversia actual.
El argumento presentado por Lambda Legal es preciso. Obligar a una persona a utilizar documentos que no reflejan su identidad implica someterla a una representación incorrecta en procesos fundamentales de la vida cotidiana. Esto puede generar dificultades prácticas, exposición innecesaria y situaciones de vulnerabilidad.
Las personas demandantes, nacidas en Puerto Rico, han planteado que el acceso a documentos precisos no es una cuestión simbólica, sino una necesidad básica para poder desenvolverse sin contradicciones impuestas por el propio Estado.
El hecho de que este caso se encuentre en el sistema federal introduce una dimensión adicional. No se trata de un proyecto legislativo ni de una política pública en discusión. Es una controversia constitucional. El análisis gira en torno a derechos y a la aplicación equitativa de las leyes.
Este proceso tampoco ocurre en aislamiento.
Se desarrolla en un contexto donde los debates sobre identidad y derechos han estado marcados por una mayor presencia de posturas conservadoras en la esfera pública, tanto en Estados Unidos como en Puerto Rico. En el ámbito local, esa influencia ha sido visible en discusiones legislativas recientes, donde argumentos de carácter religioso han comenzado a formar parte del debate sobre política pública. Esa intersección introduce tensiones en torno a la separación entre iglesia y Estado y tiene efectos concretos en el acceso a derechos.
Señalar este contexto no implica cuestionar la fe ni la práctica religiosa. Implica reconocer que, cuando determinados argumentos se trasladan al ejercicio del poder público, pueden incidir en decisiones que afectan a sectores específicos de la población.
Desde Puerto Rico, esta situación no se observa a distancia. Se experimenta en la práctica diaria. En la necesidad de presentar documentos que no corresponden con la identidad de quien los porta. En las implicaciones que esto tiene en espacios laborales, educativos y administrativos.
El avance de este caso abre una posibilidad de cambio en el marco legal aplicable. No porque resuelva de inmediato todas las tensiones en torno al tema, sino porque establece un punto de análisis jurídico sobre una práctica que hasta ahora ha operado bajo criterios restrictivos.
A diferencia de hace ocho meses, el escenario actual incluye una determinación judicial que ya identificó una violación de derechos. Lo que corresponde ahora es evaluar si esa determinación se sostiene en una instancia superior.
Ese proceso no define un resultado inmediato, pero sí establece un nuevo punto de referencia.
El debate ya no es teórico.
Ahora es judicial.
Cuba
Cuba bajo presión y sin respuestas
Cubanos no hablan en términos geopolíticos. Hablan de sobrevivir
Las tensiones entre Estados Unidos y Cuba han vuelto a subir de tono. No es algo nuevo, pero este momento se siente distinto. Las medidas más recientes desde Washington buscan cerrar aún más los espacios financieros del gobierno cubano, limitar sus fuentes de ingreso y presionar sectores clave de la economía. No es simbólico. Es una política directa.
Desde Estados Unidos, el mensaje es claro. Se busca provocar cambios que no han ocurrido en más de seis décadas. También hay un componente interno, una presión política que responde a sectores del exilio que llevan años exigiendo una postura más dura. Todo eso forma parte del escenario.
Pero esa es solo una parte.
Del lado cubano, la respuesta sigue un patrón conocido. El gobierno habla de agresión externa, de guerra económica, de un embargo que se endurece. Cada medida se convierte en argumento para reforzar su narrativa y cerrar filas. No hay espacio para reconocer errores propios. Todo apunta hacia afuera.
Mientras tanto, la vida en la isla va por otro camino.
La crisis energética que hoy vive Cuba no empezó con estas medidas. Lleva años acumulándose. El sistema eléctrico está deteriorado, sin mantenimiento suficiente, con fallas constantes. Los apagones no son nuevos. Lo que ha cambiado es la frecuencia y la duración.
Durante años entró petróleo a Cuba, especialmente desde Venezuela. Hubo acuerdos. Hubo suministro. Y aun así, la vida del cubano no mejoró. La electricidad seguía fallando, el combustible seguía racionado, el transporte seguía siendo un problema diario.
Entonces la pregunta sigue siendo la misma.
Si el petróleo estaba entrando, ¿por qué nada cambiaba?
¿Dónde fue a parar ese recurso?
¿Dónde está el dinero que generó?
Hoy se habla de restricciones al petróleo como si fueran la causa principal de la crisis. No lo son. Empeoran una situación ya frágil, pero no la explican completamente.
Hay una historia más larga que no se puede ignorar.
Lo mismo ocurre con las brigadas médicas.
Durante años se presentaron como un gesto de solidaridad internacional. Y en muchos casos lo fueron. Médicos cubanos trabajaron en condiciones difíciles, salvaron vidas, sostuvieron sistemas de salud en otros países. Eso es real.
Pero también funcionaron como una de las principales fuentes de ingreso del Estado cubano.
Muchos de esos profesionales no recibían el salario completo por su trabajo. Una parte significativa quedaba en manos del gobierno. En algunos casos, ni siquiera tenían control sobre el dinero que generaban.
Y hay algo más duro.
Si uno de esos médicos decidía no regresar a Cuba, ese dinero no llegaba a su familia. Se quedaba retenido.
Hoy varios países están revisando o cancelando esos acuerdos. Y otra vez, la respuesta oficial es señalar hacia afuera. Pero la pregunta sigue siendo inevitable.
¿Se está perdiendo un modelo de cooperación o un sistema que dependía del control sobre sus propios profesionales?
Dentro de Cuba, la conversación suena diferente.
La gente no habla en términos geopolíticos. Habla de sobrevivir. De cómo llegar al final del día. De los apagones, de la comida que no alcanza, del transporte que no aparece, de una vida que cada vez se hace más difícil.
Hay quienes miran las medidas de Estados Unidos con cierta expectativa. No porque quieran más escasez, sino porque sienten que el sistema no cambia por sí solo. Hay una sensación de estancamiento que pesa.
Pero esa expectativa convive con una realidad concreta.
Las sanciones no golpean primero a quienes toman decisiones. Golpean al ciudadano común. Al que hace la fila. Al que pierde la comida por falta de electricidad. Al que no tiene cómo moverse.
Esa es la contradicción.
El gobierno cubano pide solidaridad internacional. Y la recibe. Países que envían ayuda, organizaciones que se movilizan, voces que defienden a la isla.
Pero hay otra pregunta que también está ahí.
¿Esa ayuda llega realmente al pueblo?
La falta de transparencia en la distribución de recursos es parte del problema. Porque no se trata solo de lo que entra, sino de lo que realmente llega a quienes lo necesitan.
Reducir lo que pasa en Cuba a un conflicto entre dos gobiernos es no querer ver el cuadro completo.
Aquí hay responsabilidades compartidas, pero no iguales.
Estados Unidos ejerce presión con efectos reales sobre la economía cubana. Eso no se puede negar. Pero dentro de la isla hay un sistema que ha tenido décadas para corregir, para abrir, para responder a su gente, y no lo ha hecho.
Esa parte no se puede seguir esquivando.
Yo escribo esto como cubano. Desde lo que vi, desde lo que viví y desde la gente que sigue allá tratando de resolver el día.
Porque al final, más allá de lo que se diga entre gobiernos, la realidad es otra.
Cuba hoy está más apretada, sí. Pero también lleva años arrastrando problemas que nadie ha querido enfrentar de verdad.
Y mientras eso siga así, da igual lo que venga de afuera. El problema sigue estando adentro.
Ecuador
Adolescentes trans en Ecuador podrán cambiar datos en su cédula, pero con condicionamientos
Pueden modificar el campo de género en su documento de identidad con requisitos
Por VICTOR H. CARREÑO | En una sentencia del 5 de febrero de 2026, la Corte Constitucional declaró inconstitucional el requisito legal de mayoría de edad para modificar el campo de sexo o género en la cédula de identidad y fija lineamientos para que adolescentes trans puedan cambiar estos datos.
El máximo organismo de control e interpretación constitucional incorpora dos requerimientos: que la persona adolescente se presente al procedimiento administrativo con sus padres y que informes psicosociales acrediten un grado de madurez.
El fallo resuelve una consulta de constitucionalidad de una unidad judicial que lleva una acción de protección contra el Registro Civil presentada por la familia de un adolescente trans que solicitó, en junio de 2023, modificar el campo de género en la cédula.
La institución se negó porque la Ley Orgánica de Gestión de la Identidad y Datos Civiles establece que la rectificación de sexo o género es un procedimiento para personas mayores de 18 años.
El adolescente, cuya identidad se protege en la sentencia, cuenta con el apoyo de sus padres en su transición, que inició en 2020. En una audiencia, su madre expuso que si bien en el ámbito familiar y en el sistema educativo se respeta la identidad de su hijo, fuera de estos hay situaciones, como en consultas médicas en el Seguro Social, en que debe presentar la cédula de él y quienes la reciben preguntan si es el documento equivocado.
En el desarrollo de la sentencia, la Corte expone por qué el requisito de tener mayoría de edad para acceder a la modificación de datos en la cédula es inconstitucional.
Entre varios motivos, explica que restringe los derechos al libre desarrollo de la personalidad e identidad, que la edad no puede exigirse como “criterio determinante y único” para determinar la madurez de un adolescente, y que la medida puede generar impactos negativos en el bienestar psicológico y emocional.
Por ello, indica que existen mecanismos alternativos como la evaluación individualizada, el acompañamiento técnico y la consideración del contexto familiar.
En ese sentido, la Corte dispone al Registro Civil que debe proceder al cambio de los datos de adolescentes trans cuando acudan acompañades de sus representantes legales y con el respaldo de informes psicosociales.
Estos informes, agrega la sentencia, deben ser de profesionales acreditados o de órganos técnicos públicos competentes que sean considerados por el Registro Civil.
El fallo tiene efectos para este caso y otros similares. A diferencia de otras sentencias, la Corte no ordena una reforma a la legislación.
La organización Silueta X, que difundió el caso en un comunicado el 11 de marzo, calificó el fallo como histórico y explicó que este crea jurisprudencia de cumplimiento obligatorio.
🏳️⚧️🌈Un chico trans de 15 años le dijo al Estado ecuatoriano “yo sé quién soy”. Y la Corte Constitucional le dio la razón. 🏛️✊
Este fallo es nuestro. Es tuyo.
🔗 Lee la comunicado completa en nuestra bio.#DerechosTransEcuador #SiluetaX #CorteConstitucional #AdolescentesTrans pic.twitter.com/aXE4FU9VeS
— Asociación SILUETA 'X' (@SiluetaX) March 11, 2026
Sin embargo, otras organizaciones cuestionan los requisitos. Fundación Pakta indica que si bien la sentencia derriba la barrera etaria de la mayoría de edad, la inclusión de informes psicosociales contradice la tendencia global y regional hacia la despatologización.
Pakta menciona, por ejemplo, la Opinión Consultiva 24/17 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, instrumento que reconoce la identidad autopercebida de las personas y los derechos patrimoniales de parejas del mismo sexo.
El documento, recuerda Pakta en un comunicado, establece que para el reconocimiento de la identidad de género no se debe exigir certificados médicos ni psicológicos. Además, que la Organización Mundial de la Salud reconoció que la identidad trans no es una patología psiquiátrica.
Mientras que la activista Nua Fuentes, de Proyecto Transgénero, considera que los requisitos impuestos por la Corte pueden ser problemáticos. Menciona que frente al desconocimiento y prejuicios, profesionales de salud patologizan la identidad trans.
La Sentencia 4-24-CN/26 sobre la inconstitucionalidad de negar a adolescentes trans cambio de su sexo o género en la cédula es un acto que entreabre la puerta para los derechos, pero también sostiene algunas barreras y es problemático para adolescentes trans #Ecuador
Abro hilo🧵 pic.twitter.com/aKBUlmnU1A— Nua Elizabeth Fuentes Aguirre (@NuaEliz) March 11, 2026
Además, señala que puede haber casos de que la familia y psicólogos expresen rechazo a la identidad trans y limiten los derechos de adolescentes trans. O también menciona casos de abandono de niñes y adolescentes trans y pregunta cómo reconocer su identidad si no cumplen con el requisito de acudir sin representantes legales.
Los condicionamientos para el cambio del campo de sexo o género en la cédula para adolescentes trans marcan también una diferencia con el procedimiento en personas trans de más de 18 años, pues estas —desde las reformas vigentes en 2024— no deben presentar requisitos. Solo su declaración expresa de ser una persona trans que desea que los datos de su cédula estén conformes a su identidad de género.
La madurez de niñeces y adolescencias ha sido un tema abordado en convenciones o instrumentos internacionales. La Convención sobre los Derechos del Niño de la ONU del 2009 es contundente al reconocerles como seres autónomos y capaces de formar sus propias opiniones a través de la experiencia, el entorno, las expectativas sociales y culturales.
Esta convención es mencionada en una sentencia de la Corte Constitucional en que reconoció la identidad de infancias y adolescencias trans en el sistema educativo.
En las Observaciones Generales del Comité de los Derechos del Niño, documentos de interpretación para los alcances de la mencionada Convención, se explica que la madurez es “la capacidad de comprender y evaluar las consecuencias de un asunto determinado”, lo cual debe considerarse en relación con su capacidad individual, contextos, entornos, experiencias de vida y familiar, desarrollo psicológico y no únicamente con su edad biológica.
Además, que la edad cronológica no determina la evolución de las capacidades de las niñeces y adolescencias porque estas crecen a lo largo del tiempo.
