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‘Ya no tenemos derecho ni a la calle’
Mujeres trans ecuadorianas se confrontan la violencia del crimen organizado
“No estoy muy convencida de hablar de esto”, susurra mientras agacha la mirada y cierra los ojos envolviéndose en sus pensamientos por unos segundos. “Pero creo que es necesario hacerlo, nunca en mi vida le he temido a nada y no voy a empezar ahora”, dice con firmeza esbozando una leve sonrisa. Luego empieza a caminar en medio del bullicio de lxs estudiantes en las proximidades de la Universidad Central, en el sector de la Av. América, en Quito.
Juliana (nombre protegido) tiene 31 años, salió de su casa a los 16 y como muchas chicas trans tuvo que arreglárselas por sí misma. “La familia siempre es la primera que nos desampara, sienten repudio por nosotras. Pero bueno, eso ya pasó y no se puede hacer nada, es mejor olvidarlo”, asegura con resignación y da el tema por zanjado.
Actualmente reside en Quito, pero nació y se crió en Manta, donde junto a sus compañeras encontró el calor del hogar que le había sido negado. Se trasladó a la capital en busca de mejores oportunidades cuando tenía 24 años, sin saber que se cruzaría de frente con la violencia y la extorsión.
“Hoy en día la situación de las mujeres trans que ejercemos el trabajo sexual es terrible, antes al menos nos podíamos ganar unos centavos. Ahora, ya no tenemos derecho ni a eso, no tenemos derecho ni a la calle”, relata con rabia, como quien siente el alivio de –por primera vez- contar algo que nunca se atrevió a decirle a nadie. Juliana asegura que las “vacunas” y “derechos de plaza” llevan en Quito ya mucho tiempo y son un problema que afecta y vulnera a las trabajadoras sexuales trans.
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Desde el año 2021 en que inició el período de gobierno del presidente Guillermo Lasso, Ecuador está atravesando una fuerte crisis de inseguridad y violencia. Según el informe Human Rights Watch 2023, estas variables son motivo de “profunda preocupación” para Ecuador.
De acuerdo a la encuesta realizada por la consultora CID Gallup, Ecuador es el país de América Latina en el que la ciudadanía se siente más insegura en las calles.
En 2021 se reportaron 2.135 muertes violentas, que equivale a una tasa de 13,7 por cada 100.000 habitantes. En 2022 la cifra llegó a 4.603 muertes; es decir, 25 casos por cada 100.000 habitantes.
En 2023 la violencia se ha exacerbado. Durante el primer trimestre del año se registraron 1.356 muertes violentas, lo que representa un aumento del 66,4 por ciento en comparación con el mismo período de 2022. Se estima que para finales de año se lleguen a contabilizar 6.300 crímenes. Ecuador es el país de la región en el que más crecen las muertes violentas.
En medio de esta situación de violencia e inseguridad, las personas LGBTIQ+, especialmente las mujeres trans, son las más vulnerables. Coca y Mota, del colectivo Pachaqueer, denuncian que “las personas trans son consideradas de tercera o cuarta categoría en la jerarquía de las vidas que importan y el contexto actual propicia que las constantes violencias que atraviesan sean exacerbadas”.
Odalys Cayambe, presidenta de la Red Comunitaria Trans de Ecuador, añade que las mujeres trans-trabajadoras sexuales están siendo extorsionadas por el crimen organizado con tasas de hasta US$ 30 por día o US$ 500 mensuales. Lo que precariza aún más su vida y les obliga a trabajar únicamente para cumplir con el pago de estas cuotas que las mantienen “acorraladas”.
“Nos dicen que debemos quedarnos calladas, que no podemos decir nada, mucho menos denunciar”, agrega. De hacerlo, corren el riesgo de ser “eliminadas”. Cayambe asegura también que la vida trans se encuentra más atravesada que nunca por la violencia. “Ya no sabemos ni con qué nos podemos cruzar, qué puede pasarnos a la vuelta de la esquina, y todo queda siempre en impunidad”.
Las muertes trans no son contabilizadas en Ecuador, no existen, ya que al morir no se respeta la identidad de esta población. Además, existen vacíos legales que impiden el reconocimiento de los transfemicidios.
EthnoData, plataforma de estudios de datos, recomienda que es necesaria la implementación de protocolos específicos para víctimas transfemeninas dentro del sistema penal ecuatoriano.
“Tengo muchas compañeras enterradas en lo que va de año y ellas no están en ningún registro, al menos no con su verdadero nombre”, denuncia Odalys Cayambe.
La ausencia de datos oficiales generados por el Estado es reflejo del abandono estatal a la población trans. Esta realidad problematiza e imposibilita la búsqueda de justicia. “Vayan, vayan a los hospitales aquí en Guayaquil y vean cuántas mujeres trans están muriendo realmente”, concluye.
Las propias organizaciones LGBTIQ+ intentan superar la inexistencia de cifras oficiales con sus propios registros. El informe Runa Sipiy, que cada año elabora la Asociación Silueta X para contabilizar el número de muertes de personas de las diversidades sexo genéricas, refleja un incremento exponencial de crímenes y violencia en contra de esta población.
Según este informe, 15 personas LGBTIQ+ fueron asesinadas en el año 2021, de las cuales 10 eran mujeres trans. En 2022, la cifra aumentó a 25, con 16 casos correspondientes a mujeres trans. En ese año se incorporó la variable “muerte al estilo sicariato”, con 10 casos.
“La violencia estructural contra mujeres trans se mantiene, pero en medio de un contexto sangriento estas se ven mucho más afectadas”, sostiene Diane Rodríguez, presidenta de Silueta X. La activista proyecta que para el año 2023 se prevé un incremento de al menos un 45 por ciento en muertes LGBTIQ+.
Para Rodríguez, el Gobierno del presidente Guillermo Lasso tiene responsabilidad directa sobre estas cifras, pues la ausencia de políticas públicas enfocadas en combatir las inequidades que afectan a las personas LGBTIQ+ son un agravante que profundizan sus vulnerabilidades. “Las condiciones del actual sistema social ecuatoriano arroja a muchas compañeras trans a la calle exponiéndolas desde temprana edad a contextos de violencia”.
Coca y Mota, de PachaQueer, son aún más tajantes en su señalamiento al actual mandatario sobre las circunstancias de violencia que afectan a las diversidades sexo genéricas: “el régimen dictatorial del presidente Guillermo Lasso ha implementado una necro política de estado que nos ubica en la línea del no ser y no existir, deshumanizándonos y desconociendo nuestras identidades”.
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Con desesperación y rabia, Juliana denuncia que las trabajadoras sexuales trans son amenazadas de muerte si se atreven a exponer a las personas que les exigen dinero por “mantener” sus “plazas” en las calles. Para cumplir con el pago de las denominadas “vacunas”, y seguir comiendo, en muchas ocasiones trabajan día y noche. “Vivir así ya no es vida”.
Desde su adolescencia, Juliana se enfrentó a contextos de inseguridad y violencia que logró superar con resiliencia. Pero sabe que esto va incluso más allá. “Esta gente no tiene alma, no tiene corazón, no van a dudar un segundo al momento de meterte un tiro en medio de la cabeza”, asegura.
Tras unos segundos de pausa para darle una pitada al cigarrillo que sostiene en su mano derecha mientras camina, interroga con frontalidad: “¿A quién le importa la vida de una puta? ¿A quién le interesa la vida de una trans? Yo o cualquiera de mis compañeras podríamos morir esta noche y nadie se enteraría, todo seguiría igual”.
Vuelve a cerrar los ojos y se encierra nuevamente en sí misma, como pensando en la impunidad de la que —sabe— gozan las personas que a diario arrebatan vidas en Ecuador sin que ocurra nada al respecto. Esta realidad abandona a las mujeres trans-trabajadoras sexuales a su suerte y las vuelve presas fáciles para el crimen organizado. “Incluso te obligan a vender su mercancía (drogas)”, añade.
“Un día me paré fuerte y no quise pagar, me arrinconaron contra una pared y me dijeron que, si no les daba su dinero, no podía estar más en la calle, y que si lo hacía iba a acabar en el fondo de una quebrada”, relata, con la voz notablemente entrecortada.
Vuelve a fumar y guarda silencio, dando con ello a entender que no quiere profundizar más en el tema. Para Juliana, a veces es mejor olvidar, o al menos intentar no recordar ciertas cosas, “fingir demencia” —como ella mismo dice—.
“Solo me refugio en mí misma y sigo viviendo, no queda más. Total, ni al Gobierno ni a nadie le interesan nuestros problemas, por eso nadie habla”.
Diane Rodríguez explica que la población ecuatoriana está hoy viviendo un fenómeno que es común para las personas LGBTIQ+: la impunidad. Si alguien muere o es extorsionado, nada ocurre, no se investiga, nadie va preso, no hay justicia, mucho menos reparación. “Es lo que nuestra población siempre ha experimentado, ser únicamente daños colaterales, quedar en el olvido”, indica.
Por ello asegura que las trabajadoras sexuales trans prefieren optar por el silencio, porque si se oponen o se levantan contra quienes las obligan a involucrarse al microtráfico y a pagar extorsiones “hasta ahí llegan, primero son amenazadas, y si persisten, simplemente pierden la vida. Como le ocurrió a Jessica Martínez”.
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“Me han amenazado de muerte, hermana. Y la Policía no hace nada, están pidiendo mi cabeza”. Le dijo la activista Jessica Martínez a su amiga y compañera de lucha Odalys Cayambe, poco antes de ser asesinada con once disparos. El crimen ocurrió el 2 de septiembre de 2022 en Ambato, donde residía y ejercía el trabajo sexual.
Jéssica era también la vicepresidenta de la Organización Trans Nueva Esperanza, que trabajaba por la reivindicación de los derechos de la población trans en la ciudad. Desde su colectivo se había revelado en contra de las bandas delictivas que la extorsionaban a ella y a sus compañeras con el pago de cuotas por el derecho a ocupar la calle y ejercer su trabajo.
“Ella era mi amiga, veníamos trabajando juntas desde los territorios, yo la admiraba. Pese a que denunciamos y pedimos ayuda a Fiscalía, nadie hizo nada, la dejaron morir”. Son las palabras de Odalys Cayambe al recordar a Jéssica Martínez, quien fue una mujer trans de 37 años, afrodescendiente y oriunda de Chone, que se trasladó a Ambato tras huir de Quito, donde denunció haber recibido una paliza por parte de la Policía.
🟣#JusticiaParaJéssica | Jéssica Martínez, vicepresidenta de la agrupación Nueva Esperanza, lidereza afroecuatoriana del Movimiento Trans en #Ambato y defensora de derechos de las trabajadoras sexuales trans, fue víctima de #Transfeminicidio el sábado 3 de septiembre de 2022. pic.twitter.com/2Hdjuu0fz4
— Surkuna💚 (@SurkunaEc) September 6, 2022
Jéssica se ha convertido hoy en el reflejo de las consecuencias que pueden traer para las mujeres trans revelarse ante sus victimarios y, también, de la indiferencia e inacción estatal frente a esta realidad.
“Jéssica estaba acorralada y ya ven lo que pasó, murió y ahí quedó la cosa, sus compañeras se vieron obligadas a huir de Ambato para no correr con la misma suerte”, señala Cayambe.
Quienes la querían y acompañaban en su lucha, la recuerdan y extrañan. Ruby, quien fue una de sus mejores amigas, asegura que les hace mucha falta y que no pierden la esperanza de que algún día se haga justicia. “Te extrañamos mucho mi negrita bella”.
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A las muertes violentas que afectan a personas LGBTIQ+ y la extorsión por “derechos” de calle a mujeres trans trabajadoras sexuales, se suman otros tipos de violencia e inseguridad, como el cobro de vacunas a locales comerciales que pertenecen a personas de las diversidades sexo genéricas.
Odalys Cayambe denuncia que “algunas compañeras, con el trabajo de su cuerpo, han logrado ponerse un negocio de cualquier cosa y están siendo vacunadas”. Por vacuna, se entiende a aquel tipo de extorsión en el que la víctima debe pagar una cierta cantidad de dinero periódicamente por supuesta “protección”.
Esta problemática las obliga inclusive a migrar de sus ciudades de origen, huyendo de las extorsiones y de las posibles consecuencias de no pagar. “Se van, se tienen que ir, porque les es imposible cumplir con lo que les piden, la cosa está así, deben abandonar lo poco que tienen”, comenta Cayambe.
En Quito, la situación es similar. Diane Rodríguez señala que Silueta X ha recibido denuncias de extorsiones a salones de belleza en sectores como Cumbayá o Carcelén. A estos negocios se les cobra cuotas que sobrepasan su capacidad, lo que desencadena en que se vean obligados a cerrar, explica Rodríguez.
Según datos de la Policía Nacional, en lo que va de 2023 se han registrado 98 denuncias por extorsión en Quito. La cifra supera el total contabilizado en 2022, año en que llegó a 68. No existe ningún tipo de información referente a la población LGBTIQ+.
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“¿Quiénes están detrás de todo esto? No lo sé, o si lo supiera no podría decírtelo directamente, eso me pondría en peligro a mí, incluso sin decir mi nombre. ¿Y sabes? También te pondría en peligro a ti”, advierte Juliana, lanzando un sano consejo.
“Lo que sí sé y sí puedo decirte es que antes las cosas no eran así, la movida no era tan densa, claro que siempre había discriminación, violencia, lo normal”, comenta con una naturalidad que extremese. “Pero ahora, la situación ya es mucho más fuerte, que esto no salga en las noticias, no quiere decir que no esté ocurriendo”.
Juliana cuenta que hace unos meses, mientras visitaba a una amiga suya en el sector norte de Quito, en Carapungo, le contaron que allí están dando palizas a mujeres trans que no pueden pagar lo que se les pide. “Se les llevan hasta sus cosas, a mi amiga le quitaron sus herramientas de trabajo, su secador, sus tijeras… todo”.
“Antes una soñaba con hacer una platita y dejar la calle, tener una buena vejez, ponerse un local. Ahora ya no hay esperanzas de nada”. Juliana dice que pronto tendrá que marcharse, ya que no quiere llamar la atención.
“Las trans somos fuertes, duras, la calle nos ha hecho de hierro, hemos pasado por todo y somos difíciles de doblegar. Tengo fe de que esto va a cambiar y podremos volver a vivir tranquilas, con más paz, sin miedo”.
Juliana se despide igual que se presentó: con un abrazo cariñoso en el que se puede sentir su calidez humana. Empieza a caminar y tras dar unos pasos se gira para lanzar una sonrisa al aire, como convencida de estar poniendo un grano de arena más en la lucha que incansablemente han encabezado las mujeres trans en Ecuador y el mundo.
Su historia conmueve y hace un llamado a la reflexión, no únicamente por la frontalidad de sus palabras, sino también por lo que, se entiende, no pudo decir en su totalidad por miedo a posibles represalias. Razón por la cual otras muchas también callan. Juliana expone la punta de un iceberg cuyo tamaño real no es posible dimensionar.
Las mujeres trans siguen pagando “derechos de plaza” o “vacunas”, o son asesinadas como Jéssica Martínez por revelarse ante las personas que las extorsionan y obligan a delinquir; y la paz de quienes han logrado construir un negocio propio desaparece frente al cobro de vacunas desorbitadas.
En medio de disputas de poder de la clase política, la inseguridad y violencia golpea a mujeres como Juliana, que hoy se atrave a alzar su voz frente a la crítica situación que atraviesan las las mujeres trans, las más olvidadas por el Estado y cuyas muertes siguen quedando en la impunidad.
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Mujeres diversas marchan en El Salvador exigiendo justicia e igualdad en el 8M
Colectivos feministas y diversos movimientos sociales organizaron la movilización
Miles de mujeres y decenas hombres se concentraron a un costado del Parque Cuscatlán en San Salvador el 8 de marzo para marchar entre consignas, música y emoción hacia la Plaza al Divino Salvador del Mundo en conmemoración del Día Internacional de la Mujer.
La movilización, organizada por colectivos feministas y diversos movimientos sociales, se convirtió en un espacio clave para visibilizar las demandas de las mujeres salvadoreñas y denunciar lo que consideran un retroceso en materia de derechos humanos bajo el gobierno de Nayib Bukele.
La multitudinaria manifestación reunió a mujeres de distintos sectores y edades, incluyendo trabajadoras del sector informal, estudiantes, activistas ambientales, defensoras de derechos humanos y el movimiento transfeminista, que desde hace siete años participa activamente en esta conmemoración. Todas unidas bajo un mismo propósito: exigir el respeto y garantía de sus derechos en un país donde la violencia de género, la desigualdad económica y la discriminación siguen siendo realidades latentes.
Las manifestantes denunciaron la precarización de la vida de las mujeres, el aumento del desempleo, los desalojos de vendedoras del sector informal, el alto costo de la vida, así como el incremento de feminicidios y crímenes de odio sin resolver. Además, reclamaron la falta de avances en la aprobación de una Ley de Identidad de Género, la necesidad de fortalecer las leyes contra la violencia hacia las mujeres y la urgencia de medidas efectivas contra la minería metálica, que afecta gravemente a las comunidades más vulnerables.
FESPAD: Llamado a garantizar los derechos de las mujeres
Por su parte la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD) se pronunció ante los medios de comunicación, destacando la importancia de garantizar el cumplimiento de los derechos de las mujeres en El Salvador. La organización reconoció avances como la aprobación de la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres (LEIV) y la Ley de Igualdad, Equidad y Erradicación de la Discriminación contra las Mujeres (LIE) en 2010, pero alertó sobre los desafíos aún pendientes.
“Enfrentamos grandes desafíos. La violencia de género, la desaparición de mujeres, la discriminación, la falta de acceso a recursos y oportunidades, las brechas salariales, entre otras problemáticas, siguen siendo realidades que deben ser transformadas”, declaró FESPAD, instando al Estado salvadoreño a cumplir la normativa internacional en defensa de los derechos de las mujeres.
La organización exigió, además, que el gobierno dote de recursos a instituciones clave como la Fiscalía General de la República, la Procuraduría General de la República, el Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (ISDEMU), la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) y la Corte Suprema de Justicia, con el fin de fortalecer la protección y acceso a la justicia para las mujeres salvadoreñas.
Voces desde la marcha: una lucha interseccional
Entre las voces que se alzaron en la marcha estuvo Aranza Santos, parte de la Asamblea Feminista de El Salvador y del Colectivo Alejandría, quien destacó la importancia de la participación del movimiento transfeminista en esta conmemoración.
“Es fundamental hablar de estos temas coyunturales que consignamos en esta marcha, desde temas ambientalistas, incremento en violencia y el ocultamiento de datos sobre incremento de feminicidios y crímenes por odio que se están dando”, declaró al Washington Blade.
Otra de las participantes, Venus Nolasco, directora del Colectivo LGBTQ+ Perlas de Oriente San Miguel, subrayó la deuda histórica que el Estado salvadoreño tiene con las mujeres trans.
“No hay que tener miedo de tomarse las calles, porque tenemos derechos, como exigir una Ley de Identidad y un ¡ya basta! a los crímenes por odio”, expresó con determinación.
Un contexto de retrocesos y resistencia
Las organizaciones feministas denuncian que en los últimos años ha habido un deterioro en la garantía de los derechos de las mujeres en El Salvador. A pesar de los avances legislativos previos, señalan que la falta de aplicación efectiva de las leyes y la ausencia de políticas públicas integrales han agravado las condiciones de vulnerabilidad para muchas mujeres.
Además, alertan sobre el impacto de las reformas gubernamentales en el acceso a la justicia y la seguridad de las mujeres. La falta de transparencia en los datos sobre feminicidios y violencia de género ha generado preocupación entre los colectivos feministas, que exigen información clara y veraz sobre la situación de los derechos de las mujeres en el país.
El 8M en El Salvador no es solo una fecha de conmemoración, sino una jornada de resistencia y exigencia de derechos. Las mujeres que marcharon este sábado han dejado claro que la lucha por la equidad de género y la justicia sigue más vigente que nunca. A pesar de los desafíos, la movilización masiva demuestra que las mujeres salvadoreñas continúan organizándose, alzando la voz y exigiendo un país más justo e igualitario.
Las demandas expresadas en esta marcha reflejan una realidad que no puede ser ignorada, la urgencia de garantizar los derechos de todas las mujeres en El Salvador, sin importar su identidad de género, condición socioeconómica o edad. Las manifestantes expresaban que “es momento de que el Estado salvadoreño asuma su responsabilidad”, asegurando que deben tomar medidas concretas para erradicar la violencia, la discriminación y la desigualdad que aún persisten en la sociedad salvadoreña.
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Noboa y González van a segunda vuelta en Ecuador: ¿cuáles son sus propuestas LGBTQ?
Irán al balotaje el 13 de abril
Daniel Noboa (ADN) y Luisa González (Revolución Ciudadana) se enfrentarán nuevamente en una segunda vuelta electoral tras los resultados de la primera vuelta desarrollada el domingo 9 de febrero.
Según los resultados del Consejo Nacional Electoral (CNE), con 96,66 por ciento de actas escrutadas, Noboa obtuvo 44,16 por ciento de votos, y González, 43,94 por ciento.
En 2023, ambos pasaron a un balotaje en el proceso de elecciones anticipadas y Noboa triunfó para completar el período del ex presidente Guillermo Lasso, quien recurrió ese año a la figura constitucional de ‘muerte cruzada’ (disolución de Asamblea y convocatoria de comicios) mientras enfrentaba un proceso de juicio político.
La segunda vuelta se cumplirá el domingo 13 de abril en una intensa crisis de inseguridad, que ha profundizado la violencia contra personas LGBTQ, especialmente las mujeres trans. A esa crisis se suma la energética y económica.
Propuestas escasas
Las dos candidaturas se han centrado en estos temas. Pese a que estos también afectan a las diversidades, y además hay deudas históricas con la población LGBTQ, las propuestas son escasas o se mencionan de manera genérica, sin mayores especificaciones.
Fundación Pakta, tras un análisis de los planes de gobierno de los 16 candidatos a la Presidencia inscritos en este proceso electoral, elaboró una semaforización sobre las propuestas para garantizar derechos LGBTQ y ubicó a los ofrecimientos de Noboa, quien busca la reelección como presidente, y González, quien es la opción del “correísmo” para volver al poder, en color amarillo.
En este nivel se ubicó a las propuestas que promueven de manera genérica el derecho a la igualdad y no discriminación, y que desarrollan ciertas propuestas específicas para las diversidades sexogenéricas.
La organización también ranqueó los planes de gobierno y a los dos candidatos solo los separa una posición, pese a ser de distintas tendencias políticas. Noboa ocupa el lugar siete, y González, el seis, dentro de un top 10 (algunos postulantes compartieron posiciones).
El cuestionado presidente-candidato que busca la reelección
En el plan de gobierno de Noboa, Edición Cientonce identificó que se menciona de manera general la implementación de políticas de inclusión y protección de los derechos de personas LGBTQ para garantizar su acceso a la salud, educación, vivienda, empleo y acceso a la justicia.
Además, políticas y estrategias para promover la igualdad y no discriminación.
Son los dos únicos enunciados relacionados a las diversidades sexogenéricas. No hay más especificaciones a diferencia del plan de gobierno con el que llegó al poder; en el que se ofrecía tratamientos hormonales para personas trans y acceso equitativo para las personas gestantes dentro de los programas de salud.
Según la organización Silueta X, Noboa no ha cumplido con las propuestas enfocadas en personas LGBTQ de su plan de gobierno. La agrupación solicitó información a cinco ministerios y con sus respuestas concluyó que las acciones “han sido limitadas o inexistentes”.
Noboa busca la reelección en medio de cuestionamientos por el manejo de la crisis de seguridad. En enero de 2024, decretó un ‘conflicto armado interno’ para combatir a los denominados grupos de delincuencia organizada con el apoyo de las Fuerzas Armadas.
Pero las operaciones de militares en las calles y cárceles han sido cuestionadas por organizaciones de derechos humanos, que han denunciado torturas, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales.
La candidata de un movimiento de izquierda con contradicciones
Desde Edición Cientonce también se analizó el plan de gobierno de González y en este no hay propuestas específicas para la población LGBTQ. Las siglas ni siquiera aparecen en el documento; solo en ciertas partes el término orientación sexual, pero no otros como identidad de género.
De manera general, hay planteamientos como promover la igualdad de género en ámbitos como educación y empleo, y la implementación de un plan de lucha contra la violencia y discriminación.
Asimismo, garantizar el acceso equitativo a la justicia para todas las personas, independientemente de su origen étnico, género, orientación sexual, religión o cualquier otra forma de identidad.
Aunque en el desarrollo de la situación de niñas y mujeres se menciona estar a favor de la educación integral en sexualidad y que en esta se respete la diversidad, en las propuestas no se detalla alguna medida con enfoque en las personas LGBTQ.
González es, por segunda ocasión, la carta de la Revolución Ciudadana para regresar a Carondelet. Aunque el movimiento se autodenomina como de izquierda y progresista, su máximo líder, Rafael Correa, se opuso abiertamente al matrimonio igualitario cuando era presidente y hasta arremetió contra la “ideología de género”, término empleado por sectores antiderechos para atacar el avance en derechos de mujeres y personas LGBTQ.
Aunque esta posición no es compartida por todos los integrantes del movimiento, otros abanderan también un discurso conservador, como la misma González, quien se opuso al aborto por violación cuando era legisladora.
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Despidos en ISDEMU: Un retroceso en los derechos labores y LGBTQ en El Salvador
Catherine Carolina Escobar, mujer trans presenta denuncia ante PDDH
SAN SALVADOR, El Salvador — El despido de más de 100 personas del Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (ISDEMU) ha generado una ola de indignación entre organizaciones sociales y defensoras de los derechos humanos en El Salvador. Entre las personas cesadas se encuentra Catherine Carolina Escobar, una mujer trans salvadoreña que, además de ser trabajadora del ISDEMU, formaba parte de la junta directiva del sindicato de la institución. Su despido y el de su compañera Litzy, otra mujer trans, ha sido interpretado por activistas como una acción discriminatoria en el marco de la creciente ofensiva del gobierno contra lo que denominan “ideología de género”.
Ciudad Mujer: Un legado de inclusión
Para entender la relevancia de estos despidos, es necesario remontarse a la historia de Ciudad Mujer, un proyecto emblemático inaugurado en 2011 durante el gobierno del expresidente Mauricio Funes y consolidado en la administración de Salvador Sánchez Cerén. Ciudad Mujer se concibió como un espacio integral de atención a las mujeres, brindando servicios de salud, asesoría legal, educación y formación laboral, con especial énfasis en poblaciones vulnerables, incluidas mujeres trans y otras personas de la diversidad sexual.
El proyecto representó un hito en la inclusión laboral de las mujeres LGBTQ, particularmente de mujeres trans, quienes históricamente han enfrentado múltiples barreras para acceder al empleo formal. De acuerdo con Mónica Hernández, directora ejecutiva de ASPIDH Arcoíris Trans, “Ciudad Mujer permitió la contratación de varias mujeres trans, así como de hombres trans y mujeres lesbianas”, marcando un avance significativo en la lucha por la equidad laboral.
Sin embargo, bajo la administración del presidente Nayib Bukele, Ciudad Mujer fue absorbida por ISDEMU, lo que significó cambios en su estructura y objetivos. Desde entonces, organizaciones feministas y de derechos humanos han denunciado una reducción en el alcance del programa y la exclusión progresiva de las poblaciones LGBTQ de sus beneficios.
Despidos y discriminación: La lucha de Catherine Carolina Escobar
El 7 de febrero, Catherine Carolina Escobar presentó una denuncia ante la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) junto a otras compañeras sindicalistas que fueron despedidas, en días anteriores también lo hicieron ante el Ministerio de Trabajo; Catherine señaló que su despido y el de su compañera Litzy podría responder a una política discriminatoria impulsada por el gobierno.
“Hemos interpuesto la denuncia, pero otras compañeras no han querido hacerlo por temor. Yo sí lo hice porque esto es discriminación y está vinculado a la supuesta lucha contra la ideología de género que este gobierno ha comenzado”, declaró Escobar.
Según explicó, los ataques en su contra y contra su compañera se intensificaron a partir del momento en que el gobierno comenzó a promover un discurso contra la “ideología de género”, lo que ha servido como justificación para desmantelar programas de equidad e inclusión.
“Yo era parte de la junta directiva del sindicato y aun así se atropellaron mis derechos”, subrayó.
Además del impacto personal, Escobar alertó sobre las consecuencias más amplias de esta política: “Los retrocesos ya comenzaron y ahora es un riesgo que debemos tomar en la lucha. Imagínese qué peligroso que ahora el Ejército vaya a ser como la PNC. Desde hace dos años yo le decía a la gente: ‘Esta es una dictadura que estamos viviendo’”.
El impacto en las organizaciones de derechos humanos
El despido de Escobar y Litzy ocurre en un contexto donde las organizaciones defensoras de derechos humanos enfrentan graves dificultades debido a la falta de financiamiento y la hostilidad del gobierno.
“Todas en la organización trabajamos ad honorem porque los fondos que teníamos venían del Departamento de Estado de los Estados Unidos, y ahora estamos sin recursos”, explicó Hernández.
Valery, encargada de monitoreo y captación de denuncias en ASPIDH, resaltó que la situación es preocupante porque cada vez más puertas se cierran para la defensa de los derechos humanos.
“Nuestra constitución establece que todos somos iguales ante la ley. No importa nuestra ideología o identidad, nuestros derechos deben ser respetados”, explicó. “Pero vemos cómo el gobierno está desmantelando toda la estructura que protegía a las poblaciones más vulnerables”.
Además del impacto en los derechos laborales, Valery advirtió sobre la precariedad en la atención de la salud para las mujeres trans. “No solo necesitamos prevención de enfermedades de transmisión sexual, también requerimos acceso a hormonas, endocrinólogos y atención médica integral. Muchas mujeres trans han muerto porque el sistema de salud no las atiende como se debe”.
La respuesta sindical y la lucha internacional
Desde el sindicato del ISDEMU, Sonia Viñerta, secretaria general de la Unión Sindical de Trabajadoras y Trabajadores del Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (USTTISDEMU), confirmó que han interpuesto demandas en el Tribunal del Servicio Civil y la PDDH.
“El lunes 10 de febrero viajaremos a Costa Rica para presentar una queja ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT). No podemos quedarnos callados, aun con los riesgos que esto implica. Nuestras familias han sido amedrentadas, pero eso no nos desanima”, afirmó.
Viñerta también denunció que el ISDEMU ha desmantelado la unidad de formación especializada, que se encargaba de capacitar a los funcionarios públicos en temas de género. “Nosotras podemos demostrar fehacientemente que, además de la libertad sindical, se han violentado otros derechos fundamentales, como el derecho de audiencia y el derecho de respuesta. La presidenta del ISDEMU ni siquiera respondió a nuestras solicitudes. Esto es un retroceso en el respeto a los derechos humanos”.
Un llamado a la resistencia
El caso de Escobar y Litzy es un reflejo de los desafíos que enfrenta la comunidad LGBTQ en El Salvador bajo el actual gobierno. Los despidos en ISDEMU no solo representan una vulneración de los derechos laborales, sino también un golpe a los avances en inclusión y equidad alcanzados en años anteriores.
Para Escobar, el camino está claro: “He vivido demasiadas situaciones difíciles, he visto cómo muchas compañeras han sido asesinadas por razones sociales. Me siento en la obligación de luchar. No voy a permitir estos retrocesos”. Su determinación es compartida por muchas activistas y organizaciones que, a pesar de las adversidades, siguen exigiendo el respeto a los derechos humanos en El Salvador.
Advocacy group calls for WorldPride boycott
PHOTOS: “Passports”
Former GOP Sen. Alan Simpson, longtime supporter of LGBTQ rights, dies at 93
Doechii to headline WorldPride closing concert
D.C. drag queens proudly join Trump resistance
Survivors of sex crimes are unsung heroes
Elon Musk’s mistakes
InterPride issues advisory for transgender, nonbinary people traveling to US
Array of queer events on tap for D.C. this spring
