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‘Ya no tenemos derecho ni a la calle’

Mujeres trans ecuadorianas se confrontan la violencia del crimen organizado

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(Ilustración cortesía de Edición Cientonce)

Edición Cientonce es el socio mediático del Washington Blade en Ecuador. Esta nota salió en su sitio web el 23 de mayo.

“No estoy muy convencida de hablar de esto”, susurra mientras agacha la mirada y cierra los ojos envolviéndose en sus pensamientos por unos segundos. “Pero creo que es necesario hacerlo, nunca en mi vida le he temido a nada y no voy a empezar ahora”, dice con firmeza esbozando una leve sonrisa. Luego empieza a caminar en medio del bullicio de lxs estudiantes en las proximidades de la Universidad Central, en el sector de la Av. América, en Quito.

Juliana (nombre protegido) tiene 31 años, salió de su casa a los 16 y como muchas chicas trans tuvo que arreglárselas por sí misma. “La familia siempre es la primera que nos desampara, sienten repudio por nosotras. Pero bueno, eso ya pasó y no se puede hacer nada, es mejor olvidarlo”, asegura con resignación y da el tema por zanjado.

Actualmente reside en Quito, pero nació y se crió en Manta, donde junto a sus compañeras encontró el calor del hogar que le había sido negado. Se trasladó a la capital en busca de mejores oportunidades cuando tenía 24 años, sin saber que se cruzaría de frente con la violencia y la extorsión.

“Hoy en día la situación de las mujeres trans que ejercemos el trabajo sexual es terrible, antes al menos nos podíamos ganar unos centavos. Ahora, ya no tenemos derecho ni a eso, no tenemos derecho ni a la calle”, relata con rabia, como quien siente el alivio de –por primera vez- contar algo que nunca se atrevió a decirle a nadie. Juliana asegura que las “vacunas” y “derechos de plaza” llevan en Quito ya mucho tiempo y son un problema que afecta y vulnera a las trabajadoras sexuales trans. 

***

Desde el año 2021 en que inició el período de gobierno del presidente Guillermo Lasso, Ecuador está atravesando una fuerte crisis de inseguridad y violencia. Según el informe Human Rights Watch 2023, estas variables son motivo de “profunda preocupación” para Ecuador.

De acuerdo a la encuesta realizada por la consultora CID Gallup, Ecuador es el país de América Latina en el que la ciudadanía se siente más insegura en las calles.

En 2021 se reportaron 2.135 muertes violentas, que equivale a una tasa de 13,7 por cada 100.000 habitantes. En 2022 la cifra llegó a 4.603 muertes; es decir, 25 casos por cada 100.000 habitantes.

En 2023 la violencia se ha exacerbado. Durante el primer trimestre del año se registraron 1.356 muertes violentas, lo que representa un aumento del 66,4 por ciento en comparación con el mismo período de 2022. Se estima que para finales de año se lleguen a contabilizar 6.300 crímenes. Ecuador es el país de la región en el que más crecen las muertes violentas. 

En medio de esta situación de violencia e inseguridad, las personas LGBTIQ+, especialmente las mujeres trans, son las más vulnerables. Coca y Mota, del colectivo Pachaqueer, denuncian que “las personas trans son consideradas de tercera o cuarta categoría en la jerarquía de las vidas que importan y el contexto actual propicia que las constantes violencias que atraviesan sean exacerbadas”.

Odalys Cayambe, presidenta de la Red Comunitaria Trans de Ecuador, añade que las mujeres trans-trabajadoras sexuales están siendo extorsionadas por el crimen organizado con tasas de hasta US$ 30 por día o US$ 500 mensuales. Lo que precariza aún más su vida y les obliga a trabajar únicamente para cumplir con el pago de estas cuotas que las mantienen “acorraladas”. 

“Nos dicen que debemos quedarnos calladas, que no podemos decir nada, mucho menos denunciar”, agrega. De hacerlo, corren el riesgo de ser “eliminadas”. Cayambe asegura también que la vida trans se encuentra más atravesada que nunca por la violencia. “Ya no sabemos ni con qué nos podemos cruzar, qué puede pasarnos a la vuelta de la esquina, y todo queda siempre en impunidad”.

Las muertes trans no son contabilizadas en Ecuador, no existen, ya que al morir no se respeta la identidad de esta población. Además, existen vacíos legales que impiden el reconocimiento de los transfemicidios.

EthnoData, plataforma de estudios de datos, recomienda que es necesaria la implementación de protocolos específicos para víctimas transfemeninas dentro del sistema penal ecuatoriano. 

“Tengo muchas compañeras enterradas en lo que va de año y ellas no están en ningún registro, al menos no con su verdadero nombre”, denuncia Odalys Cayambe.

La ausencia de datos oficiales generados por el Estado es reflejo del abandono estatal a la población trans. Esta realidad problematiza e imposibilita la búsqueda de justicia. “Vayan, vayan a los hospitales aquí en Guayaquil y vean cuántas mujeres trans están muriendo realmente”, concluye. 

Las propias organizaciones LGBTIQ+ intentan superar la inexistencia de cifras oficiales con sus propios registros. El informe Runa Sipiy, que cada año elabora la Asociación Silueta X para contabilizar el número de muertes de personas de las diversidades sexo genéricas, refleja un incremento exponencial de crímenes y violencia en contra de esta población. 

Según este informe, 15 personas LGBTIQ+ fueron asesinadas en el año 2021, de las cuales 10 eran mujeres trans. En 2022, la cifra aumentó a 25, con 16 casos correspondientes a mujeres trans. En ese año se incorporó la variable “muerte al estilo sicariato”, con 10 casos. 

“La violencia estructural contra mujeres trans se mantiene, pero en medio de un contexto sangriento estas se ven mucho más afectadas”, sostiene Diane Rodríguez, presidenta de Silueta X. La activista proyecta que para el año 2023 se prevé un incremento de al menos un 45 por ciento en muertes LGBTIQ+.

Para Rodríguez, el Gobierno del presidente Guillermo Lasso tiene responsabilidad directa sobre estas cifras, pues la ausencia de políticas públicas enfocadas en combatir las inequidades que afectan a las personas LGBTIQ+ son un agravante que profundizan sus vulnerabilidades. “Las condiciones del actual sistema social ecuatoriano arroja a muchas compañeras trans a la calle exponiéndolas desde temprana edad a contextos de violencia”. 

Coca y Mota, de PachaQueer, son aún más tajantes en su señalamiento al actual mandatario sobre las circunstancias de violencia que afectan a las diversidades sexo genéricas: “el régimen dictatorial del presidente Guillermo Lasso ha implementado una necro política de estado que nos ubica en la línea del no ser y no existir, deshumanizándonos y desconociendo nuestras identidades”. 

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Con desesperación y rabia, Juliana denuncia que las trabajadoras sexuales trans son amenazadas de muerte si se atreven a exponer a las personas que les exigen dinero por “mantener” sus “plazas” en las calles. Para cumplir con el pago de las denominadas “vacunas”, y seguir comiendo, en muchas ocasiones trabajan día y noche. “Vivir así ya no es vida”. 

Desde su adolescencia, Juliana se enfrentó a contextos de inseguridad y violencia que logró superar con resiliencia. Pero sabe que esto va incluso más allá. “Esta gente no tiene alma, no tiene corazón, no van a dudar un segundo al momento de meterte un tiro en medio de la cabeza”, asegura. 

Tras unos segundos de pausa para darle una pitada al cigarrillo que sostiene en su mano derecha mientras camina, interroga con frontalidad: “¿A quién le importa la vida de una puta? ¿A quién le interesa la vida de una trans? Yo o cualquiera de mis compañeras podríamos morir esta noche y nadie se enteraría, todo seguiría igual”. 

Vuelve a cerrar los ojos y se encierra nuevamente en sí misma, como pensando en la impunidad de la que —sabe— gozan las personas que a diario arrebatan vidas en Ecuador sin que ocurra nada al respecto. Esta realidad abandona a las mujeres trans-trabajadoras sexuales a su suerte y las vuelve presas fáciles para el crimen organizado. “Incluso te obligan a vender su mercancía (drogas)”, añade.  

“Un día me paré fuerte y no quise pagar, me arrinconaron contra una pared y me dijeron que, si no les daba su dinero, no podía estar más en la calle, y que si lo hacía iba a acabar en el fondo de una quebrada”, relata, con la voz notablemente entrecortada. 

Vuelve a fumar y guarda silencio, dando con ello a entender que no quiere profundizar más en el tema. Para Juliana, a veces es mejor olvidar, o al menos intentar no recordar ciertas cosas, “fingir demencia” —como ella mismo dice—. 

“Solo me refugio en mí misma y sigo viviendo, no queda más. Total, ni al Gobierno ni a nadie le interesan nuestros problemas, por eso nadie habla”.

Diane Rodríguez explica que la población ecuatoriana está hoy viviendo un fenómeno que es común para las personas LGBTIQ+: la impunidad. Si alguien muere o es extorsionado, nada ocurre, no se investiga, nadie va preso, no hay justicia, mucho menos reparación. “Es lo que nuestra población siempre ha experimentado, ser únicamente daños colaterales, quedar en el olvido”, indica.

Por ello asegura que las trabajadoras sexuales trans prefieren optar por el silencio, porque si se oponen o se levantan contra quienes las obligan a involucrarse al microtráfico y a pagar extorsiones “hasta ahí llegan, primero son amenazadas, y si persisten, simplemente pierden la vida. Como le ocurrió a Jessica Martínez”.

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“Me han amenazado de muerte, hermana. Y la Policía no hace nada, están pidiendo mi cabeza”. Le dijo la activista Jessica Martínez a su amiga y compañera de lucha Odalys Cayambe, poco antes de ser asesinada con once disparos. El crimen ocurrió el 2 de septiembre de 2022 en Ambato, donde residía y ejercía el trabajo sexual. 

Jéssica era también la vicepresidenta de la Organización Trans Nueva Esperanza, que trabajaba por la reivindicación de los derechos de la población trans en la ciudad. Desde su colectivo se había revelado en contra de las bandas delictivas que la extorsionaban a ella y a sus compañeras con el pago de cuotas por el derecho a ocupar la calle y ejercer su trabajo. 

“Ella era mi amiga, veníamos trabajando juntas desde los territorios, yo la admiraba. Pese a que denunciamos y pedimos ayuda a Fiscalía, nadie hizo nada, la dejaron morir”. Son las palabras de Odalys Cayambe al recordar a Jéssica Martínez, quien fue una mujer trans de 37 años, afrodescendiente y oriunda de Chone, que se trasladó a Ambato tras huir de Quito, donde denunció haber recibido una paliza por parte de la Policía. 

Jéssica se ha convertido hoy en el reflejo de las consecuencias que pueden traer para las mujeres trans revelarse ante sus victimarios y, también, de la indiferencia e inacción estatal frente a esta realidad.

“Jéssica estaba acorralada y ya ven lo que pasó, murió y ahí quedó la cosa, sus compañeras se vieron obligadas a huir de Ambato para no correr con la misma suerte”, señala Cayambe.

Quienes la querían y acompañaban en su lucha, la recuerdan y extrañan. Ruby, quien fue una de sus mejores amigas, asegura que les hace mucha falta y que no pierden la esperanza de que algún día se haga justicia. “Te extrañamos mucho mi negrita bella”.

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A las muertes violentas que afectan a personas LGBTIQ+ y la extorsión por “derechos” de calle a mujeres trans trabajadoras sexuales, se suman otros tipos de violencia e inseguridad, como el cobro de vacunas a locales comerciales que pertenecen a personas de las diversidades sexo genéricas. 

Odalys Cayambe denuncia que “algunas compañeras, con el trabajo de su cuerpo, han logrado ponerse un negocio de cualquier cosa y están siendo vacunadas”. Por vacuna, se entiende a aquel tipo de extorsión en el que la víctima debe pagar una cierta cantidad de dinero periódicamente por supuesta “protección”. 

Esta problemática las obliga inclusive a migrar de sus ciudades de origen, huyendo de las extorsiones y de las posibles consecuencias de no pagar. “Se van, se tienen que ir, porque les es imposible cumplir con lo que les piden, la cosa está así, deben abandonar lo poco que tienen”, comenta Cayambe. 

En Quito, la situación es similar. Diane Rodríguez señala que Silueta X ha recibido denuncias de extorsiones a salones de belleza en sectores como Cumbayá o Carcelén. A estos negocios se les cobra cuotas que sobrepasan su capacidad, lo que desencadena en que se vean obligados a cerrar, explica Rodríguez.

Según datos de la Policía Nacional, en lo que va de 2023 se han registrado 98 denuncias por extorsión en Quito. La cifra supera el total contabilizado en 2022, año en que llegó a 68. No existe ningún tipo de información referente a la población LGBTIQ+. 

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“¿Quiénes están detrás de todo esto? No lo sé, o si lo supiera no podría decírtelo directamente, eso me pondría en peligro a mí, incluso sin decir mi nombre. ¿Y sabes? También te pondría en peligro a ti”, advierte Juliana, lanzando un sano consejo. 

“Lo que sí sé y sí puedo decirte es que antes las cosas no eran así, la movida no era tan densa, claro que siempre había discriminación, violencia, lo normal”, comenta con una naturalidad que extremese. “Pero ahora, la situación ya es mucho más fuerte, que esto no salga en las noticias, no quiere decir que no esté ocurriendo”. 

Juliana cuenta que hace unos meses, mientras visitaba a una amiga suya en el sector norte de Quito, en Carapungo, le contaron que allí están dando palizas a mujeres trans que no pueden pagar lo que se les pide. “Se les llevan hasta sus cosas, a mi amiga le quitaron sus herramientas de trabajo, su secador, sus tijeras… todo”.

“Antes una soñaba con hacer una platita y dejar la calle, tener una buena vejez, ponerse un local. Ahora ya no hay esperanzas de nada”. Juliana dice que pronto tendrá que marcharse, ya que no quiere llamar la atención.

“Las trans somos fuertes, duras, la calle nos ha hecho de hierro, hemos pasado por todo y somos difíciles de doblegar. Tengo fe de que esto va a cambiar y podremos volver a vivir tranquilas, con más paz, sin miedo”.

Juliana se despide igual que se presentó: con un abrazo cariñoso en el que se puede sentir su calidez humana. Empieza a caminar y tras dar unos pasos se gira para lanzar una sonrisa al aire, como convencida de estar poniendo un grano de arena más en la lucha que incansablemente han encabezado las mujeres trans en Ecuador y el mundo.

Su historia conmueve y hace un llamado a la reflexión, no únicamente por la frontalidad de sus palabras, sino también por lo que, se entiende, no pudo decir en su totalidad por miedo a posibles represalias. Razón por la cual otras muchas también callan. Juliana expone la punta de un iceberg cuyo tamaño real no es posible dimensionar.

Las mujeres trans siguen pagando “derechos de plaza” o “vacunas”, o son asesinadas como Jéssica Martínez por revelarse ante las personas que las extorsionan y obligan a delinquir; y la paz de quienes han logrado construir un negocio propio desaparece frente al cobro de vacunas desorbitadas.

En medio de disputas de poder de la clase política, la inseguridad y violencia golpea a mujeres como Juliana, que hoy se atrave a alzar su voz frente a la crítica situación que atraviesan las las mujeres trans, las más olvidadas por el Estado y cuyas muertes siguen quedando en la impunidad.

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Instituto Auschwitz trabajando herramientas contra la discriminación en El Salvador

Se realizaron un conversatorio el 20 de septiembre en Suchitoto

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(Foto de Ernesto Valle por el Washington Blade)

SUCHITOTO, El Salvador — En palabras de colaboradoras del Instituto Auschwitz para la Prevención del Genocidio (AIPG por sus siglas en ingles); este utiliza la educación, la formación y la asistencia técnica para apoyar a los Estados en el desarrollo o fortalecimiento de políticas y prácticas para la prevención del genocidio y otras atrocidades masivas. También fomentan y apoyan la cooperación de los Estados a través de redes regionales e internacionales para avanzar en la prevención. 

Más de siete décadas después del Holocausto, el genocidio y otras atrocidades masivas siguen siendo una amenaza para la paz y la seguridad mundiales. Por lo que el AIPG le apuesta a la prevención eficaz del genocidio con un enfoque multidimensional de la educación. 

El programa para América Latina desde el año 2012, ejerce un rol de Secretaría Técnica de la Red Latinoamericana para la Prevención del Genocidio y Atrocidades Masivas, una plataforma regional conformada por 18 estados miembros, cuya misión es promover prácticas sostenibles de prevención en la región, así como priorizar prevención dentro de las agendas de derechos humanos de sus países. 

En el marco de acción y acuerdos establecidos por dicha red, se identificó como prioridad de trabajo la protección de personas migrantes desde un enfoque de prevención. De allí que desde el 2019, AIPG desarrolla proyectos de prevención aplicados a la situación de las personas en movilidad humana, en países como Colombia, Ecuador, Brasil y ahora El Salvador.

Por ello, en el municipio de Suchitoto, del departamento de Cuscatlán en El Salvador, se realizaron un conversatorio el 20 de septiembre con varias de las organizaciones que conforman la Federación Salvadoreña LGBTI (FESLGBTI) y la organización Huellas de Suchitoto; el cual ya es la segunda fase del proceso para elaborar un diagnóstico sobre la situación de comunidades en movilidad humana en El Salvador, dando como resultado herramientas de lucha contra la discriminación. 

Dichas herramientas deben ser viables y efectivas en la prevención de la discriminación, para ello también quieren entender las situaciones de violencia que puede experimentar la población LGBTQ en El Salvador y por qué toman la decisión de migrar del territorio. 

En el Diagnóstico Actualizado sobre la Situación de Comunidades en Movilidad Humana en El Salvador, realizado por el AIPG, lograron identificar que un 45 por ciento tomaban la decisión de migrar por factores de violencia e inseguridad, mientras que un 48 por ciento identificaban factores económicos, sociales y culturales como lo que les hacia tomar dicha decisión. 

Y ante toda la información recabada, entre los puntos que pudieron concluir es que existe deficiencia en las instituciones estatales en el registro de personas migrantes con necesidades de atención y protección, como también que no hay reportes de acceso público de carácter cualitativo sobre atención y servicios prestados a personas migrantes, entre otros puntos. 

Por ello entre las recomendaciones que comparten está el establecer programas de orientación y apoyo a nivel local para las familias afectadas por la migración, como también adoptar políticas públicas y medidas necesarias para combatir la discriminación a todos los niveles. 

De acuerdo con Fanny de la Organización HT El Salvador, hay mucho desconocimiento por parte de la misma población LGBTQ salvadoreña, sobre lo que trabajan las organizaciones LGBTQ en el país y esto provoca que no sepan que hacer o a quienes acudir, por lo que deciden migrar. 

Estas decisiones conducen a caminos desconocidos que pueden llegar a temas de violencia, pues no se sabe cómo son tratados en el transito hasta el destino que se dirigen, sea este Europa, Sur América, México o Estados Unidos. 

“Emigrar es un derecho y el instituto no busca evitarlo, solo identificar factores que causan eso y así poder prevenir grabes violaciones a los Derechos Humanos”, comentó colaboradora del AIPG.

Según Gabriel Escobar de COMCAVIS TRANS El Salvador, existe mucha desinformación sobre los temas de migración, “la población LGBT se crea falsas expectativas sobre los países de destino a migrar”, sobre esto hace alusión sobre las leyes que sancionan a personas que ayudan a migrantes, como en el caso de Suiza. 

País el cual, en el artículo 116 de la Ley de Extranjería, menciona que “se castigará con una pena de privación de libertad de un año o más o con una pena pecuniaria a toda persona que: en Suiza o en el extranjero, facilite la entrada, salida o estancia ilegal de un extranjero o participe en los preparativos para tal efecto”.

Situación que pone en peligro a la población migrante y restringe el derecho de migración de los mismos. Personas que por diversos motivos han tomado la decisión de dejar su país y aventurarse a llegar a nuevas tierras. 

“Hay que verlo desde varias aristas, una puede ser que la vida de la persona está en peligro y otra es que desde la discriminación en las escuelas, problemas para poder alquilar una casa, falta de oportunidad laborales, no hay políticas públicas inclusivas y mucho menos la voluntad política de ayudar”, menciona Karla Guevara, directora de Colectivo Alejandría. 

Haciendo alusión así de algunas razones por las cuales las personas LGBTQ de El Salvador, pueden tomar la decisión de dejar el país. Agregando así la promoción de discursos de odio desde la política al externar no apoyar el matrimonio igualitario, como tampoco una ley de identidad, hasta la censura a nivel nacional de un programa educativo en el canal estatal, por el hecho de hablar de diversidad sexual. 

Pero más allá de todos estos escenarios de discriminación vividos por las personas LGBTQ, de acuerdo con Grace Jiménez de la Casa Rosada, “la discriminación comienza desde que nacemos y se te asigna un sexo de acuerdo a tus genitales, con ello va una serie de roles que debes cumplir”.

Con lo cual el AIPG recolectó diversas opiniones sobre el estigma, los prejuicios y la discriminación que se vive, lo que ayuda en la toma de decisiones de las diversas personas LGBTQ que migran. Esto ayudará en la siguiente fase que el instituto llevará a cabo para tener los resultados esperados. 

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Asesinan a Soraya Álvarez, activista trans hondureña

Capturan a hombre que tiró su cuerpo cerca del río Choluteca

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Reportar sin Miedo es el socio mediático del Washington Blade en Honduras. Esta nota salió en su sitio web el 23 de septiembre.

TEGUCIGALPA, Honduras — Por pura casualidad se dio la captura del supuesto asesino de Soraya Álvarez.

Los agentes estaban levantando el cadáver de una persona asesinada por asfixia que flotaba en el río Choluteca, en Tegucigalpa, el viernes cerca de las 9:00 p.m., cuando vieron a un hombre que llevaba un cuerpo a cuestas bajo las sombras de la noche. 

Cuando la policía le ordenó detenerse, el sujeto tiró el cuerpo al suelo y escapó a toda velocidad. Los agentes lo persiguieron y lograron capturarlo. 

El cadáver que había arrojado al suelo era el de la activista trans Soraya Álvarez, integrante del colectivo Muñecas de Arcoíris. 

“Se recibió la denuncia de que había un cuerpo flotando en el río Choluteca”, relató a Reportar sin Miedo el subinspector de la Policía Nacional Carlos Valeriano, de la Unidad Metropolitana número 2 en Belén, Comayagüela. 

La activista de Muñecas de Arcoíris, Soraya Álvarez.

“Esa misma noche [vieron] la sombra de una persona que llevaba algo. Los policías alumbraron a un hombre que llevaba a alguien en la espalda y él tiró el cuerpo y se dio a la fuga. Entonces rápidamente se le dio persecución”.

En la acción policial que tuvo lugar junto al río Choluteca, a la altura de la primera avenida de Comayagüela, la Policía Nacional capturó al hombre de 53 años, de oficio comerciante, por suponerlo responsable del asesinato de Soraya Álvarez.  

En el enfrentamiento con los agentes policiales, el supuesto asesino recibió varios golpes, por lo cual tuvo que vendarse la nariz.

En cuanto a Soraya, su cuerpo presentaba heridas en la parte de atrás de la oreja, según las pesquisas de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI). 

Asimismo, Soraya tenía varios hematomas en la parte de atrás de la cabeza, probablemente producidos con objeto contuso que podrían haberle causado la muerte. Los operadores de justicia están esperando el dictamen de Medicina Forense para conocer las causas oficiales del asesinato. 

El supuesto responsable del delito de homicidio de Soraya Álvarez. (Foto cortesía de la Policía Nacional de Honduras.)

Con Soraya ya van 40

Soraya Álvarez es la víctima de asesinato número 40 contra personas LGBT+ en Honduras en lo que va de 2023, según el observatorio de la Violencia de la Red Lésbica Cattrachas. 

Además, es la persona trans número 11 asesinada en el país durante el año. 

El coordinador del Observatorio de la Violencia de Red Lésbica Cattrachas, Nahíl Zerón, dijo a Reportar sin Miedo que el asesinato de Soraya vuelve a poner bajo la lupa la falta de cumplimiento de la sentencia de Vicky Hernández, ya que el Estado de Honduras solo ha cumplido cinco de las 11 medidas medidas de reparación dictadas por la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 

Entre las medidas más importantes de la sentencia está ofrecer a las personas trans el cambio de nombre. Sin embargo, el gobierno de Xiomara Castro no ha mostrado la voluntad política de hacerlo. 

Recientemente, Muñecas de Arcoiris y otras colectivas y organizaciones que pertenecen al Comité de Personas Trans de Honduras realizaron una reunión en la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol). El objetivo de la reunión era hablar sobre una ruta de apoyo a las becas de estudio para las personas trans del país. 

Muñecas de Arcoiris y otras colectivas y organizaciones en una reunión en la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol).
Representantes de organizaciones que pertenecen al Comité de Personas Trans de Honduras en las oficinas de Sedesol.

“Los avances en derechos de personas LGBTIQ+ tienen un costo político para los partidos y para los gobiernos. Nos deja muy claro que no se quiere avanzar en una temática cuando existe una presión nacional de un contexto fundamentalista conservador”, dijo Nahíl Zerón en el foro regional Justicia sin impunidad ni prejuicios para las personas LGBTIQ+ en Bogotá, Colombia, a principios de septiembre. 

Desde la emisión de la sentencia de Vicky Hernández y otras vs Honduras en 2021 han sido asesinadas más de 98 personas de las disidencias sexuales. Sólo el año pasado, Cattrachas registró por lo menos 46 personas asesinadas y dos desaparecidas. 

Soraya junto a JLo Córdova.

JLo Córdova, de Muñecas de Arcoíris, lamentó profundamente el asesinato de su compañera y al mismo tiempo pidió justicia para ella. Soraya era una joven activista y defensora de los derechos humanos en especial de las personas trans en Honduras recuerda, Córdova. 

“Condenamos enérgicamente el asesinato de Soraya Álvarez. Las defensoras trans en Honduras nos están matando. Justicia ya. Y exigimos el cumplimiento de la sentencia de Vicky Hernández”, escribió en la página oficial Muñecas de Arcoíris. 

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh) condenó la muerte violenta de la defensora de derechos humanos Soraya Álvarez. 

Asimismo, la Oficina instó a las autoridades a investigar y sancionar a los responsables, así como garantizar la protección de su familia y organización.

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Mausoleo Tiresias: visibilidad y justicia para mujeres trans

Kenya Cuevas inauguró el primer mausoleo en México para mujeres trans

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(Foto de Haarón Alvarez por The New Gay Times)

Texto por HAARÓN ÁLVAREZ Y RODRIGO HERRERA Y FOTOGRAFÍAS DE HAARÓN ÁLVAREZ | Kenya Cuevas, activista trans, fundadora de Casa Muñecas Tiresas, inauguró en conjunto a la alcaldesa de Iztapalapa, Clara Brugada, Oyuki Martínez, coordinadora de la Unidad de Atención Integral a Personas Trans de la CDMX y la directora de COPRED Geraldina de la Vega, el primer Mausoleo en el país para las mujeres trans, para que tengan una muerte digna y un lugar para su memoria que respete su identidad de género. 

(Foto de Haarón Alvarez por The New Gay Times)

19 personas LGBTQI+ fueron asesinadas en los primeros cinco meses de 2023, más de la mitad mujeres trans, cuyas muertes se suman a por lo menos 453 asesinatos motivados por el odio hacia la comunidad LGBTQI+ de los últimos cinco años, según Letra S.

Este mausoleo que buscaba reconocer y dignificar la vida de mujeres trans que han muerto asesinadas y que comenzó con la colocación de la primera piedra el pasado 22 de mayo, tendrá con una capacidad para 142 cenizas y para seis féretros, el recinto está ubicado en el Panteón Civil de San Lorenzo Tezonco, en Iztapalapa. En palabras de Kenya, “lo que nos une no es la muerte, es la memoria”.

(Foto de Haarón Alvarez por The New Gay Times)

Durante el evento, la alcaldesa, Brugada expresó y brindó su apoyo a la comunidad trans, reconociendo a Kenya Cuevas, por su lucha a favor de esta población de la sociedad.

“Estoy en paz porque estoy cumpliendo con esa promesa que le hice hace siete años a Paola que está aquí en frente. Paola, Hermana, donde quiera que estés, muchas gracias, porque a través de tu nombre hemos logrado abrir una brecha importante en la historia de la comunidad trans, hemos logrado dar visibilidad y también hemos logrado dar justicia a mujeres trans”. 

– Kenya Cuevas, activista trans y defensora de derechos humanos.

(Foto de Haarón Alvarez por The New Gay Times)

Kenya Cuevas agradeció a las autoridades presentes de sumarse a su iniciativa, cuyo objetivo era cumplir con la promesa que le hizo a su hermana de vida, Paola Buenrostro. Su asesinato es el primer transfeminicidio reconocido en la ciudad de México.

“Por quienes fueron víctimas de la violencia estructural, por quienes fueron parte de la violencia institucional, porque fueron parte también de esta violencia social, pero sobre todo, estamos en un espacio para que también la muerte sea una muerte digna”. 

– Oyuki Martínez, coordinadora de la Unidad de Atención Integral a Personas Trans de la CDMX vía Agencia Presentes.

(Foto de Haarón Alvarez por The New Gay Times)

En los últimos meses se observa un incremento de la violencia hacia las personas LGBTQI+, particularmente hacia las mujeres trans en medio de un contexto de polarización social, la coyuntura político-electoral y el posicionamiento de campañas que buscan instrumentalizar los prejuicios y estigmas hacia las personas trans con fines partidistas. La tolerancia hacia los discursos de odio no tienen espacio en una sociedad democrática y en paz que necesitamos construir.

(Foto de Haarón Alvarez por The New Gay Times)

En un país donde a siete de cada 10 personas se les niega injustificadamente un derecho por su orientación sexual o identidad de género es más importante que nunca tener cero tolerancia contra cualquier tipo de discriminación y violencia.

(Foto de Haarón Alvarez por The New Gay Times)
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