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‘Ya no tenemos derecho ni a la calle’
Mujeres trans ecuadorianas se confrontan la violencia del crimen organizado

“No estoy muy convencida de hablar de esto”, susurra mientras agacha la mirada y cierra los ojos envolviéndose en sus pensamientos por unos segundos. “Pero creo que es necesario hacerlo, nunca en mi vida le he temido a nada y no voy a empezar ahora”, dice con firmeza esbozando una leve sonrisa. Luego empieza a caminar en medio del bullicio de lxs estudiantes en las proximidades de la Universidad Central, en el sector de la Av. América, en Quito.
Juliana (nombre protegido) tiene 31 años, salió de su casa a los 16 y como muchas chicas trans tuvo que arreglárselas por sí misma. “La familia siempre es la primera que nos desampara, sienten repudio por nosotras. Pero bueno, eso ya pasó y no se puede hacer nada, es mejor olvidarlo”, asegura con resignación y da el tema por zanjado.
Actualmente reside en Quito, pero nació y se crió en Manta, donde junto a sus compañeras encontró el calor del hogar que le había sido negado. Se trasladó a la capital en busca de mejores oportunidades cuando tenía 24 años, sin saber que se cruzaría de frente con la violencia y la extorsión.
“Hoy en día la situación de las mujeres trans que ejercemos el trabajo sexual es terrible, antes al menos nos podíamos ganar unos centavos. Ahora, ya no tenemos derecho ni a eso, no tenemos derecho ni a la calle”, relata con rabia, como quien siente el alivio de –por primera vez- contar algo que nunca se atrevió a decirle a nadie. Juliana asegura que las “vacunas” y “derechos de plaza” llevan en Quito ya mucho tiempo y son un problema que afecta y vulnera a las trabajadoras sexuales trans.
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Desde el año 2021 en que inició el período de gobierno del presidente Guillermo Lasso, Ecuador está atravesando una fuerte crisis de inseguridad y violencia. Según el informe Human Rights Watch 2023, estas variables son motivo de “profunda preocupación” para Ecuador.
De acuerdo a la encuesta realizada por la consultora CID Gallup, Ecuador es el país de América Latina en el que la ciudadanía se siente más insegura en las calles.
En 2021 se reportaron 2.135 muertes violentas, que equivale a una tasa de 13,7 por cada 100.000 habitantes. En 2022 la cifra llegó a 4.603 muertes; es decir, 25 casos por cada 100.000 habitantes.
En 2023 la violencia se ha exacerbado. Durante el primer trimestre del año se registraron 1.356 muertes violentas, lo que representa un aumento del 66,4 por ciento en comparación con el mismo período de 2022. Se estima que para finales de año se lleguen a contabilizar 6.300 crímenes. Ecuador es el país de la región en el que más crecen las muertes violentas.
En medio de esta situación de violencia e inseguridad, las personas LGBTIQ+, especialmente las mujeres trans, son las más vulnerables. Coca y Mota, del colectivo Pachaqueer, denuncian que “las personas trans son consideradas de tercera o cuarta categoría en la jerarquía de las vidas que importan y el contexto actual propicia que las constantes violencias que atraviesan sean exacerbadas”.
Odalys Cayambe, presidenta de la Red Comunitaria Trans de Ecuador, añade que las mujeres trans-trabajadoras sexuales están siendo extorsionadas por el crimen organizado con tasas de hasta US$ 30 por día o US$ 500 mensuales. Lo que precariza aún más su vida y les obliga a trabajar únicamente para cumplir con el pago de estas cuotas que las mantienen “acorraladas”.
“Nos dicen que debemos quedarnos calladas, que no podemos decir nada, mucho menos denunciar”, agrega. De hacerlo, corren el riesgo de ser “eliminadas”. Cayambe asegura también que la vida trans se encuentra más atravesada que nunca por la violencia. “Ya no sabemos ni con qué nos podemos cruzar, qué puede pasarnos a la vuelta de la esquina, y todo queda siempre en impunidad”.
Las muertes trans no son contabilizadas en Ecuador, no existen, ya que al morir no se respeta la identidad de esta población. Además, existen vacíos legales que impiden el reconocimiento de los transfemicidios.
EthnoData, plataforma de estudios de datos, recomienda que es necesaria la implementación de protocolos específicos para víctimas transfemeninas dentro del sistema penal ecuatoriano.
“Tengo muchas compañeras enterradas en lo que va de año y ellas no están en ningún registro, al menos no con su verdadero nombre”, denuncia Odalys Cayambe.
La ausencia de datos oficiales generados por el Estado es reflejo del abandono estatal a la población trans. Esta realidad problematiza e imposibilita la búsqueda de justicia. “Vayan, vayan a los hospitales aquí en Guayaquil y vean cuántas mujeres trans están muriendo realmente”, concluye.
Las propias organizaciones LGBTIQ+ intentan superar la inexistencia de cifras oficiales con sus propios registros. El informe Runa Sipiy, que cada año elabora la Asociación Silueta X para contabilizar el número de muertes de personas de las diversidades sexo genéricas, refleja un incremento exponencial de crímenes y violencia en contra de esta población.
Según este informe, 15 personas LGBTIQ+ fueron asesinadas en el año 2021, de las cuales 10 eran mujeres trans. En 2022, la cifra aumentó a 25, con 16 casos correspondientes a mujeres trans. En ese año se incorporó la variable “muerte al estilo sicariato”, con 10 casos.
“La violencia estructural contra mujeres trans se mantiene, pero en medio de un contexto sangriento estas se ven mucho más afectadas”, sostiene Diane Rodríguez, presidenta de Silueta X. La activista proyecta que para el año 2023 se prevé un incremento de al menos un 45 por ciento en muertes LGBTIQ+.
Para Rodríguez, el Gobierno del presidente Guillermo Lasso tiene responsabilidad directa sobre estas cifras, pues la ausencia de políticas públicas enfocadas en combatir las inequidades que afectan a las personas LGBTIQ+ son un agravante que profundizan sus vulnerabilidades. “Las condiciones del actual sistema social ecuatoriano arroja a muchas compañeras trans a la calle exponiéndolas desde temprana edad a contextos de violencia”.
Coca y Mota, de PachaQueer, son aún más tajantes en su señalamiento al actual mandatario sobre las circunstancias de violencia que afectan a las diversidades sexo genéricas: “el régimen dictatorial del presidente Guillermo Lasso ha implementado una necro política de estado que nos ubica en la línea del no ser y no existir, deshumanizándonos y desconociendo nuestras identidades”.
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Con desesperación y rabia, Juliana denuncia que las trabajadoras sexuales trans son amenazadas de muerte si se atreven a exponer a las personas que les exigen dinero por “mantener” sus “plazas” en las calles. Para cumplir con el pago de las denominadas “vacunas”, y seguir comiendo, en muchas ocasiones trabajan día y noche. “Vivir así ya no es vida”.
Desde su adolescencia, Juliana se enfrentó a contextos de inseguridad y violencia que logró superar con resiliencia. Pero sabe que esto va incluso más allá. “Esta gente no tiene alma, no tiene corazón, no van a dudar un segundo al momento de meterte un tiro en medio de la cabeza”, asegura.
Tras unos segundos de pausa para darle una pitada al cigarrillo que sostiene en su mano derecha mientras camina, interroga con frontalidad: “¿A quién le importa la vida de una puta? ¿A quién le interesa la vida de una trans? Yo o cualquiera de mis compañeras podríamos morir esta noche y nadie se enteraría, todo seguiría igual”.
Vuelve a cerrar los ojos y se encierra nuevamente en sí misma, como pensando en la impunidad de la que —sabe— gozan las personas que a diario arrebatan vidas en Ecuador sin que ocurra nada al respecto. Esta realidad abandona a las mujeres trans-trabajadoras sexuales a su suerte y las vuelve presas fáciles para el crimen organizado. “Incluso te obligan a vender su mercancía (drogas)”, añade.
“Un día me paré fuerte y no quise pagar, me arrinconaron contra una pared y me dijeron que, si no les daba su dinero, no podía estar más en la calle, y que si lo hacía iba a acabar en el fondo de una quebrada”, relata, con la voz notablemente entrecortada.
Vuelve a fumar y guarda silencio, dando con ello a entender que no quiere profundizar más en el tema. Para Juliana, a veces es mejor olvidar, o al menos intentar no recordar ciertas cosas, “fingir demencia” —como ella mismo dice—.
“Solo me refugio en mí misma y sigo viviendo, no queda más. Total, ni al Gobierno ni a nadie le interesan nuestros problemas, por eso nadie habla”.
Diane Rodríguez explica que la población ecuatoriana está hoy viviendo un fenómeno que es común para las personas LGBTIQ+: la impunidad. Si alguien muere o es extorsionado, nada ocurre, no se investiga, nadie va preso, no hay justicia, mucho menos reparación. “Es lo que nuestra población siempre ha experimentado, ser únicamente daños colaterales, quedar en el olvido”, indica.
Por ello asegura que las trabajadoras sexuales trans prefieren optar por el silencio, porque si se oponen o se levantan contra quienes las obligan a involucrarse al microtráfico y a pagar extorsiones “hasta ahí llegan, primero son amenazadas, y si persisten, simplemente pierden la vida. Como le ocurrió a Jessica Martínez”.
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“Me han amenazado de muerte, hermana. Y la Policía no hace nada, están pidiendo mi cabeza”. Le dijo la activista Jessica Martínez a su amiga y compañera de lucha Odalys Cayambe, poco antes de ser asesinada con once disparos. El crimen ocurrió el 2 de septiembre de 2022 en Ambato, donde residía y ejercía el trabajo sexual.
Jéssica era también la vicepresidenta de la Organización Trans Nueva Esperanza, que trabajaba por la reivindicación de los derechos de la población trans en la ciudad. Desde su colectivo se había revelado en contra de las bandas delictivas que la extorsionaban a ella y a sus compañeras con el pago de cuotas por el derecho a ocupar la calle y ejercer su trabajo.
“Ella era mi amiga, veníamos trabajando juntas desde los territorios, yo la admiraba. Pese a que denunciamos y pedimos ayuda a Fiscalía, nadie hizo nada, la dejaron morir”. Son las palabras de Odalys Cayambe al recordar a Jéssica Martínez, quien fue una mujer trans de 37 años, afrodescendiente y oriunda de Chone, que se trasladó a Ambato tras huir de Quito, donde denunció haber recibido una paliza por parte de la Policía.
🟣#JusticiaParaJéssica | Jéssica Martínez, vicepresidenta de la agrupación Nueva Esperanza, lidereza afroecuatoriana del Movimiento Trans en #Ambato y defensora de derechos de las trabajadoras sexuales trans, fue víctima de #Transfeminicidio el sábado 3 de septiembre de 2022. pic.twitter.com/2Hdjuu0fz4
— Surkuna💚 (@SurkunaEc) September 6, 2022
Jéssica se ha convertido hoy en el reflejo de las consecuencias que pueden traer para las mujeres trans revelarse ante sus victimarios y, también, de la indiferencia e inacción estatal frente a esta realidad.
“Jéssica estaba acorralada y ya ven lo que pasó, murió y ahí quedó la cosa, sus compañeras se vieron obligadas a huir de Ambato para no correr con la misma suerte”, señala Cayambe.
Quienes la querían y acompañaban en su lucha, la recuerdan y extrañan. Ruby, quien fue una de sus mejores amigas, asegura que les hace mucha falta y que no pierden la esperanza de que algún día se haga justicia. “Te extrañamos mucho mi negrita bella”.
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A las muertes violentas que afectan a personas LGBTIQ+ y la extorsión por “derechos” de calle a mujeres trans trabajadoras sexuales, se suman otros tipos de violencia e inseguridad, como el cobro de vacunas a locales comerciales que pertenecen a personas de las diversidades sexo genéricas.
Odalys Cayambe denuncia que “algunas compañeras, con el trabajo de su cuerpo, han logrado ponerse un negocio de cualquier cosa y están siendo vacunadas”. Por vacuna, se entiende a aquel tipo de extorsión en el que la víctima debe pagar una cierta cantidad de dinero periódicamente por supuesta “protección”.
Esta problemática las obliga inclusive a migrar de sus ciudades de origen, huyendo de las extorsiones y de las posibles consecuencias de no pagar. “Se van, se tienen que ir, porque les es imposible cumplir con lo que les piden, la cosa está así, deben abandonar lo poco que tienen”, comenta Cayambe.
En Quito, la situación es similar. Diane Rodríguez señala que Silueta X ha recibido denuncias de extorsiones a salones de belleza en sectores como Cumbayá o Carcelén. A estos negocios se les cobra cuotas que sobrepasan su capacidad, lo que desencadena en que se vean obligados a cerrar, explica Rodríguez.
Según datos de la Policía Nacional, en lo que va de 2023 se han registrado 98 denuncias por extorsión en Quito. La cifra supera el total contabilizado en 2022, año en que llegó a 68. No existe ningún tipo de información referente a la población LGBTIQ+.
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“¿Quiénes están detrás de todo esto? No lo sé, o si lo supiera no podría decírtelo directamente, eso me pondría en peligro a mí, incluso sin decir mi nombre. ¿Y sabes? También te pondría en peligro a ti”, advierte Juliana, lanzando un sano consejo.
“Lo que sí sé y sí puedo decirte es que antes las cosas no eran así, la movida no era tan densa, claro que siempre había discriminación, violencia, lo normal”, comenta con una naturalidad que extremese. “Pero ahora, la situación ya es mucho más fuerte, que esto no salga en las noticias, no quiere decir que no esté ocurriendo”.
Juliana cuenta que hace unos meses, mientras visitaba a una amiga suya en el sector norte de Quito, en Carapungo, le contaron que allí están dando palizas a mujeres trans que no pueden pagar lo que se les pide. “Se les llevan hasta sus cosas, a mi amiga le quitaron sus herramientas de trabajo, su secador, sus tijeras… todo”.
“Antes una soñaba con hacer una platita y dejar la calle, tener una buena vejez, ponerse un local. Ahora ya no hay esperanzas de nada”. Juliana dice que pronto tendrá que marcharse, ya que no quiere llamar la atención.
“Las trans somos fuertes, duras, la calle nos ha hecho de hierro, hemos pasado por todo y somos difíciles de doblegar. Tengo fe de que esto va a cambiar y podremos volver a vivir tranquilas, con más paz, sin miedo”.
Juliana se despide igual que se presentó: con un abrazo cariñoso en el que se puede sentir su calidez humana. Empieza a caminar y tras dar unos pasos se gira para lanzar una sonrisa al aire, como convencida de estar poniendo un grano de arena más en la lucha que incansablemente han encabezado las mujeres trans en Ecuador y el mundo.
Su historia conmueve y hace un llamado a la reflexión, no únicamente por la frontalidad de sus palabras, sino también por lo que, se entiende, no pudo decir en su totalidad por miedo a posibles represalias. Razón por la cual otras muchas también callan. Juliana expone la punta de un iceberg cuyo tamaño real no es posible dimensionar.
Las mujeres trans siguen pagando “derechos de plaza” o “vacunas”, o son asesinadas como Jéssica Martínez por revelarse ante las personas que las extorsionan y obligan a delinquir; y la paz de quienes han logrado construir un negocio propio desaparece frente al cobro de vacunas desorbitadas.
En medio de disputas de poder de la clase política, la inseguridad y violencia golpea a mujeres como Juliana, que hoy se atrave a alzar su voz frente a la crítica situación que atraviesan las las mujeres trans, las más olvidadas por el Estado y cuyas muertes siguen quedando en la impunidad.
El Salvador
La marcha LGBTQ desafía el silencio en El Salvador
Se realizó el evento en San Salvador bajo la lluvia, pero con orgullo

SAN SALVADOR, El Salvador — El reloj marcaba el mediodía cuando los primeros colores del arcoíris comenzaron a ondear frente a la emblemática Plaza del Divino Salvador del Mundo. A pesar de la incertidumbre generada en redes sociales, donde abundaban los rumores sobre una posible cancelación de la marcha por la diversidad sexual, la ciudad capital comenzaba a llenarse de esperanza, de resistencia y de orgullo.
Este año, la Marcha del Orgullo LGBTQ+ en El Salvador se desarrolló en un contexto tenso, en medio de un clima político que reprime y silencia a las voces disidentes.
“Aunque las estadísticas digan que no existimos, viviendo en El Salvador, un país donde hoy, después de décadas de avances, defender los derechos humanos es de nuevo una causa perseguida, criminalizada y silenciada”, afirmaron representantes de la Federación Salvadoreña LGBTQ+.
A pesar de la cancelación del festival cultural que usualmente acompaña la marcha, los colectivos decidieron seguir adelante con la movilización, priorizando el sentido original de la actividad: salir a las calles para visibilizarse, exigir respeto a sus derechos y recordar a quienes ya no están.
A la 1:30 p.m., una fuerte lluvia comenzó a caer sobre la ciudad. Algunas de las personas presentes corrieron a refugiarse, mientras otras, debajo de sombrillas y de los escasos árboles en la plaza, decidieron mantenerse firmes. Los comentarios pesimistas no se hicieron esperar: “a lo mejor la cancelan por el clima”, “no se ve tanta gente como otros años”. Sin embargo, lo que siguió fue una muestra de resistencia: a las 2:05 p.m. las voces comenzaron a llamar a tomar las calles.
Visibilidad como resistencia
La marcha arrancó bajo una llovizna persistente. La Avenida Roosevelt y la Alameda Juan Pablo II se tiñeron de colores con banderas arcoíris, trans, lésbicas, bisexuales y otras que representan a los diversos sectores de la población LGBTQ. Cada bandera alzada fue un acto político, cada paso una declaración de existencia.
Desde la Plaza del Divino Salvador del Mundo hasta la Plaza Gerardo Barrios, frente a Catedral Metropolitana y el Palacio Nacional, la marcha se convirtió en un carnaval de dignidad. Carteles con frases como “El amor no se reprime”, “Mi existencia no es delito” o “Marcho por quien ya no puede hacerlo” se alzaron entre las multitudes.
La movilización fue también un espacio para recordar a quienes han perdido la vida por la discriminación y el rechazo. Familias que marcharon por hijos, hijas o amigues que se suicidaron a causa del estigma. Personas que caminaron por quienes aún viven en el miedo, por quienes no pudieron salir del clóset, por quienes se han ido del país huyendo de la violencia.
Arte, fe y rebeldía
Una de las escenas más llamativas fue protagonizada por Nelson Valle, un joven gay que marchó vestido como sacerdote.
“Hay muchas personas que secretamente asisten a ritos religiosos como en Semana Santa, y les gusta vivir en lo oculto. Pero la fe debe ser algo libre porque Dios es amor y es para todos”, dijo.
Valle utilizó su vestimenta como una forma de protesta contra las estructuras religiosas que aún condenan la diversidad sexual.
“Un ejemplo de persona que abrió el diálogo del respeto fue el papa Francisco, abrió la mente y muy adelantado a su tiempo, porque dejó claro que hay que escuchar a toda persona que quiere encontrar a Dios”, agregó.
La marcha también incluyó bandas musicales, grupos de cachiporristas, carrozas artísticas, colectivos provenientes de distintos puntos del país, y manifestaciones de orgullo en todas sus formas. Fue un mosaico cultural que mostró la riqueza y diversidad de la población LGBTQ en El Salvador.

Una lucha que persiste
Las organizaciones presentes coincidieron en su mensaje: la lucha por la igualdad y el reconocimiento no se detiene, a pesar de los intentos del Estado por invisibilizarlos.
“Nuestros cuerpos se niegan a ser borrados y a morir en la invisibilidad de registros que no guardan nuestros nombres ni nuestros géneros”, declararon representantes de la Federación.
Además, agregaron: “Desde este país que nos quiere callar, levantamos nuestras voces: ¡La comunidad LGBTIQ+ no se borra! ¡El Salvador también es nuestro! Construyamos, entre todes, un país donde podamos vivir con Orgullo.”
El ambiente fue de respeto, pero también de desconfianza. La presencia de agentes policiales no pasó desapercibida. Aunque no hubo reportes oficiales de violencia, varias personas expresaron su temor por posibles represalias.
“Marchar hoy es también un acto de valentía”, comentó Alejandra, una joven lesbiana que viajó desde Santa Ana para participar. “Pero tenemos derecho a vivir, a amar, a soñar. Y si nos detenemos, les damos la razón a quienes nos quieren ver en silencio.”
Rumbo al futuro
Concluida la marcha frente a Catedral y el Palacio Nacional, muchas personas permanecieron en la plaza compartiendo abrazos, fotos y palabras de aliento. No hubo festival, no hubo escenario, pero hubo algo más valioso: una comunidad que sigue viva, que sigue resistiendo.
Los retos son muchos: falta de leyes de protección y que apoye las identidades de las personas trans, discriminación laboral, violencia por prejuicio, rechazo familiar, y una narrativa estatal que pretende que no existen. Pero la marcha del 28 de junio demostró que, aunque el camino sea cuesta arriba, la dignidad y el orgullo no se borran.
La lucha por un El Salvador más justo, más plural y más inclusivo continúa. En palabras de uno de los carteles más llamativos de ese día: “No estamos aquí para pedir permiso, estamos aquí para recordar que también somos parte de este país”.
Colombia
Colombia avanza hacia la igualdad para personas trans
Fue aprobado en Comisión Primera de la Cámara la Ley Integral Trans

En un hecho histórico para los derechos humanos en Colombia, la Comisión Primera de la Cámara de Representantes aprobó en primer debate el Proyecto de Ley 122 de 2024, conocido como la Ley Integral Trans, que busca garantizar la igualdad efectiva de las personas con identidades de género diversas en el país. Esta iniciativa, impulsada por más de cien organizaciones sociales defensoras de los derechos LGBTQ, congresistas de la comisión por la Diversidad y personas trans, representa un paso decisivo hacia el reconocimiento pleno de derechos para esta población históricamente marginada.
La Ley Integral Trans propone un marco normativo robusto para enfrentar la discriminación y promover la inclusión. Entre sus principales ejes se destacan el acceso a servicios de salud con enfoque diferencial, el reconocimiento de la identidad de género en todos los ámbitos de la vida, la creación de programas de empleo y educación para personas trans, así como medidas para garantizar el acceso a la justicia y la protección frente a violencias basadas en prejuicios.
Detractores hablan de ‘imposición ideológica
Sin embargo, el avance del proyecto no ha estado exento de polémicas. Algunos sectores conservadores han señalado que la iniciativa representa una “imposición ideológica”. La senadora y precandidata presidencial María Fernanda Cabal anunció públicamente que se opondrá al proyecto de Ley Integral Trans cuando llegue al Senado, argumentando que “todas las personas deben ser tratadas por igual” y que esta propuesta vulneraría un principio constitucional. Estas declaraciones anticipan un debate intenso en las próximas etapas legislativas.
El proyecto también establecelineamientos claros para que las instituciones públicas respeten el nombre y el género con los que las personas trans se identifican, en concordancia con su identidad de género, y contempla procesos de formación y sensibilización en entidades estatales. Además, impulsa políticas públicas en contextos clave como el trabajo, la educación, la cultura y el deporte, promoviendo una vida libre de discriminación y con garantías plenas de participación.
¿Qué sigue para que sea ley?
La Ley aún debe superar varios debates legislativos, incluyendo la plenaria en la Cámara y luego el paso al Senado; pero la sola aprobación en Comisión Primera ya constituye un hito en la lucha por la igualdad y la dignidad de las personas trans en Colombia. En un país donde esta población enfrenta altos niveles de exclusión, violencia y barreras estructurales, este avance legislativo renueva la esperanza de una transformación real.
Desde www.orgullolgbt.co, celebramos este logro, invitamos a unirnos en esta causa impulsándola en los círculos a los que tengamos acceso y reiteramos nuestro compromiso con la visibilidad, los derechos y la vida digna de las personas trans. La #LeyIntegralTrans bautizada “Ley Sara Millerey” en honor de la mujer trans recientemente asesinada en Bello, Antioquia (ver más aquí); no es solo una propuesta normativa: es un acto de justicia que busca asegurar condiciones reales para que todas las personas puedan vivir con libertad, seguridad y respeto por su identidad.
Noticias en Español
¿Hasta cuándo esperaremos el permiso para amar?
El nuevo Papa afirmó que la familia se funda en la “unión estable entre el hombre y la mujer”

Las recientes declaraciones del Papa León XIV han reactivado un debate de enorme peso espiritual y pastoral: ¿cómo entiende la Iglesia el amor, la familia y la dignidad de las personas en toda su diversidad?
En su primer discurso oficial ante el cuerpo diplomático del Vaticano, el 16 de mayo de 2025, el Papa afirmó que la familia se funda en la “unión estable entre el hombre y la mujer”. Estas palabras, pronunciadas con claridad y convicción, reafirman la posición doctrinal tradicional sobre el matrimonio, el aborto y la llamada “ideología de género”. Pero para muchos, estas afirmaciones reabren heridas, traen a la superficie el dolor de sentirse nuevamente al margen, y avivan preguntas que no han encontrado todavía un espacio real de escucha dentro de la Iglesia.
Estas posturas no son nuevas. Ya en 2016, como obispo de Chiclayo, Perú, León XIV expresó su oposición a los programas de educación con perspectiva de género, argumentando que “buscan crear géneros que no existen” y defendiendo una visión binaria de la creación.
Tras el reciente fallecimiento del Papa Francisco —cuyo pontificado marcó una apertura tímida pero significativa hacia una pastoral de la misericordia—, la elección de León XIV suscitó tanto esperanzas como preocupaciones. Francisco, aunque enfrentó resistencias internas, dejó gestos importantes: la bendición a parejas del mismo sexo, el lenguaje de acogida y las exhortaciones a no cerrar las puertas. Pero sus esfuerzos, por valiosos que fueran, no dejaron de ser esfuerzos, porque la estructura misma de la Iglesia, anclada en siglos de doctrina conservadora, reaccionó con oposición firme, limitando cualquier posibilidad real de transformación profunda.
En mi artículo anterior “Cuando el humo blanco no es suficiente” (Pride Society Magazine, abril 2025), advertía que el humo de la elección papal no podía ser tomado como garantía de cambio. La emoción del momento, sin acciones concretas, corre el riesgo de volverse solo un símbolo sin sustancia. Hoy, esas palabras cobran nueva vigencia.
Pero este artículo no es una condena a ninguna iglesia. No es un ataque ni una burla. Es una reflexión desde la fe. Es un clamor desde el corazón pastoral de quienes acompañamos a muchas personas heridas por un discurso que, en nombre de Dios, ha excluido más que ha abrazado.
¿Por qué seguimos esperando el permiso para amar?
¿Por qué seguimos buscando validación en instituciones que, a menudo, nos han negado su respeto?
No pedimos aceptación como una concesión. Exigimos respeto como un derecho. El Evangelio no fue escrito para algunos. Fue proclamado para todos.
Y es aquí donde debemos detenernos. Porque muchas veces, frente a declaraciones como estas, el miedo nos asalta, nos invade y nos paraliza. Nos deja vacilantes. Dudamos de nuestro valor, de nuestra fe, de nuestro lugar en la comunidad. Pero en medio de esas sombras, el Evangelio alza su voz con claridad:
“En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor” (1 Juan 4:18).
Ese amor no viene de doctrinas. Viene de Dios. Y quien vive en ese amor, no tiene por qué temer.
También es necesario reconocer que quienes tenemos la responsabilidad de enseñar, predicar y liderar en las iglesias, no siempre medimos el poder de nuestras palabras. Con frecuencia, hemos usado la Biblia y las doctrinas como fusiles, y hemos arrinconado a quienes no encajan en nuestras categorías teológicas. ¿De qué sirve hablar de inclusión si no escuchamos? ¿De qué sirve predicar el amor si excluimos con nuestras prácticas?
La Iglesia —toda Iglesia— está llamada a reflejar el corazón de Dios. Y ese corazón no clasifica, no discrimina, no teme a la diversidad. Ese corazón solo sabe amar.
Como dijo el apóstol Pablo:
“Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús” (Gál 3:28).
Hoy repito con fuerza: el Dios que conozco no condena el amor. El Dios que conozco condena el odio.
Y mientras haya personas que aman, que buscan justicia, que luchan por ser quienes son sin miedo, Dios seguirá caminando con ellas.
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