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Activistas nicaragüenses asisten taller de Victory Institute

Protestas contra el gobierno han dejado cientos de muertos

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Un grupo de cinco activistas nicaragüenses asistieron a un taller patrocinado por el Victory Institute que se realizó cerca de la capital hondureña de Tegucigalpa el pasado fin de semana. (Foto dominio público)

SANTA LUCÍA, Honduras — Cinco activistas nicaragüenses que participan en protestas contra el gobierno de su país asistieron a un taller LGBTI regional que se realizó en Honduras el pasado fin de semana.

Los activistas que viene de la capital nicaragüense de Managua y la ciudad de Chinandega están entre las 28 personas que asistieron al taller patrocinado por el Victory Institute que se realizó fuera de la capital hondureña de Tegucigalpa el 28-29 de septiembre.

SOMOS CDC, Asociación Lambda y Caribe Afirmativo — tres grupos LGBTI de Honduras, Guatemala y Colombia respectivamente — también organizaron el taller.

El taller — uno de tres que se espera realizarse en Centroamérica durante los próximos meses — se realizó menos de seis meses después del comienzo de las protestas contra el gobierno del presidente nicaragüense Daniel Ortega y su esposa, la vice presidenta Rosario Murillo. Ira sobre el plan de reducir los beneficios de seguridad social y la respuesta del gobierno a un incendio en la Reserva Biológica Indio Maíz en la costa caribeña del país provocaron las protestas.

Los informes indican más de 500 personas han sido asesinadas desde el comienzo de las protestas el 18 de abril. Los activistas preguntaron al Washington Blade de no identificarles por nombre o de publicar sus fotos por razones de preocupaciones sobre su seguridad.

Un activista, un hombre gay de Chinandega, notó la Mesa Nacional LGBTIQ de Nicaragua era entre las primeras organizaciones que instaron al gobierno de no usar violencia contra las manifestantes. El activista señaló la Mesa Nacional LGBTIQ de Nicaragua el 15 de junio emitió otro comunicado que llamaba al gobierno de participar en un dialogo con líderes de las protestas que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y obispos católicos habían negociado.

El grupo también demandó “el cese a la represión en todos sus niveles y en toda Nicaragua” y “la libertad de todas las personas ilegalmente encarceladas.”

“La Mesa Nacional LGBTIQ de Nicaragua repudia enérgicamente todas las acciones violentas del régimen ortega murillo destacada hacia la población nicaragüense,” dice el comunicado.

Activista: Nicaragüenses LGBTI han sido asesinados

William Ramírez Cerda, un activista gay, y más de 200 otras personas fueron atrapados al dentro de una iglesia a la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua en julio cuando las fuerzas pro gubernamentales la rodeaban. Ramírez dijo al Blade durante una entrevista después del asedio de 15 horas que un estudiante que fue disparado en la cabeza fuera de la iglesia murió.

El activista gay de Chinandega dijo al Blade que personas LGBTI han sido asesinado en su ciudad durante protestas contra el gobierno. Una activista de Managua que se describe como una “mujer lesbiana” y “feminista organizada” dijo que actualmente hay 11 presos políticos LGBTI en Nicaragua.

Los activistas también dijeron que el gobierno ha lanzado una “campaña de desinformación” en las redes sociales para atacar a los activistas LGBTI y otros participantes en las protestas.

Una captura de pantalla que el activista gay de Chinandega mandó al Blade tiene una foto de una “terrorista” buscado descrito como “promotor de odio y violencia a través de sus redes sociales.” Otra captura de pantalla de una página de Facebook que fue grabada el 29 de agosto tiene fotos de activistas descritos como “asesinos terroristas de la derecha.”

“La campaña de desinformación va a dirigir exactamente para las y los activistas LGBT quien han estado de forma visible en la lucha,” dijo el activista gay de Chinandega.

Otros activistas que hablaron al Blade dijeron que han sido amenazados por simpatizantes del gobierno.

Un activista gay de Managua dijo que traía medicamentos y otros suministros a los estudiantes que ocuparon dos universidades. También dijo al Blade que vio miembros de la Policía Nacional de Nicaragua matan a manifestantes.

El activista dijo simpatizantes del gobierno en su barrio “me amenazan mucho.”

“A veces tengo que irme a otro lado de Managua donde visito a familiares,” dijo al Blade.

Una activista trans de Managua dijo al Blade que trata de mantener un bajo perfil porque muchos de sus vecinos apoyan el gobierno. La activista dijo que una compañera trans fue forzada de cortarse el cabello mientras ella estaba bajo custodia.

“Comenzamos pues tener más cuidado de hacer cualquier comentación en Facebook, cualquier publicación,” ella dijo al Blade. “Yo siempre dijo ante de la seguridad de mi es la de mi familia.”

Una activista de Chinandega estaba estudiando a una universidad en Managua cuando empezaron las protestas. Ella dijo la inquietud le provocó de renunciar de su trabajo y volver a Chinandega.

“Esto me afectó directamente,” dijo la activista.

El activista gay de Chinandega dijo al Blade se ha detenido por la Policía Nacional tres veces. Dijo que ahora vive con su hermana “por razones que me han dado a la policía.”

“Yo no estoy viviendo en mi casa,” el dijo al Blade.

Funcionarios nicaragüenses bajo sanciones estadounidenses

Ortega — que lideró el movimiento sandinista que se derrumbó el gobierno del entonces dictador Anastasio Somoza en 1979 — ha sido presidente de Nicaragua desde 2007. No hubo protestas visibles contra el gobierno en Managua cuando el Blade reportaba desde la ciudad al fin de febrero, aunque líderes de la oposición han dicho que Nicaragua se ha convertido en un país más autoritario bajo el régimen Ortega Murillo.

Un cartel en Managua, Nicaragua, el 27 de febrero de 2018, promueve el presidente nicaragüense Daniel Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo. Protestas contra el gobierno del país centroamericano han dejado cientos de muertos. (Foto del Washington Blade por Michael K. Lavers)

Los EEUU en Julio sancionó al comisionado de la Policía Nacional Francisco Javier Díaz Madriz y dos otros altos funcionarios del gobierno bajo una ley que congela los activos de ciudadanos extranjeros que cometen abusos contra los derechos humanos y les prohíbe ingresar a los EEUU. Los activistas dijeron al Blade que apoyan más sanciones en contra el gobierno de Ortega Murillo, y no una posible intervención militar de los EEUU y/o otros países para expulsarlo del poder.

“Lo que no estamos de acuerdo desde mi punto de vista es una intervención militar,” dijo el activista gay de Chinandega.

La activista que salió de Managua y volvió a Chinandega después del comienzo de las protestas estaba en acuerdo con sus compañeros que dijeron Ortega y Murillo tienen que renunciar. La activista dijo que los partidarios del gobierno con posiciones en las instituciones del Estado nicaragüense también deben salir.

“Hay impunidad,” la activista dijo al Blade.

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Federal Government

HHS reverses Trump-era anti-LGBTQ rule

Section 1557 of the Affordable Care Act now protects LGBTQ people

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U.S. Department of Health and Human Services Secretary Xavier Becerra (Public domain photo)

The U.S. Department of Health and Human Services Office for Civil Rights has issued a final rule on Friday under Section 1557 of the Affordable Care Act advancing protections against discrimination in health care prohibiting discrimination on the basis of race, color, national origin, age, disability, or sex (including pregnancy, sexual orientation, gender identity, and sex characteristics), in covered health programs or activities. 

The updated rule does not force medical professionals to provide certain types of health care, but rather ensures nondiscrimination protections so that providers cannot turn away patients based on individual characteristics such as being lesbian, gay, bisexual, transgender, queer, intersex, or pregnant.

“This rule ensures that people nationwide can access health care free from discrimination,” said HHS Secretary Xavier Becerra. “Standing with communities in need is critical, particularly given increased attacks on women, trans youth, and health care providers. Health care should be a right not dependent on looks, location, love, language, or the type of care someone needs.”

The new rule restores and clarifies important regulatory protections for LGBTQ people and other vulnerable populations under Section 1557, also known as the health care nondiscrimination law, that were previously rescinded by the Trump administration.

“Healthcare is a fundamental human right. The rule released today restores critical regulatory nondiscrimination protections for those who need them most and ensures a legally proper reading of the Affordable Care Act’s healthcare nondiscrimination law,” said Omar Gonzalez-Pagan, counsel and health care strategist for Lambda Legal.

“The Biden administration today reversed the harmful, discriminatory, and unlawful effort by the previous administration to eliminate critical regulatory protections for LGBTQ+ people and other vulnerable populations, such as people with limited English proficiency, by carving them out from the rule and limiting the scope of entities to which the rule applied,” Gonzalez-Pagan added. “The rule released today has reinstated many of these important protections, as well as clarifying the broad, intended scope of the rule to cover all health programs and activities and health insurers receiving federal funds. While we evaluate the new rule in detail, it is important to highlight that this rule will help members of the LGBTQ+ community — especially transgender people, non-English speakers, immigrants, people of color, and people living with disabilities — to access the care they need and deserve, saving lives and making sure healthcare professionals serve patients with essential care no matter who they are.”

In addition to rescinding critical regulatory protections for LGBTQ people, the Trump administration’s rule also limited the remedies available to people who face health disparities, limited access to health care for people with Limited English Proficiency, and dramatically reduced the number of healthcare entities and health plans subject to the rule.

Lambda Legal, along with a broad coalition of LGBTQ advocacy groups, filed a lawsuit challenging the Trump administration rule, Whitman-Walker Clinic v. HHS, and secured a preliminary injunction preventing key aspects of the Trump rule from taking effect.

These included the elimination of regulatory protections for LGBTQ people and the unlawful expansion of religious exemptions, which the new rule corrects. The preliminary injunction in Whitman-Walker Clinic v. HHS remains in place. Any next steps in the case will be determined at a later time, after a fulsome review of the new rule.

GLAAD President Sarah Kate Ellis released the following statement in response to the news:

“The Biden administration’s updates to rules regarding Section 1557 of the ACA will ensure that no one who is LGBTQI or pregnant can face discrimination in accessing essential health care. This reversal of Trump-era discriminatory rules that sought to single out Americans based on who they are and make it difficult or impossible for them to access necessary medical care will have a direct, positive impact on the day to day lives of millions of people. Today’s move marks the 334th action from the Biden-Harris White House in support of LGBTQ people. Health care is a human right that should be accessible to all Americans equally without unfair and discriminatory restrictions. LGBTQ Americans are grateful for this step forward to combat discrimination in health care so no one is barred from lifesaving treatment.”

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Maryland

Md. governor signs Freedom to Read Act

Law seeks to combat book bans

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Maryland Gov. Wes Moore (Public domain photo/Twitter)

Maryland Gov. Wes Moore on Thursday signed a bill that seeks to combat efforts to ban books from state libraries.

House Bill 785, also known as the Freedom to Read Act, would establish a state policy “that local school systems operate their school library media programs consistent with certain standards; requiring each local school system to develop a policy and procedures to review objections to materials in a school library media program; prohibiting a county board of education from dismissing, demoting, suspending, disciplining, reassigning, transferring, or otherwise retaliating against certain school library media program personnel for performing their job duties consistent with certain standards.”

Moore on Thursday also signed House Bill 1386, which GLSEN notes will “develop guidelines for an anti-bias training program for school employees.”

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Mexico

Mexican Senate approves bill to ban conversion therapy

Measure passed by 77-4 vote margin

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(Washington Blade photo by Michael K. Lavers)

The Mexican Senate on Thursday approved a bill that would ban so-called conversion therapy in the country.

Yaaj México, a Mexican LGBTQ rights group, on X noted the measure passed by a 77-4 vote margin with 15 abstentions.  The Chamber of Deputies, the lower house of Mexico’s congress, approved the bill last month that, among other things, would subject conversion therapy practitioners to between two and six years in prison and fines.

The Senate on its X account described conversion therapy as “practices that have incentivized the violation of human rights of the LGBTTTIQ+ community.”

“The Senate moved (to) sanction therapies that impede or annul a person’s orientation or gender identity,” it said. “There are aggravating factors when the practices are done to minors, older adults and people with disabilities.”

Mexico City and the states of Oaxaca, Quintana Roo, Jalisco and Sonora are among the Mexican jurisdictions that have banned the discredited practice. 

The Senate in 2022 passed a conversion therapy ban bill, but the House of Deputies did not approve it. It is not immediately clear whether President Andrés Manuel López Obrador supports the ban.

Canada, Brazil, Belgium, Germany, France, and New Zealand are among the countries that ban conversion therapy. Virginia, California, and D.C. are among the U.S. jurisdictions that prohibit the practice for minors.  

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