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Salir de las redes sociales a las calles

Activistas independientes en Cuba usan métodos innovadores

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Un grupo de activistas por los derechos LGBTI+ en Prado y Malecón en La Habana el pasado 27 de octubre. (Foto cortesía de Jimmy Roque Martínez)

Nota del editor: Tremenda Nota es una revista electrónica independiente que documenta la comunidad LGBTI+ del país y otros grupos minoritarios. Tremenda Nota es una pareja de contenido del Washington Blade.

Esa nota salió originalmente en el sitio web de Tremenda Nota.

LA HABANA — Mientras las iglesias se oponen a la aprobación del matrimonio igualitario en Cuba y el Cenesex mantiene una postura pública discreta, los activistas LGBTI+ — menos organizados que las instituciones religiosas ― promueven campañas en diferentes soportes y medios.

A las tres de la tarde del 27 de octubre de 2018, en la intersección de Prado y Malecón, La Habana, debía celebrarse una besada — o Besuqueo, como le llamaron sus organizadoras — en apoyo al matrimonio igualitario. Unas horas antes habían confirmado su asistencia más de 600 personas y la invitación había sido compartida un centenar de veces en redes sociales. “Sacar los besos del clóset” era la divisa.

Durante el Besuqueo el Proyecto Abriendo Brechas de Colores (ABC) — LGTBI — un grupo que busca “generar espacios de diálogo entre los discursos religiosos y sociales en torno a los derechos de las mujeres y las personas LGBTIQ+” ― entregaría folletos sobre el fundamentalismo religioso, así como carteles y pegatinas alegóricos a la diversidad sexual y de género.

ABC también planeaba proyectar videos producidos en la campaña Todos los derechos para todas las familias. Los besos más creativos quedarían plasmados en una sesión de fotos. En esa zona del Prado se “izarían” banderas de la diversidad.

Sin embargo, un día antes de la cita ABC canceló públicamente el Besuqueo por no recibir el permiso estatal para tomar la calle.

Pese a la suspensión, a la hora y el día previstos hubo un flash mob (movilización relámpago) en Prado y Malecón. Acudieron las organizadoras del evento y otros activistas vinculados al Centro Nacional de Educación Sexual (Cenesex). Se besaron.

El Besuqueo no trascendió más: Asistieron unas 30 personas, en lugar de la multitud que podía haber acudido.

La cancelación del evento y la actitud reticente de sus promotoras generaron críticas de varios activistas en las redes sociales. El poeta Norge Espinosa resumió su decepción así: “El activismo de veras se hace con arrojo, con la disposición precisa a ir más allá de los límites permitidos, o no se hace”.

Paradójicamente, dos días antes de que ABC cancelara el Besuqueo, la Iglesia Metodista de Marianao reunió unos 3.500 feligreses en los alrededores del templo para mostrar su desacuerdo con el matrimonio igualitario, según informó la propia institución en su página de Facebook. Celebraron un culto multitudinario, sin permiso de nadie.

Iglesias versus activistas

Hasta ahora las iglesias cubanas han mantenido una postura firme en contra del matrimonio igualitario y “la ideología de género” en las páginas institucionales de sus redes sociales.

Pero su activismo también ha traspasado las fronteras del mundo virtual. Los feligreses han distribuido a lo largo del país carteles y pegatinas que defienden el “diseño original de la familia, como Dios la creó”. También se han manifestado en las calles aledañas a sus templos y, como si fuera poco, han “publicado” sus mensajes en el “paquete semanal”, la variante cubana a la internet.

Ahora quieren llegar más lejos. La reverenda Alida León, presidenta de la Liga Evangélica de Cuba, confirmó a Tremenda Nota que una veintena de denominaciones recogen firmas contra el artículo 68. “No tenemos nada en contra de los homosexuales, pero exigimos que se conserve el concepto de matrimonio como Dios lo creó”.

En efecto, el pasado 13 de noviembre más de una decena de denominaciones cristianas hicieron pública una carta enviada a la “Comisión Constitutiva del del Proyecto de Constitución, Comité Central del PCC”. Las 13 iglesias que suscriben el documento aseguran haber recogido casi 180.000 firmas contra la modificación del concepto de matrimonio en el proyecto de Carta Magna.

La comunidad cristiana podría votar No en el próximo referendo si se mantiene el artículo 68 en el Proyecto de Constitución. En su texto “El artículo 68: Evangélicos, católicos, el movimiento LGBTI y las cortinas de humo” el intelectual y activista Alberto Abreu Arcia asegura que León Báez, uno de los líderes de la iglesia evangélica en Cuba, declaró: “Si no se modifica el tema del matrimonio en el proyecto de Constitución todo votaremos en contra”.

De acuerdo con el Instituto Patmos en 2017 el 10 por ciento de la población cubana profesaba la fe evangélica, mientras que un 35 por ciento se consideraba nominalmente católico. Las denominaciones cristianas están organizadas y tienen presencia a lo largo del archipiélago cubano. Disponen de locales de reunión y de mecanismos de comunicación directa con el Estado. Por ende, el activismo independiente tiene menos ventaja en esta “contienda”.

Muchos defensores de los derechos LGBTI+ en Cuba han tenido que seguir el guión trazado por el Cenesex: Desfilan en mayo a paso de conga y luego regresan a las redes sociales, donde se acumulan denuncias, mensajes y campañas. A las calles no se puede llegar sin la anuencia del Gobierno.

“Las redes sociales y los entornos digitales han venido a suplir las carencias de legitimidad en otros espacios, pero no permiten dar respuesta a todos los desafíos”, explica a Tremenda Nota el joven activista Yadiel Cepero.

“En aras de transformar el estado actual de cosas creo, como muchos otros activistas, que se debe impulsar la agenda LGBTI+ a la par que se impulsan los derechos civiles y políticos. De manera que los colectivos puedan legalizarse, articularse, disponer de espacios de reunión y hacer uso de mecanismos de participación e incidencia política”, asegura Cepero.

Para el fundador de la plataforma de discusión Construyendo una agenda de la diversidad sexual en Cuba, el primer paso de los defensores de los derechos LGBTI+ sería arriesgarse a tomar el espacio público. “La iglesia puso sus carteles y no pasó nada. ¿A qué le tenemos miedo?”

Sin embargo, durante los debates constitucionales un sector del activismo cubano se ha mantenido a la zaga de las iglesias, confiado en el papel del Estado como garante de derechos.

“Tenemos una herencia fuerte de inactividad, de miedo. Muchas veces porque no nos han dejado caminar solos”, asegura la activista y abogada Lidia Romero. “Hemos llegado a un momento importante para impulsar derechos y justo ahora parece que no sabemos qué hacer, ni cómo organizarnos.

Solo el 17 de mayo ―Día mundial de la lucha contra la homofobia y la transfobia― el Gobierno, a través del Cenesex, autoriza que los activistas, personas LGBTI+ o simpatizantes de la causa de los derechos sexuales marchen. (Foto por Yariel Valdés González)

Algunos activistas creen inevitable la aprobación del artículo 68 y, por tanto, asumen que sería ocioso replicar a los grupos religiosos. El periodista Francisco Rodríguez Cruz aseguró en su blog Paquito el de Cuba que no debe temerse a que “la matriz de opinión conservadora de algunas iglesias pueda imponerse al resto de la sociedad”.

El bloguero explica que los resultados de la consulta popular no los definirá la cantidad de firmas que reúnan las iglesias ni el número de planteamientos en contra del artículo 68, “sino el análisis de la pertinencia o no de cada propuesta que surja del debate, por parte de la comisión redactora del proyecto constitucional y del Parlamento que aprobará el texto definitivo antes del referendo”.

La opinión de Rodríguez Cruz se apoya en las declaraciones del Secretario del Consejo de Estado, Homero Acosta Álvarez. El pasado 17 de octubre, durante la inauguración del Congreso Internacional Abogacía 2018, el jurista dijo: “El Derecho no puede permanecer esclavo perpetuo de rezagos sociales, aún cuando en un momento pueda entrar en colisión con parte del espectro social. En su misión transformadora le corresponde también impulsar el desarrollo”.

‘Vamos a convocar nuevas besadas’

En las últimas semanas varios activistas han puesto a circular en las redes sociales videos cortos donde personas LGBTI+ (o no) muestran su apoyo al artículo 68 del Proyecto de Constitución.

Las páginas 68Va, Acepto, Por el matrimonio igualitario en Cuba, Proyecto Abriendo Brechas de Colores – LGTBI, Construyendo una agenda de la diversidad sexual en Cuba e Iglesia de la Comunidad Metropolitana en Cuba (ICM) llevan adelante diferentes campañas en las redes sociales. También se suman varios cibernautas desde sus perfiles personales o sus blogs.

Sin embargo, las propuestas o campañas generadas en estas plataformas digitales no logran trascender el espacio virtual en un país cuya población mayoritaria permanece desconectada.

Unos meses atrás, el 11 de mayo, una veintena de intelectuales y activistas cubanos publicaron una detallada agenda por los derechos LGBTI+ en Cuba. El documento — primero de su tipo en el país — incluye 63 demandas específicas y se divide en dos grandes secciones: medidas legislativas y políticas, planes y estrategias. Todos sus firmantes son miembros de la sociedad civil.

Algunos de los suscriptores son activistas que buscan alternativas independientes del Estado o el Cenesex para encauzar sus demandas.

“(El Cenesex) es una institución que excluye a quienes no concuerdan con sus ideas políticas, tampoco socializa los avances de su labor, sino que nos pide confiar en que ʻestán trabajandoʼ, sin tener más información que esto. No nos trata como iguales, ni como parte”, agrega Lidia Romero.

Recientemente, la activista Sandra Álvarez Ramírez, otrora webmaster del Cenesex y miembro del consejo editorial de la revista Sexología y Sociedad, fue replicada por el perfil de Facebook de la institución. “Los ʻperiodistas de verdadʼ no recibimos instrucciones desde Berlín”, escribió Cenesex cuando la psicóloga cubana residente en Alemania preguntó sobre la cancelación del Besuqueo.

Para varios militantes el panorama actual empeora por la falta de articulación de un movimiento LGBTI+ en Cuba. “Si tú no tienes espacios de socialización, ni de accionar, ni una institución que te represente como un todo, y ni siquiera puedes asociarte legalmente, entonces no hay trabajo articulado, pero debemos vencer esos límites”, termina Romero.

Menos unidos, más rezagados que las iglesias, los activistas comienzan a salir discretamente de las redes, empiezan a saber que les corresponde emplazar al Estado, a las instituciones y a una parte de la sociedad negada a que todas las personas alcancen todos los derechos.

Jimmy Roque Martínez — uno de ellos — no cree que los simpatizantes con la causa de los derechos sexuales deban mantenerse esperando los resultados del referendo constitucional con discreción. “Además de las historias de vida y opiniones que comenzaron a circular en las redes sociales, y las páginas creadas también vamos a convocar nuevas besadas, solo que estas no van a cancelarse”, augura.

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National

United Methodist Church removes 40-year ban on gay clergy

Delegates also voted for other LGBTQ-inclusive measures

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Underground Railroad, Black History Month, gay news, Washington Blade
Mount Zion United Methodist Church is the oldest African-American church in Washington. (Washington Blade photo by Michael Key)

The United Methodist Church on Wednesday removed a ban on gay clergy that was in place for more than 40 years, voting to also allow LGBTQ weddings and end prohibitions on the use of United Methodist funds to “promote acceptance of homosexuality.” 

Overturning the policy forbidding the church from ordaining “self-avowed practicing homosexuals” effectively formalized a practice that had caused an estimated quarter of U.S. congregations to leave the church.

The New York Times notes additional votes “affirming L.G.B.T.Q. inclusion in the church are expected before the meeting adjourns on Friday.” Wednesday’s measures were passed overwhelmingly and without debate. Delegates met in Charlotte, N.C.

According to the church’s General Council on Finance and Administration, there were 5,424,175 members in the U.S. in 2022 with an estimated global membership approaching 10 million.

The Times notes that other matters of business last week included a “regionalization” plan, which gave autonomy to different regions such that they can establish their own rules on matters including issues of sexuality — about which international factions are likelier to have more conservative views.

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Federal Government

Republican state AGs challenge Biden administration’s revised Title IX policies

New rules protect LGBTQ students from discrimination

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U.S. Secretary of Education Miguel Cardona (Screen capture: AP/YouTube)

Four Republicans state attorneys general have sued the Biden-Harris administration over the U.S. Department of Education’s new Title IX policies that were finalized April 19 and carry anti-discrimination protections for LGBTQ students in public schools.

The lawsuit filed on Tuesday, which is led by the attorneys general of Kentucky and Tennessee, follows a pair of legal challenges from nine Republican states on Monday — all contesting the administration’s interpretation that sex-based discrimination under the statute also covers that which is based on the victim’s sexual orientation or gender identity.

The administration also rolled back Trump-era rules governing how schools must respond to allegations of sexual harassment and sexual assault, which were widely perceived as biased in favor of the interests of those who are accused.

“The U.S. Department of Education has no authority to let boys into girls’ locker rooms,” Tennessee Attorney General Jonathan Skrmetti said in a statement. “In the decades since its adoption, Title IX has been universally understood to protect the privacy and safety of women in private spaces like locker rooms and bathrooms.”

“Florida is suing the Biden administration over its unlawful Title IX changes,” Florida Gov. Ron DeSantis wrote on social media. “Biden is abusing his constitutional authority to push an ideological agenda that harms women and girls and conflicts with the truth.”

After announcing the finalization of the department’s new rules, Education Secretary Miguel Cardona told reporters, “These regulations make it crystal clear that everyone can access schools that are safe, welcoming and that respect their rights.”

The new rule does not provide guidance on whether schools must allow transgender students to play on sports teams corresponding with their gender identity to comply with Title IX, a question that is addressed in a separate rule proposed by the agency in April.

LGBTQ and civil rights advocacy groups praised the changes. Lambda Legal issued a statement arguing the new rule “protects LGBTQ+ students from discrimination and other abuse,” adding that it “appropriately underscores that Title IX’s civil rights protections clearly cover LGBTQ+ students, as well as survivors and pregnant and parenting students across race and gender identity.”

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Rehoboth Beach

Former CAMP Rehoboth official sentenced to nine months in prison

Salvator Seeley pleaded guilty to felony theft charge for embezzlement

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Salvator Seeley (Photo courtesy CAMP Rehoboth)

Salvator “Sal” Seeley, who served as an official with the Rehoboth Beach, Del., CAMP Rehoboth LGBTQ community center for 20 years, was sentenced on April 5 by a Sussex County Superior Court judge to nine months in prison and to pay $176,000 in restitution to the organization.

The sentencing took place about five weeks after Seeley pleaded guilty to a charge of Theft in Excess of $50,000 for allegedly embezzling funds from CAMP Rehoboth, a spokesperson for the Delaware Department of Justice told the Washington Blade.

Seeley’s guilty plea came shortly after a grand jury, at the request of prosecutors, indicted him on the felony theft charge following an investigation that found he had embezzled at least $176,000 from the nonprofit LGBTQ organization.

“Salvatore C. Seeley, between the 27th day of February 2019 and the 7th day of September 2021, in the County of Sussex, State of Delaware, did take property belonging to CAMP Rehoboth, Inc., consisting of United States currency and other miscellaneous property valued at more than $50,000, intending to appropriate the same,” the indictment states.

“The State recommended a sentence of two years of incarceration based on the large-scale theft and the impact to the non-profit organization,” Delaware Department of Justice spokesperson Caroline Harrison told the Blade in a statement.

“The defense cited Seeley’s lack of a record and gambling addiction in arguing for a probationary sentence,” the statement says. “Seeley was sentenced in Superior Court to a nine-month prison term and to pay a total of $176,000 in restitution for the stolen funds,” Harrison says in the statement.

Neither Seeley nor his attorney could immediately be reached for comment.

At the time of Seeley’s indictment in February, CAMP Rehoboth released a statement saying it first discovered “financial irregularities” within the organization on Sept. 7, 2021, “and took immediate action and notified state authorities.” The statement says this resulted in the investigation of Seeley by the state Department of Justice as well as an internal investigation by CAMP Rehoboth to review its “financial control policies” that led to an updating of those policies.

“As we have communicated from day one, CAMP Rehoboth has fully cooperated with law enforcement,” the statement continues. “At its request, we did not speak publicly about the investigation while it was ongoing for fear it would jeopardize its integrity,” according to the statement. “This was extremely difficult given our commitment to transparency with the community about day-to-day operations during the recent leadership transition.”

The statement was referring to Kim Leisey, who began her job as CAMP Rehoboth’s new executive director in July of 2023, while the Seeley investigation had yet to be completed, following the organization’s process of searching for a new director. It says Seeley left his job as Health and Wellness Director of CAMP Rehoboth in September of 2021 after working for the organization for more than 20 years.

“Mr. Seeley’s actions are a deep betrayal to not only CAMP Rehoboth but also the entire community we serve,” the statement says.

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