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Editorial: ‘El Orgullo LGBTI+ y la lucha por el matrimonio igualitario en Cuba’
Activistas han llegado a este mes del Orgullo más organizados que nunca
Los colectivos LGBTI+ de Cuba han llegado a este 28 de junio más organizados que nunca antes.
La Plataforma 11M, que es el grupo más activo, hizo gala de fuerza este mes con una besada virtual y un tuitazo a favor del matrimonio igualitario que se reeditará el 11 de cada mes, en referencia al 11 de mayo de 2019, cuando cientos de activistas y sus aliados marcharon en La Habana sin autorización.
El Orgullo que los movimientos LGBTI+ del mundo entero celebraron este domingo es una celebración de la rebeldía, a diferencia de otras conmemoraciones, como la del Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia ―el 17 de mayo―, que se originó en un gesto institucional de la Organización Mundial de la Salud.
Mientras el 17 de mayo es una fecha que recuerda el triunfo del sentido común sobre los prejuicios culturales del discurso médico, el 28 de junio significa la rebeldía LGBTI+ sin concesiones. El acto de desobedecer.
Ninguna institución, ni siquiera los Estados, tiene derecho a enfermarnos o sanarnos, a igualarnos a todos o rebajarnos a una ciudadanía de segunda clase, según determine la voluntad política.
Las instituciones cubanas, que siguen patologizando los cuerpos trans y discriminando el acceso a la fertilización, por hablar solo de dos gestos reguladores, llevan años retardando la implementación en las leyes de matrimonios LGBTI+ que, no obstante, existen.
En la tradición patriarcal, existir más allá del Estado es un gran atrevimiento. En el mundo heterosexual, es el Estado quien decide qué eres. Se ocupa de reglamentarlo y registrarlo minuciosamente, siempre con el afán controlador y empobrecedor que es consustancial al origen y la práctica de los Estados.
Los maricones y tortilleras y travestis y trans nacimos en esa tradición. Vivimos en la paradoja de negar ese orden y a la vez, como forzosamente, sin más opción, querer asimilarnos a él.
Nosotras no tenemos patria.
Las patrias no son esencias, sino discursos. Y siempre, hasta ahora, ha sido el discurso de un grupo, de una clase o de una ideología que pretende prevalecer.
Ningún ideal de ciudadanía concebido desde los presupuestos nacionalistas tradicionales ha aportado siquiera un trato respetuoso para las comunidades LGBTI+ en Cuba ni en ninguna parte.
No obstante, como fuimos asimiladas a esos Estados sin que nos consultaran y recibimos de ellos, como una asignación incuestionable, un género y una orientación sexual, tenemos derecho a exigirles a estas alturas, al menos, un trato igualitario.
El matrimonio civil es un derecho alcanzado en la mayor parte del mundo desde el siglo XIX por las personas heterosexuales y afiliadas en general a las normas patriarcales.
Es, también, una institución reguladora que establece solamente una relación de esas parejas con el poder efectivo e implica una sumisión. Otras opciones de relacionarse o de constituir familias, por suerte, siguen funcionando al margen del sistema.
Pelear por el matrimonio igualitario, como ha hecho en Cuba la comunidad LGBTI+ con más empeño desde 2018, ha sido, sin embargo, la oportunidad más viable para desmantelar la vieja patria donde hemos vivido como inquilinos hasta ahora.
Los intentos de activismo sustentados por una sensibilidad “oficial”, como el emprendido por Mariela Castro y el Centro Nacional de Educación Sexual durante la última década, fracasaron precisamente por haber nacido sujetos al deseo de asimilarnos a un orden que nos excluye, sin comprender la naturaleza histórica de esa relación opresiva.
Sin revisar y cuestionar abiertamente la homofobia y transfobia de Estado, no solo cultural sino política, ejercida en Cuba hasta el presente, las comunidades LGBTI+ no tienen ninguna oportunidad de conseguir ni siquiera la igualdad sometida que pudiéramos obligar al poder a otorgarnos.
El Orgullo LGBTI+ debería ser la fiesta de quienes ya superaron la tentación de asimilarse y, si van a pelear en el terreno del Estado, fingirán que aspiran a incluirse en las reglas para ganar pequeñas victorias.
El matrimonio igualitario es la meta de ahora. Y hay que lograrlo sin referendo, a pesar de la norma establecida por el parlamento cubano con el propósito de buscar un consenso injusto, por razones no solo prácticas.
El matrimonio igualitario no nos dará una patria, pero hará más habitable la patria que nos impusieron. Con esa certeza hay que ir por él.
Russia
Russia designates ILGA World an ‘undesirable’ group
Justice Ministry announced designation on Jan. 21
Russia has designated a global LGBTQ and intersex rights group as an “undesirable” organization.
ILGA World in a press release notes the country’s Justice Ministry announced the designation on its website on Jan. 21.
The ministry’s website on Tuesday appeared to be down when the Washington Blade tried to access it. ILGA World in its press release said the designation — “which also reportedly includes eight other organizations from the United States and across Europe” — “has been confirmed by independent sources.”
“ILGA World received no direct communication of the designation, whose official reasons are not known,” said ILGA World.
The Kremlin over the last decade has faced global criticism over its crackdown on LGBTQ rights.
ILGA World notes Russians found guilty of engaging with “undesirable” groups could face up to six years in prison. The Russian Supreme Court in 2023 ruled the “international LGBT movement” is an extremist organization and banned it.
“Designating human rights groups ‘undesirable’ is outlandish and cynical, yet here we are,” said ILGA World Executive Director Julia Ehrt. “But no matter how much governments will try to legislate LGBTI people out of existence, movements will stay strong and committed, and solidarity remains alive across borders. And together, we will continue building a more just world for everyone.”
Honduras
Corte IDH reconoce a Thalía Rodríguez como familia social de Leonela Zelaya
Se construyeron una familia tras más de una década de convivencia
Por DORIS GONZÁLEZ * | TEGUCIGALPA, Honduras — En la sentencia del caso Leonela Zelaya y otra vs Honduras emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos se estableció un hito jurisprudencial para las personas LGBTQ en Honduras, así como en la región en relación a las diversas conformaciones de familias existentes. La Corte IDH interpretó por primera vez el concepto de familia social, indicando que la construcción de familia no debe restringirse a la familia nuclear o a nociones tradicionales, bajo el entendido de que hay diferentes formas en las que se materializan los vínculos familiares.
Este análisis se trae a colación debido al contexto de discriminación, prejuicio y violencia que atravesamos las personas LGBTQ, el cual se puede manifestar incluso dentro de nuestras propias familias. Esta violencia se manifiesta a través de actos de odio como ser el desarraigo familiar, violencia física, psicológica, social, económica, expulsiones de los hogares, violaciones correctivas e incluso, culminando en muertes violentas. Esta violencia motivada por la orientación sexual, identidad y expresión de género de las personas imposibilita la convivencia familiar.
Ante esto, las personas LGBTQ construimos vínculos sociales fuera del vínculo familiar tradicional, los cuales a través de la convivencia, amistad, apoyo económico-social y construcción de vida en común constituyen familias, tal como ocurrió en este caso.
Tras el abandono de su familia biológica, Leonela Zelaya y Thalía Rodríguez construyeron una familia tras más de una década de convivencia, en los cuales se apoyaron mutuamente en diversas situaciones, viviendo como mujeres trans, portadoras de VIH, ejerciendo el trabajo sexual y en situación de pobreza, enfrentando constantes episodios de detenciones arbitrarias y violentas por parte de los órganos policiales.
Tras su asesinato, fue Thalía quien recogió el cuerpo de Leonela en la morgue de Tegucigalpa y quien gestionó el féretro a través de la Funeraria del Pueblo. Los servicios fúnebres de Leonela Zelaya fueron realizados en un bar por mujeres trans, trabajadoras sexuales, al cual no asistió ningún miembro de su familia biológica.
El asesinato de Leonela y la falta de esclarecimiento generaron a Thalía un sentimiento de inseguridad, frustración e impotencia. Por estas violaciones de derechos humanos, la Corte reconoció a Thalía Rodríguez, en calidad de familiar de Leonela, como víctima del caso, generando estándares aplicables a todas las personas LGBTQ.
A juicio de la Corte, esta situación lleva a que, en casos de muertes violentas de mujeres trans, las personas que integren las redes de apoyo de la persona fallecida puedan ser declaradas víctimas por la violación de sus derechos a la integridad psíquica o moral, siempre que se acredite la existencia de un vínculo estrecho con la víctima y una afectación a sus derechos, derivada, por ejemplo, de las gestiones realizadas para obtener justicia. Esta sentencia logra reconocer que las personas LGBTQ construimos familias sociales, familias elegidas, e indica que estas deben ser reconocidas y validadas.
* Abogada litigante del caso Leonela Zelaya y otra vs Honduras, Red Lésbica Cattrachas
District of Columbia
Eleanor Holmes Norton ends 2026 reelection campaign
Longtime LGBTQ rights supporter introduced, backed LGBTQ-supportive legislation
The reelection campaign for D.C. Congressional Delegate Eleanor Holmes Norton, who has been an outspoken supporter of LGBTQ rights since first taking office in 1991, filed a termination report on Jan. 25 with the Federal Elections Commission, indicating she will not run for a 19th term in the U.S. House of Representatives.
Norton’s decision not to run again, which was first reported by the online news publication NOTUS, comes at a time when many of her longtime supporters questioned her ability to continue in office at the age of 88.
NOTUS cited local political observers who pointed out that Norton has in the past year or two curtailed public appearances and, according to critics, has not taken sufficient action to oppose efforts by the Trump-Vance administration and Republican members of Congress to curtail D.C.’s limited home rule government.
Those same critics, however, have praised Norton for her 35-year tenure as the city’s non-voting delegate in the House and as a champion for a wide range of issues of interest to D.C. LGBTQ rights advocates have also praised her longstanding support for LGBTQ rights issues both locally and nationally.
D.C. gay Democratic Party activist Cartwright Moore, who has worked on Norton’s congressional staff from the time she first took office in 1991 until his retirement in 2021, points out that Norton’s role as a staunch LGBTQ ally dates back to the 1970s when she served as head of the New York City Commission on Human Rights.
“The congresswoman is a great person,” Moore told the Washington Blade in recounting his 30 years working on her staff, most recently as senior case worker dealing with local constituent issues.
Norton has been among the lead co-sponsors and outspoken supporters of LGBTQ rights legislation introduced in Congress since first taking office, including the currently pending Equality Act, which would ban employment discrimination based on sexual orientation and gender identity.
She has introduced multiple LGBTQ supportive bills, including her most recent bill introduced in June 2025, the District of Columbia Local Juror Non-Discrimination Act, which would ban D.C. residents from being disqualified from jury service in D.C. Superior Court based on their sexual orientation or gender identity.
For many years, Norton has marched in the city’s annual Pride parade.
Her decision not to run for another term in office also comes at a time when, for the first time in many years, several prominent candidates emerged to run against her in the June 2026 D.C. Democratic primary. Among them are D.C. Council members Robert White (D-At-Large) and Brooke Pinto (D-Ward 2).
Others who have announced their candidacy for Norton’s seat include Jacque Patterson, president of the D.C. State Board of Education; Kinney Zalesne, a local Democratic party activist; and Trent Holbrook, who until recently served as Norton’s senior legislative counsel.
“For more than three decades, Congresswoman Norton has been Washington, D.C.’s steadfast warrior on Capitol Hill, a relentless advocate for our city’s right to self-determination, full democracy, and statehood,” said Oye Owolewa, the city’s elected U.S. shadow representative in a statement. “At every pivotal moment, she has stood firm on behalf of D.C. residents, never wavering in her pursuit of justice, equity, and meaningful representation for a city too often denied its rightful voice,” he said.
A spokesperson for Norton’s soon-to-close re-election campaign couldn’t immediately be reached for a comment by Norton on her decision not to seek another term in office.
Russia designates ILGA World an ‘undesirable’ group
‘The Director’ highlights film director who collaborated with Hitler
ICE agents murder another American citizen in Minneapolis
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Companies participate in ‘Pride on the Promenade’ at World Economic Forum
Few openly queer nominees land Oscar nominations
Lawyer representing Renee Good’s family speaks out
Judge denies D.C. request to dismiss gay police captain’s anti-bias lawsuit
Calendar: January 23-29
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