Equality Forum, the Philadelphia-based group that organizes the nation’s annual LGBT History Month in October is scheduled to launch the 2026 LGBT History Month at a VIP Reception on Sept. 27.

The event, to be held at Philadelphia’s Independence Visitor Center, will honor Dr. Anthony Fauci, the former director of the U.S. National Institute of Allergies and Infectious Diseases who is credited with playing a leading role in the fight against HIV/AIDS and COVID-19. Equality Forum was to present Fauci with its International Role Model Award.

The Equality Forum, which operates programs focusing on LGBT history and the people who play a leading role in historic undertakings, will also present its Frank Kameny Award to Erica Deuso, who in 2025 won election as the first openly transgender mayor in the state of Pennsylvania as mayor of the town of Downington, Pa. 

A statement released by the Equality Forum points out that LGBT History Month, held each year, celebrates the achievements of 31 lesbian, gay, bisexual, or transgender icons throughout the month of October. “Each day in October, a new LGBT icon is featured with a video, bio, bibliography, downloadable images, and other resources,” the statement says.

Although the statement releases the name and a short background description of each of this year’s 31 LGBT icons, the icons were scheduled to be officially announced and honored at the Sept. 27 event.

“The LGBT community is the only community worldwide that is not taught its history at home, in public schools or in religious institutions,” the statement says. “LGBT History Month provides role models, builds community and makes the civil rights statement about our extraordinary national and international contributions,” it says.

This year’s Icons include designer Calvin Klein, media mogul Barry Diller, U.S. Senate hopeful Chris Pappas, and perhaps most notably President Abe Lincoln.

Additional information about the event and a list of the 2026 LGBT Icons can be accessed at lgbthistorymonth.com.    

Colombia last week withdrew from a coalition of more than 40 countries that pledges to champion LGBTQ and intersex rights.

The Bogotá Post, an English-language news website in the Colombian capital, reported the country officially withdrew from the Equal Rights Coalition on Sept. 17.

The Equal Rights Coalition formed in 2016.

The group’s current members are Albania, Argentina, Australia, Austria, Belgium, Brazil, Canada, Cabo Verde, Chile, Costa Rica, Cyprus, the Czech Republic, Denmark, Ecuador, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Iceland, Ireland, Israel, Italy, Lithuania, Luxembourg, Malta, Mexico, Montenegro, Netherlands, New Zealand, North Macedonia, Norway, Portugal, Serbia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, Thailand, Ukraine, the U.K., and Uruguay. Civil society organizations from Colombia and dozens of other countries, including the U.S., work with the Equal Rights Coalition.

Colombia had co-chaired the group alongside Spain.

The decision to withdraw from the Equal Rights Coalition took place less than two months after far-right Colombian President Abelardo de la Espriella took office.

El Páis, a Spanish newspaper, reported Colombian Vice Minister for Consular and Migration Affairs Pedro Agustín Roa said the Equal Rights Coalition “is not a priority” for his government and the country’s participation in it was “something from a previous government.”

Caribe Afirmativo is a Colombian LGBTQ advocacy group that works with the Equal Rights Coalition. Wilson Castañeda, its director, criticized his country’s withdrawal from it.

Edición Cientonce es el socio mediático del Washington Blade en Ecuador. Esta nota salió en su sitio web el 17 de septiembre.

La última vez que Karlina Quiroz, una mujer trans de 57 años, salió sola a la calle en Chone, terminó encerrada contra su voluntad en un centro de rehabilitación donde intentaron “corregir” su identidad de género mediante humillaciones, amenazas y agresiones.

Han pasado cinco años desde ese episodio, ocurrido en 2021; y el 11 de septiembre de 2026 Karlina por fin obtuvo justicia. 

La Fiscalía informó, el 14 de septiembre, que el Tribunal de Garantías Penales de Chone sentenció a seis personas por actos de odio contra Karlina, al ser víctima de violencia basada en su identidad de género.

Entre los seis sentenciados están sus dos hermanos, que —según la denuncia de Karlina— ordenaron su encierro a este centro.

El caso de Karlina refleja el odio y la violencia hacia personas trans en Ecuador y vuelve a poner bajo la lupa la existencia de centros conocidos como clínicas de “deshomosexualización” o espacios de “terapias de conversión”.

De acuerdo con la denuncia presentada por Karlina, en julio de 2021 fue interceptada por varios hombres y trasladada contra su voluntad a un centro para el tratamiento de adicciones ubicado en Chone, Manabí, en la vía a Pedernales. Allí permaneció retenida y sometida a tratos degradantes, violencia psicológica y agresiones físicas.

Según su testimonio, durante el encierro recibió insultos relacionados con su identidad de género y amenazas orientadas a “modificarla”.

Karlina denunció, además, que esta no habría sido la primera vez. Según su relato, en 2019 permaneció aproximadamente tres meses internada de manera forzada en otro centro de rehabilitación, también ubicado en la vía a Pedernales, en Chone. Durante ese período habría sido sometida a dinámicas similares de aislamiento, control y presiones dirigidas a modificar su identidad y expresión de género.

Según información de la Fiscalía, en septiembre de 2021, como parte de las diligencias investigativas, se allanó el centro clandestino en Chone. Allí se recabaron indicios relacionados con el internamiento forzoso de Karlina durante tres meses.

Con esos y otros elementos de convicción obtenidos durante la investigación, la Fiscalía inició un proceso penal contra las seis personas, quienes fueron luego llamadas a juicio.

El proceso, explicó Karlina, incluyó los dos casos: el de 2019 y 2021. “El crimen se investigó desde que comenzó la primera gota de sangre”, señaló Karlina, en alusión a la violencia física que sufrió en su primer encierro.

De los seis sentenciados, tres fueron condenados como autores directos a cuatro años de pena privativa de libertad. Se trata de los dos hermanos de Karlina y un sobrino, por ordenar su encierro al centro de adicciones.

Los otros tres recibieron una pena de dos años, como cómplices.

De acuerdo con Karlina, uno de ellos es el director del primer centro al que fue ingresada contra su voluntad en 2019 por tres meses, y los otros dos son quienes la interceptaron la segunda ocasión, en julio de 2021, para llevarla al centro. Ella los señala como “capturadores” de las personas que son recluidas en los centros. 

“Cuando recibí la noticia (el viernes 11 de septiembre durante la audiencia de juzgamiento) no podía creerlo. Las piernas me temblaron y las lágrimas se me salieron. Estoy tranquila y satisfecha”, señaló Karlina en una llamada telefónica.

Para Pedro Gutiérrez, abogado especialista en derechos humanos, la sentencia es importante no solo por reconocer un delito de odio, sino también por las características de los hechos: el ingreso (por orden de sus hermanos) a un centro de “deshomosexualización” en el que se cometen actos de tortura y violencia física.

Durante la audiencia, constó el testimonio de Karlina. La Fiscalía también presentó el informe de reconocimiento del lugar de los hechos, la inspección ocular técnica, el levantamiento de evidencias y los testimonios de personas que confirmaron que los actos de violencia por perjuicio hacia su identidad de género fueron ejecutados de manera reiterada por los ahora sentenciados.

El caso volvió a poner la atención sobre las llamadas terapias de conversión en Ecuador, prácticas ampliamente cuestionadas por organismos internacionales de derechos humanos y señaladas como formas de tortura o violencia psicológica. Aunque el Estado ecuatoriano ha realizado operativos y clausuras de algunos centros en los últimos años, organizaciones sociales sostienen que estos espacios continúan funcionando de manera clandestina o bajo otras denominaciones.

La legislación ecuatoriana penaliza los actos de tortura con la intención de modificar la orientación sexual o identidad de género, pero no existe una sanción contra los centros que ofrecen las denominadas terapias de conversión. 

En 2020, la Asamblea aprobó el Código Orgánico de Salud y una de sus disposiciones fue prohibir expresamente este tipo de terapias, pero fue vetado totalmente por el expresidente Lenín Moreno en medio de una campaña de sectores antiderechos. 

La sentencia también dispuso, como reparación integral a favor de Karlina, tratamiento psicológico e indemnizaciones por daños materiales e inmateriales.

Gutiérrez considera que la reparación para Karlina es limitada, pues -por ejemplo- no hay llamados de atención al Ministerio de Salud o disculpas públicas a la víctima. 

“Mi nombre es Ariel Karlina Zambrano, soy una mujer trans de Chone, Manabí. Desde niña supe que quería ser mujer, quería ser bonita, libre. Pero mi familia nunca lo aceptó. Mis hermanos y mi padre, profundamente machistas, me maltrataban constantemente”, contó Karlina en un testimonio en 2025 que recogió el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH).

Para activistas y defensores de derechos humanos, el caso de Karlina evidencia además un patrón de violencia que suele permanecer oculto dentro de círculos familiares, religiosos y comunitarios. En muchos casos, explican, los internamientos forzados son promovidos bajo la idea de “corregir” orientaciones sexuales o identidades de género consideradas inaceptables.

Karlina intentó vivir en Chone, creyendo que con la denuncia y las medidas cautelares estaba a salvo, pero su hermano le pagaba a personas para que la acosaran, según su relato. Por ello, tuvo que esconderse por meses.

Las personas trans en Ecuador enfrentan altos niveles de discriminación, violencia y exclusión social, especialmente fuera de las grandes ciudades. Según la Encuesta Nacional sobre las Condiciones de Vida de la Población LGBTI+ del INEC, el 53,5 por ciento de las personas LGBTQ mayores de 18 años en el país ha sufrido algún tipo de discriminación o violencia a lo largo de su vida, siendo el entorno familiar uno de los principales espacios de agresión.

En materia de violencia letal, organizaciones como Asociación Silueta X y el Observatorio Runa Sipiy documentaron 30 asesinatos de personas LGBTQ y transfemicidios en Ecuador durante 2025. De esos casos, alrededor del 70 por ciento corresponden a mujeres trans, lo que las posiciona como el grupo más expuesto a crímenes de odio y violencia extrema.

Diversas organizaciones de derechos humanos han advertido además sobre la persistencia de centros de “deshomosexualización” o internamientos forzosos, prácticas denunciadas desde hace más de una década en Ecuador pese a prohibiciones estatales y operativos de control insuficientes.

El caso de Karlina pone a prueba algo más grande que una sentencia individual: si Ecuador está dispuesto o no a reconocer que estas prácticas siguen existiendo y que la violencia contra personas LGBTQ continúa ocurriendo, muchas veces con la complicidad o el silencio de sus propios entornos familiares.

“Con mi caso, debe quedar un precedente. Debemos luchar contra el odio que podemos encontrarlo dentro de nuestras propias familias. Por nuestra libertad y derechos, debemos luchar”, indicó Karlina.