National
Trump rechaza número de muertes de María en Puerto Rico
Los comentarios provocan indignación entre activistas LGBTI

El presidente Trump el 13 de septiembre provocó indignación cuando rechazó el número de muertes del huracán María en Puerto Rico (Foto de Washington Blade por Michael Key)
“3,000 personas no murieron en los dos huracanes que golpearon Puerto Rico,” dijo Trump en uno de sus dos tweets, refiriéndose a María, que tocó tierra en la costa sureste de Puerto Rico el 20 de septiembre de 2017, y el huracán Irma, que rozó el estado libre asociado estadounidense menos de dos semanas antes. “Cuando salí de la isla, después de que la tormenta había golpeado, tenían entre seis y 18 muertos. No subió demasiado con el paso del tiempo. Luego, mucho tiempo después comenzaron a reportar números realmente grandes, como 3,000.”
3000 people did not die in the two hurricanes that hit Puerto Rico. When I left the Island, AFTER the storm had hit, they had anywhere from 6 to 18 deaths. As time went by it did not go up by much. Then, a long time later, they started to report really large numbers, like 3000…
— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 13, 2018
Trump en otro tweet acusó a los demócratas de inflar el número de muertes “para hacer que mirase lo peor posible cuando estaba recaudando miles de millones de dólares para ayudar a reconstruir Puerto Rico.”
“Si una persona murió por cualquier motivo, como la vejez, simplemente agréguela a la lista,” dijo Trump. “Malas políticas. Amo a Puerto Rico.”
…..This was done by the Democrats in order to make me look as bad as possible when I was successfully raising Billions of Dollars to help rebuild Puerto Rico. If a person died for any reason, like old age, just add them onto the list. Bad politics. I love Puerto Rico!
— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 13, 2018
Trump hizo sus comentarios menos de tres semanas después del gobernador de Puerto Rico Ricardo Rosselló aceptó los hallazgos de un estudio de la Universidad George Washington que atribuyó 2,975 muertos a María. Trump estaba twitteando mientras el huracán Florence comenzaba a azotar la costa de Carolina del Norte.
“Las declaraciones del presidente que cuestionan el número de muertes de los huracanes Irma y María son deplorables,” Omar Gonzalez-Pagan, un abogado para Lambda Legal que es puertorriqueño, dijo al Washington Blade el jueves desde la capital puertorriqueña de San Juan. “Demuestran que el presidente no solo está divorciado de la realidad, sino también su absoluta indiferencia por el sufrimiento de la gente y, francamente, su crueldad.”
“Casi 3,000 puertorriqueños murieron como resultado de los huracanes María e Irma,” añadió. “Sus vidas cuentan.”
Wilfred Labiosa, cofundador de Waves Ahead, un grupo que ayuda a los puertorriqueños LGBTI y otros grupos vulnerables recuperarse de María, estuvo de acuerdo con Gonzalez-Pagan cuando habló al Blade el jueves desde Puerto Rico. Labiosa añadió que los tweets de Trump “reflectan la falta de aceptación de puertorriqueños como ciudadanos estadounidenses.”
“Refleja que Puerto Rico no es un estado libre asociado, sino una colonia de los EEUU que podemos ser prescindibles para los EEUU,” Labiosa dijo al Blade.
La alcaldesa de San Juan Carmen Yulín Cruz es entre aquellos que siguen ser críticas vocales de la respuesta de Trump a María, que incluyó tirando papel toallas en una multitud de personas en una iglesia en las afueras de San Juan menos de dos semanas después del huracán tocó tierra. Cruz el jueves en una larga declaración dijo que las declaraciones de Trump muestran “una falta de respeto por nuestra realidad y nuestro dolor.”
“El simplemente no puede comprender el sufrimiento humano que su negligencia y falta de sensibilidad nos han causado,” dijo Cruz. “3,000 personas murieron en su vigilancia y su incapacidad de captarlo (es lo que) lo vuelven peligroso.”
Rosselló, que han sido reacio a criticar a Trump, también rechazó los tweets.
“Ni la gente de Puerto Rico ni las víctimas merecen que su dolor sea cuestionado,” Rosselló dijo a CBS News.

Un poste dañado en un barrio de Vieques, Puerto Rico, el 31 de enero de 2018. (Foto de Washington Blade por Michael K. Lavers)
Trump ‘dándole la espalda a todos los que sufren’
María tuvo vientos de 155 mph cuando tocó tierra.
Cientos de miles de puertorriqueños no tenían electricidad o acceso a agua potable durante meses.
Labiosa y otros activistas en Puerto Rico han dicho al Blade que personas con VIH/SIDA no tenían acceso a medicamentos antiretrovirales durante los días y semanas después de María tocó tierra. También han dicho que los puertorriqueños confrontaron discriminación en albergues de emergencia por toda la isla.
Casas con toldos azules como techos temporales todavía eran comunes en la zona metropolitana de San Juan y en el sureste de Puerto Rico en mayo cuando este reportero estuvo en la isla.
David Begnaud, un reportero de CBS News, el jueves reportó FEMA dijo que se mudó millones de botellas de agua a una vieja pista en Ceiba, un municipio en la costa noreste de Puerto Rico, que fueron fotografiadas esta semana con toldos azules resistidos sobre ellas.
BREAKING: FEMA accepts blames, admits it DID move water onto a runway in Ceiba, Puerto Rico in order to save taxpayer money.
I was told @FEMA didn’t have available space on the island to store the millions of bottles of water, so it sat tarped in the sun.https://t.co/4gopvepV3Y— David Begnaud (@DavidBegnaud) September 13, 2018
BuzzFeed el martes reportó que FEMA solo aprovechó 75 de las 2,431 solicitudes de asistencia funeraria que recibió de puertorriqueños después de María. Trump en el mismo día defendió de nuevo la respuesta de su administración a María mientras hablaba sobre Florence con reporteros a la Casa Blanca.
“Mientras está ocupado tratando de ‘salvar la cara,’ continuará dándole la espalda a todos los que sufren,” dijo Cruz el jueves en su declaración. “En pocas palabras: Está completamente desquiciado de la realidad. Una cosa es segura, nuestras vidas importan y no necesitamos un tweet de Trump para recordarnos eso.”
Labiosa estaba de acuerdo, notando que su organización y otras todavía están ayudando a los puertorriqueños recuperarse de María e Irma. Labiosa también dijo al Blade que Waves Ahead, SAGE Puerto Rico y otros grupos que dan la asistencia a puertorriqueños LGBTI también están trabajando de responder a la creciente crisis de salud mental de la isla.
“La comunidad, la diáspora y las entidades no gubernamentales están haciendo la diferencia por trabajar duras para dar los servicios necesarios a aquellos devastados por los huracanes,” dijo al Blade.

Un poste y árboles dañados en Adjuntas, Puerto Rico, el 2 de febrero de 2018. (Foto de Washington Blade de Michael K. Lavers)
Federal Government
Gay Venezuelan man ‘forcibly disappeared’ to El Salvador files claim against White House
Andry Hernández Romero had asked for asylum in US
A gay Venezuelan asylum seeker who the U.S. “forcibly disappeared” to El Salvador has filed a claim against the federal government.
Immigrant Defenders Law Center, who represents Andry Hernández Romero, on Friday announced their client and five other Venezuelans who the Trump-Vance administration “forcibly removed” to El Salvador under the Alien Enemies Act of 1798, filed “administrative claims” under the Federal Tort Claims Act.
The White House on Feb. 20, 2025, designated Tren de Aragua, a Venezuelan gang, as an “international terrorist organization.”
President Donald Trump less than a month later invoked the Alien Enemies Act of 1798, which the Associated Press notes allows the U.S. to deport “noncitizens without any legal recourse.” The White House then “forcibly removed” Hernández, who had been pursuing his asylum case in the U.S., and more than 250 other Venezuelans to El Salvador.
Immigrant Defenders Law Center disputed claims that Hernández is a Tren de Aragua member.
Hernández was held at El Salvador’s Terrorism Confinement Center, a maximum-security prison known by the Spanish acronym CECOT, until his release on July 18, 2025. Hernández, who is back in Venezuela, claims he suffered physical and sexual abuse while at CECOT.
“As a Venezuelan citizen with no criminal record anywhere in the world, I would like to tell not only the government of the United States but governments everywhere that no human being is illegal,” said Hernández in the Immigrant Defenders Law Center press release. “The practice of judging whole communities for the wrongdoing of a single individual must end. Governments should use their power to help every person in the nation become more aware and informed, to strengthen our cultures and build a stronger generation with principles and values — one that multiplies the positive instead of destroying unfulfilled dreams and opportunities.”
Immigrant Defenders Law Center filed claims on behalf of Hernández and the five other Venezuelans less than three months after American forces seized then-Venezuelan President Nicolás Maduro and his wife, Cilia Flores, at their home in Caracas, the Venezuelan capital.
Maduro and Flores have pleaded not guilty to federal drug charges. Delcy Rodríguez, who was Maduro’s vice president, is Venezuela’s acting president.
‘Due process and accountability cannot be optional’
Immigrant Defenders Law Center on Friday also made the following demands:
- The Trump administration must officially release the names of all people the United States sent to CECOT to ensure that everyone has been or will be released.
- The federal government must clear the names of the 252 men wrongfully labeled as criminal gang members of Tren de Aragua.
- DHS (Department of Homeland Security) must end the practice of outsourcing torture through third‑country removals, restore humanitarian parole, and rebuild a functioning, humane asylum system.
- DHS must reinstate Temporary Protected Status for all individuals who cannot safely return to their home countries, halt mass deportations and unlawful raids and arrests, and guarantee due process for everyone navigating the immigration system.
- Congress must pass the Neighbors Not Enemies Act, which would repeal the Alien Enemies Act.
“In all my years as an immigration attorney, I have never seen a client simply vanish in the middle of their case with no explanation,” said Immigration Defenders Legal Fund Legal Services Director Melissa Shepard. “In court, the government couldn’t even explain where he was — he had been disappeared.”
“When the government detains and transfers people in secrecy, without transparency or access to the courts, it tears at the basic protections a democracy is supposed to guarantee,” added Shepard. “What this experience makes painfully clear is that due process and accountability cannot be optional. They are the only safeguards standing between people and the kind of lawlessness our clients suffered. We must end third country transfers, restore the asylum system, and humanitarian parole, and reinstate temporary protective status so this nightmare never happens again.”
The White House
Trump proclamation targets trans rights as State Dept. shifts visa policy
Recent policy actions from the White House limit transgender rights in sports, immigration visas, and overarching federal policy.
In a proclamation issued by the Trump White House Thursday night, the president said he would, among other things, “restore public safety” and continue “upholding the rule of law,” while promoting policies that restrict the rights of transgender people.
“We are keeping men out of women’s sports, enforcing Title IX as it was originally written, and ensuring colleges preserve — and, where possible, expand — scholarships and roster opportunities for female athletes,” the proclamation reads. “At the same time, we are restoring public safety and upholding the rule of law in every city so women, children, and families can feel safe and secure.”
The statement comes amid a broader series of actions by the Trump administration targeting transgender people across multiple federal policy areas, including education, health care, and immigration. A nearly complete list of policies the current administration has put forward can be found on KFF.org.
One day before the proclamation was issued, the U.S. State Department announced changes to visa regulations that could impact transgender and gender-nonconforming people seeking entry into the United States.
The policy, published March 11 and scheduled to take effect April 10, introduces changes to the Diversity Immigrant Visa Program, commonly known as the “DV Program.” The rule is framed by the department as an effort to strengthen oversight and prevent fraud within the visa lottery system, which allocates a limited number of immigrant visas annually to applicants from countries with historically low rates of immigration to the United States.
However, the updated language also standardizes the use of the term “sex” in federal regulations in place of “gender,” a change that LGBTQ advocates say could create additional barriers for transgender and gender-diverse applicants.
The policy states: “The Department of State (‘Department’) is amending regulations governing the Diversity Immigrant Visa Program (‘DV Program’) to improve the integrity of, and combat fraud in, the program. These amendments require a petitioner to the DV Program to provide valid, unexpired passport information and to upload a scan of the biographic and signature page in the electronic entry form or otherwise indicate that he or she is exempt from this requirement. Additionally, the Department is standardizing and amending its regulations to add the word ‘shall’ to simplify guidance for consular officers; ensure the use of the term ‘sex’ in lieu of ‘gender’; and replace the term ‘age’ in the DV Program regulations with the phrase ‘date of birth’ to accurately reflect the information collected and maintained by the Department during the immigrant visa process.”
Advocates say the shift toward using “sex” rather than “gender” in federal immigration rules reflects a broader push by the administration to roll back recognition of transgender identities in federal policy.
According to the National Center for Transgender Equality, an estimated 15,000 to 50,000 undocumented transgender immigrants currently live in the United States, with many entering the country to seek refuge from persecution and hostile governments in their home countries.
Florida
Fla. House passes ‘Anti-Diversity’ bill
Measure could open door to overturning local LGBTQ rights protections
The Florida House of Representatives on March 10 voted 77-37 to approve an “Anti-Diversity in Local Government” bill that opponents have called an extreme and sweeping measure that, among other things, could overturn local LGBTQ rights protections.
The House vote came six days after the Florida Senate voted 25-11 to pass the same bill, opening the way to send it to Republican Gov. Ron DeSantis, who supports the bill and has said he would sign it into law.
Equality Florida, a statewide LGBTQ advocacy organization that opposed the legislation, issued a statement saying the bill “would ban, repeal, and defund any local government programming, policy, or activity that provides ‘preferential treatment or special benefits’ or is designed or implemented with respect to race, color, sex, ethnicity, sexual orientation, or gender identity.”
The statement added that the bill would also threaten city and county officials with removal from office “for activities vaguely labeled as DEI,” with only limited exceptions.
“Written in broad and ambiguous language, the bill is the most extreme of its kind in the country, creating confusion and fear for local governments that recognize LGBTQ residents and other communities that contribute to strength and vibrancy of Florida cities,” the group said in a separate statement released on March 10.
The Miami Herald reports that state Sen. Clay Yarborough (R-Jacksonville), the lead sponsor of the bill in the Senate, said he added language to the bill that would allow the city of Orlando to continue to support the Pulse nightclub memorial, a site honoring 49 mostly LGBTQ people killed in the 2016 mass shooting at the LGBTQ nightclub.
But the Equality Florida statement expresses concern that the bill can be used to target LGBTQ programs and protections.
“Debate over the bill made expressly clear that LGBTQ people were a central target of the legislation,” the group’s statement says. “The public record, the bill sponsors’ own statements, and hours of legislative debate revealed the animus driving the effort to pressure local governments into pulling back from recognizing or resourcing programs targeting LGBTQ residents and other historically marginalized communities,” the statement says.
But the statement also notes that following outspoken requests by local officials, sponsors of the bill agreed to several amendments “ensuring local governments can continue to permit Pride festivals, even while navigating new restrictions on supporting or promoting them.”
The statement adds, “Florida’s LGBTQ community knows all too well how to fight back against unjust laws. Just as we did, following the passage of Florida’s notorious ‘Don’t Say Gay or Trans’ law, we will fight every step of the way to limit the impact of this legislation, including in the courts.”
