Connect with us

News

Salir de las redes sociales a las calles

Activistas independientes en Cuba usan métodos innovadores

Published

on

Un grupo de activistas por los derechos LGBTI+ en Prado y Malecón en La Habana el pasado 27 de octubre. (Foto cortesía de Jimmy Roque Martínez)

Nota del editor: Tremenda Nota es una revista electrónica independiente que documenta la comunidad LGBTI+ del país y otros grupos minoritarios. Tremenda Nota es una pareja de contenido del Washington Blade.

Esa nota salió originalmente en el sitio web de Tremenda Nota.

LA HABANA — Mientras las iglesias se oponen a la aprobación del matrimonio igualitario en Cuba y el Cenesex mantiene una postura pública discreta, los activistas LGBTI+ — menos organizados que las instituciones religiosas ― promueven campañas en diferentes soportes y medios.

A las tres de la tarde del 27 de octubre de 2018, en la intersección de Prado y Malecón, La Habana, debía celebrarse una besada — o Besuqueo, como le llamaron sus organizadoras — en apoyo al matrimonio igualitario. Unas horas antes habían confirmado su asistencia más de 600 personas y la invitación había sido compartida un centenar de veces en redes sociales. “Sacar los besos del clóset” era la divisa.

Durante el Besuqueo el Proyecto Abriendo Brechas de Colores (ABC) — LGTBI — un grupo que busca “generar espacios de diálogo entre los discursos religiosos y sociales en torno a los derechos de las mujeres y las personas LGBTIQ+” ― entregaría folletos sobre el fundamentalismo religioso, así como carteles y pegatinas alegóricos a la diversidad sexual y de género.

ABC también planeaba proyectar videos producidos en la campaña Todos los derechos para todas las familias. Los besos más creativos quedarían plasmados en una sesión de fotos. En esa zona del Prado se “izarían” banderas de la diversidad.

Sin embargo, un día antes de la cita ABC canceló públicamente el Besuqueo por no recibir el permiso estatal para tomar la calle.

Pese a la suspensión, a la hora y el día previstos hubo un flash mob (movilización relámpago) en Prado y Malecón. Acudieron las organizadoras del evento y otros activistas vinculados al Centro Nacional de Educación Sexual (Cenesex). Se besaron.

El Besuqueo no trascendió más: Asistieron unas 30 personas, en lugar de la multitud que podía haber acudido.

La cancelación del evento y la actitud reticente de sus promotoras generaron críticas de varios activistas en las redes sociales. El poeta Norge Espinosa resumió su decepción así: “El activismo de veras se hace con arrojo, con la disposición precisa a ir más allá de los límites permitidos, o no se hace”.

Paradójicamente, dos días antes de que ABC cancelara el Besuqueo, la Iglesia Metodista de Marianao reunió unos 3.500 feligreses en los alrededores del templo para mostrar su desacuerdo con el matrimonio igualitario, según informó la propia institución en su página de Facebook. Celebraron un culto multitudinario, sin permiso de nadie.

Iglesias versus activistas

Hasta ahora las iglesias cubanas han mantenido una postura firme en contra del matrimonio igualitario y “la ideología de género” en las páginas institucionales de sus redes sociales.

Pero su activismo también ha traspasado las fronteras del mundo virtual. Los feligreses han distribuido a lo largo del país carteles y pegatinas que defienden el “diseño original de la familia, como Dios la creó”. También se han manifestado en las calles aledañas a sus templos y, como si fuera poco, han “publicado” sus mensajes en el “paquete semanal”, la variante cubana a la internet.

Ahora quieren llegar más lejos. La reverenda Alida León, presidenta de la Liga Evangélica de Cuba, confirmó a Tremenda Nota que una veintena de denominaciones recogen firmas contra el artículo 68. “No tenemos nada en contra de los homosexuales, pero exigimos que se conserve el concepto de matrimonio como Dios lo creó”.

En efecto, el pasado 13 de noviembre más de una decena de denominaciones cristianas hicieron pública una carta enviada a la “Comisión Constitutiva del del Proyecto de Constitución, Comité Central del PCC”. Las 13 iglesias que suscriben el documento aseguran haber recogido casi 180.000 firmas contra la modificación del concepto de matrimonio en el proyecto de Carta Magna.

La comunidad cristiana podría votar No en el próximo referendo si se mantiene el artículo 68 en el Proyecto de Constitución. En su texto “El artículo 68: Evangélicos, católicos, el movimiento LGBTI y las cortinas de humo” el intelectual y activista Alberto Abreu Arcia asegura que León Báez, uno de los líderes de la iglesia evangélica en Cuba, declaró: “Si no se modifica el tema del matrimonio en el proyecto de Constitución todo votaremos en contra”.

De acuerdo con el Instituto Patmos en 2017 el 10 por ciento de la población cubana profesaba la fe evangélica, mientras que un 35 por ciento se consideraba nominalmente católico. Las denominaciones cristianas están organizadas y tienen presencia a lo largo del archipiélago cubano. Disponen de locales de reunión y de mecanismos de comunicación directa con el Estado. Por ende, el activismo independiente tiene menos ventaja en esta “contienda”.

Muchos defensores de los derechos LGBTI+ en Cuba han tenido que seguir el guión trazado por el Cenesex: Desfilan en mayo a paso de conga y luego regresan a las redes sociales, donde se acumulan denuncias, mensajes y campañas. A las calles no se puede llegar sin la anuencia del Gobierno.

“Las redes sociales y los entornos digitales han venido a suplir las carencias de legitimidad en otros espacios, pero no permiten dar respuesta a todos los desafíos”, explica a Tremenda Nota el joven activista Yadiel Cepero.

“En aras de transformar el estado actual de cosas creo, como muchos otros activistas, que se debe impulsar la agenda LGBTI+ a la par que se impulsan los derechos civiles y políticos. De manera que los colectivos puedan legalizarse, articularse, disponer de espacios de reunión y hacer uso de mecanismos de participación e incidencia política”, asegura Cepero.

Para el fundador de la plataforma de discusión Construyendo una agenda de la diversidad sexual en Cuba, el primer paso de los defensores de los derechos LGBTI+ sería arriesgarse a tomar el espacio público. “La iglesia puso sus carteles y no pasó nada. ¿A qué le tenemos miedo?”

Sin embargo, durante los debates constitucionales un sector del activismo cubano se ha mantenido a la zaga de las iglesias, confiado en el papel del Estado como garante de derechos.

“Tenemos una herencia fuerte de inactividad, de miedo. Muchas veces porque no nos han dejado caminar solos”, asegura la activista y abogada Lidia Romero. “Hemos llegado a un momento importante para impulsar derechos y justo ahora parece que no sabemos qué hacer, ni cómo organizarnos.

Solo el 17 de mayo ―Día mundial de la lucha contra la homofobia y la transfobia― el Gobierno, a través del Cenesex, autoriza que los activistas, personas LGBTI+ o simpatizantes de la causa de los derechos sexuales marchen. (Foto por Yariel Valdés González)

Algunos activistas creen inevitable la aprobación del artículo 68 y, por tanto, asumen que sería ocioso replicar a los grupos religiosos. El periodista Francisco Rodríguez Cruz aseguró en su blog Paquito el de Cuba que no debe temerse a que “la matriz de opinión conservadora de algunas iglesias pueda imponerse al resto de la sociedad”.

El bloguero explica que los resultados de la consulta popular no los definirá la cantidad de firmas que reúnan las iglesias ni el número de planteamientos en contra del artículo 68, “sino el análisis de la pertinencia o no de cada propuesta que surja del debate, por parte de la comisión redactora del proyecto constitucional y del Parlamento que aprobará el texto definitivo antes del referendo”.

La opinión de Rodríguez Cruz se apoya en las declaraciones del Secretario del Consejo de Estado, Homero Acosta Álvarez. El pasado 17 de octubre, durante la inauguración del Congreso Internacional Abogacía 2018, el jurista dijo: “El Derecho no puede permanecer esclavo perpetuo de rezagos sociales, aún cuando en un momento pueda entrar en colisión con parte del espectro social. En su misión transformadora le corresponde también impulsar el desarrollo”.

‘Vamos a convocar nuevas besadas’

En las últimas semanas varios activistas han puesto a circular en las redes sociales videos cortos donde personas LGBTI+ (o no) muestran su apoyo al artículo 68 del Proyecto de Constitución.

Las páginas 68Va, Acepto, Por el matrimonio igualitario en Cuba, Proyecto Abriendo Brechas de Colores – LGTBI, Construyendo una agenda de la diversidad sexual en Cuba e Iglesia de la Comunidad Metropolitana en Cuba (ICM) llevan adelante diferentes campañas en las redes sociales. También se suman varios cibernautas desde sus perfiles personales o sus blogs.

Sin embargo, las propuestas o campañas generadas en estas plataformas digitales no logran trascender el espacio virtual en un país cuya población mayoritaria permanece desconectada.

Unos meses atrás, el 11 de mayo, una veintena de intelectuales y activistas cubanos publicaron una detallada agenda por los derechos LGBTI+ en Cuba. El documento — primero de su tipo en el país — incluye 63 demandas específicas y se divide en dos grandes secciones: medidas legislativas y políticas, planes y estrategias. Todos sus firmantes son miembros de la sociedad civil.

Algunos de los suscriptores son activistas que buscan alternativas independientes del Estado o el Cenesex para encauzar sus demandas.

“(El Cenesex) es una institución que excluye a quienes no concuerdan con sus ideas políticas, tampoco socializa los avances de su labor, sino que nos pide confiar en que ʻestán trabajandoʼ, sin tener más información que esto. No nos trata como iguales, ni como parte”, agrega Lidia Romero.

Recientemente, la activista Sandra Álvarez Ramírez, otrora webmaster del Cenesex y miembro del consejo editorial de la revista Sexología y Sociedad, fue replicada por el perfil de Facebook de la institución. “Los ʻperiodistas de verdadʼ no recibimos instrucciones desde Berlín”, escribió Cenesex cuando la psicóloga cubana residente en Alemania preguntó sobre la cancelación del Besuqueo.

Para varios militantes el panorama actual empeora por la falta de articulación de un movimiento LGBTI+ en Cuba. “Si tú no tienes espacios de socialización, ni de accionar, ni una institución que te represente como un todo, y ni siquiera puedes asociarte legalmente, entonces no hay trabajo articulado, pero debemos vencer esos límites”, termina Romero.

Menos unidos, más rezagados que las iglesias, los activistas comienzan a salir discretamente de las redes, empiezan a saber que les corresponde emplazar al Estado, a las instituciones y a una parte de la sociedad negada a que todas las personas alcancen todos los derechos.

Jimmy Roque Martínez — uno de ellos — no cree que los simpatizantes con la causa de los derechos sexuales deban mantenerse esperando los resultados del referendo constitucional con discreción. “Además de las historias de vida y opiniones que comenzaron a circular en las redes sociales, y las páginas creadas también vamos a convocar nuevas besadas, solo que estas no van a cancelarse”, augura.

Advertisement
FUND LGBTQ JOURNALISM
SIGN UP FOR E-BLAST

Pennsylvania

Erica Deuso elected as Pa.’s first openly transgender mayor

‘History was made.’

Published

on

Erica Deuso (Photo courtesy of LPAC)

Erica Deuso will become the first openly transgender mayor in Pennsylvania.

Voters in Downingtown elected Deuso on Tuesday with 64 percent of the vote, according to the Philadelphia Inquirer. The Democrat ran against Republican Richard Bryant.

Deuso, 45, currently works at Johnson & Johnson and has lived in Downingtown since 2007. The mayor-elect is originally from Vermont and graduated from Drexel University.

Deuso released a statement following her election, noting that “history was made.”

“Voters chose hope, decency, and a vision of community where every neighbor matters,” Deuso stated. “I am deeply honored to be elected as Pennsylvania’s first openly transgender mayor, and I don’t take that responsibility lightly.”

According to a LGBTQ+ Victory Institute report released in June, the U.S. has seen a 12.5 percent increase in trans elected officials from 2024 to 2025. Still, Deuso’s campaign did not heavily focus on LGBTQ policy or her identity. She instead prioritized public safety, environmental resilience, and town infrastructure, according to Deuso’s campaign website.

Deuso has served on the boards of the Pennsylvania Equality Project, PFLAG West Chester/Chester County, and Emerge Pennsylvania, according to the LGBTQ+ Victory Fund. She is also an executive member of the Chester County Democratic Committee.

“This victory isn’t about one person, it’s about what happens when people come together to choose progress over fear. It’s about showing that leadership can be compassionate, practical, and focused on results. Now the real work begins, building a Downingtown that is safe, sustainable, and strong for everyone who calls it home,” Deuso said.

Downingtown has a population of more than 8,000 people and is a suburb of Philadelphia. The town’s current mayor, Democrat Phil Dague, did not seek a second term.

Janelle Perez, the executive director of LPAC, celebrated Deuso’s victory. The super PAC endorses LGBTQ women and nonbinary candidates with a commitment to women’s equality and social justice, including Deuso.

“Downingtown voters delivered a resounding message today, affirming that Erica represents the inclusive, forward-looking leadership their community deserves, while rejecting the transphobic rhetoric that has become far too common across the country,” Perez said. “Throughout her campaign, Erica demonstrated an unwavering commitment to her future constituents and the issues that matter most to them. LPAC is proud to have supported her from the beginning of this historic campaign, and we look forward to the positive impact she will have as mayor of Downingtown.”

Deuso will be sworn in as mayor on Jan. 7.

Continue Reading

U.S. Supreme Court

LGBTQ legal leaders to Supreme Court: ‘honor your precedent, protect our families’

Experts insist Kim Davis case lacks merit

Published

on

Protesters outside of the Supreme Court fly an inclusive Pride flag in December 2024. (Washington Blade Photo by Michael Key)

The U.S. Supreme Court considered hearing a case from Kim Davis on Friday that could change the legality of same-sex marriage in the United States.

Davis, best known as the former county clerk for Rowan County, Ky., who defied federal court orders by refusing to issue marriage licenses to same-sex couples — and later, to any couples at all — is back in the headlines this week as she once again attempts to get Obergefell v. Hodges overturned on a federal level.

She has tried to get the Supreme Court to overturn this case before — the first time was just weeks after the initial 2015 ruling — arguing that, in her official capacity as a county clerk, she should have the right to refuse same-sex marriage licenses based on her First Amendment rights. The court has emphatically said Davis, at least in her official capacity as a county clerk, does not have the right to act on behalf of the state while simultaneously following her personal religious beliefs.

The Washington Blade spoke with Karen Loewy, interim deputy legal director for litigation at Lambda Legal, the oldest and largest national legal organization advancing civil rights for the LGBTQ community and people living with HIV through litigation, education, and public policy, to discuss the realistic possibilities of the court taking this case, its potential implications, and what LGBTQ couples concerned about this can do now to protect themselves.

Loewy began by explaining how the court got to where it is today.

“So Kim Davis has petitioned the Supreme Court for review of essentially what was [a] damages award that the lower court had given to a couple that she refused a marriage license to in her capacity as a clerk on behalf of the state,” Loewy said, explaining Davis has tried (and failed) to get this same appeal going in the past. “This is not the first time that she has asked the court to weigh in on this case. This is her second bite at the apple at the U.S. Supreme Court, and in 2020, the last time that she did this, the court denied review.”

Davis’s entire argument rests on her belief that she has the ability to act both as a representative of the state and according to her personal religious convictions — something, Loewy said, no court has ever recognized as a legal right.

“She’s really claiming a religious, personal, religious exemption from her duties on behalf of the state, and that’s not a thing.”

That, Loewy explained, is ultimately a good thing for the sanctity of same-sex marriage.

“I think there’s a good reason to think that they will, yet again, say this is not an appropriate vehicle for the question and deny review.”

She also noted that public opinion on same-sex marriage remains overwhelmingly positive.

“The Respect for Marriage Act is a really important thing that has happened since Obergefell. This is a federal statute that mandates that marriages that were lawfully entered, wherever they were lawfully entered, get respect at the federal level and across state lines.”

“Public opinion around marriage has changed so dramatically … even at the state level, you’re not going to see the same immediate efforts to undermine marriages of same-sex couples that we might have a decade ago before Obergefell came down.”

A clear majority of U.S. adults — 65.8 percent — continue to support keeping the Obergefell v. Hodges decision in place, protecting the right to same-sex marriage. That support breaks down to 83 percent of liberals, 68 percent of moderates, and about half of conservatives saying they support marriage equality. These results align with other recent polling, including Gallup’s May 2025 estimate showing 68 percent support for same-sex marriage.

“Where we are now is quite different from where we were in terms of public opinion … opponents of marriage equality are loud, but they’re not numerous.”

Loewy also emphasized that even if, by some chance, something did happen to the right to marry, once a marriage is issued, it cannot be taken back.

“First, the Respect for Marriage Act is an important reason why people don’t need to panic,” she said. “Once you are married, you are married, there isn’t a way to sort of undo marriages that were lawfully licensed at the time.”

She continued, explaining that LGBTQ people might feel vulnerable right now as the current political climate becomes less welcoming, but there is hope — and the best way to respond is to move thoughtfully.

“I don’t have a crystal ball. I also can’t give any sort of specific advice. But what I would say is, you know, I understand people’s fear. Everything feels really vulnerable right now, and this administration’s attacks on the LGBTQ community make everybody feel vulnerable for really fair and real reasons. I think the practical likelihood of Obergefell being reversed at this moment in time is very low. You know, that doesn’t mean there aren’t other, you know, case vehicles out there to challenge the validity of Obergefell, but they’re not on the Supreme Court’s doorstep, and we will see how it all plays out for folks who feel particularly concerned and vulnerable.”

Loewy went on to say there are steps LGBTQ couples and families can take to safeguard their relationships, regardless of what the court decides. She recommended getting married (if that feels right for them) and utilizing available legal tools such as estate planning and relationship documentation.

“There are things, steps that they can take to protect their families — putting documentation in place and securing relationships between parents and children, doing estate planning, making sure that their relationship is recognized fully throughout their lives and their communities. Much of that is not different from the tools that folks have had at their disposal prior to the availability of marriage equality … But I think it behooves everyone to make sure they have an estate plan and they’ve taken those steps to secure their family relationships.”

“I think, to the extent that the panic is rising for folks, those are tools that they have at their disposal to try and make sure that their family and their relationships are as secure as possible,” she added.

When asked what people can do at the state and local level to protect these rights from being eroded, Loewy urged voters to support candidates and initiatives that codify same-sex marriage at smaller levels — which would make it more difficult, if not impossible, for a federal reversal of Obergefell to take effect.

“With regard to marriage equality … states can be doing … amend state constitutions, to remove any of the previous language that had been used to bar same-sex couples from marrying.”

Lambda Legal CEO Kevin Jennings echoed Loewy’s points in a statement regarding the possibility of Obergefell being overturned:

“In the United States, we can proudly say that marriage equality is the law,” he said via email. “As the Supreme Court discusses whether to take up for review a challenge to marriage equality, Lambda Legal urges the court to honor what millions of Americans already know as a fundamental truth and right: LGBTQ+ families are part of the nation’s fabric.

“LGBTQ+ families, including same-sex couples, are living in and contributing to every community in this country: building loving homes and small businesses, raising children, caring for pets and neighbors, and volunteering in their communities. The court took note of this reality in Obergefell v. Hodges, citing the ‘hundreds of thousands of children’ already being raised in ‘loving and nurturing homes’ led by same-sex couples. The vows that LGBTQ+ couples have taken in their weddings might have been a personal promise to each other. Still, the decision of the Supreme Court is an unbreakable promise affirming the simple truth that our Constitution guarantees equal treatment under the law to all, not just some.”

He noted the same things Loewy pointed out — namely that, at minimum, the particular avenue Davis is attempting to use to challenge same-sex marriage has no legal footing.

“Let’s be clear: There is no case here. Granting review in this case would unnecessarily open the door to harming families and undermine our rights. Lower courts have found that a government employee violates the law when she refuses to grant marriage licenses to same-sex couples as her job requires. There is no justifiable reason for the court to revisit settled law or destabilize families.”

He also addressed members of the LGBTQ community who might be feeling fearful at this moment:

“To our community, we say: this fight is not new. Our community has been fighting for decades for our right to love whom we love, to marry and to build our families. It was not quick, not easy, not linear. We have lived through scary and dark times before, endured many defeats, but we have persevered. When we persist, we prevail.”

And he issued a direct message to the court, urging justices to honor the Constitution over one person’s religious beliefs.

“To the court, we ask it to honor its own precedent, to honor the Constitution’s commands of individual liberty and equal protection under the law, and above all, to honor the reality of LGBTQ families — deeply rooted in every town and city in America. There is no reason to grant review in this case.”

Kenneth Gordon, a partner at Brinkley Morgan, a financial firm that works with individuals and couples, including same-sex partners, to meet their legal and financial goals, also emphasized the importance of not panicking and of using available documentation processes such as estate planning.

“From a purely legal standpoint, overturning Obergefell v. Hodges would present significant complications. While it is unlikely that existing same-sex marriages would be invalidated, particularly given the protections of the 2022 Respect for Marriage Act, states could regain the authority to limit or prohibit future marriage licenses to same-sex couples. That would create a patchwork of laws across the country, where a couple could be legally married in one state but not recognized as married if they moved to or even visited another state.

“The legal ripple effects could be substantial. Family law issues such as adoption, parental rights, inheritance, health care decision-making, and property division all rely on the legal status of marriage. Without uniform recognition, couples could face uncertainty in areas like custody determinations, enforcement of spousal rights in medical emergencies, or the ability to inherit from a spouse without additional legal steps.

“Courts generally strive for consistency, and creating divergent state rules on marriage recognition would reintroduce conflicts that Obergefell was intended to resolve. From a legal systems perspective, that inconsistency would invite years of litigation and impose significant personal and financial burdens on affected families.”

Finally, Human Rights Campaign President Kelley Robinson issued a statement about the possibility of the Supreme Court deciding to hear Davis’s appeal:

“Marriage equality isn’t just the law of the land — it’s woven into the fabric of American life,” said Robinson. “For more than a decade, millions of LGBTQ+ couples have gotten married, built families, and contributed to their communities. The American people overwhelmingly support that freedom. But Kim Davis and the anti-LGBTQ+ extremists backing her see a cynical opportunity to attack our families and re-litigate what’s already settled. The court should reject this paper-thin attempt to undermine marriage equality and the dignity of LGBTQ+ people.”

Continue Reading

U.S. Supreme Court

Supreme Court rules White House can implement anti-trans passport policy

ACLU, Lambda Legal filed lawsuits against directive.

Published

on

(Bigstock photo)

The U.S. Supreme Court on Thursday said the Trump-Vance administration can implement a policy that bans the State Department from issuing passports with “X” gender markers.

President Donald Trump once he took office signed an executive order that outlined the policy. A memo the Washington Blade obtained directed State Department personnel to “suspend any application where the applicant is seeking to change their sex marker from that defined in the executive order pending further guidance.”

The White House only recognizes two genders: male and female.

The American Civil Liberties Union in February filed a lawsuit against the passport directive on behalf of seven trans and nonbinary people.

A federal judge in Boston in April issued a preliminary junction against it. A three-judge panel on the 1st U.S. Circuit Court of Appeals in September ruled against the Trump-Vance administration’s motion to delay the move.

A federal judge in Maryland also ruled against the passport policy. (Lambda Legal filed the lawsuit on behalf of seven trans people.)

 “This is a heartbreaking setback for the freedom of all people to be themselves, and fuel on the fire the Trump administration is stoking against transgender people and their constitutional rights,” said Jon Davidson, senior counsel for the ACLU’s LGBTQ and HIV Project, in a statement. “Forcing transgender people to carry passports that out them against their will increases the risk that they will face harassment and violence and adds to the considerable barriers they already face in securing freedom, safety, and acceptance. We will continue to fight this policy and work for a future where no one is denied self-determination over their identity.”

Justices Ketanji Brown Jackson, Elena Kagan, and Sonia Sotomayor dissented.

The Supreme Court ruling is here.

Continue Reading

Popular