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Emprender en Cuba, una opción en crisis
Cuentapropistas han cerrado sus impresas por coronavirus
Nota del editor: Tremenda Nota es el medio socio del Washington Blade en Cuba. Esa nota salió originalmente en su sitio web el 24 de marzo.
LA HABANA — Maykel Galindo emigró a finales de la década del 90. Hijo del bloqueo y del período especial —dice—. Se instaló en Bruselas, capital de Bélgica, donde estudió traducción e interpretación. Pasaba tiempo sin venir a Cuba, hasta tres años. Y en 2013 vino y se compró una casa en la calle Acosta, Habana Vieja.
Su plan inicial era vivir la casa, habitar la ciudad. Pero dos años después, en 2015, la Isla experimentó un boom turístico como nunca antes en casi seis décadas del gobierno revolucionario. Un boom propiciado por el restablecimiento de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos. Así que Maykel aprovechó la oportunidad. Rentó la casa y vino a establecerse indefinidamente, pese a los escepticismos de varios amigos.
Dejar Europa para regresar a Cuba parecía un acto sin sentido lógico. En otras palabras, una locura. Pero Maykel dice que no se cuestionó nada porque creía en lo que estaba sucediendo, en lo que estaba viendo: el auge del sector cuentapropista, el aumento en los ingresos y calidad de vida de al menos un sector de la población. “Una transición social y política” —refiere.
Ahora varios de esos cuentapropistas que apostaron por emprender y progresar económicamente en su país, que decidieron regresar, o no irse definitivamente, viven el descenso más brusco de la temporada turística actual y, probablemente, de todas las anteriores en los últimos cinco años.
El declive es perceptible desde noviembre pasado, mes en que comienzan a llegar los extranjeros de visita en la Isla. La expansión mundial de la COVID-19 no fue más que un tiro de gracia.
Raúl Hernández, cocinero y creador de Grados, un restaurante en el Vedado, atendió a su último cliente en la noche del viernes 13 de marzo. Pese a las dudas que le provocó tomar por sí mismo la medida —expresadas públicamente en su perfil de Facebook—, Raúl explica a Tremenda Nota que cerró porque pensó que podía ser “un punto primario de contacto con posibles portadores asintomáticos”.
Otros cuentapropistas, como Alberto González*, cerraron no solo por la emergencia sanitaria sino porque, en términos contables, el negocio estaba presentando ya más riesgos que beneficios. “Además, los trabajadores estaban nerviosos con el lío del contagio. Nosotros como dueños percibimos que se sentía un poco el estrés” —explica.
En principio, Alberto pensó cerrar solo por el mes de marzo. Extender el plazo hasta finales de abril, o quizá mayo, era una opción que había valorado, pero de la que no estuvo totalmente seguro hasta que la ministra de Finanzas y Precios (MFP), Meisi Bolaños, oficializó la aplicación de la Resolución 427/2019 de esa entidad, el pasado viernes 20 de marzo. Con ello, los cuentapropistas pueden solicitar la suspensión de su licencia por un período de uno hasta tres meses, y se les exime del pago de impuestos sobre ingresos personales y de la cuota mínima mensual.
Sin embargo, Bolaños no detalló qué medidas se tomarían con aquellos negocios que cerraron antes de oficializarse la decisión del MFP, por razones sanitarias o económicas. Según Alberto, aunque sus ventas disminuyeron considerablemente, se mantiene al 100 por ciento el pago de los impuestos correspondientes al presente mes.
El problema está en que, desde enero de 2020, la Oficina de Administración Tributaria (ONAT) aumentó 2.8 veces más el valor de la cuota fija mensual que antes pagaba. De 10 mil pesos a 28 mil. Unos 1160 CUC cada mes, sin contar el resto de los impuestos (sobre las ventas, ingresos personales, trabajadores, etc.).
Maykel sufrió el mismo estrago en enero del pasado año, cuando la ONAT subió el valor de su cuota fija mensual de 30 CUC por cuarto a 130 CUC. Maykel tenía tres cuartos habilitados para la renta. Comenzó a pagar 390 CUC al mes; antes pagaba 90. Para junio, temporada baja, este pago era insostenible, así que cambió la licencia para habilitar solo dos cuartos en renta.
Como ambos emprendimientos se ubican en La Habana Vieja, estos valores triplicados significaron asimismo el aumento del impuesto que ambos pagan a la Oficina del Historiador de la Ciudad, equivalente al 10 por ciento de la cuota fija.
“Esto es lo más estúpido y anticomercial que hay en el mundo porque, por supuesto, estás matando un negocio —opina Maykel—. Lo que haces es limitarte, rentar lo necesario para pagar lo justo”.
Tanto él como Alberto concuerdan en que la medida se aplicó a los emprendimientos que habían declarado mayores ingresos con respecto al año anterior.
Cuba anunció sus primeros casos de COVID-19 hace apenas dos semanas. Las autoridades gubernamentales no han ofrecido estimaciones sobre el tiempo que se prolongará la actual situación epidemiológica. Los cuentapropistas entrevistados consideran que puede extenderse por un mes, o dos. Para entonces, habrá concluido una temporada turística alta que, en realidad, nunca lo fue.
La llegada de visitantes extranjeros decreció en un 9.3 por ciento al cierre de 2019. Solo en el mes de diciembre la caída fue de 16.8 por ciento con respecto al año anterior, según reportó Cubadebate.
“Sin el turismo, y con el numerazo que representa la cuota fija, el negocio daría pérdida total” —afirma Alberto—. Sostener ese y cualquier otro emprendimiento, hasta noviembre próximo, parece imposible. Algunos tendrán que cerrar definitivamente.
Maykel teme por el sostenimiento no ya de los negocios, sino de los emprendedores. Refiere que no existe respaldo económico alguno por parte del Estado (por Ley no. 105 de Seguridad Social sólo se garantizará la protección salarial a los trabajadores estatales). “Está muy bien que en términos fiscales se suspendan las obligaciones. Pero luego no piensan en que cuando uno deja de arrendar pierde su fuente de ingreso. Eso en algún momento habría que repensarlo, más con lo que uno paga de impuestos”.
El ambiente es de incertidumbre total. El año horrible del cuentapropismo —dice Maykel—. Ahora diseña un plan A donde se queda en el país e intenta salvar su negocio, y también uno B, donde regresa a Bélgica. Irse, empezar de nuevo. Replantearse incluso si regresará… ¿Para qué regresar a un país que limita el crecimiento de su negocio?
El virus solo le hizo darse cuenta de cuán desprotegido está. “Quizá antes no lo notaba porque estaban los ingresos. Buenos, malos o regulares, pero estaban. Y luego te das cuenta, cuando ya no hay nada que, de hecho, no eres nada”.
*Se utilizó un seudónimo por acuerdo de anonimato a petición de la fuente.
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Juez colombiano suspendido por 15 años por negarse a casar a pareja del mismo sexo
Fue condenado ‘por desatender sus deberes y vulnerar el derecho de acceso a la justicia’
La Comisión Nacional de Disciplina Judicial en su sesión del 10 de abril de 2024, ha confirmado una sanción ejemplar contra el Juez Décimo Civil Municipal de Cartagena, Ramiro Flórez Torres, quien se negó a casar a una pareja del mismo sexo, vulnerando así su derecho al acceso a la justicia. Este caso, que tuvo lugar en agosto de 2020, ha generado gran controversia debido a la firme postura del juez, quien priorizó sus creencias religiosas por encima de las leyes que respaldan estas uniones civiles.
Al recibir la solicitud de la pareja, Flórez Torres expresó abiertamente su desacuerdo, argumentando que el matrimonio entre personas del mismo sexo contradecía sus principios morales cristianos.
“Ello contraría mi moral cristiana, va en contra de mis principios esenciales, y cuando exista conflicto entre lo que dice la ley humana y lo que dice la ley de Dios, yo prefiero la ley de Dios, porque prefiero agradar primero a mi Señor Dios todopoderoso, antes que al ser humano”, dijo el juez Flórez Torres en su momento.
Esta negativa inicial no disuadió a la pareja, quienes recurrieron a otras instancias y finalmente lograron celebrar su matrimonio en 2021.
El caso ante la justicia disciplinaria:
Por su parte, la Comisión Seccional Disciplinaria de Bolívar profirió pliego de cargos contra el Juez el 27 de marzo de 2023 por desatender el deber consagrado en el numeral 10 del artículo 153 de la Ley 270 de 1996, en concordancia con el artículo 230 de la Constitución, que le imponía aplicar los precedentes de la Corte Constitucional en materia de matrimonio igualitario, incurriendo en falta grave a título de dolo.
Las palabras del juez, que afirmó que su actitud no era discriminación sino una comprensión de las normas divinas, evidencian un conflicto entre la fe personal y el deber público. Sin embargo, las autoridades disciplinarias han sido claras en su dictamen: Flórez Torres enfrenta una inhabilitación de 15 años para ejercer cargos públicos debido a su falta grave de cumplimiento de deberes, según lo estipulado por la Ley 270 de 1996 y la Constitución.
Este caso no solo pone en relieve la importancia de separar las convicciones personales de la labor pública, sino que también resalta la necesidad de respetar y proteger los derechos de la comunidad LGBTIQ+. La resolución de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial es un paso significativo hacia la garantía de una ciudadanía plena para todas las personas en Colombia, independientemente de su orientación sexual o identidad de género. Es crucial que este tipo de decisiones no solo sancionen la conducta individual, sino que también sirvan como recordatorio de los valores de igualdad y no discriminación que deben prevalecer en una sociedad justa y equitativa.
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27 personas LGBTQ fueron asesinadas en Ecuador en 2023
Asociación Silueta X presenta el informe
POR VICTOR H. CARREÑO — La violencia criminal en Ecuador impactó por segundo año consecutivo en el número de asesinatos a personas LGBTIQ+. Según el informe Runa Sipiy, que anualmente presenta la Asociación Silueta X, por lo menos 27 personas de las diversidades sexogenéricas fueron asesinadas en 2023.
El año pasado fue el más violento en la historia de Ecuador con una tasa de más de 40 muertes por cada 100.000 habitantes, según la Policía. Este contexto incidió también en que 2023 sea el año con más casos de asesinatos y transfemicidios en el país desde 2010, de acuerdo a las cifras del informe.
Desde 2022 el número de crímenes contra personas LGBTIQ+ se ha incrementado. Ese año se reportaron 25 casos en un contexto de consolidación de las bandas narcodelictivas en Ecuador. En 2010, año que Silueta X inició con la recolección de muertes violentas, se reportaron ocho.
De los 27 asesinatos reportados en 2023, 23 están relacionados con delincuencia organizada y sicariato. Sin embargo, el mismo reporte aclara que el número real de asesinatos puede ser mayor por el subregistro de casos, pues no todos son denunciados.
David Gonzabay, coordinador de Silueta X en Guayaquil, señala que los casos de sicariatos deben ser investigados porque las víctimas no necesariamente estuvieron relacionadas con las bandas narcodelictivas.
“Muchas personas (víctimas de asesinatos) pertenecían a estratos vulnerables y eran un punto de atención para estas bandas criminales. Estos asesinatos se pudieron dar porque se rehusaron a pertenecer a estos grupos”, explica Gonzabay.
Desde 2022, organizaciones han denunciado que las mujeres trans que se dedican al trabajo sexual son víctimas de extorsiones y amenazas de las bandas narcodelictivas. Ese año, la activista Jéssica Martínez fue asesinada en Ambato después de denunciar amenazas por negarse a pagar las denominadas “vacunas”.
Este colectivo es el más vulnerable ante la escalada de violencia en Ecuador. De los 27 asesinatos reportados por el informe Runa Sipiy, 18 corresponden a mujeres trans.
El informe detalla que las cifras de asesinatos relacionadas con el crimen organizado exponen “la complejidad y gravedad de la violencia contra las personas LGBT+ y transgénero en Ecuador”.
“Estos hallazgos resaltan la necesidad de abordar no solo las consecuencias directas de estos actos violentos, sino también las estructuras sociales y criminales que perpetúan esta violencia”, señala el reporte.
El informe también menciona la crisis carcelaria y que las personas LGBTIQ+ privadas de libertad son vulnerables. Desde la declaratoria del conflicto armado interno, organizaciones han denunciado casos de mujeres trans que han sido víctimas de presuntas torturas durante las intervenciones militares.
Silueta X solicitó al Ministerio de la Mujer “pruebas contundentes” de que las mujeres trans no están siendo vejadas, pero hasta el cierre del informe no recibió respuesta.
Pedidos al Estado
Desde Silueta X y organizaciones aliadas, solicitan a la Fiscalía mayor celeridad en la investigación de delitos de odio contra personas de las diversidades sexogenéricas, pues la mayoría quedan en la impunidad.
Además, propone el fortalecimiento del Ministerio de la Mujer. Gonzabay explica que el incremento de asesinatos se ha dado en un contexto de debilitamiento del Estado y la escasa inversión en políticas públicas.
En lo que va de 2024, la Asociación Silueta X reporta 10 asesinatos contra personas LGBTIQ+. De ellos, 8 son transfemicidios.
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Congreso de Colombia avanza proyecto de ley que prohíbe ‘terapias de conversión’
Cámara de Representantes respaldó el propósito con 97 votos a favor
El Congreso de Colombia ha dado un paso significativo hacia la protección de los derechos humanos y la dignidad de las personas LGBTQ, al aprobar en segundo debate el proyecto de Ley 272, conocido como “Ley Inconvertibles”. Esta ley tiene como objetivo prohibir las mal llamadas terapias de conversión, que han sido denunciadas como una forma de tortura hacia individuos LGBTQ.
En la sesión celebrada el 20 de marzo, el pleno de la Cámara de Representantes respaldó este proyecto con 97 votos a favor y 18 en contra. Esta medida llega en un momento crucial, en el que se reconoce la grave violación de los derechos humanos que representan las mal llamadas terapias de conversión.
Durante años, miles de personas tanto en Colombia como en todo el mundo han sido sometidas a estas prácticas, que buscan cambiar su orientación sexual o identidad de género mediante métodos coercitivos y dañinos. Estas acciones, justificadas bajo la falaz premisa de “corregir” una supuesta enfermedad, han resultado en actos crueles y deshumanizantes.
La aprobación de este proyecto en la Cámara de Representantes es un avance crucial en la lucha contra estas prácticas abusivas. Sin embargo, el proceso legislativo aún no ha concluido, ya que el proyecto debe pasar por un tercer debate en el Senado colombiano, dentro de un total de cuatro debates requeridos.
En respuesta a esta importante noticia, activistas han llevado a cabo una movilización en redes sociales bajo los lemas #NadaQueCurar y #NoEsTerapiaEsTortura, destacando la necesidad de poner fin a estas prácticas que constituyen una violación flagrante de los derechos humanos.
El proyecto pasa ahora al Senado de la República y se espera su aprobación a finales de 2024.
Washington Improv Theatre hosts ‘The Queeries’
Drag Underground returns
White House Correspondents’ Dinner set for Saturday
Calendar: April 26-May 2
‘Housekeeping for Beginners’ embraces true meaning of family
State Department releases annual human rights report
Joe Vogel campaign holds ‘Big Gay Canvass Kickoff’
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