Noticias en Español
El coronavirus es una amenaza letal en Venezuela
Personas VIH+ son más vulnerables que nunca
CARACAS, Venezuela — El coronavirus golpea con fuerza a Venezuela en medio de una emergencia humanitaria y política que se extiende hace años en un país donde la mayoría de las personas y principalmente la población LGBTQ es vulnerable.
“Nuestra situación de por sí es complicada, nos encuentra con un sistema de salud en malas condiciones, con una migración de médicos algo escandalosa, los hospitales están en muy malas condiciones, los médicos y las enfermeras se quejan constantemente de que no hay insumos”, alertó al Washington Blade, Quiteira Franco, coordinadora general de Unión Afirmativa de Venezuela, una institución LGBTQ de ese país latinoamericano.
“El sistema de salud está totalmente desmantelado”, afirmó también al Blade, Tamara Adrián, una diputada trans de la Asamblea Nacional de Venezuela.
La congresista contó al Blade que “no hay medicamentos para enfermedades crónicas hace años en Venezuela proveídos por el Estado”.
A través de una llamada telefónica advirtió que “el vicepresidente de la dictadura afirmó que existían alrededor de 34.000 camas disponibles en Venezuela para la epidemia, cuando en realidad solamente existen alrededor de 85 camas de terapia intensiva con acceso permanente de oxígeno que se requiere para atender lo casos de coronavirus. Eso nos pone en una situación de altísima vulnerabilidad”.
“En estos días la dictadura también se ha encargado de poner presos a médicos y enfermeras que denunciaban la ausencia de instrumentos de bioseguridad como mascarillas, guantes y otros instrumentos en la mayoría de los hospitales de Venezuela, la respuesta de la dictadura ha sido que se los ha llevado presos y los ha llevado ante tribunales con cargos de traición a la patria”, dijo Adrián.
En Venezuela la mayoría de la población trabaja en el sector informal de la economía y frente a la cuarentena para evitar el contagio del coronavirus sus opciones de ingreso disminuyen.
“Aquí día a día se las ingenian para ganar dinero para el otro día, esto afecta al menos al 60 por ciento de la población, y eso nos preocupa mucho desde el punto de vista de que puede suceder con ellos en cinco, 10, 15 o 20 días cuando falten los productos y eventualmente el dinero que tenían se les agote. Esto es altamente preocupante porque estamos en un estado de vulnerabilidad”, lamentó la congresista.
“No están las condiciones de afrontar el coronavirus. La situación en el país es grave, muy grave. La población está pasando hambre”, subrayó Franco.
Similar preocupación comparte Giovanni Piermattei, presidente de Venezuela Igualitaria, otra institución de defensa LGBTQ.
“Venezuela como ningún país del mundo está preparada para una pandemia de estas magnitudes. Vemos cómo países llamados del primer mundo cómo Italia y España están a la cabeza en muertes y en toma de decisiones desafortunadas”, explicó Piermattei.
“El temor es el inevitable número de muertes que superaría de seguro a cualquier país de Europa y que se masifique la enfermedad a dimensiones devastadoras”, remató.
LGBTQ están vulnerables
En Venezuela las personas LGBTQ carecen de legislación y políticas públicas en todo ámbito.
“El coronavirus no discrimina y cualquiera puede contagiarse, sin embargo hay realidades que suman niveles adicionales de dificultad. La sociedad venezolana en su mayoría es altamente homofóbica, muchas personas LGBTQ+ al ser visibles hemos sido expulsadas de nuestros hogares. Tristemente es algo que sigue ocurriendo en el país y ante la pandemia del COVID-19 permanecer en casa es la única forma de garantizar que no se propague o se adquiera la enfermedad”, señaló al Blade Daniel Arzola, un “artivista” LGBTQ venezolano.
Por otro lado, Adrián denunció al Blade que “la población LGBTI en Venezuela escasea de todo derecho a diferencia de lo que sucede en la mayoría de los países de la región, hoy cuando vemos que México, Costa Rica, Colombia, Ecuador, Brasil, Uruguay, Argentina, Bolivia, Chile, entre otros, han de alguna manera han acogido, con diferencias sin embargo, el tema de los derechos iguales; en Venezuela no existe ningún tipo de reconocimiento de derechos para la población LGBTI”.
“Un estudio que realicé y publiqué en diciembre del año pasado es la encuesta comparativa con 300 personas LGBTI viviendo en Venezuela y 300 personas LGBTI viviendo en el extranjero. 10 por ciento de ellos son personas trans en cada uno de los dos grupos, 60 por ciento de gais, alrededor de un 35 por ciento de lesbianas y saldo se trata de personas bisexuales”, reveló.
La encuesta arrojó que los niveles de discriminación y violencia hacia las personas queer que viven en Venezuela, en promedio alcanzan un 75 por ciento. Siendo las personas trans las más afectadas.
La diputada detalló que “en el tema de salud, la mayoría no tiene un seguro de salud, en promedio cerca del 65 al 70 por ciento carece de un seguro. Esto llega a un 100 por ciento en el caso de las personas trans y baja en el caso de los hombres gais al 48 por ciento, la cifra es elevadísima y alarmante ya que no tendrían en el caso de ser contagiados por el coronavirus acceso o cobertura en la desastrosa situación que hay en el sistema de salud en el país”.
Piermanetti explicó que “particularmente la población LGBTI vive una exclusión social histórica que no se compara con otros grupos, ya que sufrimos el rechazo y la discriminación en primera instancia en el seno de nuestros propios hogares”.
“La desigualdad y la discriminación no permiten que figuremos en políticas públicas con perspectiva de género y de diversidad sexual. Los prejuicios son un obstáculo en ese contexto”, añadió el activista.
“El peso de este estigma reposa en una vida cargada de culpa, miedo y vergüenza a ser y a existir en libertad plena”, concluyó Piermanetti.
También están en situación de vulnerabilidad, los niños, niñas y adolescentes LGBTQ. La mayoría de ellos “está acompañado de ese adulto mayor que es la abuela o el abuelo, con el cual viven y que dependen de las transferencias bancarias que eventualmente envían sus padres que están trabajando en el extranjero”, dijo Adrián.
“Probablemente con estas circunstancias esos padres no puedan seguir enviando a Venezuela recursos económicos porque la mayoría de los países se están paralizando y esos abuelos se encuentran dentro de los grupos de riesgo”, remató.
VIH+ sin tratamiento
El Blade ha reportado en distintas oportunidades que las personas VIH+ que viven en Venezuela están muriendo al no tener acceso a tratamiento de antiretroviral.
La crisis económica y política en Venezuela ha provocado a muchas personas VIH+ de salir del país. AIDS Healthcare Foundation el año pasado abrió una clínica en Cúcuta, una ciudad colombiana cerca de la frontera venezolana, para servir a personas VIH+.
“Hace año no tenemos tratamiento de antiretroviral y se han atendido algunos casos individuales a través de ONG internacionales, pero el Estado venezolano no cumple con su función de distribuir sus antiretroviral y cuando lo hace, lo hace con antiretroviral provenientes de dudosa”, señaló Adrián al Blade.
Mientras que Arzola recalcó que “existe un gran desabastecimiento de medicamentos en Venezuela”.
“Según la ONG Acción Solidaria más de 79.000 personas dejaron de recibir antirretrovirales por lo que las muertes asociadas al SIDA han sido de casi 5.000 personas por año, por tanto miles de personas que viven con VIH están bajo niveles adicionales de estrés y depresión por miedo a lo que el COVID-19 pueda causarles ya que es sabido que los pacientes crónicos son población en riesgo” advirtió preocupado Arzola desde Minnesota, Estados Unidos.
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Juez colombiano suspendido por 15 años por negarse a casar a pareja del mismo sexo
Fue condenado ‘por desatender sus deberes y vulnerar el derecho de acceso a la justicia’
La Comisión Nacional de Disciplina Judicial en su sesión del 10 de abril de 2024, ha confirmado una sanción ejemplar contra el Juez Décimo Civil Municipal de Cartagena, Ramiro Flórez Torres, quien se negó a casar a una pareja del mismo sexo, vulnerando así su derecho al acceso a la justicia. Este caso, que tuvo lugar en agosto de 2020, ha generado gran controversia debido a la firme postura del juez, quien priorizó sus creencias religiosas por encima de las leyes que respaldan estas uniones civiles.
Al recibir la solicitud de la pareja, Flórez Torres expresó abiertamente su desacuerdo, argumentando que el matrimonio entre personas del mismo sexo contradecía sus principios morales cristianos.
“Ello contraría mi moral cristiana, va en contra de mis principios esenciales, y cuando exista conflicto entre lo que dice la ley humana y lo que dice la ley de Dios, yo prefiero la ley de Dios, porque prefiero agradar primero a mi Señor Dios todopoderoso, antes que al ser humano”, dijo el juez Flórez Torres en su momento.
Esta negativa inicial no disuadió a la pareja, quienes recurrieron a otras instancias y finalmente lograron celebrar su matrimonio en 2021.
El caso ante la justicia disciplinaria:
Por su parte, la Comisión Seccional Disciplinaria de Bolívar profirió pliego de cargos contra el Juez el 27 de marzo de 2023 por desatender el deber consagrado en el numeral 10 del artículo 153 de la Ley 270 de 1996, en concordancia con el artículo 230 de la Constitución, que le imponía aplicar los precedentes de la Corte Constitucional en materia de matrimonio igualitario, incurriendo en falta grave a título de dolo.
Las palabras del juez, que afirmó que su actitud no era discriminación sino una comprensión de las normas divinas, evidencian un conflicto entre la fe personal y el deber público. Sin embargo, las autoridades disciplinarias han sido claras en su dictamen: Flórez Torres enfrenta una inhabilitación de 15 años para ejercer cargos públicos debido a su falta grave de cumplimiento de deberes, según lo estipulado por la Ley 270 de 1996 y la Constitución.
Este caso no solo pone en relieve la importancia de separar las convicciones personales de la labor pública, sino que también resalta la necesidad de respetar y proteger los derechos de la comunidad LGBTIQ+. La resolución de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial es un paso significativo hacia la garantía de una ciudadanía plena para todas las personas en Colombia, independientemente de su orientación sexual o identidad de género. Es crucial que este tipo de decisiones no solo sancionen la conducta individual, sino que también sirvan como recordatorio de los valores de igualdad y no discriminación que deben prevalecer en una sociedad justa y equitativa.
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27 personas LGBTQ fueron asesinadas en Ecuador en 2023
Asociación Silueta X presenta el informe
POR VICTOR H. CARREÑO — La violencia criminal en Ecuador impactó por segundo año consecutivo en el número de asesinatos a personas LGBTIQ+. Según el informe Runa Sipiy, que anualmente presenta la Asociación Silueta X, por lo menos 27 personas de las diversidades sexogenéricas fueron asesinadas en 2023.
El año pasado fue el más violento en la historia de Ecuador con una tasa de más de 40 muertes por cada 100.000 habitantes, según la Policía. Este contexto incidió también en que 2023 sea el año con más casos de asesinatos y transfemicidios en el país desde 2010, de acuerdo a las cifras del informe.
Desde 2022 el número de crímenes contra personas LGBTIQ+ se ha incrementado. Ese año se reportaron 25 casos en un contexto de consolidación de las bandas narcodelictivas en Ecuador. En 2010, año que Silueta X inició con la recolección de muertes violentas, se reportaron ocho.
De los 27 asesinatos reportados en 2023, 23 están relacionados con delincuencia organizada y sicariato. Sin embargo, el mismo reporte aclara que el número real de asesinatos puede ser mayor por el subregistro de casos, pues no todos son denunciados.
David Gonzabay, coordinador de Silueta X en Guayaquil, señala que los casos de sicariatos deben ser investigados porque las víctimas no necesariamente estuvieron relacionadas con las bandas narcodelictivas.
“Muchas personas (víctimas de asesinatos) pertenecían a estratos vulnerables y eran un punto de atención para estas bandas criminales. Estos asesinatos se pudieron dar porque se rehusaron a pertenecer a estos grupos”, explica Gonzabay.
Desde 2022, organizaciones han denunciado que las mujeres trans que se dedican al trabajo sexual son víctimas de extorsiones y amenazas de las bandas narcodelictivas. Ese año, la activista Jéssica Martínez fue asesinada en Ambato después de denunciar amenazas por negarse a pagar las denominadas “vacunas”.
Este colectivo es el más vulnerable ante la escalada de violencia en Ecuador. De los 27 asesinatos reportados por el informe Runa Sipiy, 18 corresponden a mujeres trans.
El informe detalla que las cifras de asesinatos relacionadas con el crimen organizado exponen “la complejidad y gravedad de la violencia contra las personas LGBT+ y transgénero en Ecuador”.
“Estos hallazgos resaltan la necesidad de abordar no solo las consecuencias directas de estos actos violentos, sino también las estructuras sociales y criminales que perpetúan esta violencia”, señala el reporte.
El informe también menciona la crisis carcelaria y que las personas LGBTIQ+ privadas de libertad son vulnerables. Desde la declaratoria del conflicto armado interno, organizaciones han denunciado casos de mujeres trans que han sido víctimas de presuntas torturas durante las intervenciones militares.
Silueta X solicitó al Ministerio de la Mujer “pruebas contundentes” de que las mujeres trans no están siendo vejadas, pero hasta el cierre del informe no recibió respuesta.
Pedidos al Estado
Desde Silueta X y organizaciones aliadas, solicitan a la Fiscalía mayor celeridad en la investigación de delitos de odio contra personas de las diversidades sexogenéricas, pues la mayoría quedan en la impunidad.
Además, propone el fortalecimiento del Ministerio de la Mujer. Gonzabay explica que el incremento de asesinatos se ha dado en un contexto de debilitamiento del Estado y la escasa inversión en políticas públicas.
En lo que va de 2024, la Asociación Silueta X reporta 10 asesinatos contra personas LGBTIQ+. De ellos, 8 son transfemicidios.
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Congreso de Colombia avanza proyecto de ley que prohíbe ‘terapias de conversión’
Cámara de Representantes respaldó el propósito con 97 votos a favor
El Congreso de Colombia ha dado un paso significativo hacia la protección de los derechos humanos y la dignidad de las personas LGBTQ, al aprobar en segundo debate el proyecto de Ley 272, conocido como “Ley Inconvertibles”. Esta ley tiene como objetivo prohibir las mal llamadas terapias de conversión, que han sido denunciadas como una forma de tortura hacia individuos LGBTQ.
En la sesión celebrada el 20 de marzo, el pleno de la Cámara de Representantes respaldó este proyecto con 97 votos a favor y 18 en contra. Esta medida llega en un momento crucial, en el que se reconoce la grave violación de los derechos humanos que representan las mal llamadas terapias de conversión.
Durante años, miles de personas tanto en Colombia como en todo el mundo han sido sometidas a estas prácticas, que buscan cambiar su orientación sexual o identidad de género mediante métodos coercitivos y dañinos. Estas acciones, justificadas bajo la falaz premisa de “corregir” una supuesta enfermedad, han resultado en actos crueles y deshumanizantes.
La aprobación de este proyecto en la Cámara de Representantes es un avance crucial en la lucha contra estas prácticas abusivas. Sin embargo, el proceso legislativo aún no ha concluido, ya que el proyecto debe pasar por un tercer debate en el Senado colombiano, dentro de un total de cuatro debates requeridos.
En respuesta a esta importante noticia, activistas han llevado a cabo una movilización en redes sociales bajo los lemas #NadaQueCurar y #NoEsTerapiaEsTortura, destacando la necesidad de poner fin a estas prácticas que constituyen una violación flagrante de los derechos humanos.
El proyecto pasa ahora al Senado de la República y se espera su aprobación a finales de 2024.
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