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El coronavirus tiene gran impacto en la comunidad LGBTQ salvadoreña

Una cuarentena domiciliar entró en vigor el 21 de marzo

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Una cuarentena domiciliar en El Salvador entró en vigor el 21 de marzo (Foto cortesía de la Presidencia de la República de El Salvador)

SAN SALVADOR, El Salvador — Desde el 31 de diciembre se ha tenido conocimiento del coronavius, qu comenzó en la ciudad de Wuhan, China. A raíz del crecimiento de dicha pandemia en El Salvador se comenzó las restricciones con la prohibición el ingreso de personas provenientes de China, luego la medida pasó con personas provenientes de Corea del Sur e Italia, de igual manera pasó con las personas provenientes de Irán, Alemania, Francia y España; para el 11 de marzo pese a no contar con ningún caso de coronavirus para esa fecha, el Gobierno a través de un decreto Ejecutivo dictó cuarentena a nivel nacional, agregó que todas las actividades económicas seguían igual, es decir que todos seguirían trabajando igual.

Por el lado de los estudiantes, se suspendieron todas las actividades educativas durante 21 días; esas medidas entre otras que dictaba el decreto ejecutivo No. 4 fueron tomados para bien por unos y para mal por otros; el 14 de marzo la Asamblea Legislativo aprobó dos decretos que de alguna manera ayudarían a sobre llevar esta emergencia que se estaba comenzando a vivir en el país, también la Ley de restricción temporal de Derechos Constitucionales, mientras dure la pandemia.

Entre los derechos constitucionales que quedaban restringidos estaban: Libertad de tránsito, reunirse pacíficamente sin armas y se harían detenciones administrativas por desobedecer a las autoridades. Para el 17 de marzo se estaba cerrando toda operación en el Aeropuerto Internacional de El Salvador, al igual que el servicio en mesas de todos los restaurantes, cafeterías, comedores, pupuserías y similares, únicamente funcionarían en modalidad “para llevar” y a domicilio, y pese a esto insistían en que si no era necesario no se saliera de sus casas y los lugares nocturnos comenzaron a cerrar.

El 18 de marzo se dio a conocer el primer caso de coronavirus en el territorio salvadoreño y junto a ello, una serie de medidas de suspensión temporal de ciertos pagos a personas que se vean afectadas en sus trabajos por la emergencia; pasadas las 8 p.m. del 21 de marzo del presente el presidente decretó cuarentena domiciliar a nivel nacional, en vista de la irresponsabilidad que estaban viendo en personas que en lugar de estar en sus casas salieron de paseo a centros turísticos; quien no acate las indicaciones de estar en casa será llevado a un centro contención en donde tendrá que pasar la cuarentena.

Esto generó incertidumbre y descontento en organizaciones LGBTQ, pues el tener a Policía Nacional Civil y Fuerzas Armadas en las calles, a cargo de velar por el cumplimiento de la cuarenta, se pueden incrementar las violaciones de Derechos Humanos con el afán de “hacer cumplir la ley”.

“Como COMCAVIS TRANS, hasta el momento no hemos registrado casos de violencia a personas LGBTI; sin embrago se ha podido documentar 16 casos de mujeres trans y cuatro hombres gay que han denunciado discriminación y estigmatización al momento de presentar su documento de identidad en los diferentes retenes o agentes en la vía pública que les han solicitado sus documentos de identidad”, comenta al Washington Blade, Bianca Rodríguez, directora ejecutiva de la organización, además afirma que las personas denunciantes externan que esta situación se da mayormente por agentes de la Fuerza Armada.

Empresarios LGBTQ ante la cuarentena nacional

Las empresas a nivel nacional en El Salvador han sufrido muchos cambios en su funcionamiento a partir de la cuarentena decretada por el presidente Bukele, algunas como los call center y maquilas de textiles únicamente están laborando con el 20 por ciento de su personal en las instalaciones, las empresas que tienen las posibilidades han destacado el trabajo desde casa de sus empleados; pero hay otras como los negocios LGBTQ que se verán muy afectados por estos días sin trabajar.

“Fuimos de los primeros grupos afectados, ya que al cerrar definitivamente nuestros negocios fueron cortados nuestros ingresos, lo que a su vez género que no pudiéramos pagar nómina, local, gastos fijos, ya que al ser pequeños empresarios dependemos del flujo constante de efectivo y ventas”, comenta al Blade, Gustavo Reyes, propietario del Club Baby.

Reyes agrega que “por el momento han sido mencionadas algunas medidas, sin embargo, no es claro el cómo aplicar a ellas, no hay claridad en el tema como pagos de locales por ejemplo y gastos fijos”.

Agustín Linares, propietario de la Diska Scape, comenta al Blade, “desde el 14 de marzo no hemos podido operar, por lo que nos hemos visto afectados por los compromisos financieros que la empresa tiene, así como compromisos laborales con nuestros empleados”, mostrando su preocupación ante la situación, “Sin embargo, sabemos la necesidad de acatar las medidas por el presidente de la República, las respetamos y estamos cumpliendo con el decreto de no abrir discoteca Scape”, agregó Linares.

La incertidumbre y los constantes cambios de la situación, no permiten a los empresarios LGBTQ a tener un plan estratégico para solventar sus realidades luego de la emergencia nacional, “Aún no tenemos un plan definido, como esto ha ido cambiando día a día, no podemos determinar cuándo terminará o cuánto tiempo tendremos que esperar con los negocios cerrados”, menciona al Blade, Reyes.

“Con las medidas que se han dado a beneficio de los negocios de no pagar alquiler durante tres meses, si nos hemos visto beneficiados porque es una descarga grande de compromiso de pago; la empresa donde alquilamos el local ha tomado a bien las instrucciones de esperarnos esos tres meses a los que alquilamos en su centro comercial”, comenta al Blade Linares, pero esto no quiere decir que no le preocupa lo que a futuro esto implica, “aunque abramos el negocio, sabemos el déficit financiero que tendremos todos los ciudadanos y el presupuesto para “salir a distraerte” será limitado o cero”, agrega.

Las mujeres trans que ejercen el trabajo sexual también se ven afectadas con esta situación, en declaraciones al Blade la directora ejecutiva de COMCAVIS TRANS, aseguraba que se ha registrado y documentado casos sobre mujeres trans que han sido desalojadas en la zona central de San Salvador, “el propietario de los locales, las están desalojado, lo cual les genera temor de ser capturadas; ante esto se están haciendo gestiones necesarias para la interposición de la denuncia”, aseguró Rodríguez.

Esta emergencia tomo a todos por sorpresa y al no tener medidas claras de apoyo por parte del Gobierno, por su parte, algunos empresarios tendrán que tomar decisiones drásticas, “la única opción en caso de no poder negociar o asumir costos de todos estos días sin ingresos, será cerrando definitivamente”, agrega Reyes en sus declaraciones.

En la ayuda que ha hecho más énfasis el Gobierno es la que se les otorgará a algunas familias, “Las viviendas que consumen menos de 250 kilowatt (en energía eléctrica), van a recibir una transferencia de $300 dólares por parte del Gobierno. Esto representa a más de un millón y medio de familias. Si en el hogar hay un salario, esos hogares no van a recibir ese dinero”, dijo en conferencia de prensa el presidente Bukele.  

La salud de personas LGBTQ ante el coronavirus

Organizaciones LGBTQ en El Salvador han publicado en sus redes sociales información directa para personas viviendo con VIH, invitándoles a mantenerse informadas sobre el virus y sobre todo haciendo un llamado a las personas que tienen problemas cardiacos o pulmonares, ya que podrían tener un mayor riesgo de infectarse y sufrir mayores síntomas.

La Asociación Entre Amigos en una de sus publicaciones, invitaba a las personas LGBTQ viviendo con VIH a estar preparadas, “deberá tener suficientes suministros médicos necesarios a la mano, idealmente para 30 días o más si es posible”; al mismo tiempo a saber cómo comunicarse con su clínica a través del teléfono por cualquier asesoría y pusieron a disposición uno de sus teléfonos para cualquier emergencia. 

Por su parte COMCAVIS TRANS, brinda atención legal y psicológica a las personas con VIH que han sufrido violaciones a sus derechos humanos, “en casos de emergencia o situaciones de vulnerabilidad a las personas LGBTI o viviendo con VIH se le brindara asistencia económica según sea el caso”, comenta al Blade Rodríguez.

El ministerio de salud por su parte, a través de un memorándum emitido el 16 de marzo del presente, expresaba indicaciones de la atención que se dará a las personas viviendo con VIH desde las consultas hasta los controles que estas mismas requieran, “entre las medidas se resaltan la distribución de la Terapia Antirretroviral y las condiciones en las cuales deben presentarse, así mismo a los diferentes hospitales del país se les dio a conocer estas medidas, las citas se han designado cada cuatro meses”, agrega al Blade, Rodríguez.

Pero no solo a las personas viviendo con VIH hay que ponerles control, recientemente la activista independiente LGBTQ, Ambar Alfaro, expuso en sus redes sociales el caso de Nikol Osorio, una mujer trans de muy escasos recursos, que ejerce el trabajo sexual, ella necesita una operación muy delicada por problemas en un riñón y solo cuenta con un poco de apoyo de la mamá que trabaja en el mercado, por lo que ante la crisis que se vive no están recibiendo suficientes ingresos.

“Nikol ya pasa de los 50 años, ya supera las expectativas de vida en El Salvador para las personas trans, el sustento más fijo es el negocio de la mamá y con el tema del COVID19 esto se ha detenido, pues la mamá de igual forma tiene que cuidar de su hija para la movilidad y hacerle sus alimentos”, comentó en sus redes Alfaro.

Aunque esté en tratamiento, Osorio necesita la operación; las citas están paradas por la emergencia y ella necesita hacerse una serie de exámenes en laboratorios privados. Este tipo de casos no son conocidos por el Gobierno y no han sido contemplados como solventar en esta emergencia. Se ha logrado recaudar un pequeño fondo para Osorio, pero este no solventará al 100 por ciento todas sus necesidades.

Con el tema de la emergencia nacional que se vive, casos como el de Osorio corren mucho más riesgo y deben tener las condiciones necesarias para no sumarse al índice de personas afectadas por el mismo. Pese a las críticas de alarmistas y posibles daños al comercio del país y al turismo, el Gobierno seguirá con su plan y modificando las medidas de acuerdo al progreso que la emergencia vaya teniendo en el territorio salvadoreño; al cierre de esta nota el pequeño país de Centroamérica, registraba 13 casos positivos con coronavirus.

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Juez colombiano suspendido por 15 años por negarse a casar a pareja del mismo sexo

Fue condenado ‘por desatender sus deberes y vulnerar el derecho de acceso a la justicia’

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(Foto de Bigstock)

OrgulloLGBT.co es el socio mediático del Washington Blade en Colombia. Esta nota salió en su sitio web.

La Comisión Nacional de Disciplina Judicial en su sesión del 10 de abril de 2024, ha confirmado una sanción ejemplar contra el Juez Décimo Civil Municipal de Cartagena, Ramiro Flórez Torres, quien se negó a casar a una pareja del mismo sexo, vulnerando así su derecho al acceso a la justicia. Este caso, que tuvo lugar en agosto de 2020, ha generado gran controversia debido a la firme postura del juez, quien priorizó sus creencias religiosas por encima de las leyes que respaldan estas uniones civiles.

Al recibir la solicitud de la pareja, Flórez Torres expresó abiertamente su desacuerdo, argumentando que el matrimonio entre personas del mismo sexo contradecía sus principios morales cristianos. 

“Ello contraría mi moral cristiana, va en contra de mis principios esenciales, y cuando exista conflicto entre lo que dice la ley humana y lo que dice la ley de Dios, yo prefiero la ley de Dios, porque prefiero agradar primero a mi Señor Dios todopoderoso, antes que al ser humano”, dijo el juez Flórez Torres en su momento.

Esta negativa inicial no disuadió a la pareja, quienes recurrieron a otras instancias y finalmente lograron celebrar su matrimonio en 2021.

El caso ante la justicia disciplinaria:

Por su parte, la Comisión Seccional Disciplinaria de Bolívar profirió pliego de cargos contra el Juez el 27 de marzo de 2023 por desatender el deber consagrado en el numeral 10 del artículo 153 de la Ley 270 de 1996, en concordancia con el artículo 230 de la Constitución, que le imponía aplicar los precedentes de la Corte Constitucional en materia de matrimonio igualitario, incurriendo en falta grave a título de dolo.

Las palabras del juez, que afirmó que su actitud no era discriminación sino una comprensión de las normas divinas, evidencian un conflicto entre la fe personal y el deber público. Sin embargo, las autoridades disciplinarias han sido claras en su dictamen: Flórez Torres enfrenta una inhabilitación de 15 años para ejercer cargos públicos debido a su falta grave de cumplimiento de deberes, según lo estipulado por la Ley 270 de 1996 y la Constitución.

Este caso no solo pone en relieve la importancia de separar las convicciones personales de la labor pública, sino que también resalta la necesidad de respetar y proteger los derechos de la comunidad LGBTIQ+. La resolución de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial es un paso significativo hacia la garantía de una ciudadanía plena para todas las personas en Colombia, independientemente de su orientación sexual o identidad de género. Es crucial que este tipo de decisiones no solo sancionen la conducta individual, sino que también sirvan como recordatorio de los valores de igualdad y no discriminación que deben prevalecer en una sociedad justa y equitativa.

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27 personas LGBTQ fueron asesinadas en Ecuador en 2023

Asociación Silueta X presenta el informe

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(Foto de Edición Cientonce)

Edición Cientonce es el socio mediático del Washington Blade en Ecuador. Esta nota salió en su sitio web el 12 de marzo.

POR VICTOR H. CARREÑO — La violencia criminal en Ecuador impactó por segundo año consecutivo en el número de asesinatos a personas LGBTIQ+. Según el informe Runa Sipiy, que anualmente presenta la Asociación Silueta X, por lo menos 27 personas de las diversidades sexogenéricas fueron asesinadas en 2023.

El año pasado fue el más violento en la historia de Ecuador con una tasa de más de 40 muertes por cada 100.000 habitantes, según la Policía. Este contexto incidió también en que 2023 sea el año con más casos de asesinatos y transfemicidios en el país desde 2010, de acuerdo a las cifras del informe.

Desde 2022 el número de crímenes contra personas LGBTIQ+ se ha incrementado. Ese año se reportaron 25 casos en un contexto de consolidación de las bandas narcodelictivas en Ecuador. En 2010, año que Silueta X inició con la recolección de muertes violentas, se reportaron ocho. 

De los 27 asesinatos reportados en 2023, 23 están relacionados con delincuencia organizada y sicariato. Sin embargo, el mismo reporte aclara que el número real de asesinatos puede ser mayor por el subregistro de casos, pues no todos son denunciados.

(Fuente Informe Runa Sipiy)

David Gonzabay, coordinador de Silueta X en Guayaquil, señala que los casos de sicariatos deben ser investigados porque las víctimas no necesariamente estuvieron relacionadas con las bandas narcodelictivas.

“Muchas personas (víctimas de asesinatos) pertenecían a estratos vulnerables y eran un punto de atención para estas bandas criminales. Estos asesinatos se pudieron dar porque se rehusaron a pertenecer a estos grupos”, explica Gonzabay.

Desde 2022, organizaciones han denunciado que las mujeres trans que se dedican al trabajo sexual son víctimas de extorsiones y amenazas de las bandas narcodelictivas. Ese año, la activista Jéssica Martínez fue asesinada en Ambato después de denunciar amenazas por negarse a pagar las denominadas “vacunas”.

Este colectivo es el más vulnerable ante la escalada de violencia en Ecuador. De los 27 asesinatos reportados por el informe Runa Sipiy, 18 corresponden a mujeres trans.

El informe detalla que las cifras de asesinatos relacionadas con el crimen organizado exponen “la complejidad y gravedad de la violencia contra las personas LGBT+ y transgénero en Ecuador”.

“Estos hallazgos resaltan la necesidad de abordar no solo las consecuencias directas de estos actos violentos, sino también las estructuras sociales y criminales que perpetúan esta violencia”, señala el reporte.

El informe también menciona la crisis carcelaria y que las personas LGBTIQ+ privadas de libertad son vulnerables. Desde la declaratoria del conflicto armado interno, organizaciones han denunciado casos de mujeres trans que han sido víctimas de presuntas torturas durante las intervenciones militares.

Silueta X solicitó al Ministerio de la Mujer “pruebas contundentes” de que las mujeres trans no están siendo vejadas, pero hasta el cierre del informe no recibió respuesta.

Pedidos al Estado

Desde Silueta X y organizaciones aliadas, solicitan a la Fiscalía mayor celeridad en la investigación de delitos de odio contra personas de las diversidades sexogenéricas, pues la mayoría quedan en la impunidad.

Además, propone el fortalecimiento del Ministerio de la Mujer. Gonzabay explica que el incremento de asesinatos se ha dado en un contexto de debilitamiento del Estado y la escasa inversión en políticas públicas.

En lo que va de 2024, la Asociación Silueta X reporta 10 asesinatos contra personas LGBTIQ+. De ellos, 8 son transfemicidios. 

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Congreso de Colombia avanza proyecto de ley que prohíbe ‘terapias de conversión’

Cámara de Representantes respaldó el propósito con 97 votos a favor

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El Congreso de Colombia (Foto de Michael K. Lavers por el Washington Blade)

OrgulloLGBT.co es el socio mediático del Washington Blade en Colombia. Esta nota salió en su sitio web.

El Congreso de Colombia ha dado un paso significativo hacia la protección de los derechos humanos y la dignidad de las personas LGBTQ, al aprobar en segundo debate el proyecto de Ley 272, conocido como “Ley Inconvertibles”. Esta ley tiene como objetivo prohibir las mal llamadas terapias de conversión, que han sido denunciadas como una forma de tortura hacia individuos LGBTQ.

En la sesión celebrada el 20 de marzo, el pleno de la Cámara de Representantes respaldó este proyecto con 97 votos a favor y 18 en contra. Esta medida llega en un momento crucial, en el que se reconoce la grave violación de los derechos humanos que representan las mal llamadas terapias de conversión. 

Durante años, miles de personas tanto en Colombia como en todo el mundo han sido sometidas a estas prácticas, que buscan cambiar su orientación sexual o identidad de género mediante métodos coercitivos y dañinos. Estas acciones, justificadas bajo la falaz premisa de “corregir” una supuesta enfermedad, han resultado en actos crueles y deshumanizantes.

La aprobación de este proyecto en la Cámara de Representantes es un avance crucial en la lucha contra estas prácticas abusivas. Sin embargo, el proceso legislativo aún no ha concluido, ya que el proyecto debe pasar por un tercer debate en el Senado colombiano, dentro de un total de cuatro debates requeridos.

En respuesta a esta importante noticia, activistas han llevado a cabo una movilización en redes sociales bajo los lemas #NadaQueCurar y #NoEsTerapiaEsTortura, destacando la necesidad de poner fin a estas prácticas que constituyen una violación flagrante de los derechos humanos.

El proyecto pasa ahora al Senado de la República y se espera su aprobación a finales de 2024.

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