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Jancel Moreno, el pájaro ‘most wanted’ de Matanzas
La Seguridad del Estado ha apuntado al influencer matancero
MATANZAS, Cuba — Jancel Moreno, con sus pantalones cortos, los muslos al aire, su cara de niño que va a la escuela y se porta bien, es el pájaro más buscado por la policía de Matanzas, una ciudad empastillada de somníferos en el occidente de Cuba. Jancelito no es matancero, no está dormido. Es un influencer.
“Todo comenzó con mis transmisiones para ADN Cuba desde la ciudad, he pasado casi todo el año aquí”, explica. “Mi presencia fue algo nuevo para la Seguridad matancera”.
El periódico donde trabaja Jancel se edita en la Florida y ha centrado su producción en los audiovisuales. Él se levanta en Versalles, un barrio de Matanzas con un nombre muy camp, a la altura de Jancel, y prepara sus transmisiones en vivo. Revisa las redes sociales, lee noticias y toma apuntes para sus guiones. También lava, cocina, friega, porque vive con su marido, que trabaja fuera de la casa y es un tipo desgraciadamente matancero, según la policía de allí. Por culpa de Wilfredo, piensan los oficiales, Jancel salió con una mochila de Alamar, en La Habana, y la colgó en Matanzas hasta hoy.
“Mi marido es mi principal respaldo, cuando llega una citación o cualquier amenaza él está ahí”, dice Jancel. Este 14 de octubre, Wilfredo estuvo sentado en un banco fuera de la unidad de policía que queda en La Playa, un barrio al otro lado de la bahía. Llegaron en taxi desde Versalles. Jancel entró al edificio, “muy sucio, de arquitectura posrevolucionaria”, dice, y Wilfredo lo esperó por 7 horas.
Hace un mes, a mediados de septiembre, ya habían estado aquí. La Seguridad del Estado citó a Jancel para advertirle que si seguía transmitiendo desde Matanzas tendría que descolgar la mochila y pasar tres o cuatro años en la cárcel, no hay certeza de cuántos, años más, años menos, y le enseñaron las pruebas en su contra. Abrieron una carpeta con muchísimos posts que copiaron de su perfil de Facebook, en los que llama “Machi” al presidente Miguel Díaz-Canel, como si fuera su marido, en lugar de Wilfredo, o mejor, para que la escena sea creíble, su sugar daddy. Jancel tiene 21 años, Miguel tiene 60.
“El oficial que me cuidó durante las 7 horas detenido, realmente no sabía ni a quién estaba cuidando, me preguntaba que de qué yo vivía, como hacía para comer”, cuenta Jancel.
Jancel ha engordado en los últimos años. Sus seguidores lo notan, se lo dicen. El propio Jancel hace alguna selfie cada rato para que vean cuánto ha engordado y prometer que no parará en barril, que va a comer lechuga cuando la encuentre. Él come bien. El policía no comprende de dónde saca tantas calorías que, de seguro, no se merece y probablemente sean indebidas, malversadas y hasta subversivas. Engordaste sin autorización. Ese cuerpo no es el tuyo, explícate.
“Ahí le dije que tenía un canal de YouTube y cuando le mencioné eso abrió los ojos como quien veía en estos momentos cinco paquetes de pechuga juntos”, dice Jancel que le dijo, y que el oficial no entendía qué cosa es un canal de esos.
“Tuve entonces que contarle que hasta él mismo se puede abrir un canal y cuando llegue a los 1000 suscriptores y 4000 horas de reproducción podría cobrar por sus videos”.
El policía se molestó mucho. Estaba de civil, como acostumbran a vestirse los que trabajan para la Seguridad del Estado, con pulóver a rayas. Un tipo cincuentón y chiquito como Jancel. Más gordo que Jancel. “Un barrigón con cara de militar”, dice.
“Él no entendía que los contenidos de YouTube son libres, YouTube viene siendo para él algo como lo que les enseñan a ellos que es la NED”, se burla.
NED (Fondo Nacional para la Democracia por sus siglas en inglés) es, para los policías de pueblo, algo como una agencia de noticias o un sindicato de periodistas. A veces, si se ven obligados a pensar mucho qué es, creen que debe ser el castillo perverso de un cuento, que se ha llenado de pájaros últimamente, cuervos saca ojos criados por la Revolución, como este mismo Jancelito.
A la Seguridad del Estado no le gustan los pájaros. El 10 de octubre, unos días antes de que citaran a Jancel, un policía que dijo llamarse Darío, le gritó a Alfredo Martínez “¡De pinga la pájara esta!”. Lo soltó con despecho, porque Alfredo, uno de los veinte arrestados ese día cuando iban a un concierto convocado por un grupo de artistas independientes, no quiso oírle una charla incómoda y aburridísima, previsible, que Darío quería echarle por atrevido.
Este Darío debe ser uno de los principales oficiales a cargo de vigilar a la comunidad LGBTI+ y es, por lo que contó Alfredo, un capitán antipájaro. El 11 de mayo de 2019 estuvo flanqueando la marcha gay, lesbiana y trans que fue sofocada por la policía en el Prado de La Habana. En febrero de este año, cuando los activistas convocaron una protesta frente a la televisión cubana, Darío también asistió con su pelotón disuasorio. Se paró en la entrada del edificio a mirar a los pájaros y las tuercas que se acercaron a hacer una foto de grupo con unas banderitas del arcoíris. Ahí Darío estaba pensando que esos pájaros, incansables, qué manera de joder tienen.
El oficial que entrevista a Jancel debe pensar que no va a dejarse arrebatar este pájaro por esa organización estadounidense llamada YouTube. Entonces lo citó y le hizo compañía ese día, para que no se metiera en una reunión de influencers pagada por una universidad colombiana al servicio de esa misma entidad subversiva, YouTube. Hasta lo invitaron a almorzar “un arroz amarillo con pedacitos de jamón y dos malangas hervidas”, detalla Jancel, que miró el plato pero no quiso comer, “para que no se hicieran los buenos”.
Cuando lo soltaron, Jancel recogió a Wilfredo y se fueron a Versalles. Iba con su adicción a las calorías torturándolo. Tremenda hambre tenía como para ponerse a cocinar. “No me dejaron tiempo para hacer mucho en los fogones”, y dice también que recalentó un poco de arroz, un par de cucharones de frijoles y puso a freír cuatro croquetas.
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Juez colombiano suspendido por 15 años por negarse a casar a pareja del mismo sexo
Fue condenado ‘por desatender sus deberes y vulnerar el derecho de acceso a la justicia’
La Comisión Nacional de Disciplina Judicial en su sesión del 10 de abril de 2024, ha confirmado una sanción ejemplar contra el Juez Décimo Civil Municipal de Cartagena, Ramiro Flórez Torres, quien se negó a casar a una pareja del mismo sexo, vulnerando así su derecho al acceso a la justicia. Este caso, que tuvo lugar en agosto de 2020, ha generado gran controversia debido a la firme postura del juez, quien priorizó sus creencias religiosas por encima de las leyes que respaldan estas uniones civiles.
Al recibir la solicitud de la pareja, Flórez Torres expresó abiertamente su desacuerdo, argumentando que el matrimonio entre personas del mismo sexo contradecía sus principios morales cristianos.
“Ello contraría mi moral cristiana, va en contra de mis principios esenciales, y cuando exista conflicto entre lo que dice la ley humana y lo que dice la ley de Dios, yo prefiero la ley de Dios, porque prefiero agradar primero a mi Señor Dios todopoderoso, antes que al ser humano”, dijo el juez Flórez Torres en su momento.
Esta negativa inicial no disuadió a la pareja, quienes recurrieron a otras instancias y finalmente lograron celebrar su matrimonio en 2021.
El caso ante la justicia disciplinaria:
Por su parte, la Comisión Seccional Disciplinaria de Bolívar profirió pliego de cargos contra el Juez el 27 de marzo de 2023 por desatender el deber consagrado en el numeral 10 del artículo 153 de la Ley 270 de 1996, en concordancia con el artículo 230 de la Constitución, que le imponía aplicar los precedentes de la Corte Constitucional en materia de matrimonio igualitario, incurriendo en falta grave a título de dolo.
Las palabras del juez, que afirmó que su actitud no era discriminación sino una comprensión de las normas divinas, evidencian un conflicto entre la fe personal y el deber público. Sin embargo, las autoridades disciplinarias han sido claras en su dictamen: Flórez Torres enfrenta una inhabilitación de 15 años para ejercer cargos públicos debido a su falta grave de cumplimiento de deberes, según lo estipulado por la Ley 270 de 1996 y la Constitución.
Este caso no solo pone en relieve la importancia de separar las convicciones personales de la labor pública, sino que también resalta la necesidad de respetar y proteger los derechos de la comunidad LGBTIQ+. La resolución de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial es un paso significativo hacia la garantía de una ciudadanía plena para todas las personas en Colombia, independientemente de su orientación sexual o identidad de género. Es crucial que este tipo de decisiones no solo sancionen la conducta individual, sino que también sirvan como recordatorio de los valores de igualdad y no discriminación que deben prevalecer en una sociedad justa y equitativa.
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27 personas LGBTQ fueron asesinadas en Ecuador en 2023
Asociación Silueta X presenta el informe
POR VICTOR H. CARREÑO — La violencia criminal en Ecuador impactó por segundo año consecutivo en el número de asesinatos a personas LGBTIQ+. Según el informe Runa Sipiy, que anualmente presenta la Asociación Silueta X, por lo menos 27 personas de las diversidades sexogenéricas fueron asesinadas en 2023.
El año pasado fue el más violento en la historia de Ecuador con una tasa de más de 40 muertes por cada 100.000 habitantes, según la Policía. Este contexto incidió también en que 2023 sea el año con más casos de asesinatos y transfemicidios en el país desde 2010, de acuerdo a las cifras del informe.
Desde 2022 el número de crímenes contra personas LGBTIQ+ se ha incrementado. Ese año se reportaron 25 casos en un contexto de consolidación de las bandas narcodelictivas en Ecuador. En 2010, año que Silueta X inició con la recolección de muertes violentas, se reportaron ocho.
De los 27 asesinatos reportados en 2023, 23 están relacionados con delincuencia organizada y sicariato. Sin embargo, el mismo reporte aclara que el número real de asesinatos puede ser mayor por el subregistro de casos, pues no todos son denunciados.
David Gonzabay, coordinador de Silueta X en Guayaquil, señala que los casos de sicariatos deben ser investigados porque las víctimas no necesariamente estuvieron relacionadas con las bandas narcodelictivas.
“Muchas personas (víctimas de asesinatos) pertenecían a estratos vulnerables y eran un punto de atención para estas bandas criminales. Estos asesinatos se pudieron dar porque se rehusaron a pertenecer a estos grupos”, explica Gonzabay.
Desde 2022, organizaciones han denunciado que las mujeres trans que se dedican al trabajo sexual son víctimas de extorsiones y amenazas de las bandas narcodelictivas. Ese año, la activista Jéssica Martínez fue asesinada en Ambato después de denunciar amenazas por negarse a pagar las denominadas “vacunas”.
Este colectivo es el más vulnerable ante la escalada de violencia en Ecuador. De los 27 asesinatos reportados por el informe Runa Sipiy, 18 corresponden a mujeres trans.
El informe detalla que las cifras de asesinatos relacionadas con el crimen organizado exponen “la complejidad y gravedad de la violencia contra las personas LGBT+ y transgénero en Ecuador”.
“Estos hallazgos resaltan la necesidad de abordar no solo las consecuencias directas de estos actos violentos, sino también las estructuras sociales y criminales que perpetúan esta violencia”, señala el reporte.
El informe también menciona la crisis carcelaria y que las personas LGBTIQ+ privadas de libertad son vulnerables. Desde la declaratoria del conflicto armado interno, organizaciones han denunciado casos de mujeres trans que han sido víctimas de presuntas torturas durante las intervenciones militares.
Silueta X solicitó al Ministerio de la Mujer “pruebas contundentes” de que las mujeres trans no están siendo vejadas, pero hasta el cierre del informe no recibió respuesta.
Pedidos al Estado
Desde Silueta X y organizaciones aliadas, solicitan a la Fiscalía mayor celeridad en la investigación de delitos de odio contra personas de las diversidades sexogenéricas, pues la mayoría quedan en la impunidad.
Además, propone el fortalecimiento del Ministerio de la Mujer. Gonzabay explica que el incremento de asesinatos se ha dado en un contexto de debilitamiento del Estado y la escasa inversión en políticas públicas.
En lo que va de 2024, la Asociación Silueta X reporta 10 asesinatos contra personas LGBTIQ+. De ellos, 8 son transfemicidios.
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Congreso de Colombia avanza proyecto de ley que prohíbe ‘terapias de conversión’
Cámara de Representantes respaldó el propósito con 97 votos a favor
El Congreso de Colombia ha dado un paso significativo hacia la protección de los derechos humanos y la dignidad de las personas LGBTQ, al aprobar en segundo debate el proyecto de Ley 272, conocido como “Ley Inconvertibles”. Esta ley tiene como objetivo prohibir las mal llamadas terapias de conversión, que han sido denunciadas como una forma de tortura hacia individuos LGBTQ.
En la sesión celebrada el 20 de marzo, el pleno de la Cámara de Representantes respaldó este proyecto con 97 votos a favor y 18 en contra. Esta medida llega en un momento crucial, en el que se reconoce la grave violación de los derechos humanos que representan las mal llamadas terapias de conversión.
Durante años, miles de personas tanto en Colombia como en todo el mundo han sido sometidas a estas prácticas, que buscan cambiar su orientación sexual o identidad de género mediante métodos coercitivos y dañinos. Estas acciones, justificadas bajo la falaz premisa de “corregir” una supuesta enfermedad, han resultado en actos crueles y deshumanizantes.
La aprobación de este proyecto en la Cámara de Representantes es un avance crucial en la lucha contra estas prácticas abusivas. Sin embargo, el proceso legislativo aún no ha concluido, ya que el proyecto debe pasar por un tercer debate en el Senado colombiano, dentro de un total de cuatro debates requeridos.
En respuesta a esta importante noticia, activistas han llevado a cabo una movilización en redes sociales bajo los lemas #NadaQueCurar y #NoEsTerapiaEsTortura, destacando la necesidad de poner fin a estas prácticas que constituyen una violación flagrante de los derechos humanos.
El proyecto pasa ahora al Senado de la República y se espera su aprobación a finales de 2024.
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