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Mi voto en nombre de los excluidos
La democracia no existe en mi patria de Cuba
En mis 30 años jamás he elegido al presidente de mi país. Y no es algo que diga con orgullo, más bien con vergüenza. A esta altura de mi vida debería, al menos, haber votado por tres candidatos presidenciales, pero de dónde vengo esa posibilidad fue exterminada como una pandemia de las más letales.
En Cuba no hay elecciones presidenciales, sino que se eligen diputados que, entre ellos, eligen al presidente. Este engañoso y conveniente sistema electoral fue fabricado varios años luego del triunfo de la Revolución y le permitió a un mismo hombre gobernar durante 49 años. Fidel Castro se enamoró tanto del poder que solo una letal enfermedad pudo arrebatárselo en 2008.
En ese entonces, transfirió las riendas del país a su hermano, Raúl Castro, quien estableció los mandatos presidenciales de cinco años, con derecho a una reelección pero mantuvo el mismo sistema electoral. ¡Qué conveniente! Con 87 años y cansado de timonear un barco sin rumbo durante una década, Castro designó un candidato a la presidencia, Miguel Díaz-Canel, un ingeniero de 58 años, a quien había previamente entrenado.
Sin embargo, el presidente designado de mi tierra natal es una marioneta, cuidadosamente cosida y manejada por delgadísimos hilos que le indican qué hacer o decir, pues es la dinastía Castro quien verdaderamente comanda los destinos de la isla comunista tras bambalinas.
El ex-presidente Castro sigue a la cabeza del Partido Comunista, el único permitido, proclamado por la propia Constitución cubana como “la fuerza política dirigente superior de la sociedad y del Estado”. No hay que decir más.
Por lo tanto, Díaz-Canel no tuvo que conquistar el aplauso de las masas con propuestas de gobierno; no compitió durante meses con adversarios; ni se enfrentó a sus contrarios en debates televisados a nivel nacional. A Díaz-Canel lo eligieron de forma mecánica y unánime 605 diputados encerrados en un salón, no los más de ocho millones de cubanos inscritos para votar.
Aun así, nadie puede discutir su “liderazgo”. Cuba no reconoce ni legaliza la oposición, que pudiera hacerle frente, como normalmente sucede en las democracias. Los pocos valientes que se enfrentan al régimen son perseguidos o encarcelados como criminales, acusados de recibir dólares que Estados Unidos les envía para “subvertir” el “orden soberano y democrático escogido por el pueblo”.
Como periodista en Cuba, fui acusado varias veces por la dictadura de formar parte de “campañas subversivas” lanzadas desde medios independientes a la dictadura y que, según ellos, pretenden un cambio de régimen, cuando en verdad solo pretendía mostrarle al mundo la cruda realidad de mi gente.
Me refugié en este país luego de pasar 11 meses retenido en las cárceles del Servicio de Inmigración en mi proceso de asilo. Mi salida a la verdadera libertad, hace tan solo siete meses, ha coincidido con el epílogo de las elecciones presidenciales en Estados Unidos, en las cuales no tengo aún derecho a participar.
Aun así, ser espectador de este proceso es sumamente emocionante. Transitar de una dictadura sin elecciones presidenciales a un país con una de las democracias más sólidas del planeta es un giro de 360 grados, que aún estoy asimilando y comenzando a comprender.
Por el momento, mi voto, como el de millones de inmigrantes, será excluido. Sin embargo, eso no significa que no pueda integrarme a la efervescencia electoral previa al tres de noviembre.
Es una sensación rara, lo confieso. Tantos años de inexperiencia no pueden recuperarse así de golpe. Por momentos me siento tímido, hasta temeroso. Toma algo de tiempo acostumbrarse a la idea de que nada te sucederá por hacer proselitismo en contra del propio presidente.
Uno de mis primeros aportes fue colocar junto a mi novio una pancarta de apoyo a Biden en el jardín de nuestro apartamento. Ese pequeño cartel constituyó para mí la señal inequívoca de la libertad política que ahora tengo y que por tantos años me fue arrebatada.
Luego un amigo, ferviente activista pro-Biden en Fort Lauderdale, me invitó a una manifestación de apoyo al ex-vicepresidente. Cuando me ví allí supe que realmente estaba contribuyendo al bien de esta nación.
De alguna forma, apoyar al candidato que creo idóneo es mi forma de hacerle el bien a este país, de devolverle el favor por acogerme, de decir “gracias”: gracias por permitirme elegir, gracias por protegerme de la intolerancia, gracias por liberarme, gracias por dejarme crecer, soñar, vivir …
Mi contribución a la democracia estadounidense no estará definitivamente en las estadísticas, ni viajará por correo. Mi voto no es secreto ni personal. Mi voto lo lanzo al viento cada vez que salgo a la calle con una bandera demócrata; cuando alzo un cartel en nombre del candidato azul; cuando salto emocionado si alguien suena el claxon de su auto en señal de simpatía; cuando coloco el pulgar hacia arriba si un trumpista me muestra el suyo hacia abajo; cuando recorro las avenidas en una caravana incitando a todo el que veo a votar.
Porque en este país votar sí que puede marcar la diferencia, sobre todo en la Florida, un estado que ha sido clave en las últimas contiendas presidenciales y donde reside una gran comunidad inmigrante, que cada día adquiere más fuerza.
Prueba de ello es la suma a la actual contienda electoral de más de 23 millones de inmigrantes naturalizados en Estados Unidos y que son elegibles para votar, según un informe del Pew Research Center, lo cual representa aproximadamente 1 de cada 10 votantes elegibles en el país, todo un récord.
En las próximas elecciones tampoco podré votar, pero estaré más cerca. Mientras, seguiré alzando mi voz, por mí y en nombre de los millones de excluidos. Puede que mi contribución no sea tomada en cuenta ahora, pero definitivamente nadie podrá silenciarla nunca más.
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Juez colombiano suspendido por 15 años por negarse a casar a pareja del mismo sexo
Fue condenado ‘por desatender sus deberes y vulnerar el derecho de acceso a la justicia’
La Comisión Nacional de Disciplina Judicial en su sesión del 10 de abril de 2024, ha confirmado una sanción ejemplar contra el Juez Décimo Civil Municipal de Cartagena, Ramiro Flórez Torres, quien se negó a casar a una pareja del mismo sexo, vulnerando así su derecho al acceso a la justicia. Este caso, que tuvo lugar en agosto de 2020, ha generado gran controversia debido a la firme postura del juez, quien priorizó sus creencias religiosas por encima de las leyes que respaldan estas uniones civiles.
Al recibir la solicitud de la pareja, Flórez Torres expresó abiertamente su desacuerdo, argumentando que el matrimonio entre personas del mismo sexo contradecía sus principios morales cristianos.
“Ello contraría mi moral cristiana, va en contra de mis principios esenciales, y cuando exista conflicto entre lo que dice la ley humana y lo que dice la ley de Dios, yo prefiero la ley de Dios, porque prefiero agradar primero a mi Señor Dios todopoderoso, antes que al ser humano”, dijo el juez Flórez Torres en su momento.
Esta negativa inicial no disuadió a la pareja, quienes recurrieron a otras instancias y finalmente lograron celebrar su matrimonio en 2021.
El caso ante la justicia disciplinaria:
Por su parte, la Comisión Seccional Disciplinaria de Bolívar profirió pliego de cargos contra el Juez el 27 de marzo de 2023 por desatender el deber consagrado en el numeral 10 del artículo 153 de la Ley 270 de 1996, en concordancia con el artículo 230 de la Constitución, que le imponía aplicar los precedentes de la Corte Constitucional en materia de matrimonio igualitario, incurriendo en falta grave a título de dolo.
Las palabras del juez, que afirmó que su actitud no era discriminación sino una comprensión de las normas divinas, evidencian un conflicto entre la fe personal y el deber público. Sin embargo, las autoridades disciplinarias han sido claras en su dictamen: Flórez Torres enfrenta una inhabilitación de 15 años para ejercer cargos públicos debido a su falta grave de cumplimiento de deberes, según lo estipulado por la Ley 270 de 1996 y la Constitución.
Este caso no solo pone en relieve la importancia de separar las convicciones personales de la labor pública, sino que también resalta la necesidad de respetar y proteger los derechos de la comunidad LGBTIQ+. La resolución de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial es un paso significativo hacia la garantía de una ciudadanía plena para todas las personas en Colombia, independientemente de su orientación sexual o identidad de género. Es crucial que este tipo de decisiones no solo sancionen la conducta individual, sino que también sirvan como recordatorio de los valores de igualdad y no discriminación que deben prevalecer en una sociedad justa y equitativa.
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27 personas LGBTQ fueron asesinadas en Ecuador en 2023
Asociación Silueta X presenta el informe
POR VICTOR H. CARREÑO — La violencia criminal en Ecuador impactó por segundo año consecutivo en el número de asesinatos a personas LGBTIQ+. Según el informe Runa Sipiy, que anualmente presenta la Asociación Silueta X, por lo menos 27 personas de las diversidades sexogenéricas fueron asesinadas en 2023.
El año pasado fue el más violento en la historia de Ecuador con una tasa de más de 40 muertes por cada 100.000 habitantes, según la Policía. Este contexto incidió también en que 2023 sea el año con más casos de asesinatos y transfemicidios en el país desde 2010, de acuerdo a las cifras del informe.
Desde 2022 el número de crímenes contra personas LGBTIQ+ se ha incrementado. Ese año se reportaron 25 casos en un contexto de consolidación de las bandas narcodelictivas en Ecuador. En 2010, año que Silueta X inició con la recolección de muertes violentas, se reportaron ocho.
De los 27 asesinatos reportados en 2023, 23 están relacionados con delincuencia organizada y sicariato. Sin embargo, el mismo reporte aclara que el número real de asesinatos puede ser mayor por el subregistro de casos, pues no todos son denunciados.
David Gonzabay, coordinador de Silueta X en Guayaquil, señala que los casos de sicariatos deben ser investigados porque las víctimas no necesariamente estuvieron relacionadas con las bandas narcodelictivas.
“Muchas personas (víctimas de asesinatos) pertenecían a estratos vulnerables y eran un punto de atención para estas bandas criminales. Estos asesinatos se pudieron dar porque se rehusaron a pertenecer a estos grupos”, explica Gonzabay.
Desde 2022, organizaciones han denunciado que las mujeres trans que se dedican al trabajo sexual son víctimas de extorsiones y amenazas de las bandas narcodelictivas. Ese año, la activista Jéssica Martínez fue asesinada en Ambato después de denunciar amenazas por negarse a pagar las denominadas “vacunas”.
Este colectivo es el más vulnerable ante la escalada de violencia en Ecuador. De los 27 asesinatos reportados por el informe Runa Sipiy, 18 corresponden a mujeres trans.
El informe detalla que las cifras de asesinatos relacionadas con el crimen organizado exponen “la complejidad y gravedad de la violencia contra las personas LGBT+ y transgénero en Ecuador”.
“Estos hallazgos resaltan la necesidad de abordar no solo las consecuencias directas de estos actos violentos, sino también las estructuras sociales y criminales que perpetúan esta violencia”, señala el reporte.
El informe también menciona la crisis carcelaria y que las personas LGBTIQ+ privadas de libertad son vulnerables. Desde la declaratoria del conflicto armado interno, organizaciones han denunciado casos de mujeres trans que han sido víctimas de presuntas torturas durante las intervenciones militares.
Silueta X solicitó al Ministerio de la Mujer “pruebas contundentes” de que las mujeres trans no están siendo vejadas, pero hasta el cierre del informe no recibió respuesta.
Pedidos al Estado
Desde Silueta X y organizaciones aliadas, solicitan a la Fiscalía mayor celeridad en la investigación de delitos de odio contra personas de las diversidades sexogenéricas, pues la mayoría quedan en la impunidad.
Además, propone el fortalecimiento del Ministerio de la Mujer. Gonzabay explica que el incremento de asesinatos se ha dado en un contexto de debilitamiento del Estado y la escasa inversión en políticas públicas.
En lo que va de 2024, la Asociación Silueta X reporta 10 asesinatos contra personas LGBTIQ+. De ellos, 8 son transfemicidios.
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Congreso de Colombia avanza proyecto de ley que prohíbe ‘terapias de conversión’
Cámara de Representantes respaldó el propósito con 97 votos a favor
El Congreso de Colombia ha dado un paso significativo hacia la protección de los derechos humanos y la dignidad de las personas LGBTQ, al aprobar en segundo debate el proyecto de Ley 272, conocido como “Ley Inconvertibles”. Esta ley tiene como objetivo prohibir las mal llamadas terapias de conversión, que han sido denunciadas como una forma de tortura hacia individuos LGBTQ.
En la sesión celebrada el 20 de marzo, el pleno de la Cámara de Representantes respaldó este proyecto con 97 votos a favor y 18 en contra. Esta medida llega en un momento crucial, en el que se reconoce la grave violación de los derechos humanos que representan las mal llamadas terapias de conversión.
Durante años, miles de personas tanto en Colombia como en todo el mundo han sido sometidas a estas prácticas, que buscan cambiar su orientación sexual o identidad de género mediante métodos coercitivos y dañinos. Estas acciones, justificadas bajo la falaz premisa de “corregir” una supuesta enfermedad, han resultado en actos crueles y deshumanizantes.
La aprobación de este proyecto en la Cámara de Representantes es un avance crucial en la lucha contra estas prácticas abusivas. Sin embargo, el proceso legislativo aún no ha concluido, ya que el proyecto debe pasar por un tercer debate en el Senado colombiano, dentro de un total de cuatro debates requeridos.
En respuesta a esta importante noticia, activistas han llevado a cabo una movilización en redes sociales bajo los lemas #NadaQueCurar y #NoEsTerapiaEsTortura, destacando la necesidad de poner fin a estas prácticas que constituyen una violación flagrante de los derechos humanos.
El proyecto pasa ahora al Senado de la República y se espera su aprobación a finales de 2024.
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Court records raise concerns about right-wing TikTok investor’s influence
New D.C. LGBTQ+ bar Crush set to open April 19
After 25 years, a forgotten queer classic reemerges in 4K glory
Mich. Democrats spar over LGBTQ-inclusive hate crimes law
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