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‘Mi hijo es gay y yo tengo miedo de que me lo traten mal’
Madre de Yoan de la Cruz habla con Tremenda Nota en Cuba
SAN ANTONIO DE LOS BAÑOS, Cuba — La voz al otro lado del teléfono se escucha decidida, aunque no tarda en desmoronarse apenas le mencioné a su hijo. Es la voz de quien tiene fe en que algo decisivo va a ocurrir. Se oye resuelta y sin muchos matices.
Es la voz de Maribel Cruz, la madre de Yoan de la Cruz, el joven que transmitió en vivo desde su celular la manifestación que dio inicio a las protestas del 11 de julio en el municipio de San Antonio de Los Baños, provincia de Artemisa, al oeste de La Habana.
“Para mí ha sido muy doloroso y duro”, dice. “Yo nunca imaginé a mi hijo preso. Un muchacho tan bueno. Todo San Antonio lo sabe”.
Maribel tiene 62 años y vive con su madre, de 83. Ambas están jubiladas. Y hasta hace casi cinco meses vivía también con Yoan, su único hijo, quien se encuentra en prisión a la espera de juicio.
No se adapta a no verlo en la casa. Confiesa que no hay noche que no se acueste y llore, ni momento del día en que no se pregunte cómo estará su hijo, si tendrá frío, hambre. Si lo están maltratando.
“Aunque él me dice que no”, aclara. “Pero no sé si lo dice para que yo no me preocupe”.
Yoan se encuentran en la prisión de Melena del Sur, una prisión de máximo rigor en la provincia Mayabeque, junto con otros cuatro manifestantes del 11 de julio. Permanecen separados del resto de los presos. Los guardias se encargan de llevarlos al patio, al comedor y al teléfono y no permiten que tengan contacto con los demás.
Cuenta Maribel que les llaman “Los Tirapiedras” y no sabe por qué. Asegura que al menos Yoan no tiró ninguna piedra.
Cerca de las 11 de la mañana del 11 de julio, Yoan despertó sin imaginar que en breve se haría viral en redes sociales y que sus días iban a dar un giro impensado. Se cruzó en la acera de su casa con Daniela, una vecina que venía de la tienda, quien le contó que algo se iba armar porque había gente aglomerada en un extremo del parque de la iglesia.
A Yoan no le costó darse cuenta de que, en efecto, algo ocurría. Su vivienda queda cerca del parque. Enseguida agarró el celular y salió a toda carrera, en chancletas, a ver de cerca lo que estaba pasando.
Al principio debió estar expectante y atónito como el resto de los jóvenes que nunca habían visto una manifestación no convocada por el gobierno. Poco después, al ver que el número de personas aumentaba y se hacían más frecuentes los gritos de libertad, empezó a transmitir en vivo desde su perfil de Facebook.
Cientos de personas pasaron por delante de su cámara en bicicletas, en motos, a pie. Algunos bailaban, reían. Otros lloraban. Gritaban “¡Libertad!”, “¡Patria y Vida!” y a Díaz Canel, el presidente, “¡Singao!” Pedían comida, medicinas, mejoras económicas y laborales. Había cuentapropistas, obreros, un pueblo descontento y a la vez perplejo. Yoan, emocionado también, animaba al mismo tiempo que filmaba: “¡Vamos, gente!”
La transmisión alcanzó más de 3.000 espectadores en vivo. Recorrería Cuba y medio mundo. Muy pronto las protestas se extenderían a todo el país. Yoan estaba eufórico y, a la vez, preocupado. Llegó a la casa y le contó a Maribel. Nunca había estado en una protesta de tal magnitud ni había alcanzado tantas vistas y seguidores.
–Yo creo que voy preso, mamá.
–Pero cómo te van a meter preso, mijo, si tú lo que hiciste fue filmar algo que estaba pasando por aquí mismo, por enfrente de la casa.
Yoan eliminó la directa, pero era demasiado tarde. En los días siguientes entraría varias veces a llorar al cuarto de su madre y a repetir que se lo iban a llevar preso.
A él lo acusan desde un principio por hacer la directa, pero después la abogada me dice que él no está solo por filmar, sino también por incitar a la gente a caminar y a seguir protestando.
Yo sé que a él lo que lo motivó principalmente no fue la política. Mi hijo tiene sus molestias con el gobierno como cualquiera, pero yo sé que lo que más lo motivó fueron las redes. A él le gustan mucho las redes, hacía Tik toks y siempre andaba buscando impresionar y ganarse seguidores. Cuando vio la cantidad de gente que estaba conectada en su directa y las veces compartidas, se volvió loco.
A él nadie le pagó. Es un buen muchacho. Cualquiera aquí te lo puede decir. Es muy querido, hace sus cositas, tiene un contrato con Etecsa y vende tarjetas de recarga de celulares. Antes tenía una mesita donde vendía bisutería y esas cosas. Una vida tranquila.
Yo a veces no me creo que estemos viviendo esto. Yo jamás me lo hubiera imaginado, la verdad. Unas antiguas compañeras de cuando yo trabajaba en Etecsa, me resolvieron una consulta con una psicóloga, porque la verdad, esto es muy fuerte para mí.
La gente me pregunta qué dice la abogada. Ella no me dice nada. Ahora mismo yo vengo de su casa. Nunca está o me dicen que está acostada. El lunes que viene ya es el juicio y no se ha comunicado conmigo, ni con Yoan. Y Yoan quiere hablar con ella.
A ver, ella me habló claro. Me dijo que era del Partido (Comunista de Cuba), que iba a defender a Yoan hasta donde pudiera, pero que su caso era complicado, porque dicen que incitó a la gente. Pero, ¿tú viste la directa, verdad? Tú viste que él solo incitaba a caminar, no a romper tiendas, ni a tirar piedra, ni a la violencia. No se fresqueó con ningún policía.
Pero esa abogada, nada. Voy a su casa a hablar con ella, pero por gusto. Nunca está. Le dejé dos cajas de cigarro y lo puse todo en manos de Dios. Yo le pido a Dios. Yo no sé si tú tienes fe o si crees en algo, pero yo sí, y le pido a ese Señor que me lo proteja y salga bien de todo esto. Yo sé que absuelto no va a salir. Para qué me voy a engañar. Ninguno de los que han esperado juicio en prisión ha salido absuelto.
A Maribel nunca le informaron por qué los juicios de los 17 manifestantes de San Antonio, originalmente fijados para el 7, 8 y 9 de diciembre, fueron aplazados para el 13, 14 y 15. Lo único que sabe es que se realizarán en un tribunal de la prisión de Guanajay, por lo que tendrá que alquilar un carro para trasladarse hasta allí y estar el día entero.
“Y dicen que en diez días le dan la sentencia, pero eso es mentira”, considera. “A los de Artemisa y los de Alquízar les hicieron juicio hace más de 15 días y todavía no les han dicho”.
El expediente de los 17 viajó desde Guanajay hasta la fiscalía de Artemisa, de ahí a la Fiscalía General de la República, luego volvió a Artemisa y poco después a San Antonio de Los Baños, donde Maribel pudo revisarlo y leer lo que había declarado Yoan. Fue así también que supo que a su hijo le piden 8 años por desacato y desorden público. Se horrorizó.
“¿Tú crees que eso es justo?”, me pregunta. “Eso es inhumano”, se responde ella misma y me confiesa que el día que arrestaron a Yoan ella pensó que le pondrían una multa o le harían una advertencia.
A eso de las 5 de tarde del 23 de julio, 12 días después de las protestas, la patrulla 151 se detuvo frente a la vivienda. Los policías preguntaron por Yoan. “Coge tu celular y monta”, dijo uno de ellos.
Yoan no se resistió al arresto ni entró en careo alguno. Desde el mismo 11 de julio y en los días sucesivos, al ver a cuántos jóvenes que también participaron habían sido arrestados, se convenció de que en algún momento irían por él.
En lo que se despedía de su madre, afligida, le pidió que le tomara una foto mientras se lo llevaban. Maribel alcanzó a tomar una foto nublada que más tarde publicaría en redes sociales.
El primer destino de Yoan fue el Técnico de Guanajay donde permaneció alrededor de 20 días. Maribel rememora, con la voz quebrada, las primeras visitas que le hizo a su hijo en ese lugar. Fue un jueves cuando le avisaron para que fuera a verlo y luego las visitas empezaron a ser los martes. Cuenta que tenía que ponerse fuerte, porque Yoan lloraba como un niño pequeño.
“No dejaban ni que nos abrazáramos, por la covid”, recuerda.
A Maribel tampoco le avisaron cuando trasladaron a Yoan para Melena del Sur. Al tercer martes que fue al Técnico de Guanajay, le dijeron que ya él no se encontraba allí y que no sabían a dónde lo habían llevado.
Maribel, desesperada, se puso a hacer averiguaciones a través de conocidos, familiares y amigos de otros manifestantes detenidos. Se presentó a varios centros de reclusión hasta que al final, en la prisión de Melena del Sur, le informaron que Yoan estaba allí.
No dejaban verlo, por la dichosa covid, pero cuando la cosa mejoró autorizaron visitas cada 15 días. Ya hemos tenido 2 desde que está en Melena. La próxima debe ser el día 21 de este mes.
Yo le llevo de todo: maní, tostadas, mayonesa, guayaba, galletas, dulces que le hago. Mucha chuchería que es lo que le gusta a él. Dice que la comida está de madre, que es un sancocho. Por suerte, nos dejan entrar carne. Entonces yo le hago varios bistecitos y se los cubro de bastante manteca para que se conserve, y le dan como para cuatro días. Imagínate, allá dentro no tienen como freír.
Ya en estas visitas podemos abrazarnos, besarnos. Yo no sé ahora cuando sepa de él, cómo viene el juicio y eso. No sé qué pasará. Yo imagino que él me llame hoy. A veces me llama contento diciéndome que no esté triste, que todo va a salir bien, pero otros días lo siento decaído. Yo le digo que no se desespere, que tenga fe y que cuando los saquen al patio haga ejercicio. Tengo que levantarle el ánimo de alguna manera, aunque yo tenga el mío por el piso.
Cuando me hablan de Yoan, lloro. Lo extraño mucho. Cando cae la noche, así como ahora, o cuando llega la hora de la comida es cuando me pongo peor. Lo único que digo es «ay, dios mío», y mi mamá me dice no empieces. Es lo único que digo. Ella sabe que cuando digo «ay, Dios mío» es que tengo a Yoan en la cabeza
Me preocupan tantas cosas. Son ocho años. Ocho años. ¿Usted se imagina? Lo otro es que mi hijo es gay, no sé si usted sabe, y yo tengo miedo de que me lo traten mal. Los guardias son los primeros faltos de respetos y homofóbicos.
Cuando Yoan todavía se encontraba recluido en el Técnico de Guanajay, Daniela, la vecina, fue citada a un supuesto careo con él, porque había declarado que fue por ella que supo que el 11 de julio pasaba algo en el parque. Nunca hubo tal careo. En el Técnico, Daniela ni siquiera vio a Yoan. Lo que hicieron fue interrogarla.
Al oficial que la llevó a su oficina para el interrogatorio, le contó que ella estaba esa mañana en la tienda, porque habían sacado café, y estando allí se dio cuenta de que la gente se estaba tirando para la calle. Aseguró que lo único que hizo fue llegar a la casa y comentarle a Yoan.
De pronto, un segundo oficial irrumpió en la oficina sin advertir la presencia de Daniela.
–Dame acá el teléfono del maricón –le pidió a su colega.
–¿El de Yoan? –precisó el primero, probablemente en aprietos por cómo el otro se había referido a Yoan delante de Daniela.
Cuando Maribel se enteró, llamó a la Política del Técnico de Guanajay. No iba a permitir que nadie ofendiera o humillara a su hijo por su orientación sexual.
–¿No sabe quién fue? Pues yo voy a llamar a Mariela Castro –amenazó Maribel, pero muy pronto desistió. Este no es el único incidente homofóbico que se han reportado en relación con los detenidos del 11J.
“Vayas a donde vayas, es por gusto”, explica. “Se tapan unos a otros”.
El celular de Yoan permanece incautado. Cuando Maribel preguntó cuándo podía recogerlo, el instructor le respondió que hay un 99 por ciento de probabilidad de que sea decomisado. No obstante, ella está dispuesta a reclamarlo. “Fue un celular que costó muchísimo”, le dijo.
–Nadie lo mandó a grabar –concluyó el instructor.
Maribel dice que el 11 de julio le cambió la vida al país entero. Desde entonces hay boinas negras y policías en el parque todos los días. Llegan desde temprano en un camión y algunos hasta se quedan de guardia de noche.
Cuenta que este 10 de diciembre, el Día de los Derechos Humanos, eran bastantes. Se rumora que en el camión hay palos por si se arma alguna revuelta, pero dice que ella no puede asegurarlo porque no los ha visto.
“Nosotros no tenemos tranquilidad, pero ellos tampoco”, dice.
Recientemente le contaron que en los juicios de los muchachos de Artemisa hubo falsos testigos que mintieron, y está preocupada. No sabe a quiénes llevarán de testigos de Yoan. Daniela ha dicho que ese día testificará lo mismo que en el Técnico de Guanajay.
Maribel en todo este tiempo no ha perdido la fe, pese a que, como explica, se ha denunciado muchísimo sobre las detenciones del 11 de julio “y no pasa nada”.
“No es posible el sufrimiento de tantas familias”, dice. Está segura de que eso es peor para ellos, porque eso “hace que la gente le coja más roña” al sistema.
Lo que hizo su hijo, explica calmada, “no es peor que lo que hizo Díaz Canel”, que salió por televisión a dar orden de combate e incitó a pelear al pueblo contra el pueblo. Por eso tiene fe. “Algo tiene que pasar y mi hijo va a salir bien”, dice. “Algo grande tiene que pasar en este país. ¿Tú no crees?”
Ecuador
Adolescentes trans en Ecuador podrán cambiar datos en su cédula, pero con condicionamientos
Pueden modificar el campo de género en su documento de identidad con requisitos
Por VICTOR H. CARREÑO | En una sentencia del 5 de febrero de 2026, la Corte Constitucional declaró inconstitucional el requisito legal de mayoría de edad para modificar el campo de sexo o género en la cédula de identidad y fija lineamientos para que adolescentes trans puedan cambiar estos datos.
El máximo organismo de control e interpretación constitucional incorpora dos requerimientos: que la persona adolescente se presente al procedimiento administrativo con sus padres y que informes psicosociales acrediten un grado de madurez.
El fallo resuelve una consulta de constitucionalidad de una unidad judicial que lleva una acción de protección contra el Registro Civil presentada por la familia de un adolescente trans que solicitó, en junio de 2023, modificar el campo de género en la cédula.
La institución se negó porque la Ley Orgánica de Gestión de la Identidad y Datos Civiles establece que la rectificación de sexo o género es un procedimiento para personas mayores de 18 años.
El adolescente, cuya identidad se protege en la sentencia, cuenta con el apoyo de sus padres en su transición, que inició en 2020. En una audiencia, su madre expuso que si bien en el ámbito familiar y en el sistema educativo se respeta la identidad de su hijo, fuera de estos hay situaciones, como en consultas médicas en el Seguro Social, en que debe presentar la cédula de él y quienes la reciben preguntan si es el documento equivocado.
En el desarrollo de la sentencia, la Corte expone por qué el requisito de tener mayoría de edad para acceder a la modificación de datos en la cédula es inconstitucional.
Entre varios motivos, explica que restringe los derechos al libre desarrollo de la personalidad e identidad, que la edad no puede exigirse como “criterio determinante y único” para determinar la madurez de un adolescente, y que la medida puede generar impactos negativos en el bienestar psicológico y emocional.
Por ello, indica que existen mecanismos alternativos como la evaluación individualizada, el acompañamiento técnico y la consideración del contexto familiar.
En ese sentido, la Corte dispone al Registro Civil que debe proceder al cambio de los datos de adolescentes trans cuando acudan acompañades de sus representantes legales y con el respaldo de informes psicosociales.
Estos informes, agrega la sentencia, deben ser de profesionales acreditados o de órganos técnicos públicos competentes que sean considerados por el Registro Civil.
El fallo tiene efectos para este caso y otros similares. A diferencia de otras sentencias, la Corte no ordena una reforma a la legislación.
La organización Silueta X, que difundió el caso en un comunicado el 11 de marzo, calificó el fallo como histórico y explicó que este crea jurisprudencia de cumplimiento obligatorio.
🏳️⚧️🌈Un chico trans de 15 años le dijo al Estado ecuatoriano “yo sé quién soy”. Y la Corte Constitucional le dio la razón. 🏛️✊
Este fallo es nuestro. Es tuyo.
🔗 Lee la comunicado completa en nuestra bio.#DerechosTransEcuador #SiluetaX #CorteConstitucional #AdolescentesTrans pic.twitter.com/aXE4FU9VeS
— Asociación SILUETA 'X' (@SiluetaX) March 11, 2026
Sin embargo, otras organizaciones cuestionan los requisitos. Fundación Pakta indica que si bien la sentencia derriba la barrera etaria de la mayoría de edad, la inclusión de informes psicosociales contradice la tendencia global y regional hacia la despatologización.
Pakta menciona, por ejemplo, la Opinión Consultiva 24/17 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, instrumento que reconoce la identidad autopercebida de las personas y los derechos patrimoniales de parejas del mismo sexo.
El documento, recuerda Pakta en un comunicado, establece que para el reconocimiento de la identidad de género no se debe exigir certificados médicos ni psicológicos. Además, que la Organización Mundial de la Salud reconoció que la identidad trans no es una patología psiquiátrica.
Mientras que la activista Nua Fuentes, de Proyecto Transgénero, considera que los requisitos impuestos por la Corte pueden ser problemáticos. Menciona que frente al desconocimiento y prejuicios, profesionales de salud patologizan la identidad trans.
La Sentencia 4-24-CN/26 sobre la inconstitucionalidad de negar a adolescentes trans cambio de su sexo o género en la cédula es un acto que entreabre la puerta para los derechos, pero también sostiene algunas barreras y es problemático para adolescentes trans #Ecuador
Abro hilo🧵 pic.twitter.com/aKBUlmnU1A— Nua Elizabeth Fuentes Aguirre (@NuaEliz) March 11, 2026
Además, señala que puede haber casos de que la familia y psicólogos expresen rechazo a la identidad trans y limiten los derechos de adolescentes trans. O también menciona casos de abandono de niñes y adolescentes trans y pregunta cómo reconocer su identidad si no cumplen con el requisito de acudir sin representantes legales.
Los condicionamientos para el cambio del campo de sexo o género en la cédula para adolescentes trans marcan también una diferencia con el procedimiento en personas trans de más de 18 años, pues estas —desde las reformas vigentes en 2024— no deben presentar requisitos. Solo su declaración expresa de ser una persona trans que desea que los datos de su cédula estén conformes a su identidad de género.
La madurez de niñeces y adolescencias ha sido un tema abordado en convenciones o instrumentos internacionales. La Convención sobre los Derechos del Niño de la ONU del 2009 es contundente al reconocerles como seres autónomos y capaces de formar sus propias opiniones a través de la experiencia, el entorno, las expectativas sociales y culturales.
Esta convención es mencionada en una sentencia de la Corte Constitucional en que reconoció la identidad de infancias y adolescencias trans en el sistema educativo.
En las Observaciones Generales del Comité de los Derechos del Niño, documentos de interpretación para los alcances de la mencionada Convención, se explica que la madurez es “la capacidad de comprender y evaluar las consecuencias de un asunto determinado”, lo cual debe considerarse en relación con su capacidad individual, contextos, entornos, experiencias de vida y familiar, desarrollo psicológico y no únicamente con su edad biológica.
Además, que la edad cronológica no determina la evolución de las capacidades de las niñeces y adolescencias porque estas crecen a lo largo del tiempo.
Ecuador
Justicia reconoce delito de odio en caso de bullying en Instituto Nacional Mejía de Ecuador
Johana B se suicidó el 11 de abril de 2023
A casi tres años del suicidio de Johana B., quien estudió en el Instituto Nacional Mejía, colegio emblemático de Quito, el Tribunal de la Corte Nacional de Justicia ratificó la condena para el alumno responsable del acoso escolar que la llevó a quitarse la vida.
Según información de la Fiscalía, el fallo de última instancia deja en firme la condena de cuatro años de internamiento en un centro para adolescentes infractores, en una audiencia de casación pedida por la defensa del agresor, tres meses antes de que prescriba el caso.
Con la sentencia, este caso es uno de los primeros en el país en reconocer actos de odio por violencia de género, delito tipificado en el artículo 177 del Código Orgánico Penal Integral (COIP).
El suicidio de Johana B. ocurrió el 11 abril de 2023 y fue consecuencia del acoso escolar por estereotipos de género que enfrentó la estudiante por parte de su agresor, quien constantemente la insultaba y agredía por su forma de vestir, llevar el cabello corto o practicar actividades que hace años se consideraban exclusivamente para hombres, como ser mando de la Banda de Paz en el Instituto Nacional Mejía.
Desde la muerte de Johana, su familia buscaba justicia. Su padre, José, en una entrevista concedida a edición cientonce para la investigación periodística Los suicidios que quedan en el clóset a causa de la omisión estatal afirmó que su hija era acosada por su compañero y otres estudiantes con apodos como “marimacha”, lo que también fue corroborado en los testimonios recogidos por la Unidad de Justicia Juvenil No. 4 de la Fiscalía.
Los resultados de la autopsia psicológica y del examen antropológico realizados tras la muerte de Johana confirmaron las versiones de sus compañeras y docentes: que su agresor la acosó de manera sistemática durante dos años. Los empujones, jalones de cabello o burlas, incluso por su situación económica, eran constantes en el aula de clase.
La violencia que recibió Johana escaló cuando su compañero le dio un codazo en la espalda ocasionándole una lesión que le imposibilitó caminar y asistir a clases.
Días después del hecho, la adolescente se quitó la vida en su casa, tras escuchar que la madre del agresor se negó a pagar la mitad del valor de una tomografía para determinar la lesión en su espalda, tal como lo había acordado previamente con sus padres y frente al personal del DECE (Departamento de Consejería Estudiantil del colegio), según versiones de su familia y la Fiscalía.
#AFONDO | Johana se suicidó el 11 de abril de 2023, tras ser víctima de acoso escolar por no cumplir con estereotipos femeninos 😢.
Dos semanas antes, uno de sus compañeros le dio un codazo en la espalda, ocasionándole una lesión que le imposibilitó caminar 🧵 pic.twitter.com/bXKUs9YYOm
— EdicionCientonce (@EdCientonce) September 3, 2025
“Era una chica linda, fuerte, alegre. Siempre nos llevamos muy bien, hemos compartido todo. Nos dejó muchos recuerdos y todos nos sentimos tristes; siempre estamos pensando en ella. Es un vacío tan grande aquí, en este lugar”, expresó José a Edición Cientonce el año pasado.
Para la fiscal del caso y de la Unidad de Justicia Juvenil de la Fiscalía, Martha Reino, el suicidio de la adolescente fue un agravante que se contempló durante la audiencia de juzgamiento de marzo de 2024, según explicó a este medio el año pasado. Desde entonces, la familia del agresor presentó un recurso de casación en la Corte Nacional de Justicia, que provocó la dilatación del proceso.
En el fallo de última instancia, el Tribunal también dispuso que el agresor pague $3.000 a la familia de Johana B. como reparación integral. Además, el adolescente deberá recibir medidas socioeducativas, de acuerdo al artículo 385 del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, señala la Fiscalía.
El caso de Johana también destapó las omisiones y negligencias del personal del DECE y docentes del Instituto Nacional Mejía. En la etapa de instrucción fiscal se comprobó que no se aplicaron los protocolos respectivos para proteger a la víctima.
De hecho, la Fiscalía conoció el caso a raíz de la denuncia que presentó su padre, José, y no por el DECE, aseguró la fiscal el año pasado a Edición Cientonce.
Pese a estas omisiones presentadas en el proceso, el fallo de última instancia sólo ratificó la condena para el estudiante.
Honduras
Corte IDH reconoce a Thalía Rodríguez como familia social de Leonela Zelaya
Se construyeron una familia tras más de una década de convivencia
Por DORIS GONZÁLEZ * | TEGUCIGALPA, Honduras — En la sentencia del caso Leonela Zelaya y otra vs Honduras emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos se estableció un hito jurisprudencial para las personas LGBTQ en Honduras, así como en la región en relación a las diversas conformaciones de familias existentes. La Corte IDH interpretó por primera vez el concepto de familia social, indicando que la construcción de familia no debe restringirse a la familia nuclear o a nociones tradicionales, bajo el entendido de que hay diferentes formas en las que se materializan los vínculos familiares.
Este análisis se trae a colación debido al contexto de discriminación, prejuicio y violencia que atravesamos las personas LGBTQ, el cual se puede manifestar incluso dentro de nuestras propias familias. Esta violencia se manifiesta a través de actos de odio como ser el desarraigo familiar, violencia física, psicológica, social, económica, expulsiones de los hogares, violaciones correctivas e incluso, culminando en muertes violentas. Esta violencia motivada por la orientación sexual, identidad y expresión de género de las personas imposibilita la convivencia familiar.
Ante esto, las personas LGBTQ construimos vínculos sociales fuera del vínculo familiar tradicional, los cuales a través de la convivencia, amistad, apoyo económico-social y construcción de vida en común constituyen familias, tal como ocurrió en este caso.
Tras el abandono de su familia biológica, Leonela Zelaya y Thalía Rodríguez construyeron una familia tras más de una década de convivencia, en los cuales se apoyaron mutuamente en diversas situaciones, viviendo como mujeres trans, portadoras de VIH, ejerciendo el trabajo sexual y en situación de pobreza, enfrentando constantes episodios de detenciones arbitrarias y violentas por parte de los órganos policiales.
Tras su asesinato, fue Thalía quien recogió el cuerpo de Leonela en la morgue de Tegucigalpa y quien gestionó el féretro a través de la Funeraria del Pueblo. Los servicios fúnebres de Leonela Zelaya fueron realizados en un bar por mujeres trans, trabajadoras sexuales, al cual no asistió ningún miembro de su familia biológica.
El asesinato de Leonela y la falta de esclarecimiento generaron a Thalía un sentimiento de inseguridad, frustración e impotencia. Por estas violaciones de derechos humanos, la Corte reconoció a Thalía Rodríguez, en calidad de familiar de Leonela, como víctima del caso, generando estándares aplicables a todas las personas LGBTQ.
A juicio de la Corte, esta situación lleva a que, en casos de muertes violentas de mujeres trans, las personas que integren las redes de apoyo de la persona fallecida puedan ser declaradas víctimas por la violación de sus derechos a la integridad psíquica o moral, siempre que se acredite la existencia de un vínculo estrecho con la víctima y una afectación a sus derechos, derivada, por ejemplo, de las gestiones realizadas para obtener justicia. Esta sentencia logra reconocer que las personas LGBTQ construimos familias sociales, familias elegidas, e indica que estas deben ser reconocidas y validadas.
* Abogada litigante del caso Leonela Zelaya y otra vs Honduras, Red Lésbica Cattrachas
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