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Indocumentadas en Honduras: la realidad de las personas trans (parte I)

La CIDH dijo el Estado de Honduras es responsible por la muerte de Vicky Hernández

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Angie en las calles de su aldea natal (Foto cortesia de Dunia Orellana)

Esta es la primera parte de un reportaje realizado con el apoyo de la International Women’s Media Foundation (IWMF) como parte de su iniciativa ¡Exprésate! en América Latina.

SAN MANUEL/SAN PEDRO SULA, Honduras — En la aldea de Tacamiche, que se desligó de la transnacional bananera Tela Railroad Company a finales de los años 90, vive Angie Orellana, mujer trans, activista y lideresa comunitaria que pese a las múltiples limitantes en el área rural se mantiene firme en su lucha por los derechos de la comunidad LGBTIQ+ en Honduras.

De actitud afable, mirada expresiva y suave sonrisa, Angie nos recibe en su casa en esta aldea situada en San Manuel, a 22 kilómetros de la segunda ciudad más importante de Honduras, San Pedro Sula, para ilustrar la realidad que viven muchas personas trans en el país. 

En una hamaca, debajo de un barracón rodeado del verde de las plantas, la originaria de  la ciudad de La Lima narra que su espíritu aguerrido nació cuando apenas tenía 13 años en la lucha campesina de la que sus padres fueron parte para desligarse de la transnacional. 

“De ahí nace la lucha a la que me dedico ahora para el cumplimiento de nuestros derechos. De ahí parte lo que soy como mujer trans, como luchadora, porque soy una persona que me mantengo luchando por nuestros derechos”, expresa.

En su juventud, Angie incursionó en las luchas estudiantiles y, con el paso de los años, gracias a su hermana, quien también es mujer trans, llegó a las puertas de la Asociación Feminista Trans (AFET), donde aprendió más acerca de la diversidad de género y poco a poco se fue involucrando en las actividades para defender los derechos de la población trans en Honduras.

Incertidumbre

El fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (IDH) que hizo responsable al Estado de Honduras por la muerte de Vicky Hernández durante el golpe del 28 de junio de 2009 marcó un precedente histórico para la población trans y comunidad LGBTIQ+ en América Latina. Hubo un velo de esperanza para una comunidad que durante años ha sido víctima de odio, discriminación y violaciones de derechos humanos que les han despojado de su plenitud como personas.

Vicky Hernández (Foto cortesia de Cattrachas)

Sin embargo, la realidad es que la incertidumbre continúa para las personas trans, aunque se han dado avances en algunos procesos. El Estado de Honduras realizó el 9 de mayo de 2022 el acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional por la muerte de Vicky Hernández, una de las medidas reparatorias que la Corte IDH ordenó al Estado luego de la sentencia.

Al respecto, Angie expresa que luego del acto de reconocimiento de responsabilidad, la poca visibilidad que la presidenta Xiomara Castro da a las personas trans en los espacios públicos es preocupante. “Nosotras le apostábamos a que en todo momento, en todo espacio, la presidenta iba a estar representándonos y no ha sido así”, comenta.

Las personas trans todavía continúan en espera de una respuesta que les deje saber cuál será el siguiente paso que les permita acercarse al goce integral de sus derechos. “Hemos tocado varias puertas, así vemos la poca voluntad política de cada una de las personas que llevan este proceso”, puntualiza la activista. 

Con 40 años de edad, Angie dice ser “una persona indocumentada en su propio país”. De igual manera, remarca la carencia de una ley de identidad de género que beneficie a las personas trans, no para solucionarles la vida por completo, sino para erradicar las violaciones a los derechos humanos que viven diariamente.

Falsas esperanzas

Durante la administración del expresidente Juan Orlando Hernández, se realizó el censo nacional de la población con la intención de actualizar la tarjeta de identidad, anteriormente llamada cédula, a un nuevo documento nacional de identificación (DNI).

Para el DNI, las personas trans pudieron tomarse la fotografía vistiendo acorde a su expresión de género. El nuevo documento incluye los apartados de nombre, apellido, fecha de nacimiento, número de identificación, nacionalidad, lugar de nacimiento, fecha de expiración y firma del ciudadano, dejando el apartado de sexo/género.

Sin embargo, en la parte posterior del documento se observan los diferentes códigos de barra, QR, domicilio y un código alfanumérico que contiene un identificador de F o M (femenino o masculino), el  cual, de acuerdo con dirigentes de las asociaciones LGBTIQ+, evidencia la forma en que el pasado gabinete manipulaba la información para hacer parecer que se avanzaba en la materia cuando no era así.

Fotografia de la DNI mostrando códigos f y M

Esta relevante pieza de información que muestra cómo los procesos se camuflan para impedir el goce de derechos humanos integrales no aparece en las fotografías de la campaña informativa que publicaron entes del Gobierno al momento del censo.

Fotos de la campaña del DNI-2 promovida.

La lideresa trans y defensora de AFET, Allyson Hernández, comenta que esta ha sido “una estrategia muy sucia”. “Hay muchas compañeras que se alegran porque está el cambio de la imagen, pero nosotras que estamos dentro y al frente de la lucha y el movimiento entendemos que ha sido algo maquillado, donde siempre se nos marca que somos sexo masculino”, señala.

Según Hernández, esto conlleva a que otras personas se confundan, dado que la imagen de expresión de género no es la misma que indican los documentos de investigación, propagando aún más el odio y el estigma.

¿Hay avances?

Dentro de la sentencia de la Corte IDH, la octava medida reparatoria que el Estado debe cumplir es “adoptar un procedimiento para el reconocimiento de la identidad de género que permita a las personas adecuar sus datos en los documentos y en los registros públicos de conformidad con su identidad de género autopercibida”.

En septiembre del presente año debía haberse dado una reunión para iniciar el proceso de cambio de nombre, pero el Registro Nacional de las Personas (RNP), institución que se encargará del proceso de cambio de nombre en el DNI, no ha definido hasta el momento la metodología ni fechas para iniciar con el cumplimiento de dicha medida.

Al ser consultados, el RNP aseguró que la Procuraduría General de la República (PGR) es la institución que lidera el cumplimiento de la sentencia, apoyándose en el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) y otras organizaciones de sociedad civil defensoras de las personas de la diversidad. Asimismo, argumentó que “solo están a la espera de la suscripción del memorándum de entendimiento para el cumplimiento de la sentencia, con el acompañamiento de todas las instituciones involucradas a nivel nacional que garanticen su cumplimiento”.

Angie reconoce que las personas trans tienen que vivir situaciones de discriminación en cada espacio. Las actividades cotidianas más simples como ir al banco o recibir atención médica se vuelven engorrosas al no contar con los documentos que reflejen su expresión de género. 

Cabe resaltar que en Honduras actualmente existen solamente tres motivos por los cuales una persona puede cambiar su nombre, basados en el artículo 51 de la Ley del Registro Nacional de las Personas: 1) por error del registro al momento de su inscripción, 2) cuando el nombre sea demasiado difícil de pronunciar o de escribir y 3) cuando el nombre denigre a la persona o sea contrario a la moral y a las buenas costumbres.

Dentro del último punto se hace énfasis en que, si los nombres son contrarios a la moral y a las buenas costumbres, se realizará el cambio de nombre solamente si hay un dictamen forense solicitado por el RNP que evidencie que esto está causando daño psicológico en la niña o niño.

Mientras tanto, las personas trans continúan sumidas en procesos de discriminación, en los que son objeto de burlas, humillaciones y negación de servicios por no tener un documento de identidad que refleje su expresión de género real.

Esperanza con liderazgo

En su diario vivir, Angie trata de dejar huella ejerciendo su liderazgo. Dedica su tiempo a hacer voluntariado dentro de AFET y también coordina el grupo Frida Trans, integrado por 40 personas voluntarias con diferentes expresiones de género. Angie creó Frida Trans con el propósito de brindarles apoyo, ser más visibles en la comunidad y educar a las personas de su entorno para derribar estigmas sociales. Por ello, Angie resalta que le gusta “la inclusividad porque la lucha es LGBTI+, no es solo de las personas trans”.

El municipio de San Manuel es una zona del interior del país bastante conservadora, que se vuelve agravante para la seguridad de las personas trans. Sin embargo, la lideresa se muestra firme en destacar la importancia de la educación comunitaria en temas de diversidad. El semblante de Angie se va endureciendo a medida que habla de sus puntos de vista para poder alcanzar una sociedad más justa e inclusiva.

“Considero que nosotras debemos educar a la sociedad. No te miento, siempre hay un grado de estigma y discriminación en los lugares que puedo llegar o llego, pero lo que me gusta dar a conocer es el trabajo que nosotras realizamos, lo positivo de trabajar en los colectivos LGBTI+ para el cumplimiento de los derechos, específicamente”.

Frida Trans ha permitido que haya mayor visibilidad en el sector, las personas LGBTI+ se están manifestando para abrir espacios donde puedan abordar temas referentes a su expresión de género, ya que actualmente esta localidad no cuenta con un punto de reunión para la población diversa, como en la mayoría del territorio hondureño, donde se segrega a muchas personas trans por considerar que alteran las buenas costumbres y el orden público. 

Relación del fundamentalismo religioso con el Estado

El fundamentalismo religioso ha levantado ataques de odio en la comunidad de San Manuel, propagando la desinformación y haciendo que más personas apoyen la posición de los grupos antiderechos.

Angie reflexiona que “eso es algo que siempre va a existir” porque lo vienen acarreando desde hace muchos años, pero “nunca se había visto de manera tan violenta ni directa como en este momento”, indica.

En lo que va del 2022 ya se superó el número de muertes violentas de personas diversas del año pasado. En 2021 se cerró con 29 muertes, mientras que en julio del presente año esta cifra ascendía a 36 muertes violentas dentro de la comunidad, siendo los departamentos de Cortés y Francisco Morazán los que registran mayor número de fatalidades.

Aunque se muestra optimista al afirmar que “esto va a disminuir a medida se eduque a las personas”, la cotidianeidad de Angie y el resto de sus compañeras no es fácil. “Algunas de nosotras o todas nosotras nos preparamos diariamente para conllevar lo que pasa a nuestro alrededor; discriminación, rechazo, odio, todo ese tipo de cosas”.

Un ejemplo de esto se dio en el marco del Día contra la HomoLesboBiTransFobia luego de que varias organizaciones LGBTIQ+ realizarán eventos de manifestación exigiendo sus derechos. El alcalde de San Pedro Sula, Roberto Contreras, se negó a izar la bandera del orgullo, argumentando que “no quería enemigos como la iglesia o cualquier otro sector que pudiera pronunciarse en contra de su gobierno”, comparte el presidente del Comité LGBTIQ+ del Valle de Sula, Osman Lara. 

“Esta es una de las mayores limitantes dado que ni nosotras gozamos de un Estado laico, tú bien sabes todo lo que hemos venido acarreando desde años, donde siempre la Iglesia ha estado incluida en las decisiones del pueblo. Entonces creo que no debe ser así”.

Según un estudio publicado por CID Gallup, la población hondureña es 36 por ciento católica y 44 por ciento evangélica. La religión en Honduras es con frecuencia utilizada como mecanismo de manipulación, lo cual conlleva a que se divulguen más discursos de odio en contra de las personas trans.

Grupos religiosos de Tegucigalpa en manifestación para defender la moralidad y buenas costumbre de país. (Foto de Luis Vallecillo)

No obstante, la Constitución de la República en el artículo 77 expone lo siguiente: “Los ministros de las diversas religiones no podrán ejercer cargos públicos ni hacer en ninguna forma propaganda política, invocando motivos de religión o valiéndose, como medio para tal fin, de las creencias religiosas del pueblo”.

La realidad es completamente opuesta a la teoría. Desde hace mucho tiempo se ve abiertamente cómo la relación entre Iglesia y Estado ha interferido en decisiones para el bienestar social como derechos sexuales y reproductivos, ley de identidad de género y matrimonio igualitario.

Angie inclina el cuerpo, se impulsa hacia adelante en la hamaca donde está sentada y abre las manos para gesticular, canalizando toda la energía que siente en ese momento para expresar su relato. 

“Parte del Estado debe de ir trabajando en esto para que se vaya erradicando … Son personas aliadas prácticamente todas las que están en contra de nuestros derechos en beneficio de la población LGBTI+ … hay intereses políticos detrás de todo esto también porque todo nace de esta manera”, enuncia.

Radio Nacional de Honduras es censurada

Sumándose a esto, la mayoría de los medios de comunicación tradicionales se convierten en fuentes de desinformación y perpetúan el odio. Por otra parte, los medios independientes hacen uso de las herramientas de capacitación de entes internacionales para empezar a exponer la realidad de las poblaciones rezagadas.

En junio de 2022, Radio Nacional de Honduras difundió dos audios que fomentaban el respeto a los derechos LGBTIQ+. En uno de ellos, una joven le comenta a su madre que es lesbiana y, en el otro, una mujer mayor expresa que existirá normalidad hasta que se respeten los derechos de todas las personas.

Se trata de un hecho histórico en el país, puesto que ningún medio estatal había emitido alguna opinión al respecto hasta ese momento. Como consecuencia, la radioemisora sufrió una serie de reacciones negativas y ataques dado que los oyentes argumentaban que se estaba atentando contra la institución de la familia y que la campaña era inmoral e incorrecta para los niños del país.

Venciendo el desconocimiento con la verdad

De vuelta a su semblante risueño, relajada y acercándose más a cámara, Angie deja apreciar su personalidad más rockera con sus característicos tatuajes y su nítida manicura. Procede a abrirse para relatar cómo fue su transición. Cuenta que, por desconocimiento en temas de género y diversidad, durante algún tiempo se definió como un chico gay, aunque siempre se sintió más femenina.

“Recuerdo que me gustaba mucho el rock, así que lo utilizaba de escudo para que no me discriminaran cuando yo saliera con ropa bien ajustada y con un poquito de maquillaje en mi cara”, relata.

Reconoce que aún en ese momento no se definía como mujer trans por la desinformación es estos temas que son de suma importancia. Aquí entran las organizaciones LGBTIQ+, dedicadas a la incansable labor de la educación y visibilización de lxs miembrxs de la comunidad.

Hace siete años, luego de capacitarse, por fin reconoció su género. “Hasta que yo llego a AFET y comenzamos a hablar de género y orientación sexual es cuando yo ya me identifico como una persona trans”, comparte.

Con una sonrisa dibujada en el rostro, Angie comparte lo que significa esta transición para su vida, lo cual ella cataloga como “un logro porque me siento libre, libre al expresarme y al identificarme con el género con el que yo me siento conforme”.

A pesar de que ha sido un reto luchar diariamente contra las imposiciones de un Estado y sociedad rotos por los intereses políticos, no oculta la felicidad que siente al poder ser ella misma y que su activismo llegue a más personas que como ella no entienden cómo identificarse.

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The university that refuses to let go

Joanna Cifredo is a trans woman participating in University of Puerto Rico strike

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Joanna Cifredo outside the University of Puerto Rico campus in Mayagüez, Puerto Rico. (Washington Blade photo by Ignacio Estrada Cepero)

Over the past days, I have been walking with a question that refuses to leave me. Not the kind of question you answer from a desk or from a distance, but one that grows out of what you witness in real time, at the gates, in the faces of those who remain there without knowing how any of this will end. What is truly happening inside the University of Puerto Rico, and why have so many students decided to risk everything at a moment when they can least afford to lose anything.

I write as someone who lives just steps away from the Río Piedras campus. These days, the silence has replaced the constant movement that once defined this space. The absence is felt in every corner where students used to pass at all hours. Since arriving in Puerto Rico three years ago, I have come to know firsthand stories that rarely make it into reports or official statements. One of the reasons I chose to stay was precisely this, to serve the university community, to help create a space where students could find something as basic as a safe meal at night and, in some way, ease burdens that are often carried in silence.

I have listened, asked questions, and tried to understand without imposing answers. What I have found is not a collective outburst or a generational whim. What exists is a fracture, a deep break between those making decisions and those living with their consequences every single day.

There has been an effort to reduce this strike to an issue of order, scheduling, or academic disruption. Conversations revolve around missed classes, delayed semesters, and students supposedly unaware of the consequences of their actions. What is rarely addressed are the conditions that lead an entire student body to pause its own future to sustain a protest that offers no guarantees.

Because that is the reality. These are students who fully understand what they are risking, and yet they remain. When someone reaches that point, the least they deserve is not judgment, but to be heard.

From the outside, there have also been attempts to discredit what is happening. Familiar narratives are repeated, legitimacy is questioned, and doubt is cast over intentions. It is easier to do that than to acknowledge that this did not begin at the gates, but long before, in decisions made without building trust.

And something must be said clearly. This is not limited to the gates of Río Piedras. What we are witnessing extends across every unit of the University of Puerto Rico system. Mayagüez, Ponce, Arecibo, Bayamón, Cayey, Humacao, Carolina, Aguadilla, Utuado, and the Medical Sciences Campus. This is not an isolated reaction. It is a movement that runs through the entire institution. Río Piedras may be more visible, but it is not alone. What is happening there reflects a broader unrest felt across the system.

Within that context, one demand has grown increasingly present, the call for the resignation of University of Puerto Rico President Zayira Jordán Conde. This is not the voice of a small group. It reflects a deeper level of mistrust that has spread across multiple campuses.

The Puerto Rican Association of University Professors has also made it clear that this is not solely a student issue. There is real concern among faculty, and a shared recognition of the conditions currently shaping the university. When students and professors arrive at the same conclusion, the problem can no longer be minimized.

Meanwhile, the administration continues to speak in the language of dialogue. But dialogue is not a word, it is a practice. And when trust has been broken, it cannot be restored through statements alone, but through decisions that prove a willingness to truly listen.

In the midst of all of this, there are voices that cannot be ignored. Voices grounded not in theory, but in lived experience. One of them is Joanna Cifredo, a student at the Mayagüez campus, a young Puerto Rican trans woman, and someone widely recognized for her advocacy.

I spoke with her in recent days. What follows is her voice, exactly as it is.

How would you describe what is happening inside the University of Puerto Rico right now, beyond what people see from the outside?

Estamos viviendo momentos muy difíciles, en el sentido de que hay mucha incertidumbre y una presión constante por parte de la administración para reabrir el recinto, pero, entre todo el caos e inestabilidad provocado por las decisiones de esta administración, también hemos vivido momentos muy poderosos. Esta lucha ha sacado lo mejor de nuestra comunidad.

Lo vimos en las asambleas y plenos, donde 1,500, 1,700, hasta 1,800 estudiantes llegaron —bajo lluvia, bajo advertencias de inundaciones— y aun así se quedaron, participaron y votaron a favor de una manifestación indefinida hasta que se atiendan nuestros reclamos.

He conocido a tantas personas en los diferentes portones, estudiantes graduados, aletas, estudiantes de intercambio, estudiantes de todo tipo de concentraciones y se unieron para apoyar el movimiento estudiantil. Estudiantes que vienen a los portones después del trabajo o antes de trabajar. Estudiantes que vienen a dejar agua y suministros entre turnos de trabajo. Viejitos que vienen a los portones con desayuno, almuerzo o cena.

Más allá de lo que se ve desde afuera, lo que estamos viviendo es una mezcla de tensión y resistencia, pero también de comunidad, solidaridad y compromiso colectivo.

Much of what is discussed remains at the level of headlines or social media. From your direct experience, what specific decisions or actions from the administration have led to this level of mobilization?

Desde el inicio, la designación de la Dra. Zayira Jordán Conde careció de respaldo dentro de la comunidad universitaria. No contaba con experiencia administrativa en la UPR ni con un conocimiento básico de nuestros procesos, cultura y reglamentos. Por eso, en asamblea, el estudiantado votó para solicitarle a la Junta de Gobierno que no considerara su candidatura, y múltiples organizaciones docentes hicieron lo mismo. Existía un consenso amplio de que no tenía la experiencia necesaria para liderar una institución como la nuestra.

A pesar de ese rechazo claro, la Junta de Gobierno decidió ignorar los reclamos de la comunidad universitaria e imponer su nombramiento.

Una vez en el cargo, su estilo de gobernanza ha sido poco transparente y poco colaborativo. Sin embargo, el detonante principal de la movilización en el Recinto Universitario de Mayagüez fue su decisión de destituir, de manera unilateral y en medio del semestre, a cinco rectores, incluyendo al nuestro, el Dr. Agustín Rullán Toro, para reemplazarlo por un rector interino, el Dr. Miguel Muñoz Muñoz.

Esta acción, tomada de forma abrupta, provocó de inmediato un clima de caos e inestabilidad dentro de la institución. Y deja una pregunta inevitable: ¿no anticipó el impacto de esa decisión, lo que evidenciaría una falta de experiencia? ¿O lo anticipó y aun así decidió proceder? No está claro cuál de las dos es más preocupante.

Además, esta decisión tuvo consecuencias concretas para el estudiantado, incluyendo el retiro de becas educativas para nuevos integrantes del RUM por parte de la Fundación Ceiba, que calificó la movida como “sorprendente” y “preocupante”. Decisiones impulsivas como la que tomó la presidenta ponen en peligro la estabilidad de nuestra institución y la acreditación de la universidad.

As a trans woman within this movement, how does your identity intersect with what is happening, and why does this also shape the future of people like you?

Soy una de varias chicas trans que formamos parte activa de este movimiento estudiantil.

For those outside the UPR who believe this does not affect them, what are the real consequences of this crisis?

La Universidad de Puerto Rico se fundó para servir al pueblo.

It is impossible to overstate the role the University of Puerto Rico and its students have played in shaping the social, cultural, and economic life of this country. Its impact extends into science, medicine, and every profession that has sustained Puerto Rico over time. No other educational institution has contributed more.

After listening to her, one thing becomes undeniable. This is not just another protest, but a generation refusing to let go of what little remains within its reach. And when a generation reaches that point, the issue is no longer the strike, the issue becomes the country itself.

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La X vuelve al tribunal

Primer Circuito examina caso del reconocimiento de personas no binarias en Puerto Rico

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(Foto de Sergei Gnatuk via Bigstock)

Hace ocho meses escribí sobre este tema cuando todavía no había llegado al nivel judicial en el que se encuentra hoy. En ese momento, la discusión se movía entre decisiones administrativas, debates públicos y resistencias políticas. No era un asunto cerrado, pero tampoco había alcanzado el punto actual.

Hoy el escenario es distinto.

La organización Lambda Legal compareció ante el Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito en Boston para solicitar que se confirme una decisión que obliga al gobierno de Puerto Rico a emitir certificados de nacimiento que reflejen la identidad de las personas no binarias. La apelación se produce luego de que un tribunal de distrito concluyera que negar esa posibilidad constituye una violación a la Constitución de Estados Unidos.

Este elemento marca la diferencia. Ya no se trata de una discusión conceptual. Existe una determinación judicial que identificó un trato desigual.

El planteamiento de la parte demandante se sostiene en el propio marco legal vigente en Puerto Rico. Los certificados de nacimiento de identidad no son registros históricos inmutables. Son documentos utilizados para fines actuales y esenciales. Permiten acceder a empleo, educación y servicios, y son requeridos en múltiples gestiones ante el Estado. Su función es operativa.

En ese contexto, la exclusión de las personas no binarias no responde a una limitación jurídica. Puerto Rico permite la corrección de marcadores de género en certificados de nacimiento para personas trans binarias desde el caso Arroyo González v. Rosselló Nevares. Además, el Código Civil reconoce la existencia de certificados que reflejan la identidad de la persona más allá del registro original.

La diferencia radica en la aplicación.

El reconocimiento se concede dentro de categorías específicas, mientras que se excluye a quienes no se identifican dentro de ese esquema. Esa exclusión es el eje de la controversia actual.

El argumento presentado por Lambda Legal es preciso. Obligar a una persona a utilizar documentos que no reflejan su identidad implica someterla a una representación incorrecta en procesos fundamentales de la vida cotidiana. Esto puede generar dificultades prácticas, exposición innecesaria y situaciones de vulnerabilidad.

Las personas demandantes, nacidas en Puerto Rico, han planteado que el acceso a documentos precisos no es una cuestión simbólica, sino una necesidad básica para poder desenvolverse sin contradicciones impuestas por el propio Estado.

El hecho de que este caso se encuentre en el sistema federal introduce una dimensión adicional. No se trata de un proyecto legislativo ni de una política pública en discusión. Es una controversia constitucional. El análisis gira en torno a derechos y a la aplicación equitativa de las leyes.

Este proceso tampoco ocurre en aislamiento.

Se desarrolla en un contexto donde los debates sobre identidad y derechos han estado marcados por una mayor presencia de posturas conservadoras en la esfera pública, tanto en Estados Unidos como en Puerto Rico. En el ámbito local, esa influencia ha sido visible en discusiones legislativas recientes, donde argumentos de carácter religioso han comenzado a formar parte del debate sobre política pública. Esa intersección introduce tensiones en torno a la separación entre iglesia y Estado y tiene efectos concretos en el acceso a derechos.

Señalar este contexto no implica cuestionar la fe ni la práctica religiosa. Implica reconocer que, cuando determinados argumentos se trasladan al ejercicio del poder público, pueden incidir en decisiones que afectan a sectores específicos de la población.

Desde Puerto Rico, esta situación no se observa a distancia. Se experimenta en la práctica diaria. En la necesidad de presentar documentos que no corresponden con la identidad de quien los porta. En las implicaciones que esto tiene en espacios laborales, educativos y administrativos.

El avance de este caso abre una posibilidad de cambio en el marco legal aplicable. No porque resuelva de inmediato todas las tensiones en torno al tema, sino porque establece un punto de análisis jurídico sobre una práctica que hasta ahora ha operado bajo criterios restrictivos.

A diferencia de hace ocho meses, el escenario actual incluye una determinación judicial que ya identificó una violación de derechos. Lo que corresponde ahora es evaluar si esa determinación se sostiene en una instancia superior.

Ese proceso no define un resultado inmediato, pero sí establece un nuevo punto de referencia.

El debate ya no es teórico.

Ahora es judicial. 

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Cuba

Cuba bajo presión y sin respuestas

Cubanos no hablan en términos geopolíticos. Hablan de sobrevivir

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La Habana en 2017. (Foto de Michael Key por el Washington Blade)

Las tensiones entre Estados Unidos y Cuba han vuelto a subir de tono. No es algo nuevo, pero este momento se siente distinto. Las medidas más recientes desde Washington buscan cerrar aún más los espacios financieros del gobierno cubano, limitar sus fuentes de ingreso y presionar sectores clave de la economía. No es simbólico. Es una política directa.

Desde Estados Unidos, el mensaje es claro. Se busca provocar cambios que no han ocurrido en más de seis décadas. También hay un componente interno, una presión política que responde a sectores del exilio que llevan años exigiendo una postura más dura. Todo eso forma parte del escenario.

Pero esa es solo una parte.

Del lado cubano, la respuesta sigue un patrón conocido. El gobierno habla de agresión externa, de guerra económica, de un embargo que se endurece. Cada medida se convierte en argumento para reforzar su narrativa y cerrar filas. No hay espacio para reconocer errores propios. Todo apunta hacia afuera.

Mientras tanto, la vida en la isla va por otro camino.

La crisis energética que hoy vive Cuba no empezó con estas medidas. Lleva años acumulándose. El sistema eléctrico está deteriorado, sin mantenimiento suficiente, con fallas constantes. Los apagones no son nuevos. Lo que ha cambiado es la frecuencia y la duración.

Durante años entró petróleo a Cuba, especialmente desde Venezuela. Hubo acuerdos. Hubo suministro. Y aun así, la vida del cubano no mejoró. La electricidad seguía fallando, el combustible seguía racionado, el transporte seguía siendo un problema diario.

Entonces la pregunta sigue siendo la misma.

Si el petróleo estaba entrando, ¿por qué nada cambiaba?

¿Dónde fue a parar ese recurso?

¿Dónde está el dinero que generó?

Hoy se habla de restricciones al petróleo como si fueran la causa principal de la crisis. No lo son. Empeoran una situación ya frágil, pero no la explican completamente.

Hay una historia más larga que no se puede ignorar.

Lo mismo ocurre con las brigadas médicas.

Durante años se presentaron como un gesto de solidaridad internacional. Y en muchos casos lo fueron. Médicos cubanos trabajaron en condiciones difíciles, salvaron vidas, sostuvieron sistemas de salud en otros países. Eso es real.

Pero también funcionaron como una de las principales fuentes de ingreso del Estado cubano.

Muchos de esos profesionales no recibían el salario completo por su trabajo. Una parte significativa quedaba en manos del gobierno. En algunos casos, ni siquiera tenían control sobre el dinero que generaban.

Y hay algo más duro.

Si uno de esos médicos decidía no regresar a Cuba, ese dinero no llegaba a su familia. Se quedaba retenido.

Hoy varios países están revisando o cancelando esos acuerdos. Y otra vez, la respuesta oficial es señalar hacia afuera. Pero la pregunta sigue siendo inevitable.

¿Se está perdiendo un modelo de cooperación o un sistema que dependía del control sobre sus propios profesionales?

Dentro de Cuba, la conversación suena diferente.

La gente no habla en términos geopolíticos. Habla de sobrevivir. De cómo llegar al final del día. De los apagones, de la comida que no alcanza, del transporte que no aparece, de una vida que cada vez se hace más difícil.

Hay quienes miran las medidas de Estados Unidos con cierta expectativa. No porque quieran más escasez, sino porque sienten que el sistema no cambia por sí solo. Hay una sensación de estancamiento que pesa.

Pero esa expectativa convive con una realidad concreta.

Las sanciones no golpean primero a quienes toman decisiones. Golpean al ciudadano común. Al que hace la fila. Al que pierde la comida por falta de electricidad. Al que no tiene cómo moverse.

Esa es la contradicción.

El gobierno cubano pide solidaridad internacional. Y la recibe. Países que envían ayuda, organizaciones que se movilizan, voces que defienden a la isla.

Pero hay otra pregunta que también está ahí.

¿Esa ayuda llega realmente al pueblo?

La falta de transparencia en la distribución de recursos es parte del problema. Porque no se trata solo de lo que entra, sino de lo que realmente llega a quienes lo necesitan.

Reducir lo que pasa en Cuba a un conflicto entre dos gobiernos es no querer ver el cuadro completo.

Aquí hay responsabilidades compartidas, pero no iguales.

Estados Unidos ejerce presión con efectos reales sobre la economía cubana. Eso no se puede negar. Pero dentro de la isla hay un sistema que ha tenido décadas para corregir, para abrir, para responder a su gente, y no lo ha hecho.

Esa parte no se puede seguir esquivando.

Yo escribo esto como cubano. Desde lo que vi, desde lo que viví y desde la gente que sigue allá tratando de resolver el día.

Porque al final, más allá de lo que se diga entre gobiernos, la realidad es otra.

Cuba hoy está más apretada, sí. Pero también lleva años arrastrando problemas que nadie ha querido enfrentar de verdad.

Y mientras eso siga así, da igual lo que venga de afuera. El problema sigue estando adentro.

Nota del editor: Una versión de este comentario en inglés salió en el sitio web del Washington Blade el 7 de abril.

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