SAN SALVADOR, El Salvador — El 23 de febrero del 2022, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia salvadoreña dio a conocer una resolución en la que ordenó a la Asamblea Legislativa se reformara la Ley del Nombre de la Persona Natural, de esta manera se garantizaría las condiciones necesarias a las personas que deseen cambiar su nombre para que coincida con su identidad de género.

A un año de esta resolución la Asamblea Legislativa de El Salvador no tomó en cuenta el plazo que le dio la Corte Suprema, diversas organizaciones de personas trans, activistas independientes y entidades internacionales han mostrados su descontento con la inactividad. 

“La resolución de la sala responde a la demanda que dos personas trans hicieron, evidenciando las afectaciones y la discriminación que vivías debido al no tener un cambio de nombre, por lo que la sala falló a favor y explicó la inconstitucionalidad del artículo 23 de la LNPN”, menciona Amalia Leiva, parte del equipo de inclusión social de la Fundación Cristosal.

El artículo 23 inciso segundo de la LNPN, fue el que precisamente declaró como inconstitucional la Sala de la Corte Suprema de Justicia, ya que se encontró una falta de “regulación de los supuestos y condiciones para que un ser humano cambie su nombre por razones de identidad de género”, por lo que esto constituyó un “trato discriminatorio no justificado”. 

Leiva menciona que la Sala es impuesta por el partido oficialista del gobierno en turno, “Nuevas Ideas, del presidente Nayib Bukele”; además aclara que tiene acaparados los poderes del Estado. “Actualmente no hay una separación en los poderes del Estado y por ello no hay un ente que pueda hacer acción de la constitucionalidad en los temas de políticas públicas”, asegura. 

La Asamblea Legislativa en su mayoría, tanto como el presidente de la república, “han dado declaraciones en reiteradas ocasiones sobre no querer legislar ninguna política pública que venga de sociedad civil, sino únicamente las que vengan presentadas por el partido Nuevas Ideas”, asegura Leiva. 

“Ellos siempre han utilizado el argumento que fueron electos por mayoría, por ende los temas que no apoyen vuelven más vulnerables a poblaciones históricamente excluidas, como la población LGBTIQ+, en especial las personas trans”, aclara con preocupación Leiva. 

Por su parte Cristian González Cabrera, investigador en el programa de derechos LGBT de Human Rights Watch, opina que es muy grabe que la Asamblea Legislativa de El Salvador esté ignorando una sentencia de la Corte Suprema; para las personas trans esto es devastador porque llevan años luchando por una ley de identidad de género que respete su dignidad y autonomía.

Como reportaron en un informe del año pasado sobre el acceso a los derechos, “la población trans sufre todos los días por no contar con un documento que concuerde con su identidad, no se sienten cómodas yendo al médico, no pueden acceder a un empleo digno, entre otras cosas”, asegura. Por el Estado salvadoreño tiene una deuda histórica con la población trans y la sentencia mostraba una esperanza de que esa deuda se pagaría, esperanza que fue disuelta por la misma Asamblea Legislativa, según palabras de González. 

De Acuerdo a González, que no se cumpla la sentencia forma parte de un patrón más grabe, del debilitamiento del Estado de derecho y de la independencia judicial en El Salvador, punto fundamentales y claves que se necesitan para defender los derechos de todos los salvadoreños. 

Desde que el partido Nuevas Ideas obtuvo la mayoría en la Asamblea Legislativa en el año 2021, menciona González que las instituciones democráticas han estado bajo ataque del Bukele y sus aliados. 

Por esto “no se cumple lo que sucede en una democracia funcional, donde una legislatura debería cumplir con las sentencias del poder judicial, cosa que no sucede en El Salvador”, agrega. 

Leiva también mencionó que debe exigirse que se restaure la separación de poderes de los tres órganos del Estado, que cesen los mensajes desde los puestos de poder en la Asamblea y hasta del mismo presidente, sobre los temas de no a la ideología de género, que a pesar de ser un término creado por la derecha misma, “atenta contra la integridad, identidad y vida de las personas trans particularmente”. 

Lo principal es que debe legislarse con las leyes y la constitución, “dejando de lado los fundamentos religiosos”. Hay tres artículos de la Constitución de la Repúblicas que nos facultan como un Estado laico y por lo tanto debe prevalecer un derecho público, comenta Leiva.

La postura de Human Rights Watch ante lo sucedido, es que la comunidad internacional debe redoblar sus esfuerzos para proteger el Estado de derecho en El Salvador, “la comunidad internacional podría repudiar tanto de manera pública como privada, que no se ha cumplido esta sentencia”, agrega González. Además de ejercer presión multilateral sobre las autoridades en El Salvador, para que aseguren el respeto de los derechos humanos. 

“Sabemos que Bukele y su partido iban a aportar ‘Nuevas Ideas’ en El Salvador, pero la transfobia no es una nueva idea, es una idea antigua arraigada en el prejuicio”, finaliza González. 

Para Karla Guevara, directora de Colectivo Alejandría, ya se veía venir esta situación, ya que la esta Asamblea Legislativa que está a punto de cumplir dos años de gestión, al comienzo de su trabajo, mandaron a archivo varios anteproyectos de ley, entre ellos la Ley de Identidad de Género, esto solo demostró la carencia de interés en tocar la temática.

“Ya nos imaginábamos que no iban a legislar por una Ley de Identidad de Género”, mencionó Guevara, agregando que “si bien se venció el plazo que le dio la Sala de lo Constitucional a la Asamblea Legislativa, para legislar a favor de las personas trans, esa sentencia no aborda de lleno el problema de la identidad de género de las personas trans y no solamente el nombre”. 

Menciona esto debido a que la Sala manda a realizar las reformas respectivas a la LNPN, no manda a la Asamblea Legislativa a legislar por la Ley de Identidad de Género; por ello para Guevara existe un incumplimiento tanto de la Sala como de la Asamblea, pues no se pretende legislar nada a la luz de la normativa internacional como la Opinión Consultiva 2417.

Por ello, lo sucedido no fue una novedad para las asociaciones de sociedad civil que forman parte de la Mesa Permanente por una Ley de Identidad de Género, además, están conscientes que a nivel nacional ya agotaron todas las instancias necesarias, por esto ya solo les queda recurrir a instancias internacionales. 

De acuerdo con la activista Leiva, las acciones a seguir son claras, pues piensan seguir haciendo incidencia, tocando puertas, buscando aliados en el ámbito internacional y en el cuerpo diplomático, para que acompañen y respalden las demandas de la población trans.

El Washington Blade intentó contactarse con algunos diputados para conocer sus impresiones, pero al finalizar esta nota no se tuvo respuesta de ninguno. 

Las organizaciones de personas trans están probando mover el tema con demás en juzgados de familia, para lograr que las personas trans puedan ser reconocidas por su nombre en el documento único de identidad y que la partida de nacimiento pueda ser margina con estos detalles. Hasta el momento hay dos casos que ya están judicializados a favor de las personas trans, pero la alcaldía de San Salvador “ha entrampado estos casos y no cumple con las sentencias dadas”, finaliza Guevara.

Edición Cientonce es el socio mediático del Washington Blade en Ecuador. Esta nota salió en su sitio web el 13 de febrero.

En las elecciones seccionales del pasado 5 de febrero, José Arroyo Cabrera ganó la Alcaldía de Pujilí y su triunfo lo posiciona como el primer hombre abiertamente gay que liderará un gobierno seccional en Ecuador.

Arroyo ganó las elecciones con el 63,71 por ciento de los votos (uno de los resultados más altos en los últimos comicios) en un cantón con 52 por ciento de población indígena.

“Personalmente me llena y me enriquece saber que, quizás de una u otra manera, estoy colaborando para romper esquemas y marcar hitos históricos y, sobre todo, tratar que la gente pueda romper estereotipos que infundadamente nos colocamos y podamos ver el trasfondo de cualquier persona”, señaló Arroyo en una entrevista a Diario El Comercio.

Arroyo llegó con propuestas como incrementar la cobertura de agua potable y alcantarillado, regenerar y construir espacios comerciales y comunitarios, brindar atención médica primaria a niños, adultos mayores, mujeres embarazadas y personas en pobreza extrema, y construir vías urbanas y rurales.

En Pujilí, más del 80 por ciento de la población es rural. En su plan de trabajo, sus propuestas consideran las asimetrías entre el sector urbano y rural del cantón. Por ejemplo, en su plan detalla que la cobertura de agua potable en el área urbana es de 64 por ciento y en el área rural, 36 por ciento.

Un pasó más en la participación política

“Las personas LGBTIQ+ han sido históricamente violentadas, invisibilizadas e instrumentalizadas en la política. Que hoy un hombre gay sea elegido como alcalde es un hecho que sí debe celebrarse, pero sin perder de vista que esto ocurre recién en 2023”, indicó Andrea Villavicencio, activista del colectivo Status Queer. 

Arroyo triunfa en el mismo cantón en el que el actual alcalde, Luis Ugsha, quien buscaba la reelección, lanzó un discurso homofóbico en el cierre de su campaña. Ugsha calificó a la población LGBTIQ+ de “plaga, demonios contra la ley de Dios”.

Por estas declaraciones, la campaña Acuerdo por la Igualdad Voto LGBT+ pidió al Tribunal Contencioso Electoral que sancione a Ugsha por incitación al odio. Asimismo, la Secretaría de la Mujer pidió investigar el caso.

Candidato a la alcaldía de Pujilí por la lista #Suma23, Luis Ugsha llama “plaga, demonios contra la ley de dios entre otros calificativos a la población LGBT+.” Exigimos disculpas públicas y sanción por incitación al odio.

Cc @TCE_Ecuador @cnegobec https://t.co/SFczVj7A44 pic.twitter.com/0YC0qBB6Jp

— Voto LGBT+ Ecuador (@VotosLGBT) January 31, 2023

En la entrevista a Diario El Comercio, Arroyo comentó que durante la campaña electoral en Pujilí “nadie hablaba de mis propuestas o de mi trabajo, únicamente se hablaba de mi sexualidad”.

Por esa violencia y discriminación, la política ecuatoriana ha estado caracterizada por la ausencia de personas LGBTIQ+. Recién en 2006 participaron por primera vez, cuatro personas de la diversidad en elecciones. Buscaban llegar a la Asamblea Constituyente que redactó la actual Constitución, pero no lograron curules.

En 2009, Sandra Alvarez, activista lesbiana, ganó una curul como asambleísta alterna. En 2017 hubo una participación más activa: 15 candidaturas de hombres gais y mujeres trans para asambleístas, entre principales y suplentes, según el informe Por una Democracia Diversa de Fundación Esquel. Ese año, la activista trans Diane Rodríguez, presidenta de Silueta X, fue electa asambleísta alterna. 

El reporte destaca que en años anteriores a las elecciones de 2017 las candidaturas no fueron mayores a 8.

“El derecho a la participación política está consagrado en la Constitución, la cual debería garantizar de manera efectiva una representación directa y sobre todo diversa. Las oportunidades de que personas LGBTIQ+ en Ecuador puedan gozar de este derecho han sido limitadas, debido a que los entornos políticos siguen siendo violentos, machistas y altamente homofóbicos”, comentó Danilo Manzano, director de Diálogo Diverso y coordinador del informe Por una Democracia Diversa.

Actualmente, en la Asamblea Nacional, Jahiren Noriega, quien es abiertamente bisexual, se principalizó como asambleísta por Pichincha. Noriega era la alterna de Pabel Muñoz, quien participó en las elecciones para la Alcaldia de Quito. Ella trabaja activamente por las personas de las diversidades sexo genéricas.

‘No pretendo portar ninguna bandera’

Aunque en redes sociales activistas apluadieron la elección de un candidato abiertamente gay, en el plan de trabajo del futuro alcalde de Pujilí no hay propuestas para las personas de las diversidades sexo genéricas.

“Todo proyecto político debería incluir aspectos enfocados en las personas LGBTIQ+, ya que estas tienen igualdad de derechos, y no mencionarlas es en sí dejar de lado a ciudadanxs ecuatorianos”, señaló Andrea Villavicencio, de Status Queer.

Si bien José Arroyo es abiertamente gay, y calificó como “hito” su elección, o resaltó que es un paso para conquistar más derechos, anticipó en su entrevista para El Comercio que su gestión no estará ligada a la lucha LGBTIQ+.

“No pretendo portar ninguna bandera, ni encabezar una lucha de ninguna minoría. Yo solo quiero ser el alcalde de Pujilí”.

Reportar sin Miedo es el socio mediático del Washington Blade en Honduras. Esta nota salió en su sitio web el 28 de enero.

TEGUCIGALPA, Honduras — En la Sala de lo Penal de Tegucigalpa se llevó a cabo la individualización de Aarón Jeriel Álvarez Pavón, uno de los asesinos implicados en la muerte de Thalía Rodríguez.

En 2022 se evacuaron los medios de prueba contra Pavón y se le dio una sentencia por ser declarado culpable en el caso de Rodríguez.

La audiencia fue corta debido a que la fiscalía fue la que dijo que se debería condenar a Pavón por el delito de asesinato en perjuicio de Thalía y tentativa de asesinato en perjuicio de la pareja de Rodríguez. 

En la audiencia se determinó cuánto solicitaba la fiscalía, qué delitos se le iban a imponer y con qué agravante, además de cuánto solicitaba la defensa de Pavón en cuanto a la pena privativa de libertad. 

Pavón recibió en la audiencia de individualización de la pena una propuesta de condena del Ministerio Público (MP) de 20 años por asesinato y 13 años con cuatro meses por tentativa debido a que la pareja de Rodríguez también fue atacada de manera violenta el día del asesinato.

La defensa de Pavón se adhirió a la cantidad de años que el MP determinó por el asesinato de Thalía y la tentativa contra su pareja, Walter. 

El odio y rechazo que las personas LGBTIQ+ enfrentan a diario es una de las principales causas de asesinatos contra dicha población. 

La abogada y defensora de derechos humanos Nadia Mejía mencionó de manera detallada en una entrevista con Reportar sin Miedo (RSM) que hablar sobre este tema es muy importante, pero lamentable. 

“Hablar en términos de justicia con una pena privativa de libertad deja un mal sabor. He llevado muchos casos, pero es mucho más difícil cuando es alguien con la que uno compartió e hizo activismo. Es bien difícil saber que, aunque haya una pena privativa de libertad, la discriminación y la violencia hacia las personas LGBTI siguen”, mencionó Mejía, abogada del área legal de la Red Lésbica Cattrachas. La siguiente audiencia será el tres de febrero a las 9:00 a.m. para determinar finalmente la cantidad de años de condena de Pavón. 

La lideresa trans fue la primera muerte violenta LGBTIQ+ en enero de 2022, mes en que tomó posesión la actual mandataria Iris Xiomara Castro Sarmiento, quien mostraba con fervor el apoyo a la población LGBTIQ+, y la número 402 desde el transfeminicidio de Vicky Hernández en junio de 2009.

El caso de Vicky llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) debido a que los asesinos eran parte de una institución gubernamental que “vela por la seguridad” de todas, todes y todos los hondureños. 

Pavón es uno de los tres implicados en el asesinato de la activista Rodríguez, uno de los pocos casos que no han quedado en la impunidad, pero que demoró más de diez meses a partir de los hechos y luego de varios errores en las investigaciones por parte de las autoridades correspondientes. 

Una activista comprometida con el cambio

Rodríguez, muerta a los 45 años, era una mujer trans que emprendió su lucha por los derechos de las disidencias sexuales al ver la situación que dicha población afronta a diario en el corazón de Centroamérica. 

Thalía era una persona alegre, positiva y muy fuerte. Quería seguir adelante y ser un ejemplo para las personas trans y decir que “no hay que quedarse en la idea en que la sociedad no nos acepta, que la sociedad nos discrimina, hay que demostrar que nosotros podemos ser también parte de la sociedad, podemos emprender, podemos ser un ejemplo”.

No debemos olvidar que hay dos personas libres y el MP solo las ha identificado, lo que quiere decir que pueden cometer más actos violentos contra personas de la población LGBTIQ+