Miles de mujeres y decenas hombres se concentraron a un costado del Parque Cuscatlán en San Salvador el 8 de marzo para marchar entre consignas, música y emoción hacia la Plaza al Divino Salvador del Mundo en conmemoración del Día Internacional de la Mujer. 

La movilización, organizada por colectivos feministas y diversos movimientos sociales, se convirtió en un espacio clave para visibilizar las demandas de las mujeres salvadoreñas y denunciar lo que consideran un retroceso en materia de derechos humanos bajo el gobierno de Nayib Bukele.

La multitudinaria manifestación reunió a mujeres de distintos sectores y edades, incluyendo trabajadoras del sector informal, estudiantes, activistas ambientales, defensoras de derechos humanos y el movimiento transfeminista, que desde hace siete años participa activamente en esta conmemoración. Todas unidas bajo un mismo propósito: exigir el respeto y garantía de sus derechos en un país donde la violencia de género, la desigualdad económica y la discriminación siguen siendo realidades latentes.

Las manifestantes denunciaron la precarización de la vida de las mujeres, el aumento del desempleo, los desalojos de vendedoras del sector informal, el alto costo de la vida, así como el incremento de feminicidios y crímenes de odio sin resolver. Además, reclamaron la falta de avances en la aprobación de una Ley de Identidad de Género, la necesidad de fortalecer las leyes contra la violencia hacia las mujeres y la urgencia de medidas efectivas contra la minería metálica, que afecta gravemente a las comunidades más vulnerables.

FESPAD: Llamado a garantizar los derechos de las mujeres

Por su parte la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD) se pronunció ante los medios de comunicación, destacando la importancia de garantizar el cumplimiento de los derechos de las mujeres en El Salvador. La organización reconoció avances como la aprobación de la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres (LEIV) y la Ley de Igualdad, Equidad y Erradicación de la Discriminación contra las Mujeres (LIE) en 2010, pero alertó sobre los desafíos aún pendientes.

“Enfrentamos grandes desafíos. La violencia de género, la desaparición de mujeres, la discriminación, la falta de acceso a recursos y oportunidades, las brechas salariales, entre otras problemáticas, siguen siendo realidades que deben ser transformadas”, declaró FESPAD, instando al Estado salvadoreño a cumplir la normativa internacional en defensa de los derechos de las mujeres.

La organización exigió, además, que el gobierno dote de recursos a instituciones clave como la Fiscalía General de la República, la Procuraduría General de la República, el Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (ISDEMU), la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) y la Corte Suprema de Justicia, con el fin de fortalecer la protección y acceso a la justicia para las mujeres salvadoreñas.

Voces desde la marcha: una lucha interseccional

Entre las voces que se alzaron en la marcha estuvo Aranza Santos, parte de la Asamblea Feminista de El Salvador y del Colectivo Alejandría, quien destacó la importancia de la participación del movimiento transfeminista en esta conmemoración. 

“Es fundamental hablar de estos temas coyunturales que consignamos en esta marcha, desde temas ambientalistas, incremento en violencia y el ocultamiento de datos sobre incremento de feminicidios y crímenes por odio que se están dando”, declaró al Washington Blade.

Otra de las participantes, Venus Nolasco, directora del Colectivo LGBTQ+ Perlas de Oriente San Miguel, subrayó la deuda histórica que el Estado salvadoreño tiene con las mujeres trans. 

“No hay que tener miedo de tomarse las calles, porque tenemos derechos, como exigir una Ley de Identidad y un ¡ya basta! a los crímenes por odio”, expresó con determinación.

Un contexto de retrocesos y resistencia

Las organizaciones feministas denuncian que en los últimos años ha habido un deterioro en la garantía de los derechos de las mujeres en El Salvador. A pesar de los avances legislativos previos, señalan que la falta de aplicación efectiva de las leyes y la ausencia de políticas públicas integrales han agravado las condiciones de vulnerabilidad para muchas mujeres.

Además, alertan sobre el impacto de las reformas gubernamentales en el acceso a la justicia y la seguridad de las mujeres. La falta de transparencia en los datos sobre feminicidios y violencia de género ha generado preocupación entre los colectivos feministas, que exigen información clara y veraz sobre la situación de los derechos de las mujeres en el país.

El 8M en El Salvador no es solo una fecha de conmemoración, sino una jornada de resistencia y exigencia de derechos. Las mujeres que marcharon este sábado han dejado claro que la lucha por la equidad de género y la justicia sigue más vigente que nunca. A pesar de los desafíos, la movilización masiva demuestra que las mujeres salvadoreñas continúan organizándose, alzando la voz y exigiendo un país más justo e igualitario.

Las demandas expresadas en esta marcha reflejan una realidad que no puede ser ignorada, la urgencia de garantizar los derechos de todas las mujeres en El Salvador, sin importar su identidad de género, condición socioeconómica o edad. Las manifestantes expresaban que “es momento de que el Estado salvadoreño asuma su responsabilidad”, asegurando que deben tomar medidas concretas para erradicar la violencia, la discriminación y la desigualdad que aún persisten en la sociedad salvadoreña.

Daniel Noboa (ADN) y Luisa González (Revolución Ciudadana) se enfrentarán nuevamente en una segunda vuelta electoral tras los resultados de la primera vuelta desarrollada el domingo 9 de febrero.

Según los resultados del Consejo Nacional Electoral (CNE), con 96,66 por ciento de actas escrutadas, Noboa obtuvo 44,16 por ciento de votos, y González, 43,94 por ciento.

En 2023, ambos pasaron a un balotaje en el proceso de elecciones anticipadas y Noboa triunfó para completar el período del ex presidente Guillermo Lasso, quien recurrió ese año a la figura constitucional de ‘muerte cruzada’ (disolución de Asamblea y convocatoria de comicios) mientras enfrentaba un proceso de juicio político.

La segunda vuelta se cumplirá el domingo 13 de abril en una intensa crisis de inseguridad, que ha profundizado la violencia contra personas LGBTQ, especialmente las mujeres trans. A esa crisis se suma la energética y económica.

Propuestas escasas

Las dos candidaturas se han centrado en estos temas. Pese a que estos también afectan a las diversidades, y además hay deudas históricas con la población LGBTQ, las propuestas son escasas o se mencionan de manera genérica, sin mayores especificaciones.

Fundación Pakta, tras un análisis de los planes de gobierno de los 16 candidatos a la Presidencia inscritos en este proceso electoral, elaboró una semaforización sobre las propuestas para garantizar derechos LGBTQ y ubicó a los ofrecimientos de Noboa, quien busca la reelección como presidente, y González, quien es la opción del “correísmo” para volver al poder, en color amarillo.

En este nivel se ubicó a las propuestas que promueven de manera genérica el derecho a la igualdad y no discriminación, y que desarrollan ciertas propuestas específicas para las diversidades sexogenéricas.

La organización también ranqueó los planes de gobierno y a los dos candidatos solo los separa una posición, pese a ser de distintas tendencias políticas. Noboa ocupa el lugar siete, y González, el seis, dentro de un top 10 (algunos postulantes compartieron posiciones).

El cuestionado presidente-candidato que busca la reelección

En el plan de gobierno de Noboa, Edición Cientonce identificó que se menciona de manera general la implementación de políticas de inclusión y protección de los derechos de personas LGBTQ para garantizar su acceso a la salud, educación, vivienda, empleo y acceso a la justicia.

Además, políticas y estrategias para promover la igualdad y no discriminación.

Son los dos únicos enunciados relacionados a las diversidades sexogenéricas. No hay más especificaciones a diferencia del plan de gobierno con el que llegó al poder; en el que se ofrecía tratamientos hormonales para personas trans y acceso equitativo para las personas gestantes dentro de los programas de salud.

Según la organización Silueta X, Noboa no ha cumplido con las propuestas enfocadas en personas LGBTQ de su plan de gobierno. La agrupación solicitó información a cinco ministerios y con sus respuestas concluyó que las acciones “han sido limitadas o inexistentes”.

Noboa busca la reelección en medio de cuestionamientos por el manejo de la crisis de seguridad. En enero de 2024, decretó un ‘conflicto armado interno’ para combatir a los denominados grupos de delincuencia organizada con el apoyo de las Fuerzas Armadas.

Pero las operaciones de militares en las calles y cárceles han sido cuestionadas por organizaciones de derechos humanos, que han denunciado torturas, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales.

La candidata de un movimiento de izquierda con contradicciones

Desde Edición Cientonce también se analizó el plan de gobierno de González y en este no hay propuestas específicas para la población LGBTQ. Las siglas ni siquiera aparecen en el documento; solo en ciertas partes el término orientación sexual, pero no otros como identidad de género.

De manera general, hay planteamientos como promover la igualdad de género en ámbitos como educación y empleo, y la implementación de un plan de lucha contra la violencia y discriminación.

Asimismo, garantizar el acceso equitativo a la justicia para todas las personas, independientemente de su origen étnico, género, orientación sexual, religión o cualquier otra forma de identidad.

Aunque en el desarrollo de la situación de niñas y mujeres se menciona estar a favor de la educación integral en sexualidad y que en esta se respete la diversidad, en las propuestas no se detalla alguna medida con enfoque en las personas LGBTQ.

González es, por segunda ocasión, la carta de la Revolución Ciudadana para regresar a Carondelet. Aunque el movimiento se autodenomina como de izquierda y progresista, su máximo líder, Rafael Correa, se opuso abiertamente al matrimonio igualitario cuando era presidente y hasta arremetió contra la “ideología de género”, término empleado por sectores antiderechos para atacar el avance en derechos de mujeres y personas LGBTQ.

Aunque esta posición no es compartida por todos los integrantes del movimiento, otros abanderan también un discurso conservador, como la misma González, quien se opuso al aborto por violación cuando era legisladora.

SAN SALVADOR, El Salvador — El despido de más de 100 personas del Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (ISDEMU) ha generado una ola de indignación entre organizaciones sociales y defensoras de los derechos humanos en El Salvador. Entre las personas cesadas se encuentra Catherine Carolina Escobar, una mujer trans salvadoreña que, además de ser trabajadora del ISDEMU, formaba parte de la junta directiva del sindicato de la institución. Su despido y el de su compañera Litzy, otra mujer trans, ha sido interpretado por activistas como una acción discriminatoria en el marco de la creciente ofensiva del gobierno contra lo que denominan “ideología de género”.

Ciudad Mujer: Un legado de inclusión

Para entender la relevancia de estos despidos, es necesario remontarse a la historia de Ciudad Mujer, un proyecto emblemático inaugurado en 2011 durante el gobierno del expresidente Mauricio Funes y consolidado en la administración de Salvador Sánchez Cerén. Ciudad Mujer se concibió como un espacio integral de atención a las mujeres, brindando servicios de salud, asesoría legal, educación y formación laboral, con especial énfasis en poblaciones vulnerables, incluidas mujeres trans y otras personas de la diversidad sexual.

El proyecto representó un hito en la inclusión laboral de las mujeres LGBTQ, particularmente de mujeres trans, quienes históricamente han enfrentado múltiples barreras para acceder al empleo formal. De acuerdo con Mónica Hernández, directora ejecutiva de ASPIDH Arcoíris Trans, “Ciudad Mujer permitió la contratación de varias mujeres trans, así como de hombres trans y mujeres lesbianas”, marcando un avance significativo en la lucha por la equidad laboral.

Sin embargo, bajo la administración del presidente Nayib Bukele, Ciudad Mujer fue absorbida por ISDEMU, lo que significó cambios en su estructura y objetivos. Desde entonces, organizaciones feministas y de derechos humanos han denunciado una reducción en el alcance del programa y la exclusión progresiva de las poblaciones LGBTQ de sus beneficios.

Despidos y discriminación: La lucha de Catherine Carolina Escobar

El 7 de febrero, Catherine Carolina Escobar presentó una denuncia ante la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) junto a otras compañeras sindicalistas que fueron despedidas, en días anteriores también lo hicieron ante el Ministerio de Trabajo; Catherine señaló que su despido y el de su compañera Litzy podría responder a una política discriminatoria impulsada por el gobierno.

“Hemos interpuesto la denuncia, pero otras compañeras no han querido hacerlo por temor. Yo sí lo hice porque esto es discriminación y está vinculado a la supuesta lucha contra la ideología de género que este gobierno ha comenzado”, declaró Escobar.

Según explicó, los ataques en su contra y contra su compañera se intensificaron a partir del momento en que el gobierno comenzó a promover un discurso contra la “ideología de género”, lo que ha servido como justificación para desmantelar programas de equidad e inclusión.

“Yo era parte de la junta directiva del sindicato y aun así se atropellaron mis derechos”, subrayó.

Además del impacto personal, Escobar alertó sobre las consecuencias más amplias de esta política: “Los retrocesos ya comenzaron y ahora es un riesgo que debemos tomar en la lucha. Imagínese qué peligroso que ahora el Ejército vaya a ser como la PNC. Desde hace dos años yo le decía a la gente: ‘Esta es una dictadura que estamos viviendo’”.

El impacto en las organizaciones de derechos humanos

El despido de Escobar y Litzy ocurre en un contexto donde las organizaciones defensoras de derechos humanos enfrentan graves dificultades debido a la falta de financiamiento y la hostilidad del gobierno.

“Todas en la organización trabajamos ad honorem porque los fondos que teníamos venían del Departamento de Estado de los Estados Unidos, y ahora estamos sin recursos”, explicó Hernández.

Valery, encargada de monitoreo y captación de denuncias en ASPIDH, resaltó que la situación es preocupante porque cada vez más puertas se cierran para la defensa de los derechos humanos.

“Nuestra constitución establece que todos somos iguales ante la ley. No importa nuestra ideología o identidad, nuestros derechos deben ser respetados”, explicó. “Pero vemos cómo el gobierno está desmantelando toda la estructura que protegía a las poblaciones más vulnerables”.

Además del impacto en los derechos laborales, Valery advirtió sobre la precariedad en la atención de la salud para las mujeres trans. “No solo necesitamos prevención de enfermedades de transmisión sexual, también requerimos acceso a hormonas, endocrinólogos y atención médica integral. Muchas mujeres trans han muerto porque el sistema de salud no las atiende como se debe”.

La respuesta sindical y la lucha internacional

Desde el sindicato del ISDEMU, Sonia Viñerta, secretaria general de la Unión Sindical de Trabajadoras y Trabajadores del Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (USTTISDEMU), confirmó que han interpuesto demandas en el Tribunal del Servicio Civil y la PDDH.

“El lunes 10 de febrero viajaremos a Costa Rica para presentar una queja ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT). No podemos quedarnos callados, aun con los riesgos que esto implica. Nuestras familias han sido amedrentadas, pero eso no nos desanima”, afirmó.

Viñerta también denunció que el ISDEMU ha desmantelado la unidad de formación especializada, que se encargaba de capacitar a los funcionarios públicos en temas de género. “Nosotras podemos demostrar fehacientemente que, además de la libertad sindical, se han violentado otros derechos fundamentales, como el derecho de audiencia y el derecho de respuesta. La presidenta del ISDEMU ni siquiera respondió a nuestras solicitudes. Esto es un retroceso en el respeto a los derechos humanos”.

Un llamado a la resistencia

El caso de Escobar y Litzy es un reflejo de los desafíos que enfrenta la comunidad LGBTQ en El Salvador bajo el actual gobierno. Los despidos en ISDEMU no solo representan una vulneración de los derechos laborales, sino también un golpe a los avances en inclusión y equidad alcanzados en años anteriores.

Para Escobar, el camino está claro: “He vivido demasiadas situaciones difíciles, he visto cómo muchas compañeras han sido asesinadas por razones sociales. Me siento en la obligación de luchar. No voy a permitir estos retrocesos”. Su determinación es compartida por muchas activistas y organizaciones que, a pesar de las adversidades, siguen exigiendo el respeto a los derechos humanos en El Salvador.