Noticias en Español
La cuarentena imposible de los ancianos solitarios en Cuba
COVID-19 ha tenido gran impacto en personas de mayor edad
Nota del editor: Tremenda Nota es el medio socio del Washington Blade en Cuba. Esa nota salió en su sitio web el 5 de abril.
LA HABANA — Apoyada en un bastón que termina en cuatro puntas, Ofelia camina por la calle Obispo algunos mediodías, al paso que le permiten sus 76 años y sus piernas, que ya sufrieron dos trombosis. Le apura llegar antes de la una de la tarde al Comedor 213 del Sistema de Atención a la Familia —en la intersección de las calles Cuba y Teniente Rey—, antes de que cierre o se acabe la comida. En el camino compra dos tazas de café por dos pesos cubanos; lo guarda en un pomito que antes era de miel. Se cubre la boca y la nariz con un pañuelo de florecitas, a falta de nasobuco o bozal, como ella le dice.
“Cuando se podía salir a todos lados no iba al comedor —dice—, porque tengo amistades que me llamaban y me decían que fuera a almorzar [a sus casas]. Pero ahora todo el mundo está encerrado. Ni yo voy a ellas ni ellas a mí”.
Cruzando la Bahía de La Habana, en el municipio Regla, vive Yolanda. Una señora que, como Ofelia, tiene 76 años y vive sola. Aunque cuenta con la ayuda de su familia, desde que enviudó hace tres años recibe más apoyo de sus vecinos y sus hermanas de la iglesia pentecostal, las personas que Yolanda tiene más cerca.
“Hace unos días vino una hermana y me dijo que todo ha cesado” —dice.
Los pastores y otros fieles se encargan de visitarla, pero a Yolanda le preocupa cómo podrán organizarse, “porque no es fácil, somos muchos ancianos en la iglesia”.
Desde que se diagnosticaron los primeros casos de la COVID-19 en Cuba, los medios estatales e independientes alertaron sobre la vulnerabilidad de la población mayor de 60 años, que comprende 2 millones 286 mil personas (el 20.4 por ciento del total de habitantes). De ellos, 343 mil (el 15 por ciento) viven solos, según declaró en conferencia de prensa Alberto Fernández Seco, jefe del Departamento de Atención al Adulto Mayor, Asistencia Social y Salud Mental del Ministerio de Salud Pública (MINSAP).
Varios funcionarios estatales han insistido, en la prensa y en transmisiones especiales de la Mesa Redonda, en que la ciudadanía debe ayudar a estos ancianos a permanecer el mayor tiempo posible en sus casas.
Los vecinos de Yolanda la ayudan con las gestiones externas: comprar comida, medicamentos, cobrar la pensión que le dejara su esposo. Afirma que ya pasó la doctora consultándole si tenía fiebre, tos o catarro.
El pasado 17 de marzo, el diario Juventud Rebelde publicó declaraciones de Fernández Seco. El funcionario afirmó que el MINSAP se encontraba en una etapa de pesquisa activa, fundamentalmente para los adultos mayores que viven solos. Pero al día de hoy, primero de abril, Ofelia no ha recibido aun atención social, ni visitas médicas o de su CDR (Comité de Defensa de la Revolución, una organización de masa conformada por vecindarios).
El domingo 29, cuando fue al comedor, a Ofelia la anotaron en una lista. “Me dijeron que me traerían la comida —me dice el lunes siguiente, cerca de las tres de la tarde—. Pero mira, aun no han venido, ahí están los pozuelos vacíos”, y señala un envase de plástico, lo que antes fue un pote de helado, y un vasito rojo. Por único cubierto tiene una cuchara que lleva siempre con ella; la guarda en una mesita donde hay pomos reciclados, algunos dientes de ajo, medicamentos y un pequeño y viejo televisor que se escucha, pero no se ve.
El resto de sus pertenencias las reúne en jabas de nailon colgadas de las barandas de la cama.
Los ancianos que viven solos no son vulnerables únicamente por esa condición, sino también por sus bajos ingresos. Los que no reciben ayuda económica de sus familiares, sobreviven, apenas, con sus pensiones. La mínima tiene un valor de 280 pesos en Moneda Nacional (unos 11 dólares), y la máxima puede rondar los 800 pesos (cerca de 35 dólares), para jubilados de sectores profesionales.
Otros se sustentan con trabajos que suelen hacer los adultos mayores, como custodios de instituciones estatales; cuidando y limpiando casas, o vendiendo periódicos, o maní, o caramelos en la calle.
Pero quienes no tienen salud para trabajar, y no pudieron cumplir los años laborales obligatorios para alcanzar la edad de jubilación, no tienen pensión ni perciben ingreso alguno. Es el caso de Ofelia, que dejó de trabajar con 50 años para cuidar a su hijo menor. Fue a finales de los 90, cuando el muchacho debutó con trastornos nerviosos y fue necesario confinarlo en un hospital psiquiátrico en Pinar del Río, donde permanece todavía, 26 años después.
En aquella época, Ofelia trabajaba en el Ministerio de Comercio Interior, muy cerca de su casa.
“Pedí licencia, pedí licencia … hasta que tuve que pedir la baja”. Entonces, varias amistades de la iglesia evangélica a la que asiste la recomendaron para que cuidara y limpiara casas. Y así se mantuvo hasta hace dos años, cuando sufrió la primera trombosis.
Le pregunto cómo hace ahora, sin pensión ni trabajo, y responde que vive de lo que Dios le ponga en la mano.
Entre las medidas especiales para prevenir la transmisión de la COVID-19 en adultos mayores, el gobierno cubano ha puesto énfasis en las pesquisas referidas anteriormente, y la atención primaria de salud a este sector de la población. Asimismo, el doctor Fernández Seco confirmó que se realiza un examen diario tanto a los internos como a las personas que trabajan en los 155 hogares de ancianos (asilos) y las 293 casas de abuelos (donde permanecen solo durante el día) que existen en el país.
Sin embargo, más allá de la atención médica, el gobierno no ha explicitado cuáles medidas se toman en función de las necesidades de quienes no están internados o seminternados en estas instituciones, y no cuentan con el amparo de sus familiares.
Las iniciativas surgen desde la ciudadanía. Algunos negocios particulares, como cafeterías y restaurantes, cocinan para los adultos mayores del barrio. Otros grupos de jóvenes asisten como pueden a ancianos y demás comunidades vulnerables, como las personas transexuales.
Desde la sala de su casa, iluminada y fresca, Yolanda reconoce que hay abandono y descuido, que se necesitan trabajadores sociales, pero, insiste, no quiere ser malinterpretada. Confía en su presidente Miguel Díaz-Canel. “Está poniendo fuertes las cosas para que se resuelva” —dice, refiriéndose a las acciones generales que ha tomado el gobierno para mitigar el impacto de la pandemia. Yolanda es de las mujeres que no se quejan.
Del tema, Ofelia prefiere guardar silencio (también lo hace cuando le pregunto qué fue de su hijo mayor). Dos días después de que anotaran su nombre y dirección en el comedor social, prefiere no esperar más a que alguien le traiga la comida a su casa.
Su rutina por la calle Obispo continúa …
Noticias en Español
Juez colombiano suspendido por 15 años por negarse a casar a pareja del mismo sexo
Fue condenado ‘por desatender sus deberes y vulnerar el derecho de acceso a la justicia’
La Comisión Nacional de Disciplina Judicial en su sesión del 10 de abril de 2024, ha confirmado una sanción ejemplar contra el Juez Décimo Civil Municipal de Cartagena, Ramiro Flórez Torres, quien se negó a casar a una pareja del mismo sexo, vulnerando así su derecho al acceso a la justicia. Este caso, que tuvo lugar en agosto de 2020, ha generado gran controversia debido a la firme postura del juez, quien priorizó sus creencias religiosas por encima de las leyes que respaldan estas uniones civiles.
Al recibir la solicitud de la pareja, Flórez Torres expresó abiertamente su desacuerdo, argumentando que el matrimonio entre personas del mismo sexo contradecía sus principios morales cristianos.
“Ello contraría mi moral cristiana, va en contra de mis principios esenciales, y cuando exista conflicto entre lo que dice la ley humana y lo que dice la ley de Dios, yo prefiero la ley de Dios, porque prefiero agradar primero a mi Señor Dios todopoderoso, antes que al ser humano”, dijo el juez Flórez Torres en su momento.
Esta negativa inicial no disuadió a la pareja, quienes recurrieron a otras instancias y finalmente lograron celebrar su matrimonio en 2021.
El caso ante la justicia disciplinaria:
Por su parte, la Comisión Seccional Disciplinaria de Bolívar profirió pliego de cargos contra el Juez el 27 de marzo de 2023 por desatender el deber consagrado en el numeral 10 del artículo 153 de la Ley 270 de 1996, en concordancia con el artículo 230 de la Constitución, que le imponía aplicar los precedentes de la Corte Constitucional en materia de matrimonio igualitario, incurriendo en falta grave a título de dolo.
Las palabras del juez, que afirmó que su actitud no era discriminación sino una comprensión de las normas divinas, evidencian un conflicto entre la fe personal y el deber público. Sin embargo, las autoridades disciplinarias han sido claras en su dictamen: Flórez Torres enfrenta una inhabilitación de 15 años para ejercer cargos públicos debido a su falta grave de cumplimiento de deberes, según lo estipulado por la Ley 270 de 1996 y la Constitución.
Este caso no solo pone en relieve la importancia de separar las convicciones personales de la labor pública, sino que también resalta la necesidad de respetar y proteger los derechos de la comunidad LGBTIQ+. La resolución de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial es un paso significativo hacia la garantía de una ciudadanía plena para todas las personas en Colombia, independientemente de su orientación sexual o identidad de género. Es crucial que este tipo de decisiones no solo sancionen la conducta individual, sino que también sirvan como recordatorio de los valores de igualdad y no discriminación que deben prevalecer en una sociedad justa y equitativa.
Noticias en Español
27 personas LGBTQ fueron asesinadas en Ecuador en 2023
Asociación Silueta X presenta el informe
POR VICTOR H. CARREÑO — La violencia criminal en Ecuador impactó por segundo año consecutivo en el número de asesinatos a personas LGBTIQ+. Según el informe Runa Sipiy, que anualmente presenta la Asociación Silueta X, por lo menos 27 personas de las diversidades sexogenéricas fueron asesinadas en 2023.
El año pasado fue el más violento en la historia de Ecuador con una tasa de más de 40 muertes por cada 100.000 habitantes, según la Policía. Este contexto incidió también en que 2023 sea el año con más casos de asesinatos y transfemicidios en el país desde 2010, de acuerdo a las cifras del informe.
Desde 2022 el número de crímenes contra personas LGBTIQ+ se ha incrementado. Ese año se reportaron 25 casos en un contexto de consolidación de las bandas narcodelictivas en Ecuador. En 2010, año que Silueta X inició con la recolección de muertes violentas, se reportaron ocho.
De los 27 asesinatos reportados en 2023, 23 están relacionados con delincuencia organizada y sicariato. Sin embargo, el mismo reporte aclara que el número real de asesinatos puede ser mayor por el subregistro de casos, pues no todos son denunciados.
David Gonzabay, coordinador de Silueta X en Guayaquil, señala que los casos de sicariatos deben ser investigados porque las víctimas no necesariamente estuvieron relacionadas con las bandas narcodelictivas.
“Muchas personas (víctimas de asesinatos) pertenecían a estratos vulnerables y eran un punto de atención para estas bandas criminales. Estos asesinatos se pudieron dar porque se rehusaron a pertenecer a estos grupos”, explica Gonzabay.
Desde 2022, organizaciones han denunciado que las mujeres trans que se dedican al trabajo sexual son víctimas de extorsiones y amenazas de las bandas narcodelictivas. Ese año, la activista Jéssica Martínez fue asesinada en Ambato después de denunciar amenazas por negarse a pagar las denominadas “vacunas”.
Este colectivo es el más vulnerable ante la escalada de violencia en Ecuador. De los 27 asesinatos reportados por el informe Runa Sipiy, 18 corresponden a mujeres trans.
El informe detalla que las cifras de asesinatos relacionadas con el crimen organizado exponen “la complejidad y gravedad de la violencia contra las personas LGBT+ y transgénero en Ecuador”.
“Estos hallazgos resaltan la necesidad de abordar no solo las consecuencias directas de estos actos violentos, sino también las estructuras sociales y criminales que perpetúan esta violencia”, señala el reporte.
El informe también menciona la crisis carcelaria y que las personas LGBTIQ+ privadas de libertad son vulnerables. Desde la declaratoria del conflicto armado interno, organizaciones han denunciado casos de mujeres trans que han sido víctimas de presuntas torturas durante las intervenciones militares.
Silueta X solicitó al Ministerio de la Mujer “pruebas contundentes” de que las mujeres trans no están siendo vejadas, pero hasta el cierre del informe no recibió respuesta.
Pedidos al Estado
Desde Silueta X y organizaciones aliadas, solicitan a la Fiscalía mayor celeridad en la investigación de delitos de odio contra personas de las diversidades sexogenéricas, pues la mayoría quedan en la impunidad.
Además, propone el fortalecimiento del Ministerio de la Mujer. Gonzabay explica que el incremento de asesinatos se ha dado en un contexto de debilitamiento del Estado y la escasa inversión en políticas públicas.
En lo que va de 2024, la Asociación Silueta X reporta 10 asesinatos contra personas LGBTIQ+. De ellos, 8 son transfemicidios.
Noticias en Español
Congreso de Colombia avanza proyecto de ley que prohíbe ‘terapias de conversión’
Cámara de Representantes respaldó el propósito con 97 votos a favor
El Congreso de Colombia ha dado un paso significativo hacia la protección de los derechos humanos y la dignidad de las personas LGBTQ, al aprobar en segundo debate el proyecto de Ley 272, conocido como “Ley Inconvertibles”. Esta ley tiene como objetivo prohibir las mal llamadas terapias de conversión, que han sido denunciadas como una forma de tortura hacia individuos LGBTQ.
En la sesión celebrada el 20 de marzo, el pleno de la Cámara de Representantes respaldó este proyecto con 97 votos a favor y 18 en contra. Esta medida llega en un momento crucial, en el que se reconoce la grave violación de los derechos humanos que representan las mal llamadas terapias de conversión.
Durante años, miles de personas tanto en Colombia como en todo el mundo han sido sometidas a estas prácticas, que buscan cambiar su orientación sexual o identidad de género mediante métodos coercitivos y dañinos. Estas acciones, justificadas bajo la falaz premisa de “corregir” una supuesta enfermedad, han resultado en actos crueles y deshumanizantes.
La aprobación de este proyecto en la Cámara de Representantes es un avance crucial en la lucha contra estas prácticas abusivas. Sin embargo, el proceso legislativo aún no ha concluido, ya que el proyecto debe pasar por un tercer debate en el Senado colombiano, dentro de un total de cuatro debates requeridos.
En respuesta a esta importante noticia, activistas han llevado a cabo una movilización en redes sociales bajo los lemas #NadaQueCurar y #NoEsTerapiaEsTortura, destacando la necesidad de poner fin a estas prácticas que constituyen una violación flagrante de los derechos humanos.
El proyecto pasa ahora al Senado de la República y se espera su aprobación a finales de 2024.
The rise of virtual home tours
Round House explores serious issues related to privilege
Successful open relationships take effort
Ed Bailey brings Secret Garden to Project GLOW festival
Washington Improv Theatre hosts ‘The Queeries’
State Department releases annual human rights report
Argentina government dismisses transgender public sector employees
Catching up with the asexuals and aromantics of D.C.
Smithsonian staff concerned about future of LGBTQ programming amid GOP scrutiny
Maine governor signs transgender, abortion sanctuary bill into law
-
State Department4 days agoState Department releases annual human rights report
-
South America2 days agoArgentina government dismisses transgender public sector employees
-
District of Columbia2 days agoCatching up with the asexuals and aromantics of D.C.
-
Politics5 days agoSmithsonian staff concerned about future of LGBTQ programming amid GOP scrutiny