Noticias en Español
Responsabilizan a varios policías con un incidente transfóbico ocurrido en Cuba
Merlía Somers sufrió abusos por parte de la PNR en Cabaiguán
CABAIGUÁN, Cuba — Merlía Somers, una mujer trans, denunció haber sufrido transfobia por parte de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) de Cabaiguán, un municipio perteneciente a la provincia de Sancti Spíritus, en el centro de Cuba.
La denuncia se hizo pública este domingo en el perfil de Facebook del médico y activista LGBTI+ Alberto Roque.
“Me han contactado por la denuncia de Merlía Somers, cuyos hechos y copia de la multa son públicos en redes sociales. Se requiere respuesta inmediata, además de la queja que la persona afectada hará por las vías formales”, comunicó Roque.
El activista publicó íntegramente el relato de Somers. El incidente ocurrió el pasado sábado mientras intentaba comprar productos de aseo en una de las tiendas que operan en dólares estadounidenses.
“Cuando llego que empiezo a pedir el último se acerca a mí un oficial de los que visten de verde y me preguntó, qué yo hacía vestido así allí y llamó a un policía de los que estaban controlando la cola y el policía me dijo que yo les estaba faltando el respeto al yo aparecerme vestida así allí (de mujer), que eso era desacato a la ley y que yo estaba violando un artículo … “, aseguró la mujer.
Merlía pidió una explicación a los agentes del orden acerca del artículo específico que ella estaba violando o la ilegalidad que estaba cometiendo. Explicó que solo hacía una cola como los demás, necesitada de los productos que escasean cada vez más en el país.
“Si fuera por eso tienen que coger preso a todos los trans, si vestirse de mujer o ser trans fuera desacato o violación de algún artículo. El problema de ustedes es que son todos unos homofóbicos y se creen superiores porque tienen ese uniforme”, dijo Merlía a los oficiales.
Según continúa relatando, la mandaron a callar, a lo que respondió que no se iba a callar porque estaban violando sus derechos y los iba a defender. Acto seguido, Merlía fue esposada y trasladada hacia una unidad de policía donde la multaron con 1000 cup, según la disposición que permite multar por el uso incorrecto del nasobuco (mascarilla).
“Yo uso dos nasobucos porque tengo problemas en el corazón y de respiración. Mi cuerpo no aguantaría la pandemia, por lo cual uso dos y correctamente puestos. Les dije que yo eso no lo iba a pagar y que me iba a quejar. Me dijeron que yo podía ir a donde quisiera, pero que tenía un mes para pagarla, si no la multa se duplicaba, y que si al tercer mes no la pagaba iba a juicio por peligrosidad”, relató Merlía.
Alberto Roque publicó una foto de la notificación de multa como evidencia del incidente. En el recibo, Merlía Somers fue designada con el nombre masculino que aparece en sus documentos de identidad. En Cuba sigue siendo difícil que una persona trans pueda registrar legalmente su nombre.
Q de Cuir, una revista cubana “para el empoderamiento de las personas LGBTI+”, también informó en Facebook y Twitter sobre esta violación a los derechos de Merlía Somers y denunció el acto de transfobia atribuido a las autoridades.
“Mientras que la ciudadana Merlía Somers no estaba violando ninguna ley, los oficiales sí violaron el derecho constitucional de no discriminación por identidad de género, recogido en el Artículo 42 de la Carta Magna“, publicó Q de Cuir en su cuenta de Facebook.
El artículo citado plantea la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley y prohíbe discriminar, entre varias razones, por “identidad de género”.
Ante la denuncia de Alberto Roque, numerosos usuarios de las redes sociales han salido en defensa de Somers y contra la transfobia.
La activista trans Yenny Yanes Romero comentó, en referencia a la multa aplicada a Merlía, que “ese decreto está mal aplicado, yo soy autoridad sanitaria y ese decreto-ley 31, en su artículo 2.1, inciso C establece: No use o use incorrectamente el nasobuco o mascarilla en las vías públicas, ómnibus, autos e interiores de los centros laborales y de servicios: 2000 pesos”.
Por su parte, la usuaria Rossana Reyes Rosa argumentó que “la homofobia es institucional, y sin leyes no creo que nadie aprenda”.
Según aseguró Alberto Roque en uno de los comentarios de su propia publicación, la denuncia de la policía por transfobia ya está en curso, “con acompañamiento del CENESEX (Centro Nacional de Educación Sexual) más cartas redactadas a varias instituciones”.
La policía ofreció excusas a Somers, la multó
Merlía Somers, la mujer trans que fue discriminada el 19 de marzo por la policía de Cabaiguán, una ciudad del centro de Cuba, fue citada para este lunes con el propósito de indagar sobre el incidente y determinar la responsabilidad de los oficiales implicados.
También le ofrecieron excusas, según relató Merlía a Tremenda Nota.
“Una patrulla vino a citarme el domingo para que estuviera el lunes en la unidad de policía, al principio tuve miedo porque pensé que venían a detenerme”, contó la mujer.
“Este lunes, después de hacerme esperar un poco, el oficial que me atendió hizo que volviera a explicarle qué había pasado. Hizo muchas preguntas, para confirmarlo todo y dijo, finalmente, que la multa era injusta y que la retirarían esta semana”, añadió.
El incidente se hizo público este domingo en el perfil de Facebook del activista LGBTI+ Alberto Roque. Según el relato publicado por Roque, la mujer se encontraba en la fila de una tienda cuando un policía le reprochó ir vestida según su identidad de género. En pocos minutos fueron más lejos y acabaron esposando a Merlía y trasladándola a una unidad, donde fue multada con 1.000 pesos con el argumento de que no usaba correctamente el nasobuco (mascarilla) exigido por las disposiciones sanitarias.
“Me dijo que yo les estaba faltando el respeto al yo aparecerme vestida así allí (de mujer), que eso era desacato a la ley y que yo estaba violando un artículo”, recordó la mujer.
Merlía asegura que estaba usando la mascarilla con especial cuidado. “Yo uso dos nasobucos porque tengo problemas en el corazón y de respiración. Mi cuerpo no aguantaría la pandemia, por lo cual uso dos y correctamente puestos”, explicó.
La denuncia provocó decenas de publicaciones en las redes sociales para apoyar a Merlía Somers y criticar a la policía por su transfobia.
“No pienso quedarme así”, dijo la mujer a Tremenda Nota. “Si esta misma semana la multa no es retirada, como prometieron, le dije al oficial que voy a enviar cartas a todas las instituciones posibles, para que se haga justicia”.
La activista trans Kiriam Gutiérrez ha asesorado a Merlía en su reclamo, se refirió al caso en una transmisión desde su perfil de Facebook en la tarde este lunes y lo calificó de “una violación total de los derechos humanos de una mujer trans”.
La Constitución de 2019 prohíbe discriminar, entre varias razones, por “identidad de género” y “orientación sexual”.
“Cuando pasen estas cosas con la policía tenemos que conocer qué leyes nos amparan”, señaló la activista.
“En Cuba urge una ley de identidad de género. Es lamentable que la comunidad LGBTI+ en Cuba solamente se pronuncie por el famoso matrimonio igualitario y no nos pronunciemos por una ley de identidad de género”, declaró Gutiérrez.
La activista aprovechó la transmisión para denunciar la situación de las personas trans en Cuba, expuestas a una vulnerabilidad económica mayor en medio de la crisis incrementada por la epidemia de covid-19.
“La comunidad trans en Cuba está pasando por una grandísima crisis. La comunidad trans en Cuba está emigrando en masa, se están yendo muchas mujeres trans para Rusia, a exponerse a cruzar fronteras, porque el 90 por ciento son prostitutas y llevan un año de pandemia que no tienen trabajo”, denunció.
Noticias en Español
Juez colombiano suspendido por 15 años por negarse a casar a pareja del mismo sexo
Fue condenado ‘por desatender sus deberes y vulnerar el derecho de acceso a la justicia’
La Comisión Nacional de Disciplina Judicial en su sesión del 10 de abril de 2024, ha confirmado una sanción ejemplar contra el Juez Décimo Civil Municipal de Cartagena, Ramiro Flórez Torres, quien se negó a casar a una pareja del mismo sexo, vulnerando así su derecho al acceso a la justicia. Este caso, que tuvo lugar en agosto de 2020, ha generado gran controversia debido a la firme postura del juez, quien priorizó sus creencias religiosas por encima de las leyes que respaldan estas uniones civiles.
Al recibir la solicitud de la pareja, Flórez Torres expresó abiertamente su desacuerdo, argumentando que el matrimonio entre personas del mismo sexo contradecía sus principios morales cristianos.
“Ello contraría mi moral cristiana, va en contra de mis principios esenciales, y cuando exista conflicto entre lo que dice la ley humana y lo que dice la ley de Dios, yo prefiero la ley de Dios, porque prefiero agradar primero a mi Señor Dios todopoderoso, antes que al ser humano”, dijo el juez Flórez Torres en su momento.
Esta negativa inicial no disuadió a la pareja, quienes recurrieron a otras instancias y finalmente lograron celebrar su matrimonio en 2021.
El caso ante la justicia disciplinaria:
Por su parte, la Comisión Seccional Disciplinaria de Bolívar profirió pliego de cargos contra el Juez el 27 de marzo de 2023 por desatender el deber consagrado en el numeral 10 del artículo 153 de la Ley 270 de 1996, en concordancia con el artículo 230 de la Constitución, que le imponía aplicar los precedentes de la Corte Constitucional en materia de matrimonio igualitario, incurriendo en falta grave a título de dolo.
Las palabras del juez, que afirmó que su actitud no era discriminación sino una comprensión de las normas divinas, evidencian un conflicto entre la fe personal y el deber público. Sin embargo, las autoridades disciplinarias han sido claras en su dictamen: Flórez Torres enfrenta una inhabilitación de 15 años para ejercer cargos públicos debido a su falta grave de cumplimiento de deberes, según lo estipulado por la Ley 270 de 1996 y la Constitución.
Este caso no solo pone en relieve la importancia de separar las convicciones personales de la labor pública, sino que también resalta la necesidad de respetar y proteger los derechos de la comunidad LGBTIQ+. La resolución de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial es un paso significativo hacia la garantía de una ciudadanía plena para todas las personas en Colombia, independientemente de su orientación sexual o identidad de género. Es crucial que este tipo de decisiones no solo sancionen la conducta individual, sino que también sirvan como recordatorio de los valores de igualdad y no discriminación que deben prevalecer en una sociedad justa y equitativa.
Noticias en Español
27 personas LGBTQ fueron asesinadas en Ecuador en 2023
Asociación Silueta X presenta el informe
POR VICTOR H. CARREÑO — La violencia criminal en Ecuador impactó por segundo año consecutivo en el número de asesinatos a personas LGBTIQ+. Según el informe Runa Sipiy, que anualmente presenta la Asociación Silueta X, por lo menos 27 personas de las diversidades sexogenéricas fueron asesinadas en 2023.
El año pasado fue el más violento en la historia de Ecuador con una tasa de más de 40 muertes por cada 100.000 habitantes, según la Policía. Este contexto incidió también en que 2023 sea el año con más casos de asesinatos y transfemicidios en el país desde 2010, de acuerdo a las cifras del informe.
Desde 2022 el número de crímenes contra personas LGBTIQ+ se ha incrementado. Ese año se reportaron 25 casos en un contexto de consolidación de las bandas narcodelictivas en Ecuador. En 2010, año que Silueta X inició con la recolección de muertes violentas, se reportaron ocho.
De los 27 asesinatos reportados en 2023, 23 están relacionados con delincuencia organizada y sicariato. Sin embargo, el mismo reporte aclara que el número real de asesinatos puede ser mayor por el subregistro de casos, pues no todos son denunciados.
David Gonzabay, coordinador de Silueta X en Guayaquil, señala que los casos de sicariatos deben ser investigados porque las víctimas no necesariamente estuvieron relacionadas con las bandas narcodelictivas.
“Muchas personas (víctimas de asesinatos) pertenecían a estratos vulnerables y eran un punto de atención para estas bandas criminales. Estos asesinatos se pudieron dar porque se rehusaron a pertenecer a estos grupos”, explica Gonzabay.
Desde 2022, organizaciones han denunciado que las mujeres trans que se dedican al trabajo sexual son víctimas de extorsiones y amenazas de las bandas narcodelictivas. Ese año, la activista Jéssica Martínez fue asesinada en Ambato después de denunciar amenazas por negarse a pagar las denominadas “vacunas”.
Este colectivo es el más vulnerable ante la escalada de violencia en Ecuador. De los 27 asesinatos reportados por el informe Runa Sipiy, 18 corresponden a mujeres trans.
El informe detalla que las cifras de asesinatos relacionadas con el crimen organizado exponen “la complejidad y gravedad de la violencia contra las personas LGBT+ y transgénero en Ecuador”.
“Estos hallazgos resaltan la necesidad de abordar no solo las consecuencias directas de estos actos violentos, sino también las estructuras sociales y criminales que perpetúan esta violencia”, señala el reporte.
El informe también menciona la crisis carcelaria y que las personas LGBTIQ+ privadas de libertad son vulnerables. Desde la declaratoria del conflicto armado interno, organizaciones han denunciado casos de mujeres trans que han sido víctimas de presuntas torturas durante las intervenciones militares.
Silueta X solicitó al Ministerio de la Mujer “pruebas contundentes” de que las mujeres trans no están siendo vejadas, pero hasta el cierre del informe no recibió respuesta.
Pedidos al Estado
Desde Silueta X y organizaciones aliadas, solicitan a la Fiscalía mayor celeridad en la investigación de delitos de odio contra personas de las diversidades sexogenéricas, pues la mayoría quedan en la impunidad.
Además, propone el fortalecimiento del Ministerio de la Mujer. Gonzabay explica que el incremento de asesinatos se ha dado en un contexto de debilitamiento del Estado y la escasa inversión en políticas públicas.
En lo que va de 2024, la Asociación Silueta X reporta 10 asesinatos contra personas LGBTIQ+. De ellos, 8 son transfemicidios.
Noticias en Español
Congreso de Colombia avanza proyecto de ley que prohíbe ‘terapias de conversión’
Cámara de Representantes respaldó el propósito con 97 votos a favor
El Congreso de Colombia ha dado un paso significativo hacia la protección de los derechos humanos y la dignidad de las personas LGBTQ, al aprobar en segundo debate el proyecto de Ley 272, conocido como “Ley Inconvertibles”. Esta ley tiene como objetivo prohibir las mal llamadas terapias de conversión, que han sido denunciadas como una forma de tortura hacia individuos LGBTQ.
En la sesión celebrada el 20 de marzo, el pleno de la Cámara de Representantes respaldó este proyecto con 97 votos a favor y 18 en contra. Esta medida llega en un momento crucial, en el que se reconoce la grave violación de los derechos humanos que representan las mal llamadas terapias de conversión.
Durante años, miles de personas tanto en Colombia como en todo el mundo han sido sometidas a estas prácticas, que buscan cambiar su orientación sexual o identidad de género mediante métodos coercitivos y dañinos. Estas acciones, justificadas bajo la falaz premisa de “corregir” una supuesta enfermedad, han resultado en actos crueles y deshumanizantes.
La aprobación de este proyecto en la Cámara de Representantes es un avance crucial en la lucha contra estas prácticas abusivas. Sin embargo, el proceso legislativo aún no ha concluido, ya que el proyecto debe pasar por un tercer debate en el Senado colombiano, dentro de un total de cuatro debates requeridos.
En respuesta a esta importante noticia, activistas han llevado a cabo una movilización en redes sociales bajo los lemas #NadaQueCurar y #NoEsTerapiaEsTortura, destacando la necesidad de poner fin a estas prácticas que constituyen una violación flagrante de los derechos humanos.
El proyecto pasa ahora al Senado de la República y se espera su aprobación a finales de 2024.
HHS reverses Trump-era anti-LGBTQ rule
PHOTOS: Capital Pride Pageant
Md. governor signs Freedom to Read Act
The rise of virtual home tours
Round House explores serious issues related to privilege
Catching up with the asexuals and aromantics of D.C.
Argentina government dismisses transgender public sector employees
Maine governor signs transgender, abortion sanctuary bill into law
Mexican Senate approves bill to ban conversion therapy
Bowser budget proposal calls for $5.25 million for 2025 World Pride
-
District of Columbia4 days agoCatching up with the asexuals and aromantics of D.C.
-
South America4 days agoArgentina government dismisses transgender public sector employees
-
Maine5 days agoMaine governor signs transgender, abortion sanctuary bill into law
-
Mexico3 days agoMexican Senate approves bill to ban conversion therapy