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Gobierno de Chile reafirma su compromiso con los derechos LGBTQ
La ‘Mesa LGBTIQA+’ se terminó su primer año este mes
Diversas reacciones en el mundo político chileno dejo este fin de semana la publicación de una noticia en el medio conservador El Mercurio, donde afirmaron que desde el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género (MinMujeryEG) estaban preparando un proyecto de ley para instaurar este año una Subsecretaría LGBTQ.
Y es que precisamente dicha cartera de Estado puso en marcha en 2022 la primera “Mesa LGBTIQA+”, la cual es integrada por distintas instituciones públicas, organizaciones y activistas LGBTQ chilenos, con el objetivo de mejorar la calidad de la población queer en ese país latinoamericano, que en el último año ha tenido un aumento de ataques y crímenes de odio.
En la última década los derechos LGBTQ en Chile han ganado terreno. El matrimonio igualitario, la Ley de identidad de género, la unión civil y una Ley antidiscriminación son algunas de las conquistas que tardaron tiempo instalarse. Sin embargo, no existe ninguna institución de Estado o política pública que trabaje por garantizar la inclusión de este grupo históricamente discriminado.
Es por eso, que con la puesta en marcha de la “Mesa LGBTIQA+” impulsada por el gobierno del presidente Gabriel Boric, las deudas pendientes de esta población tienen una oportunidad sin precedentes, ya que ningún gobierno anterior había generado una instancia de trabajo como esta.
Durante el primer año participaron 42 organizaciones de todo Chile, y culminó el pasado 6 de enero con la firma de un convenio entre la Subsecretaría de la Mujer y la Equidad de Género, el SERNAMEG y la Subsecretaría de Prevención del Delito, para atender a las personas que son víctimas de ataques anti-LGBTQ. Un importante logro, que permitirá entregar ayuda en todo el territorio nacional.
Al mismo tiempo, al culminar el primer año de trabajo de la “Mesa LGBTIQA+” desde el MinMujeryEG anunciaron que durante el segundo semestre de este año enviarán un proyecto de ley que amplié el mandato ministerial, para que “se incluya a la comunidad LGTBIQA+”. Hasta ese momento, no había ningún anunció de la creación de una Subsecretaría LGBTQ.
Luego de la publicación de El Mercurio, la mayoría de los medios de comunicación chilenos replicaron la noticia levantando una polémica sin confirmar la información. Ya que oficialmente desde el gobierno no han anunciado la creación de una Subsecretaría LGBTQ o una institución antidiscriminación, como el Instituto Nacional contra la Discriminación (Inadi) en Argentina.
El ex candidato presidencial de derecha extrema, José Antonio Kast, criticó en su cuenta de Twitter la imprecisa noticia.
“Chile es más pobre, más violento e inseguro que hace un año y el gobierno inepto en vez de resolver las urgencias sociales, se dedica a agrandar el Estado para profundizar su agenda ideológica”, escribió el líder del Partido Republicano.
Desde el MinmujeryEG dijeron al Washington Blade que “se ha finalizado recién la mesa con las organizaciones de la comunidad LGBTIQA+. Una de las demandas es tener una institucionalidad, por lo que durante el 2023 se definirá cuál es el camino progresivo, mientras en paralelo se mejora la ley antidiscriminación”.
Mientras que la subsecretaría del MinMujeryEG, Luz Vidal Huiriqueo, publicó en sus redes sociales que “por siete meses nos reunimos con organizaciones LGBTQ+. Sus urgencias son las de todo el país: seguridad, trabajo y salud. Sobre la 1ra avanzamos en un convenio con @SubPrevDelito para atender correctamente y para los largos desafíos comprometimos proponer un mecanismo institucional”.
La autoridad dijo en una entrevista exclusiva con el Blade antes de la publicación de El Mercurio que “para el gobierno del presidente Gabriel Boric, encontrar y dar respuestas a las demandas de la población LGBTIQA+ en Chile es un compromiso que no se va a dejar de lado por nada”.
“Nosotras y nosotros del MinMujeryEG hemos acogido las necesidades de esta comunidad que día a día, en muchos casos, tiene que sobrevivir. Es por eso, que desde nuestro ministerio hemos levantado esta mesa intergubernamental para tener una comunicación fluida y permanente con las organizaciones LGBTIQA+”, explicó Vidal desde su despacho ministerial.
Vidal agregó que “el presidente nos encargó pasar del discurso a la acción. Hay que ponerse a trabajar. Hay que implementar los acuerdos, no podemos quedarnos solamente en bonitos anuncios y ese es nuestro compromiso. El compromiso que hoy día tenemos es trabajar por las mujeres, por la equidad de género, por y con toda la población, a favor de toda la ciudadanía y de quienes les falta presencia del Estado”.

La subsecretaria mencionó a este medio que la necesidad de incorporar a la población queer al trabajo de su ministerio es importante ya que “exactamente hoy día, el Estado no tiene facultades para atender específicamente a la población LGBTQ+, entonces necesitamos crear una camino progresivo que, ya sea una institucionalidad u otra figura, nos permita implementar políticas públicas”.
Aquella supuesta institucionalidad fue la que encendió la disputa el pasado domingo y desnudó que sea cual sea el mecanismo que instale el gobierno de Boric, no será un camino fácil. Aunque también evidenció un interesante debate que tenía personas a favor y en contra.
“Creo que no va a ser un trámite fácil. No va a ser un proyecto que podamos decir, los vamos a sacar a final de año, eso lo tenemos claro. Hoy día incluso en proyectos o en el trabajo que se está realizando desde el ministerio cuesta avanzar simplemente porque actualmente tenemos un Congreso con fuerzas políticas contrarías a la inclusión y el respeto a la diversidad. Eso presente en nuestro Congreso, también está presente en varios países de Latinoamérica”, opinó Vidal.
Por otro lado, la primera diputada transgénero de Chile, Emilia Schneider, dijo al Blade que “me parece que el anuncio de una institucionalidad para la población LGBTI en el Ministerio de la Mujer, y también en lo que se ha estado trabajando con el Ministerio de Justicia para avanzar en una institucionalidad contra la discriminación, a propósito de la reforma a Ley Antidiscriminación son dos pasos fundamentales para avanzar en dignidad y derechos para las diversidades y disidencias sexuales”.
Según la congresista es importante “hacer un cambio permanente en el Estado, que de reconocimiento a la importancia de tener un espacio que responda a las necesidades de la población queer y se haga cargo de combatir la desigualdad, la discriminación y la violencia a la que está expuesta nuestra comunidad”.
“Me parece que este es uno de los compromisos más importantes, que de concretarse serian un legado fundamental de este gobierno en materias de diversidades y disidencias sexuales”, concluyó Schneider.
Mientras que la coordinadora de políticas públicas de la Asociación OTD Trans, la organización trans más importante de Chile, Ignacia Oyarzun, opinó que la instauración de una institucionalidad “es un avance que va en la dirección de establecer lo que será un cupo laboral trans para lograr una mayor integración de la comunidad en la sociedad, ya que en la práctica ocurre que las personas de las diversidades trans, no son contratadas, o son despedidas injustificadamente de espacios laborales, precarizando aún más una vida llena de violencias, y por lo tanto, es una señal de querer hacer las cosas de manera correcta, teniendo en consideración que las personas de nuestra comunidad pertenecen a grupos de vulnerabilidad y por tanto somos sujetes de especial protección”.
Finalmente, Jorge Muñoz, de la organización Mogaleth de Puerto Montt, una ciudad ubicada a 640 millas al sur de Santiago, que también participa de la Mesa LGBTIQA+ señaló al Blade que “todo acercamiento desde el poder central a la sociedad civil, y sobre todo a las regiones es positivo. En ese marco consideramos un avance en cuanto a las demandas del colectivo en la lucha por el reconocimiento de la vulneración histórica de nuestros derechos”.
“El reconocimiento del Estado hacia el maltrato y los discursos de odio hacia las disidencias han sido históricamente centralistas. Las regiones, donde también sufrimos acoso, maltrato, dificultades de acceso a salud, educación y trabajo hemos sido relegadas a lo largo de la historia. En este sentido lo que más valoramos es el reconocimiento de nuestras demandas en el contexto territorial”, remató Muñoz.
Por ahora, no hay una versión oficial sobre cuál será el mecanismo se utilizará para crear la anhelada institucionalidad. Lo que sí está claro, es el compromiso del gobierno y el MinMujeryEG con los derechos LGBTQ que avanzarán sin importar los costos políticos que puedan traerles.
Honduras
Realidad LGBTQ en Honduras: fuga o muerte
Observatorio KAI+: 35 asesinatos anti-LGBTQ en 2026
TEGUCIGALPA, Honduras — Las cifras encienden todas las alarmas: 35 muertes violentas de personas LGBTQ, 195 casos de violencia generalizada y 11 personas asistidas para refugiarse en el extranjero. Las mujeres trans encabezan las víctimas mortales con 11 casos, seguidas de los hombres gay con 10.
Esa es la realidad de las poblaciones sexualmente diversas que pinta el boletín número 14 del Observatorio de Violencia hacia las Personas LGBTI+ de Honduras KAI+, correspondiente al período de enero al 8 de agosto de 2026.
Según el informe, los departamentos con mayor concentración de asesinatos son Francisco Morazán (12), Cortés (5) y Comayagua (4). Sin embargo, el dato más revelador de la impunidad es que los 35 casos permanecen en etapa de investigación preliminar, con apenas dos capturas reportadas.
«No queremos vivir con miedo»: defensores
Lucía Barrientos, de la Asociación Ixchel, resume el sentimiento colectivo. «Hoy las personas LGBTI en Honduras vivimos en estado de alerta. Muertes que, al hacer un análisis, tienen una conmoción de que muchas personas de nuestra población han sido torturadas, que han sido crímenes de odio», señala.
Barrientos subraya que en el país no hay una ley que tipifique el crimen de odio, lo que deja a la población en un limbo legal y expuesta a la violencia sin protección efectiva.
Entretanto, Jennifer Córdoba, de la Colectiva de Mujeres Trans Muñecas de Arcoíris, lamenta que las autoridades no estén haciendo nada para defender los derechos humanos.
«Ver ese tipo de violencias en el país que se incrementan, ver que las autoridades de nuestro país no están haciendo nada para la defensa de los derechos humanos, no crear una política pública que respete los derechos humanos de la población LGTBI», afirma Córdoba.
Violencia generalizada y discriminación sistemática
Los 195 casos de violencia generalizada incluyen amenazas (19), maltrato familiar (25), abuso de autoridad (14), discriminación por orientación sexual o identidad de género (14), lesiones (10) y agresiones sexuales. Las mujeres trans son nuevamente las más afectadas, con 32 casos registrados.
Dany Montesinos, de la Asociación LGBTI Kukulcán, advierte: «Esta es una violencia general, estructurada. No tenemos un patrón determinado. La alerta que estamos poniendo es que, en comparación con otros años, esto está siendo más creciente».
Un elemento crítico señalado por el boletín es que casi el 70 por ciento de los casos de violencia generalizada (137 de 195) carecen de categorización desagregada sobre la orientación sexual o identidad de género de la víctima, lo que evidencia la ausencia de protocolos adecuados por parte de las instituciones estatales y una invisibilización sistemática.
Migración forzada, huir para vivir
Entre los hallazgos más dolorosos está la asistencia a 11 personas LGBTQ que han buscado refugio en el extranjero. Ocho se han ido a Estados Unidos, dos a España y una al Reino Unido. Los motivos incluyen amenazas, discriminación, abuso de autoridad, agresiones sexuales y físicas.
Como señala un testimonio: «Tuvieron que irse, se vieron obligadas a huir por amenazas, por la discriminación, por el abuso de autoridad y agresiones sexuales. Estos datos nos muestran que la migración de las personas LGBTI no responde únicamente a razones económicas, sino a la necesidad urgente de proteger su vida y sus derechos».
Recomendaciones ante un Estado ausente
El boletín concluye con un llamado urgente al Estado hondureño. Exige fortalecer las investigaciones de muertes violentas e implementar políticas públicas de protección integral. Además, capacitar a funcionarios en diversidad sexual y derechos humanos y garantizar que los casos avancen más allá de la etapa preliminar.
Barrientos lo resume con claridad. «Exigimos al Estado respuestas inmediatas, justicia y protección real para nuestra población. No queremos retroceder, no queremos volver atrás, no queremos vivir con miedo, no queremos salir a la calle y saber que no puedo expresar mi amor hacia mi pareja o hacia otra persona porque puedo amar y ser muerta».
El Observatorio KAI+ recuerda que detrás de cada cifra hay seres humanos: madres, padres, hijos, hermanos y familias que dependen de ellos. La indiferencia institucional, advierten, no puede seguir siendo una puerta abierta a la impunidad.
Noticias en Español
Un terremoto también se vive desde el exilio
Yonatan Matheus se nació en La Guaira, la zona venezolana más afectada por los sismos
El 24 de junio de 2026, dos terremotos sacudieron Venezuela y alteraron la vida de miles de personas en cuestión de segundos. Para gran parte del mundo fue una noticia que ocupó titulares durante algunos días. Para quienes nacimos allí, el tiempo pareció detenerse. Antes de pensar en la magnitud del sismo o en el número de viviendas afectadas, hubo una pregunta que desplazó cualquier otra: ¿estarán bien quienes amo?
Los desastres naturales no solo transforman los territorios; también modifican la manera en que quienes vivimos en el exilio nos relacionamos con el lugar al que seguimos llamando hogar. La distancia no reduce el dolor ni la preocupación por quienes permanecen allí. Cada llamada sin responder, cada fotografía y cada mensaje recuerdan que existen vínculos que sobreviven a las fronteras, al tiempo y a la propia migración.
Lo primero que hice fue llamar a mi familia en La Guaira. Durante esos minutos comprendí, una vez más, que también existen terremotos que se sienten desde el exilio. La incertidumbre crece con cada llamada que no entra y con cada mensaje que permanece sin respuesta.
Cuando finalmente logré comunicarme, confirmé que familiares y personas cercanas habían perdido sus hogares, que distintas zonas de La Guaira enfrentaban graves afectaciones y que comunidades como Carayaca, El Junko y otros sectores del oeste del estado también sufrían las consecuencias de los terremotos. Aunque algunas de estas localidades registraron daños estructurales de menor magnitud que las zonas más devastadas, sus habitantes también vieron alterada su vida cotidiana por la interrupción de servicios, las dificultades de acceso y la profunda interdependencia social, económica y comunitaria que caracteriza a La Guaira.
Algunos miembros de mi comunidad también habían fallecido. Entre ellos estaban dos hombres gays a quienes conocía. Sus nombres me recordaron que detrás de cada cifra existen historias, afectos y proyectos de vida. También me hicieron pensar en todas aquellas personas cuyas vidas y muertes difícilmente ocuparán un titular, especialmente quienes durante años vivieron en los márgenes, con escasa visibilidad y sin el pleno reconocimiento de su dignidad. Me recordaron, además, que las emergencias nunca afectan a todas las personas por igual y que quienes ya enfrentaban mayores condiciones de vulnerabilidad suelen soportar una carga aún más pesada durante la recuperación.
El país del que uno sale nunca desaparece
Nací y crecí en La Guaira. Allí permanecen buena parte de mi historia, mi familia, mis amistades y una comunidad que sigue formando parte de quien soy. Hace diez años tuve que salir de Venezuela y solicitar asilo en Estados Unidos como consecuencia de la persecución que enfrenté por ser un hombre gay y defensor de derechos humanos. Con el tiempo comprendí que el exilio no consiste únicamente en cambiar de país. También significa aprender a vivir con la certeza de que una parte de nosotros permanecerá siempre en el lugar del que tuvimos que partir.
Cada celebración familiar, cada crisis y cada tragedia confirman que seguimos perteneciendo a ese territorio. Las personas refugiadas y migrantes no dejamos de vivir las emergencias de nuestros países de origen; simplemente las vivimos de otra manera. Mientras otras personas pueden desplazarse para abrazar a sus familias o participar directamente en las labores de ayuda, quienes estamos lejos intentamos acompañar desde la incertidumbre, con la impotencia de saber que el corazón permanece donde el cuerpo ya no puede estar.
Quizá esa sea una de las dimensiones menos visibles del desplazamiento forzado. Vivimos las tragedias de nuestro país a la distancia, con menos posibilidades de actuar físicamente, pero con el mismo dolor y con un profundo sentido de responsabilidad hacia las personas y los lugares que siguen formando parte de nuestra historia.
Cuando una casa representa toda una vida
Después de una emergencia suele repetirse una frase bien intencionada: “Lo importante es que todos están vivos; lo material se recupera.” Aunque busca transmitir esperanza, también puede invisibilizar una realidad profundamente humana. En Venezuela, una vivienda rara vez representa únicamente una construcción. Es el resultado de años de trabajo, sacrificios compartidos y sueños familiares. En sus paredes también habitan recuerdos, fotografías, documentos y la memoria de quienes la construyeron.
Cuando un terremoto destruye un hogar, también altera el proyecto de vida de una familia. Por eso no basta con volver a levantar edificios. Es necesario crear las condiciones para que las personas recuperen estabilidad, seguridad y la posibilidad de imaginar nuevamente un futuro. Como trabajador social, estoy convencido de que los territorios no vuelven a ponerse de pie únicamente con cemento. También necesitan confianza, organización, apoyo mutuo y espacios donde las personas puedan elaborar el duelo y fortalecer nuevamente sus redes de apoyo.
Ese proceso tampoco ocurre en igualdad de condiciones para todas las personas. Los desastres suelen profundizar desigualdades que ya existían antes de la emergencia. Las personas adultas mayores, la niñez, las personas con discapacidad, quienes viven con enfermedades crónicas o con VIH y muchas personas LGBTQ, especialmente aquellas que enfrentan pobreza, discriminación o redes de apoyo limitadas, suelen encontrar mayores obstáculos para acceder a servicios, restablecer sus medios de vida o volver a sentirse seguras. Una respuesta verdaderamente humanitaria no consiste únicamente en llegar primero; consiste en asegurar que nadie quede atrás cuando comienza el largo camino para reconstruir su vida.
Cuando la emergencia deja de ser noticia
Las primeras horas después de un desastre suelen despertar lo mejor de una sociedad. Vecinas y vecinos organizan rescates, personas voluntarias distribuyen alimentos, equipos de salud trabajan sin descanso y miles de ciudadanos, dentro y fuera del país, buscan la manera de ayudar. Esa movilización espontánea representa uno de los recursos más valiosos frente a cualquier crisis y demuestra que, incluso en contextos de profunda polarización, la vida humana sigue siendo capaz de convocar encuentros.
Sin embargo, para quienes sobrevivieron, el verdadero desafío apenas comienza cuando la emergencia deja de ocupar los titulares. Mientras los medios dirigen su atención hacia otras noticias y las donaciones disminuyen, miles de familias siguen intentando recuperar sus hogares, restablecer sus medios de vida y reorganizar una cotidianidad profundamente alterada. La crisis termina mucho antes para la opinión pública que para quienes continúan enfrentando sus consecuencias.
En la acción humanitaria suele describirse un fenómeno conocido como fatiga de la compasión. En términos generales, hace referencia a la disminución progresiva de la atención pública y de parte de la movilización solidaria conforme una crisis deja de ocupar el centro de la conversación. No significa que desaparezca la voluntad de ayudar, sino que nuevas urgencias desplazan rápidamente a las anteriores. El riesgo es que los territorios afectados queden solos precisamente cuando enfrentan la etapa más compleja de volver a levantarse.
Las principales organizaciones humanitarias recuerdan que reparar edificios constituye sólo una parte del proceso. También es indispensable fortalecer la salud mental, ofrecer apoyo psicosocial, recuperar el tejido comunitario y garantizar que la población participe activamente en las decisiones sobre su propio futuro. Una vivienda puede reconstruirse en algunos meses; recuperar la sensación de seguridad, la confianza o el sentido de pertenencia suele requerir mucho más tiempo.
Esta realidad resulta especialmente importante para quienes ya enfrentan condiciones de vulnerabilidad antes del terremoto. Las personas adultas mayores, la niñez, las personas con discapacidad, quienes viven con VIH y muchas personas LGBTQ suelen encontrar mayores barreras para acceder a servicios, mantener sus tratamientos, recuperar sus ingresos o reconstruir sus redes de apoyo. Las emergencias no crean esas desigualdades, pero con frecuencia las hacen más visibles y profundas. Por eso, una recuperación verdaderamente sostenible no consiste únicamente en volver al punto donde estábamos antes del desastre, sino en aprovechar ese proceso para reducir brechas históricas y fortalecer la inclusión.
Como trabajador social, prefiero hablar de una resiliencia consciente. No de una resiliencia que exige fortaleza permanente o invita a ocultar el dolor bajo la idea de que “hay que seguir adelante”, sino de aquella que reconoce las pérdidas, entiende que el duelo necesita tiempo y acepta que pedir ayuda también forma parte del camino. Ninguna comunidad debería sentirse obligada a reconstruirse sola, ni ninguna persona a demostrar que ya superó una tragedia antes de estar preparada para hacerlo.
Permanecer también es una forma de ayudar
El exilio me impidió estar físicamente en La Guaira durante los días posteriores a los terremotos, pero no me impidió asumir la responsabilidad de acompañar desde donde hoy me encuentro. Durante esas semanas utilicé mis plataformas para verificar información antes de compartirla, visibilizar localidades que históricamente han recibido menor atención —como Carayaca, El Junko y otros sectores del oeste del estado— y promover mensajes centrados en las necesidades de la población afectada.
Ese compromiso también dio origen a la serie documental La Guaira: Antes y Después, un esfuerzo por documentar cómo cambiaron distintos espacios y contribuir a que no desaparezcan de la memoria colectiva cuando termine la cobertura periodística. Más que registrar la destrucción, busca recordar que detrás de cada fotografía existen familias que seguirán necesitando apoyo mucho después de que las cámaras se hayan ido.
Creo profundamente que comunicar con responsabilidad también es una forma de acción humanitaria. Verificar antes de publicar, evitar la desinformación y mantener visibles a los territorios históricamente olvidados constituye una manera concreta de acompañar el proceso de recuperación y fortalecer el compromiso colectivo desde la distancia.
La solidaridad que decide quedarse
Los terremotos del 24 de junio de 2026 dejarán cicatrices visibles en edificios, carreteras y viviendas. Otras permanecerán en silencio, acompañando a familias que deberán reconstruir no solo sus hogares, sino también su sensación de seguridad, sus proyectos de vida y la confianza en el futuro.
Como venezolano, guaireño, refugiado y defensor de derechos humanos, esta experiencia reforzó una convicción que ha guiado buena parte de mi trabajo: las personas deben permanecer en el centro de cualquier respuesta humanitaria. Ninguna diferencia política, institucional o ideológica debería ser más importante que proteger la vida, aliviar el sufrimiento y garantizar que quienes enfrentan mayores condiciones de vulnerabilidad reciban el acompañamiento que necesitan para volver a empezar con dignidad.
Los terremotos dejan de sentirse cuando la tierra deja de temblar. El olvido comienza cuando dejamos de mirar. Entre una cosa y otra existe un largo camino que exige memoria, compromiso sostenido y la decisión colectiva de no abandonar a quienes siguen intentando levantarse cuando el resto del mundo ya ha seguido adelante. Porque una sociedad no termina de recuperarse cuando reconstruye sus edificios; lo hace cuando todas las personas tienen la oportunidad de volver a vivir con seguridad, esperanza y la certeza de que nadie quedó atrás.
Yonatan Matheus (He/Him/Él) es defensor de derechos humanos LGBTQ y trabajador social y activista. Trabaja en la intersección entre Migración, Justicia Social y respuesta al VIH.
Este comentario salió en el sitio web de Yonatan el 6 de julio.
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Centenares de personas participan en la Marcha del Orgullo en la capital salvadoreña
La población diversa volvió a ocupar el espacio público
SAN SALVADOR, El Salvador— Alrededor de las 2 de la tarde del 27 de junio, centenares de personas comenzaron a reunirse en el redondel Masferrer para participar en la tradicional Marcha del Orgullo LGBTQ de El Salvador, una movilización que año con año busca visibilizar las luchas, los avances y las demandas de la población diversa en el país. Más que una celebración, la actividad volvió a convertirse en un espacio para reivindicar la existencia de miles de personas que, pese a los desafíos sociales y políticos, continúan reclamando el respeto de sus derechos fundamentales.
Con banderas multicolores ondeando entre la multitud, música y una atmósfera cargada de emoción, la marcha inició su recorrido descendiendo por el Paseo General Escalón, atravesando las Fuentes Beethoven y la plaza El Salvador del Mundo hasta concluir en las inmediaciones del Parque Cuscatlán, sobre la 25 Avenida Sur.
A medida que avanzaban las horas, el tránsito habitual de una de las principales arterias de la capital fue sustituido por un río de colores, consignas y expresiones artísticas. Decenas personas voluntarias debidamente identificadas, acompañaron el recorrido para facilitar el paso de las personas participantes, detener el tráfico y garantizar el desarrollo de la actividad mientras miles de curiosos observaban desde las aceras, restaurantes, centros comerciales y edificios ubicados a lo largo del trayecto.
Desde horas antes del inicio del recorrido, las calles comenzaron a llenarse de personas provenientes de distintos departamentos del país. Algunas viajaron desde la madrugada para participar en la actividad, mientras otras aprovecharon el fin de semana para reencontrarse con amistades y familiares que cada año convierten la marcha en un punto de reunión.
Muchas personas dedicaron semanas e incluso meses a preparar cuidadosamente sus vestuarios, maquillajes, accesorios y pancartas. Cada atuendo representaba una forma distinta de expresar identidad, creatividad y orgullo. Algunos optaron por elaborados trajes inspirados en la cultura drag; otros lucieron prendas confeccionadas con los colores de las distintas banderas que representan a la diversidad sexual y de género. No faltaron quienes eligieron vestirse de manera sencilla, convencidos de que su sola presencia ya representaba un acto de valentía.
Los colores del arcoíris se mezclaron con las banderas trans, bisexuales, lesbianas, pansexuales, no binarias y otras identidades que forman parte de la diversidad humana. Entre abrazos, fotografías, consignas, bailes y presentaciones improvisadas, el ambiente transmitía alegría, pero también una profunda carga simbólica para quienes consideran esta marcha un acto de existencia y resistencia.
Las expresiones de afecto entre parejas, amistades y familias se desarrollaban con naturalidad durante todo el recorrido. Para muchas personas asistentes, ese espacio representó uno de los pocos momentos del año donde podían mostrarse públicamente sin ocultar quiénes son o temer al rechazo inmediato de quienes les rodean.
Memoria, resistencia y un llamado a no olvidar
Previo al banderillazo de salida, representantes de la Federación Salvadoreña LGBTIQ+ ofrecieron un mensaje que invitó a recordar el camino recorrido por quienes lucharon décadas atrás en condiciones mucho más adversas.
“Hoy caminamos pensando en quienes caminaron antes que nosotres, en quienes resistieron cuando nombrarse podía costar el trabajo, la familia, la libertad o la vida”, expresaron durante su intervención, provocando aplausos entre las personas asistentes.
El mensaje también recordó que muchas de las conquistas actuales son resultado de generaciones que enfrentaron discriminación, violencia institucional y exclusión social, abriendo camino para que nuevas juventudes puedan vivir su identidad con mayor libertad, aunque todavía persistan numerosos desafíos.
Las palabras pronunciadas antes del inicio de la marcha marcaron el tono del resto de la jornada. No se trataba únicamente de celebrar la diversidad, sino también de reconocer que detrás de cada bandera existe una historia marcada por la lucha contra la discriminación, la violencia y la invisibilización.
Sin embargo, el discurso también puso sobre la mesa una realidad poco discutida dentro del movimiento: la invisibilización de las personas adultas mayores LGBTQ. Según señalaron durante la actividad, la población diversa envejeciente continúa prácticamente ausente de los espacios públicos y de representación. No aparecen en las campañas del Mes del Orgullo, tampoco en las imágenes que suelen viralizarse en redes sociales ni en la publicidad que cada junio llena de colores distintos espacios comerciales.
Su ausencia también refleja las profundas desigualdades que históricamente ha enfrentado esta población. Muchas personas mayores crecieron en contextos donde expresar libremente su orientación sexual o identidad de género significaba perder el empleo, ser expulsadas de sus hogares o sufrir violencia física y psicológica.
La ausencia de referentes mayores refleja una deuda pendiente tanto de la sociedad como del propio movimiento, que enfrenta el desafío de reconocer las historias de quienes sobrevivieron a décadas de persecución y discriminación y que hoy continúan siendo parte fundamental de la memoria colectiva.
La edición 2026 de la marcha se desarrolló además en un contexto político que diversas organizaciones consideran especialmente complejo para la defensa de los derechos humanos.
Diversos sectores de la sociedad civil han manifestado preocupación por el cierre de espacios democráticos, el debilitamiento de organizaciones sociales y un ambiente que consideran cada vez más hostil para las personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas.
En medio de ese escenario, la movilización adquirió un significado que fue mucho más allá de la celebración. Para muchas personas asistentes representó un acto de presencia política y una reafirmación de que la comunidad continúa existiendo pese a los retrocesos percibidos.
Uno de los aspectos más visibles durante el recorrido fue la importante participación de jóvenes, muchos de ellos asistiendo por primera vez a una Marcha del Orgullo. Entre sonrisas y evidente emoción, varias personas compartían que habían esperado durante años la oportunidad de participar libremente en esta actividad.
Para algunos significaba encontrarse con otras personas que comparten experiencias similares; para otros era la primera ocasión en la que podían expresar públicamente su orientación sexual o identidad de género sin esconderse.
Durante la cobertura realizada por diversos medios internacionales, una persona entrevistada por el Washington Blade, quien solicitó permanecer en el anonimato, resumió el sentimiento que compartían muchas voces presentes.
“Yo apoyé en su momento al presidente actual, pero no sabía que eso tendría un precio que sería bajar mi categoría como ciudadane de un país tan pequeño y con mente más cerrada. Igual marcho para demostrar que aquí estamos resistiendo”, expresó.
El testimonio reflejó una percepción compartida por parte de algunos asistentes respecto al contexto político y social que vive actualmente la población LGBTQ en El Salvador.

Entre el respaldo empresarial y el rechazo en redes sociales
A diferencia de años anteriores, otro elemento llamó la atención durante el recorrido: la limitada presencia de organizaciones sociales claramente identificadas mediante banners, mantas o bloques organizados.
Aunque sí participaron colectivos y activistas independientes, fueron los vehículos alegóricos patrocinados por establecimientos comerciales y empresas aliadas los que dominaron visualmente buena parte del recorrido.
Los carros decorados con música, animación y publicidad fueron algunos de los elementos más llamativos de la jornada. Desde ellos se lanzaban banderas, camisetas y recuerdos promocionales mientras decenas de personas bailaban al ritmo de música pop y electrónica, generando entusiasmo entre quienes acompañaban la marcha.
No obstante, para algunas personas participantes, la menor presencia visible de organizaciones históricas también reflejó las dificultades que actualmente enfrentan muchas asociaciones dedicadas a la defensa de derechos humanos y de la población LGBTQ.
Mientras miles de personas recorrían las principales arterias de la capital, el debate también se trasladó a las redes sociales. Las publicaciones realizadas por distintos medios de comunicación rápidamente se llenaron de algunos comentarios favorables, pero también de numerosas expresiones de rechazo hacia la marcha y hacia la población diversa.
Las críticas giraron principalmente alrededor de argumentos religiosos, posturas conservadoras y visiones tradicionales sobre la familia y la sexualidad. Muchas personas expresaron opiniones despectivas o mensajes de intolerancia, mientras otras defendieron el derecho constitucional de toda persona a manifestarse pacíficamente.
Para activistas consultados durante la jornada, estas reacciones evidencian que la discriminación continúa profundamente arraigada en distintos sectores de la sociedad salvadoreña y que la necesidad de generar espacios de diálogo y educación sigue siendo una tarea pendiente.
Pese a ello, el ambiente dentro de la marcha permaneció festivo durante todo el recorrido.
Las consignas por la igualdad se alternaban con música, coreografías improvisadas y expresiones artísticas que transformaron por varias horas las calles de San Salvador en un espacio de encuentro, celebración y reivindicación.
Una vez más, por segundo año consecutivo, la jornada concluyó sin el tradicional concierto masivo que durante años marcó el cierre de la actividad. La ausencia de un evento artístico con celebridades y espectáculos musicales no disminuyó el entusiasmo de quienes participaron hasta el final del recorrido. Conforme caía la tarde, muchas personas permanecieron en las inmediaciones del Parque Cuscatlán compartiendo fotografías, conversando y despidiéndose con la satisfacción de haber formado parte de una nueva edición del Pride salvadoreño.
Las fotografías, abrazos colectivos y mensajes escritos en pancartas terminaron convirtiéndose en el cierre simbólico de una jornada cuyo principal objetivo fue ocupar el espacio público y reafirmar la existencia de una comunidad históricamente marginada.
Las consignas podían leerse en decenas de carteles: llamados al respeto, a la igualdad, al reconocimiento de derechos y al fin de la discriminación.
Más que una celebración aislada, la Marcha del Orgullo 2026 volvió a convertirse en un recordatorio de que la historia de la población LGBTQ salvadoreña ha estado marcada por un pasado de violencia, un presente de constantes desafíos y un futuro que continúa construyéndose desde la esperanza.
En cada paso, quienes caminaron este sábado recordaron que el orgullo no nace únicamente de la celebración de la diversidad, sino también de la capacidad de resistir frente a la exclusión, el prejuicio y el silencio.
Con cada bandera levantada, cada abrazo compartido y cada consigna pronunciada a lo largo del recorrido, las personas asistentes enviaron un mensaje claro tanto a la sociedad salvadoreña como a las instituciones del Estado: la diversidad continúa presente, organizada y decidida a defender su derecho a existir.
Porque, como repetían muchas de las pancartas que acompañaron la movilización, el principal reclamo no es un privilegio especial. Es algo mucho más sencillo y, al mismo tiempo, profundamente humano: vivir con dignidad, sin miedo, con igualdad ante la ley y con el respeto que merece toda persona, independientemente de su orientación sexual o identidad de género. La Marcha del Orgullo 2026 volvió a demostrar que, pese a las adversidades, la población LGBTQ salvadoreña continúa encontrando en las calles un espacio para hacer visible su historia, sus luchas y la convicción de que seguir existiendo también es una forma de resistencia.
