Reportar sin Miedo es el socio mediático del Washington Blade en Honduras. Esta nota salió en su sitio web el 1 de marzo.

TEGUCIGALPA, Honduras — “La discriminación y exclusión generalizada impiden una inclusión significativa en los esfuerzos de desarrollo más amplios en Honduras”. Esa fue una de las respuestas de la embajadora de Estados Unidos, Laura Dogu, ante la ola de comentarios de odio y discriminación contra mujeres y personas LGBTIQ+, originarias y afrodescendientes en Honduras. Reportar sin Miedo habló con la embajadora Dogu para conocer su punto de vista sobre estos temas que repercuten directamente en las poblaciones en situación de vulnerabilidad.

Dunia Orellana: ¿Por qué es tan importante disminuir los discursos de odio en contra de poblaciones altamente excluidas como las mujeres, las poblaciones LGBTIQ+ y poblaciones originarias y afrodescendientes en Honduras? 

Laura Dogu: Los derechos humanos son derechos universales. La capacidad de una persona para ejercer sus derechos humanos nunca debe verse limitada por su orientación sexual, su identidad o expresión de género o sus características sexuales. 

La lucha para poner fin a la violencia, la discriminación, la criminalización y el estigma contra las personas lesbianas, gay, bisexuales, transgéneros, homosexuales e intersexuales (LGBTIQ+) y otras comunidades vulnerables es un reto mundial que sigue siendo esencial para nuestro compromiso de promover los derechos humanos y libertades fundamentales de todas las personas. 

Estados Unidos liderará con el poder de nuestro ejemplo y la administración del presidente Biden está aplicando políticas dentro de Estados Unidos como en el extranjero para acabar con la violencia y la discriminación basada en la orientación sexual, la identidad o expresión de género o las características sexuales. 

Dunia Orellana: Sabemos que el gobierno de Estados Unidos invierte en programas de apoyo para disminuir la discriminación y la desinformación en Honduras. ¿Por qué es tan importante seguir invirtiendo en estos temas en una democracia como la de Honduras? 

Laura Dogu: Como lo declaró el presidente Biden en su Memorándum de febrero de 2021, “todos los seres humanos deben ser tratados con respeto y dignidad y deben poder vivir sin miedo, independientemente de quiénes sean o a quién amen”. 

El gobierno de Estados Unidos se ha comprometido a promover los derechos humanos de las personas LGBTQI+ en todo el mundo y también incluirlas de manera significativa en los programas de desarrollo. 

Invertir en la democracia ―promover los derechos humanos y el acceso a servicios esenciales como la educación, el empleo y la atención en salud para todos― es importante para el avance de cualquier país. La discriminación y exclusión generalizada impiden una inclusión significativa en los esfuerzos de desarrollo más amplios en Honduras.  

Nos comprometemos a apoyar a los grupos discriminados y marginados y buscamos formas de hacerlo mediante el crecimiento económico, la educación y el desarrollo de la mano de obra. También trabajamos para prevenir y responder a la violencia basada en género, que incluye la violencia contra las personas LGBTIQ+.

Dunia Orellana: Ante la desinformación utilizada por diferentes sectores que emplean discursos de odio y mensajes de discriminación, ¿cuál es el mensaje que usted envía? 

Laura Dogu: Dunia, gracias por la oportunidad de hablar de estos temas; son fundamentales para la democracia hondureña, y queremos ver a todos los sectores del país ―gobierno, sector privado, sociedad civil y población en general― siendo parte de una solución que beneficie a todos. Los gobiernos, en particular, deben trabajar para asegurar que todos los individuos puedan disfrutar libremente de los derechos humanos y libertades fundamentales a los que tienen derecho. 

Animamos al gobierno de Honduras a que respete la libertad de expresión, a que permita a los periodistas independientes realizar su trabajo sin temor a represalias y a que investigue y procese a quienes amenacen o dañen a miembros de la prensa a causa de su trabajo. Medios como Reportar Sin Miedo son fundamentales para alcanzar ese objetivo de una mejor Honduras.  

Más allá de los medios de comunicación, también creemos que las organizaciones de la sociedad civil desempeñan un papel importante en la promoción de los derechos humanos y sirven como un valioso control del poder gubernamental al fomentar la rendición de cuentas y la transparencia del gobierno.  

Buscamos constantemente ampliar y fortalecer el espacio para las organizaciones de la sociedad civil en Honduras, alentando al gobierno a reunirse regularmente con los líderes de la sociedad civil y a consultar proactivamente con ellos sobre temas apremiantes.

Tres momentos claves del apoyo estadounidense a la inclusión

¡Qué gran experiencia musical! ¡Gracias @ginachavez y su banda por el concierto de esta noche en el Parque Cerro Juana Laínez! Fue espléndido ver a tanta gente experimentar su música, historia y mensaje de inclusión y diversidad. pic.twitter.com/7ihQiKYrhS

— Embajadora Laura F. Dogu (@USAmbHonduras) February 18, 2023

¡Nunca renunciemos a la lucha contra la violencia basada en género! Hoy destacamos los resultados que han alcanzado @USAIDHonduras, @Uni2justiciaHn, los socios de la sociedad civil y el gobierno, uniendo fuerzas por la justicia. #USAIDContraLaViolencia #16Días #16Days pic.twitter.com/SZMvcfk68v

— Embajadora Laura F. Dogu (@USAmbHonduras) December 2, 2022

Con Isabela Albaladejo de @OACNUDHHN @KerryKennedyRFK y Indyra Mendoza de @CATTRACHAS en evento conmemorativo para Vicky Hernandez. Continuaremos defendiendo los derechos #LGTTBI. Satisfechas de ver el gobierno trabajando para cumplir con el fallo de la @CorteIDH en el caso. pic.twitter.com/SiWdxg9u0f

— Embajadora Laura F. Dogu (@USAmbHonduras) May 8, 2022

SAN SALVADOR, El Salvador — El 23 de febrero del 2022, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia salvadoreña dio a conocer una resolución en la que ordenó a la Asamblea Legislativa se reformara la Ley del Nombre de la Persona Natural, de esta manera se garantizaría las condiciones necesarias a las personas que deseen cambiar su nombre para que coincida con su identidad de género.

A un año de esta resolución la Asamblea Legislativa de El Salvador no tomó en cuenta el plazo que le dio la Corte Suprema, diversas organizaciones de personas trans, activistas independientes y entidades internacionales han mostrados su descontento con la inactividad. 

“La resolución de la sala responde a la demanda que dos personas trans hicieron, evidenciando las afectaciones y la discriminación que vivías debido al no tener un cambio de nombre, por lo que la sala falló a favor y explicó la inconstitucionalidad del artículo 23 de la LNPN”, menciona Amalia Leiva, parte del equipo de inclusión social de la Fundación Cristosal.

El artículo 23 inciso segundo de la LNPN, fue el que precisamente declaró como inconstitucional la Sala de la Corte Suprema de Justicia, ya que se encontró una falta de “regulación de los supuestos y condiciones para que un ser humano cambie su nombre por razones de identidad de género”, por lo que esto constituyó un “trato discriminatorio no justificado”. 

Leiva menciona que la Sala es impuesta por el partido oficialista del gobierno en turno, “Nuevas Ideas, del presidente Nayib Bukele”; además aclara que tiene acaparados los poderes del Estado. “Actualmente no hay una separación en los poderes del Estado y por ello no hay un ente que pueda hacer acción de la constitucionalidad en los temas de políticas públicas”, asegura. 

La Asamblea Legislativa en su mayoría, tanto como el presidente de la república, “han dado declaraciones en reiteradas ocasiones sobre no querer legislar ninguna política pública que venga de sociedad civil, sino únicamente las que vengan presentadas por el partido Nuevas Ideas”, asegura Leiva. 

“Ellos siempre han utilizado el argumento que fueron electos por mayoría, por ende los temas que no apoyen vuelven más vulnerables a poblaciones históricamente excluidas, como la población LGBTIQ+, en especial las personas trans”, aclara con preocupación Leiva. 

Por su parte Cristian González Cabrera, investigador en el programa de derechos LGBT de Human Rights Watch, opina que es muy grabe que la Asamblea Legislativa de El Salvador esté ignorando una sentencia de la Corte Suprema; para las personas trans esto es devastador porque llevan años luchando por una ley de identidad de género que respete su dignidad y autonomía.

Como reportaron en un informe del año pasado sobre el acceso a los derechos, “la población trans sufre todos los días por no contar con un documento que concuerde con su identidad, no se sienten cómodas yendo al médico, no pueden acceder a un empleo digno, entre otras cosas”, asegura. Por el Estado salvadoreño tiene una deuda histórica con la población trans y la sentencia mostraba una esperanza de que esa deuda se pagaría, esperanza que fue disuelta por la misma Asamblea Legislativa, según palabras de González. 

De Acuerdo a González, que no se cumpla la sentencia forma parte de un patrón más grabe, del debilitamiento del Estado de derecho y de la independencia judicial en El Salvador, punto fundamentales y claves que se necesitan para defender los derechos de todos los salvadoreños. 

Desde que el partido Nuevas Ideas obtuvo la mayoría en la Asamblea Legislativa en el año 2021, menciona González que las instituciones democráticas han estado bajo ataque del Bukele y sus aliados. 

Por esto “no se cumple lo que sucede en una democracia funcional, donde una legislatura debería cumplir con las sentencias del poder judicial, cosa que no sucede en El Salvador”, agrega. 

Leiva también mencionó que debe exigirse que se restaure la separación de poderes de los tres órganos del Estado, que cesen los mensajes desde los puestos de poder en la Asamblea y hasta del mismo presidente, sobre los temas de no a la ideología de género, que a pesar de ser un término creado por la derecha misma, “atenta contra la integridad, identidad y vida de las personas trans particularmente”. 

Lo principal es que debe legislarse con las leyes y la constitución, “dejando de lado los fundamentos religiosos”. Hay tres artículos de la Constitución de la Repúblicas que nos facultan como un Estado laico y por lo tanto debe prevalecer un derecho público, comenta Leiva.

La postura de Human Rights Watch ante lo sucedido, es que la comunidad internacional debe redoblar sus esfuerzos para proteger el Estado de derecho en El Salvador, “la comunidad internacional podría repudiar tanto de manera pública como privada, que no se ha cumplido esta sentencia”, agrega González. Además de ejercer presión multilateral sobre las autoridades en El Salvador, para que aseguren el respeto de los derechos humanos. 

“Sabemos que Bukele y su partido iban a aportar ‘Nuevas Ideas’ en El Salvador, pero la transfobia no es una nueva idea, es una idea antigua arraigada en el prejuicio”, finaliza González. 

Para Karla Guevara, directora de Colectivo Alejandría, ya se veía venir esta situación, ya que la esta Asamblea Legislativa que está a punto de cumplir dos años de gestión, al comienzo de su trabajo, mandaron a archivo varios anteproyectos de ley, entre ellos la Ley de Identidad de Género, esto solo demostró la carencia de interés en tocar la temática.

“Ya nos imaginábamos que no iban a legislar por una Ley de Identidad de Género”, mencionó Guevara, agregando que “si bien se venció el plazo que le dio la Sala de lo Constitucional a la Asamblea Legislativa, para legislar a favor de las personas trans, esa sentencia no aborda de lleno el problema de la identidad de género de las personas trans y no solamente el nombre”. 

Menciona esto debido a que la Sala manda a realizar las reformas respectivas a la LNPN, no manda a la Asamblea Legislativa a legislar por la Ley de Identidad de Género; por ello para Guevara existe un incumplimiento tanto de la Sala como de la Asamblea, pues no se pretende legislar nada a la luz de la normativa internacional como la Opinión Consultiva 2417.

Por ello, lo sucedido no fue una novedad para las asociaciones de sociedad civil que forman parte de la Mesa Permanente por una Ley de Identidad de Género, además, están conscientes que a nivel nacional ya agotaron todas las instancias necesarias, por esto ya solo les queda recurrir a instancias internacionales. 

De acuerdo con la activista Leiva, las acciones a seguir son claras, pues piensan seguir haciendo incidencia, tocando puertas, buscando aliados en el ámbito internacional y en el cuerpo diplomático, para que acompañen y respalden las demandas de la población trans.

El Washington Blade intentó contactarse con algunos diputados para conocer sus impresiones, pero al finalizar esta nota no se tuvo respuesta de ninguno. 

Las organizaciones de personas trans están probando mover el tema con demás en juzgados de familia, para lograr que las personas trans puedan ser reconocidas por su nombre en el documento único de identidad y que la partida de nacimiento pueda ser margina con estos detalles. Hasta el momento hay dos casos que ya están judicializados a favor de las personas trans, pero la alcaldía de San Salvador “ha entrampado estos casos y no cumple con las sentencias dadas”, finaliza Guevara.

Edición Cientonce es el socio mediático del Washington Blade en Ecuador. Esta nota salió en su sitio web el 13 de febrero.

En las elecciones seccionales del pasado 5 de febrero, José Arroyo Cabrera ganó la Alcaldía de Pujilí y su triunfo lo posiciona como el primer hombre abiertamente gay que liderará un gobierno seccional en Ecuador.

Arroyo ganó las elecciones con el 63,71 por ciento de los votos (uno de los resultados más altos en los últimos comicios) en un cantón con 52 por ciento de población indígena.

“Personalmente me llena y me enriquece saber que, quizás de una u otra manera, estoy colaborando para romper esquemas y marcar hitos históricos y, sobre todo, tratar que la gente pueda romper estereotipos que infundadamente nos colocamos y podamos ver el trasfondo de cualquier persona”, señaló Arroyo en una entrevista a Diario El Comercio.

Arroyo llegó con propuestas como incrementar la cobertura de agua potable y alcantarillado, regenerar y construir espacios comerciales y comunitarios, brindar atención médica primaria a niños, adultos mayores, mujeres embarazadas y personas en pobreza extrema, y construir vías urbanas y rurales.

En Pujilí, más del 80 por ciento de la población es rural. En su plan de trabajo, sus propuestas consideran las asimetrías entre el sector urbano y rural del cantón. Por ejemplo, en su plan detalla que la cobertura de agua potable en el área urbana es de 64 por ciento y en el área rural, 36 por ciento.

Un pasó más en la participación política

“Las personas LGBTIQ+ han sido históricamente violentadas, invisibilizadas e instrumentalizadas en la política. Que hoy un hombre gay sea elegido como alcalde es un hecho que sí debe celebrarse, pero sin perder de vista que esto ocurre recién en 2023”, indicó Andrea Villavicencio, activista del colectivo Status Queer. 

Arroyo triunfa en el mismo cantón en el que el actual alcalde, Luis Ugsha, quien buscaba la reelección, lanzó un discurso homofóbico en el cierre de su campaña. Ugsha calificó a la población LGBTIQ+ de “plaga, demonios contra la ley de Dios”.

Por estas declaraciones, la campaña Acuerdo por la Igualdad Voto LGBT+ pidió al Tribunal Contencioso Electoral que sancione a Ugsha por incitación al odio. Asimismo, la Secretaría de la Mujer pidió investigar el caso.

Candidato a la alcaldía de Pujilí por la lista #Suma23, Luis Ugsha llama “plaga, demonios contra la ley de dios entre otros calificativos a la población LGBT+.” Exigimos disculpas públicas y sanción por incitación al odio.

Cc @TCE_Ecuador @cnegobec https://t.co/SFczVj7A44 pic.twitter.com/0YC0qBB6Jp

— Voto LGBT+ Ecuador (@VotosLGBT) January 31, 2023

En la entrevista a Diario El Comercio, Arroyo comentó que durante la campaña electoral en Pujilí “nadie hablaba de mis propuestas o de mi trabajo, únicamente se hablaba de mi sexualidad”.

Por esa violencia y discriminación, la política ecuatoriana ha estado caracterizada por la ausencia de personas LGBTIQ+. Recién en 2006 participaron por primera vez, cuatro personas de la diversidad en elecciones. Buscaban llegar a la Asamblea Constituyente que redactó la actual Constitución, pero no lograron curules.

En 2009, Sandra Alvarez, activista lesbiana, ganó una curul como asambleísta alterna. En 2017 hubo una participación más activa: 15 candidaturas de hombres gais y mujeres trans para asambleístas, entre principales y suplentes, según el informe Por una Democracia Diversa de Fundación Esquel. Ese año, la activista trans Diane Rodríguez, presidenta de Silueta X, fue electa asambleísta alterna. 

El reporte destaca que en años anteriores a las elecciones de 2017 las candidaturas no fueron mayores a 8.

“El derecho a la participación política está consagrado en la Constitución, la cual debería garantizar de manera efectiva una representación directa y sobre todo diversa. Las oportunidades de que personas LGBTIQ+ en Ecuador puedan gozar de este derecho han sido limitadas, debido a que los entornos políticos siguen siendo violentos, machistas y altamente homofóbicos”, comentó Danilo Manzano, director de Diálogo Diverso y coordinador del informe Por una Democracia Diversa.

Actualmente, en la Asamblea Nacional, Jahiren Noriega, quien es abiertamente bisexual, se principalizó como asambleísta por Pichincha. Noriega era la alterna de Pabel Muñoz, quien participó en las elecciones para la Alcaldia de Quito. Ella trabaja activamente por las personas de las diversidades sexo genéricas.

‘No pretendo portar ninguna bandera’

Aunque en redes sociales activistas apluadieron la elección de un candidato abiertamente gay, en el plan de trabajo del futuro alcalde de Pujilí no hay propuestas para las personas de las diversidades sexo genéricas.

“Todo proyecto político debería incluir aspectos enfocados en las personas LGBTIQ+, ya que estas tienen igualdad de derechos, y no mencionarlas es en sí dejar de lado a ciudadanxs ecuatorianos”, señaló Andrea Villavicencio, de Status Queer.

Si bien José Arroyo es abiertamente gay, y calificó como “hito” su elección, o resaltó que es un paso para conquistar más derechos, anticipó en su entrevista para El Comercio que su gestión no estará ligada a la lucha LGBTIQ+.

“No pretendo portar ninguna bandera, ni encabezar una lucha de ninguna minoría. Yo solo quiero ser el alcalde de Pujilí”.