SANTA ANA, El Salvador — La muerte de Yoisi Villalta, mujer trans y vendedora de tortas en Texistepeque, Santa Ana Norte, ha vuelto a colocar en el centro del debate una realidad que durante años ha acompañado a la población LGBTQ en El Salvador: la violencia no termina con una agresión o con una muerte. También puede manifestarse en la manera en que una persona es buscada, nombrada, registrada, despedida y recordada.

Villalta fue reportada como desaparecida por su familia a finales de agosto de 2026. Días después, medios de comunicación y plataformas digitales informaron sobre el hallazgo de su cuerpo sin vida. Un reporte publicado el 5 de septiembre señala que el cuerpo fue localizado en Tacuba, Ahuachapán, ocho días después de su desaparición, mientras que la Policía Nacional Civil no había confirmado hasta entonces la causa de muerte ni clasificado oficialmente el caso como homicidio intencionado. 

La precisión es importante; hasta el momento no debe afirmarse como un hecho que Yoisi haya sido víctima de un crimen de odio o de un homicidio motivado por su identidad de género, mientras no exista una investigación oficial que determine las circunstancias y causa de su muerte. Lo que sí existe es una profunda preocupación expresada por organizaciones de la sociedad civil y por personas de la comunidad LGBTQ, especialmente ante el contexto de violencia y discriminación que históricamente han enfrentado las mujeres trans en El Salvador.

Una mujer detrás de una noticia

Antes de convertirse en noticia, Villalta tenía una vida. Era una mujer trans que trabajaba como vendedora de tortas en Texistepeque. Desde su negocio desarrollaba una actividad cotidiana para ganarse la vida, pero también había convertido aquel espacio en una expresión de solidaridad con su comunidad.

De acuerdo con la información difundida por organizaciones LGBTQ, Villalta compartía alimentos con las brigadas de salud sexual que realizaban jornadas en la zona. Esa faceta de su vida permite verla más allá de las circunstancias de su muerte: como una mujer trabajadora, solidaria y vinculada a acciones comunitarias.

La Federación Salvadoreña LGBTI pidió precisamente que su memoria fuera abordada desde esa perspectiva. En el mensaje difundido tras conocerse su muerte, la organización llamó a recordarla por “su vida, su trabajo, su generosidad, y sobre todo desde su nombre”, y pidió que su historia no fuera reducida al morbo.

Ese llamado resulta especialmente importante en tiempos en que las redes sociales pueden convertir una tragedia humana en una sucesión de comentarios, fotografías, especulaciones y publicaciones hechas sin sensibilidad. Una persona fallecida no deja de tener dignidad.

Y una mujer trans no deja de ser mujer porque haya muerto.

El derecho a ser nombrada

Uno de los aspectos que más indignación ha provocado en torno al caso es el tratamiento de la identidad de Villalta durante la búsqueda. Organizaciones y personas cercanas han denunciado que durante el proceso de búsqueda se utilizó el nombre que aparece en su Documento Único de Identidad (DUI), en lugar del nombre con el que Villalta vivía y era reconocida socialmente.

Este aspecto no es meramente una cuestión semántica. Para las personas trans, el nombre puede representar una parte fundamental de su identidad y de la manera en que construyen su vida frente a la sociedad. Ser reconocidas por el nombre con el que se identifican constituye también una forma de respeto.

En el caso de Villalta, la Federación Salvadoreña LGBTI expresó que negar el nombre y la identidad de una persona trans también constituye una forma de violencia. La situación adquiere una dimensión todavía más compleja en El Salvador, donde continúa sin existir un mecanismo legal general que permita a las personas trans modificar su nombre y marcador de género en sus documentos de identidad conforme a su identidad de género.

Así, una persona puede construir durante años una vida social, familiar, laboral y comunitaria con un nombre determinado y, sin embargo, encontrarse ante instituciones que continúan identificándola exclusivamente mediante los datos registrales que no corresponden a la identidad con la que vive. El caso de Villalta vuelve a evidenciar esa tensión entre la identidad vivida y el reconocimiento institucional.

Un problema que va más allá de un solo caso

El caso de Villalta ocurre en un país donde las organizaciones de derechos humanos han advertido durante años sobre la violencia y discriminación que afectan a la población LGBTQ. La información disponible también muestra un problema relacionado con la documentación de estos hechos.

Organizaciones defensoras de derechos humanos han cuestionado la ausencia o insuficiencia de registros públicos actualizados y desagregados que permitan conocer con precisión cuántos delitos violentos afectan a personas LGBTQ y cuántos de ellos tienen como posible motivación la orientación sexual, identidad o expresión de género. La falta de información no significa necesariamente ausencia de violencia. Por el contrario, puede hacerla más difícil de identificar.

Un crimen que no registra la identidad de género de la víctima, o que no investiga adecuadamente una posible motivación relacionada con prejuicios, termina incorporándose estadísticamente como un hecho aislado, sin permitir comprender patrones. Ese problema tampoco es exclusivo de El Salvador. Sin embargo, en el país constituye una preocupación recurrente para las organizaciones que documentan vulneraciones contra personas LGBTQ.

301 denuncias en 2025

Un indicador permite dimensionar que el problema trasciende los homicidios. El Informe 2025 sobre las vulneraciones de los derechos humanos de las personas LGBTQ en El Salvador, elaborado por el Observatorio de Derechos Humanos LGBTIQ+ de ASPIDH con apoyo de Hivos y Arcus Foundation, registró 301 denuncias de vulneraciones de derechos entre el 1 de enero y el 22 de septiembre de 2025. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos también recogió estos datos en su informe anual. 

Según esa información, las mujeres trans representaron el 53,5 por ciento de las víctimas registradas y los hombres gays el 26,6 por ciento. El informe también señaló como principales presuntos responsables a cuerpos uniformados, entre ellos la Policía Nacional Civil, los cuerpos de agentes municipales y militares desplegados bajo el régimen de excepción. 

Estos datos deben leerse con cautela: se trata de denuncias de vulneraciones de derechos, no de una cifra de homicidios ni de todos los casos ocurridos en el país.

Pero muestran algo importante: la violencia contra las personas LGBTQ no puede analizarse exclusivamente desde los asesinatos. También existe violencia en la discriminación, en el acceso a servicios, en el trato institucional, en la familia, en el trabajo, en los espacios públicos y en la imposibilidad de ejercer plenamente derechos fundamentales.

El precedente de Zashy Zuley

La historia reciente de El Salvador ofrece antecedentes que ayudan a comprender por qué el caso de Villalta genera preocupación. En abril de 2021 fue asesinada en San Miguel Zashy Zuley del Cid, una mujer trans y activista vinculada al trabajo comunitario de personas LGBTQ.

ACNUR condenó entonces su asesinato y señaló que Zuley había sido previamente desplazada de su hogar debido a amenazas. La agencia de Naciones Unidas explicó que trabajaba junto con COMCAVIS TRANS para apoyarla en un proceso de emprendimiento y medios de vida. 

Su muerte también puso en evidencia otra forma de violencia: después de morir, hubo dificultades para que su identidad de género fuera respetada durante sus honras fúnebres. Medios que documentaron el caso señalaron que fue sepultada con una expresión masculina y que existieron obstáculos para la participación de personas LGBTQ cercanas a ella. 

El caso de Zuley se convirtió así en un símbolo de una problemática que tiene dos dimensiones: la violencia contra el cuerpo y la violencia contra la identidad.

Más de cinco años después, la muerte de Villalta vuelve a colocar ambas preocupaciones en la conversación pública.

¿Dónde están los datos oficiales?

Una de las preguntas que surgen nuevamente es cuántos casos de violencia contra personas LGBTQ han ocurrido en los últimos años y cuántos han sido investigados considerando una posible motivación por prejuicio.

La ausencia de información pública reciente y desagregada dificulta responder.

Esta falta de datos no solo afecta a las organizaciones defensoras de derechos humanos. También afecta a las instituciones encargadas de diseñar políticas públicas, prevenir la violencia y garantizar justicia.

Si no sabemos cuántos casos existen, dónde ocurren, quiénes son las víctimas, qué tipos de violencia se presentan y qué resultados tienen las investigaciones, resulta mucho más difícil diseñar respuestas adecuadas. La documentación independiente adquiere entonces un papel fundamental, aunque nunca debería sustituir la obligación del Estado de generar estadísticas confiables y transparentes.

El desafío de no olvidar

El caso de Villalta vuelve a plantear una pregunta incómoda para El Salvador:

¿Qué ese está haciendo para que las personas LGBTQ puedan vivir y morir con dignidad? La respuesta no puede depender únicamente de las organizaciones LGBTQ, de las familias o de las comunidades.

Requiere instituciones que registren adecuadamente los hechos, investigaciones que determinen responsabilidades, y de acuerdo con activistas de sociedad civil, también “se necesita un Estado que cree y promueva políticas de prevención y que reconozca la identidad de las personas diversas, formación de funcionarios y una sociedad que comprenda que la diversidad no disminuye el valor de ninguna persona”. Por ahora, las circunstancias de la muerte de Yoisi dejan muchas dudas en lo sucedido y no corresponde afirmar que se trató de un crimen de odio sin una determinación oficial de una investigación que no existió.

New rules that will allow more gay and bisexual men to donate blood in Iceland took effect on Sept. 1.

The Iceland Review, an English-language magazine, notes the new regulations the country’s Health Ministry approved are gender-neutral. Some restrictions, however, remain in place for potential donors, regardless of their sexual orientation or gender identity.

“Specific sexual activity can be linked to higher risk of bloodborne infections, therefore thorough screening is very important in regards to blood donor eligibility,” states the Icelandic Blood Bank on its website.

Potential donors are asked these two questions:

• In the past four months, have you had sex with a new partner?

• In the past four months, have you engaged in what is considered sexual relation of higher risk?

The Icelandic Blood Bank defines “sexual relation of higher risk” as:

• Sexual relation where a condom is not used and relationship duration is less than 4 months.

• Sexual relation outside of pre-existing long-term relationship, where a condom is not used.

• Sexual relation with many individuals (more than one) with/without a condom.

• Sexual relation, where a condom is not used, with an individual whose behavior falls under sexual relation of higher risk.

• Sexual relation where a condom is not used, with an individual that injects narcotics. If more than four months have passed since the last injection, donation is permitted.

• Sexual relation, with/without the use of condom, in exchange for payment.

• Anal sex with/without a condom with a new partner.

• Sexual relation where chemicals are used to enhance sexual experience (chemsex).

• Sexual relation with/without the use of a condom, with an individual diagnosed with HIV, HTLV, Hepatitis B or C, or syphilis.

• Sexual relation with an individual using viral medication (PrEP or PEP) for HIV.

“If yes, evaluation for possible deferral from blood donation needs to be done,” says the Icelandic Blood Bank.

A person with HIV, Human T-lymphotropic virus-1, hepatitis B or C, or syphilis cannot donate blood. A person who has taken PrEP or PEP in the previous four months is also unable to become a donor.

“If more than four months have passed since the medication was taken, viral screening can be done,” says the Icelandic Blood Bank. “If results are negative, blood donation is permitted. Deferral period is longer if administrated intravenously.”

Any potential donor who had “sexual relation with an individual using viral medication (PrEP or PEP) for HIV” must wait four months since their “last sexual relation” before they can give blood.

Anyone who has “ever, even just once, shared a needle/syringe with someone or injected yourself with an illegal substance (non- doctor prescribed), e.g. drugs, anabolic steroids, hormones or peptides.” is permanently prohibited from donating blood.

Iceland is the latest country to lift restrictions for LGBTQ blood donors.

The Australian Red Cross Blood Service in April implemented a new policy that allows “gay and bisexual men and transgender people in long-term monogamous relations (of at least six months) to donate blood and platelets for the first time.”

The U.S. Food and Drug Administration in 2023 implemented a new screening policy for potential donors that asked them questions about their sexual activity, regardless of their sexual orientation or gender identity. The previous policy required men who have sex with men to not have sex for at least three months before they could donate blood.

The Pentagon has announced that new clinical guidance will be released establishing mandatory testosterone deficiency screening for active-duty and reserve cisgender male service members ages 30 and older, advancing a policy that expands hormone-related care for cisgender troops.

The Defense Department said the existing clinical guidelines, which are not currently available on the Defense Health Agency’s website, are being updated and that the final guidance will be issued shortly.

The announcement comes amid a wave of anti-transgender policies from both the DoD and the Trump-Vance administration, which continue to prohibit trans men from receiving the same treatment.

Under the forthcoming guidance, men ages 30 and older will be forced to undergo testosterone blood tests as part of their medical care. Younger male service members will be tested if they request screening or if clinicians identify warning signs of low testosterone.

The new guidelines formalize a screening program Defense Secretary Pete Hegseth announced in July, when he said the Pentagon would begin testing service members to ensure that “you have the right testosterone levels to operate at your absolute best.”

“Taking care of your long-term health means ensuring you remain strong, resilient, and capable — not just for your next deployment, but for the rest of your life, so you can thrive long after you take off the uniform,” Hegseth said at the time.

The Defense Health Agency’s clinical guidance says the program is intended to address “hormonal and energy-availability issues.” Hegseth said in July that testosterone replacement therapy would remain voluntary for service members if treatment is recommended.

The Food and Drug Administration is also scheduled to hold a meeting later this month with experts to discuss the medical use of testosterone.

The Pentagon’s push to routinely test testosterone levels runs counter to current medical guidance, which generally recommends considering testosterone therapy only for men who have symptoms consistent with low testosterone and have documented low hormone levels on two separate blood tests.

Testosterone is a sex hormone naturally produced by people of all sexes. It plays a role in regulating muscle mass, bone density, and sex drive. Testosterone levels in men naturally decline with age and have been associated with symptoms including erectile dysfunction, low libido, mood changes and weight gain, although experts continue to debate when testosterone therapy is medically appropriate.

The policy has drawn scrutiny from LGBTQ advocates because the Pentagon and Hegseth have simultaneously cited hormone therapy as part of the rationale for removing trans service members from the military.

Under President Donald Trump’s 2025 executive order, “Prioritizing Military Excellence and Readiness,” the military has moved to bar trans people diagnosed with gender dysphoria from serving and has begun formal administrative separation proceedings against trans personnel.

The Pentagon continues to pursue implementation of the trans military ban as litigation over the policy proceeds. As a result, some trans service members have had their gender-affirming hormone therapy halted even as the Pentagon expands testosterone screening and potential treatment for cisgender service members.

SPARTA Pride, a nonpartisan nonprofit organization made up of trans service members, veterans and their allies, criticized the disparity to the Washington Blade when Hegseth first announced the screening program.

“If hormone therapy helps warfighters perform at their best, then it cannot simultaneously be used as evidence that transgender service members are unfit to serve,” said Kara Corcoran, executive director of SPARTA Pride. “The same class of evidence-based medical treatment cannot be characterized as readiness-enhancing for one group and readiness-destroying for another.”

On June 1, the U.S. Court of Appeals for the D.C. Circuit ruled that trans service members already serving in the military could continue to do so while allowing the armed services to continue refusing to enlist new trans recruits.

The Blade reached out to the Pentagon when the testosterone screening program was first announced in July, asking why cisgender service members could receive testosterone therapy while transgender service members could not. The Pentagon did not respond.