Connect with us

News

Nueva caravana de migrantes sale de Centroamérica

Grupo que viaja hacia EEUU tiene personas LGBTI

Published

on

Una caravana de más de 4.000 personas salió de San Pedro Sula, Honduras, el 14 de octubre de 2018. Activistas en Honduras han dicho al Washington Blade que algunos de los migrantes en la caravana son miembros de la comunidad LGBTI.

Miles de migrantes con la esperanza de ingresar a los EEUU salieron de Honduras el 14 de octubre.

Reportes indican que la caravana de migrantes que salió de la ciudad hondureña de San Pedro Sula llegó a la frontera entre Guatemala y México el 19 de octubre.

Activistas en San Pedro Sula y la capital hondureña de Tegucigalpa dijeron al Washington Blade la semana pasada que hay más de 4.000 migrantes en la caravana. Los activistas también dijeron que algunos de los migrantes son LGBTI.

Los intentos del Blade de hablar con migrantes LGBTI en la caravana hasta ahora han resultado infructuosos.

El presidente Trump ha amenazado con cortar la ayuda estadounidense a Honduras, Guatemala y El Salvador si sus gobiernos no pararan a los migrantes de salir de sus países.

“Hoy hemos informado a los países de Honduras, Guatemala y El Salvador que si permiten a sus ciudadanos, o otros, viajen a través de sus fronteras y hasta los Estados Unidos, todos los pagos hechos a ellos PARARÁN (TERMINARÁN),” el proclamó el 16 de octubre en un tweet.

Trump el 18 de octubre dijo que “llamaría el ejército estadounidense y cerraría nuestra frontera sur” si el gobierno mexicano no “detuviera este ataque.” También describió a los migrantes como “un gran flujo de personas, incluidos muchos criminales.”

El gobierno mexicano ha empezado de procesar a los migrantes que han entrado el país desde Guatemala. El secretario de Estado de los EEUU Mike Pompeo el 18 de octubre en un comunicado dijo que los EEUU agradece el anuncio del gobierno mexicano que trabajará con el Alto Comisionado para los Refugiados de la ONU “para abordar los problemas de inmigración en la región, incluida la afluencia de personas que llegan a México.”

Pompeo el 19 de octubre habló más sobre los migrantes durante una conferencia de prensa con su homólogo mexicano, Luis Videgaray, en la Ciudad de México.

“El desafío relacionado con asegurar nuestra frontera sur también es un desafío para la soberanía estadounidense,” dijo Pompeo. “Tenemos que arreglar las leyes de los EEUU para poder manejar esto correctamente también. Esa es una carga estadounidense, una carga exclusivamente estadounidense y como dijo el presidente Trump, es algo que debemos abordar dentro de nuestro país para asegurarnos de que lo hagamos bien. Si lo hacemos bien, también mejoraremos la relación material entre nuestros dos países.”

Pompeo más tarde dijo a los reporteros antes de salir de la Ciudad de México que el saliente presidente mexicano Enrique Peña Nieto desplegó 500 policías federales a la frontera de su país con Guatemala. Pompeo también notó que cuatro de ellos resultaron heridos el 19 de octubre durante los enfrentamientos con migrantes que intentaban entrar a México.

“Entendemos que para ser precisos,” dijo Pompeo. “No sabemos la gravedad de esas lesiones, pero quiero expresar mi simpatía a esos cuatro policías. Eso es evidencia de lo que realmente es. Este es un grupo, un gran grupo de personas; están colocando a mujeres y niños frente a la caravana para usarlos como escudos mientras se abren paso. Este es un esfuerzo organizado para superar y violar la soberanía de México, por lo que estamos preparados para hacer todo lo que podamos para apoyar las decisiones que México tome sobre cómo abordarán este tema tan serio e importante para su país.”

Caravana se convierte en tema de las elecciones ‘midterm’

La caravana salió de Honduras menos de un mes antes de las elecciones “midterm” de los EEUU.

El presidente hondureño Juan Orlando Hernández y el vicepresidente salvadoreño Óscar Ortiz el 11 de octubre reiteraron las preocupaciones de sus gobiernos sobre la separación de los niños de sus padres migrantes bajo la política migratoria “tolerancia cero” de Trump cuando hablaron durante una conferencia al Departamento de Estado que se enfocó en la prosperidad y la seguridad en Centroamérica. El vicepresidente Trump, que habló a la conferencia con Pompeo, de nuevo instó a los países en el Triángulo Norte — Honduras, Guatemala y El Salvador — para frenar el flujo de migrantes.

“Los líderes en esta sala, los gobiernos que representan, deben decirle a su gente que no ponga a sus familiares en riesgo al tomar el peligroso viaje al norte para intentar entrar los Estados Unidos ilegalmente,” dijo Pence. “La verdad es que tu mensaje probablemente se puede resumir diciéndoles que si no pueden venir legalmente a los Estados Unidos legalmente, no deberían hacerlo. Dígalo con fuerza y dígalo con compasión como vecinos y como amigos porque es la verdad.”

El gobierno hondureño en un comunicado que emitió el 16 de octubre dijo la caravana “fue organizada por sectores políticos con falsas promesas de otorgar visa humanitaria para transitar por territorio mexicano y acogerse a una figura de asilo en los Estados Unidos.”

Activistas in Honduras durante el pasado año han dicho al Blade que el gobierno hondureño no ha hecho lo suficiente para combatir la violencia, la discriminación y la falta de oportunidades económicas que han dicho provocan a miembros de la comunidad LGBTI de salir del país. Los activistas también notaron que más de 30 personas murieron en manifestaciones violentas que se realizaron por Honduras el pasado noviembre después de la reelección cuestionada de Hernández.

El gobierno hondureño en su comunicado insta a los migrantes a “no poner en riesgo su vida ni la de sus hijos en una ruta de dolor y muerte, dominada por condiciones adversas como hambre, calor extremo, frío, fatiga, enfermedades y expuestos a ser víctimas de traficantes de personas, órganos, redes criminales, de prostitución y narcotráfico.” El gobierno hondureño también dijo que “continuamos brindando la asistencia (a migrantes) para retornar a sus comunidades.”

Mas de 10.000 salvadoreños ahora viven en Washington.

La alcaldesa de Washington Muriel Bowser en enero criticó a la administración de Trump para terminar el Estatus de Protección Temporal (TPS en inglés) que ha permitido casi 200.000 salvadoreños de recibir permisos de residencia que les han permitido permanecer en los EEUU. Bowser en agosto viajó a El Salvador y reiteró que su administración continuará ayudar a los migrantes en Washington.

Una activista de derechos humanos está con un grupo de migrantes que salieron de San Pedro Sula, Honduras, el 14 de octubre de 2018.

Mujer trans que murió bajo custodia EEUU era parte de otra caravana

Los migrantes que salieron de San Pedro Sula el 14 de octubre son parte de la última caravana de la región.

Roxana Hernández, una mujer trans con VIH que fue detenida por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP en inglés) de Estados Unidos el 9 de mayo cuando pidió asilo al puerto de entrada de San Ysidro cerca de San Diego, era parte de una caravana de 300 personas que viajó a la frontera estadounidense. Hernández murió en un hospital en Nuevo México unas semanas después cuando ella estaba bajo la custodia de la Oficina de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE en inglés).

Un grupo de 16 migrantes trans y gay de Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala y México que se llamaban la Primera Caravana Trans Gay Migrante pidió asilo en Nogales, Arizona, el 10 de agosto de 2017.

Violencia contra la comunidad LGBTI sigue siendo común en el Triángulo Norte. La discriminación basada en la orientación sexual y la identidad de género, la pobreza y una falta de acceso a educación y cuidado de la salid están entre la miríada temas que se enfrenta la comunidad LGBTI de la región.

Salvadoreños, hondureños y guatemaltecos LGBTI están entre la más de 225.000 migrantes que han tratado de ingresar a los EEUU durante el pasado año, aunque activistas en los tres países han dicho al Blade la política migratoria de la administración Trump sigue provocar el miedo por el Triángulo Norte.

La actual política migratoria estadounidense también ha impulsado a los migrantes LGBTI de Centroamérica de quedarse en México y pedir asilo allá.

Una foto de Roxana Hernández, una mujer trans que murió bajo la custodia de la Oficina de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE en inglés) en mayo de 2018, está en Colectivo Unidad Color Rosa, un grupo LGBTI en San Pedro Sula, Honduras. (Foto de Washington Blade por Michael K. Lavers)

Advertisement
FUND LGBTQ JOURNALISM
SIGN UP FOR E-BLAST

Chile

Chilean presidential election outcome to determine future of LGBTQ rights in country

Far-right candidate José Antonio Kast favored to win Dec. 14 runoff.

Published

on

From left: José Antonio Kast and Jeannette Jara. The two candidates to succeed outgoing Chilean President Gabriel Boric will face off in a Dec. 14 runoff. (Screenshots from José Antonio Kast/YouTube and Meganoticias/YouTube)

The results of Chile’s presidential election will likely determine the future of LGBTQ rights in the country.

While Congresswoman Emilia Schneider, the first transgender woman elected to Congress, managed to retain her seat on Sunday, the runoff to determine who will succeed outgoing President Gabriel Boric will take place on Dec. 14 and will pit two diametrically opposed candidates against each other: the far-right José Antonio Kast and Communist Jeannette Jara.

Schneider, an emblematic figure in the LGBTQ rights movement and one of the most visible voices on trans rights in Latin America, won reelection in a polarized environment. Human rights organizations see her continued presence in Congress as a necessary institutional counterweight to the risks that could arise if the far-right comes to power.

Chilean Congresswoman Emilia Schneider. (Photo courtesy of Emilia Schneider)

Kast v. Jara

The presidential race has become a source of concern for LGBTQ groups in Chile and international observers.

Kast, leader of the Republican Party, has openly expressed his rejection of gender policies, comprehensive sex education, and reforms to anti-discrimination laws.

Throughout his career, he has supported conservative positions aligned with sectors that question LGBTQ rights through rhetoric that activists describe as stigmatizing. Observers say his victory in the second-round of the presidential election that will take place on Dec. 14 could result in regulatory and cultural setbacks.

Jara, who is the presidential candidate for the progressive Unidad por Chile coalition, on the other hand has publicly upheld her commitment to equal rights. She has promised to strengthen mechanisms against discrimination, expand health policies for trans people, and ensure state protection against hate speech.

For Schneider, this new legislative period is shaping up to be a political and symbolic challenge.

Her work has focused on combating gender violence, promoting reform of the Zamudio Law, the country’s LGBTQ-inclusive nondiscrimination and hate crimes law named after Daniel Zamudio, a gay man murdered in Santiago, the Chilean capital, in 2012, and denouncing transphobic rhetoric in Congress and elsewhere.

Schneider’s continued presence in Congress is a sign of continuity in the defense of recently won rights, but also a reminder of the fragility of those advances in a country where ideological tensions have intensified.

LGBTQ organizations point out that Schneider will be key to forging legislative alliances in a potentially divided Congress, especially if Kast consolidates conservative support.

Continue Reading

The White House

EXCLUSIVE: Garcia, Markey reintroduce bill to require US promotes LGBTQ rights abroad

International Human Rights Defense Act also calls for permanent special envoy

Published

on

The U.S. Embassy in El Salvador marks Pride in 2023. (Photo courtesy of the U.S. Embassy of El Salvador's Facebook page.)

Two lawmakers on Monday have reintroduced a bill that would require the State Department to promote LGBTQ rights abroad.

A press release notes the International Human Rights Defense Act that U.S. Sen. Edward Markey (D-Mass.) and U.S. Rep. Robert Garcia (D-Calif.) introduced would “direct” the State Department “to monitor and respond to violence against LGBTQ+ people worldwide, while creating a comprehensive plan to combat discrimination, criminalization, and hate-motivated attacks against LGBTQ+ communities” and “formally establish a special envoy to coordinate LGBTQ+ policies across the State Department.”

 “LGBTQ+ people here at home and around the world continue to face escalating violence, discrimination, and rollbacks of their rights, and we must act now,” said Garcia in the press release. “This bill will stand up for LGBTQ+ communities at home and abroad, and show the world that our nation can be a leader when it comes to protecting dignity and human rights once again.”

Markey, Garcia, and U.S. Rep. Sara Jacobs (D-Calif.) in 2023 introduced the International Human Rights Defense Act. Markey and former California Congressman Alan Lowenthal in 2019 sponsored the same bill.

The promotion of LGBTQ and intersex rights was a cornerstone of the Biden-Harris administration’s overall foreign policy.

The global LGBTQ and intersex rights movement since the Trump-Vance administration froze nearly all U.S. foreign aid has lost more than an estimated $50 million in funding.

The U.S. Agency for International Development, which funded dozens of advocacy groups around the world, officially shut down on July 1. Secretary of State Marco Rubio earlier this year said the State Department would administer the remaining 17 percent of USAID contracts that had not been cancelled.

Then-President Joe Biden in 2021 named Jessica Stern — the former executive director of Outright International — as his administration’s special U.S. envoy for the promotion of LGBTQ and intersex rights.

The Trump-Vance White House has not named anyone to the position.

Stern, who co-founded the Alliance for Diplomacy and Justice after she left the government, is among those who sharply criticized the removal of LGBTQ- and intersex-specific references from the State Department’s 2024 human rights report.

“It is deliberate erasure,” said Stern in August after the State Department released the report.

The Congressional Equality Caucus in a Sept. 9 letter to Rubio urged the State Department to once again include LGBTQ and intersex people in their annual human rights reports. Garcia, U.S. Reps. Julie Johnson (D-Texas), and Sarah McBride (D-Del.), who chair the group’s International LGBTQI+ Rights Task Force, spearheaded the letter.

“We must recommit the United States to the defense of human rights and the promotion of equality and justice around the world,” said Markey in response to the International Human Rights Defense Act that he and Garcia introduced. “It is as important as ever that we stand up and protect LGBTQ+ individuals from the Trump administration’s cruel attempts to further marginalize this community. I will continue to fight alongside LGBTQ+ individuals for a world that recognizes that LGBTQ+ rights are human rights.”

Continue Reading

District of Columbia

High cost of living shuts essential workers out, threatens D.C.’s economic stability

City residents don’t always reflect those who keep it running

Published

on

Many of the waiters and other service industry workers who keep D.C. running cannot afford to live here. (Photo by Krakenimages.com/Bigstock)

When Nic Kelly finishes her 6 a.m. shift as a manager at PetSmart, she walks to her bartending job at Alamo Drafthouse in Crystal City to serve cocktails, beers, and milkshakes for hundreds of guests.

Kelly, 26, doesn’t work a combined 60-65 hours per week to pocket extra cash –– she does it to barely make her almost $1,700 rent each month.

“I’m constantly working, and some days I work two jobs in the same day,” Kelly said. “But twice now I’ve had to borrow money from my mother just to make sure I pay my full rent.”

Yesim Sayin, D.C. Policy Center executive director, said this is unfortunately how the D.C. area is structured –– to keep essential workers, service employees, and lower-income people out and those with greater economic mobility in.

The DMV area’s high cost of living makes it near-impossible for employees who keep the area running to make a living, Sayin said. In 2022, only 36% of D.C.’s essential workers lived in the city, according to a D.C. Policy Center report. D.C. is also ranked 13th in the world for highest cost of living as of Nov. 7.

But for Sayin, there’s more work for policymakers to get done than simply acknowledging the high cost of living. Take a look at how current policies are impacting residents, and what long-term solutions could help the DMV thrive.

Feeling the high cost of living 

D.C. has the highest unemployment rate in the country at 6.0% as of August. Sayin said the city’s high unemployment rate reflects a lack of geographic mobility in its population, meaning those who can’t find jobs can’t afford to look outside of the DMV area.

Though there are job training groups working to close the unemployment  gap, securing a job –– let alone two –– rarely guarantees a comfortable lifestyle for essential and service employees.

A single-person household in D.C. with no children must make at least $25.98 an hour to support themselves, according to the Living Wage Calculator. That number jumps to $51.68 an hour for a single adult with one child. Minimum wage in D.C. is $17.95 an hour and $10 an hour for tipped employees.

Whether it’s utilizing free meals at the Alamo to save on groceries or borrowing money to make rent, every week could bring a different sacrifice for Kelly. 

While Kelly lives and works a few minutes south of D.C., Sayin said the connectedness of the DMV means you don’t have to travel far to feel the withering effects of the area’s high cost of living.

“People don’t really care what flag adorns their skies,” Sayin said. “They’re looking for good housing, good schools, cheaper cost of living, and ease of transportation.”

For those that stay in the DMV area, those conditions are hard to come by. This can lead to people working multiple jobs or turning to gigs, such as Uber driving or selling on Etsy, to fill income gaps. Sayin said there are short-term benefits to securing these gigs alongside a primary job, such as helping people weather economic storms, avoid going on government assistance or racking up debt.

But she said the long-term implications of relying on gigs or other jobs can harm someone’s professional aspirations.

“You can spend three extra hours on your own profession every work week, or you can spend three hours driving Uber. One gives you cash, but the other gives you perhaps a different path in your professional life,” Sayin said. “And then 20 years from now, you could be making much more with those additional investments in yourself professionally.” 

There’s a strong demand for work in D.C., but when the city starts suffering economically, those who live outside the area –– usually essential or remote workers –– will likely find work elsewhere. Sayin said this negatively impacts those employees’ quality of life, giving them less professional tenure and stability.

D.C.’s cost of living also centralizes power in the city, according to Sayin. When lower-wage employees are priced out, the residents who make up the city don’t always reflect the ones who keep it running. 

“Ask your Amazon, Uber or FedEx driver where they live. They’re somewhere in Waldorf. They’re not here,” Sayin said.

Working toward an accessible D.C.

Build more. That’s what Sayin said when thinking of ways to solve D.C.’s affordability crisis.

But it’s not just about building more –– it’s about building smartly and utilizing the space of the city more strategically, Sayin said.

While D.C. has constructed lots of new housing over the years, Sayin noted that they were mostly built in a handful of neighborhoods tailored to middle and upper-class people such as The Wharf. Similarly, building trendy small units to house young professionals moving to the city take up prime real estate from struggling families that have much less geographic mobility, she said.

“The affordability problem is that today’s stock is yesterday’s construction,” Sayin said.

Solving these issues includes ushering in a modern perspective on outdated policies. Sayin cited a D.C. policy that places restrictions on childcare centers built on second floors. Since D.C. parents pay the highest rates in the country for childcare at $47,174 annually, she said loosening unnecessary restrictions could help fuel supply and lower costs for families.

Sayin said policymakers need to consider the economic challenges facing residents today, and whether the incentives and tradeoffs of living in D.C. are valuable enough to keep them in the city.

For Kelly, the incentives and tradeoffs of staying in the DMV area aren’t enough. She’s considered moving back in with her mom a few times given how much she has to work just to get by.

Aside from wanting higher compensation for the work she does –– she noted that businesses can’t operate without employees like her –– Kelly also questioned the value of the tradeoff of moving so close to the city.

“There’s no reason why I’m paying $1,700 for a little studio,” Kelly said. “You also have to pay for parking, utilities aren’t included and a lot of residents have to pay for amenities. We are just giving these property management companies so much money, and we’re not really seeing a whole lot of benefit from it.”

Sayin said placing value on the working people of the city will inject fresh life into D.C.’s economy. Without a valuable tradeoff for living in or around the city, there’s little keeping essential and service employees from staying and doing work taken for granted by policymakers. 

Continue Reading

Popular