Connect with us

News

Nueva caravana de migrantes sale de Centroamérica

Grupo que viaja hacia EEUU tiene personas LGBTI

Published

on

Una caravana de más de 4.000 personas salió de San Pedro Sula, Honduras, el 14 de octubre de 2018. Activistas en Honduras han dicho al Washington Blade que algunos de los migrantes en la caravana son miembros de la comunidad LGBTI.

Miles de migrantes con la esperanza de ingresar a los EEUU salieron de Honduras el 14 de octubre.

Reportes indican que la caravana de migrantes que salió de la ciudad hondureña de San Pedro Sula llegó a la frontera entre Guatemala y México el 19 de octubre.

Activistas en San Pedro Sula y la capital hondureña de Tegucigalpa dijeron al Washington Blade la semana pasada que hay más de 4.000 migrantes en la caravana. Los activistas también dijeron que algunos de los migrantes son LGBTI.

Los intentos del Blade de hablar con migrantes LGBTI en la caravana hasta ahora han resultado infructuosos.

El presidente Trump ha amenazado con cortar la ayuda estadounidense a Honduras, Guatemala y El Salvador si sus gobiernos no pararan a los migrantes de salir de sus países.

“Hoy hemos informado a los países de Honduras, Guatemala y El Salvador que si permiten a sus ciudadanos, o otros, viajen a través de sus fronteras y hasta los Estados Unidos, todos los pagos hechos a ellos PARARÁN (TERMINARÁN),” el proclamó el 16 de octubre en un tweet.

Trump el 18 de octubre dijo que “llamaría el ejército estadounidense y cerraría nuestra frontera sur” si el gobierno mexicano no “detuviera este ataque.” También describió a los migrantes como “un gran flujo de personas, incluidos muchos criminales.”

El gobierno mexicano ha empezado de procesar a los migrantes que han entrado el país desde Guatemala. El secretario de Estado de los EEUU Mike Pompeo el 18 de octubre en un comunicado dijo que los EEUU agradece el anuncio del gobierno mexicano que trabajará con el Alto Comisionado para los Refugiados de la ONU “para abordar los problemas de inmigración en la región, incluida la afluencia de personas que llegan a México.”

Pompeo el 19 de octubre habló más sobre los migrantes durante una conferencia de prensa con su homólogo mexicano, Luis Videgaray, en la Ciudad de México.

“El desafío relacionado con asegurar nuestra frontera sur también es un desafío para la soberanía estadounidense,” dijo Pompeo. “Tenemos que arreglar las leyes de los EEUU para poder manejar esto correctamente también. Esa es una carga estadounidense, una carga exclusivamente estadounidense y como dijo el presidente Trump, es algo que debemos abordar dentro de nuestro país para asegurarnos de que lo hagamos bien. Si lo hacemos bien, también mejoraremos la relación material entre nuestros dos países.”

Pompeo más tarde dijo a los reporteros antes de salir de la Ciudad de México que el saliente presidente mexicano Enrique Peña Nieto desplegó 500 policías federales a la frontera de su país con Guatemala. Pompeo también notó que cuatro de ellos resultaron heridos el 19 de octubre durante los enfrentamientos con migrantes que intentaban entrar a México.

“Entendemos que para ser precisos,” dijo Pompeo. “No sabemos la gravedad de esas lesiones, pero quiero expresar mi simpatía a esos cuatro policías. Eso es evidencia de lo que realmente es. Este es un grupo, un gran grupo de personas; están colocando a mujeres y niños frente a la caravana para usarlos como escudos mientras se abren paso. Este es un esfuerzo organizado para superar y violar la soberanía de México, por lo que estamos preparados para hacer todo lo que podamos para apoyar las decisiones que México tome sobre cómo abordarán este tema tan serio e importante para su país.”

Caravana se convierte en tema de las elecciones ‘midterm’

La caravana salió de Honduras menos de un mes antes de las elecciones “midterm” de los EEUU.

El presidente hondureño Juan Orlando Hernández y el vicepresidente salvadoreño Óscar Ortiz el 11 de octubre reiteraron las preocupaciones de sus gobiernos sobre la separación de los niños de sus padres migrantes bajo la política migratoria “tolerancia cero” de Trump cuando hablaron durante una conferencia al Departamento de Estado que se enfocó en la prosperidad y la seguridad en Centroamérica. El vicepresidente Trump, que habló a la conferencia con Pompeo, de nuevo instó a los países en el Triángulo Norte — Honduras, Guatemala y El Salvador — para frenar el flujo de migrantes.

“Los líderes en esta sala, los gobiernos que representan, deben decirle a su gente que no ponga a sus familiares en riesgo al tomar el peligroso viaje al norte para intentar entrar los Estados Unidos ilegalmente,” dijo Pence. “La verdad es que tu mensaje probablemente se puede resumir diciéndoles que si no pueden venir legalmente a los Estados Unidos legalmente, no deberían hacerlo. Dígalo con fuerza y dígalo con compasión como vecinos y como amigos porque es la verdad.”

El gobierno hondureño en un comunicado que emitió el 16 de octubre dijo la caravana “fue organizada por sectores políticos con falsas promesas de otorgar visa humanitaria para transitar por territorio mexicano y acogerse a una figura de asilo en los Estados Unidos.”

Activistas in Honduras durante el pasado año han dicho al Blade que el gobierno hondureño no ha hecho lo suficiente para combatir la violencia, la discriminación y la falta de oportunidades económicas que han dicho provocan a miembros de la comunidad LGBTI de salir del país. Los activistas también notaron que más de 30 personas murieron en manifestaciones violentas que se realizaron por Honduras el pasado noviembre después de la reelección cuestionada de Hernández.

El gobierno hondureño en su comunicado insta a los migrantes a “no poner en riesgo su vida ni la de sus hijos en una ruta de dolor y muerte, dominada por condiciones adversas como hambre, calor extremo, frío, fatiga, enfermedades y expuestos a ser víctimas de traficantes de personas, órganos, redes criminales, de prostitución y narcotráfico.” El gobierno hondureño también dijo que “continuamos brindando la asistencia (a migrantes) para retornar a sus comunidades.”

Mas de 10.000 salvadoreños ahora viven en Washington.

La alcaldesa de Washington Muriel Bowser en enero criticó a la administración de Trump para terminar el Estatus de Protección Temporal (TPS en inglés) que ha permitido casi 200.000 salvadoreños de recibir permisos de residencia que les han permitido permanecer en los EEUU. Bowser en agosto viajó a El Salvador y reiteró que su administración continuará ayudar a los migrantes en Washington.

Una activista de derechos humanos está con un grupo de migrantes que salieron de San Pedro Sula, Honduras, el 14 de octubre de 2018.

Mujer trans que murió bajo custodia EEUU era parte de otra caravana

Los migrantes que salieron de San Pedro Sula el 14 de octubre son parte de la última caravana de la región.

Roxana Hernández, una mujer trans con VIH que fue detenida por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP en inglés) de Estados Unidos el 9 de mayo cuando pidió asilo al puerto de entrada de San Ysidro cerca de San Diego, era parte de una caravana de 300 personas que viajó a la frontera estadounidense. Hernández murió en un hospital en Nuevo México unas semanas después cuando ella estaba bajo la custodia de la Oficina de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE en inglés).

Un grupo de 16 migrantes trans y gay de Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala y México que se llamaban la Primera Caravana Trans Gay Migrante pidió asilo en Nogales, Arizona, el 10 de agosto de 2017.

Violencia contra la comunidad LGBTI sigue siendo común en el Triángulo Norte. La discriminación basada en la orientación sexual y la identidad de género, la pobreza y una falta de acceso a educación y cuidado de la salid están entre la miríada temas que se enfrenta la comunidad LGBTI de la región.

Salvadoreños, hondureños y guatemaltecos LGBTI están entre la más de 225.000 migrantes que han tratado de ingresar a los EEUU durante el pasado año, aunque activistas en los tres países han dicho al Blade la política migratoria de la administración Trump sigue provocar el miedo por el Triángulo Norte.

La actual política migratoria estadounidense también ha impulsado a los migrantes LGBTI de Centroamérica de quedarse en México y pedir asilo allá.

Una foto de Roxana Hernández, una mujer trans que murió bajo la custodia de la Oficina de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE en inglés) en mayo de 2018, está en Colectivo Unidad Color Rosa, un grupo LGBTI en San Pedro Sula, Honduras. (Foto de Washington Blade por Michael K. Lavers)

Advertisement
FUND LGBTQ JOURNALISM
SIGN UP FOR E-BLAST

Cuba

When impunity meets history

Raúl Castro indicted for alleged role in shooting down Brothers to the Rescue aircraft

Published

on

Former Cuban President Raúl Castro (Photo by Golden Brown/Bigstock)

The scene would have seemed impossible only a few years ago.

The name of Raúl Castro Ruz appearing formally inside a United States federal criminal indictment. Cuba’s former general of the Army, for decades one of the most powerful figures inside the Havana regime, accused in connection with the shootdown of the Brothers to the Rescue aircraft and the deaths of American citizens in 1996. And all of it unfolding in Miami, inside the Freedom Tower, on May 20.

That detail matters.

Because this indictment arrives at one of the most fragile and politically tense moments in recent relations between Washington and Havana. It comes as Cuba faces deep economic collapse, growing political exhaustion, mass migration, blackouts, and increasing public frustration both inside and outside the island. It also arrives on a date carrying enormous symbolic weight for Cuban exiles — the anniversary of the founding of the Cuban Republic in 1902.

But the true significance of this moment goes far beyond symbolism.

What happened in Miami represents something much larger: the collapse of the idea that certain men would never face accountability.

For decades, Raúl Castro embodied the permanence of revolutionary power in Cuba. Defense minister. Military strategist. The man who oversaw the armed forces for generations. One of the central architects of the Cuban political and security apparatus built alongside Fidel Castro. A figure many believed would leave this world untouched by any court, shielded forever by power, time, and history itself.

Today the image is very different.

Today his name appears inside the language of American criminal prosecution.

And that changes the historical dimension of this case completely.

Because this is no longer simply a political accusation voiced by the Cuban exile community. It is now a formal federal criminal indictment publicly announced by the United States government against one of the highest-ranking figures in the history of the Cuban regime.

The setting itself carried enormous meaning.

The Freedom Tower is not just another building in Miami. For generations of Cuban exiles it represents memory, displacement, survival, and the beginning of a new life after fleeing Cuba. Thousands of Cubans passed through those doors after escaping the revolution. Families arrived carrying fear, uncertainty, grief, and hope all at once. Announcing these charges from that location transformed the moment into something far deeper than a legal proceeding.

And the people witnessing it were not only members of the exile community.

Among those present were relatives of the young men killed nearly 30 years ago. Families who spent decades waiting to hear words they feared might never come. Families who carried the weight of loss while believing the men responsible would never be formally accused by any court.

That emotional weight still surrounds this case.

On Feb. 24, 1996, two civilian aircraft operated by Brothers to the Rescue were shot down over the Florida Straits by Cuban military jets. Armando Alejandre Jr., Carlos Costa, Mario de la Peña, and Pablo Morales were killed. The flights were connected to humanitarian rescue efforts searching for Cubans attempting to flee the island during the migration crisis of the 1990s.

Those aircraft were not military bombers.

They were not attacking Cuba.

They were civilian planes associated with rescue operations involving Cubans risking their lives at sea.

That reality has always shaped how this tragedy lives inside the memory of the Cuban exile community.

For many, this was never viewed simply as a geopolitical conflict between hostile governments. It was seen as the use of military force against civilians connected to humanitarian missions during one of the darkest chapters in modern Cuban migration history.

But for many Cubans, the indictment reaches far beyond the Brothers to the Rescue case itself.

It touches decades of unresolved pain tied to one of the central figures behind Cuba’s military and political system.

It reaches mothers who buried sons lost in compulsory military service or in distant wars they never chose to fight. Families who spent years believing promises that were never fulfilled. Political prisoners who disappeared into silence. Relatives who watched loved ones die trying to flee the island.

And for many LGBTQ Cubans, the moment carries another layer of historical weight.

Long before official campaigns promoting tolerance and inclusion emerged from within the Cuban government, there were years of persecution, fear, forced silence, and humiliation carried out under the revolutionary system itself.

The UMAP labor camps remain one of the deepest scars in modern Cuban history. Gay men, pastors, religious believers, artists, and others considered incompatible with the revolutionary ideal were sent away under the language of “re-education” and forced labor.

In recent decades, public gestures toward LGBTQ inclusion promoted by figures close to the Cuban leadership attempted to project an image of progress and openness to the international community. But for many survivors, and for many Cuban LGBTQ people, those gestures never erased the trauma or the historical responsibility tied to the same structures of power that once persecuted them.

For many, acknowledgment without accountability still feels painfully incomplete.

That is why this indictment resonates so deeply today.

Because it arrives while Cuba once again faces profound national crisis. The island is losing entire generations through migration. Public frustration continues to grow. Economic collapse shapes daily life. And the revolutionary narrative that once projected permanence and control appears increasingly eroded by reality itself.

Against that backdrop, the image emerging from Miami becomes even more striking.

A man once viewed as untouchable by history now formally accused by the United States government and legally transformed into a fugitive wanted by American justice.

History moves slowly until suddenly it does not.

And for many Cubans, both on the island and throughout the diaspora, what happened today inside the Freedom Tower felt like witnessing something they once believed they would never live long enough to see.

As a Cuban, as an immigrant, and as someone who has lived close to that pain, one thought keeps returning tonight:

Justice takes time.

But when it finally arrives, it arrives with history behind it.

Continue Reading

Local

Comings & Goings

Delaware governor honors Peter Schott

Published

on

Peter Schott

The Comings & Goings column is about sharing the professional successes of our community. We want to recognize those landing new jobs, new clients for their business, joining boards of organizations and other achievements. Please share your successes with us at [email protected]

Congratulations to Peter Schott on being honored by Delaware Gov. Matt Meyer on National Honor our LGBTQ Elders Day.

Schott is a prominent LGBTQ advocate and seasoned political strategist who has spent decades advancing civil rights at the national and state levels. Following a distinguished 25-year career as a staff assistant in the U.S. House of Representatives, Schott leveraged his extensive legislative expertise to help organize the National Stonewall Democrats, serving as an influential member of its national board. 

After moving to Delaware in 2002, he became a foundational figure in the state’s LGBTQ political landscape, co-founding the Delaware Stonewall PAC, (now Stonewall Delaware) to champion the election of pro-equality candidates. His strategic lobbying and community organizing were instrumental in the successful passage of Delaware’s landmark non-discrimination, civil union, and marriage equality laws. A former member of the State Human Relations Commission, he remains a vital voice for the LGBTQ community in the Mid-Atlantic, continuing to document and drive social progress through his activism and writing. Schott currently serves as vice chair of the Delaware Democratic Pride Caucus, and a board member of Speak Out Against Hate (SOAH). He was a delegate to two Democratic National Conventions.

He earned a bachelor’s degree in Political Science, New York University; and a master’s of Public Administration degree from American University.

Continue Reading

Congress

Eight Democrats break with party as House advances ‘Don’t Say Trans’ bill

Measure not expected to pass in Senate

Published

on

(Washington Blade photo by Michael Key)

The U.S. House of Representatives passed a federal “Don’t Say Trans” bill on Wednesday, attempting to force teachers to out transgender students nationwide.

The bill, House Resolution 2616, also called the “Stopping Indoctrination and Protecting Kids Act,” would require schools to get parental consent before allowing students to use their preferred, rather than originally assigned, gender markers, pronouns, or preferred name on any school form, and to use any sex-based accommodations, including locker rooms or bathrooms.

The bill amends Section 8526 of the Elementary and Secondary Education Act of 1965, legislation that allows for federal aid to help elementary and secondary education programs — particularly those under its lowest-income Title I-A program — to stop allocating funds to any education that teaches concepts “related to gender ideology.”

This is directly related to Executive Order 14168, also known as the “Defending Women From Gender Ideology Extremism and Restoring Biological Truth to the Federal Government” order, one of President Donald Trump’s first executive orders of his second term. It requires the federal government to recognize only sex assigned at birth and dismiss gender identity rather than sex.

The bill was sponsored by U.S. Rep. Tim Walberg (R-Mich.) and passed by a 217-198 margin. The vote fell mostly along party lines; however, eight Democrats voted for its passage. They were U.S. Reps. Henry Cuellar (D-Texas), Donald Davis (D-N.C.), Cleo Fields (D-La.), Laura Gillen (D-N.Y.), Vicente Gonzalez (D-Texas), Marcy Kaptur (D-Ohio), Marie Gluesenkamp Perez (D-Wash.), and Eugene Vindman (D-Va.).

Proponents of the bill argue a child’s gender identity should be directed by parents at home rather than in public schools.

Critics say this is dangerous and will force students to be outed by their teachers to parents — some of whom may not be supportive of their gender identity — which could lead to violence or possibly conversion therapy.

California Congressman Mark Takano, chair of the Congressional Equality Caucus, spoke on the House floor while the bill was being debated. 

“Republicans claim to be the party of small government, but they have no problem bringing the full force of the federal government down against children. The GOP thinks they can legislate transgender people out of existence with this inhumane Don’t Say Trans bill, but all they’re doing is making life worse for a small minority of already-vulnerable children,” Takano said. “I spent 24 years as an educator where I worked with hundreds of high school students and their parents. Most children go to their parents when they need help or are struggling — including transgender children — but not all parents are accepting. The forced outing provision of this bill puts teachers in an impossible situation by requiring them to out trans kids to their parents in certain situations — even if the teacher knows the student will likely face physical abuse. Students like these are who Republicans want to put in immediate physical danger with this bill.”

The Washington Blade talked to Tyler Heck, founder and executive director of the trans advocacy organization and Christopher Street Project PAC, following the bill’s passage.

“Most queer kids go to their families when they are figuring out who they are, and then not all queer kids have that option,” Heck told the Blade. “If this became law, it would harm those already vulnerable kids who rely on school as a safe place and might not have a safe place at home.”

They explained this is not about protecting parents’ rights to know what is going on with their children, but rather the weaponization of trans identity that has become a mainstream Republican ideal pushed by the Trump-Vance administration.

“Young people deserve the space to figure out who they are without the federal government interfering in their lives,” they said. “It is beyond the pale, or rather it should be beyond the pale, and has become a norm for Republicans in Congress to villainize kids, because I mean, this bill targets kids, it’s in the name of the bill, and it’s in the implications.”

Heck continued, saying that amid the rising cost of everyday necessities — from gas to groceries — and while the Trump-Vance administration continues to defund programs intended to help the most vulnerable Americans while creating slush funds for political allies, this is not what Congress should be focusing on.

“At a time when people are really struggling, and politicians need to be focused on lowering costs, they’re using queer and trans kids as political pawns,” Heck said. “They want to divide and conquer this country, and we need to stand up against them and unite behind values of inclusion and of trust in our teachers.”

David Stacy, the Human Rights Campaign’s vice president of government affairs, provided a statement to the Blade.

“Trans kids are not a political agenda — they are students who deserve safety and affirmation at school like anyone else,” Stacy said. “Despite the many pressing issues facing our nation, House Republicans continue their bizarre obsession with trans people. HR 2616 does not protect children. It targets them. This bill is cruel, and we’ll continue to fight to ensure it never becomes law.”

The bill will move to the U.S. Senate in the coming days and weeks, but it must first be reviewed by a Senate committee before leadership schedules it for a floor vote, where it will need 60 votes to pass.

Continue Reading

Popular