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Nueva caravana de migrantes sale de Centroamérica
Grupo que viaja hacia EEUU tiene personas LGBTI
Una caravana de más de 4.000 personas salió de San Pedro Sula, Honduras, el 14 de octubre de 2018. Activistas en Honduras han dicho al Washington Blade que algunos de los migrantes en la caravana son miembros de la comunidad LGBTI.
Reportes indican que la caravana de migrantes que salió de la ciudad hondureña de San Pedro Sula llegó a la frontera entre Guatemala y México el 19 de octubre.
Activistas en San Pedro Sula y la capital hondureña de Tegucigalpa dijeron al Washington Blade la semana pasada que hay más de 4.000 migrantes en la caravana. Los activistas también dijeron que algunos de los migrantes son LGBTI.
Los intentos del Blade de hablar con migrantes LGBTI en la caravana hasta ahora han resultado infructuosos.
El presidente Trump ha amenazado con cortar la ayuda estadounidense a Honduras, Guatemala y El Salvador si sus gobiernos no pararan a los migrantes de salir de sus países.
“Hoy hemos informado a los países de Honduras, Guatemala y El Salvador que si permiten a sus ciudadanos, o otros, viajen a través de sus fronteras y hasta los Estados Unidos, todos los pagos hechos a ellos PARARÁN (TERMINARÁN),” el proclamó el 16 de octubre en un tweet.
We have today informed the countries of Honduras, Guatemala and El Salvador that if they allow their citizens, or others, to journey through their borders and up to the United States, with the intention of entering our country illegally, all payments made to them will STOP (END)!
— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 17, 2018
Trump el 18 de octubre dijo que “llamaría el ejército estadounidense y cerraría nuestra frontera sur” si el gobierno mexicano no “detuviera este ataque.” También describió a los migrantes como “un gran flujo de personas, incluidos muchos criminales.”
El gobierno mexicano ha empezado de procesar a los migrantes que han entrado el país desde Guatemala. El secretario de Estado de los EEUU Mike Pompeo el 18 de octubre en un comunicado dijo que los EEUU agradece el anuncio del gobierno mexicano que trabajará con el Alto Comisionado para los Refugiados de la ONU “para abordar los problemas de inmigración en la región, incluida la afluencia de personas que llegan a México.”
Pompeo el 19 de octubre habló más sobre los migrantes durante una conferencia de prensa con su homólogo mexicano, Luis Videgaray, en la Ciudad de México.
“El desafío relacionado con asegurar nuestra frontera sur también es un desafío para la soberanía estadounidense,” dijo Pompeo. “Tenemos que arreglar las leyes de los EEUU para poder manejar esto correctamente también. Esa es una carga estadounidense, una carga exclusivamente estadounidense y como dijo el presidente Trump, es algo que debemos abordar dentro de nuestro país para asegurarnos de que lo hagamos bien. Si lo hacemos bien, también mejoraremos la relación material entre nuestros dos países.”
Pompeo más tarde dijo a los reporteros antes de salir de la Ciudad de México que el saliente presidente mexicano Enrique Peña Nieto desplegó 500 policías federales a la frontera de su país con Guatemala. Pompeo también notó que cuatro de ellos resultaron heridos el 19 de octubre durante los enfrentamientos con migrantes que intentaban entrar a México.
“Entendemos que para ser precisos,” dijo Pompeo. “No sabemos la gravedad de esas lesiones, pero quiero expresar mi simpatía a esos cuatro policías. Eso es evidencia de lo que realmente es. Este es un grupo, un gran grupo de personas; están colocando a mujeres y niños frente a la caravana para usarlos como escudos mientras se abren paso. Este es un esfuerzo organizado para superar y violar la soberanía de México, por lo que estamos preparados para hacer todo lo que podamos para apoyar las decisiones que México tome sobre cómo abordarán este tema tan serio e importante para su país.”
Caravana se convierte en tema de las elecciones ‘midterm’
La caravana salió de Honduras menos de un mes antes de las elecciones “midterm” de los EEUU.
El presidente hondureño Juan Orlando Hernández y el vicepresidente salvadoreño Óscar Ortiz el 11 de octubre reiteraron las preocupaciones de sus gobiernos sobre la separación de los niños de sus padres migrantes bajo la política migratoria “tolerancia cero” de Trump cuando hablaron durante una conferencia al Departamento de Estado que se enfocó en la prosperidad y la seguridad en Centroamérica. El vicepresidente Trump, que habló a la conferencia con Pompeo, de nuevo instó a los países en el Triángulo Norte — Honduras, Guatemala y El Salvador — para frenar el flujo de migrantes.
“Los líderes en esta sala, los gobiernos que representan, deben decirle a su gente que no ponga a sus familiares en riesgo al tomar el peligroso viaje al norte para intentar entrar los Estados Unidos ilegalmente,” dijo Pence. “La verdad es que tu mensaje probablemente se puede resumir diciéndoles que si no pueden venir legalmente a los Estados Unidos legalmente, no deberían hacerlo. Dígalo con fuerza y dígalo con compasión como vecinos y como amigos porque es la verdad.”
El gobierno hondureño en un comunicado que emitió el 16 de octubre dijo la caravana “fue organizada por sectores políticos con falsas promesas de otorgar visa humanitaria para transitar por territorio mexicano y acogerse a una figura de asilo en los Estados Unidos.”
Activistas in Honduras durante el pasado año han dicho al Blade que el gobierno hondureño no ha hecho lo suficiente para combatir la violencia, la discriminación y la falta de oportunidades económicas que han dicho provocan a miembros de la comunidad LGBTI de salir del país. Los activistas también notaron que más de 30 personas murieron en manifestaciones violentas que se realizaron por Honduras el pasado noviembre después de la reelección cuestionada de Hernández.
El gobierno hondureño en su comunicado insta a los migrantes a “no poner en riesgo su vida ni la de sus hijos en una ruta de dolor y muerte, dominada por condiciones adversas como hambre, calor extremo, frío, fatiga, enfermedades y expuestos a ser víctimas de traficantes de personas, órganos, redes criminales, de prostitución y narcotráfico.” El gobierno hondureño también dijo que “continuamos brindando la asistencia (a migrantes) para retornar a sus comunidades.”
Mas de 10.000 salvadoreños ahora viven en Washington.
La alcaldesa de Washington Muriel Bowser en enero criticó a la administración de Trump para terminar el Estatus de Protección Temporal (TPS en inglés) que ha permitido casi 200.000 salvadoreños de recibir permisos de residencia que les han permitido permanecer en los EEUU. Bowser en agosto viajó a El Salvador y reiteró que su administración continuará ayudar a los migrantes en Washington.
Una activista de derechos humanos está con un grupo de migrantes que salieron de San Pedro Sula, Honduras, el 14 de octubre de 2018.
Mujer trans que murió bajo custodia EEUU era parte de otra caravana
Los migrantes que salieron de San Pedro Sula el 14 de octubre son parte de la última caravana de la región.
Roxana Hernández, una mujer trans con VIH que fue detenida por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP en inglés) de Estados Unidos el 9 de mayo cuando pidió asilo al puerto de entrada de San Ysidro cerca de San Diego, era parte de una caravana de 300 personas que viajó a la frontera estadounidense. Hernández murió en un hospital en Nuevo México unas semanas después cuando ella estaba bajo la custodia de la Oficina de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE en inglés).
Un grupo de 16 migrantes trans y gay de Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala y México que se llamaban la Primera Caravana Trans Gay Migrante pidió asilo en Nogales, Arizona, el 10 de agosto de 2017.
Violencia contra la comunidad LGBTI sigue siendo común en el Triángulo Norte. La discriminación basada en la orientación sexual y la identidad de género, la pobreza y una falta de acceso a educación y cuidado de la salid están entre la miríada temas que se enfrenta la comunidad LGBTI de la región.
Salvadoreños, hondureños y guatemaltecos LGBTI están entre la más de 225.000 migrantes que han tratado de ingresar a los EEUU durante el pasado año, aunque activistas en los tres países han dicho al Blade la política migratoria de la administración Trump sigue provocar el miedo por el Triángulo Norte.
La actual política migratoria estadounidense también ha impulsado a los migrantes LGBTI de Centroamérica de quedarse en México y pedir asilo allá.
Una foto de Roxana Hernández, una mujer trans que murió bajo la custodia de la Oficina de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE en inglés) en mayo de 2018, está en Colectivo Unidad Color Rosa, un grupo LGBTI en San Pedro Sula, Honduras. (Foto de Washington Blade por Michael K. Lavers)
District of Columbia
Celebrations of life planned for Sean Bartel
Two memorial events scheduled in D.C.
Two celebrations of life are planned for Sean Christopher Bartel, 48, who was found deceased on a hiking trail in Argentina on or around March 15. Bartel began his career as a television news reporter and news anchor at stations in Louisville, Ky., and Evansville, Ind., before serving as Senior Video Producer for the D.C.-based International Brotherhood of Electrical Workers union from 2013 to 2024.
A memorial gathering is planned for Friday, April 10, 11:30 a.m.-1:30 p.m. at the IBEW International Office (900 7th St., N.W.), according to a statement by the DC Gay Flag Football League, where Bartel was a longtime member. A celebration of life is planned that same evening, 6-8 p.m. at Trade (1410 14th St., N.W.).
Puerto Rico
The ‘X’ returns to court
1st Circuit hears case over legal recognition of nonbinary Puerto Ricans
Eight months ago, I wrote about this issue at a time when it had not yet reached the judicial level it faces today. Back then, the conversation moved through administrative decisions, public debate, and political resistance. It was unresolved, but it had not yet reached this point.
That has now changed.
Lambda Legal appeared before the 1st U.S. Court of Appeals in Boston, urging the court to uphold a lower court ruling that requires the government of Puerto Rico to issue birth certificates that accurately reflect the identities of nonbinary individuals. The appeal follows a district court decision that found the denial of such recognition to be a violation of the U.S. Constitution.
This marks a turning point. The issue is no longer theoretical. A court has already determined that unequal treatment exists.
The argument presented by the plaintiffs is grounded in Puerto Rico’s own legal framework. Identity birth certificates are not static historical records. They are functional documents used in everyday life. They are required to access employment, education, and essential services. Their purpose is practical, not symbolic.
Within that framework, the exclusion of nonbinary individuals does not stem from a legal limitation. Puerto Rico already allows gender marker corrections on birth certificates for transgender individuals under the precedent established in Arroyo Gonzalez v. Rosselló Nevares. In addition, the current Civil Code recognizes the existence of identity documents that reflect a person’s lived identity beyond the original birth record.
The issue lies in how the law is applied.
Recognition is granted within specific categories, while those who do not identify within that binary structure remain excluded. That exclusion is now at the center of this case.
Lambda Legal’s position is straightforward. Requiring individuals to carry documents that do not reflect who they are forces them into misrepresentation in essential aspects of daily life. This creates practical barriers, exposes them to scrutiny, and places them in a constant state of vulnerability.
The plaintiffs, who were born in Puerto Rico, have made clear that access to accurate identification is not symbolic. It is a basic condition for moving through the world without contradiction imposed by the state.
The fact that this case is now being addressed in the federal court system adds another layer of significance. This is not a pending policy discussion or a legislative proposal. It is a constitutional question. The analysis is not about political preference, but about rights and equal protection under the law.
This case does not exist in isolation.
It unfolds within a broader context in which debates over identity and rights have increasingly been shaped by the growing influence of conservative perspectives in public policy, both in the United States and in Puerto Rico. At the local level, this influence has been reflected in legislative discussions where religious arguments have begun to intersect with decisions that should be grounded in constitutional principles. That intersection creates tension around the separation of church and state and has direct consequences for access to rights.
Recognizing this context is not an attack on faith or religious practice. It is an acknowledgment that when certain perspectives move into the realm of public authority, they can shape outcomes that affect specific communities.
From within Puerto Rico, this is not a distant debate. It is a lived reality. It is present in the difficulty of presenting identification that does not match one’s identity, and in the consequences that follow in workplaces, schools, and government spaces.
The progression of this case introduces the possibility of change within the applicable legal framework. Not because it resolves every tension surrounding the issue, but because it establishes a legal examination of a practice that has long operated under exclusion.
Eight months ago, the conversation centered on ongoing developments. Today, there is already a judicial finding that identifies a violation of rights. What remains is whether that finding will be upheld on appeal.
That process does not guarantee an immediate outcome, but it shifts the ground.
The debate is no longer theoretical.
It is now before the courts.
National
LGBTQ community explores arming up during heated political times
Interest in gun ownership has increased since Donald Trump returned to office
By JOHN-JOHN WILLIAMS IV | As the child of a father who hunted, Vera Snively shied away from firearms, influenced by her mother’s aversion to guns.
Now, the 18-year-old Westminster electrician goes to the shooting range at least once a month. She owns a rifle and a shotgun, and plans to get a handgun when she turns 21.
“I want to be able to defend my community, especially being in political spaces and queer spaces,” said Snively, a trans woman. “It’s just having that extra line of safety, having that extra peace of mind would be important to me.”
Snively is among what some say is a growing number of LGBTQ gun owners across the United States. Gun rights organizations and advocates say interest in gun ownership appears to have increased in that community since President Donald Trump returned to the White House last year.
The rest of this article can be read on the Baltimore Banner’s website.
Celebrations of life planned for Sean Bartel
The ‘X’ returns to court
LGBTQ community explores arming up during heated political times
The emperor has no clothes: how rhetoric fuels repression in Eswatini
HRC endorses Va. ballot initiative to redraw congressional districts
Risking it all for love during World War II
D.C. is the place for the Democratic Socialists of America
PHOTOS: The Bonnet Ball
Key lifestyle changes can help patients cope with diabetes
