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Nueva caravana de migrantes sale de Centroamérica
Grupo que viaja hacia EEUU tiene personas LGBTI

Una caravana de más de 4.000 personas salió de San Pedro Sula, Honduras, el 14 de octubre de 2018. Activistas en Honduras han dicho al Washington Blade que algunos de los migrantes en la caravana son miembros de la comunidad LGBTI.
Reportes indican que la caravana de migrantes que salió de la ciudad hondureña de San Pedro Sula llegó a la frontera entre Guatemala y México el 19 de octubre.
Activistas en San Pedro Sula y la capital hondureña de Tegucigalpa dijeron al Washington Blade la semana pasada que hay más de 4.000 migrantes en la caravana. Los activistas también dijeron que algunos de los migrantes son LGBTI.
Los intentos del Blade de hablar con migrantes LGBTI en la caravana hasta ahora han resultado infructuosos.
El presidente Trump ha amenazado con cortar la ayuda estadounidense a Honduras, Guatemala y El Salvador si sus gobiernos no pararan a los migrantes de salir de sus países.
“Hoy hemos informado a los países de Honduras, Guatemala y El Salvador que si permiten a sus ciudadanos, o otros, viajen a través de sus fronteras y hasta los Estados Unidos, todos los pagos hechos a ellos PARARÁN (TERMINARÁN),” el proclamó el 16 de octubre en un tweet.
We have today informed the countries of Honduras, Guatemala and El Salvador that if they allow their citizens, or others, to journey through their borders and up to the United States, with the intention of entering our country illegally, all payments made to them will STOP (END)!
— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 17, 2018
Trump el 18 de octubre dijo que “llamaría el ejército estadounidense y cerraría nuestra frontera sur” si el gobierno mexicano no “detuviera este ataque.” También describió a los migrantes como “un gran flujo de personas, incluidos muchos criminales.”
El gobierno mexicano ha empezado de procesar a los migrantes que han entrado el país desde Guatemala. El secretario de Estado de los EEUU Mike Pompeo el 18 de octubre en un comunicado dijo que los EEUU agradece el anuncio del gobierno mexicano que trabajará con el Alto Comisionado para los Refugiados de la ONU “para abordar los problemas de inmigración en la región, incluida la afluencia de personas que llegan a México.”
Pompeo el 19 de octubre habló más sobre los migrantes durante una conferencia de prensa con su homólogo mexicano, Luis Videgaray, en la Ciudad de México.
“El desafío relacionado con asegurar nuestra frontera sur también es un desafío para la soberanía estadounidense,” dijo Pompeo. “Tenemos que arreglar las leyes de los EEUU para poder manejar esto correctamente también. Esa es una carga estadounidense, una carga exclusivamente estadounidense y como dijo el presidente Trump, es algo que debemos abordar dentro de nuestro país para asegurarnos de que lo hagamos bien. Si lo hacemos bien, también mejoraremos la relación material entre nuestros dos países.”
Pompeo más tarde dijo a los reporteros antes de salir de la Ciudad de México que el saliente presidente mexicano Enrique Peña Nieto desplegó 500 policías federales a la frontera de su país con Guatemala. Pompeo también notó que cuatro de ellos resultaron heridos el 19 de octubre durante los enfrentamientos con migrantes que intentaban entrar a México.
“Entendemos que para ser precisos,” dijo Pompeo. “No sabemos la gravedad de esas lesiones, pero quiero expresar mi simpatía a esos cuatro policías. Eso es evidencia de lo que realmente es. Este es un grupo, un gran grupo de personas; están colocando a mujeres y niños frente a la caravana para usarlos como escudos mientras se abren paso. Este es un esfuerzo organizado para superar y violar la soberanía de México, por lo que estamos preparados para hacer todo lo que podamos para apoyar las decisiones que México tome sobre cómo abordarán este tema tan serio e importante para su país.”
Caravana se convierte en tema de las elecciones ‘midterm’
La caravana salió de Honduras menos de un mes antes de las elecciones “midterm” de los EEUU.
El presidente hondureño Juan Orlando Hernández y el vicepresidente salvadoreño Óscar Ortiz el 11 de octubre reiteraron las preocupaciones de sus gobiernos sobre la separación de los niños de sus padres migrantes bajo la política migratoria “tolerancia cero” de Trump cuando hablaron durante una conferencia al Departamento de Estado que se enfocó en la prosperidad y la seguridad en Centroamérica. El vicepresidente Trump, que habló a la conferencia con Pompeo, de nuevo instó a los países en el Triángulo Norte — Honduras, Guatemala y El Salvador — para frenar el flujo de migrantes.
“Los líderes en esta sala, los gobiernos que representan, deben decirle a su gente que no ponga a sus familiares en riesgo al tomar el peligroso viaje al norte para intentar entrar los Estados Unidos ilegalmente,” dijo Pence. “La verdad es que tu mensaje probablemente se puede resumir diciéndoles que si no pueden venir legalmente a los Estados Unidos legalmente, no deberían hacerlo. Dígalo con fuerza y dígalo con compasión como vecinos y como amigos porque es la verdad.”
El gobierno hondureño en un comunicado que emitió el 16 de octubre dijo la caravana “fue organizada por sectores políticos con falsas promesas de otorgar visa humanitaria para transitar por territorio mexicano y acogerse a una figura de asilo en los Estados Unidos.”
Activistas in Honduras durante el pasado año han dicho al Blade que el gobierno hondureño no ha hecho lo suficiente para combatir la violencia, la discriminación y la falta de oportunidades económicas que han dicho provocan a miembros de la comunidad LGBTI de salir del país. Los activistas también notaron que más de 30 personas murieron en manifestaciones violentas que se realizaron por Honduras el pasado noviembre después de la reelección cuestionada de Hernández.
El gobierno hondureño en su comunicado insta a los migrantes a “no poner en riesgo su vida ni la de sus hijos en una ruta de dolor y muerte, dominada por condiciones adversas como hambre, calor extremo, frío, fatiga, enfermedades y expuestos a ser víctimas de traficantes de personas, órganos, redes criminales, de prostitución y narcotráfico.” El gobierno hondureño también dijo que “continuamos brindando la asistencia (a migrantes) para retornar a sus comunidades.”
Mas de 10.000 salvadoreños ahora viven en Washington.
La alcaldesa de Washington Muriel Bowser en enero criticó a la administración de Trump para terminar el Estatus de Protección Temporal (TPS en inglés) que ha permitido casi 200.000 salvadoreños de recibir permisos de residencia que les han permitido permanecer en los EEUU. Bowser en agosto viajó a El Salvador y reiteró que su administración continuará ayudar a los migrantes en Washington.

Una activista de derechos humanos está con un grupo de migrantes que salieron de San Pedro Sula, Honduras, el 14 de octubre de 2018.
Mujer trans que murió bajo custodia EEUU era parte de otra caravana
Los migrantes que salieron de San Pedro Sula el 14 de octubre son parte de la última caravana de la región.
Roxana Hernández, una mujer trans con VIH que fue detenida por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP en inglés) de Estados Unidos el 9 de mayo cuando pidió asilo al puerto de entrada de San Ysidro cerca de San Diego, era parte de una caravana de 300 personas que viajó a la frontera estadounidense. Hernández murió en un hospital en Nuevo México unas semanas después cuando ella estaba bajo la custodia de la Oficina de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE en inglés).
Un grupo de 16 migrantes trans y gay de Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala y México que se llamaban la Primera Caravana Trans Gay Migrante pidió asilo en Nogales, Arizona, el 10 de agosto de 2017.
Violencia contra la comunidad LGBTI sigue siendo común en el Triángulo Norte. La discriminación basada en la orientación sexual y la identidad de género, la pobreza y una falta de acceso a educación y cuidado de la salid están entre la miríada temas que se enfrenta la comunidad LGBTI de la región.
Salvadoreños, hondureños y guatemaltecos LGBTI están entre la más de 225.000 migrantes que han tratado de ingresar a los EEUU durante el pasado año, aunque activistas en los tres países han dicho al Blade la política migratoria de la administración Trump sigue provocar el miedo por el Triángulo Norte.
La actual política migratoria estadounidense también ha impulsado a los migrantes LGBTI de Centroamérica de quedarse en México y pedir asilo allá.

Una foto de Roxana Hernández, una mujer trans que murió bajo la custodia de la Oficina de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE en inglés) en mayo de 2018, está en Colectivo Unidad Color Rosa, un grupo LGBTI en San Pedro Sula, Honduras. (Foto de Washington Blade por Michael K. Lavers)
Federal Government
Republicans attach five anti-LGBTQ riders to State Department funding bill
Spending package would restrict Pride flags on federal buildings, trans healthcare, LGBTQ envoys
As Congress finalizes its funding for fiscal year 2027, Republicans are attempting to include five anti-LGBTQ riders in the National Security and Department of State Appropriations Act.
A rider is an unrelated provision tacked onto a bill that must pass — in this instance, the bill provides funding for national security policy and for the State Department.
The riders range from restricting Pride flags in federal buildings to banning transgender healthcare, but all aim to limit the visibility and rights of LGBTQ Americans.
The five riders are:
Section 7067(a) prohibits Pride flags from being flown over federal buildings.
Section 7067(c) restricts the United States’ ability to appoint special envoys, representatives, or coordinators unless expressly authorized by Congress. These roles have historically been used to promote U.S. interests in international forums — including advancing human and LGBTQ and intersex rights and other policy priorities. The change would halt what the Congressional Equality Caucus describes as providing “critical expertise to U.S. foreign policy and leadership abroad.”
Section 7067(d) reinforces multiple anti-equality executive orders signed by President Donald Trump, effectively requiring that foreign assistance funded by the United States comply with those orders. This includes rescinding federal contractor nondiscrimination protections, including for LGBTQ people.
Section 7067(e) prohibits funding for any organization that provides or promotes medically necessary healthcare for trans people or “promotes transgenderism” — effectively banning funds for organizations that recognize trans people exist. This is despite the practice of gender-affirming care being supported by nearly every major medical association.
Section 7067(g) reinforces two global gag rules put forward by the Trump-Vance administration. One is the Trans Global Gag Rule, which prohibits foreign assistance funding for organizations that acknowledge the existence of trans people or advocate for nondiscrimination protections for them, among other activities. The second is the DEI Global Gag Rule, which prohibits foreign assistance funding for organizations that engage in efforts to address the ongoing effects of racism, sexism, and other forms of bigotry outside the United States.
The global gag rule has its roots in anti-abortion policy introduced by President Ronald Reagan in 1984, when the 40th president barred foreign organizations receiving U.S. global health assistance from providing information, referrals, or services for legal abortion, or from advocating for access to abortion services in their own countries. Planned Parenthood notes that the policy also affects programs beyond abortion, including efforts to expand access to contraception, prevent and treat HIV/AIDS, combat malaria, and improve maternal and child health.
If organizations funded by the State Department engage in these activities, they could lose funding.
This anti-LGBTQ push aligns with broader actions from the Trump-Vance administration since the start of Trump’s second term, which have focused on restricting human rights — particularly those of trans Americans.
The House Appropriations Committee is responsible for drafting the appropriations legislation. U.S. Rep. Tom Cole (R-Okla.) serves as chair, with U.S. Rep. Rosa DeLauro (D-Conn.) as ranking member. The committee includes 34 Republicans and 27 Democrats.
For FY27 appropriations, Congress is supposed to pass and have the president sign the funding bills by Sept. 30, 2026.
Noticias en Español
The university that refuses to let go
Joanna Cifredo is a trans woman participating in University of Puerto Rico strike
Over the past days, I have been walking with a question that refuses to leave me. Not the kind of question you answer from a desk or from a distance, but one that grows out of what you witness in real time, at the gates, in the faces of those who remain there without knowing how any of this will end. What is truly happening inside the University of Puerto Rico, and why have so many students decided to risk everything at a moment when they can least afford to lose anything.
I write as someone who lives just steps away from the Río Piedras campus. These days, the silence has replaced the constant movement that once defined this space. The absence is felt in every corner where students used to pass at all hours. Since arriving in Puerto Rico three years ago, I have come to know firsthand stories that rarely make it into reports or official statements. One of the reasons I chose to stay was precisely this, to serve the university community, to help create a space where students could find something as basic as a safe meal at night and, in some way, ease burdens that are often carried in silence.
I have listened, asked questions, and tried to understand without imposing answers. What I have found is not a collective outburst or a generational whim. What exists is a fracture, a deep break between those making decisions and those living with their consequences every single day.
There has been an effort to reduce this strike to an issue of order, scheduling, or academic disruption. Conversations revolve around missed classes, delayed semesters, and students supposedly unaware of the consequences of their actions. What is rarely addressed are the conditions that lead an entire student body to pause its own future to sustain a protest that offers no guarantees.
Because that is the reality. These are students who fully understand what they are risking, and yet they remain. When someone reaches that point, the least they deserve is not judgment, but to be heard.
From the outside, there have also been attempts to discredit what is happening. Familiar narratives are repeated, legitimacy is questioned, and doubt is cast over intentions. It is easier to do that than to acknowledge that this did not begin at the gates, but long before, in decisions made without building trust.
And something must be said clearly. This is not limited to the gates of Río Piedras. What we are witnessing extends across every unit of the University of Puerto Rico system. Mayagüez, Ponce, Arecibo, Bayamón, Cayey, Humacao, Carolina, Aguadilla, Utuado, and the Medical Sciences Campus. This is not an isolated reaction. It is a movement that runs through the entire institution. Río Piedras may be more visible, but it is not alone. What is happening there reflects a broader unrest felt across the system.
Within that context, one demand has grown increasingly present, the call for the resignation of University of Puerto Rico President Zayira Jordán Conde. This is not the voice of a small group. It reflects a deeper level of mistrust that has spread across multiple campuses.
The Puerto Rican Association of University Professors has also made it clear that this is not solely a student issue. There is real concern among faculty, and a shared recognition of the conditions currently shaping the university. When students and professors arrive at the same conclusion, the problem can no longer be minimized.
Meanwhile, the administration continues to speak in the language of dialogue. But dialogue is not a word, it is a practice. And when trust has been broken, it cannot be restored through statements alone, but through decisions that prove a willingness to truly listen.
In the midst of all of this, there are voices that cannot be ignored. Voices grounded not in theory, but in lived experience. One of them is Joanna Cifredo, a student at the Mayagüez campus, a young Puerto Rican trans woman, and someone widely recognized for her advocacy.
I spoke with her in recent days. What follows is her voice, exactly as it is.
How would you describe what is happening inside the University of Puerto Rico right now, beyond what people see from the outside?
Estamos viviendo momentos muy difíciles, en el sentido de que hay mucha incertidumbre y una presión constante por parte de la administración para reabrir el recinto, pero, entre todo el caos e inestabilidad provocado por las decisiones de esta administración, también hemos vivido momentos muy poderosos. Esta lucha ha sacado lo mejor de nuestra comunidad.
Lo vimos en las asambleas y plenos, donde 1,500, 1,700, hasta 1,800 estudiantes llegaron —bajo lluvia, bajo advertencias de inundaciones— y aun así se quedaron, participaron y votaron a favor de una manifestación indefinida hasta que se atiendan nuestros reclamos.
He conocido a tantas personas en los diferentes portones, estudiantes graduados, aletas, estudiantes de intercambio, estudiantes de todo tipo de concentraciones y se unieron para apoyar el movimiento estudiantil. Estudiantes que vienen a los portones después del trabajo o antes de trabajar. Estudiantes que vienen a dejar agua y suministros entre turnos de trabajo. Viejitos que vienen a los portones con desayuno, almuerzo o cena.
Más allá de lo que se ve desde afuera, lo que estamos viviendo es una mezcla de tensión y resistencia, pero también de comunidad, solidaridad y compromiso colectivo.
Much of what is discussed remains at the level of headlines or social media. From your direct experience, what specific decisions or actions from the administration have led to this level of mobilization?
Desde el inicio, la designación de la Dra. Zayira Jordán Conde careció de respaldo dentro de la comunidad universitaria. No contaba con experiencia administrativa en la UPR ni con un conocimiento básico de nuestros procesos, cultura y reglamentos. Por eso, en asamblea, el estudiantado votó para solicitarle a la Junta de Gobierno que no considerara su candidatura, y múltiples organizaciones docentes hicieron lo mismo. Existía un consenso amplio de que no tenía la experiencia necesaria para liderar una institución como la nuestra.
A pesar de ese rechazo claro, la Junta de Gobierno decidió ignorar los reclamos de la comunidad universitaria e imponer su nombramiento.
Una vez en el cargo, su estilo de gobernanza ha sido poco transparente y poco colaborativo. Sin embargo, el detonante principal de la movilización en el Recinto Universitario de Mayagüez fue su decisión de destituir, de manera unilateral y en medio del semestre, a cinco rectores, incluyendo al nuestro, el Dr. Agustín Rullán Toro, para reemplazarlo por un rector interino, el Dr. Miguel Muñoz Muñoz.
Esta acción, tomada de forma abrupta, provocó de inmediato un clima de caos e inestabilidad dentro de la institución. Y deja una pregunta inevitable: ¿no anticipó el impacto de esa decisión, lo que evidenciaría una falta de experiencia? ¿O lo anticipó y aun así decidió proceder? No está claro cuál de las dos es más preocupante.
Además, esta decisión tuvo consecuencias concretas para el estudiantado, incluyendo el retiro de becas educativas para nuevos integrantes del RUM por parte de la Fundación Ceiba, que calificó la movida como “sorprendente” y “preocupante”. Decisiones impulsivas como la que tomó la presidenta ponen en peligro la estabilidad de nuestra institución y la acreditación de la universidad.
As a trans woman within this movement, how does your identity intersect with what is happening, and why does this also shape the future of people like you?
Soy una de varias chicas trans que formamos parte activa de este movimiento estudiantil.
For those outside the UPR who believe this does not affect them, what are the real consequences of this crisis?
La Universidad de Puerto Rico se fundó para servir al pueblo.
It is impossible to overstate the role the University of Puerto Rico and its students have played in shaping the social, cultural, and economic life of this country. Its impact extends into science, medicine, and every profession that has sustained Puerto Rico over time. No other educational institution has contributed more.
After listening to her, one thing becomes undeniable. This is not just another protest, but a generation refusing to let go of what little remains within its reach. And when a generation reaches that point, the issue is no longer the strike, the issue becomes the country itself.
District of Columbia
Judge issues revised order in Capital Pride stalking case
Defendant Darren Pasha agreed to accept less restrictive directive
A D.C. Superior Court judge on April 30 reinstated an anti-stalking order requested by the Capital Pride Alliance against local gay activist Darren Pasha based on allegations that Pasha engaged in a year-long effort to harass, intimidate, and stalk the organization’s staff, board members, and volunteers.
The reinstated order by Judge Robert D. Okun followed an April 17 court hearing in which he rescinded a similar order he initially approved in February on grounds that more evidence was needed to substantiate the need for the order.
At the time he rescinded the earlier order he scheduled an evidentiary hearing for April 29 at which three Capital Pride staff members testified in support of the anti-stalking order. But Okun discontinued the hearing after Pasha, who was representing himself without an attorney, announced he was willing to accept a revised, less restrictive temporary restraining order.
The judge said Pasha’s decision to accept a restraining order made it no longer necessary to continue the evidentiary hearing. He then asked Capital Pride and Pasha to submit their suggested revisions for the order which they submitted a short time later.
The case began when Capital Pride Alliance, the D.C.-based LGBTQ group that organizes the city’s annual Pride events, filed a civil complaint on Oct. 27, 2025, against Pasha, accusing him of engaging in a year-long effort to harass, intimidate, and stalk Capital Pride staff, board members, and volunteers. It includes a 167-page addendum of “supporting exhibits” that includes multiple statements by unidentified witnesses.
Pasha, who has represented himself without an attorney, has argued in multiple court filings and motions that the stalking allegations are untrue. In his initial court response to the complaint, he said it appears to be a form of retaliation against him for a dispute he has had with Capital Pride and its former board president, Ashley Smith, who has since resigned from the board.
Similar to his earlier anti-stalking order against Pasha, Okun’s reissued order on April 30 states, a “Temporary Anti-Stalking Order is GRANTED, effective immediately and remaining in effect until further order of the Court or final disposition of this matter.”
It adds, “The defendant shall not contact, attempt to contact, harass, threaten, or otherwise communicate with any protected person, directly or indirectly, including through third parties, social media, electronic communication, or any other means.”
Unlike the earlier order, which did not identify the “protected persons” by name, the latest order includes a list of 34 people, 13 of whom are Capital Pride staff members or volunteers, including CEO Ryan Bos and Chief Operating Officer June Crenshaw. The other 21 people listed are identified as Capital Pride board members, including board chair Anna Jinkerson.
Possibly because Pasha addressed this in his suggested version of the order, the judge’s revised order says Pasha is allowed to visit the D.C. LGBTQ+ Community Center, where the Capital Pride office is located, if he gives the community center a 24 hour advance notice that he will be visiting the center, which hosts many events unrelated to Capital Pride. The earlier order required him to stay at least 100 feet away from the Capital Pride office.
The new order also prohibits Pasha from attending 21 named events that Capital Pride Alliance either organizes itself or with partner organizations that were scheduled to take place from April 30 through June 21. The order says he is allowed to attend the two largest events, the June 20 Pride Parade and the June 21 Pride Festival and Concert, in which 500,000 or more people are expected to attend.
It says Pasha is also allowed to attend the June 15 Pride At The Pier event organized by the Washington Blade.
But for those three events the order says he is restricted from entering “ticketed and controlled access areas.”
At the April 29 court hearing, Okun also scheduled a mandatory remote mediation session for July 23, in which efforts would be made to resolve the civil complaint case brought by Capital Pride without going to trial.
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