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Nueva caravana de migrantes sale de Centroamérica
Grupo que viaja hacia EEUU tiene personas LGBTI
Una caravana de más de 4.000 personas salió de San Pedro Sula, Honduras, el 14 de octubre de 2018. Activistas en Honduras han dicho al Washington Blade que algunos de los migrantes en la caravana son miembros de la comunidad LGBTI.
Reportes indican que la caravana de migrantes que salió de la ciudad hondureña de San Pedro Sula llegó a la frontera entre Guatemala y México el 19 de octubre.
Activistas en San Pedro Sula y la capital hondureña de Tegucigalpa dijeron al Washington Blade la semana pasada que hay más de 4.000 migrantes en la caravana. Los activistas también dijeron que algunos de los migrantes son LGBTI.
Los intentos del Blade de hablar con migrantes LGBTI en la caravana hasta ahora han resultado infructuosos.
El presidente Trump ha amenazado con cortar la ayuda estadounidense a Honduras, Guatemala y El Salvador si sus gobiernos no pararan a los migrantes de salir de sus países.
“Hoy hemos informado a los países de Honduras, Guatemala y El Salvador que si permiten a sus ciudadanos, o otros, viajen a través de sus fronteras y hasta los Estados Unidos, todos los pagos hechos a ellos PARARÁN (TERMINARÁN),” el proclamó el 16 de octubre en un tweet.
We have today informed the countries of Honduras, Guatemala and El Salvador that if they allow their citizens, or others, to journey through their borders and up to the United States, with the intention of entering our country illegally, all payments made to them will STOP (END)!
— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 17, 2018
Trump el 18 de octubre dijo que “llamaría el ejército estadounidense y cerraría nuestra frontera sur” si el gobierno mexicano no “detuviera este ataque.” También describió a los migrantes como “un gran flujo de personas, incluidos muchos criminales.”
El gobierno mexicano ha empezado de procesar a los migrantes que han entrado el país desde Guatemala. El secretario de Estado de los EEUU Mike Pompeo el 18 de octubre en un comunicado dijo que los EEUU agradece el anuncio del gobierno mexicano que trabajará con el Alto Comisionado para los Refugiados de la ONU “para abordar los problemas de inmigración en la región, incluida la afluencia de personas que llegan a México.”
Pompeo el 19 de octubre habló más sobre los migrantes durante una conferencia de prensa con su homólogo mexicano, Luis Videgaray, en la Ciudad de México.
“El desafío relacionado con asegurar nuestra frontera sur también es un desafío para la soberanía estadounidense,” dijo Pompeo. “Tenemos que arreglar las leyes de los EEUU para poder manejar esto correctamente también. Esa es una carga estadounidense, una carga exclusivamente estadounidense y como dijo el presidente Trump, es algo que debemos abordar dentro de nuestro país para asegurarnos de que lo hagamos bien. Si lo hacemos bien, también mejoraremos la relación material entre nuestros dos países.”
Pompeo más tarde dijo a los reporteros antes de salir de la Ciudad de México que el saliente presidente mexicano Enrique Peña Nieto desplegó 500 policías federales a la frontera de su país con Guatemala. Pompeo también notó que cuatro de ellos resultaron heridos el 19 de octubre durante los enfrentamientos con migrantes que intentaban entrar a México.
“Entendemos que para ser precisos,” dijo Pompeo. “No sabemos la gravedad de esas lesiones, pero quiero expresar mi simpatía a esos cuatro policías. Eso es evidencia de lo que realmente es. Este es un grupo, un gran grupo de personas; están colocando a mujeres y niños frente a la caravana para usarlos como escudos mientras se abren paso. Este es un esfuerzo organizado para superar y violar la soberanía de México, por lo que estamos preparados para hacer todo lo que podamos para apoyar las decisiones que México tome sobre cómo abordarán este tema tan serio e importante para su país.”
Caravana se convierte en tema de las elecciones ‘midterm’
La caravana salió de Honduras menos de un mes antes de las elecciones “midterm” de los EEUU.
El presidente hondureño Juan Orlando Hernández y el vicepresidente salvadoreño Óscar Ortiz el 11 de octubre reiteraron las preocupaciones de sus gobiernos sobre la separación de los niños de sus padres migrantes bajo la política migratoria “tolerancia cero” de Trump cuando hablaron durante una conferencia al Departamento de Estado que se enfocó en la prosperidad y la seguridad en Centroamérica. El vicepresidente Trump, que habló a la conferencia con Pompeo, de nuevo instó a los países en el Triángulo Norte — Honduras, Guatemala y El Salvador — para frenar el flujo de migrantes.
“Los líderes en esta sala, los gobiernos que representan, deben decirle a su gente que no ponga a sus familiares en riesgo al tomar el peligroso viaje al norte para intentar entrar los Estados Unidos ilegalmente,” dijo Pence. “La verdad es que tu mensaje probablemente se puede resumir diciéndoles que si no pueden venir legalmente a los Estados Unidos legalmente, no deberían hacerlo. Dígalo con fuerza y dígalo con compasión como vecinos y como amigos porque es la verdad.”
El gobierno hondureño en un comunicado que emitió el 16 de octubre dijo la caravana “fue organizada por sectores políticos con falsas promesas de otorgar visa humanitaria para transitar por territorio mexicano y acogerse a una figura de asilo en los Estados Unidos.”
Activistas in Honduras durante el pasado año han dicho al Blade que el gobierno hondureño no ha hecho lo suficiente para combatir la violencia, la discriminación y la falta de oportunidades económicas que han dicho provocan a miembros de la comunidad LGBTI de salir del país. Los activistas también notaron que más de 30 personas murieron en manifestaciones violentas que se realizaron por Honduras el pasado noviembre después de la reelección cuestionada de Hernández.
El gobierno hondureño en su comunicado insta a los migrantes a “no poner en riesgo su vida ni la de sus hijos en una ruta de dolor y muerte, dominada por condiciones adversas como hambre, calor extremo, frío, fatiga, enfermedades y expuestos a ser víctimas de traficantes de personas, órganos, redes criminales, de prostitución y narcotráfico.” El gobierno hondureño también dijo que “continuamos brindando la asistencia (a migrantes) para retornar a sus comunidades.”
Mas de 10.000 salvadoreños ahora viven en Washington.
La alcaldesa de Washington Muriel Bowser en enero criticó a la administración de Trump para terminar el Estatus de Protección Temporal (TPS en inglés) que ha permitido casi 200.000 salvadoreños de recibir permisos de residencia que les han permitido permanecer en los EEUU. Bowser en agosto viajó a El Salvador y reiteró que su administración continuará ayudar a los migrantes en Washington.
Una activista de derechos humanos está con un grupo de migrantes que salieron de San Pedro Sula, Honduras, el 14 de octubre de 2018.
Mujer trans que murió bajo custodia EEUU era parte de otra caravana
Los migrantes que salieron de San Pedro Sula el 14 de octubre son parte de la última caravana de la región.
Roxana Hernández, una mujer trans con VIH que fue detenida por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP en inglés) de Estados Unidos el 9 de mayo cuando pidió asilo al puerto de entrada de San Ysidro cerca de San Diego, era parte de una caravana de 300 personas que viajó a la frontera estadounidense. Hernández murió en un hospital en Nuevo México unas semanas después cuando ella estaba bajo la custodia de la Oficina de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE en inglés).
Un grupo de 16 migrantes trans y gay de Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala y México que se llamaban la Primera Caravana Trans Gay Migrante pidió asilo en Nogales, Arizona, el 10 de agosto de 2017.
Violencia contra la comunidad LGBTI sigue siendo común en el Triángulo Norte. La discriminación basada en la orientación sexual y la identidad de género, la pobreza y una falta de acceso a educación y cuidado de la salid están entre la miríada temas que se enfrenta la comunidad LGBTI de la región.
Salvadoreños, hondureños y guatemaltecos LGBTI están entre la más de 225.000 migrantes que han tratado de ingresar a los EEUU durante el pasado año, aunque activistas en los tres países han dicho al Blade la política migratoria de la administración Trump sigue provocar el miedo por el Triángulo Norte.
La actual política migratoria estadounidense también ha impulsado a los migrantes LGBTI de Centroamérica de quedarse en México y pedir asilo allá.
Una foto de Roxana Hernández, una mujer trans que murió bajo la custodia de la Oficina de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE en inglés) en mayo de 2018, está en Colectivo Unidad Color Rosa, un grupo LGBTI en San Pedro Sula, Honduras. (Foto de Washington Blade por Michael K. Lavers)
The Comings & Goings column is about sharing the professional successes of our community. We want to recognize those landing new jobs, new clients for their business, joining boards of organizations and other achievements. Please share your successes with us at [email protected].
The Comings & Goings column also invites LGBTQ+ college students to share their successes with us. If you have been elected to a student government position, gotten an exciting internship, or are graduating and beginning your career with a great job, let us know so we can share your success.
Congratulations to David Reid on his new position as Principal, Public Policy, with Brownstein Hyatt Farber Schreck. Upon being named to the position, he said, “I am proud to be part of this inaugural group of principals as the firm launches it new ‘principal, public policy’ title.”
Reid is a political strategist and operative. He is a prolific fundraiser, and skilled advocate for legislative and appropriations goals. He is deeply embedded in Democratic politics, drawing on his personal network on the Hill, in governors’ administrations, and throughout the business community, to build coalitions that drive policy successes for clients. His work includes leading complex public policy efforts related to infrastructure, hospitality, gaming, health care, technology, telecommunications, and arts and entertainment.
Reid has extensive political finance experience. He leads Brownstein’s bipartisan political operation each cycle with Republican and Democratic congressional and national campaign committees and candidates. Reid is an active member of Brownstein’s pro-bono committee and co-leads the firm’s LGBT+ Employee Resource Group.
He serves as a Deputy National Finance Chair of the Democratic National Committee and is a member of the Finance Committee of the Democratic Governors Association, where he previously served as the Deputy Finance Director.
Prior to joining Brownstein, Reid served as the Washington D.C. and PAC finance director at Hillary for America. He worked as the mid-Atlantic finance director, for the Democratic Senatorial Campaign Committee and ran the political finance operation of a Fortune 50 global health care company.
Among his many outside involvements, Reid serves on the executive committee of the One Victory, and LGBTQ Victory Institute board, the governing bodies of the LGBTQ Victory Fund and Institute; and is a member of the board for Q Street.
Congratulations also to Yesenia Alvarado Henninger of Helion Energy, president; Abigail Harris of Honeywell; Alex Catanese of American Bankers Association; Stu Malec, secretary; Brendan Neal, treasurer; Brownstein’s David Reid; Amazon’s Suzanne Beall; Lowe’s’ Rob Curis; andCornerstone’s Christian Walker. Their positions have now been confirmed by the Q Street Board of Directors.
District of Columbia
D.C. pays $500,000 to settle lawsuit brought by gay Corrections Dept. employee
Alleged years of verbal harassment, slurs, intimidation
The D.C. government on Feb. 5 agreed to pay $500,000 to a gay D.C. Department of Corrections officer as a settlement to a lawsuit the officer filed in 2021 alleging he was subjected to years of discrimination at his job because of his sexual orientation, according to a statement released by the American Civil Liberties Union of D.C.
The statement says the lawsuit, filed on behalf of Sgt. Deon Jones by the ACLU of D.C. and the law firm WilmerHale, alleged that the Department of Corrections, including supervisors and co-workers, “subjected Sgt. Jones to discrimination, retaliation, and a hostile work environment because of his identity as a gay man, in violation of the D.C. Human Rights Act.”
Daniel Gleick, a spokesperson for D.C. Mayor Muriel Bowser, said the mayor’s office would have no comment on the lawsuit settlement. The Washington Blade couldn’t immediately reach a spokesperson for the Office of the D.C. Attorney General, which represents the city against lawsuits.
Bowser and her high-level D.C. government appointees, including Japer Bowles, director of the Mayor’s Office of LGBTQ Affairs, have spoken out against LGBTQ-related discrimination.
“Jones, now a 28-year veteran of the Department and nearing retirement, faced years of verbal abuse and harassment from coworkers and incarcerated people alike, including anti-gay slurs, threats, and degrading treatment,” the ACLU’s statement says.
“The prolonged mistreatment took a severe toll on Jones’s mental health, and he experienced depression, Post-Traumatic Stress Disorder, and 15 anxiety attacks in 2021 alone,” it says.
“For years, I showed up to do my job with professionalism and pride, only to be targeted because of who I am,” Jones says in the ACLU statement. “This settlement affirms that my pain mattered – and that creating hostile workplaces has real consequences,” he said.
He added, “For anyone who is LGBTQ or living with a disability and facing workplace discrimination or retaliation, know this: you are not powerless. You have rights. And when you stand up, you can achieve justice.”
The settlement agreement, a link to which the ACLU provided in its statement announcing the settlement, states that plaintiff Jones agrees, among other things, that “neither the Parties’ agreement, nor the District’s offer to settle the case, shall in any way be construed as an admission by the District that it or any of its current or former employees, acted wrongfully with respect to Plaintiff or any other person, or that Plaintiff has any rights.”
Scott Michelman, the D.C. ACLU’s legal director said that type of disclaimer is typical for parties that agree to settle a lawsuit like this.
“But actions speak louder than words,” he told the Blade. “The fact that they are paying our client a half million dollars for the pervasive and really brutal harassment that he suffered on the basis of his identity for years is much more telling than their disclaimer itself,” he said.
The settlement agreement also says Jones would be required, as a condition for accepting the agreement, to resign permanently from his job at the Department of Corrections. Michelman said Jones has been on leave from work for a period of time, but he did not know how long. Jones couldn’t immediately be reached for comment.
“This is really something that makes sense on both sides,” Michelman said of the resignation requirements. “The environment had become so toxic the way he had been treated on multiple levels made it difficult to see how he could return to work there.”
Virginia
Spanberger signs bill that paves way for marriage amendment repeal referendum
Proposal passed in two successive General Assembly sessions
Virginians this year will vote on whether to repeal a state constitutional amendment that defines marriage as between a man and a woman.
Democratic Gov. Abigail Spanberger on Friday signed state Del. Laura Jane Cohen (D-Fairfax County)’s House Bill 612, which finalized the referendum’s language.
The ballot question that voters will consider on Election Day is below:
Question: Should the Constitution of Virginia be amended to: (i) remove the ban on same-sex marriage; (ii) affirm that two adults may marry regardless of sex, gender, or race; and (iii) require all legally valid marriages to be treated equally under the law?
Voters in 2006 approved the Marshall-Newman Amendment.
Same-sex couples have been able to legally marry in Virginia since 2014. Former Gov. Glenn Youngkin, who is a Republican, in 2024 signed a bill that codified marriage equality in state law.
Two successive legislatures must approve a proposed constitutional amendment before it can go to the ballot.
A resolution to repeal the Marshall-Newman Amendment passed in the General Assembly in 2025. Lawmakers once again approved it last month.
“20 years after Virginia added a ban on same-sex marriage to our Constitution, we finally have the chance to right that wrong,” wrote Equality Virginia Executive Director Narissa Rahaman on Friday in a message to her group’s supporters.
Virginians this year will also consider proposed constitutional amendments that would guarantee reproductive rights and restore voting rights to convicted felons who have completed their sentences.
‘Octet’ explores the depths of digital addiction
Why trans suffering is more palatable than trans ambition
Comings & Goings
D.C. pays $500,000 to settle lawsuit brought by gay Corrections Dept. employee
Spanberger signs bill that paves way for marriage amendment repeal referendum
Norton hailed as champion of LGBTQ rights
D.C. Council gives first approval to amended PrEP insurance bill
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