News
Nueva caravana de migrantes sale de Centroamérica
Grupo que viaja hacia EEUU tiene personas LGBTI

Una caravana de más de 4.000 personas salió de San Pedro Sula, Honduras, el 14 de octubre de 2018. Activistas en Honduras han dicho al Washington Blade que algunos de los migrantes en la caravana son miembros de la comunidad LGBTI.
Reportes indican que la caravana de migrantes que salió de la ciudad hondureña de San Pedro Sula llegó a la frontera entre Guatemala y México el 19 de octubre.
Activistas en San Pedro Sula y la capital hondureña de Tegucigalpa dijeron al Washington Blade la semana pasada que hay más de 4.000 migrantes en la caravana. Los activistas también dijeron que algunos de los migrantes son LGBTI.
Los intentos del Blade de hablar con migrantes LGBTI en la caravana hasta ahora han resultado infructuosos.
El presidente Trump ha amenazado con cortar la ayuda estadounidense a Honduras, Guatemala y El Salvador si sus gobiernos no pararan a los migrantes de salir de sus países.
“Hoy hemos informado a los países de Honduras, Guatemala y El Salvador que si permiten a sus ciudadanos, o otros, viajen a través de sus fronteras y hasta los Estados Unidos, todos los pagos hechos a ellos PARARÁN (TERMINARÁN),” el proclamó el 16 de octubre en un tweet.
We have today informed the countries of Honduras, Guatemala and El Salvador that if they allow their citizens, or others, to journey through their borders and up to the United States, with the intention of entering our country illegally, all payments made to them will STOP (END)!
— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 17, 2018
Trump el 18 de octubre dijo que “llamaría el ejército estadounidense y cerraría nuestra frontera sur” si el gobierno mexicano no “detuviera este ataque.” También describió a los migrantes como “un gran flujo de personas, incluidos muchos criminales.”
El gobierno mexicano ha empezado de procesar a los migrantes que han entrado el país desde Guatemala. El secretario de Estado de los EEUU Mike Pompeo el 18 de octubre en un comunicado dijo que los EEUU agradece el anuncio del gobierno mexicano que trabajará con el Alto Comisionado para los Refugiados de la ONU “para abordar los problemas de inmigración en la región, incluida la afluencia de personas que llegan a México.”
Pompeo el 19 de octubre habló más sobre los migrantes durante una conferencia de prensa con su homólogo mexicano, Luis Videgaray, en la Ciudad de México.
“El desafío relacionado con asegurar nuestra frontera sur también es un desafío para la soberanía estadounidense,” dijo Pompeo. “Tenemos que arreglar las leyes de los EEUU para poder manejar esto correctamente también. Esa es una carga estadounidense, una carga exclusivamente estadounidense y como dijo el presidente Trump, es algo que debemos abordar dentro de nuestro país para asegurarnos de que lo hagamos bien. Si lo hacemos bien, también mejoraremos la relación material entre nuestros dos países.”
Pompeo más tarde dijo a los reporteros antes de salir de la Ciudad de México que el saliente presidente mexicano Enrique Peña Nieto desplegó 500 policías federales a la frontera de su país con Guatemala. Pompeo también notó que cuatro de ellos resultaron heridos el 19 de octubre durante los enfrentamientos con migrantes que intentaban entrar a México.
“Entendemos que para ser precisos,” dijo Pompeo. “No sabemos la gravedad de esas lesiones, pero quiero expresar mi simpatía a esos cuatro policías. Eso es evidencia de lo que realmente es. Este es un grupo, un gran grupo de personas; están colocando a mujeres y niños frente a la caravana para usarlos como escudos mientras se abren paso. Este es un esfuerzo organizado para superar y violar la soberanía de México, por lo que estamos preparados para hacer todo lo que podamos para apoyar las decisiones que México tome sobre cómo abordarán este tema tan serio e importante para su país.”
Caravana se convierte en tema de las elecciones ‘midterm’
La caravana salió de Honduras menos de un mes antes de las elecciones “midterm” de los EEUU.
El presidente hondureño Juan Orlando Hernández y el vicepresidente salvadoreño Óscar Ortiz el 11 de octubre reiteraron las preocupaciones de sus gobiernos sobre la separación de los niños de sus padres migrantes bajo la política migratoria “tolerancia cero” de Trump cuando hablaron durante una conferencia al Departamento de Estado que se enfocó en la prosperidad y la seguridad en Centroamérica. El vicepresidente Trump, que habló a la conferencia con Pompeo, de nuevo instó a los países en el Triángulo Norte — Honduras, Guatemala y El Salvador — para frenar el flujo de migrantes.
“Los líderes en esta sala, los gobiernos que representan, deben decirle a su gente que no ponga a sus familiares en riesgo al tomar el peligroso viaje al norte para intentar entrar los Estados Unidos ilegalmente,” dijo Pence. “La verdad es que tu mensaje probablemente se puede resumir diciéndoles que si no pueden venir legalmente a los Estados Unidos legalmente, no deberían hacerlo. Dígalo con fuerza y dígalo con compasión como vecinos y como amigos porque es la verdad.”
El gobierno hondureño en un comunicado que emitió el 16 de octubre dijo la caravana “fue organizada por sectores políticos con falsas promesas de otorgar visa humanitaria para transitar por territorio mexicano y acogerse a una figura de asilo en los Estados Unidos.”
Activistas in Honduras durante el pasado año han dicho al Blade que el gobierno hondureño no ha hecho lo suficiente para combatir la violencia, la discriminación y la falta de oportunidades económicas que han dicho provocan a miembros de la comunidad LGBTI de salir del país. Los activistas también notaron que más de 30 personas murieron en manifestaciones violentas que se realizaron por Honduras el pasado noviembre después de la reelección cuestionada de Hernández.
El gobierno hondureño en su comunicado insta a los migrantes a “no poner en riesgo su vida ni la de sus hijos en una ruta de dolor y muerte, dominada por condiciones adversas como hambre, calor extremo, frío, fatiga, enfermedades y expuestos a ser víctimas de traficantes de personas, órganos, redes criminales, de prostitución y narcotráfico.” El gobierno hondureño también dijo que “continuamos brindando la asistencia (a migrantes) para retornar a sus comunidades.”
Mas de 10.000 salvadoreños ahora viven en Washington.
La alcaldesa de Washington Muriel Bowser en enero criticó a la administración de Trump para terminar el Estatus de Protección Temporal (TPS en inglés) que ha permitido casi 200.000 salvadoreños de recibir permisos de residencia que les han permitido permanecer en los EEUU. Bowser en agosto viajó a El Salvador y reiteró que su administración continuará ayudar a los migrantes en Washington.

Una activista de derechos humanos está con un grupo de migrantes que salieron de San Pedro Sula, Honduras, el 14 de octubre de 2018.
Mujer trans que murió bajo custodia EEUU era parte de otra caravana
Los migrantes que salieron de San Pedro Sula el 14 de octubre son parte de la última caravana de la región.
Roxana Hernández, una mujer trans con VIH que fue detenida por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP en inglés) de Estados Unidos el 9 de mayo cuando pidió asilo al puerto de entrada de San Ysidro cerca de San Diego, era parte de una caravana de 300 personas que viajó a la frontera estadounidense. Hernández murió en un hospital en Nuevo México unas semanas después cuando ella estaba bajo la custodia de la Oficina de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE en inglés).
Un grupo de 16 migrantes trans y gay de Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala y México que se llamaban la Primera Caravana Trans Gay Migrante pidió asilo en Nogales, Arizona, el 10 de agosto de 2017.
Violencia contra la comunidad LGBTI sigue siendo común en el Triángulo Norte. La discriminación basada en la orientación sexual y la identidad de género, la pobreza y una falta de acceso a educación y cuidado de la salid están entre la miríada temas que se enfrenta la comunidad LGBTI de la región.
Salvadoreños, hondureños y guatemaltecos LGBTI están entre la más de 225.000 migrantes que han tratado de ingresar a los EEUU durante el pasado año, aunque activistas en los tres países han dicho al Blade la política migratoria de la administración Trump sigue provocar el miedo por el Triángulo Norte.
La actual política migratoria estadounidense también ha impulsado a los migrantes LGBTI de Centroamérica de quedarse en México y pedir asilo allá.

Una foto de Roxana Hernández, una mujer trans que murió bajo la custodia de la Oficina de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE en inglés) en mayo de 2018, está en Colectivo Unidad Color Rosa, un grupo LGBTI en San Pedro Sula, Honduras. (Foto de Washington Blade por Michael K. Lavers)
Colombia
LGBTQ Venezuelans in Colombia uncertain about homeland’s future
US forces seized Nicolás Maduro and his wife on Jan. 3
BOGOTÁ, Colombia — LGBTQ Venezuelans who live in Colombia remain uncertain about their homeland’s future in the wake of now former-President Nicolás Maduro’s ouster.
José Guillén is from Mérida, a city in the Venezuelan Andes that is roughly 150 miles from the country’s border with Colombia. He founded an LGBTQ organization that largely focused on health care before he left Venezuela in 2015.
Guillén, whose mother is Colombian, spoke with the Washington Blade on Jan. 9 at a coffee shop in Bogotá, the Colombian capital. His husband, who left Venezuela in 2016, was with him.
“I would like to think that (Venezuela) will be a country working towards reconstruction in a democracy,” said Guillén, responding to the Blade’s question about what Venezuela will look like in five years.
American forces on Jan. 3 seized Maduro and his wife, Cilia Flores, at their home in Caracas, the Venezuelan capital, during an overnight operation.
Maduro and Flores on Jan. 5 pleaded not guilty to federal drug charges in New York. The Venezuelan National Assembly the day before swore in Delcy Rodríguez, who was Maduro’s vice president, as the country’s acting president.
Hugo Chávez died in 2013, and Maduro succeeded him as Venezuela’s president. Subsequent economic and political crises prompted millions of Venezuelans to leave the country.

The Blade in 2021 reported Venezuelan authorities raided HIV/AIDS service organizations, arrested their staffers, and confiscated donated medications for people with HIV/AIDS. Tamara Adrián, a member of the Venezuelan opposition who in 2015 became the first openly transgender person elected to the National Assembly, told the Blade she had to take security precautions during her campaign because government supporters targeted her.
The Blade on Jan. 8 spoke with a Venezuelan AIDS Healthcare Foundation client who said Maduro’s ouster “is truly something we’ve been waiting for for 26 or 27 years.” Another Venezuelan AHF client — a sex worker from Margarita Island in the Caribbean Sea who now lives in Bogotá — echoed this sentiment when she spoke with the Blade two days later.
“I love the situation of what’s happening,” she said during a telephone interview.
Sources in Caracas and elsewhere in Venezuela with whom the Blade spoke after Jan. 3 said armed pro-government groups known as “colectivos” were patrolling the streets. Reports indicate they set up checkpoints, stopped motorists, and searched their cell phones for evidence that they supported Maduro’s ouster.
“In the last few days, it seems there are possibilities for change, but people are also very afraid of the government’s reactions and what might happen,” Guillén said.
“Looking at it from an LGBT perspective, there has never been any recognition of the LGBT community in Venezuela,” he noted. “At some point, when Chávez came to power, we thought that many things could happen because it was a progressive government, but no.”

Luis Gómez is a lawyer from Valencia, a city in Venezuela’s Carabobo state. He and his family since he was a child have worked with autistic children through Fundación Yo Estoy Aquí, a foundation they created.
Gómez was in high school in 2013 when Maduro succeeded Chávez. He graduated from law school in 2018. Gómez in November 2020 fled to Colombia after he became increasingly afraid after his mother’s death that authorities would arrest him because of his criticism of the government.
The Colombian government in December 2025 recognized him as a refugee.
Gómez during a Jan. 9 interview in Bogotá discussed his initial reaction to Maduro’s ouster.
“I’m 28 years old, and 27 of those years have been in dictatorship,” Gómez told the Blade. “I had never experienced anything like this, which is why it had such a strong impact on me.”
Gómez said he initially thought the operation to seize Maduro and Flores was similar to an attempted coup that Chávez led in 1992. Gómez added he quickly realized Jan. 3 was different.
“The last thing we thought would happen was that Maduro would be wearing an orange jumpsuit in prison in New York,” he told the Blade. “It’s also important that those of us outside (of Venezuela) knew about it before those inside, because that’s the level of the lack of communication to which they have subjected all our families inside Venezuela.”
Gómez said Maduro’s ouster left him feeling “a great sense of justice” for his family and for the millions of Venezuelans who he maintains suffered under his government.
“Many Venezuelans, and with every reason, around the world started celebrating euphorically, but given our background and our understanding, we already knew at that moment what was coming,” added Gómez. “Now a new stage is beginning. What will this new stage be like? This has also generated uncertainty in us, which the entire citizenry is now experiencing.”
Trump ‘puts us in a very complex position’
U.S. chargé d’affaires Laura Dogu on Jan. 31 arrived in Caracas to reopen the American embassy that closed in February 2019.
Tens of thousands of people on Jan. 7 gathered in Bogotá and elsewhere in Colombia to protest against President Donald Trump after he threatened Colombian President Gustavo Petro, who was once a member of the now disbanded M-19 guerrilla movement. The two men met at the White House on Tuesday.

Both Gómez and Guillén pointed out Rodríguez remains in power. They also noted her brother, Jorge Rodríguez, is currently president of the National Assembly.
“Delcy has been a key figure in the regime for many years,” said Guillén. “In fact, she was one of the toughest people within the regime.”
Gómez and Guillén also spoke about Trump and his role in a post-Maduro Venezuela.
“Donald Trump, especially in this second term, has played a very particular role in the world, especially for those of us who, genuinely, not falsely or hypocritically, truly defend human rights,” said Gómez. “It puts us in a very complex position.”
Gómez told the Blade the operation to seize Maduro and Flores was “not an invasion for us.”
“It’s not a military intervention,” said Gómez. “It was the beginning, or I would even dare to say the end of the end.”
He acknowledged “there are interests at play, that the United States doesn’t do this for free.” Gómez added U.S. access to Venezuelan oil “for us, at this point, is not something that matters to us.”
“Venezuelans have received nothing, absolutely nothing from the resources generated by oil. We live without it,” he said. “The only ones getting rich from the oil are the top drug traffickers and criminals who remain in power.”
Guillén pointed out the U.S. “has always been one of the biggest buyers of oil from Venezuela, and perhaps we need that closeness to rebuild the country.”
“I also feel that there is a great opportunity with the millions of Venezuelans who left the country and who would like to be part of that reconstruction as well,” he said.
“Logically it’s sad to see the deterioration in the country, the institutions, even the universities in general,” added Guillén. “Those of us who are outside the country have continued to move forward and see other circumstances, and returning to the country with those ideas, with those new approaches, could provide an opportunity for change. That’s what I would like.”
Editor’s note: International News Editor Michael K. Lavers was on assignment in Colombia from Jan. 5-10.
District of Columbia
D.C. bar Rush facing eviction on charge of failing to pay rent
Landlord says $201,324 owed in back payments, late fees
The owners of the building at 14th and U Streets, N.W. where D.C.’s newest LGBTQ bar and nightclub Rush opened on Dec. 5, 2025, filed a complaint in D.C. Superior Court on Feb. 3 seeking Rush’s eviction on grounds that the bar has failed to pay its required rent since last May.
According to the court filing by building owners Thomas and Ioanna Tsianakas Family Trust and Thomas Tsianakas Trustee, Rush owes $141,338.18 in back rent, $19,086.19 for utilities, and $40,900 in late fees, coming to a total of $201,324.37.
Rush owner Jackson Mosley didn’t immediately respond to a Feb. 5 phone message from the Washington Blade seeking comment on the court filing seeking his eviction from the building located at 200114th Street, N.W., with its entrance around the corner on U Street.
WUSA 9 TV news reported in a Feb. 5 broadcast that Mosley said he “doesn’t see why the eviction notice is news and called it a ‘formality.’” The WUSA report adds that Mosley said he and the Rush landlord “have no bad blood” and if the action did reach the point of eviction he would file for Chapter 11 bankruptcy to restructure the lease and his debts.
The eviction court filing follows a decision by the city’s Alcoholic Beverage and Cannabis Board on Dec. 17 to suspend Rush’s liquor license on grounds that its payment check for the liquor licensing fee was “returned unpaid.” The liquor board reissued the license three days later after Mosley paid the fee with another check
He told the Blade at the time that the first check did not “bounce,” as rumors in the community claimed. He said he made a decision to put a “hold” on the check so that Rush could change its initial decision to submit a payment for the license for three years and instead to arrange for a lower payment for just one year at a time.
Around that same time several Rush employees posted social media messages saying the staff was not paid for the bar’s first month’s pay period. Mosley responded by posting a message on the Rush website saying employees were not paid because of a “tax related mismatch between federal and District records,” which, among other things, involved the IRS.
“This discrepancy triggered a compliance hold within our payroll system,” his statement said. “The moment I became aware of the issue I immediately engaged our payroll provider and began working to resolve it,” he said.
But WUSA 9 reports in its Feb. 5 broadcast about the eviction issue that at least some of the now former employees say they still have not been paid since their first paycheck failed to come on Dec. 15.
Superior Court online records for the eviction case show that a “Remote Initial Hearing” for the case has been scheduled for March 30 before a Landlord & Tenant Judge.
National
Human Rights Watch sharply criticizes US in annual report
Trump-Vance administration ‘working to undermine … very idea of human rights’
Human Rights Watch Executive Director Philippe Bolopion on Wednesday sharply criticized the Trump-Vance administration over its foreign policy that includes opposition to LGBTQ rights.
“The U.S. used to actually be a government that was advancing the rights of LGBT people around the world and making sure that it was finding its way into resolutions, into U.N. documents,” he said in response to a question the Washington Blade asked during a press conference at Human Rights Watch’s D.C. offices. “Now we see the opposite movement.”
Human Rights Watch on Wednesday released its annual human rights report that is highly critical of the U.S., among other countries.
“Under relentless pressure from U.S. President Donald Trump, and persistently undermined by China and Russia, the rules-based international order is being crushed, threatening to take with it the architecture human rights defenders have come to rely on to advance norms and protect freedoms,” said Bolopion in its introductory paragraph. “To defy this trend, governments that still value human rights, alongside social movements, civil society, and international institutions, need to form a strategic alliance to push back.”

The report, among other things, specifically notes the U.S. Supreme Court’s Skrmetti decision that uphold a Tennessee law banning gender-affirming medical interventions for minors.
The Trump-Vance administration has withdrawn the U.S. from the U.N. LGBTI Core Group, a group of U.N. member states that have pledged to support LGBTQ and intersex rights, and the U.N. Human Rights Council. Bolopion in response to the Blade’s question during Wednesday’s press conference noted the U.S. has also voted against LGBTQ-inclusive U.N. resolutions.
Maria Sjödin, executive director of Outright International, a global LGBTQ and intersex advocacy group, in an op-ed the Blade published on Jan. 28 wrote the movement around the world since the Trump-Vance administration took office has lost more than $125 million in funding.
The U.S. Agency for International Development, which funded myriad LGBTQ and intersex organizations around the world, officially shut down on July 1, 2025. The Trump-Vance administration last month announced it will expand the global gag rule, which bans U.S. foreign aid for groups that support abortion and/or offer abortion-related services, to include organizations that promote “gender ideology.”
“LGBTQ rights are not just a casualty of the Trump foreign policy,” said Human Rights Watch Washington Director Sarah Yager during the press conference. “It is the intent of the Trump foreign policy.”
The report specifically notes Ugandan authorities since the enactment of the country’s Anti-Homosexuality Act in 2023, which punishes “‘carnal knowledge’ between people of the same gender” with up to life in prison, “have perpetrated widespread discrimination and violence against lesbian, gay, bisexual, and transgender (LGBT) people, their families, and their supporters.” It also highlights Russian authorities “continued to widely use the ‘gay propaganda’ ban” and prosecuted at least two people in 2025 for their alleged role in “‘involving’ people in the ‘international LGBT movement’” that the country’s Supreme Court has deemed an extremist organization.
The report indicates the Hungarian government “continued its attacks on and scapegoating of lesbian, gay, bisexual, and transgender (LGBT) people” in 2025, specifically noting its efforts to ban Budapest Pride that more than 100,000 people defied. The report also notes new provisions of Indonesia’s penal code that took effect on Jan. 2 “violate the rights of women, religious minorities, and lesbian, gay, bisexual, and transgender (LGBT) people, and undermine the rights to freedom of speech and association.”
“This includes the criminalization of all sex outside of marriage, effectively rendering adult consensual same-sex conduct a crime in Indonesia for the first time in the country’s history,” it states.
Bolopion at Wednesday’s press conference said women, people with disabilities, religious minorities, and other marginalized groups lose rights “when democracy is retreating.”
“It’s actually a really good example of how the global retreat from the U.S. as an actor that used to be very imperfectly — you know, with a lot of double standards — but used to be part of this global effort to advance rights and norms for everyone,” he said. “Now, not only has it retreated, which many people expected, but in fact, is now working against it, is working to undermine the system, is working to undermine, at times, the very idea of human rights.”
“That’s definitely something we are acutely aware of, and that we are pushing back,” he added.
