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Nueva caravana de migrantes sale de Centroamérica
Grupo que viaja hacia EEUU tiene personas LGBTI

Una caravana de más de 4.000 personas salió de San Pedro Sula, Honduras, el 14 de octubre de 2018. Activistas en Honduras han dicho al Washington Blade que algunos de los migrantes en la caravana son miembros de la comunidad LGBTI.
Reportes indican que la caravana de migrantes que salió de la ciudad hondureña de San Pedro Sula llegó a la frontera entre Guatemala y México el 19 de octubre.
Activistas en San Pedro Sula y la capital hondureña de Tegucigalpa dijeron al Washington Blade la semana pasada que hay más de 4.000 migrantes en la caravana. Los activistas también dijeron que algunos de los migrantes son LGBTI.
Los intentos del Blade de hablar con migrantes LGBTI en la caravana hasta ahora han resultado infructuosos.
El presidente Trump ha amenazado con cortar la ayuda estadounidense a Honduras, Guatemala y El Salvador si sus gobiernos no pararan a los migrantes de salir de sus países.
“Hoy hemos informado a los países de Honduras, Guatemala y El Salvador que si permiten a sus ciudadanos, o otros, viajen a través de sus fronteras y hasta los Estados Unidos, todos los pagos hechos a ellos PARARÁN (TERMINARÁN),” el proclamó el 16 de octubre en un tweet.
We have today informed the countries of Honduras, Guatemala and El Salvador that if they allow their citizens, or others, to journey through their borders and up to the United States, with the intention of entering our country illegally, all payments made to them will STOP (END)!
— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 17, 2018
Trump el 18 de octubre dijo que “llamaría el ejército estadounidense y cerraría nuestra frontera sur” si el gobierno mexicano no “detuviera este ataque.” También describió a los migrantes como “un gran flujo de personas, incluidos muchos criminales.”
El gobierno mexicano ha empezado de procesar a los migrantes que han entrado el país desde Guatemala. El secretario de Estado de los EEUU Mike Pompeo el 18 de octubre en un comunicado dijo que los EEUU agradece el anuncio del gobierno mexicano que trabajará con el Alto Comisionado para los Refugiados de la ONU “para abordar los problemas de inmigración en la región, incluida la afluencia de personas que llegan a México.”
Pompeo el 19 de octubre habló más sobre los migrantes durante una conferencia de prensa con su homólogo mexicano, Luis Videgaray, en la Ciudad de México.
“El desafío relacionado con asegurar nuestra frontera sur también es un desafío para la soberanía estadounidense,” dijo Pompeo. “Tenemos que arreglar las leyes de los EEUU para poder manejar esto correctamente también. Esa es una carga estadounidense, una carga exclusivamente estadounidense y como dijo el presidente Trump, es algo que debemos abordar dentro de nuestro país para asegurarnos de que lo hagamos bien. Si lo hacemos bien, también mejoraremos la relación material entre nuestros dos países.”
Pompeo más tarde dijo a los reporteros antes de salir de la Ciudad de México que el saliente presidente mexicano Enrique Peña Nieto desplegó 500 policías federales a la frontera de su país con Guatemala. Pompeo también notó que cuatro de ellos resultaron heridos el 19 de octubre durante los enfrentamientos con migrantes que intentaban entrar a México.
“Entendemos que para ser precisos,” dijo Pompeo. “No sabemos la gravedad de esas lesiones, pero quiero expresar mi simpatía a esos cuatro policías. Eso es evidencia de lo que realmente es. Este es un grupo, un gran grupo de personas; están colocando a mujeres y niños frente a la caravana para usarlos como escudos mientras se abren paso. Este es un esfuerzo organizado para superar y violar la soberanía de México, por lo que estamos preparados para hacer todo lo que podamos para apoyar las decisiones que México tome sobre cómo abordarán este tema tan serio e importante para su país.”
Caravana se convierte en tema de las elecciones ‘midterm’
La caravana salió de Honduras menos de un mes antes de las elecciones “midterm” de los EEUU.
El presidente hondureño Juan Orlando Hernández y el vicepresidente salvadoreño Óscar Ortiz el 11 de octubre reiteraron las preocupaciones de sus gobiernos sobre la separación de los niños de sus padres migrantes bajo la política migratoria “tolerancia cero” de Trump cuando hablaron durante una conferencia al Departamento de Estado que se enfocó en la prosperidad y la seguridad en Centroamérica. El vicepresidente Trump, que habló a la conferencia con Pompeo, de nuevo instó a los países en el Triángulo Norte — Honduras, Guatemala y El Salvador — para frenar el flujo de migrantes.
“Los líderes en esta sala, los gobiernos que representan, deben decirle a su gente que no ponga a sus familiares en riesgo al tomar el peligroso viaje al norte para intentar entrar los Estados Unidos ilegalmente,” dijo Pence. “La verdad es que tu mensaje probablemente se puede resumir diciéndoles que si no pueden venir legalmente a los Estados Unidos legalmente, no deberían hacerlo. Dígalo con fuerza y dígalo con compasión como vecinos y como amigos porque es la verdad.”
El gobierno hondureño en un comunicado que emitió el 16 de octubre dijo la caravana “fue organizada por sectores políticos con falsas promesas de otorgar visa humanitaria para transitar por territorio mexicano y acogerse a una figura de asilo en los Estados Unidos.”
Activistas in Honduras durante el pasado año han dicho al Blade que el gobierno hondureño no ha hecho lo suficiente para combatir la violencia, la discriminación y la falta de oportunidades económicas que han dicho provocan a miembros de la comunidad LGBTI de salir del país. Los activistas también notaron que más de 30 personas murieron en manifestaciones violentas que se realizaron por Honduras el pasado noviembre después de la reelección cuestionada de Hernández.
El gobierno hondureño en su comunicado insta a los migrantes a “no poner en riesgo su vida ni la de sus hijos en una ruta de dolor y muerte, dominada por condiciones adversas como hambre, calor extremo, frío, fatiga, enfermedades y expuestos a ser víctimas de traficantes de personas, órganos, redes criminales, de prostitución y narcotráfico.” El gobierno hondureño también dijo que “continuamos brindando la asistencia (a migrantes) para retornar a sus comunidades.”
Mas de 10.000 salvadoreños ahora viven en Washington.
La alcaldesa de Washington Muriel Bowser en enero criticó a la administración de Trump para terminar el Estatus de Protección Temporal (TPS en inglés) que ha permitido casi 200.000 salvadoreños de recibir permisos de residencia que les han permitido permanecer en los EEUU. Bowser en agosto viajó a El Salvador y reiteró que su administración continuará ayudar a los migrantes en Washington.

Una activista de derechos humanos está con un grupo de migrantes que salieron de San Pedro Sula, Honduras, el 14 de octubre de 2018.
Mujer trans que murió bajo custodia EEUU era parte de otra caravana
Los migrantes que salieron de San Pedro Sula el 14 de octubre son parte de la última caravana de la región.
Roxana Hernández, una mujer trans con VIH que fue detenida por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP en inglés) de Estados Unidos el 9 de mayo cuando pidió asilo al puerto de entrada de San Ysidro cerca de San Diego, era parte de una caravana de 300 personas que viajó a la frontera estadounidense. Hernández murió en un hospital en Nuevo México unas semanas después cuando ella estaba bajo la custodia de la Oficina de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE en inglés).
Un grupo de 16 migrantes trans y gay de Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala y México que se llamaban la Primera Caravana Trans Gay Migrante pidió asilo en Nogales, Arizona, el 10 de agosto de 2017.
Violencia contra la comunidad LGBTI sigue siendo común en el Triángulo Norte. La discriminación basada en la orientación sexual y la identidad de género, la pobreza y una falta de acceso a educación y cuidado de la salid están entre la miríada temas que se enfrenta la comunidad LGBTI de la región.
Salvadoreños, hondureños y guatemaltecos LGBTI están entre la más de 225.000 migrantes que han tratado de ingresar a los EEUU durante el pasado año, aunque activistas en los tres países han dicho al Blade la política migratoria de la administración Trump sigue provocar el miedo por el Triángulo Norte.
La actual política migratoria estadounidense también ha impulsado a los migrantes LGBTI de Centroamérica de quedarse en México y pedir asilo allá.

Una foto de Roxana Hernández, una mujer trans que murió bajo la custodia de la Oficina de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE en inglés) en mayo de 2018, está en Colectivo Unidad Color Rosa, un grupo LGBTI en San Pedro Sula, Honduras. (Foto de Washington Blade por Michael K. Lavers)
New York
Court orders Pride flag to return to Stonewall
Lambda Legal, Washington Litigation Group filed federal lawsuit
The Pride flag will once again fly over the Stonewall National Monument in New York following a court order requiring the National Park Service to raise it over the site.
The decision follows a lawsuit filed by Lambda Legal and the Washington Litigation Group in the U.S. District Court for the Southern District of New York, which challenged the removal as unconstitutional under the Administrative Procedure Act and argued that the government unlawfully targeted the LGBTQ community.
In February, the NPS removed the Pride flag from the Stonewall National Monument, the first national monument dedicated to LGBTQ rights and history in the U.S. The move followed a Jan. 21 memorandum issued by President Donald Trump-appointed NPS Director Jessica Bowron restricting which flags may be flown at national parks. The directive limited displays to official government flags, with narrow exceptions for those deemed to serve an “official purpose.”
Plaintiffs successfully argued that the Pride flag meets that standard, given Stonewall’s status as the birthplace of the modern LGBTQ rights movement. They also contended that the policy violated the APA by bypassing required public input and improperly applying agency rules.
The lawsuit named Interior Secretary Doug Burgum, Bowron, and Amy Sebring, superintendent of Manhattan sites for the NPS, as defendants. Plaintiffs included the Gilbert Baker Foundation, Village Preservation, Equality New York, and several individuals.
The court found that the memorandum — while allowing limited exceptions for historical context purposes — was applied unlawfully in this case. As part of the settlement, the NPS is required to rehang the Pride flag on the monument’s official flagpole within seven days, where it will remain permanently.
“The sudden, arbitrary, and capricious removal of the Pride flag from the Stonewall National Monument was yet another act by this administration to erase the LGBTQ+ community,” said Karen Loewy, co-counsel for plaintiffs and Lambda Legal’s Senior Counsel and Director of Constitutional Law Practice. “Today, the government has pledged to restore this important symbol back to where it belongs.”
“This is a complete victory for our clients and for the LGBTQ+ community,” said Alexander Kristofcak, lead counsel for plaintiffs and a lawyer with Washington Litigation Group. “The government has acknowledged what we argued from day one: the Pride flag belongs at Stonewall. The flag will be restored and it will fly officially and permanently. And we will remain vigilant to ensure that the government sticks to the deal.”
“Gilbert Baker created the Rainbow Pride flag as a symbol of hope and liberation,” said Charles Beal, president of the Gilbert Baker Foundation. “Today, that symbol is restored to the place where it belongs, standing watch over the birthplace of the modern LGBTQ+ rights movement.”
“The government tried to erase an important symbol of the LGBTQ+ community, and the community said no,” said Amanda Babine, executive director of Equality New York. “Today’s accomplishment proves that when we stand together and fight back, we win.”
“The removal of the Pride flag from Stonewall was an attempt to erase LGBTQ+ history and undermine the rule of law,” said Andrew Berman, executive director of Village Preservation. “This settlement restores both.”
With Loewy on the complaint are Douglas F. Curtis, Camilla B. Taylor, Omar Gonzalez-Pagan, Kenneth D. Upton Jr., Jennifer C. Pizer, and Nephetari Smith from Lambda Legal. With Kristofcak on the complaint are Mary L. Dohrmann, Sydney Foster, Kyle Freeny, James I. Pearce, and Nathaniel Zelinsky from Washington Litigation Group.
Sri Lanka
Sri Lankan government withdraws support for LGBTQ tourism initiative
Prominent religious leaders criticized campaign
The Sri Lankan government has withdrawn its support for an initiative that encourages LGBTQ tourists to visit the country.
The Sri Lanka Tourism Development Authority last September partnered with Equal Ground, an LGBTQ rights group, on the initiative.
The Daily Mirror, a Sri Lankan newspaper, reported Sri Lanka Development Authority Chair Buddhika Hewawasam in a letter to Equal Ground Executive Director Rosanna Flamer-Caldera said his agency recognizes “the potential of this project to diversify our tourism markets and position Sri Lanka as a safe, inclusive, and welcoming destination for all travelers.”
Cardinal Malcolm Ranjith, the archbishop of Colombo, along other prominent Christian and Buddhist leaders criticized the initiative. Attorney General Parinda Ranasinghe on Feb. 10 indicated the Sri Lanka Tourism Development Authority had rescinded its support for the campaign.
Flamer-Caldera on April 10 acknowledged the criticism over the initiative but added “the fact that the letter has been rescinded doesn’t make any difference.”
“We’re still doing work with the tourism industry who have basically opened up to us and are willing participants in the project,” said Flamer-Caldera. “They realize the potential of the boost to our tourism industry as well as boosting our economy.”
Sections 365 and 365A of Sri Lanka’s colonial-era penal code criminalizes consensual same-sex sexual relations.
The U.N. Committee on the Elimination of Discrimination Against Women in 2022 ruled the criminalization law violated Flamer-Caldera’s rights. The Sri Lankan Supreme Court in 2023 said a bill that would decriminalize homosexuality is constitutional.
Transgender people in Sri Lanka since 2016 have been able to request a Gender Recognition Certificate that allows them to legally change their name and gender on ID cards. Flamer-Caldera noted to the Blade that LGBTQ rights opponents have challenged the Gender Recognition Certificate in the Supreme Court.
Federal Government
Trump budget targets ‘gender extremism’
Proposed spending package would target ‘leftist’ political ideologies
The White House submitted its 2027 budget request to Congress last month, outlining a push for the Federal Bureau of Investigation to “proactively” target what it describes as “extremism” related to gender — raising concerns about the potential for law enforcement to target LGBTQ people.
The Trump-Vance administration’s 2027 budget request, submitted to Congress on April 4, proposes a dramatic increase in national security and law enforcement spending, while reducing foreign aid and restructuring multiple domestic security programs. In total, the administration is requesting $2.16 trillion in discretionary budget authority (including mandatory resources), a 15.3 percent increase over the 2026 proposal.
Central to the proposal is the creation of a new “NSPM-7 Joint Mission Center,” a direct follow-up to the September 2025 National Security Presidential Memorandum 7 (NSPM-7). The directive instructs the Justice Department, the FBI, and other national security agencies to combat what the administration defines as “political violence in America,” effectively reshaping the Joint Terrorism Task Force network to focus on “leftist” political ideologies, according to reporting by independent journalist Ken Klippenstein.
The American Civil Liberties Union has characterized NSPM-7 as a way for President Donald Trump to intimidate his political enemies.
In a press release following the memorandum, Hina Shamsi, director of the ACLU’s National Security Project, said, “President Trump has launched yet another effort to investigate and intimidate his critics,” and had described the move as an “intimidation tactic against those standing up for human rights and civil liberties.”
The proposed mission center would include personnel from 10 federal agencies tasked with targeting “domestic terrorists” associated with a wide range of ideologies. Among them is what the administration labels “extremism” related to gender, alongside categories such as “anti-Americanism,” “anti-capitalism,” “anti-Christianity,” and “support for the overthrow of the U.S. government.” The document also cites “hostility toward those who hold traditional American views” on family, religion, and morality — language LGBTQ advocates have increasingly warned could be used to frame queer and transgender rights movements as ideological threats.
The mission center is one component of a proposed $166 million increase in the FBI’s counterterrorism budget.
In total, the FBI would receive $12.5 billion for salaries and expenses under the proposal, a $1.9 billion increase. Planned investments include unmanned aerial systems operations and counter-drone capabilities, counterterrorism efforts, and security preparations for the 2028 Summer Olympics in Los Angeles. The budget also cites 67,000 FBI arrests since Jan. 20, 2026, which it describes as a 197 percent increase from the prior year.
When Congress passed the USA PATRIOT Act in 2001, it also enacted 18 U.S.C. § 2331(5), which defines domestic terrorism as activities involving acts dangerous to human life that violate criminal laws and are intended to intimidate or coerce civilians or influence government policy through violence. That statutory definition has not changed.
However, federal agencies have historically categorized domestic terrorism threats into groups such as racially or ethnically motivated violent extremism, anti-government or anti-authority violent extremism, and other threats, including those tied to bias based on religion, gender, or sexual orientation.
The language in the budget suggests a shift in how those categories are interpreted and applied — particularly by explicitly linking “extremism” to gender and to perceived opposition to “traditional” views — without any corresponding change to federal law. Only Congress has the power to change the definition of domestic terrorism by passing legislation.
The budget document states:
“DT lone offenders will continue to pose significant detection and disruption challenges because of their capacity for independent radicalization to violence, ability to mobilize discretely, and access to firearms. Additionally, in recent years, heinous assassinations and other acts of political violence in the United States have dramatically increased. Commonly, this violent conduct relates to views associated with anti-Americanism, anti-capitalism, and anti-Christianity; support for the overthrow of the U.S. government; extremism on migration, race, and gender; and hostility toward those who hold traditional American views on family, religion, and morality.”
This language echoes earlier actions by the Trump-Vance administration targeting trans people.
On the first day of his second term, President Trump signed Executive Order 14168, titled “Defending Women from Gender Ideology Extremism and Restoring Biological Truth to the Federal Government.”
The order establishes a strict binary definition of sex and withdraws federal recognition of trans people.
“It is the policy of the United States to recognize two sexes, male and female,” the order states. “‘Sex’ shall refer to an individual’s immutable biological classification as either male or female. ‘Sex’ is not a synonym for and does not include the concept of ‘gender identity.’”
Appropriations committees in both chambers are expected to begin hearings in the coming weeks.
