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Nueva caravana de migrantes sale de Centroamérica

Grupo que viaja hacia EEUU tiene personas LGBTI

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Una caravana de más de 4.000 personas salió de San Pedro Sula, Honduras, el 14 de octubre de 2018. Activistas en Honduras han dicho al Washington Blade que algunos de los migrantes en la caravana son miembros de la comunidad LGBTI.

Miles de migrantes con la esperanza de ingresar a los EEUU salieron de Honduras el 14 de octubre.

Reportes indican que la caravana de migrantes que salió de la ciudad hondureña de San Pedro Sula llegó a la frontera entre Guatemala y México el 19 de octubre.

Activistas en San Pedro Sula y la capital hondureña de Tegucigalpa dijeron al Washington Blade la semana pasada que hay más de 4.000 migrantes en la caravana. Los activistas también dijeron que algunos de los migrantes son LGBTI.

Los intentos del Blade de hablar con migrantes LGBTI en la caravana hasta ahora han resultado infructuosos.

El presidente Trump ha amenazado con cortar la ayuda estadounidense a Honduras, Guatemala y El Salvador si sus gobiernos no pararan a los migrantes de salir de sus países.

“Hoy hemos informado a los países de Honduras, Guatemala y El Salvador que si permiten a sus ciudadanos, o otros, viajen a través de sus fronteras y hasta los Estados Unidos, todos los pagos hechos a ellos PARARÁN (TERMINARÁN),” el proclamó el 16 de octubre en un tweet.

Trump el 18 de octubre dijo que “llamaría el ejército estadounidense y cerraría nuestra frontera sur” si el gobierno mexicano no “detuviera este ataque.” También describió a los migrantes como “un gran flujo de personas, incluidos muchos criminales.”

El gobierno mexicano ha empezado de procesar a los migrantes que han entrado el país desde Guatemala. El secretario de Estado de los EEUU Mike Pompeo el 18 de octubre en un comunicado dijo que los EEUU agradece el anuncio del gobierno mexicano que trabajará con el Alto Comisionado para los Refugiados de la ONU “para abordar los problemas de inmigración en la región, incluida la afluencia de personas que llegan a México.”

Pompeo el 19 de octubre habló más sobre los migrantes durante una conferencia de prensa con su homólogo mexicano, Luis Videgaray, en la Ciudad de México.

“El desafío relacionado con asegurar nuestra frontera sur también es un desafío para la soberanía estadounidense,” dijo Pompeo. “Tenemos que arreglar las leyes de los EEUU para poder manejar esto correctamente también. Esa es una carga estadounidense, una carga exclusivamente estadounidense y como dijo el presidente Trump, es algo que debemos abordar dentro de nuestro país para asegurarnos de que lo hagamos bien. Si lo hacemos bien, también mejoraremos la relación material entre nuestros dos países.”

Pompeo más tarde dijo a los reporteros antes de salir de la Ciudad de México que el saliente presidente mexicano Enrique Peña Nieto desplegó 500 policías federales a la frontera de su país con Guatemala. Pompeo también notó que cuatro de ellos resultaron heridos el 19 de octubre durante los enfrentamientos con migrantes que intentaban entrar a México.

“Entendemos que para ser precisos,” dijo Pompeo. “No sabemos la gravedad de esas lesiones, pero quiero expresar mi simpatía a esos cuatro policías. Eso es evidencia de lo que realmente es. Este es un grupo, un gran grupo de personas; están colocando a mujeres y niños frente a la caravana para usarlos como escudos mientras se abren paso. Este es un esfuerzo organizado para superar y violar la soberanía de México, por lo que estamos preparados para hacer todo lo que podamos para apoyar las decisiones que México tome sobre cómo abordarán este tema tan serio e importante para su país.”

Caravana se convierte en tema de las elecciones ‘midterm’

La caravana salió de Honduras menos de un mes antes de las elecciones “midterm” de los EEUU.

El presidente hondureño Juan Orlando Hernández y el vicepresidente salvadoreño Óscar Ortiz el 11 de octubre reiteraron las preocupaciones de sus gobiernos sobre la separación de los niños de sus padres migrantes bajo la política migratoria “tolerancia cero” de Trump cuando hablaron durante una conferencia al Departamento de Estado que se enfocó en la prosperidad y la seguridad en Centroamérica. El vicepresidente Trump, que habló a la conferencia con Pompeo, de nuevo instó a los países en el Triángulo Norte — Honduras, Guatemala y El Salvador — para frenar el flujo de migrantes.

“Los líderes en esta sala, los gobiernos que representan, deben decirle a su gente que no ponga a sus familiares en riesgo al tomar el peligroso viaje al norte para intentar entrar los Estados Unidos ilegalmente,” dijo Pence. “La verdad es que tu mensaje probablemente se puede resumir diciéndoles que si no pueden venir legalmente a los Estados Unidos legalmente, no deberían hacerlo. Dígalo con fuerza y dígalo con compasión como vecinos y como amigos porque es la verdad.”

El gobierno hondureño en un comunicado que emitió el 16 de octubre dijo la caravana “fue organizada por sectores políticos con falsas promesas de otorgar visa humanitaria para transitar por territorio mexicano y acogerse a una figura de asilo en los Estados Unidos.”

Activistas in Honduras durante el pasado año han dicho al Blade que el gobierno hondureño no ha hecho lo suficiente para combatir la violencia, la discriminación y la falta de oportunidades económicas que han dicho provocan a miembros de la comunidad LGBTI de salir del país. Los activistas también notaron que más de 30 personas murieron en manifestaciones violentas que se realizaron por Honduras el pasado noviembre después de la reelección cuestionada de Hernández.

El gobierno hondureño en su comunicado insta a los migrantes a “no poner en riesgo su vida ni la de sus hijos en una ruta de dolor y muerte, dominada por condiciones adversas como hambre, calor extremo, frío, fatiga, enfermedades y expuestos a ser víctimas de traficantes de personas, órganos, redes criminales, de prostitución y narcotráfico.” El gobierno hondureño también dijo que “continuamos brindando la asistencia (a migrantes) para retornar a sus comunidades.”

Mas de 10.000 salvadoreños ahora viven en Washington.

La alcaldesa de Washington Muriel Bowser en enero criticó a la administración de Trump para terminar el Estatus de Protección Temporal (TPS en inglés) que ha permitido casi 200.000 salvadoreños de recibir permisos de residencia que les han permitido permanecer en los EEUU. Bowser en agosto viajó a El Salvador y reiteró que su administración continuará ayudar a los migrantes en Washington.

Una activista de derechos humanos está con un grupo de migrantes que salieron de San Pedro Sula, Honduras, el 14 de octubre de 2018.

Mujer trans que murió bajo custodia EEUU era parte de otra caravana

Los migrantes que salieron de San Pedro Sula el 14 de octubre son parte de la última caravana de la región.

Roxana Hernández, una mujer trans con VIH que fue detenida por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP en inglés) de Estados Unidos el 9 de mayo cuando pidió asilo al puerto de entrada de San Ysidro cerca de San Diego, era parte de una caravana de 300 personas que viajó a la frontera estadounidense. Hernández murió en un hospital en Nuevo México unas semanas después cuando ella estaba bajo la custodia de la Oficina de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE en inglés).

Un grupo de 16 migrantes trans y gay de Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala y México que se llamaban la Primera Caravana Trans Gay Migrante pidió asilo en Nogales, Arizona, el 10 de agosto de 2017.

Violencia contra la comunidad LGBTI sigue siendo común en el Triángulo Norte. La discriminación basada en la orientación sexual y la identidad de género, la pobreza y una falta de acceso a educación y cuidado de la salid están entre la miríada temas que se enfrenta la comunidad LGBTI de la región.

Salvadoreños, hondureños y guatemaltecos LGBTI están entre la más de 225.000 migrantes que han tratado de ingresar a los EEUU durante el pasado año, aunque activistas en los tres países han dicho al Blade la política migratoria de la administración Trump sigue provocar el miedo por el Triángulo Norte.

La actual política migratoria estadounidense también ha impulsado a los migrantes LGBTI de Centroamérica de quedarse en México y pedir asilo allá.

Una foto de Roxana Hernández, una mujer trans que murió bajo la custodia de la Oficina de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE en inglés) en mayo de 2018, está en Colectivo Unidad Color Rosa, un grupo LGBTI en San Pedro Sula, Honduras. (Foto de Washington Blade por Michael K. Lavers)

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Maryland

Baltimore Heritage wants Md. LGBTQ historical sites added to National Registry

Mary Elizabeth Garrett’s Mount Vernon home among historical sites

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A Baltimore Pride 2025 float. Baltimore Heritage is working to add the state's LGBTQ historical sites to the National Register of Historic Places. (Washington Blade photo by Michael Key)

Baltimore Heritage is continuing its mission to preserve Maryland’s LGBTQ history.

The group, using documentation, is attempting to get statewide LGBTQ historical sites listed on the National Registry of Historic Places. Kentucky was the first state to make this effort, using a similar study to Maryland, which outlined a comprehensive list of LGBTQ heritage sites. 

Baltimore Heritage, a local non-profit, 15 years ago began its efforts to promote LGBTQ heritage within the local community, mainly with walking tours to sites important to LGBTQ history. Preservation Maryland in 2018 received a grant, and Susan Ferentinos spent two years compiling a comprehensive list of LGBTQ historical sites, later published in 2022. 

Suffragist Mary Elizabeth Garrett’s Mount Vernon home is one of the examples of the LGBTQ historical sites. 

Although Garrett never labeled herself, she was involved in same-sex relationships, was a leader in the feminist movement, and played a large role in advancing education for women. 

Although the effort has been ongoing, Baltimore Heritage Executive Director Johns Hopkins explained that Baltimore Heritage and its partners’ goal is to add Maryland to the public conversation on LGBTQ history. 

“Bringing a little bit of a spotlight to some of the sites that are important, locally and nationally, would be meeting a goal of trying to have a broader, more in-depth public discussion around LGBTQ history, so we all know where we’re coming from,” said Hopkins.

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State Department

Democracy Forward files FOIA request for State Department bathroom policy records

April 20 memo outlined anti-transgender rule

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(Photo courtesy of the Library of Congress)

Democracy Forward on Tuesday filed a Freedom of Information Act request for records on the State Department’s new bathroom policy.

A memo titled “Updates Regarding Biological Sex and Intimate Spaces, Including Restrooms” that the State Department issued on April 20 notes employees can no longer use bathrooms that correspond with their gender identity.

“The administration affirms that there are two sexes — male and female — and that federal facilities should operate on this objective and longstanding basis to ensure consistency, privacy, and safety in shared spaces,” State Department spokesperson Tommy Piggot told the Daily Signal, a conservative news website that first reported on the memo. “In line with President Trump’s executive order this provides clear, uniform guidance to the department by grounding policy in biological sex as determined at birth.”

President Donald Trump shortly after he took office in January 2025 issued an executive order that directed the federal government to only recognize two genders: male and female. The sweeping directive also ordered federal government agencies to “effectuate this policy by taking appropriate action to ensure that intimate spaces designated for women, girls, or females (or for men, boys, or males) are designated by sex and not identity.”

Democracy Forward’s FOIA request that the Washington Blade exclusively obtained on Tuesday is specifically seeking a copy of the memo that details the State Department’s new bathroom policy. Democracy Forward has also requested “all” memo-specific communications between the State Department’s Bureau of Global Public Affairs and the Daily Signal from April 1-21.

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Federal Government

House Republicans push nationwide ‘Don’t Say Gay’ bill

Measures would restrict federal funding for LGBTQ-affirming schools

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(Washington Blade photo by Michael Key)

Republicans have been gaining ground in reshaping education policy to be less inclusive toward LGBTQ students at the state level, and now they are turning their focus to Capitol Hill.

Some GOP lawmakers are pushing for a nationwide “Don’t Say Gay” bill, doubling down on their commitment to being the party of “traditional family values” by excluding anyone who does not identify with their sex at birth.

The largest anti-LGBTQ education legislation to reach the House chamber is House Bill 2616 — the Parental Rights Over the Education and Care of Their Kids Act, or the PROTECT Kids Act. The PROTECT Kids Act, proposed by U.S. Rep. Tim Walberg (R-Mich.), and co-sponsored by U.S. Reps. Burgess Owens (R-Utah), Mary Miller (R-Ill.), Robert Onder (R-Mo.), and Kevin Kiley (R-Calif.), would require any public elementary and middle schools that receive federal funding to require parental consent to change a child’s gender expression in school.

The bill, which was discussed during Tuesday’s House Rules Committee hearing, would specifically require any schools that get federal money from the Elementary and Secondary Education Act of 1965 — which was created to minimize financial discrepancies in education for low-income students — to get parental approval before identifying any child’s gender identity as anything other than what was provided to the school initially. This includes getting approval before allowing children to use their preferred locker room or bathroom.

It reads that any school receiving this funding “shall obtain parental consent before changing a covered student’s (1) gender markers, pronouns, or preferred name on any school form; or (2) sex-based accommodations, including locker rooms or bathrooms.”

LGBTQ rights advocates have criticized both national and state efforts to require parental permission to use a child’s preferred gender identity, as it raises issues of at-home safety — especially if the home is not LGBTQ-affirming — and could lead to the outing of transgender or gender-curious students.

A follow-up bill, HB 2617, proposed by Owens, one of the bill’s co-sponsors, prevents the use of federal funding to “advance concepts related to gender ideology,” using the definition from President Donald Trump’s 2025 Executive Order 14168, making that an enshrined definition in law of sex rather than just by executive order. There is also a bill making its way through the senate with the same text— Senate Bill 2251.

Advocates have also criticized this follow-up legislation, as it would restrict school staff — including teachers and counselors — from acknowledging trans students’ identities or providing any support. They have said that this kind of isolation can worsen mental health outcomes for LGBTQ youth and allows for education to be politicized rather than being based in reality.

David Stacy, the Human Rights Campaign’s vice president of government affairs, called this legislation out for using LGBTQ children as political pawns in an ideology fight — one that could greatly harm the safety of these children if passed.

“Trans kids are not a political agenda — they are students who deserve safety and affirmation at school like anyone else,” Stacy said in a statement. “Despite the many pressing issues facing our nation, House Republicans continue their bizarre obsession with trans people. H.R. 2616 does not protect children. It targets them. This bill is cruel, and we’re prepared to fight it.”

This is similar to Florida House Bills 1557 and 1069, referred to as the “Don’t Say Gay” bill and “Don’t Say They” bill, respectively, restricting classroom discussions on sexual orientation and gender identity, prohibiting the use of pronouns consistent with one’s gender identity, expanding book banning procedures, and censoring health curriculum.

The American Civil Liberties Union is tracking 233 bills related to restricting student and educator rights in the U.S.

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