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Nueva caravana de migrantes sale de Centroamérica

Grupo que viaja hacia EEUU tiene personas LGBTI

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Una caravana de más de 4.000 personas salió de San Pedro Sula, Honduras, el 14 de octubre de 2018. Activistas en Honduras han dicho al Washington Blade que algunos de los migrantes en la caravana son miembros de la comunidad LGBTI.

Miles de migrantes con la esperanza de ingresar a los EEUU salieron de Honduras el 14 de octubre.

Reportes indican que la caravana de migrantes que salió de la ciudad hondureña de San Pedro Sula llegó a la frontera entre Guatemala y México el 19 de octubre.

Activistas en San Pedro Sula y la capital hondureña de Tegucigalpa dijeron al Washington Blade la semana pasada que hay más de 4.000 migrantes en la caravana. Los activistas también dijeron que algunos de los migrantes son LGBTI.

Los intentos del Blade de hablar con migrantes LGBTI en la caravana hasta ahora han resultado infructuosos.

El presidente Trump ha amenazado con cortar la ayuda estadounidense a Honduras, Guatemala y El Salvador si sus gobiernos no pararan a los migrantes de salir de sus países.

“Hoy hemos informado a los países de Honduras, Guatemala y El Salvador que si permiten a sus ciudadanos, o otros, viajen a través de sus fronteras y hasta los Estados Unidos, todos los pagos hechos a ellos PARARÁN (TERMINARÁN),” el proclamó el 16 de octubre en un tweet.

Trump el 18 de octubre dijo que “llamaría el ejército estadounidense y cerraría nuestra frontera sur” si el gobierno mexicano no “detuviera este ataque.” También describió a los migrantes como “un gran flujo de personas, incluidos muchos criminales.”

El gobierno mexicano ha empezado de procesar a los migrantes que han entrado el país desde Guatemala. El secretario de Estado de los EEUU Mike Pompeo el 18 de octubre en un comunicado dijo que los EEUU agradece el anuncio del gobierno mexicano que trabajará con el Alto Comisionado para los Refugiados de la ONU “para abordar los problemas de inmigración en la región, incluida la afluencia de personas que llegan a México.”

Pompeo el 19 de octubre habló más sobre los migrantes durante una conferencia de prensa con su homólogo mexicano, Luis Videgaray, en la Ciudad de México.

“El desafío relacionado con asegurar nuestra frontera sur también es un desafío para la soberanía estadounidense,” dijo Pompeo. “Tenemos que arreglar las leyes de los EEUU para poder manejar esto correctamente también. Esa es una carga estadounidense, una carga exclusivamente estadounidense y como dijo el presidente Trump, es algo que debemos abordar dentro de nuestro país para asegurarnos de que lo hagamos bien. Si lo hacemos bien, también mejoraremos la relación material entre nuestros dos países.”

Pompeo más tarde dijo a los reporteros antes de salir de la Ciudad de México que el saliente presidente mexicano Enrique Peña Nieto desplegó 500 policías federales a la frontera de su país con Guatemala. Pompeo también notó que cuatro de ellos resultaron heridos el 19 de octubre durante los enfrentamientos con migrantes que intentaban entrar a México.

“Entendemos que para ser precisos,” dijo Pompeo. “No sabemos la gravedad de esas lesiones, pero quiero expresar mi simpatía a esos cuatro policías. Eso es evidencia de lo que realmente es. Este es un grupo, un gran grupo de personas; están colocando a mujeres y niños frente a la caravana para usarlos como escudos mientras se abren paso. Este es un esfuerzo organizado para superar y violar la soberanía de México, por lo que estamos preparados para hacer todo lo que podamos para apoyar las decisiones que México tome sobre cómo abordarán este tema tan serio e importante para su país.”

Caravana se convierte en tema de las elecciones ‘midterm’

La caravana salió de Honduras menos de un mes antes de las elecciones “midterm” de los EEUU.

El presidente hondureño Juan Orlando Hernández y el vicepresidente salvadoreño Óscar Ortiz el 11 de octubre reiteraron las preocupaciones de sus gobiernos sobre la separación de los niños de sus padres migrantes bajo la política migratoria “tolerancia cero” de Trump cuando hablaron durante una conferencia al Departamento de Estado que se enfocó en la prosperidad y la seguridad en Centroamérica. El vicepresidente Trump, que habló a la conferencia con Pompeo, de nuevo instó a los países en el Triángulo Norte — Honduras, Guatemala y El Salvador — para frenar el flujo de migrantes.

“Los líderes en esta sala, los gobiernos que representan, deben decirle a su gente que no ponga a sus familiares en riesgo al tomar el peligroso viaje al norte para intentar entrar los Estados Unidos ilegalmente,” dijo Pence. “La verdad es que tu mensaje probablemente se puede resumir diciéndoles que si no pueden venir legalmente a los Estados Unidos legalmente, no deberían hacerlo. Dígalo con fuerza y dígalo con compasión como vecinos y como amigos porque es la verdad.”

El gobierno hondureño en un comunicado que emitió el 16 de octubre dijo la caravana “fue organizada por sectores políticos con falsas promesas de otorgar visa humanitaria para transitar por territorio mexicano y acogerse a una figura de asilo en los Estados Unidos.”

Activistas in Honduras durante el pasado año han dicho al Blade que el gobierno hondureño no ha hecho lo suficiente para combatir la violencia, la discriminación y la falta de oportunidades económicas que han dicho provocan a miembros de la comunidad LGBTI de salir del país. Los activistas también notaron que más de 30 personas murieron en manifestaciones violentas que se realizaron por Honduras el pasado noviembre después de la reelección cuestionada de Hernández.

El gobierno hondureño en su comunicado insta a los migrantes a “no poner en riesgo su vida ni la de sus hijos en una ruta de dolor y muerte, dominada por condiciones adversas como hambre, calor extremo, frío, fatiga, enfermedades y expuestos a ser víctimas de traficantes de personas, órganos, redes criminales, de prostitución y narcotráfico.” El gobierno hondureño también dijo que “continuamos brindando la asistencia (a migrantes) para retornar a sus comunidades.”

Mas de 10.000 salvadoreños ahora viven en Washington.

La alcaldesa de Washington Muriel Bowser en enero criticó a la administración de Trump para terminar el Estatus de Protección Temporal (TPS en inglés) que ha permitido casi 200.000 salvadoreños de recibir permisos de residencia que les han permitido permanecer en los EEUU. Bowser en agosto viajó a El Salvador y reiteró que su administración continuará ayudar a los migrantes en Washington.

Una activista de derechos humanos está con un grupo de migrantes que salieron de San Pedro Sula, Honduras, el 14 de octubre de 2018.

Mujer trans que murió bajo custodia EEUU era parte de otra caravana

Los migrantes que salieron de San Pedro Sula el 14 de octubre son parte de la última caravana de la región.

Roxana Hernández, una mujer trans con VIH que fue detenida por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP en inglés) de Estados Unidos el 9 de mayo cuando pidió asilo al puerto de entrada de San Ysidro cerca de San Diego, era parte de una caravana de 300 personas que viajó a la frontera estadounidense. Hernández murió en un hospital en Nuevo México unas semanas después cuando ella estaba bajo la custodia de la Oficina de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE en inglés).

Un grupo de 16 migrantes trans y gay de Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala y México que se llamaban la Primera Caravana Trans Gay Migrante pidió asilo en Nogales, Arizona, el 10 de agosto de 2017.

Violencia contra la comunidad LGBTI sigue siendo común en el Triángulo Norte. La discriminación basada en la orientación sexual y la identidad de género, la pobreza y una falta de acceso a educación y cuidado de la salid están entre la miríada temas que se enfrenta la comunidad LGBTI de la región.

Salvadoreños, hondureños y guatemaltecos LGBTI están entre la más de 225.000 migrantes que han tratado de ingresar a los EEUU durante el pasado año, aunque activistas en los tres países han dicho al Blade la política migratoria de la administración Trump sigue provocar el miedo por el Triángulo Norte.

La actual política migratoria estadounidense también ha impulsado a los migrantes LGBTI de Centroamérica de quedarse en México y pedir asilo allá.

Una foto de Roxana Hernández, una mujer trans que murió bajo la custodia de la Oficina de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE en inglés) en mayo de 2018, está en Colectivo Unidad Color Rosa, un grupo LGBTI en San Pedro Sula, Honduras. (Foto de Washington Blade por Michael K. Lavers)

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Congress

Van Hollen speaks at ‘ICE Out for Good’ protest in D.C.

ICE agent killed Renee Nicole Good in Minneapolis on Jan. 7

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U.S. Sen. Chris Van Hollen (D-Md.) speaks at the 'ICE Out for Good' rally in D.C. (Washington Blade photo by Michael Key)

U.S. Sen. Chris Van Hollen (D-Md.) is among those who spoke at an “ICE Out for Good” protest that took place outside U.S. Customs and Border Protection’s headquarters in D.C. on Tuesday.

The protest took place six days after a U.S. Immigration and Customs Enforcement agent shot and killed Renee Nicole Good, a 37-year-old woman in Minneapolis.

Good left behind her wife and three children.

(Video by Michael K. Lavers)

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U.S. Supreme Court

Competing rallies draw hundreds to Supreme Court

Activists, politicians gather during oral arguments over trans youth participation in sports

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Hundreds gather outside the U.S. Supreme Court on Tuesday. (Washington Blade photo by Michael Key)

Hundreds of supporters and opponents of trans rights gathered outside of the United States Supreme Court during oral arguments for Little v. Hecox and West Virginia v. B.P.J. on Tuesday. Two competing rallies were held next to each other, with politicians and opposing movement leaders at each.

“Trans rights are human rights!” proclaimed U.S. Sen. Ed Markey (D-Mass.) to the crowd of LGBTQ rights supporters. “I am here today because trans kids deserve more than to be debated on cable news. They deserve joy. They deserve support. They deserve to grow up knowing that their country has their back.”

U.S. Sen. Ed Markey (D-Mass.) speaks outside of the U.S. Supreme Court on Tuesday. (Washington Blade photo by Michael Key)

“And I am here today because we have been down this hateful road before,” Markey continued. “We have seen time and time again what happens when the courts are asked to uphold discrimination. History eventually corrects those mistakes, but only after the real harm is done to human beings.”

View on Threads

U.S. Education Secretary Linda McMahon spoke at the other podium set up a few feet away surrounded by signs, “Two Sexes. One Truth.” and “Reality Matters. Biology Matters.”

“In just four years, the Biden administration reversed decades of progress,” said McMahon. “twisting the law to urge that sex is not defined by objective biological reality, but by subjective notion of gender identity. We’ve seen the consequences of the Biden administration’s advocacy of transgender agendas.”

From left, U.S. Education Secretary Linda McMahon and U.S. Rep. Mark Takano (D-Calif.) speak during the same time slot at competing rallies in front of the U.S. Supreme Court on Tuesday. Takano addresses McMahon directly in his speech. (Washington Blade photo by Michael Key)

U.S. Rep. Mark Takano (D-Calif.), chair of the Congressional Equality Caucus, was introduced on the opposing podium during McMahon’s remarks.

“This court, whose building that we stand before this morning, did something quite remarkable six years ago.” Takano said. “It did the humanely decent thing, and legally correct thing. In the Bostock decision, the Supreme Court said that trans employees exist. It said that trans employees matter. It said that Title VII of the Civil Rights Act protects employees from discrimination based on sex, and that discrimination based on sex includes discrimination based on gender identity and sexual orientation. It recognizes that trans people have workplace rights and that their livelihoods cannot be denied to them, because of who they are as trans people.”

“Today, we ask this court to be consistent,” Takano continued. “If trans employees exist, surely trans teenagers exist. If trans teenagers exist, surely trans children exist. If trans employees have a right not to be discriminated against in the workplace, trans kids have a right to a free and equal education in school.”

Takano then turned and pointed his finger toward McMahon.

“Did you hear that, Secretary McMahon?” Takano addressed McMahon. “Trans kids have a right to a free and equal education! Restore the Office of Civil Rights! Did you hear me Secretary McMahon? You will not speak louder or speak over me or over these people.”

Both politicians continued their remarks from opposing podiums.

“I end with a message to trans youth who need to know that there are adults who reject the political weaponization of hate and bigotry,” Takano said. “To you, I say: you matter. You are not alone. Discrimination has no place in our schools. It has no place in our laws, and it has no place in America.”

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District of Columbia

Ruby Corado sentenced to 33 months in prison

Former Casa Ruby director pleaded guilty to wire fraud in 2024

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Ruby Corado (Washington Blade photo by Ernesto Valle)

A federal judge on Jan. 13 sentenced Ruby Corado, the founder and former executive director of the now closed D.C. LGBTQ community services organization Casa Ruby, to 33 months of incarceration for a charge of wire fraud to which she pleaded guilty in July 2024.

U.S. District Court Judge Trevor M. McFadden handed down the sentence that had been requested by prosecutors with the Office of the U.S. Attorney for the District of Columbia after Corado’s sentencing had been postponed six times for various reasons.

The judge also sentenced her to 24 months of supervised release upon her completion of incarceration.  

In addition to the sentence of incarceration, McFadden agreed to a request by prosecutors to hold Corado responsible for “restitution” and “forfeiture” in the amount of $956,215 that prosecutors have said she illegally misappropriated from federal loans obtained by Casa Ruby.

The charge to which she pleaded guilty is based on allegations that she diverted at least $180,000 “in taxpayer backed emergency COVID relief funds to private offshore bank accounts,” according to court documents.  

Court records show FBI agents arrested Corado on March 5, 2024, at a hotel in Laurel, Md., shortly after she returned to the U.S. from El Salvador, where authorities say she moved in 2022. Prosecutors have said in charging documents that she allegedly fled to El Salvador, where she was born, after “financial irregularities at Casa Ruby became public,” and the LGBTQ organization ceased operating.

Shortly after her arrest, another judge agreed to release Corado into the custody of her niece in Rockville, Md., under a home detention order. But at an Oct. 14, 2025, court hearing at which the sentencing was postponed after Corado’s court appointed attorney withdrew from the case, McFadden ordered Corado to be held in jail until the time of her once again rescheduled sentencing.   

Her attorney at the time, Elizabeth Mullin, stated in a court motion that her reason for withdrawing from the case was an “irreconcilable breakdown in the attorney-client relationship.”

Corado’s newly retained attorney, Pleasant Brodnax, filed a 25-page defense Memorandum in Aid of Sentencing on Jan. 6, calling for the judge to sentence Corado only to the time she had already served in detention since October.  

Among other things, Brodnax’s defense memorandum disputes the claim by prosecutors that Corado improperly diverted as much as $956,215 from federally backed loans to Casa Ruby, saying the total amount Corado diverted was $200,000. Her memo also states that Corado diverted the funds to a bank account in El Salvador for the purpose of opening a Casa Ruby facility there, not to be used for her personally.

“Ms. Corado has accepted responsibility for transferring a portion of the loan disbursements into another account she operated and ultimately transferring a portion of the loan disbursements to an account in El Salvador,” the memo continues.

“Her purpose in transferring funds to El Salvador was to fund Casa Ruby programs in El Salvador,” it says, adding, “Of course, she acknowledges that the terms of the loan agreement did not permit her to transfer the funds to El Salvador for any purpose.”

In his own 16-page sentencing recommendation memo, Assistant U.S. Attorney John Borchert, the lead prosecutor in the case, said Corado’s action amounted at the least to fraud.

“The defendant and Casa Ruby received no less than $1.2 million in taxpayer backed funds during the COVID-19 global health crisis,” he memo states. “But rather than use those funds to support Casa Ruby’s mission as the defendant promised, the defendant further contributed to its demise by unlawfully transferring no less than $180,000 of these federal emergency relief funds into her own private offshore bank accounts,” it says.

“Then, when media reports suggested the defendant would be prosecuted for squandering Casa Ruby’s government funding, she sold her home and fled the country,” the memo states. “Meanwhile, the people who she had promised to pay with taxpayer-backed funds – her employees, landlord, and vendors – were left behind flat broke.”

A spokesperson for the U.S. Attorney’s office and Corado’s attorney didn’t immediately respond to a request from the Washington Blade for comment on the judge’s sentence. 

“Ms. Corado accepts full responsibility for her actions in this case,” defense attorney Brodnax says in her sentencing memo. “She acknowledges the false statements made in the loan applications and that she used some of the money outside the United States,” it says.

“However, the money was still utilized for the same purpose and intention as the funds used in the United States, to assist the LGBTQ community,” it states. “Ms. Corado did not use the money to buy lavish goods or fund a lavish lifestyle.”  

Brodnax also states in her memo that as a transgender woman, Corado could face abuse and danger in a correctional facility where she may be sent if sentenced to incarceration.   

“Ruby Corado committed a crime, she is now paying the price,” said D.C. LGBTQ rights advocate Peter Rosenstein. “While it is sad in many ways, we must remember she hurt the transgender community with what she did, and in many ways they all paid for her crime.”

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