Connect with us

News

Grupos LGBTI de El Salvador preocupados ante caravanas de migrantes

Organización trans emitió aviso el pasado mes

Published

on

Grupos LGBTI en El Salvador han expresado su preocupación sobre los caravanas de migrantes. (Foto del Washington Blade por Michael K. Lavers)

SAN SALVADOR, El Salvador — El pasado 28 de octubre, alrededor de las 8 de la mañana, equipados con sus mochilas y diferentes cosas para un largo viaje, partieron hombres, mujeres, niños y niñas desde la Plaza del Divino Salvador del Mundo en la capital salvadoreña en una caravana que se formó con rumbo hacia los EEUU. Pese a que el gobierno salvadoreño en un mensaje a la nación pidió no poner en riegos sus vidas con un viaje de este tipo, más de 300 personas decidieron arriesgarse a los peligros del camino, replicando la caravana de hondureños que salió el 13 de octubre de la ciudad de San Pedro Sula.

“Ponte de acuerdo con las personas que participarán de esta caravana,” fue el mensaje que la página de Facebook publicó el 24 de octubre. “Comenta de dónde eres para que los demás sepan y sea más fácil para todos llegar en grupos.”

“Hay gente de todo el país,” añadió. “El Salvador emigra por un futuro mejor.”

Dicha página entró en funciones desde el 16 de octubre, administrada por una persona sin identificarse. Alenta a personas que querían salir del país a crear y unirse a grupos de redes sociales para enterarse así de los grupos cercanos que se unirían a dicha caravana y así salir con ellos.

Esta situación comenzó a preocupar a diferentes personas y organizaciones de la sociedad civil, entre ellas las organizaciones LGBTI que conforman la Federación Salvadoreña LGBTI. COMCAVIS Trans tomó la iniciativa de publicar un aviso de advertencia para la población LGBTI.

“MIGRAR es un DERECHO pero hacerlo de forma irregular implica riesgos altos, especialmente para las personas LGBTI,” lea el aviso de COMCAVIS Trans en su página de Facebook.

“Algunas de las personas LGBTI viajan por mejorar sus condiciones económicas, ya que en El Salvador existe una discriminación evidente al acceso de trabajo para muchas de las personas LGBTI, especialmente para las mujeres transgénero, existe mucha inseguridad a su integridad física, asedio por pandillas, tratos crueles y abuso de autoridad por parte de policías, soldados,” comenta al Washington Blade Bianca Rodríguez, directora ejecutiva de COMCAVIS Trans.

Entre los enunciados del aviso mencionaban que ser una persona LGBTI no es garantía de recibir y/o refugio en los EEUU, a la vez hacían énfasis que el gobierno estadounidense ha lanzado una advertencia para todas las personas que entren de manera irregular, que serán detenidas y procesadas judicialmente para su deportación.

Por otro lado, Liduvina Magarin, viceministra del Ministerio de Relaciones Exteriores, declaró que brindarían “acompañamiento” al grupo de salvadoreños migrantes, con el único objetivo de que las familias salvadoreñas se informen, tomen una decisión responsable y no pongan en riesgo la vida de los niños y niñas en la ruta migratoria.

Pero el 31 de octubre se concentró otro número de personas en el mismo lugar para conformar una segunda caravana, con el mismo objetivo de buscar un futuro mejor para sus familias.

“Si normalmente corremos peligro en nuestro diario vivir, en las caravanas de arriesga el triple y no solo son o serán violentados en las fronteras por las autoridades o la delincuencia, sino también por los mismos que forman las caravanas,” comentó al Blade Aldo Peña de Hombres Trans HT.

“Yo no me iría para posiblemente morir en el camino, además que recuerden que en este país dejan a sus familias, y ellos seguirán viviendo las injusticias de este país,” agrega Peña.

COMCAVIS Trans ha emitido un aviso que insta a los migrantes LGBTI a no viajan a los EEUU con caravanas de migrantes.

Por su parte Camila Portillo, una activista trans, comenta al Blade que “no hay que detener el sueño de emigrar por un mejor futuro, si por ejemplo el Estado y el país no garantiza el desarrollo socio económico de la población LGBTI.”

“Práctica no se ejecutan de la forma correcta, aunque hayan personas en la disposición de apoyar a las personas LGBTI,” ella dijo.

“Acá hay mucho desplazamiento forzado internamente, por el tema de la violencia, así que no creo que sea una moda,” Portillo comenta al Blade. “Es más que todo una cuestión estructural de que el Estado no garantiza no solo a la población LGBTI sino a la población en general, pero que por ser una población en riesgo es más vulnerada, por eso el estado debe garantizar el bienestar de las personas.”

Portillo no pierde la esperanza que en los países donde pasen las caravanas logren tener la ayuda que necesitan y poder cumplir sus objetivos sin tener muchos obstáculos, que el Estado salvadoreño debe comenzar a depurar sus mismas estructuras llenas de corrupción, que hacen valer decretos y diferentes lineamientos que se han creado a favor de la población LGBTI, no solo tener todo por escrito, sino comenzar a ejecutarlo.

En la Declaración Universal de los Derechos Humanos en sus artículos 13 y 14 reivindica expresa que las personas tienen derecho a moverse libremente e incluso a buscar refugio y asilo en casos extremos donde su vida corre peligro.

“Ante los altos índices de violencia en El Salvador muchas de las personas que integran esa caravana tendrán sus propios motivos para migrar,” expresó Rodríguez. “Pero ante esta situación el Estado salvadoreño por lo menos debería coordinar con instituciones nacionales y asociaciones y organismos internacionales para brindar una protección durante su recorrido, que incluso los países que ellos transitan hacia EEUU (Guatemala, México) proteja sus derechos humanos.”

Al cierre de esta nota las personas de la primera caravana ya se encontraban en tierras mexicanas, en donde se les dio albergue a las familias para que pudieran mantenerse juntas. También recibieron asistencia médica, alimentos, baños y regaderas.

Advertisement
FUND LGBTQ JOURNALISM
SIGN UP FOR E-BLAST

National

Human Rights Watch sharply criticizes US in annual report

Trump-Vance administration ‘working to undermine … very idea of human rights’

Published

on

(Washington Blade photo by Yariel Valdés González)

Human Rights Watch Executive Director Philippe Bolopion on Wednesday sharply criticized the Trump-Vance administration over its foreign policy that includes opposition to LGBTQ rights.

“The U.S. used to actually be a government that was advancing the rights of LGBT people around the world and making sure that it was finding its way into resolutions, into U.N. documents,” he said in response to a question the Washington Blade asked during a press conference at Human Rights Watch’s D.C. offices. “Now we see the opposite movement.”

Human Rights Watch on Wednesday released its annual human rights report that is highly critical of the U.S., among other countries.

“Under relentless pressure from U.S. President Donald Trump, and persistently undermined by China and Russia, the rules-based international order is being crushed, threatening to take with it the architecture human rights defenders have come to rely on to advance norms and protect freedoms,” said Bolopion in its introductory paragraph. “To defy this trend, governments that still value human rights, alongside social movements, civil society, and international institutions, need to form a strategic alliance to push back.”

The report, among other things, specifically notes the U.S. Supreme Court’s Skrmetti decision that uphold a Tennessee law banning gender-affirming medical interventions for minors.

The Trump-Vance administration has withdrawn the U.S. from the U.N. LGBTI Core Group, a group of U.N. member states that have pledged to support LGBTQ and intersex rights, and the U.N. Human Rights Council. Bolopion in response to the Blade’s question during Wednesday’s press conference noted the U.S. has also voted against LGBTQ-inclusive U.N. resolutions.

Maria Sjödin, executive director of Outright International, a global LGBTQ and intersex advocacy group, in an op-ed the Blade published on Jan. 28 wrote the movement around the world since the Trump-Vance administration took office has lost more than $125 million in funding.

The U.S. Agency for International Development, which funded myriad LGBTQ and intersex organizations around the world, officially shut down on July 1, 2025. The Trump-Vance administration last month announced it will expand the global gag rule, which bans U.S. foreign aid for groups that support abortion and/or offer abortion-related services, to include organizations that promote “gender ideology.”

“LGBTQ rights are not just a casualty of the Trump foreign policy,” said Human Rights Watch Washington Director Sarah Yager during the press conference. “It is the intent of the Trump foreign policy.”

The report specifically notes Ugandan authorities since the enactment of the country’s Anti-Homosexuality Act in 2023, which punishes “‘carnal knowledge’ between people of the same gender” with up to life in prison, “have perpetrated widespread discrimination and violence against lesbian, gay, bisexual, and transgender (LGBT) people, their families, and their supporters.” It also highlights Russian authorities “continued to widely use the ‘gay propaganda’ ban” and prosecuted at least two people in 2025 for their alleged role in “‘involving’ people in the ‘international LGBT movement’” that the country’s Supreme Court has deemed an extremist organization.

The report indicates the Hungarian government “continued its attacks on and scapegoating of lesbian, gay, bisexual, and transgender (LGBT) people” in 2025, specifically noting its efforts to ban Budapest Pride that more than 100,000 people defied. The report also notes new provisions of Indonesia’s penal code that took effect on Jan. 2 “violate the rights of women, religious minorities, and lesbian, gay, bisexual, and transgender (LGBT) people, and undermine the rights to freedom of speech and association.”

“This includes the criminalization of all sex outside of marriage, effectively rendering adult consensual same-sex conduct a crime in Indonesia for the first time in the country’s history,” it states.

Bolopion at Wednesday’s press conference said women, people with disabilities, religious minorities, and other marginalized groups lose rights “when democracy is retreating.”

“It’s actually a really good example of how the global retreat from the U.S. as an actor that used to be very imperfectly — you know, with a lot of double standards — but used to be part of this global effort to advance rights and norms for everyone,” he said. “Now, not only has it retreated, which many people expected, but in fact, is now working against it, is working to undermine the system, is working to undermine, at times, the very idea of human rights.”

“That’s definitely something we are acutely aware of, and that we are pushing back,” he added.

Continue Reading

2026 Midterm Elections

LGBTQ Victory Fund looks beyond Washington for change in 2026

Vice President of Political Programs Daniel Hernández spoke with Blade

Published

on

Former Arizona state Rep. Daniel Hernández, right, campaigning for Joe Biden in 2020. (Photo courtesy of Daniel Hernández)

As the Trump-Vance administration enters its second year, LGBTQ people from around the country are running for public office amid fears of the removal of federal civil rights laws that could lead to rollbacks in protections.

The Washington Blade sat down with Daniel Hernández Jr., the newly made vice president of political programs for the LGBTQ Victory Fund, a nonpartisan political action committee dedicated to electing openly LGBTQ individuals to all levels of government, to discuss why now is more important than ever to actualize LGBTQ political power.

Hernández is often credited with saving the life of then-U.S. Rep. Gabrielle Giffords (D-Ariz.) while working as her 20-year-old intern in Tucson, Ariz., in 2011. He served on the Pima County School Board and in the Arizona House of Representatives from 2017-2023, advocating for LGBTQ rights, healthcare access, and education.

Founded in 1991, the Victory Fund was created by a group of prominent LGBTQ political voices, including Dallas gay rights activist William Waybourn and former Human Rights Campaign Fund Executive Director Vic Basile, who were inspired by the success of EMILY’s List, a PAC that works to elect Democratic women to office.

Since its founding, the Victory Fund has worked with LGBTQ advocates and LGBTQ-supportive donors who recognized the need to prepare LGBTQ people to run for office nationwide.

When asked where LGBTQ people and allies need to focus looking ahead, Hernández emphasized that 2026 will be won or lost at the state and local level.

“One of the bigger things that people may not be paying as close attention to as we really should is the impact of state and local races. Federal races are crucial, obviously, but the folks who are actually able to have an impact in a meaningful way right now are not the people in the U.S. House or Senate,” Hernández said. “It can take years before a bill even moves through Congress. Meanwhile, state and local leaders are the ones standing up and fighting for our rights today. Especially during this Trump administration, that’s where the real action is happening.”

He expanded on that point, saying that at this moment in the U.S. political landscape, statewide races matter far more than they are often given credit for — particularly as 2026 is a midterm year under President Donald Trump. People who win elected office in midterm years, Hernández explained, are many times viewed as legislators pushing back against the administration at the top.

“Looking at 2026 in particular, because it’s a midterm year, people sometimes forget just how many critical statewide races are on the ballot. We have people like Chris Mayes in Arizona, who won by less than 300 votes in a battleground state and is now running for reelection,” he said. “These are the races that protect democracy and protect people’s rights in real time. If we ignore them, we’re doing so at our own peril. Statewide offices are where so much power actually lives.”

Hernández also urged LGBTQ voters and donors to think critically about where their time, money, and energy are going — particularly as resources remain limited heading into 2026 and not every race is winnable.

“I think one thing we don’t do enough as a community is pause and ask whether our resources are actually going where they can have an impact. If someone is running against a Republican in a plus-20 Republican state that hasn’t elected a Democrat in decades, do I really need to give my limited resources there? Or does it make more sense to support candidates in competitive states like Arizona or Wisconsin? In 2026, we have to be more strategic, because our resources are not unlimited. Winning matters.”

That calculation, Hernández said, also means moving away from what he described as emotionally driven donations and toward a more deliberate strategy.

“Our community is incredible at rallying when we’re angry, and I call that ‘rage giving.’ Someone awful is in office, a challenger pops up, and we all open our wallets. But what we really need to be doing is asking where that money will actually move the needle. In 2026, it’s not enough to feel good about donating — we have to make sure those donations help candidates who can realistically win. That’s how we protect LGBTQ rights long term.”

Asked how the Victory Fund determines which candidates receive endorsements — especially amid a growing field of openly LGBTQ contenders — Hernández emphasized that viability is central to the organization’s approach in 2026.

“One of the things we’re really focused on in 2026 is viability. We’re not endorsing people who have a zero-percent chance of winning. We’re looking at candidates who are running strong campaigns, who have plans, who are fundraising, and who are doing the work. That’s important because our community deserves guidance it can trust. When you see a Victory endorsement, it means we believe that candidate can actually win.”

Hernández also pushed back on the long-standing notion that being openly LGBTQ is a political liability — an argument that has resurfaced amid right-wing attacks on LGBTQ candidates.

“There’s been this long-standing perception that being LGBTQ is a liability and that it can cost Democrats elections. But when you actually look at the data, that just isn’t true. The reality is that being LGBTQ is not a risk — it’s often a strength. Voters care about roads, health care, affordability, and jobs, not fear-based caricatures. In 2026, we’re seeing more LGBTQ candidates than ever because people understand that now.”

That shift, he added, has helped reframe what LGBTQ candidates are actually campaigning on — despite efforts by conservatives to reduce them to culture-war issues.

“The so-called ‘gay agenda’ is not bathrooms. It’s making sure people have access to health care, that roads are safe, and that families can afford to live. LGBTQ candidates are talking about the same bread-and-butter issues as everyone else. That’s why the idea that LGBTQ candidates cost elections just doesn’t hold up. In fact, we’re seeing them lead on some of the most important issues facing voters right now.”

As misinformation and fear-based narratives continue to dominate right-wing messaging, Hernández said openly LGBTQ elected officials play a crucial role in countering those attacks — both through policy and presence.

“First and foremost, any elected official’s responsibility is to their constituents. That’s what we’re seeing from LGBTQ officials who are focused on affordability, health care access, and consumer protections while Republicans obsess over culture-war nonsense,” Hernández said. “But there’s also a responsibility to be authentic. Being honest about who you are and why you fight matters. That authenticity cuts through fear-based disinformation.”

Looking ahead to 2026, Hernández pointed to transgender elected officials as a particular source of momentum and optimism, even amid intensified political attacks.

“Our trans elected officials are honestly at the forefront of some of the biggest battles we’re facing right now. Despite relentless attacks and vilification, they are still delivering results for their communities. That tells me something incredibly powerful about where the country is headed. Even in this political climate, trans leaders are winning and governing. That gives me a lot of hope for 2026.”

Ultimately, Hernández said the stakes of the upcoming cycle extend far beyond a single election, shaping the future of LGBTQ political leadership nationwide.

“The leaders we elect at the state and local level today are the members of Congress and senators of tomorrow. People don’t just wake up one day and run for Congress — they come from city councils, state legislatures, and school boards. That’s why 2026 is so important. If we invest now, we’re not just defending our rights in the moment, we’re building the next generation of LGBTQ leadership.”

Victory Fund’s endorsed candidates

Incumbents Endorsed: January 2026

  • Helen Grant (they/them) – Norman City Council, Ward 4, Okla.
  • Louie Minor (he/him) – Bell County Commission, Precinct 4, Texas
  • Jonathan West (he/him) – Manchester Selectboard, Vt.
  • George Leach (he/him) – Court of Common Pleas, Franklin County Judge, Ohio
  • John Fredrickson (he/him) – Nebraska State Senate, District 20
  • Ben Bowman (he/him) – Oregon House of Representatives, District 25
  • Jeffrey Prang (he/him) – Los Angeles County Assessor, Calif.
  • Amie Carter (she/her) – Sonoma County Superintendent of Schools, Calif.
  • Elinor Levin (she/her) – Iowa House of Representatives, District 89
  • Ken Carlson (he/him) – Contra Costa County Supervisor, District 4, Calif.
  • Emma Pinter (she/her) – Adams County Commission, District 3, at-large, Colo.
  • Justin Chenette (he/him) – York County Commission, District 3, Maine
  • Kris Fair (he/him) – Maryland House of Delegates, District 3
  • Jennifer Cornell (she/her) – Ann Arbor City Council, Ward 5, Mich.
  • Darlene Martinez (she/her) – Constable, El Centro – Downtown Phoenix, Ariz.
  • Brian Garcia (he/him) – Arizona House of Representatives, District 8
  • Christian Phelps (he/him) – Wisconsin State Assembly, District 93
  • Jack Patrick Lewis (he/him) – Massachusetts House of Representatives, 7th Middlesex
  • Will Brownsberger (he/him) – Massachusetts State Senate, Suffolk and Middlesex Counties
  • Julian Cyr (he/him) – Massachusetts State Senate, Cape & Islands District
  • CM Hall (she/they) – Newport City Council, Ore.
  • Jimmy Mack (he/him) – Southampton Town Trustee, N.Y.
  • Michael Vargas (he/him) – Elk Grove USD Board of Education, Area 2, Calif.
  • Lisa Grafstein (she/her) – North Carolina State Senate
  • Hector Bustos (he/him) – Trustee, Santa Ana Unified School District, Calif.

Newly Endorsed Candidates – January 2026

  • Kirk McPike (he/him) – Virginia House of Delegates, District 5
  • Winn Decker (he/him) – North Carolina House of Representatives, District 37
  • Jonathan Lambert-Melton (he/him) – Wake Co. Board of Commissioners, At-Large, N.C.
  • Karen Stegman (she/her) – Orange County Board of Commissioners, At-Large, N.C.
  • Landon Campbell (he/him) – Hays County Criminal District Attorney, Texas
  • Christine Castillo (she/her) – Bexar County District Clerk, Texas
  • Nicholas “Nico” Costilla (he/him) – Hays County Clerk, Texas
  • Davis Mendoza Darusman (he/him) – Harris Co. Justice of the Peace, Pct. 5, Pl. 2, Texas
  • Nicholas Palmer (he/him) – Justice, Fifth Court of Appeals, Texas
  • José “Che-Che” Wilson (he/him) – Cook County Board of Commissioners, District 12, Ill.
  • Sarah Bury (she/her) – Metropolitan Water Reclamation District Board of Commissioners, Ill.

For more information of the LGBTQ Victory Fund’s endorsments, qualifications, or on how to register to receive an endorsement, visit the organization’s website at victoryfund.org

Continue Reading

Congress

New Equality Caucus vice chair endorses Equality Act, federal trans bill of rights

Salinas talks about her personal road to LGBTQ advocacy

Published

on

Rep. Andrea Salinas (D-Ore.) (Screen capture via Congresswoman Andrea Salinas/YouTube)

Rep. Andrea Salinas, the new vice chair of the Equality Caucus, sat down with the Blade to discuss the battles ahead as she demands protections for LGBTQ Americans.

Salinas is no stranger to government service. The daughter of a Mexican immigrant, she graduated from the University of California, Berkeley, and soon became a valued member of multiple Democratic offices — including working as a congressional aide to U.S. Sen. Harry Reid (D-Nev.) and U.S. Reps. Pete Stark (D-Calif.) and Darlene Hooley (D-Ore.). From there, she served six years in the Oregon House of Representatives before being elected to Congress, representing areas south of Salem and parts of southern Portland. With her new role in the Equality Caucus, Salinas vows to push protections for LGBTQ Americans in every room she enters.

The Washington Blade spoke with Salinas last week following her leadership announcement to discuss what the role means to her, why she — as a straight woman— feels it is her duty to fight for LGBTQ protections, and how she views the current state of the country.

When asked why she decided to take on a leadership role within the Equality Caucus, Salinas explained that she was already doing the work — but that the timing of the caucus’s outreach, coupled with what she described as a growing threat posed by the Trump-Vance administration, made the moment feel especially urgent.

“I was actually asked to take on this role because of the work I’ve already been doing. I didn’t seek out a title— the Congressional Equality Caucus came to me, and I was honored by that,” the Oregon representative told the Blade. “I’ve been a lifetime advocate, first as a mother and then as a legislator. With Trump back in office and the shackles off, kids are vulnerable right now, and they’re being attacked. We need champions, and with or without a title, I was going to do this work anyway.”

That work includes passing LGBTQ-related education policy during her time in the Oregon House of Representatives, requiring the Oregon Department of Education to train teachers on how to better support LGBTQ students. She also backed legislation aimed at preventing LGBTQ-related bullying and harassment, while using her platform to ensure educators had the skills needed to address trauma in the classroom. Salinas also pushed for Oregon’s 2013 conversion therapy ban and played a role in defending it.

Salinas said her personal motivation for expanding and protecting LGBTQ rights is rooted in the experiences of her daughter, Amelia.

“My daughter is queer, and she has known who she is since she was a child,” Salinas said. “She presents very masculine, and I’ve had to advocate for her her entire life — from whispers on soccer sidelines to fears about using the bathroom when she was just three or four years old. That kind of bullying and harassment stays with you as a parent. It became part of who I am, part of my ‘mama bear’ advocacy. When I entered public office, continuing that fight was the most natural thing in the world.”

That “mama bear” advocacy, she said, now extends far beyond her own family.

“Across this country, kids are vulnerable right now, and Trump is attacking them,” she said. “My daughter was devastated after the 2024 election— she said, ‘They’re coming after us,’ and she was right. That fear is real, especially for transgender youth. Civil rights should be expanding, not being stripped away from certain communities. That’s why this fight feels so urgent.”

Since returning to the White House in 2024, the Trump administration has moved to roll back anti-discrimination protections, particularly those affecting transgender people. These efforts include barring transgender people from serving openly in the military, blocking access to gender-affirming medical care in federal health programs, challenging state laws that protect transgender students on religious grounds, and arguing that the Constitution entitles employers to discriminate against LGBTQ people based on religious beliefs — even in states with nondiscrimination laws.

For Salinas, the Equality Caucus’s most urgent task under the Trump-Vance administration is advancing what she called a long-sought but non-negotiable priority: the Equality Act.

The Equality Act would add explicit protections based on sexual orientation and gender identity to federal law. Despite more than five decades of debate on Capitol Hill, no version of the bill has yet become law.

“We have to keep pushing the Equality Act— there’s no way around that. No one should be discriminated against in housing, employment, credit, or healthcare because of who they are,” Salinas said. “Republicans are making LGBTQ identity a political wedge because they think it’s expedient, and that’s unacceptable. Sexual orientation and gender identity should not matter in determining someone’s access to opportunity. Yet here we are, still having to fight for that basic principle.”

Salinas added that advancing legislation like the Equality Act requires compassion— even when that compassion is not returned— and a commitment to education.

“We have to meet people where they are— Democrats, Republicans, independents, all of them. Until you know a family, or understand someone’s lived experience, it can feel abstract and overwhelming,” she said. “Education, compassion, and empathy are essential to moving the dial. When people understand this is about human rights, not politics, conversations start to change. That’s how we build broader support.”

She also emphasized the need for a federal transgender bill of rights, which would provide explicit protections for transgender Americans amid what she described as an increasingly hostile federal environment.

“A transgender bill of rights would clarify that discrimination against transgender and nonbinary people is illegal — in employment, housing, credit, and healthcare,” Salinas said. “What’s happening right now, with efforts to criminalize doctors for providing evidence-based care, is unheard of and dangerous. We also need to ban conversion therapy nationwide, because states are increasingly trying to undo those protections through the courts. These safeguards are about ensuring people can live safely and with dignity. That should not be controversial.”

Mental health is another central focus of Salinas’s work. She said ensuring children have access to support— particularly LGBTQ youth— is critical to their long-term wellbeing.

After the Trump administration eliminated the LGBTQ-specific option from the 988 Suicide and Crisis Lifeline, Salinas said her reaction was one of outrage.

“When Trump shut down the 988 press-three option for LGBTQ youth, I was apoplectic,” she said. “It is one of the simplest, most upstream ways to save lives, and it felt arbitrary, cruel, and inhumane. We know the suicide risk among transgender youth is far higher than among non-LGBTQ kids. Connecting them with someone who understands their experience can be life-saving. This should be bipartisan, and I’m going to keep pushing to restore it.”

“You cannot be what you cannot see….” she added while reflecting on the handful of LGBTQ leaders who have— and continue to— navigate the halls of Congress to protect their community. “When Sarah McBride was elected, my daughter met with her and walked out glowing… joyful, hopeful, and excited about the future. That kind of representation changes lives. Electing LGBTQ leaders changes the trajectory for people across the country. Grassroots organizing and electoral power go hand in hand, and we need both.”

With Salinas’s experience in both the Oregon House of Representatives and the U.S. House of Representatives, she said that while one arena may reach more people, change often begins locally, especially when combating anti-LGBTQ attacks.

“I’ve seen how misinformation fuels fear at the local level— whether it’s school board fights or bathroom debates rooted in baseless claims. There is no data to support these scare tactics,” she said, echoing her past work with the Oregon Department of Education. “What actually helps is facts, education, and training teachers to better support LGBTQ students. I passed legislation in Oregon to give educators real tools to prevent bullying and harassment. That kind of work matters just as much as what we do in Congress.”

Despite just being named vice chair of the Equality Caucus, the Blade asked Salinas what legacy she hopes to leave, particularly when it comes to LGBTQ advocacy.

“I want people to be able to live authentically, without fear from their government or their neighbors. That means passing real legislation— the Equality Act and a transgender bill of rights— so protections are not dependent on who’s in power. Civil and human rights are meant to expand, not contract.

“I’ve been doing this work since I became a mother, and I’ll keep doing it for as long as it takes. My daughter deserves it, and so does every LGBTQ person in this country.”

Continue Reading

Popular