Connect with us

News

Grupos LGBTI de El Salvador preocupados ante caravanas de migrantes

Organización trans emitió aviso el pasado mes

Published

on

Grupos LGBTI en El Salvador han expresado su preocupación sobre los caravanas de migrantes. (Foto del Washington Blade por Michael K. Lavers)

SAN SALVADOR, El Salvador — El pasado 28 de octubre, alrededor de las 8 de la mañana, equipados con sus mochilas y diferentes cosas para un largo viaje, partieron hombres, mujeres, niños y niñas desde la Plaza del Divino Salvador del Mundo en la capital salvadoreña en una caravana que se formó con rumbo hacia los EEUU. Pese a que el gobierno salvadoreño en un mensaje a la nación pidió no poner en riegos sus vidas con un viaje de este tipo, más de 300 personas decidieron arriesgarse a los peligros del camino, replicando la caravana de hondureños que salió el 13 de octubre de la ciudad de San Pedro Sula.

“Ponte de acuerdo con las personas que participarán de esta caravana,” fue el mensaje que la página de Facebook publicó el 24 de octubre. “Comenta de dónde eres para que los demás sepan y sea más fácil para todos llegar en grupos.”

“Hay gente de todo el país,” añadió. “El Salvador emigra por un futuro mejor.”

Dicha página entró en funciones desde el 16 de octubre, administrada por una persona sin identificarse. Alenta a personas que querían salir del país a crear y unirse a grupos de redes sociales para enterarse así de los grupos cercanos que se unirían a dicha caravana y así salir con ellos.

Esta situación comenzó a preocupar a diferentes personas y organizaciones de la sociedad civil, entre ellas las organizaciones LGBTI que conforman la Federación Salvadoreña LGBTI. COMCAVIS Trans tomó la iniciativa de publicar un aviso de advertencia para la población LGBTI.

“MIGRAR es un DERECHO pero hacerlo de forma irregular implica riesgos altos, especialmente para las personas LGBTI,” lea el aviso de COMCAVIS Trans en su página de Facebook.

“Algunas de las personas LGBTI viajan por mejorar sus condiciones económicas, ya que en El Salvador existe una discriminación evidente al acceso de trabajo para muchas de las personas LGBTI, especialmente para las mujeres transgénero, existe mucha inseguridad a su integridad física, asedio por pandillas, tratos crueles y abuso de autoridad por parte de policías, soldados,” comenta al Washington Blade Bianca Rodríguez, directora ejecutiva de COMCAVIS Trans.

Entre los enunciados del aviso mencionaban que ser una persona LGBTI no es garantía de recibir y/o refugio en los EEUU, a la vez hacían énfasis que el gobierno estadounidense ha lanzado una advertencia para todas las personas que entren de manera irregular, que serán detenidas y procesadas judicialmente para su deportación.

Por otro lado, Liduvina Magarin, viceministra del Ministerio de Relaciones Exteriores, declaró que brindarían “acompañamiento” al grupo de salvadoreños migrantes, con el único objetivo de que las familias salvadoreñas se informen, tomen una decisión responsable y no pongan en riesgo la vida de los niños y niñas en la ruta migratoria.

Pero el 31 de octubre se concentró otro número de personas en el mismo lugar para conformar una segunda caravana, con el mismo objetivo de buscar un futuro mejor para sus familias.

“Si normalmente corremos peligro en nuestro diario vivir, en las caravanas de arriesga el triple y no solo son o serán violentados en las fronteras por las autoridades o la delincuencia, sino también por los mismos que forman las caravanas,” comentó al Blade Aldo Peña de Hombres Trans HT.

“Yo no me iría para posiblemente morir en el camino, además que recuerden que en este país dejan a sus familias, y ellos seguirán viviendo las injusticias de este país,” agrega Peña.

COMCAVIS Trans ha emitido un aviso que insta a los migrantes LGBTI a no viajan a los EEUU con caravanas de migrantes.

Por su parte Camila Portillo, una activista trans, comenta al Blade que “no hay que detener el sueño de emigrar por un mejor futuro, si por ejemplo el Estado y el país no garantiza el desarrollo socio económico de la población LGBTI.”

“Práctica no se ejecutan de la forma correcta, aunque hayan personas en la disposición de apoyar a las personas LGBTI,” ella dijo.

“Acá hay mucho desplazamiento forzado internamente, por el tema de la violencia, así que no creo que sea una moda,” Portillo comenta al Blade. “Es más que todo una cuestión estructural de que el Estado no garantiza no solo a la población LGBTI sino a la población en general, pero que por ser una población en riesgo es más vulnerada, por eso el estado debe garantizar el bienestar de las personas.”

Portillo no pierde la esperanza que en los países donde pasen las caravanas logren tener la ayuda que necesitan y poder cumplir sus objetivos sin tener muchos obstáculos, que el Estado salvadoreño debe comenzar a depurar sus mismas estructuras llenas de corrupción, que hacen valer decretos y diferentes lineamientos que se han creado a favor de la población LGBTI, no solo tener todo por escrito, sino comenzar a ejecutarlo.

En la Declaración Universal de los Derechos Humanos en sus artículos 13 y 14 reivindica expresa que las personas tienen derecho a moverse libremente e incluso a buscar refugio y asilo en casos extremos donde su vida corre peligro.

“Ante los altos índices de violencia en El Salvador muchas de las personas que integran esa caravana tendrán sus propios motivos para migrar,” expresó Rodríguez. “Pero ante esta situación el Estado salvadoreño por lo menos debería coordinar con instituciones nacionales y asociaciones y organismos internacionales para brindar una protección durante su recorrido, que incluso los países que ellos transitan hacia EEUU (Guatemala, México) proteja sus derechos humanos.”

Al cierre de esta nota las personas de la primera caravana ya se encontraban en tierras mexicanas, en donde se les dio albergue a las familias para que pudieran mantenerse juntas. También recibieron asistencia médica, alimentos, baños y regaderas.

Advertisement
FUND LGBTQ JOURNALISM
SIGN UP FOR E-BLAST

Senegal

Senegalese president signs bill that further criminalizes homosexuality

Measure passed in National Assembly with near unanimous support

Published

on

Bassirou Diomaye Faye (Screen capture via Reuters/YouTube)

Senegalese President Bassirou Diomaye Faye on Tuesday signed into law a bill that further criminalizes consensual same-sex sexual relations in the country.

Lawmakers in the African country on March 11 nearly unanimously passed the measure that increases the penalty for anyone convicted of engaging in consensual same-sex sexual relations from one to five years in prison to five to 10 years. The bill that Prime Minister Ousmane Sonko introduced also prohibits the “promotion” or “financing” of homosexuality in Senegal.

Reuters on March 16 reported MassResistance, an anti-LGBTQ group based in the U.S., worked with Senegalese groups that support the bill. Volker Türk, the U.N. high commissioner for human rights, is among those who urged Faye not to sign it.

The Senegalese National Assembly in 2021 rejected a bill that would have further criminalized homosexuality in the country.

Police in February arrested a dozen men and charged them with committing “unnatural acts.”

Continue Reading

Maryland

Md. lawmakers reaffirm legislative priorities

2026 General Assembly to end April 13

Published

on

The Maryland State House in Annapolis, Md.(Washington Blade photo by Michael Key)

Maryland’s legislative caucuses outlined their legislative priorities heading into the final weeks of the 2026 General Assembly during a joint press conference on March 24.

The press conference was titled “We are Maryland,” where a representative for each of the legislative caucuses outlined priorities. 

State Del. Kris Fair (D-Frederick County) of the LGBTQ+ Caucus opened the press conference with a statement on the unity of Maryland’s caucus. 

“Together we can show our state and our community a different world, one where we mutually support one another and through that support uplift every Marylander,” he said. 

In a press conference on March 5, the LGBTQ+ Caucus outlined its top legislative priorities. Fair highlighted two of those bills again during the “We are Maryland” press conference. 

The first of the two highlighted pieces of legislation was Senate Bill 626 and House Bill 1589. 

The bills would simplify the process of updating an individual’s birth certificate and align the Department of Health and DMV systems to reflect those changes. The bill is being led by state Sen. Clarence Lam (D-Anne Arundel and Howard Counties) and state Del. Ashanti Martinez (D-Prince George’s County). 

The second piece of legislation is Senate Bill 950 and House Bill 1209, which would update and modernize laws and regulations around so-called conversion therapy. The bills have failed to pass either chamber thus far. They are being led by state Sen. Cheryl Kagan (D-Montgomery County) and state Del. Bonnie Cullison (D-Montgomery County). 

(The U.S. Supreme Court on Tuesday ruled against a Colorado law that bans so-called conversion therapy for minors. Maryland is among the U.S. jurisdictions that prohibit the widely discredited practice for anyone under 18.)

Martinez and Lam have introduced bills in their respective chambers that would expand PrEP access in Maryland. Martinez did not attend the press conference, and Fair did not mention it when he spoke.

State Del. N. Scott Phillips (D-Baltimore County) represented the Black Caucus during the press conference. State Del. Dana Jones (D-Anne Arundel County) spoke on behalf of the Women’s Caucus, State Del. Teresa Woorman (D-Montgomery County) represented the Latino Caucus, and State Del. Lily Qi (D-Montgomery County) represented the Asian-American and Pacific Islander Caucus. State Del. Jared Solomon (D-Montgomery County) represented the Jewish Caucus, and state Del. Sean Stinnett (D-Baltimore County) represented the Muslim Caucus during the press conference. 

Solomon ended the press conference by explaining the importance of all the caucuses coming out together. 

“We are stronger when we’re together, and many of these issues that we have talked about, again, impact all of us,” said Solomon.

Continue Reading

U.S. Supreme Court

Supreme Court rules against Colo. law banning conversion therapy for minors

8-1 decision could have sweeping impact

Published

on

U.S. Supreme Court (Washington Blade photo by Michael Key)

The U.S. Supreme Court on Tuesday ruled against a Colorado law that bans so-called conversion therapy for minors.

The justices last October heard oral arguments in Chiles v. Salazar. Today they ruled 8-1 in favor of Kaley Chiles, a Christian therapist who challenged the 2019 law.

In the case, which was heard by the justices in October 2025, Chiles successfully argued to the court that the law restricting this type of therapy was unconstitutional, leading to it being struck down.

The Supreme Court ultimately found that lower state and federal courts has “erred by failing to apply sufficiently rigorous First Amendment scrutiny,” ultimately reversing the widely discredited “medical” treatment that has support by a very narrow margin of mental health specialists — specifically religious and socially conservative ones. This is despite the fact that Colorado state officials have never enforced the measure in practice, and included a religious exemption for people “engaged in the practice of religious ministry.” The now moot law carried fines of up to $5,000 for each violation and possible suspension or revocation of a counselor’s license.

In the ruling, the court said the law, that specifically applies to talk therapy “impermissibly” interferes with free speech rights of Americans, and despite it being “regard[ed] its policy as essential to public health and safety, but the First Amendment stands as a shield against any effort to enforce orthodoxy in thought or speech in this country,” Justice Neil Gorsuch wrote for himself and seven other justices from across the ideological spectrum who overturned the low court’s ruling. He went on to add that the original ban “trains directly on the content of her speech and permits her to express some viewpoints but not others.”

Only Justice Ketanji Brown Jackson dissented, which included an in depth summary of her departure from the other eight justices, explaining her fears about the verdict — and its eventual chilling effect on legislation that could attempts to restrict regulatory speech for religious attitudes— despite that these regulations are often made as a direct creation of years of essentially unanimous research, and are vetted though regulatory boards for specific jobs.

“This decision might make speech-only therapies and other medical treatments involving practitioner speech effectively unregulatable,” Jackson wrote on page 32 of the 35-page opinion issued by court in response to her opposing eight members comments on the bench.

Since the ruling late Tuesday morning, a slew of LGBTQ advocacy groups, as well as groups promoting LGBTQ discrimination, have issued statements on the direct impact this will have across the country for LGBTQ people.

Democratic Senator, running for reelection in Colorado, John Hickenlooper issued a condemnation of the practice on his X (formerly Twitter). “Conversion therapy is cruel and inhumane, plain and simple. This SCOTUS decision is dangerous for LGBTQ+ Americans,” Our LGBTQ+ community deserves safety, acceptance, and love. We won’t ever let up in our fight for a better nation.”

Conversion therapy is cruel and inhumane, plain and simple. This SCOTUS decision is dangerous for LGBTQ+ Americans.,” the former Governor said on the platform. “Our LGBTQ+ community deserves safety, acceptance, and love. We won’t ever let up in our fight for a better nation.”

Polly Crozier, director of family advocacy at GLBTQ Legal Advocates & Defenders (GLAD Law), provided a statement to the Washington Blade on the court’s decision.

“Today’s Supreme Court ruling limited Colorado’s statute that preemptively shielded minors from conversion therapy, but it leaves open avenues for states to protect families from harmful, unscrupulous, and misleading practices that divide parents from their children and put LGBTQ+ youth at risk,” Crozier wrote, pointing to the overwhelming evidence on conversion therapy that argues this type of regulatory legislation is helping those suffering rather than harming. “The evidence is clear that conversion practices lead to increased anxiety, depression, and suicidality. This is a dangerous practice that has been condemned by every major medical association in the country. Today’s decision does not change the science, and it does not change the fact that conversion therapists who harm patients will still face legal consequences, and that family advocates, mental health practitioners, and all of us who care about the wellbeing of youth will continue working to shield LGBTQ+ young people and their families from this dangerous practice.”

Human Rights Campaign President Kelley Robinson, who leads the nation’s largest LGBTQ advocacy group, also provided a statement, calling the courts choice a “reckless decision.”  The statement also points out how their own data (from the group’s philanthropic arm of the organization) was cited in Brown Jackson’s dissent in the amicus brief.

“The court has weaponized free-speech in order to prioritize anti-LGBTQ+ bias over the safety, health and wellbeing of children,” her statement reads. “So-called ‘conversion therapy’ is pseudoscience, not real therapy. It has been condemned by every mainstream medical and mental health association and harms families, traumatizes children, and robs people of their faith communities. It is cruel and should never be offered under the guise of legitimate mental healthcare. To undermine protections that keep kids and families safe from these abusive practices is shocking — and our children deserve better.”

Liberty Counsel, a nonprofit, tax-exempt Christian ministry that uses litigation to promote evangelical Christian values and limit LGBTQ protections, which was designated as a hate group by the Southern Poverty Law Center, was also cited in the court’s amicus brief, but in support of overturning the law.

“The U.S. Supreme Court’s resounding decision in Chiles v. Salazar is a major victory for the integrity of the counseling profession,” Mat Staver, Founder and Chairman of Liberty Council said today. “This ruling ensures the government cannot strip the First Amendment away from licensed counselors and dictate a state-mandated ideology between counselor and client. Talk therapy is speech, and the government has no authority to restrict that speech to just one viewpoint. Counseling bans can now be struck down nationwide so that people can get the counseling they need.”

GLAAD, one of the nation’s oldest non-profit organizations focused on LGBTQ advocacy and cultural change issued a statement pon the verdict, emphasizing what multiple advocate groups have said – this decision will impact an already vulnerable youth population at an elevated high risk.

“The Court once again prioritized malice over best practice medicine,” Sarah Kate Ellis, President and CEO of GLAAD said in a statement. “In the face of this harmful decision, we need to amplify the voices of survivors of this dangerous and disproven practice, and continue to hold anyone who peddles in this junk science liable.”

Truth Wins Out, an organization that works towards “advancing liberty and democracy through protecting the rights of LGBTQ people and other minorities” called out the court’s majority opinion for its potential for religious extremism and spread of disinformation.

“This ruling is a profound failure of both logic and moral responsibility that confuses ‘free speech’ with ‘false speech’,” Wayne Besen, the Executive Director of Truth Wins Out said in a comment. ” It opens the door for quackery to flourish and allows practitioners of a thoroughly debunked practice to continue harming LGBTQ youth under a thin veneer of legitimacy

Adrian Shanker, the former Deputy Assistant Secretary for Health Policy at Health and Human Services under President Biden, who also led LGBTQI+ policy at the agency spoke about the detrimental impact this will have on rules and regulations within the healthcare field that are supposed to be inherently secular by nature.

“No matter what the Supreme Court decided today, it is irrefutable that conversion therapy is harmful to the health and wellbeing of LGBTQI+ youth,” Shanker told the Blade, continuing the Trump Administration’s choice to no longer formally support LGBTQ inclusive policy. “That’s why in the Biden administration we advanced policies to safeguard youth from this harmful practice.”

In an consistently updated document started in 2018 that cites the major harms risks conversion therapy poses to LGBTQ people, the Trevor Project, the leading suicide prevention and crisis intervention organization for LGBTQ young people, included that the federal government’s own research proved the practice at best questionable and at worst deadly.

In a 2023 report entitled Moving Beyond Change Efforts: Evidence and Action to Support and Affirm LGBTQI+ Youth, the U.S. Department of Health and Human Services’ Substance Abuse and Mental Health Services Administration stressed that “[sexual orientation and gender identity] change efforts are harmful practices that are never appropriate with LGBTQI+
youth, and efforts are needed to end these practices,” the summary of the fight against conversion therapy in the U.S. reads.

More than 20 states and D.C. banned the widely discredited practice for minors prior to the Supreme Court’s ruling.

The Blade last October spoke to conversion therapy survivors after the justices heard oral arguments in the Chiles case.

Continue Reading

Popular