Nota del editor: Tremenda Nota, una revista electrónica independiente, es la pareja de los Blades en Cuba. Esta nota salió originalmente en su sitio web el 22 de diciembre.

LA HABANA — La decisión más polémica fue el anuncio de un segundo referéndum, no planteado hasta ahora, que tiene un plazo de dos años y parece inspirado por los opositores del matrimonio igualitario en Cuba.

El artículo 82, relativo al matrimonio, fue discutido este jueves en el Parlamento cubano, después que su predecesor, el 68, fuera borrado del Proyecto de Constitución en la última semana.

La Asamblea Nacional del Poder Popular lo informó con un tuit publicado en la tarde del martes: “La Comisión propone diferir el concepto del matrimonio, es decir, que salga del Proyecto de la Constitución, como forma de respetar todas las opiniones”.

#Homero La Comisión propone diferir el concepto del matrimonio, es decir, que salga del Proyecto de la Constitución, como forma de respetar todas las opiniones. El matrimonio es una institución social y jurídica. La ley definirá el resto de elementos. #HacemosCuba @DiazCanelB ?? pic.twitter.com/LIRG4T9o7w

— AsambleaNacionalCuba (@AsambleaCuba) December 18, 2018

El comunicado provocó la protesta de numerosos activistas LGBTI+ en las redes sociales.  

“Lanzó al ruedo lo que muchas personas están interpretando como un retroceso”, dijo Mariela Castro, directora del Centro Nacional de Educación Sexual (Cenesex) y diputada, acerca del tuit del Parlamento.

En su cuenta de Facebook, la funcionaria aseveró que el borrador de la futura Carta Magna, incluso después de suprimir el artículo 68, “borra el binarismo de género y heteronormatividad con el que estaba definido el matrimonio en la Constitución de 1976”.

Luis Ángel Adán Roble, único diputado al Parlamento cubano que se asume también activista por los derechos LGBTI+, afirmó en la sesión de del Parlamento que el nuevo texto “no es un retroceso”. Sin embargo, se declaró en contra de realizar otro referéndum para aprobar el Código de Familia.

El artículo 82, según las versiones difundidas, parece menos específico y más denso que su predecesor.

“El matrimonio es una institución social y jurídica. Es una de las formas de organización de las familias. Se funda en el libre consentimiento y en la igualdad de derechos, obligaciones y capacidad legal de los cónyuges”, dice.

Más adelante reconoce “la unión estable y singular con aptitud legal, que forme de hecho un proyecto de vida en común, que bajo las condiciones y circunstancias que señale la ley, genera los derechos y obligaciones que esta disponga”.

Lo más polémico para el activismo ha sido admitir que deberán someter este derecho a referéndum cuando se discuta el nuevo Código de Familia, según instruyen las disposiciones transitorias del Proyecto de Constitución.

“Estamos poniendo derechos de personas y de grupos más vulnerables en una posición un poco crítica a la hora de llevarlos a un referendo popular”, dijo Adán Roble.

Recordó que el Código de Trabajo, en vigor desde 2014, también fue consultado con la ciudadanía, pero su aprobación correspondió exclusivamente al Parlamento.

“Estoy pidiendo que sea simplemente llevado a consulta y después seamos nosotros, los diputados a la Asamblea Nacional, quienes aprobemos el Código de Familia”, defendió el diputado.

Raúl Alejandro Palmero, miembro de la Comisión Redactora y Presidente de la Federación Estudiantil Universitaria (FEU), se declaró a favor de la facultad ciudadana de decidir los derechos de las minorías en su respuesta a Adán Roble.

“Si se decide que no, se decide que no. Si se decide que sí, se decide que sí. Pero va a ser el pueblo, en última instancia, quien tome la decisión”, replicó.

Palmero dijo que borrar el artículo 68 y postergar la decisión sobre el matrimonio igualitario fue “una solución bastante inteligente”, porque no convenía “crear de este aspecto el tema central de nuestro Proyecto de Constitución”.

“Pero manteniendo el referéndum para que la gente, digamos, un poco a lo cubano, no se sintiera tampoco ʻtrampeadaʼ en este sentido”, añadió.

El activista Alberto Roque, en carta abierta a Palmero, le reprochó “ignorar la alta probabilidad de que el Código de Familia no sea refrendado por el soberano”.

En el texto aparecido en su perfil de Facebook, Roque recordó las purgas de homosexuales que organizaciones estudiantiles llevaron a cabo en las primeras décadas de la Revolución cubana.

“La garantía de los derechos humanos de las personas que por su orientación sexual e identidad de género se sitúan en estratos desventajosos de subordinación hacia una mayoría heterosexual prejuiciada es un acto de justicia en el cual usted tiene una responsabilidad ética y política”, exigió Roque a Palmero por su condición de presidente de la FEU.

“Esto fue un tema que le llegó de brusco al pueblo, fue algo chocante”, opinó por su parte Yulianne Babastro Marrón, diputada por Santiago de Cuba, durante la sesión del Parlamento del pasado jueves. Su colega Melvis Canales, de Holguín, consideró que “la Comisión no hizo más que escuchar el criterio del pueblo”.

“Esto es un derecho de minorías y el Estado ciertamente es el que tiene que defenderlo”, reconoció Yumil Rodríguez Fernández, otro miembro de la Comisión Redactora. El diputado recordó que, de haber estado sujeto a la mayoría, los derechos de afrodescendientes y mujeres tampoco habrían sido aprobados en el pasado.

No obstante, para este caso, consideró que el referéndum es la mejor opción.

“Ya la población votó, ya oímos el criterio de la población”, argumentó. “Sería como desconocer todo ese amplio proceso de consulta”.

Rodríguez Fernández admitió que la decisión de suprimir la primera versión del artículo no fue unánime, pero “ya hay que olvidarse que no hay artículo 68, ahora es el artículo 82”.

Para el diputado, la consulta popular “es reflejo de la entereza de nuestra sociedad (…) porque es cierto que el 24 por ciento estaba en contra del matrimonio”.

De las 783 mil 174 propuestas realizadas por la ciudadanía al Proyecto de Constitución, el 24.57 por ciento se refirieron al matrimonio igualitario, informó al Parlamento Homero Acosta, Secretario del Consejo de Estado, durante la sesión plenaria que clausuró la cita legislativa.

“Casi 160 mil participantes propusieron “sustituir dos personas por un hombre y una mujer”. Más de 18 mil pidieron mantener el contenido de la Constitución vigente, mientras que más de seis mil quisieron eliminar el párrafo y otros cinco mil manifestaron preocupación ante las posibilidades de la adopción y la reproducción asistida por parte de las familias homoparentales.

Acosta admitió que la metodología de la consulta deja incertidumbre porque “no se votaba a favor o no de un artículo”.

“Nunca se pidió a las personas que dieran aprobación sobre lo que estaba en el texto, por tanto siempre hay una zona de duda”, reconoció.

La falta de consenso entre los partidarios y oponentes del matrimonio igualitario, en opinión del diputado, no deja más opción que el segundo referéndum.

“Es la única fórmula democrática”, dijo. “Hay que respetar, y nosotros hemos respetado, todas las opiniones: a los que están a favor del futuro matrimonio igualitario y también a los que están en contra”.

Sin embargo, ninguno de los otros temas que generaron más comentarios durante el proceso de consulta popular será sometido a un referéndum posterior.

Teresa Amarelle Boué, Secretaria General de la Federación de Mujeres Cubanas (FMC), rebatió que la mayoría de los consultados se declarara contra el matrimonio igualitario.

“Un 24 por ciento no es mayoría, si eso fuera en un informe de funcionamiento diríamos ‘solo el 24 por ciento’”, razonó.

Amarelle Boué, al final del debate parlamentario, estableció que el ejercicio de los derechos LGBTI+, de ser reconocidos en algún momento, dependerán del actual sistema político cubano y de su estabilidad.

“Lo que si no lo podemos permitir a nadie — amenazó — es que bajo este artículo, estar o no estar de acuerdo, hagamos labor subversiva o hagamos labor en contra de la obra más justa, porque si hoy estamos abordando esto aquí es porque hace sesenta años hubo una Revolución en Cuba”.

Una de las críticas más frecuentes al Gobierno cubano ha sido su política de aislamiento y acoso a las minorías sexuales y religiosas. Esa actitud prosperó en las décadas de 1960 y 1970, cuando se crearon campos de trabajo forzado para miles de personas.

Todavía el gobierno no ha indemnizado a las víctimas ni ha pedido disculpas, a pesar de las declaraciones de Fidel Castro en 2010 al periódico La Jornada, cuando admitió no haber prestado “suficiente atención” a esas violaciones de derechos humanos.