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¿Cómo justifica el Parlamento que el matrimonio igualitario tenga su propio referéndum?

Activistas independientes en Cuba han criticado fuerte la decisión

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Un cafetería privado en La Habana el 14 de diciembre de 2018 indica su apoyo para el matrimonio entre parejas del mismo sexo en Cuba. (Foto del Washington Blade por Michael K. Lavers)

Nota del editor: Tremenda Nota, una revista electrónica independiente, es la pareja de los Blades en Cuba. Esta nota salió originalmente en su sitio web el 22 de diciembre.

LA HABANA — La decisión más polémica fue el anuncio de un segundo referéndum, no planteado hasta ahora, que tiene un plazo de dos años y parece inspirado por los opositores del matrimonio igualitario en Cuba.

El artículo 82, relativo al matrimonio, fue discutido este jueves en el Parlamento cubano, después que su predecesor, el 68, fuera borrado del Proyecto de Constitución en la última semana.

La Asamblea Nacional del Poder Popular lo informó con un tuit publicado en la tarde del martes: “La Comisión propone diferir el concepto del matrimonio, es decir, que salga del Proyecto de la Constitución, como forma de respetar todas las opiniones”.

El comunicado provocó la protesta de numerosos activistas LGBTI+ en las redes sociales.  

“Lanzó al ruedo lo que muchas personas están interpretando como un retroceso”, dijo Mariela Castro, directora del Centro Nacional de Educación Sexual (Cenesex) y diputada, acerca del tuit del Parlamento.

En su cuenta de Facebook, la funcionaria aseveró que el borrador de la futura Carta Magna, incluso después de suprimir el artículo 68, “borra el binarismo de género y heteronormatividad con el que estaba definido el matrimonio en la Constitución de 1976”.

Luis Ángel Adán Roble, único diputado al Parlamento cubano que se asume también activista por los derechos LGBTI+, afirmó en la sesión de del Parlamento que el nuevo texto “no es un retroceso”. Sin embargo, se declaró en contra de realizar otro referéndum para aprobar el Código de Familia.

El artículo 82, según las versiones difundidas, parece menos específico y más denso que su predecesor.

“El matrimonio es una institución social y jurídica. Es una de las formas de organización de las familias. Se funda en el libre consentimiento y en la igualdad de derechos, obligaciones y capacidad legal de los cónyuges”, dice.

Más adelante reconoce “la unión estable y singular con aptitud legal, que forme de hecho un proyecto de vida en común, que bajo las condiciones y circunstancias que señale la ley, genera los derechos y obligaciones que esta disponga”.

Lo más polémico para el activismo ha sido admitir que deberán someter este derecho a referéndum cuando se discuta el nuevo Código de Familia, según instruyen las disposiciones transitorias del Proyecto de Constitución.

“Estamos poniendo derechos de personas y de grupos más vulnerables en una posición un poco crítica a la hora de llevarlos a un referendo popular”, dijo Adán Roble.

Recordó que el Código de Trabajo, en vigor desde 2014, también fue consultado con la ciudadanía, pero su aprobación correspondió exclusivamente al Parlamento.

“Estoy pidiendo que sea simplemente llevado a consulta y después seamos nosotros, los diputados a la Asamblea Nacional, quienes aprobemos el Código de Familia”, defendió el diputado.

Raúl Alejandro Palmero, miembro de la Comisión Redactora y Presidente de la Federación Estudiantil Universitaria (FEU), se declaró a favor de la facultad ciudadana de decidir los derechos de las minorías en su respuesta a Adán Roble.

“Si se decide que no, se decide que no. Si se decide que sí, se decide que sí. Pero va a ser el pueblo, en última instancia, quien tome la decisión”, replicó.

Palmero dijo que borrar el artículo 68 y postergar la decisión sobre el matrimonio igualitario fue “una solución bastante inteligente”, porque no convenía “crear de este aspecto el tema central de nuestro Proyecto de Constitución”.

“Pero manteniendo el referéndum para que la gente, digamos, un poco a lo cubano, no se sintiera tampoco ʻtrampeadaʼ en este sentido”, añadió.

El activista Alberto Roque, en carta abierta a Palmero, le reprochó “ignorar la alta probabilidad de que el Código de Familia no sea refrendado por el soberano”.

En el texto aparecido en su perfil de Facebook, Roque recordó las purgas de homosexuales que organizaciones estudiantiles llevaron a cabo en las primeras décadas de la Revolución cubana.

“La garantía de los derechos humanos de las personas que por su orientación sexual e identidad de género se sitúan en estratos desventajosos de subordinación hacia una mayoría heterosexual prejuiciada es un acto de justicia en el cual usted tiene una responsabilidad ética y política”, exigió Roque a Palmero por su condición de presidente de la FEU.

“Esto fue un tema que le llegó de brusco al pueblo, fue algo chocante”, opinó por su parte Yulianne Babastro Marrón, diputada por Santiago de Cuba, durante la sesión del Parlamento del pasado jueves. Su colega Melvis Canales, de Holguín, consideró que “la Comisión no hizo más que escuchar el criterio del pueblo”.

“Esto es un derecho de minorías y el Estado ciertamente es el que tiene que defenderlo”, reconoció Yumil Rodríguez Fernández, otro miembro de la Comisión Redactora. El diputado recordó que, de haber estado sujeto a la mayoría, los derechos de afrodescendientes y mujeres tampoco habrían sido aprobados en el pasado.

No obstante, para este caso, consideró que el referéndum es la mejor opción.

“Ya la población votó, ya oímos el criterio de la población”, argumentó. “Sería como desconocer todo ese amplio proceso de consulta”.

Rodríguez Fernández admitió que la decisión de suprimir la primera versión del artículo no fue unánime, pero “ya hay que olvidarse que no hay artículo 68, ahora es el artículo 82”.

Para el diputado, la consulta popular “es reflejo de la entereza de nuestra sociedad (…) porque es cierto que el 24 por ciento estaba en contra del matrimonio”.

De las 783 mil 174 propuestas realizadas por la ciudadanía al Proyecto de Constitución, el 24.57 por ciento se refirieron al matrimonio igualitario, informó al Parlamento Homero Acosta, Secretario del Consejo de Estado, durante la sesión plenaria que clausuró la cita legislativa.

“Casi 160 mil participantes propusieron “sustituir dos personas por un hombre y una mujer”. Más de 18 mil pidieron mantener el contenido de la Constitución vigente, mientras que más de seis mil quisieron eliminar el párrafo y otros cinco mil manifestaron preocupación ante las posibilidades de la adopción y la reproducción asistida por parte de las familias homoparentales.

Acosta admitió que la metodología de la consulta deja incertidumbre porque “no se votaba a favor o no de un artículo”.

“Nunca se pidió a las personas que dieran aprobación sobre lo que estaba en el texto, por tanto siempre hay una zona de duda”, reconoció.

La falta de consenso entre los partidarios y oponentes del matrimonio igualitario, en opinión del diputado, no deja más opción que el segundo referéndum.

“Es la única fórmula democrática”, dijo. “Hay que respetar, y nosotros hemos respetado, todas las opiniones: a los que están a favor del futuro matrimonio igualitario y también a los que están en contra”.

Sin embargo, ninguno de los otros temas que generaron más comentarios durante el proceso de consulta popular será sometido a un referéndum posterior.

Teresa Amarelle Boué, Secretaria General de la Federación de Mujeres Cubanas (FMC), rebatió que la mayoría de los consultados se declarara contra el matrimonio igualitario.

“Un 24 por ciento no es mayoría, si eso fuera en un informe de funcionamiento diríamos ‘solo el 24 por ciento’”, razonó.

Amarelle Boué, al final del debate parlamentario, estableció que el ejercicio de los derechos LGBTI+, de ser reconocidos en algún momento, dependerán del actual sistema político cubano y de su estabilidad.

“Lo que si no lo podemos permitir a nadie — amenazó — es que bajo este artículo, estar o no estar de acuerdo, hagamos labor subversiva o hagamos labor en contra de la obra más justa, porque si hoy estamos abordando esto aquí es porque hace sesenta años hubo una Revolución en Cuba”.

Una de las críticas más frecuentes al Gobierno cubano ha sido su política de aislamiento y acoso a las minorías sexuales y religiosas. Esa actitud prosperó en las décadas de 1960 y 1970, cuando se crearon campos de trabajo forzado para miles de personas.

Todavía el gobierno no ha indemnizado a las víctimas ni ha pedido disculpas, a pesar de las declaraciones de Fidel Castro en 2010 al periódico La Jornada, cuando admitió no haber prestado “suficiente atención” a esas violaciones de derechos humanos.

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Se hunde el proyecto de ley que prohibiría las terapias de conversión en Colombia

La OMS en 1990 dejó de considerar a la homosexualidad como una enfermedad

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El Congreso de Colombia (Foto de Michael K. Lavers por el Washington Blade)

OrgulloLGBT.co es el socio mediático del Washington Blade en Colombia. Esta nota salió en su sitio web.

Por temas de trámite se hunde en la comisión primera del Senado el proyecto de ley que buscaba prohibir las mal llamadas “terapias de conversión” en Colombia.

Los conocidos técnicamente como “ECOSIG” son los tratamientos que mediante tortura física o influencia psicológica o religiosa buscan “corregir” la orientación sexual e identidad de género de las personas diversas.

A pesar que estaba en el orden del día de 11 y 12 de junio en la comisión primera del Congreso de Colombia, los legisladores no abordaron la discusión dejando pendiente este punto que por términos de tiempo en trámites deberá volver a ser presentada. Se necesitaban dos debates más para lograr que se hiciera realidad el anhelo de una legislación que prohíba esas prácticas de tortura en el país.

Es importante recordar que el 17 de mayo de 1990 la Organización Mundial de la Salud dejó de considerar a la homosexualidad como una enfermedad, retirándola del libro de enfermedades psiquiátricas; por tanto ningún profesional de la salud física o mental debería prestarse para tratamientos que “corrijan” la homosexualidad. 

NADA QUE CURAR No es terapia … es tortura!

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Se conmemoran el día contra la LGBTQfobia en El Salvador

Directora de ASPIDH nota violaciones de derechos humanos en el país

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(Foto de Ernesto Valle por el Washington Blade)

SAN SALVADOR, El Salvador — Como en muchas partes del mundo, el 17 de mayo en El Salvador se conmemora el día internacional contra toda forma de discriminación por orientación sexual, identidad y expresión de género, ya que desde 1990 la Organización Mundial de la Salud sacó la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales. 

En ese concepto, diversas organizaciones LGBTQ coordinan en esta fecha, todo tipo de acciones para denunciar la discriminación, violencia y hostigamiento del que son víctimas las personas LGBTQ.

La Asociación Solidaria Para Impulsar el Desarrollo Humano organizó una conferencia de prensa para presentar su posicionamiento, un conversatorio denominado “Gobierno vrs. Democracia inclusiva” para discutir sobre la realidad salvadoreña y un plantón a las afueras de un centro comercial populoso, para alzar la voz ante sus demandas al Estado salvadoreño. 

En cada acto dejar claro entre sus palabras que no se reconocen muchos derechos a las personas LGBTQ, como contar con una ley de identidad de género que permita el cambio de nombre y género para personas trans, garantizando así el derecho a la identidad de cada persona, pues este es un derecho fundamental. 

Además, mencionaron que no se permite la libre expresión del género auto percibido en los centros escolares y esto lleva a una deserción escolar a temprana edad, dejando así a dichas poblaciones sin acceso a un trabajo formal con prestaciones sociales, dejando como única opción el trabajo sexual y el trabajo informal, de esta manera no se permite un desarrollo pleno y tampoco lograr tener una vejez digna, incrementando así la extrema pobreza y el alza de la migración en la población LGBTQ.

Hay muchas violaciones a los derechos humanos hacia la población LGBTQ de acuerdo con Mónica Hernández, directora de ASPIDH. 

“Antes del régimen de excepción había extorsión por los miembros de pandillas, ahora son los cuerpos uniformados, esos que deberían estar protegiendo la seguridad de nuestras poblaciones, ellos son ahora los principales ‘violentadores’ de derechos con el permiso del Estado”, ella aseguró.

Entre las exigencias que externaban estaba por ello, la aprobación de una Ley de Identidad de Género para personas trans, según los estándares internacionales emitidos en la opinión consultiva 24/7, el cual también fue un mandato de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia a la Asamblea Legislativa en El Salvador hace más de un año. 

Para Hernández, el hecho de que el Estado no vele por hacer cumplir los derechos de toda la población por igual tiene que ver con que no se pueda contar con dicha ley. 

“Hace falta llegar a la población en general, eso debería de ser acompañado por parte del Estado a través de campañas publicitarias donde se inste a respetar los derechos humanos de todas las poblaciones. Si esto existiera la población entendiera que mi identidad y expresión de género necesitan tener un documento de identificación que vaya acorde con mi con mi identidad y mi expresión de género auto percibida”, aclara al Washington Blade Hernández. 

De acuerdo con la organización, el Estado Salvadoreño, está tratando de invisibilizar a la población LGBTQ en todo aspecto, otro ejemplo es en el Censo de Población y Vivienda de El Salvador 2024, dirigido por el Banco Central de Reserva que comenzó el 2 de mayo, en el cual no hay ningún apartado que hable sobre orientaciones sexual, identidades o expresiones de género. 

“En el censo, solo está siendo tomado en cuenta el sexo asignado al nacer, hay en cencistas que específicamente dice cuál es su sexo cuando nació, no hay una tercera casilla, ahora se ha invisibilizado totalmente, o sea, no vamos a poder tener acceso a información pública que diga cuánta población LGBT hay actualmente”, expresó Fátima Ortiz, abogada de ASPIDH. 

También exigen acceso a una salud integral, gratuita y universal para poblaciones clave, aclarando que esto es parte de lo que se retrocedió con el gobierno actual en el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación. 

“Las organizaciones de sociedad civil teníamos trabajo avanzado, había un acuerdo con el Ministerio de Salud. Había un formulario para hacer una prueba de VIH donde se mencionaba explícitamente la orientación sexual, la identidad y la expresión de género de las personas, esos son datos súper importantes para el Estado que ahora ya no van a tener”, menciona Hernández. 

Agrega que el Estado debe iniciar una lucha contra toda forma de discriminación hace la población LGBTQ, apostarle a la formación educativa para las mismas y la reinserción social y laboral. Sin olvidar el visibilizar los casos de violaciones de derechos humanos a dicha población. 

ASPIDH hace un llamado a la ciudadanía para que se unan a la movilización solidaria e incidencia política para el respeto y reconocimiento de los derechos humanos de la población LGBTQ.

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Juez colombiano suspendido por 15 años por negarse a casar a pareja del mismo sexo

Fue condenado ‘por desatender sus deberes y vulnerar el derecho de acceso a la justicia’

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(Foto de Bigstock)

OrgulloLGBT.co es el socio mediático del Washington Blade en Colombia. Esta nota salió en su sitio web.

La Comisión Nacional de Disciplina Judicial en su sesión del 10 de abril de 2024, ha confirmado una sanción ejemplar contra el Juez Décimo Civil Municipal de Cartagena, Ramiro Flórez Torres, quien se negó a casar a una pareja del mismo sexo, vulnerando así su derecho al acceso a la justicia. Este caso, que tuvo lugar en agosto de 2020, ha generado gran controversia debido a la firme postura del juez, quien priorizó sus creencias religiosas por encima de las leyes que respaldan estas uniones civiles.

Al recibir la solicitud de la pareja, Flórez Torres expresó abiertamente su desacuerdo, argumentando que el matrimonio entre personas del mismo sexo contradecía sus principios morales cristianos. 

“Ello contraría mi moral cristiana, va en contra de mis principios esenciales, y cuando exista conflicto entre lo que dice la ley humana y lo que dice la ley de Dios, yo prefiero la ley de Dios, porque prefiero agradar primero a mi Señor Dios todopoderoso, antes que al ser humano”, dijo el juez Flórez Torres en su momento.

Esta negativa inicial no disuadió a la pareja, quienes recurrieron a otras instancias y finalmente lograron celebrar su matrimonio en 2021.

El caso ante la justicia disciplinaria:

Por su parte, la Comisión Seccional Disciplinaria de Bolívar profirió pliego de cargos contra el Juez el 27 de marzo de 2023 por desatender el deber consagrado en el numeral 10 del artículo 153 de la Ley 270 de 1996, en concordancia con el artículo 230 de la Constitución, que le imponía aplicar los precedentes de la Corte Constitucional en materia de matrimonio igualitario, incurriendo en falta grave a título de dolo.

Las palabras del juez, que afirmó que su actitud no era discriminación sino una comprensión de las normas divinas, evidencian un conflicto entre la fe personal y el deber público. Sin embargo, las autoridades disciplinarias han sido claras en su dictamen: Flórez Torres enfrenta una inhabilitación de 15 años para ejercer cargos públicos debido a su falta grave de cumplimiento de deberes, según lo estipulado por la Ley 270 de 1996 y la Constitución.

Este caso no solo pone en relieve la importancia de separar las convicciones personales de la labor pública, sino que también resalta la necesidad de respetar y proteger los derechos de la comunidad LGBTIQ+. La resolución de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial es un paso significativo hacia la garantía de una ciudadanía plena para todas las personas en Colombia, independientemente de su orientación sexual o identidad de género. Es crucial que este tipo de decisiones no solo sancionen la conducta individual, sino que también sirvan como recordatorio de los valores de igualdad y no discriminación que deben prevalecer en una sociedad justa y equitativa.

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