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Casi el 80% de los cubanos apoya los derechos LGBTI+: Las cifras que nadie mencionó
Se realizará un referéndum de la nueva Constitución el domingo
Nota del editor: Tremenda Nota es la pareja del Washington Blade en Cuba. Esa nota salió en el sitio web de Tremenda el 22 de febrero.
LA HABANA — Con inexplicable retraso, a pocos días del referéndum de la nueva Constitución de Cuba, se publicó un estudio oficial con evidencias estadísticas del respaldo popular a los derechos de las personas LGBTI+. Mariela Castro admitió conocer la encuesta, pero no explicó por qué fue desechada en el debate parlamentario donde se postergó la aprobación del matrimonio igualitario por el presunto rechazo de la mayoría de los electores.
El artículo 68 del Proyecto de Constitución de la República de Cuba, aprobado el 22 de julio de julio de 2018, cambiaba los términos “hombre” y “mujer” por “personas” y así abría las puertas al matrimonio igualitario en Cuba.
Casi nueve millones de cubanos debatieron el Proyecto en barrios y centros de trabajo y estudio del país. Según las cifras oficiales, el artículo 68 provocó el 24 por ciento de las opiniones y fue el más comentado en los debates populares.
La versión definitiva del documento, aprobada en diciembre por la Asamblea Nacional, acabó suprimiendo el artículo 68. El matrimonio, trasladado al artículo 82, se define ahora como “una institución social y jurídica que se funda en el libre consentimiento y en la igualdad de derechos, obligaciones y capacidad legal de los cónyuges”.
Sin embargo, en una polémica disposición transitoria el texto constitucional establece la celebración de una consulta para la aprobación del Código de Familia ― el documento donde debe quedar especificada “la forma de constituir el matrimonio” ― y la consiguiente convocatoria de otro referéndum popular que pondría los derechos LGBTI+ en manos de la mayoría.
El 15 de febrero de 2019, a nueve días del referéndum, la Oficina Nacional de Estadísticas e Información (ONEI) publicó en su página web la Encuesta Nacional Sobre Igualdad de Género en Cuba. Realizada por el Centro de Estudios de la Mujer y el Centro de Estudios de Población y Desarrollo de la ONEI en 2016, la investigación refleja que el 77 por ciento de la población cubana entre 15 y 74 años considera que las personas que tienen relaciones sexuales con otras de su mismo sexo deben tener iguales derechos que las heterosexuales.
La encuesta, que podría haber matizado la opinión generalizada de que la mayor parte de la población aún era demasiado homofóbica y “que no estaba lista” para “otorgar” este derecho, no fue publicitada en los medios de prensa durante los debates populares. Tampoco fue mencionada en el Parlamento cuando se discutía el artículo 68 y los derechos de las personas LGBTI+.
En su rol de diputada la directora del Centro Nacional de Educación Sexual Mariela Castro Espín dijo a esta reportera que conocía los resultados de la encuesta y que ella misma los había compartido en su perfil de Facebook en el pasado, pero no explicó por qué no se usaron para defender y garantizar los derechos de los grupos LGBTI+ en el contexto de la reforma constitucional. Al preguntarle por qué los medios de comunicación públicos no emplearon los resultados de la encuesta, la diputada solo apuntó que la prensa cubana había abordado con anterioridad esta investigación.
Castro Espín se refiere a algunas notas publicadas en 2017. En ese entonces los medios mencionaron algunas cifras sobre la violencia machista, pero no se refirieron a la percepción de los grupos LGBTI+. La población cubana en general no conoció el estudio, al que solo se pudo acceder desde el sitio web de la ONEI hace una semana.
En resumen, casi dos años después de su culminación y en medio de un contexto decisivo para la legalización de derechos de las personas LGBTI+, la encuesta sigue siendo prácticamente desconocida en el país.
El diputado y activista Luis Ángel Adan Roble, consultado por esta reportera, confirmó que el Parlamento no tomó en consideración las cifras aportadas por el estudio. A diferencia de Castro Espín, Adan Roble desconocía la existencia de la encuesta. “Fue una herramienta desaprovechada que ahora solo podemos usar en el próximo referéndum”, dijo, en alusión a la consulta proyectada dentro de dos años para el Código de Familia.
El diputado criticó la metodología que sirvió para evaluar el resultado de los recientes debates populares. Adan Roble cree que solo se valoraron los comentarios contra el matrimonio igualitario (menos de la cuarta parte de todos los planteamientos emitidos durante la consulta). “Los que estaban a favor, que fueron un número muy superior, no se contemplaron”, declaró.
Teresa Amarelle Boué, secretaria general de la Federación de Mujeres Cubanas (FMC), hizo la misma apreciación durante las sesiones parlamentarias de diciembre de 2018. “Un 24 por ciento no es mayoría, si eso fuera en un informe de funcionamiento diríamos “solo el 24 por ciento”, explicó.
Homero Acosta, secretario del Consejo de Estado, admitió que la consulta deja cierta incertidumbre porque “no se votaba a favor o no de un artículo”. La Asamblea tampoco explicó qué cantidad de opiniones serían necesarias para la modificación de un artículo.
La diversidad de opiniones sobre el matrimonio igualitario fue usada por el Parlamento como pretexto para justificar la celebración de un segundo referéndum, en el plazo de dos años posteriores a la entrada en vigor de la nueva Constitución.
Esta fórmula democrática que somete a votación los derechos humanos de un grupo de personas no fue practicada en Cuba con los derechos de las mujeres o de las personas negras. En 2014, cuando el Parlamento aprobó el Código de Trabajo después de varios meses de debate popular, tampoco se dispuso la celebración de un referéndum, aunque miles de trabajadores se quejaron por el aumento de la edad de jubilación.
Otros artículos, además del 68, también recibieron numerosas sugerencias de modificación durante los debates populares. Más de 11.000 personas pidieron cambiar, por ejemplo, la forma de elección del presidente, pero no se valoró la modificación de ese artículo, ni se llamó a segundas votaciones.
“Este es un ejercicio democrático que le dará más legitimidad a estos derechos y, como proceso, es educativo”, dijo la diputada Castro Espín sobre el panorama legal para aprobar un nuevo Código de Familia. La directora del Cenesex aseguró que “es pertinente” aceptar la celebración de un segundo referéndum, pese a que el Estado tiene la obligación de garantizar todos los derechos para todas las personas.
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Radicado por 3ra vez en Congreso de Colombia proyecto de ley que prohíbe las prácticas de ‘conversion’
La representante Carolina Giraldo se presentó el propósito
Por tercera ocasión, el Congreso colombiano estudiará un proyecto de ley que busca prohibir las denominadas prácticas de conversión en Colombia conocidas como los ECOSIG, o Esfuerzos para Corregir la Orientación Sexual y la Identidad de Género, que son “herramientas” de diferente tipo (sesiones psicologías, psiquiatría, religiosas, etc.) para “corregir” la orientación sexual mediante maltrato y confusión a las personas.
El trámite legislativo ha fracasado en las dos legislaturas anteriores al no obtener los apoyos suficientes en las cuatro rondas de discusión exigidas para convertirse en ley de la República.
Este proyecto presentado por la representante Carolina Giraldo ante la Cámara de Representantes tiene como objetivo proteger la dignidad humana y garantizar la autonomía de todas las personas en cuanto a su orientación sexual, identidad y expresión de género.
Prohibir estas prácticas de maltrato representa un paso crucial en la lucha por erradicar la violencia contra la diversidad sexual y de género, promoviendo un país más inclusivo y respetuoso de los derechos humanos. Es una iniciativa que busca proteger la identidad sexual de cada persona, ya sea heterosexual o parte de la comunidad LGBTQ, para evitar que alguien en Colombia sufra por la imposición de una orientación sexual o identidad de género que no le corresponde.
La propuesta ha sido respaldada por varios parlamentarios y organizaciones defensoras de los derechos humanos, como la Fundación Sergio Urrego, la Cámara de la Diversidad, Colombia Diversa y Caribe Afirmativo. Además, cuenta con el apoyo de valientes sobrevivientes de los ECOSIG que han decidido transformar su dolor en esperanza, levantar su voz y unirse a la causa para evitar que más personas sufran los efectos devastadores de estas prácticas inhumanas.
El proyecto de ley pone énfasis en prevenir y prohibir estas intervenciones forzadas, mal llamadas “terapias de conversión”, que intentan cambiar la orientación sexual o identidad de género de las personas, bajo el pretexto de “curar” algo que no es una enfermedad.
Según la OMS, las orientaciones sexuales e identidades de género no son patologías, y cualquier intento de “curación” constituye una violación a los derechos humanos fundamentales.
La iniciativa refuerza la protección a las personas de ser sometidas a estas prácticas de conversión con la creación de un delito autónomo.
“Trabajamos junto a sobrevivientes y sus familias para detener estas prácticas en Colombia y evitar más sufrimiento”, señaló Giraldo.
Hay que aclarar que el proyecto no aborda temas relacionados con procesos de hormonización o reafirmación de género, que son decisiones personales y asistidas por profesionales médicos, sino que se enfoca exclusivamente en la prohibición de las prácticas coercitivas de conversión.
La campaña de apoyo a esta iniciativa ha tomado fuerza en redes sociales con los hashtags #QuiéreleSiempre y #NadaQueCurar, mensajes dirigidos a las familias de personas con identidades sexuales diversas, alentándolas a que brinden su apoyo incondicional y amor a sus seres queridos.
Nota editorial: “Desde OrgulloLGBT.co acompañamos como siempre el proceso legislativo de este proyecto hasta que sea materializado como una ley en el país, con la esperanza de que Colombia se convierta en un referente de respeto hacia la diversidad sexual y de género.” Ricardo Montenegro, director
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Impunidad y violencia contra las poblaciones LGBTQ en Honduras: el caso de Erlin Blandín
Joven gay murió de tres balazos el 14 de julio
TEGUCIGALPA, Honduras — Un desgarrador testimonio sobre los datos actualizados de la violencia contra la comunidad LGBTQ ofreció Nahíl Zerón, colaborador en Red Lésbica Cattrachas, en una reciente entrevista. Zerón subrayó las alarmantes cifras de asesinatos y la dificultad en la búsqueda de justicia.
El entrevistado inició explicando el meticuloso proceso de registro de la violencia contra personas LGBTQ. “Nos dedicamos a recolectar datos y analizar patrones de muerte por orientación sexual e identidad de género”, dijo.
Zerón trabaja para una de las organizaciones que han revelado una cruda realidad: desde 2017 a julio de 2024 se registran 263 muertes violentas de personas LGBTQ y cuatro personas diversas desaparecidas.
Además, de los 45 casos judicializados, sólo 11 tienen sentencia condenatoria.
Para realizar el registro de la violencia contra las poblaciones LGBTQ se toman en cuenta detalles como el tipo de arma utilizada y el modus operandi. Asimismo, se registra la ubicación de las heridas en el cuerpo de la víctima, el rango de edad y la ocupación de las personas asesinadas.
Lo amenazaron e incendiaron su casa
Entre los casos de violencia contra las poblaciones LGBTQ se encuentra uno particularmente representativo: el de Erlin Asbiel Blandín Álvarez, de 34 años de edad. El joven gay pasante de la carrera de Periodismo en la UNAH murió de tres balazos. Su caso ilustra cómo múltiples factores de riesgo pueden confluir en una tragedia.
Blandín denunció haber recibido amenazas de Franklin Eduardo Alvarado Medina. Interpuso una denuncia por amenaza y extorsión. Además, aseguró que Alvarado incendió su casa. Blandín les comentó a sus compañeros de universidad que Franklin Alvarado quedó en libertad. Según Nahíl Zerón, “no podemos decir que esto tenga vinculación, pero sí confirmamos que él había expresado esa preocupación”.
La impunidad es alarmante
Blandín no sólo era un periodista comprometido con su labor. También era un activista cercano a las comunidades más vulnerables. Cuando lo asesinaron el 14 de julio de 2024, en Laureles, departamento de Olancho, estaba temporalmente en esa comunidad debido a su trabajo de investigación. Su residencia oficial estaba en Tegucigalpa.
Los informes indican que recibió un balazos en la parte izquierda del tórax, otro en la clavícula izquierda y el último en la espalda. Además se reportó que los atacantes se desplazaban en una motocicleta, lo cual sugiere que el ataque fue premeditado.
La impunidad en casos como el de Blandín es alarmante. Nahíl Zerón mencionó que incluso cuando uno de los casos recibe una condena, no se reconoce la violencia motivada por orientación sexual o identidad de género. Esta situación refleja una grave falla en el sistema judicial hondureño que a menudo generaliza los homicidios sin considerar los prejuicios específicos que los motivan.
Según Zerón, 2023 fue el año más violento para personas LGBTQ en Honduras desde 1994, con un total de 52 asesinatos registrados. Este aumento en la violencia genera un ambiente de miedo y desconfianza en las autoridades. Las personas LGBTQ sienten que sus vidas no son valoradas ni protegidas por el Estado. Eso las obliga a vivir constantemente con el temor de ser las próximas víctimas.
Es imperativo que las autoridades hondureñas y la sociedad tomen medidas concretas para proteger a esta comunidad y garantizar que los crímenes de odio no queden impunes. La vida y la dignidad de las personas LGBTQ merecen ser respetadas y defendidas. Es responsabilidad de todos trabajar por un futuro más justo e inclusivo.
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Avanza la inclusión de poblaciones LGBTQ en Honduras
Se inauguró el Centro de Día de Somos CDC el 19 de julio
TEGUCIGALPA, Honduras — Facilitar un espacio para la población LGBTQ, personas con VIH y originarias es el principal objetivo del Centro de Día, inaugurado el 19 de julio pasado por el Centro para el Desarrollo y la Cooperación LGBTIQ+ (Somos CDC). El Centro aspira a convertirse en un lugar para la inclusión de poblaciones vulnerabilizadas.
Por medio del Centro de Día, Somos CDC busca facilitar el acceso a un espacio que permita a las poblaciones vulnerabilizadas realizar reuniones, podcasts, entrevistas o actividades físicas.
Un lugar físico accesible
Somos CDC impulsa el Centro de Día para responder a la necesidad de un lugar para la inclusión de poblaciones en el que tengan acceso a un entorno abierto.
Esta iniciativa complementa el trabajo de fortalecimiento de las organizaciones mediante un lugar físico donde llevar a cabo actividades sin altos costos de alquiler que a menudo impiden realizarlas.
El Centro de Día cuenta con una sala de reuniones equipada con aire acondicionado, televisor, sillas y servicio de internet. Este espacio para la inclusión de poblaciones vulnerabilizadas tiene también un estudio donde se podrá realizar cualquier contenido multimedia, espacio para entrevistas, podcasts, campañas, etcétera.
Además de reducir las barreras económicas, el Centro se propone como un espacio gratuito para que las organizaciones enfoquen sus recursos en la implementación de sus programas. En colaboración con entidades como Médicos del Mundo, ofrece servicios médicos especializados y apoyo psicológico, social y cultural.
El horario de funcionamiento del Centro de Día es de 9:00 a.m. a 4:00 p.m. Sus instalaciones están disponibles de manera gratuita para organizaciones y grupos que deseen realizar actividades. Las reservas deben coordinarse para asegurar la disponibilidad y el buen desarrollo de las mismas.
El objetivo a largo plazo es replicar este modelo en otras ciudades, ampliando el alcance y los beneficios del Centro. Por ahora, la comunidad está invitada a utilizar y promover este espacio, fomentando una verdadera inclusión y colaboración.
CDC, a un click
Somos CDC también cuenta con su página web, donde proporciona información detallada sobre su funcionamiento y actividades. Según uno de los representantes, diseñaron la web para ofrecer acceso a recursos y permitir a las personas obtener información sobre los servicios disponibles.
El portal ofrece una introducción a las actividades del centro, incluyendo programas de participación en ciencia política, acceso a la justicia y desarrollo económico, así como programas de comunicaciones para el cambio cultural. En las redes sociales como Instagram y YouTube se presentan actividades y contenidos educativos y de sensibilización.
Además, la web incluye un formulario para consultas y sugerencias que ofrece un canal directo de comunicación con el equipo del Centro. También se proporciona información sobre la misión, visión y metodología de trabajo del centro, así como detalles sobre los valores organizacionales y la estructura del equipo.
Un aspecto importante del portal es la inclusión de sistemas de cuentas y estadística, que registran datos relevantes sobre la población vulnerable. Estos sistemas permiten un seguimiento detallado de temas como la migración, la violencia contra la población LGBTQ y los crímenes de odio.
En resumen, CDC no sólo se posiciona como un lugar físico de apoyo e inclusión. Es también un recurso digital integral que facilita la participación y el acceso a la información para todos los interesados.
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