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Al borde del abismo organizaciones que combaten el VIH en México

El gobierno de AMLO eliminará el apoyo económico a todas las ONGs

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El presidente Andrés Manuel López Obrador comunicó en conferencia de prensa el 14 de febrero que su gobierno eliminará el apoyo económico a todas las organizaciones de la sociedad civil, incluidas las que apoyan la lucha contra el VIH, y entregará los fondos directamente a los afectados.

La medida forma parte de la política presidencial de transparencia y que busca cerrar los desvíos de recursos y corrupción en la que se han visto envueltas algunas de estas organizaciones. “No se van a transferir recursos en beneficio de la gente a través de intermediarios, todo va a ser directo, de la Tesorería de la federación al beneficiario … Con esto vamos a generar ahorros del 30 por ciento porque se demuestra que no llegaban los apoyos completos; tenemos pruebas”, declaró López Obrador.

Ante esa orden ejecutiva, más de 200 organizaciones civiles que combaten el Virus de Inmunodeficiencia Humano (VIH) firmaron un manifiesto, en el solicitan al mandatario mantener la convocatoria para el subsidio de organizaciones civiles emitida anualmente por el Centro Nacional para el Control y Prevención del VIH y el Sida (Censida).

En el documento exigen además que “se distinga plenamente a las organizaciones que se han faltado y aprovechado de las poblaciones motivo de su existencia, de aquellas, — la mayoría — que sí aportamos y colaboramos por un mejor México”, señalan.

“Somos las primeras — continúa el comunicado — en desear que los recursos federales se aprovechen para salvar vidas y construir entornos favorables y favorecedores que, en el mediano plazo, erradiquen el SIDA y controlen la propagación del VIH, así como se termine de manera definitiva con la corrupción y el clientelismo político en México”.

El anuncio de López Obrador inquieta a expertos y activistas, quienes han anunciado su desacuerdo con esta orden ejecutiva. “La cancelación de la convocatoria de Censida traerá que la respuesta al VIH/SIDA se vea mermada y se ponga en riesgo cumplir con los objetivos de la agenda 2030. La epidemia de alguna manera está atendida y contenida por el trabajo que realizan las OSC con el poco dinero que se ofertaba en la convocatoria”, subrayó al portal Homosexual Luis Guzmán, presidente del Consejo Consultivo de Codice A.C.

Jorge Alberto Duran López, activista independiente de la comunidad LGBTI en Mexicali, refirió al Washington Blade que resulta alarmante la actual situación para las personas que viven con esta enfermedad y que dependen de estos subsidios para realizar sus exámenes y recibir sus medicamentos.

A Duran López le preocupan los altos precios de estos fármacos, cuyo costo puede ascender hasta unos 180 mil pesos mexicanos (más de $9,700 USD) para quienes no pueden acceder por parte del sector salud. Además, en opinión del activista mexicalense, la actual disposición podría desembocar en un mayor desabastecimiento de las medicinas, como ya sucede en varias regiones de la nación azteca.

Ricardo Baruch, consultor en temas de salud y activista LGBTI, en un artículo publicado en la web Letras Libres destacó que en más de 10 años de labor en estas organizaciones no ha habido ningún problema de desvío, gracias al monitoreo que se hace desde el gobierno federal. Asimismo, recordó que, en el marco de la Conferencia Internacional de VIH en el 2018, el programa de VIH de las Naciones Unidas (ONUSIDA) reconoció el modelo de “contratación social” de Censida como un ejemplo de buena práctica internacional para el control de la epidemia.

En declaraciones al Blade, Baruch puso como ejemplo la situación de MEXFAM, una organización que trabaja a nivel nacional en proyectos de salud sexual y reproductiva y que en años pasados ha tenido un fuerte trabajo con mujeres trans en el Istmo de Tehuantepec.

“Si se corta el financiamiento de Censida, MEXFAM seguirá ofreciendo servicios clínicos en sus instalaciones, pero no podría hacer trabajo comunitario para alcanzar a las poblaciones en sus lugares de trabajo o esparcimiento, además de que su alcance geográfico se vería reducido a sólo una ciudad donde tiene su clínica, en Ixtaltepec”.

Baruch dijo que, si bien el Gobierno Federal no es la única vía de financiamiento para muchas organizaciones, sí ha permitido que muchas de ellas fortalezcan sus servicios y sus proyectos sean sostenibles a través de los años. “Es importante considerar que, si bien algunas organizaciones cobran por algunos servicios, esto es con el fin de mantenerse funcionando y no por generar ganancias, pero en muchas ocasiones, no es suficiente para sobrevivir”. 

Datos ilustrativos

Censida ha reconocido que gracias al trabajo de las OSC se han evitado más de 65 mil muertes relacionadas al VIH/Sida en México, donde hasta diciembre de 2017, se estimaba que 230 mil personas vivían con el virus, de las cuales 147 mil tenían acceso a un tratamiento retroviral. Según cifras oficiales, cada día 30 personas contraen esta enfermedad en México, lo que equivale a 11 mil nuevos casos cada año.

Entre 2012 y 2018 se redujo en un 18 por ciento los casos diagnosticados de manera tardía, gracias a que la convocatoria puso gran parte de sus recursos en insumos de prevención y diagnósticos de VIH e ITS, y apoyó al modelo de Centros Comunitarios de Detección.

Datos del pasado año del Censida dejan de manifiesto que, del presupuesto destinado a través de la convocatoria, un total de 105,630,498 pesos mexicanos (más de 5 millones de USD), se beneficiaron a 122 proyectos, cada uno con un estímulo de 865,823 pesos mexicanos.  


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Asesinan a Erika Tatiana 10 días después del discurso de odio de JOH contra personas LGBTQ en Honduras

La activista es la 4ta persona trans asesinada en el país este año

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Erika Tatiana (Imagen cortesía de Reportar Sin Miedo)

Reportar Sin Miedo es el socio mediático del Washington Blade en Honduras. Esta nota salió en su sitio web el 27 de septiembre.

SANTA ROSA DE COPÁN, Honduras — María hizo muchas llamadas, pero su hija, Erika Tatiana Martínez García, nunca le contestó. 

Desesperada por no saber de ella, fue a buscarla y la encontró muerta con heridas de arma blanca en su apartamento el domingo 26 de septiembre en horas de la tarde, relató a Reportar sin Miedo la madre de Tatiana.

Erika Tatiana, mejor conocida por su segundo nombre, tenía 32 años de edad y residía en la colonia Díaz Valenzuela, en Santa Rosa de Copán, en el occidente de Honduras. 

La víctima mortal tenía un pequeño negocio donde vendía bebidas y algunos alimentos a los clientes que llegaban en estado de embriaguez.

A la casa de Tatiana acudieron miembros de la Policía Nacional para acordonar el sitio donde yacía el cadáver. María quiere justicia para su hija, pero sabe que la mayoría de los crímenes quedan en la impunidad. “Si no se hace justicia acá, sé que el Señor lo hará. De Dios nadie se escapa”. Tatiana fue enterrada la tarde del lunes por sus familiares en Santa Rosa de Copán. 

Mientras tanto, elementos de la Dirección Policial de Investigación (DPI) procedieron a trabajar en las primeras pesquisas del caso. 

El vocero de la Policía Nacional de Honduras en el departamento de Copán, Gregorio Cornejo Campos, dijo que Tatiana falleció a causa de tres heridas producidas supuestamente por un puñal en el tórax y el cuello. 

“Hay mucha desinformación sobre las heridas y cómo se encontró el cuerpo, pero lo oficial que tenemos es que la mataron entre la noche del sábado y madrugada del domingo”, dijo a Reportar sin Miedo el vocero policial. 

Tatiana es la cuarta trans asesinada en Honduras en el 2021. Hasta la fecha, desde el transfemicidio de Vicky Hernández en 2009 han muerto 390 personas LGBTI en Honduras. 

Según el Observatorio de Muertes Violentas de la Red Lésbica Cattrachas, de los 17 casos de este año, 10 son de hombres gay, tres de mujeres lesbianas y cuatro de mujeres trans. 

La impunidad de los crímenes de odio contra las personas LGBTI+ en Honduras es de un 91 por ciento, revelan datos de la misma institución. 

Era activista nacionalista 

Según su madre, Tatiana era activista del Partido Nacional en Santa Rosa y acompañó a la institución política durante años en diferentes elecciones primarias y generales. 

El partido de gobierno del presidente Juan Orlando Hernández al que pertenecía Tatiana se ha pronunciado públicamente en contra de leyes que benefician en derechos a las personas LGBTIQ+ y mujeres, pero no por el asesinato de una de las líderes de sus bases. 

Además, el mandatario hondureño ha dicho públicamente su oposición a las propuestas a favor del derecho a decidir sobre el cuerpo de las mujeres y a los defensores de los territorios que se pronuncian contra las ciudades modelos o ZEDE. 

Un activista LGBTIQ+ nacionalista consultado por Reportar Sin Miedo dijo que los estatutos del Partido Nacional prohíben tocar el tema de la diversidad sexual y aborto.  Sin embargo, agregó el entrevistado, muchas personas diversas sexualmente que trabajan en la formación de las bases de la organización política reciben a diario un reconocimiento por parte de los grupos locales por su trabajo en la organización de la participación comunitaria y las estructuras del partido.

Honduras: organizaciones de la diversidad sexual denuncian a JOH por “discurso de odio”

Condenan crimen

La organización LGBTIQ+ Honduras Diversa realizó un pronunciamiento público con una imagen de Tatiana en la que incluyó un mensaje pidiendo justicia. 

“Hagamos oír nuestra voz, nuestro dolor y rabia, exigiendo al Ministerio Público y a los demás entes de investigación criminal en el país que realicen una investigación exhaustiva para que el asesinato de Tatiana no se sume al 91% de impunidad de los crímenes de odio de personas LGBTI+ en Honduras”, dice el comunicado. 

El director de Honduras Diversa, Néstor Hernández, condenó que los medios de comunicación no respetaran la identidad y expresión de género de Tatiana.

Hernández denunció que los medios locales y de circulación nacional colocaron el nombre con el que Tatiana aparece en sus documentos públicos y no su nombre asumido, ya que las personas trans no tienen ley de identidad de género en Honduras.

 

 
 
 
 
 
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A post shared by Honduras Diversa (@hondurasdiversa)

También las asociaciones diversas Arcoíris y Muñecas de Arcoíris realizaron un pronunciamiento público: “No más crímenes de odio contra nuestras hermanas, no más apología para nuestras colectivas”. 

 

 
 
 
 
 
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A post shared by Casa Arcoiris (@arcoirishn)

Por su parte, el secretario de la Juventud del Partido Libre, Kevin Ramos, dijo en sus redes sociales: “Seguiremos en la lucha por la búsqueda de la justicia. La transfobia es una realidad y más viva que nunca”. 

 

 
 
 
 
 
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A post shared by Asociacion Cepres (@asociacioncepres)

Honduras tiene una deuda pendiente con las personas trans 

Tatiana debería ser una de las personas LGBTIQ+ beneficiadas por la sentencia en el caso de Vicky Hernández. En cambio, se convierte en otra víctima de un crimen de odio.

El Estado de Honduras fue condenado el 28 de junio por la Corte IDH por el asesinato de la activista trans Vicky Hernández. La sentencia del caso obliga al país a crear protocolos y normativas para brindar, de forma expedita, identidad de género a las personas trans.

Sin embargo, hasta hoy el gobierno hondureño no ha cumplido ninguno de los mandatos de la Corte IDH incluidos en la sentencia del caso de Vicky. Al contrario, durante el período electoral ha afinado su discurso contra las personas de la diversidad sexual y mujeres, según denuncias de activistas. 

“Al investigar la vida y muerte de Vicky entendimos la falta de acceso a servicios básicos, las dificultades para conseguir empleo formal y las barreras legales para el cambio de nombre y reconocimiento de su identidad y expresión de género que sufren las personas trans. Vimos cómo una cultura persistente de impunidad ha impedido sancionar a quienes cometen crímenes transfóbicos, y cómo muchos gobiernos de la región han optado por ignorar esta realidad. Para hacerle justicia a Vicky hay que entender el modo en el que el sistema les falla a las mujeres trans y cómo se puede mejorar”, escribieron para el New York Times las abogadas Angelita Baeyens y Kacey Mordecai de la organización estadounidense Robert F. Kennedy Human Rights. 

El equipo legal del caso también contó con las abogadas hondureñas Astrid Ramos y Nadia Mejía, de la Red Lésbica Cattrachas.

La red es liderada por Indyra Mendoza, quien el 14 de septiembre fue nombrada junto con Claudia Spellman entre las 100 personas más influyentes del mundo, según la revista Time. 

Ambas mujeres diversas sexualmente son las primeras personas hondureñas que obtienen este reconocimiento internacional. 

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Noticias en Español

‘Ser hombre va más allá de tener genitales’: Carlos y Niurka, una familia LGBTQ en Cuba

‘Yo vivo orgulloso’

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Carlos Hernández (Foto de María Lucía Expósito)

Tremenda Nota es el socio mediático del Washington Blade en Cuba. Esta nota salió en su sitio web el 27 de agosto.

LA HABANA — “Tengo muchísimas amistades que me llaman como Carlos, tengo otros allegados como mi familia que me aceptan, pero no se acomodan totalmente a la idea de que no es Diana, sino Carlos”, dice.

“Empecé en la transición hace tres años, siempre había tenido el deseo de estar bajo tratamiento. Comencé gracias a un grupo de amistades que tenía conexiones con la Cenesex (Centro Nacional de Educación Sexual). Hasta ahora he visto muchos cambios en mi cuerpo”, relata.

Carlos Hernández tiene 32 años y no tiene ningún problema con mencionar su nombre legal, aunque nadie se lo pregunte. El nombre antiguo está tan superado que no le preocupa mencionarlo.

Su mamá es la única que insiste en llamarlo Diana y le ha dicho que empezará a llamarlo Carlos cuando haya podido cambiar su nombre en el registro civil. Este argumento se lo inspira una transfobia agonizante, prácticamente derrotada. Ninguna institución tiene la facultad de hacer de Carlos un Carlos legítimo. Sin embargo, el Estado cree que tiene ese poder y para ejercerlo cuenta con oficinas, juristas, médicos, tribunales. Gente como la madre de Carlos, que no entiende bien que el género es otra norma, se excusa con esto.

“La última vez que insistí en buscar trabajo para el Estado me miraron de arriba a abajo cuando vieron mi carnet, me juzgaron por el tamaño”, cuenta Carlos. “Desistí y comencé a trabajar en el sector independiente y así nadie me reprime. Como trans, lo primero que yo desearía no es casarme como una Diana sino como un Carlos, cambiarme el nombre”.

Aunque el matrimonio parece la gran demanda de los colectivos LGBTIQ+ y ha sido el caballo de batalla del activismo, hay mucha gente como Carlos pensando más en derechos laborales o en el respeto al género de las personas trans. Hasta ahora, estos reclamos ni siquiera están en el gran debate público.

Cuando se aprobó el Código de Trabajo, en 2014, quienes legislaron decidieron que quedaba prohibido, a la hora de contratar, discriminar a nadie por su orientación sexual. Sin embargo, algunos diputados se negaron a incluir a la identidad de género en la lista de argumentos usados para descalificar a una persona que busca empleo. La ley entró en vigor con esa falta.

(Foto de María Lucía Expósito)

Carlos coordina una red de activistas afrodescendientes y vive con Niurka. Se conocen desde la adolescencia. Pasaron años desde que volvieron a verse decidieron tener una familia. Niurka tiene un hijo. Ha vivido como una mujer heterosexual. Insiste en que sigue siéndolo, aunque la transfobia general se empeñe en considerarla lesbiana.

“Nunca había tenido una relación con alguna otra mujer, de hecho me gustan los hombres. Por eso estoy con Carlos, porque él realmente lo es”, dice.

“Para mí ser hombre va más allá de tener genitales. Él tiene conceptos, principios y otras cualidades muy bonitas. Creo que debería ser un ejemplo para otros hombres”, opina.

“Luego del reencuentro, sin muchos rodeos, me aparecí en su casa con el niño y punto. Ya vamos para dos años de relación”, cuenta Niurka.

“El niño me dice tío, a veces me dice papá. Soy partidario de no imponer las cosas. Yo vivo orgulloso de esta familia”, dice Carlos y sonríe.

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Mujeres trans detenidas en el 11J: A las arbitrariedades reportadas, se añade la violencia de género

Personas por todo el país participaron en las protestas

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Brenda Díaz (izq.) y otras mujeres trans que protestaron el 11J en Cuba (Fotos de Facebook y Tremenda Nota)

Tremenda Nota es el socio mediático del Washington Blade en Cuba. Esta nota salió en su sitio web el jueves.

LA HABANA — Brenda Díaz García, una mujer trans de 27 años, está encarcelada desde el 11 de julio de 2021. La acusan de haber lanzado piedras durante las protestas en Güira de Melena, el municipio donde reside. Su hermano, Luis Manuel Díaz García, de 16, que fue arrestado cuando intentaba impedir que la detuvieran, asegura que tal acusación es falsa.

“Nosotros salimos a manifestarnos como todo el mundo y cuando regresamos para la casa la policía la vino a buscar. Pero ella no estaba. Andaba caminando, la vieron, le cayeron atrás y la cogieron, y yo fui a defenderla y me cogieron a mí también. La acusan de tirar piedra, pero ella no tiró”, narra.

Según Luis, durante el arresto, Brenda pidió que le aflojaran las esposas porque le dolían las muñecas, y un policía le respondió: “No importa. Sufre”.

Ambos fueron trasladados a la unidad de policía conocida como el Técnico de Cuatro Caminos. A Brenda le permitieron estar en la misma celda que su hermano y allí estuvieron juntos alrededor de una semana. Con ellos había detenidos que no eran de Güira de Melena. En los interrogatorios a los que fueron sometidos, les preguntaban quiénes convocaron a manifestarse y cuánto les habían pagado.

Luis es uno de los 29 adolescentes que el régimen ha detenido, procesado o mantiene bajo investigación penal luego de las masivas protestas del 11 de julio. Cuenta que durmió en el piso durante nueve días y que la comida estaba “fatal”. Asegura, además, que a Brenda, quien tiene una condición de salud, no le dieron buena atención y que los guardias se burlaban de ella haciendo muecas.

“Cuando ella llamaba porque se sentía mal y tenía mareos, no le hacían caso. Hasta que yo cogí y le caí a piñazos a la puerta. Entonces la sacaron y la llevaron a darle un medicamento”, relata.

Luis fue liberado con medida cautelar tras 17 días de detención. “Ahora tengo que ir todos los lunes a firmar en la estación de policía de aquí de Güira y me dijeron que tengo que estar en mi casa tranquilo”, explica.

Por su parte, Brenda, a la semana de estar en el Técnico de Cuatro Caminos, la separaron de su hermano y la trasladaron al campamento Reloj Club de Boyeros y más tarde a una prisión en Melena del Sur, donde se encuentra actualmente.

Mujeres trans privadas de libertad: la invisibilidad tras los muros”, un informe realizado en 2020 por nueve organizaciones defensoras de derechos humanos en América Latina, señala: “Las mujeres trans son transferidas frecuentemente de una prisión a otra por exigir sus derechos y pueden ser ubicadas en áreas donde existen peores condiciones”.

A veces, al no contar con todas las protecciones legales que garanticen y respeten el género autopercibido de las personas trans, el propio sistema policial y carcelario no sabe qué hacer con ellas.

De los 20 países analizados en el informe, solo Argentina cumple todos los estándares internacionales: principio de igualdad y no discriminación por identidad de género, ley contra la violencia hacia mujeres, ley de identidad de género y normas para el alojamiento de personas trans en prisiones.

En países como Cuba, Bolivia y Honduras, aun cuando establezcan en sus leyes generales el principio de igualdad y de no discriminación por identidad de género, las mujeres trans son llevadas a prisiones de hombres o, en el mejor de los casos, a pabellones aparte dentro de las prisiones de hombres.

En Cuba ocurre comúnmente con las encarceladas por “peligrosidad”, que es un eufemismo usado en este caso para designar el trabajo sexual. Son llevadas al correccional para hombres de San José de las Lajas, provincia de Mayabeque, y no al correccional de mujeres Macondo, ubicado en Artemisa.

Brenda no ha sido la única persona trans encarcelada por haber participado en las protestas de julio. Nathalie Álvarez, de la ciudad de Colón, Matanzas, fue detenida en su casa el 17 de julio y acusada por desorden público. Permaneció detenida once días y finalmente fue liberada con medida cautelar y se encuentra bajo investigación penal.

Numerosas mujeres trans participaron en las protestas que el pasado julio se dieron a lo largo del país. En La Habana, un grupo de ellas denunció en entrevista para este mismo medio, la situación que las había empujado a manifestarse.

Además de la escasez de comida y de medicamentos y la falta de libertades que afecta a la mayoría de cubanos y cubanas, hicieron hincapié en el acoso policial, en que son procesadas sin haber cometido delito, y hablaron del desempleo, de la transfobia institucional y de la discriminación laboral.

Los reclamos de Brenda, que lleva 25 días detenida, no debieron ser muy diferentes. Su familia está muy preocupada por su situación legal, su salud e integridad física.

Un periodista de Tremenda Nota que fue detenido el 11 de julio y liberado al día siguiente, reportó haber encontrado a dos mujeres trans en la cárcel provisional conocida como el Vivac. Fue testigo de que eran tratadas por las autoridades con su nombre legal y refirió que fueron internadas en celdas junto a hombres.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha advertido que las personas LGBTIQ+ en prisión enfrentan un mayor riesgo de violencia sexual y de sufrir otros actos de violencia y discriminación, a manos de personas privadas de libertad o de carceleros.

El informe citado arriba alerta que “las mujeres trans (…) son mucho más propensas a sufrir abusos y violencia tras las rejas que otras poblaciones. Además de los retos que el encarcelamiento impone a las personas privadas de libertad, las mujeres trans presentan desafíos relacionados con el alojamiento, su identificación, las requisas, el acceso a servicios médicos, la privacidad, entre otros”.

Este 4 de agosto, el padre de Brenda y otra hermana fueron hasta la prisión donde se encuentra para llevarle comida. “No la dejan ver, solo pasarle comida”, contaron. Informan que el abogado a cargo del caso le dijo a la familia que no puede hacer nada hasta el lunes próximo.

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