Nota del editor: Tremenda Nota es el medio socio del Washington Blade en Cuba. Esa nota salió originalmente en su sitio web el 29 de mayo.

Dos años antes de que el gobierno cubano someta a votación popular el matrimonio igualitario, la Asociación Internacional de Lesbianas, Gais, Bisexuales, Trans e Intersex (ILGA) asegura que la celebración de referendos y los derechos de las personas LGBTI+ son “irreconciliables”.

Sin embargo, el informe “Homofobia de Estado” (2019) no critica la celebración de un referendo popular en Cuba a más tardar en abril de 2021 para aprobar un nuevo Código de Familia, “en el que debe figurar la forma de constituir el matrimonio”, según la disposición transitoria decimoprimera de la recién aprobada Carta Magna cubana.

En su informe, ILGA analiza la legislación vigente en todo el mundo y la situación de los derechos humanos en cada uno de los estados miembros de la Organización de Naciones Unidas. Además, el documento publicado este lunes ofrece un panorama de los derechos de las personas LGBTI+ y la situación socio-legal de la comunidad sexodiversa en diferentes regiones del mundo.

Por la parte cubana solo participaron en la redacción del informe el subdirector del Centro Nacional de Educación Sexual (Cenesex) Manuel Vázquez Seijido; y el activista, bloguero y periodista del semanario oficial Trabajadores, Francisco Rodríguez Cruz. Ningún activista LGBTI+ independiente no alineado con el Cenesex fue entrevistado ni invitado a participar en la investigación previa.

ILGA reconoció que el proceso de reforma constitucional en Cuba generó “un animado debate” sobre la legalización del matrimonio igualitario y celebró que las modificaciones en la definición de matrimonio no negaran uno de los derechos más reclamados por la comunidad LGBTI+ a nivel mundial.

El pasado año, durante las sesiones del Parlamento sobre el Proyecto de Constitución, los diputados cubanos aceptaron eliminar la referencia al matrimonio como “la unión voluntariamente concertada de un hombre y una mujer”. Sin embargo, después de los debates populares previos al referendo celebrado en febrero de 2019 el artículo que definía al matrimonio como “la unión voluntariamente concertada entre dos personas” fue cambiado por otro menos explícito.

No obstante, “no se incluyó ninguna referencia al género de las personas que se casan. Por lo tanto, la puerta permanece abierta al matrimonio del mismo sexo de cara al futuro”, reza el informe de ILGA.

En el ensayo “La situación en el Caribe hispanohablante y francófono” publicado como parte del informe, Darío Arias, co-secretario general de la sección latinoamericana y caribeña de ILGA, Manuel Vázquez Seijido y Francisco Rodríguez Cruz consideran que “el nuevo texto constitucional [de Cuba] incluye además el derecho de toda persona a formar una familia, ampara sus diversas maneras de constituirse, supera viejas concepciones sobre los fines reproductivos de la pareja, y proscribe explícitamente la discriminación por orientación sexual e identidad de género”.

Aunque el informe critica la celebración de referendos como vía para conceder (o negar) derechos a las personas LGBTI+, los autores evitaron valorar el caso cubano.  

ILGA reconoce que “los referendos no solo pueden llevar a restringir los derechos de las personas LGBTQ+, sino que también pueden proporcionar las bases para que los grupos conservadores crezcan y continúen con su trabajo antiderechos”.

Contradictoriamente, los cubanos que intervinieron en la redacción del informe reconocen (sin críticas) la celebración del referendo del Código de Familia en Cuba, una medida que resolvería la polémica suscitada por grupos evangélicos y homofóbicos contrarios a los derechos de las personas no heterosexuales y no cisgénero: “Como consecuencia de la polémica, para que la posibilidad que abre la nueva Constitución se convierta en derecho efectivo, deberá aprobarse a más tardar en dos años un nuevo Código de Familia, que tendrá que ser sometido a consulta popular y referendo”.

Este martes el activista estadounidense Michael Petrelis criticó en su perfil de Facebook que ILGA solo cuente con una fuente cubana, el bloguero Francisco Rodríguez Cruz, un “activista gay estrechamente vinculado a Mariela Castro y su organización Cenesex”.

Petrelis también dijo que todas las menciones sustantivas de Cuba en el informe “están libres de críticas al gobierno”.

En ese sentido, ILGA celebra la derogación del antiguo artículo 359 del Código Penal, que condenaba a las personas que hicieran “pública ostentación de su condición de homosexual”. Asimismo, reconoce que “la Ley de Asociaciones (Ley Nro. 54) garantiza el derecho constitucional a la libertad de asociación” aunque “la implementación real de la ley presenta sus matices”.

“Los grupos más grandes de activismo LGBTI en el país, aunque sin personalidad jurídica, trabajan bajo el paraguas del Centro Nacional para la Educación Sexual … y tienen una relativa autonomía para establecer sus bases y objetivos, e incluso en algunos casos ya son miembros de ILGA”.

El informe también culpa a los Estados Unidos por ser responsable de las limitaciones impuestas a la libertad de asociación en Cuba. “Según fuentes locales, esto [las limitaciones para la creación de nuevas asociaciones] se debe a los intentos del gobierno de los Estados Unidos de asignar recursos para subvertir el orden sociopolítico cubano a través de organizaciones de la sociedad civil”.

En uno de sus puntos más imprecisos sobre Cuba, el texto también aclara que el freno a la libertad de asociación “no ha impedido el surgimiento de nuevas asociaciones de acuerdo a las necesidades locales, como la creación de la Unión de Tecnología de la Información de Cuba en 2016”.

ILGA sugiere que, a pesar de las limitaciones de la libertad de asociación en Cuba (justificadas por la agresión permanente de los Estados Unidos), es posible fundar organizaciones de interés local sin reconocer que la asociación independiente ha sido históricamente atacada y prohibida por el gobierno.

A lo largo de su existencia, el Cenesex ha coartado el surgimiento de cualquier núcleo LGBTI+ independiente. Los escasos grupos con aparente autonomía están obligados a mantener vínculos con las Redes Sociales Comunitarias del centro dirigido por Mariela Castro Espín.

A principios de mayo de 2019, el Cenesex anunció la cancelación de la habitual Conga celebrada en La Habana desde hace una década. Poco después activistas independientes y miembros no alineados de la comunidad LGBTI+ convocaron a una marcha alternativa que fue atacada por Mariela Castro Espín y otros voceros de la oficialidad cubana.

La marcha, que logró avanzar desde el Parque Central hasta el final del Paseo del Prado, no pudo continuar al Malecón a causa de un gran despliegue policial. Finalmente, varios de los manifestantes fueron arrestados y trasladados a diferentes unidades de la policía de La Habana.

Enseguida Castro Espín aprovechó sus redes sociales y la cobertura del blog oficialista La Pupila Insomne y el espacio informativo Mesa Redonda de la Televisión Cubana para asegurar que la marcha había sido convocada desde Miami y Matanzas (sic). Varios de los activistas involucrados fueron acusados de recibir pagos y algunos fueron secuestrados, interrogados y arrestados durante varias horas por oficiales de la Seguridad del Estado cubano.

Michael Petrelis cree que “la ley cubana [de asociación] no se respetó el 11 de mayo cuando las personas LGBTI independientes se reunieron en el Parque Central e intentaron exhibir la bandera del arco iris a lo largo del Malecón de La Habana … Todo lo que ILGA tenía que hacer para obtener una visión imparcial sobre la ‘creación de nuevas asociaciones’ es ver los muchos grupos de Facebook que existen y que no están controlados por Cenesex”.

Finalmente, el activista norteamericano a quien el gobierno de la Isla negó recientemente la entrada al país, asegura que ILGA debe informar a todas las personas LGBTI+ de Cuba “de manera precisa y honesta sobre el enfoque del país con respecto a los derechos de los homosexuales. El informe de 2019 es unilateral y deshonesto”, termina Petrelis.