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Mujer trans de Guatemala busca refugio en Estados Unidos
Britany Nicole de Castillo estaba bajo custodia de ICE en Misisispi
Nota del editor: Yariel Valdés González es colaborador del Washington Blade, que solicita asilo político en Estados Unidos.
Valdés permanece bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en el Bossier Parish Medium Security Facility en Plain Dealing, Luisiana. Estuvo recluido en Tallahatchie County Correctional Center en Tutwiler, Misisipi, antes de su traslado a Luisiana.
El Blade recibió esa nota el 29 de julio.
TUTWILER, Misisipi — La risa de Britany Nicole de Castillo es despampanante, de esas que llenan todo de espacio, contagiosa y por momentos hasta estridente. Quien no la conoce decía que sus 33 años han sido un lecho de rosas, lo cual dista mucha de la realidad. La vida la ha golpeado tanto que uno precaria que no le quedarían deseos de sonreír, pero no. Ella sonríe para todos: Para sus amigos, para su familia, para sus vecinos, para los homofóbicos y hasta para si misma.
Britany es una chica trans de Guatemala, sobreviviente de varios ataques de odio por su identidad de género en su país natal, del cual huyó hace más de dos meses. Cruzó la frontera sur y ahora mismo está en territorio norteamericano solicitando asilo político. Conversó con al Washington Blade mientras estaba recluida en Tallahatchie County Correctional Center en Misisipi, cuando apenas iniciaba su proceso migratorio.
Tres instantes de horror
Desde los 14 años, Britany empezó a sentir la homofobia, sufrió bullying en la escuela, pues siempre se sintió mujer y como tal se proyectaba pese a las ofensas de sus compañeros de clase o las indicaciones de sus profesores. Siempre ha cuidada su imagen y aunque la conocí sin maquillaje y vestida con un horrible uniforme verde oscuro, puedo imaginármela con pestañas voluminosas, labios pintados, saya ajustada y unos zapatos que la hacen ver más alta de lo que es. Precisamente por esa apariencia y por mostrar sin miedos su verdadera identidad de género, Britany padeció disímiles ataques, violentos que l dejaron profundamente mascada, tanto física como emocionalmente.
“Cuando llevaba a mi sobrina a la escuela había un señor que me ofendía y me tiraba agua a los pies cada vez que pasaba”, cuenta Britany. “Un día lo enfrenté y me dijo que me iba a mandar a matar. Al poco tiempo, me atacaron desde un carro. Salieron dos muchachos con el rostro cubierto y me balacearon en el pie derecho y caí al suelo. Me quise levantar y me pegaron otro disparo en la otra pierna. Luego un tercero que sale me rozó. Si la pistola no se hubiera trabado me hubieron matado. El asesino, al ver que no podía seguir usando el arma, usó los golpes y le propinó tres patadas, al tiempo que le espetaba, ‘esto te pasa por ser gay’.
“¡Comportate como un hombre!”, le ordenó.
Tirada en la calle, Britany no sentía dolor, sale como si le hubiera enterada una braza de fuego en sus extremidades inferiores. Las balas habían entradas y salidas y allí estaban, temprano en la mañana pidiendo sangre sobre el asfalto de Escuintla, la ciudad que la vio nacer y crecer. Fueron los vecinos quienes le brindaron los primeros auxilios hasta que fue conducida al hospital, donde permaneció internada por ocho días.
“Casí tres meses en cama hasta que volví a caminar”, dice Britany. “Desde ese entonces sentía que cualquier ruido me alteraba. Tuve una grave crisis psicológica. Me mudé de residencia con mis padres para tratar de olvidar aquello”.
Al pasar tiempo, Britany fue recobrando poco a poco su peculiar risa, pero otro incidente le volvió a nublar la alegría. Fue en diciembre de 2018 cuando caminaba junto a una amiga por la calle y fue detenida por dos policías.
“Nos causaron la motocicleta -cuenta- y nos pusieron contra la pared”, dice Britany. “Nos maltrataron como si fuéramos delincuentes. Nos cacharon y nos revisaron los documentos mientras se reían de nosotros. Esas cosas no deberían pasar las autoridades deben respetar a todos y no discriminar a nadie por su orientación sexual”.
La transfobia, la homofobia y la violencia contra las personas LGBTI —y especialmente las personas — sigue siendo común en Guatemala.
Britany vivía en un sobresalto constante. Temió por su vida demasiadas veces, como aquella noche en la que regresaba de una actividad con una amiga y un auto se les atravesó en el camino como una amenaza mortal.
“Se bajaron varios hombres armados, nos ofendieron y nos amenazaron de muerte”, cuenta ella.
Britany pensó que había llegado su fin y mientras lloraba, la tomó la mano con fuerza a su compañera. Uno de las criminales le puso una pistola a su amiga y le quitó el dinero y su celular.
“Luego me robaron a mi también y me dieron tres puñetazos en la cara para que me comportara tres como un hombre”, dice Britany.
¿En la tierra de la libertad?
Todos estos y otros hechos empujaron a Britany a unirse a una caravana de migrantes rumbo a Estados Unidos. Pretendía encontrar aquí la libertad que Guatemala le había negado por tanto tiempo, para salvar esa risa contagiosa, que tanto molestaba a los homofóbicos.
“La caravana ya estaba en Tapachula y allí me uní con tres amigas trans”, dice ella. “Nos echamos a caminar: Unas veces nos daban raite (autostop) y otras veces no veníamos en la avanzada de la caravana en nuestra bandera gay.Algunas amigas venían con grandes cicatrices. Dormimos en parques, en las calles, en iglesias que nos apoyaban. Pasamos hambre, frio …”.
El viaje de Britany hacía su American dream duró más de un mes hasta que logró cruzar la frontera por Playas de Tijuana. Allí se entregó a las autoridades migratorias.
“Luego me encerraron en la hielera sola. Allí estuve ocho días. Me trataron como un animal. Solo había cuatro paredes y me lanzaban la comida, solo un burrito, un jugo o una galleta y pasando mucho frío”, dice Britany. “Como soy una chica trans me aislaron, no me pusieron ni con los hombres ni con las mujeres. No veía la luz del sol. Me estaba volviendo loca allí. Solo tenía una cama de cemento y un baño desbordado de basura al lado. El lugar era estrecho, apenas me podía morir”.
Para contrarrestar el intenso frío de la hielera le dieron solo una hoja de aluminio. Allí pasó días sin bañarse, sin cepillarse los dientes hasta que su cuerpo no resistió y se enfermó. Diversas organizaciones de derechos humanos y grupos de apoyo a migrantes se han manifestado en contra del trato inhumano que reciben muchos solicitantes de asilo político que entran a Estados Unidos en busca de protección. La actual situación de una consecuencia directa de la política del presidente Donald Trump para frenar el tránsito de migrantes hacia suelo estadounidense, una política de mano fuerte, que le ha valido no pocas críticas.
“Me he sentido traumada porque me han esposado de pies y manos, como si fuera una criminal”, dice Britany. “A veces me deprimo un poco porque no veo mucho la luz del sol y no respiro mucho aire puro. Pienso que no merezco un castigo como este, porque vengo huyendo de la violencia de mi país y apenas llegar a los Estados Unidos estaba siendo discriminada y maltratada”.
Pero Britany no pierde las esperanzas de vivir en libertad en este país, donde no sea perseguida ni acosada, donde pueda casarse con quien desee y prosperar. “Lo primero que quiero es recuperarme física y mentalmente porque este proceso te hiere un poco y luego trabajar para salir adelante y ser libre por fin, sin que nadie me discrimine ni me ataque porque ser como soy”, concluye ella.
Honduras
Corte IDH reconoce a Thalía Rodríguez como familia social de Leonela Zelaya
Se construyeron una familia tras más de una década de convivencia
Por DORIS GONZÁLEZ * | TEGUCIGALPA, Honduras — En la sentencia del caso Leonela Zelaya y otra vs Honduras emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos se estableció un hito jurisprudencial para las personas LGBTQ en Honduras, así como en la región en relación a las diversas conformaciones de familias existentes. La Corte IDH interpretó por primera vez el concepto de familia social, indicando que la construcción de familia no debe restringirse a la familia nuclear o a nociones tradicionales, bajo el entendido de que hay diferentes formas en las que se materializan los vínculos familiares.
Este análisis se trae a colación debido al contexto de discriminación, prejuicio y violencia que atravesamos las personas LGBTQ, el cual se puede manifestar incluso dentro de nuestras propias familias. Esta violencia se manifiesta a través de actos de odio como ser el desarraigo familiar, violencia física, psicológica, social, económica, expulsiones de los hogares, violaciones correctivas e incluso, culminando en muertes violentas. Esta violencia motivada por la orientación sexual, identidad y expresión de género de las personas imposibilita la convivencia familiar.
Ante esto, las personas LGBTQ construimos vínculos sociales fuera del vínculo familiar tradicional, los cuales a través de la convivencia, amistad, apoyo económico-social y construcción de vida en común constituyen familias, tal como ocurrió en este caso.
Tras el abandono de su familia biológica, Leonela Zelaya y Thalía Rodríguez construyeron una familia tras más de una década de convivencia, en los cuales se apoyaron mutuamente en diversas situaciones, viviendo como mujeres trans, portadoras de VIH, ejerciendo el trabajo sexual y en situación de pobreza, enfrentando constantes episodios de detenciones arbitrarias y violentas por parte de los órganos policiales.
Tras su asesinato, fue Thalía quien recogió el cuerpo de Leonela en la morgue de Tegucigalpa y quien gestionó el féretro a través de la Funeraria del Pueblo. Los servicios fúnebres de Leonela Zelaya fueron realizados en un bar por mujeres trans, trabajadoras sexuales, al cual no asistió ningún miembro de su familia biológica.
El asesinato de Leonela y la falta de esclarecimiento generaron a Thalía un sentimiento de inseguridad, frustración e impotencia. Por estas violaciones de derechos humanos, la Corte reconoció a Thalía Rodríguez, en calidad de familiar de Leonela, como víctima del caso, generando estándares aplicables a todas las personas LGBTQ.
A juicio de la Corte, esta situación lleva a que, en casos de muertes violentas de mujeres trans, las personas que integren las redes de apoyo de la persona fallecida puedan ser declaradas víctimas por la violación de sus derechos a la integridad psíquica o moral, siempre que se acredite la existencia de un vínculo estrecho con la víctima y una afectación a sus derechos, derivada, por ejemplo, de las gestiones realizadas para obtener justicia. Esta sentencia logra reconocer que las personas LGBTQ construimos familias sociales, familias elegidas, e indica que estas deben ser reconocidas y validadas.
* Abogada litigante del caso Leonela Zelaya y otra vs Honduras, Red Lésbica Cattrachas
El año 2026 no comenzó en blanco para las organizaciones LGBTQ en Estados Unidos. Llegó precedido por un proceso que se activó con fuerza en 2025 y que hoy se manifiesta como una reconfiguración profunda del ecosistema de derechos, servicios y sostenibilidad comunitaria. No se trata de una crisis momentánea ni de un ajuste administrativo pasajero. Lo que está ocurriendo es un cambio estructural en la forma en que el Estado define, financia y condiciona la igualdad, la accesibilidad y la atención a poblaciones históricamente vulnerables.
Desde los primeros meses de 2025, la administración federal inició la retirada o revisión de múltiples órdenes ejecutivas y disposiciones que protegían explícitamente a personas LGBTQ en áreas clave como salud, educación y acceso a servicios. La justificación oficial ha girado en torno a la eliminación de lo que se denomina “ideología de género” y a la redefinición restrictiva del concepto de sexo, limitado exclusivamente a criterios biológicos. Este cambio discursivo no quedó en el plano simbólico. Se tradujo en nuevas reglas de elegibilidad, en la cancelación de subvenciones, en la eliminación de recopilación de datos y en una creciente incertidumbre administrativa que ha afectado directamente la operatividad de organizaciones comunitarias en todo el país, como ha documentado la Kaiser Family Foundation.
La salud fue uno de los primeros campos donde se sintió el impacto. Programas vinculados a la atención integral, a la prevención del VIH, a la salud mental y a la investigación en poblaciones LGBTQ comenzaron a perder respaldo federal. Subvenciones previamente aprobadas fueron canceladas o sometidas a revisión bajo criterios ideológicos, no científicos. Reuters y Associated Press han documentado cómo esta nueva orientación provocó la interrupción de investigaciones financiadas por los Institutos Nacionales de Salud, afectando proyectos que buscaban comprender mejor las desigualdades en salud, el acceso a tratamientos y las condiciones de vida de comunidades ya marginadas. La consecuencia inmediata no es solo la pérdida de conocimiento, sino la erosión de la capacidad del país para diseñar políticas públicas basadas en evidencia.
La educación siguió un camino similar. A lo largo de 2025, el discurso oficial contra los programas de diversidad, equidad e inclusión se tradujo en recortes presupuestarios y en señales claras a los sistemas educativos. Talleres de prevención de acoso, programas de formación docente, iniciativas de acompañamiento estudiantil y espacios seguros que durante años fueron sostenidos por alianzas entre escuelas y organizaciones LGBTQ comenzaron a desaparecer o a ser suspendidos por temor a perder fondos. El mensaje fue inequívoco: la igualdad dejó de ser una prioridad financiable. En ese vacío, quienes pagan el precio son jóvenes que pierden redes de apoyo fundamentales en etapas decisivas de su vida.
A este escenario se sumó un fenómeno menos visible pero igualmente dañino: el condicionamiento del lenguaje. Organizaciones que no se dedican exclusivamente a temas LGBTQ, pero que atienden poblaciones diversas, comenzaron a recibir directrices que restringen términos y enfoques en sus propuestas de financiamiento. Esto ha generado autocensura institucional, debilitamiento de programas y una sensación generalizada de inseguridad jurídica. Cuando las organizaciones no saben si nombrar una realidad puede costarles su existencia, el impacto va mucho más allá del presupuesto.
El efecto acumulado de estas decisiones comenzó a hacerse evidente en 2025 y se consolida en 2026. Servicios que antes funcionaban con relativa estabilidad ahora operan al límite. Se reducen horarios, se despide personal, se priorizan únicamente los casos más urgentes y se crean listas de espera que antes no existían. La prevención cede espacio a la emergencia, y la emergencia, como bien sabe la salud pública, siempre resulta más costosa y más dolorosa.
Puerto Rico ofrece un ejemplo claro de cómo esta dinámica se acelera en contextos con menos margen de maniobra. La pérdida de fondos federales por parte de organizaciones comunitarias ha tenido efectos inmediatos, obligando a cierres de programas, reestructuraciones profundas y una dependencia aún mayor de donaciones locales en un mercado filantrópico limitado. Lo que en otros estados puede tardar años en sentirse, en la isla se manifiesta en meses. Y, sin embargo, la necesidad de servicios no disminuye; al contrario, aumenta en contextos de incertidumbre económica y social.
Frente a este panorama, las organizaciones LGBTQ no han permanecido inmóviles. El 2026 las encuentra ensayando estrategias de supervivencia que, aunque diversas, comparten un mismo objetivo: no colapsar. Muchas han acelerado la diversificación de sus fuentes de ingreso, apostando por donantes individuales recurrentes, campañas comunitarias y modelos de membresía. Otras han intentado desarrollar servicios híbridos que permitan generar ingresos propios para sostener programas gratuitos. Las alianzas con universidades, sistemas de salud, municipios y organizaciones comunitarias más amplias se han convertido en una tabla de salvación para compartir costos y mantener presencia territorial.
Pero también hay decisiones dolorosas. Reducciones de personal, cierres temporales, eliminación de proyectos no considerados esenciales y una redefinición constante de prioridades. Estas medidas no son señales de mala gestión; son respuestas defensivas ante un entorno que se ha vuelto hostil e impredecible.
Lo que muchas veces queda fuera del debate público es que este proceso no afecta solo a las organizaciones como estructuras administrativas. Afecta a personas concretas. A jóvenes que pierden espacios seguros. A personas trans que ven restringido su acceso a servicios de salud. A familias que ya no encuentran acompañamiento. A activistas que quedan más expuestos en un clima social cada vez más polarizado. La retirada de fondos no elimina las realidades humanas que esos programas atendían; simplemente las empuja hacia la invisibilidad y el sufrimiento silencioso.
El 2026, entonces, no es únicamente un año de ajustes presupuestarios. Es una antesala que pone a prueba el compromiso real del país con la igualdad y la dignidad. Cuando los derechos dependen de ciclos políticos y los servicios esenciales quedan sujetos a criterios ideológicos, lo que se debilita no es solo una comunidad específica, sino el tejido social en su conjunto.
La pregunta que queda abierta no es si las organizaciones LGBTQ resistirán. Históricamente lo han hecho. La verdadera pregunta es cuántas personas quedarán sin protección en el camino y cuánto daño se normalizará antes de que la nación asuma que la accesibilidad, la educación y la salud no pueden ser tratadas como concesiones temporales.
El 2026 ya comenzó. Y lo que está en juego no es una narrativa cultural, sino la capacidad de una sociedad para sostener, con hechos y no solo con discursos, la dignidad humana.
Colombia
Colombia anunció la inclusión de las categorías ‘trans’ y ‘no binario’ en los documentos de identidad
Registraduría Nacional anunció el cambio el 28 de noviembre
Ahora los ciudadanos colombianos podrán seleccionar las categorías ‘trans’ y ‘no binario’ en los documentos de identidad del país.
Este viernes la Registraduría Nacional del Estado Civil anunció que añadió las categorías ‘no binario’ y ‘trans’ en los distintos documentos de identidad con el fin de garantizar los derechos de las personas con identidad diversa.
El registrador nacional, Hernán Penagos, informó que hizo la inclusión de estas dos categorías en los documentos de: registro civil, tarjeta de identidad y cédula de ciudadanía.
Según la registraduría: “La inclusión de estas categorías representa un importante avance en materia de garantía de derechos de las personas con identidad de género diversa”.
Estas categorías estarán en el campo de ‘sexo’ en el que están normalmente las clasificaciones de ‘femenino’ y ‘masculino’ en los documentos de identidad.
En 2024 se inició la ejecución de diferentes acciones orientadas implementar componentes “‘NB’ y ‘T’ en el campo ‘sexo’ de los registros civiles y los documentos de identidad”.
Las personas trans existen y su identidad de género es un aspecto fundamental de su humanidad, reconocido por la Corte Constitucional de Colombia en sentencias como T-236/2023 y T-188/2024, que protegen sus derechos a la identidad y no discriminación. La actualización de la Registraduría implementa estos fallos que ya habían ordenado esos cambios en documentos de identidad.
Por su parte, el registrador nacional, Penagos, comentó que: “se trata del cumplimiento de unas órdenes por parte de la Corte Constitucional y, en segundo lugar, de una iniciativa en la que la Registraduría ha estado absolutamente comprometida”. Y explicó que en cada “una de las estaciones integradas de servicio de las más de 1.200 oficinas que tiene la Registraduría Nacional se va a incluir todo este proceso”.
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