News
La reivindicación de derechos y violencia contra LGBTQ marcan la crisis política en Chile
Activistas han participado en manifestaciones contra el gobierno de Piñera


CONCEPCIÓN, Chile — En menos de tres días una manifestación convocada por estudiantes contra el aumento en las tarifas del metro se convirtió en una imponente e inesperada protesta nacional por años de desigualdades en Chile, paralizando al país por completo y poniendo en jaque a toda la clase política chilena. Millones de personas han salido a las calles en los últimos días para manifestar su descontento.
Sin embargo, algunas de las masivas marchas han terminado con manifestantes atacando negocios, incendiando y saqueando supermercados en la peor revuelta que se ha visto en el país en décadas. En respuesta, el presidente de Chile, Sebastián Piñera, decretó Estado de Emergencia sacando a los militares a las calles y sumó un toque de queda que profundizó el conflicto desencadenando en los peores episodios de violación de Derechos Humanos en los últimos 30 años en país latinoamericano. Un grupo de congresistas anunció el domingo una acusación constitucional contra Piñera.
“Estás semanas han sido una bomba de tiempo que todos sabíamos que iba explotar, pero no sabíamos que explotaría ahora y con esta intensidad”, dice Alessia Injoque, presidenta ejecutiva de Fundación Iguales, una organización LGBTQ chilena. Similar opinión tiene Franco Fuica, coordinador de legislación y políticas públicas de Organizando Trans Diversidades (OTD), “estamos viviendo una revolución social”, afirma.
La crisis en Chile, se arrastra hace mucho tiempo. En 1973 el dictador Augusto Pinochet realizó un golpe de Estado para derrocar a Salvador Allende, el primer presidente socialista electo democráticamente en América Latina. Pinochet dio marcha atrás al modelo de Allende y comenzó a implementar una fórmula económica diametralmente opuesta, el país se convirtió en una especie de laboratorio del neoliberalismo e inició una cruel dictadura que persiguió, torturó y mató a sus opositores.
Los cambios económicos de Pinochet fueron liderados por un grupo de economistas liberales educados en la Universidad de Chicago, donde aprendieron de las ideas de los estadounidenses Milton Friedman y Arnold Harberger, los “Chicago boys” implementaron reformas económicas y sociales que todo lo privatizó, las cuales fueron selladas en la Constitución Política de la República de Chile de 1980, que permanece vigente.
Chile es el único país en el mundo en que el agua es privada, las pensiones de jubilación son bajas, hay mala salud y la mayoría de los hogares tienen dificultades para llegar a fin de mes. Un informe publicado en enero de este año por la Comisión Económica de América Latina y el Caribe (Cepal), que analizó la evolución de la pobreza, el gasto y la inclusión social, reveló que Chile sigue manteniendo sus altos índices de desigualdad. “El 1 por ciento de la población concentra el 26,5 por ciento de la riqueza”, concluyó la investigación.
“Llevamos años en un sistema injusto, donde todo está hecho para que siempre ganen los mismos. Más allá de esa injusticia hubo impunidad, donde no pasó nada con personas que hicieron mucho daño, paso del dolor a la frustración, el gobierno fue indolente y todo reventó”, aclara Injoque. La activista trans sinceró haber sentir miedo “me dio escalofríos cuando supe que los militares saldrían a las calles” recuerda.
“Piñera le declaró la guerra a mis nietos por cadena nacional, mandó al Ejército a dispararles a matar por manifestar pacíficamente su enorme sufrimiento y al pueblo le está pareciendo que hay complicidad ahí y yo escuchó otra voz generalizada: ‘renuncia Piñera'”, dijo al Washington Blade, Pamela Jiles (Frente Amplio, una nueva fuerza política en el Congreso de Chile), quién ha liderado el impeachment.
“Mi deber como parlamentaria es acusar constitucionalmente a Piñera, como lo habría hecho la diputada humanista Laura Rodríguez, utilizando una atribución parlamentaria y un instrumento constitucional, de espaldas a la élite y de cara al pueblo”, explicó Jiles. “No puede ser de otro modo ya que ha puesto en grave peligro la seguridad de la nación, ha sumido el país en el desgobierno y es el principal -aunque no único- responsable de las muertes de quienes debía proteger”.
Desde el estallido de esta revolución social se han reportado brutales casos de violación a Derechos Humanos por las Fuerzas Armadas y de Orden chilenas. Represión, abuso de poder, violencia desmedida, detenciones ilegales y muertes alertaron a Michelle Bachelet, Alta Comisionada de Derechos Humanos en la Organización de Naciones Unidas (ONU) y expresidenta de Chile, por lo que decidió enviar un equipo de observadores a verificar los casos, entre ellos el de un joven homosexual detenido ilegalmente, torturado y abusado sexualmente por la policía.
Josué Maureira, estudiante de Medicina de la Pontificia Universidad Católica de Chile (PUC), fue detenido mientras entregaba primeros auxilios a manifestantes heridos, denunció que fue apaleado hasta quedar inconsciente, vejado por su orientación sexual y expresión de género, nuevamente golpeado hasta romperle el tabique nasal, violado con una porra, amenazado de muerte y encarcelado por supuestas agresiones a los carabineros. El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) presentó una querella por tortura sexual.
“Los Estados de Emergencia autorizan a restringir la libre circulación, pero no a atentar contra la vida de las personas. La ‘salida de la crisis’, como le gusta decir a la élite, será únicamente la salida de Piñera. Es nuestra obligación detener la matanza de inocentes”, subrayó Jiles.
Shane Cienfuegos, activiste y coordinadore del área de investigaciones de Colectiva Neutres, que en las últimas semanas ha logrado unificar a la mayoría de los grupos LGBTQ mencionó que “yo estoy en las calles desde la evasión del metro, activando los territorios.Convocamos a todas las organizaciones y llegaron más de 50, hicimos un diagnóstico y descubrimos que estábamos siendo vulnerades”.

El pasado viernes 25 octubre se convocó a una masiva manifestación en todo el país, #LaMarchaMásGrandeDeChile fue trending topic mundial en Twitter y los canales de televisión cubrían la histórica protesta en cadena nacional, la cual que congregó a más de un millón y medio de personas. “Lo otro que iba a decir, que también hemos olvidado mencionar, aparte de los equipos -de fútbol- y las banderas chilenas, es muy importante, hay muchas banderas del movimiento LGBTQ, mucha gente también de la disidencia sexual que también están presentes y son movimientos que están manifestándose hoy día y sus banderas están ahí presentes en las calles”, interrumpió en vivo Mónica Rincón, periodista de CNN y aliada LGBTQ.
A través de sus redes sociales la mayoría de las instituciones LGBTQ chilenas llamaron a manifestarse. Mientras que las disidencias sexuales se desplegaron en grupo a participar. “Salimos con mucha pasión y creatividad para levantar con fuerza y al mismo tiempo reivindicar nuestros derechos que por siglos han sido vulnerados por el Estado de Chile y contra un sistema neoliberal que nos oprime”, añadió Cienfuegos.
En 1999 Chile despenalizó la sodomía, en 2012 sumó una ley antidiscriminación -la que los activistas apuntan como deficiente- y desde 2015 las personas del mismo sexo pueden acceder a una Unión Civil. En diciembre de este año entrará en vigencia la Ley de Identidad de Género que reconocerá el derecho a la identidad de las personas trans. A lo anterior, se suman políticas públicas que benefician a la diversidad sexual y de género, sin embargo, aún falta mucho para lograr la plena igualdad en el país.
“Conformamos una mesa con 19 organizaciones de la sociedad civil con presencia a lo largo de todo Chile, para poder trabajar en aquellas materias de ley que sean necesarias modificar para poder asegurar el reconocimiento, los derechos y las garantías de la población LGBTQ+”, mencionó Natalia Castillo (Frente Amplio), una joven congresista de la Cámara de Diputados que ha impulsado una bancada transversal por los derechos de lesbianas, gais, bisexuales, trans y queer, denominada “la bancada por la diversidad”.

Hace más de un año el proyecto de ley de matrimonio igualitario duerme en la Comisión de Constitución del Senado. Por otro lado, la “bancada por la diversidad” levantada por Castillo trabaja en la elaboración de otras iniciativas legislativas a favor de la diversidad sexual y de género que serán presentadas en las próximas semanas.
“Yo creo que es una gran oportunidad de perfeccionar la ley antidiscriminación, promover una ley que penalice la incitación al odio, y quizás, este es el momento para que las personas LGBTQ+ sean reparadas por el Estado de Chile por la histórica vulneración”, concluyó Fuica.
District of Columbia
Sentencing for Ruby Corado postponed for second time
Former Casa Ruby director pleaded guilty to wire fraud

The sentencing in D.C. federal court for Ruby Corado, the founder and executive director of the now-defunct LGBTQ community services organization Casa Ruby on a charge of wire fraud, has been postponed for the second time, from March 28 to April 29.
A spokesperson for U.S. District Court Judge Trevor N. McFadden, who is presiding over the case, said it was the judge who postponed the sentencing due to a scheduling conflict. The earlier postponement, from Jan. 10 to March 28, came at the request of Corado’s attorney and was not opposed by prosecutors with the Office of the U.S. Attorney for D.C.
Corado pleaded guilty on July 17, 2024, to a single charge of wire fraud as part of a plea bargain deal offered by prosecutors. The charge to which she pleaded guilty in U.S. District Court for D.C. says she allegedly diverted at least $150,000 “in taxpayer backed emergency COVID relief funds to private offshore bank accounts for her personal use,” according to a statement from the U.S. Attorney’s office.
Under the federal wire fraud law, for which Corado is being prosecuted, she could be subjected to a possible maximum sentence of up to 20 years in prison, a fine of up to $250,000, and restitution requiring her to repay the funds she allegedly stole.
Court observers, however, have said that due to Corado’s decision to waive her right to a trial and plead guilty to the lesser charge, prosecutors will likely ask the judge to hand down a lesser sentence than the maximum sentence.
An earlier criminal complaint filed against Corado, which has been replaced by the single charge to which she has pleaded guilty, came at the time the FBI arrested her on March 5, 2024, at a hotel in Laurel, Md., shortly after she returned to the U.S. from El Salvador.
At the request of her attorney and against the wishes of prosecutors, another judge at that time agreed to release Corado into custody of her niece in Rockville, Md., under a home detention order. The release order came seven days after Corado had been held in jail at the time of her March 5 arrest.
Kenya
Outcome of transgender rights case in Kenya remains uncertain
Country’s attorney general has asked High Court to dismiss lawsuit

Transgender Kenyans’ efforts to receive birth certificates that reflect their gender identity now hang in the balance, despite several legal victories.
Attorney General Dorcus Oduor has asked the High Court to dismiss a pending case that three trans people have filed. Oduor argues a person is born either “a boy or a girl” and existing laws do not allow for anyone to change their sex in adulthood.
Oduor in her written submission to Justice Bahati Mwamuye also argues gender identity and the government’s issuance of a birth certificate are based on a person’s physical appearance. Her argument, however, exempts intersex people.
The government last month officially recognized intersex people in a Kenya Gazette notice that said they can receive birth certificates with an “I” gender marker. The country’s historic intersex rights law took effect in 2022.
“The existing laws of the land do not contemplate change of gender, and marks of transgender are not a basis for determining one’s gender as either male or female,” Oduor states.
Oduor further maintains that a person’s feeling they are “unwillingly living in a wrong body” cannot justify changing their gender. Oduor maintains a person’s gender is based on fact — not feelings — and the plaintiffs at birth were registered and named based on their gender status.
Audrey Mbugua, Maurene Muia, and Arnest Thaiya are the three trans people suing Oduor, the Registrar of Births and Deaths, the National Registration Bureau, and Immigration Services Director General Evelyn Cheluget in order to receive amended birth certificates.
The plaintiffs argue the current discrepancy in crucial documents — birth certificates, national identification cards, and passports — has denied them opportunities and rights. They disagree with Oduor’s position on determining one’s sex, arguing the process is “not scientific, but subjective.”
“There are no identifiers of sex or definitions of the biological or psychological components of sex,” the plaintiffs argue. “In any event, such biological components cannot be limited to genitalia only, but also chromosomes, gonads, hormones, and the brain.”
They further maintain that trans people cannot be forced to live with names of the wrong gender as adults. Oduor, however, maintains that only mistakes, such as spelling errors or parents in ID documents, can be changed and not a gender marker.
Amka Africa Justice, Jinsiangu (“my gender”) Kenya, and the Kenya Human Rights Commission are among the advocacy groups that have joined the case.
Mbugua, a well-known trans activist, has been pushing for legal rights in the court for more than a decade.
She filed a lawsuit in which she demanded the government identify her as a woman and to be allowed to live as one, not as a male as she was registered at birth. A landmark ruling in 2014 ordered the Kenya National Examinations Council to change Mbugua’s name and replace the gender marker on her academic certificates.
Mbugua also founded Transgender Education and Advocacy, a group with more than 100 members. A long court battle that ultimately proved successful allowed Transgender Education and Advocacy to become the first publicly-funded trans rights organization in Kenya.
Transgender Education and Advocacy’s initiatives include offering legal aid to trans people seeking to change their names, photos, and gender markers in documents, pushing for legal reforms to end discrimination based on gender identity and expression, and providing economic assistance to trans people who want to overcome poverty and sexual exploitation.
Jinsiangu Kenya, established in 2018, also champions equal access to health care and other basic services without discrimination based on gender identity and expression.
A report that Jinsiangu Kenya released in July 2021 notes 63 percent of trans people surveyed did not have ID documents or records with gender markers that coincide with their gender identity. The report also notes 10 percent of trans people surveyed said officials denied them an ID card or passport, and they were unemployed because they did not have the proper documents.
Japan
Japan’s marriage equality movement gains steam
Nagoya High Court this month ruled lack of legal recognition is unconstitutional

Japan’s Nagoya High Court on March 7 ruled the lack of legal recognition of same-sex marriages violates the country’s constitution.
The plaintiffs argued Japan’s Civil Code and Family Registration Act, which does not recognize same-sex marriages, violates the country’s constitution. They cited Article 14, Paragraph 1, which guarantees equality under the law and prohibits discrimination based on factors that include race, creed, sex, or social status. The plaintiff also invoked Article 24, Paragraph 2, which emphasizes that laws governing marriage and family matters must uphold individual dignity and the fundamental equality of the sexes.
The plaintiffs sought damages of 1 million yen ($6,721.80) under Article 1, Paragraph 1, of the State Redress Act, which provides for compensation when a public official, through intentional or negligent acts in the course of their duties, causes harm to another individual. The claim centered on the government’s failure to enact necessary legislation, which prevented the plaintiff from marrying.
The court noted same-sex relationships have existed naturally long before the establishment of legal marriage. It emphasized that recognizing such relationships as legitimate is a fundamental legal interest connected to personal dignity, transcending the confines of traditional legal frameworks governing marriage and family.
The court further observed same-sex couples encounter significant disadvantages in various aspects of social life that cannot be addressed through civil partnership systems. These include housing challenges, such as restrictions on renting properties, and financial institutions refusing to recognize same-sex couples as family members for mortgages. Same-sex couples also face hurdles in accessing products and services tailored to family relationships. While the court deemed the relevant provisions unconstitutional, it clarified that the government’s failure to enact legislative changes does not constitute a violation under the State Redress Act.
The lawsuit, titled “Freedom of Marriage for All,” brought together a large coalition of professionals, including more than 30 plaintiffs and 80 lawyers. They filed six lawsuits in five courts throughout Japan.
“We filed these lawsuits on Valentine’s Day, Feb. 14, 2019, in Tokyo, Osaka, Nagoya, and Sapporo, and in September of that year in Fukuoka,” noted Takeharu Kato, director of Marriage for All Japan. “Then, in March 2021, the Sapporo District Court handed down the first ruling declaring the current laws unconstitutional, which received extensive worldwide media coverage. Subsequently, the Osaka District Court unfortunately ruled that the current law is constitutional, but among the 10 rulings handed down so far, nine have ruled that not recognizing marriage equality is unconstitutional.”
Kato is a lawyer who is part of the legal team in the Sapporo case. He is also a board member of Marriage for All Japan, a marriage equality campaign.
“The MFAJ (Marriage for All Japan) is fully supporting the lawsuits by publicizing the current status of the trials and the rulings in our websites and social networks, setting up press conferences at the time of the rulings,” Kato told the Washington Blade. “We also make the best of the impact of the lawsuits in our campaign by holding events with the plaintiffs of the lawsuits and inviting them to the rally at Diet (the Japanese parliament) members’ building.”
Kato said the campaign has significantly shifted public opinion, with recent polls indicating more than 70 percent of Japanese people now support marriage equality — up from approximately 40 percent before Marriage for All Japan launched. He also noted 49 percent of Diet members now back marriage equality.
Japan is the only G7 country that does not legally recognize same-sex couples. Taiwan, Nepal, and Thailand have extended full marriage rights to gays and lesbians.
Expressing disappointment, Kato said many Japanese politicians continue to resist marriage equality, despite overwhelming public support. Kato added Marriage for All Japan expects the Supreme Court to rule on their lawsuits in 2016.
“We believe that the Supreme Court will also rule that the current laws are unconstitutional,” he said. “However, the Supreme Court’s ruling alone is not enough to achieve marriage equality under the Japanese legal system. We should put more and more strong pressure on the Diet to legalize marriage equality in Japan as soon as possible.”
Several municipalities and prefectures issue certificates that provide limited benefits to same-sex couples, but they fall short of equal legal recognition.
Prime Minister Fumio Kishida’s government has faced mounting pressure on the issue as public support for marriage equality has surged in recent years. Kishida has yet to push reforms within his own party; encountering fierce opposition from its traditional leadership.
His government in June 2023 passed Japan’s first law addressing sexual orientation and gender identity, aiming to “promote understanding” and prevent “unfair discrimination.” Activists, however, widely criticized the legislation on grounds it fails to provide comprehensive protections or extend marriage rights to same-sex couples.
-
District of Columbia4 days ago
Harvey Fierstein says he was banned from Kennedy Center
-
National3 days ago
LGBTQ asylum seeker ‘forcibly removed’ from US, sent to El Salvador
-
Opinions3 days ago
Trump declares war on universal human rights
-
National3 days ago
Kennedy Center official slams Harvey Fierstein’s ban claim as ‘total lie’