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La reivindicación de derechos y violencia contra LGBTQ marcan la crisis política en Chile

Activistas han participado en manifestaciones contra el gobierno de Piñera

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Cristian Aedo Andia, autor de esta fotografía dijo al Washington Blade que “yo estaba protestando a unos metros del lugar cuando vi que alguien iba a subirse a aquel monumento y me encantó que alzara esta bandera gigante, fue inesperado y emotivo. Y sentí unidad, que estamos todos los chilenos unidos en esta causa social”. (Foto de Cristian Aedo Andia)

CONCEPCIÓN, Chile — En menos de tres días una manifestación convocada por estudiantes contra el aumento en las tarifas del metro se convirtió en una imponente e inesperada protesta nacional por años de desigualdades en Chile, paralizando al país por completo y poniendo en jaque a toda la clase política chilena. Millones de personas han salido a las calles en los últimos días para manifestar su descontento.

Sin embargo, algunas de las masivas marchas han terminado con manifestantes atacando negocios, incendiando y saqueando supermercados en la peor revuelta que se ha visto en el país en décadas. En respuesta, el presidente de Chile, Sebastián Piñera, decretó Estado de Emergencia sacando a los militares a las calles y sumó un toque de queda que profundizó el conflicto desencadenando en los peores episodios de violación de Derechos Humanos en los últimos 30 años en país latinoamericano. Un grupo de congresistas anunció el domingo una acusación constitucional contra Piñera. 

“Estás semanas han sido una bomba de tiempo que todos sabíamos que iba explotar, pero no sabíamos que explotaría ahora y con esta intensidad”, dice Alessia Injoque, presidenta ejecutiva de Fundación Iguales, una organización LGBTQ chilena. Similar opinión tiene Franco Fuica, coordinador de legislación y políticas públicas de Organizando Trans Diversidades (OTD), “estamos viviendo una revolución social”, afirma.

La crisis en Chile, se arrastra hace mucho tiempo. En 1973 el dictador Augusto Pinochet realizó un golpe de Estado para derrocar a Salvador Allende, el primer presidente socialista electo democráticamente en América Latina. Pinochet dio marcha atrás al modelo de Allende y comenzó a implementar una fórmula económica diametralmente opuesta, el país se convirtió en una especie de laboratorio del neoliberalismo e inició una cruel dictadura que persiguió, torturó y mató a sus opositores.

Los cambios económicos de Pinochet fueron liderados por un grupo de economistas liberales educados en la Universidad de Chicago, donde aprendieron de las ideas de los estadounidenses Milton Friedman y Arnold Harberger, los “Chicago boys” implementaron reformas económicas y sociales que todo lo privatizó, las cuales fueron selladas en la Constitución Política de la República de Chile de 1980, que permanece vigente.

Chile es el único país en el mundo en que el agua es privada, las pensiones de jubilación son bajas, hay mala salud y la mayoría de los hogares tienen dificultades para llegar a fin de mes. Un informe publicado en enero de este año por la Comisión Económica de América Latina y el Caribe (Cepal), que analizó la evolución de la pobreza, el gasto y la inclusión social, reveló que Chile sigue manteniendo sus altos índices de desigualdad. “El 1 por ciento de la población concentra el 26,5 por ciento de la riqueza”, concluyó la investigación.

“Llevamos años en un sistema injusto, donde todo está hecho para que siempre ganen los mismos. Más allá de esa injusticia hubo impunidad, donde no pasó nada con personas que hicieron mucho daño, paso del dolor a la frustración, el gobierno fue indolente y todo reventó”, aclara Injoque. La activista trans sinceró haber sentir miedo “me dio escalofríos cuando supe que los militares saldrían a las calles” recuerda.

“Piñera le declaró la guerra a mis nietos por cadena nacional, mandó al Ejército a dispararles a matar por manifestar pacíficamente su enorme sufrimiento y al pueblo le está pareciendo que hay complicidad ahí y yo escuchó otra voz generalizada: ‘renuncia Piñera'”, dijo al Washington Blade, Pamela Jiles (Frente Amplio, una nueva fuerza política en el Congreso de Chile), quién ha liderado el impeachment. 

“Mi deber como parlamentaria es acusar constitucionalmente a Piñera, como lo habría hecho la diputada humanista Laura Rodríguez, utilizando una atribución parlamentaria y un instrumento constitucional, de espaldas a la élite y de cara al pueblo”, explicó Jiles. “No puede ser de otro modo ya que ha puesto en grave peligro la seguridad de la nación, ha sumido el país en el desgobierno y es el principal -aunque no único- responsable de las muertes de quienes debía proteger”.

Desde el estallido de esta revolución social se han reportado brutales casos de violación a Derechos Humanos por las Fuerzas Armadas y de Orden chilenas. Represión, abuso de poder, violencia desmedida, detenciones ilegales y muertes alertaron a Michelle Bachelet, Alta Comisionada de Derechos Humanos en la Organización de Naciones Unidas (ONU) y expresidenta de Chile, por lo que decidió enviar un equipo de observadores a verificar los casos, entre ellos el de un joven homosexual detenido ilegalmente, torturado y abusado sexualmente por la policía.

Josué Maureira, estudiante de Medicina de la Pontificia Universidad Católica de Chile (PUC), fue detenido mientras entregaba primeros auxilios a manifestantes heridos, denunció que fue apaleado hasta quedar inconsciente, vejado por su orientación sexual y expresión de género, nuevamente golpeado hasta romperle el tabique nasal, violado con una porra, amenazado de muerte y encarcelado por supuestas agresiones a los carabineros. El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) presentó una querella por tortura sexual. 

“Los Estados de Emergencia autorizan a restringir la libre circulación, pero no a atentar contra la vida de las personas. La ‘salida de la crisis’, como le gusta decir a la élite, será únicamente la salida de Piñera. Es nuestra obligación detener la matanza de inocentes”, subrayó Jiles.

Shane Cienfuegos, activiste y coordinadore del área de investigaciones de Colectiva Neutres, que en las últimas semanas ha logrado unificar a la mayoría de los grupos LGBTQ mencionó que “yo estoy en las calles desde la evasión del metro, activando los territorios.Convocamos a todas las organizaciones y llegaron más de 50, hicimos un diagnóstico y descubrimos que estábamos siendo vulnerades”. 

La diputada Pamela Jiles alertó al Blade que “las abuelas de este país no vamos a permitir que Piñera siga matando gente, hiriendo niños, violando hombres y mujeres en las comisarías y particularmente abusando y denigrando a la gente de la diversidad sexual”. (Fotografía cedida por Jiles)

El pasado viernes 25 octubre se convocó a una masiva manifestación en todo el país, #LaMarchaMásGrandeDeChile fue trending topic mundial en Twitter y los canales de televisión cubrían la histórica protesta en cadena nacional, la cual que congregó a más de un millón y medio de personas. “Lo otro que iba a decir, que también hemos olvidado mencionar, aparte de los equipos -de fútbol- y las banderas chilenas, es muy importante, hay muchas banderas del movimiento LGBTQ, mucha gente también de la disidencia sexual que también están presentes y son movimientos que están manifestándose hoy día y sus banderas están ahí presentes en las calles”, interrumpió en vivo Mónica Rincón, periodista de CNN y aliada LGBTQ.

A través de sus redes sociales la mayoría de las instituciones LGBTQ chilenas llamaron a manifestarse. Mientras que las disidencias sexuales se desplegaron en grupo a participar. “Salimos con mucha pasión y creatividad para levantar con fuerza y al mismo tiempo reivindicar nuestros derechos que por siglos han sido vulnerados por el Estado de Chile y contra un sistema neoliberal que nos oprime”, añadió Cienfuegos.

En 1999 Chile despenalizó la sodomía, en 2012 sumó una ley antidiscriminación -la que los activistas apuntan como deficiente- y desde 2015 las personas del mismo sexo pueden acceder a una Unión Civil. En diciembre de este año entrará en vigencia la Ley de Identidad de Género que reconocerá el derecho a la identidad de las personas trans. A lo anterior, se suman políticas públicas que benefician a la diversidad sexual y de género, sin embargo, aún falta mucho para lograr la plena igualdad en el país. 

“Conformamos una mesa con 19 organizaciones de la sociedad civil con presencia a lo largo de todo Chile, para poder trabajar en aquellas materias de ley que sean necesarias modificar para poder asegurar el reconocimiento, los derechos y las garantías de la población LGBTQ+”, mencionó Natalia Castillo (Frente Amplio), una joven congresista de la Cámara de Diputados que ha impulsado una bancada transversal por los derechos de lesbianas, gais, bisexuales, trans y queer, denominada “la bancada por la diversidad”.

Desde que la diputada Natalia Castillo asumió el cargo se ha caracterizado por defender y promover los derechos de la diversidad sexual y de género chilena. (Fotografía cedida al Washington Blade)

Hace más de un año el proyecto de ley de matrimonio igualitario duerme en la Comisión de Constitución del Senado. Por otro lado, la “bancada por la diversidad” levantada por Castillo trabaja en la elaboración de otras iniciativas legislativas a favor de la diversidad sexual y de género que serán presentadas en las próximas semanas.

“Yo creo que es una gran oportunidad de perfeccionar la ley antidiscriminación, promover una ley que penalice la incitación al odio, y quizás, este es el momento para que las personas LGBTQ+ sean reparadas por el Estado de Chile por la histórica vulneración”, concluyó Fuica.

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Federal Government

UPenn erases Lia Thomas’s records as part of settlement with White House

University agreed to ban trans women from women’s sports teams

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U.S. Education Secretary Linda McMahon (Screen capture: C-SPAN)

In a settlement with the Trump-Vance administration announced on Tuesday, the University of Pennsylvania will ban transgender athletes from competing and erase swimming records set by transgender former student Lia Thomas.

The U.S. Department of Education’s Office for Civil Rights found the university in violation of Title IX, the federal rights law barring sex based discrimination in educational institutions, by “permitting males to compete in women’s intercollegiate athletics and to occupy women-only intimate facilities.”

The statement issued by University of Pennsylvania President J. Larry Jameson highlighted how the law’s interpretation was changed substantially under President Donald Trump’s second term.

“The Department of Education OCR investigated the participation of one transgender athlete on the women’s swimming team three years ago, during the 2021-2022 swim season,” he wrote. “At that time, Penn was in compliance with NCAA eligibility rules and Title IX as then interpreted.”

Jameson continued, “Penn has always followed — and continues to follow — Title IX and the applicable policy of the NCAA regarding transgender athletes. NCAA eligibility rules changed in February 2025 with Executive Orders 14168 and 14201 and Penn will continue to adhere to these new rules.”

Writing that “we acknowledge that some student-athletes were disadvantaged by these rules” in place while Thomas was allowed to compete, the university president added, “We recognize this and will apologize to those who experienced a competitive disadvantage or experienced anxiety because of the policies in effect at the time.”

“Today’s resolution agreement with UPenn is yet another example of the Trump effect in action,” Education Secretary Linda McMahon said in a statement. “Thanks to the leadership of President Trump, UPenn has agreed both to apologize for its past Title IX violations and to ensure that women’s sports are protected at the university for future generations of female athletes.”

Under former President Joe Biden, the department’s Office of Civil Rights sought to protect against anti-LGBTQ discrimination in education, bringing investigations and enforcement actions in cases where school officials might, for example, require trans students to use restrooms and facilities consistent with their birth sex or fail to respond to peer harassment over their gender identity.

Much of the legal reasoning behind the Biden-Harris administration’s positions extended from the 2020 U.S. Supreme Court case Bostock v. Clayton County, which found that sex-based discrimination includes that which is based on sexual orientation or gender identity under Title VII rules covering employment practices.

The Trump-Vance administration last week put the state of California on notice that its trans athlete policies were, or once were, in violation of Title IX, which comes amid the ongoing battle with Maine over the same issue.

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Congress

House Democrats oppose Bessent’s removal of SOGI from discrimination complaint forms

Congressional Equality Caucus sharply criticized move

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Treasury Secretary Scott Bessent (Washington Blade photo by Michael Key)

A letter issued last week by a group of House Democrats objects to Treasury Secretary Scott Bessent’s removal of sexual orientation and gender identity as bases for sex discrimination complaints in several Equal Employment Opportunity forms.

Bessent, who is gay, is the highest ranking openly LGBTQ official in American history and the second out Cabinet member next to Pete Buttigieg, who served as transportation secretary during the Biden-Harris administration.

The signatories to the letter include a few out members of Congress, Congressional Equality Caucus chair and co-chairs Mark Takano (Calif.), Ritchie Torres (N.Y.), and Becca Balint (Vt.), along with U.S. Reps. Nikema Williams (Ga.), Hank Johnson (Ga.), Raja Krishnamoorthi (Ill.), Delia Ramirez (Ill.), Joyce Beatty (Ohio), Lloyd Doggett (Texas), Eleanor Holmes Norton (D.C.), Josh Gottheimer (N.J.), and Sylvia Garcia (D-Texas).

The letter explains the “critical role” played by the EEO given the strictures and limits on how federal employees can find recourse for unlawful workplace discrimination — namely, without the ability to file complaints directly with the Employment Opportunity Commission or otherwise engage with the agency unless the complainant “appeal[s] an agency’s decision following the agency’s investigation or request[s] a hearing before an administrative judge.”

“Your attempt to remove ‘gender identity’ and ‘sexual orientation’ as bases for sex discrimination complaints in numerous Equal Employment Opportunity (EEO) forms will create unnecessary hurdles to employees filing EEO complaints and undermine enforcement of federal employee’s nondiscrimination protections,” the members wrote in their letter.

They further explain the legal basis behind LGBTQ inclusive nondiscrimination protections for federal employees in the EEOC’s decisions in Macy v. Holder (2012) and Baldwin v. Foxx (2015) and the U.S. Supreme Court’s decision in Bostock v. Clayton County (2020).

“It appears that these changes may be an attempt by the department to dissuade employees from reporting gender identity and sexual orientation discrimination,” the lawmakers wrote. “Without forms clearly enumerating gender identity and sexual orientation as forms of sex discrimination, the average employee who experiences these forms of discrimination may see these forms and not realize that the discrimination they experienced was unlawful and something that they can report and seek recourse for.”

“A more alarming view would be that the department no longer plans to fulfill its legal obligations to investigate complaints of gender identity and sexual orientation and ensure its
employees are working in an environment free from these forms of discrimination,” they added.

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Latin America

Protests, demands for rights define Pride month in Latin America

More than 3 million people participated in São Paulo march

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Pride march participants in Bogotá, Colombia, on June 29, 2025. (Photo courtesy of OrgulloLGBT.co)

Activists across Latin America marked Pride month with massive demonstrations, cultural activities, and demands that their countries guarantee equality and protect LGBTQ people from violence.

From Santiago, Chile, to Mexico City, activists took to the streets to celebrate the rights that have been won and the many that are still pending.

Chile

The Pride march that the Movement for Homosexual Integration and Liberation (Movilh) and Fundación Iguales organized took place in downtown Santiago, the country’s capital, on June 22. Authorities and the two organizations say more than 120,000 people participated.

Under the slogan “Pride with memory and hope,” marchers demanded lawmakers approve a bill that would allow reparations for LGBTQ Chileans who Gen. Augusto Pinochet’s dictatorship targeted. There were also calls for the government to promote an LGBTQ-inclusive educational reform.

“This time we are marching on high alert,” said Movilh spokesperson Javiera Zúñiga. “For the first time in decades, we are losing achieved rights. We demand the state wake up. The reform of the Zamudio Law has been stalled for 13 years.”

Marches also took place in Valparaíso, Antofagasta, Temuco, and Concepción, highlighting the growing visibility of transgender groups and feminist organizations.

Mexico

Mexico City on June 29 was the epicenter of one of the region’s largest Pride marches.

More than 300,000 people participated in the march. Comité IncluyeT organized the 46th annual march under the slogan “Not one step back: rights are respected.”

Several organizations denounced the increase in hate crimes — Mexico’s National Observatory of Hate Crimes notes more than 80 LGBTQ people have been reported murdered in the last year. They also urged Mexican lawmakers to criminalize transfeminicides across the country.

Argentina

Although Buenos Aires’s official Pride march takes place in November, the Argentine LGBT+ Federation and other groups in the Argentine capital and in other cities across the country in June organized activities. 

More than 5,000 people on June 24 marched from Plaza de Mayo to the Argentine Congress to reject the government’s dismantling of public policies. President Javier Milei’s decision to eliminate the country’s Women, Gender, and Diversity Ministry and cut sexual health programs were among the moves the protesters denounced.

“Today Pride is also resistance to the adjustment,” pointed out Comunidad Homosexual Argentina, an LGBTQ advocacy group.

The Argentine Congress in Buenos Aires, Argentina (Washington Blade photo by Michael K. Lavers)

Colombia

Thousands of people in Bogotá, the Colombian capital, and the cities of Medellín, Cali, and Barranquilla marched on June 29.

The marchers’ slogan was “diversity is also peace,” in a context where violence against LGBTQ people remains high. Caribe Afirmativo, a Colombian LGBTQ rights group, notes more than 45 people from the community has been reported killed in the country over the last 12 months, with most of them trans women.

Organizations also demanded lawmakers resume debate of a bill that would extend comprehensive protections to LGBTQ Colombians. The measure has been stalled in Congress since 2023.

Brazil

More than 3 million people participated in the 28th São Paulo LGBTQ+ Pride Parade that took place on the city’s Paulista Avenue on June 22.

The parade took place under the slogan “LGBT+ social policies: we want the whole thing, not half of it.” Organizers demanded expanded access to health care, employment, and education for the most vulnerable communities, especially Black trans people. They also denounced ultraconservative figures who seek to curtail LGBTQ rights.

Peru and Paraguay

More than 15,000 people took part in a Pride march in Lima, the Peruvian capital, on June 28. Participants demanded lawmakers approve a trans rights law, which has been stalled in the Peruvian Congress since 2016, and recognition of civil unions.

Members of SomosGay, a Paraguayan LGBTQ rights group, and other organizations participated in a Pride march that took place in Asunción, the country’s capital, on June 29. 

The march took place without incident, despite threats and anti-LGBTQ hate speech on social media. Participants demanded an end to anti-LGBTQ discrimination and rhetoric from social and religious groups.

Central America

Upwards of 2,000 people participated in a Pride march in Tegucigalpa, the Honduran capital, on June 22. A Pride demonstration took place in San Salvador, the capital of neighboring El Salvador, on June 28.

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