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‘La Biblia vuelve al Palacio’

Presidenta interina de Bolivia es antiaborto y anti-LGBTQ

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La presidenta interina de Bolivia Jeanine Áñez (Photo public domain)

LA PAZ, Bolivia — El primer acto público de Jeanine Áñez tras ser declarada presidenta interina de Bolivia fue llegar hasta el Palacio Quemado (la casa de gobierno boliviano) en La Paz levantando una Biblia. Al mismo tiempo que gritaba eufóricamente “la Biblia vuelve a Palacio”, luego de que los militares le entregaran la banda presidencial tras forzar la dimisión del expresidente Evo Morales, quién posteriormente recibió asilo político en México. “Gloria a Dios” le respondían sus seguidores mientras entraba al lugar.

“Esta Biblia es muy significativa para nosotros. Nuestra fuerza es Dios, el poder es Dios, que Dios nos bendiga queridos hermanos bolivianos”, aseguró más tarde Áñez desde un balcón del Palacio. 

La senadora opositora y segunda vicepresidenta del Senado asumió para sorpresa de muchos tras varias renuncias de políticos oficialistas en plena crisis política y social generada por los cuestionados comicios del 20 de octubre pasado. Áñez se ha perfilado como una de las políticas más conservadoras de Bolivia, en febrero de este año participó como exponente en el Congreso Iberoamericano por la Vida y la Familia en Panamá y en diferentes ocasiones se ha mostrado como una férrea opositora a la población LGBTQ, migrantes, mujeres (en especial antiaborto) e indígenas de su país. 

Desde que se autoproclamó como jefa de Estado iniciaron protestas en para exigir su salida del poder. En todos los discursos que hasta ahora ha realizado la mandataria interina se hicieron referencias a la religión y en la posesión del nuevo gabinete ministerial nueve de las 11 nuevas autoridades hicieron la señal de la cruz con la mano derecha. Nada parecido al combativo puño izquierdo levantado que predominó entre los diferentes ministros y viceministros que acompañaron a Morales.

“Juran por Dios, por la patria y por la Constitución Política del Estado”, dijo la nueva presidenta en el momento de posesionar a sus colaboradores más próximos.

Posteriormente firmó un polémico decreto para frenar las protestas en su contra.

“El personal de las Fuerzas Armadas, que participe en los operativos para el restablecimiento del orden y estabilidad pública, estará exento de responsabilidad penal cuando en cumplimiento de sus funciones constitucionales, actúen en legítima defensa o Estado de necesidad”, señala el decreto 4078.

“Es un decreto supremo que exonera a todos los militares que en función de defensa del estado, así lo llaman, puedan asesinar a las personas, eso es una orden a matar, eso es dictadura, no hay otra figura al respecto”, explicó al Washington Blade, David Aruquipa, un histórico activista LGBTQ en Bolivia.


La medida alertó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenando “el uso desproporcionado de la fuerza militar y policial”.

“El Estado tiene el deber de respetar el derecho humano a la protesta pacífica”, indicó la entidad. Mientras que la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, señaló que “la represión puede recrudecer la situación”.



Bachelet aseveró a través de un comunicado que “urge a las autoridades a garantizar que las fuerzas de seguridad cumplan con las normas y estándares internacionales en materia de uso de la fuerza, así como a asegurar el derecho a la vida y a la integridad física de las personas que protestan”. 

Respecto al pronunciamiento de Bachelet, Aruquipa agregó que “esta señora Áñez con todo su gabinete está respaldado la violencia y las muertes. Todo esto ha generado una convulsión social, han cercado y bloqueado los caminos; las comunidades indígenas y los movimientos sociales están marchando en la ciudad de La Paz y el resto del país, esto va a desbordar en una situación que va a sumar más muertes de este gobierno de facto”.

Bolivia es uno de los pocos países del mundo que protege y sanciona la discriminación por orientación sexual e identidad de género en su Constitución. En octubre de 2011, mediante Decreto Supremo se declaró oficialmente la conmemoración del IDAHOBiT y en 2016 se promulgó una Ley de Identidad de Género que tuvo más de ocho años de debate legislativo y ejecutivo. Estos y otros avances corren peligro con Áñez en el poder. 

“Estoy semiclandestina esperando una solicitud de asilo político para salir del país, estoy con mis maletas listas para dejar con mucho dolor mi país. He sido amenazada de muerte”, confesó al Blade, Tamara Núñez del Prado, defensora de derechos humanos y activista trans del país latinoamericano. Núñez del Prado salió del closet cuando tenía 32 años mientras se desempeñaba como asesora de Teresa Morales, entonces ministra de Desarrollo y Economía en otra era de Morales.

La transición de Tamara Núñez del Prado al interior del gobierno de Evo Morales sirvió para sensibilizar a la clase política y sociedad boliviana. (Foto cedida al Washington Blade)

Núñez del Prado advirtió al Blade que “tenemos una presidenta que es parte de las plataformas que están a favor de la familia original, que está en contra de todas las políticas LGBTI, ella sostiene que existe una ideología de género, es antiaborto”.

“Inclusive dijo que iba a pedir la derogación de varias normativas que están en contra de Dios y claramente la ley de identidad de género es una de ellas”, subrayó Núñez del Prado.

Para Núñez del Prado en Bolivia hubo un golpe de estado “cuando los altos mandos policiales y militares le sugieren renunciar al Presidente, hay un vicio de nulidad que se llama violencia, los militares y policías no pueden deliberar ni debatir por ley. Entonces lo que hicieron fue intervenir en la política interna de Bolivia y tomar partido por un grupo”. 

“Si están quemando las casas de tus ministros, si están secuestrando a los familiares de tus ministros para poder desmovilizar y frenar al poder, significa que es un golpe de estado, porque el Evo les tuvo que decir renuncien para cuidar sus casas, sus vidas y sus familias, al dejarlo solo, eso se llama un golpe de estado”, aseguró al Blade. 

Rayza Torriani, excandidata a diputada y actual directora ejecutiva de gestión de proyectos para Trébol, una organización LGBTQ boliviana, comentó al Blade que “hoy podemos ir viendo con mucho miedo la situación política del país, porque está suscitando demasiada violencia, muerte, un gobierno interino que está gobernando con la primicia de la Biblia y la religión que la impone como primer eje puesto, eso nos puso en una situación de alarma porque sabemos que lamentablemente cuando se habla de religión, hablamos de retrocesos que derivan en violaciones a los derechos humanos, esta situación nos preocupa muchísimo”.

Rayza Torriani es una de las impulsoras de la Ley de Identidad de Género en su país. (Fotografía cedida al Blade)

Antes de que Áñez llegará a Palacio, Torriani había participado en las protestas que exigían la renuncia de Morales a la presidencia. Respecto a eso dijo al Blade que “yo salí a las calles a pedir la no reelección de el Evo, por la renovación de nuevos liderazgos para mi país, nunca pensé que esto terminaría con la Biblia gobernado Bolivia”. Torriani contó al Blade que “estoy esperando la confirmación de una reunión con la presidenta interina para dialogar con ella, pedir el cese de la violencia y educarla. Esa es mi forma de hacer activismo”.

Hasta el momento, ninguna organización LGBTQ de Bolivia se ha manifestado sobre la situación.

“Me preocupa que no haya un pronunciamiento público de las organizaciones y redes nacionales, las organizaciones articuladas deberían manifestarse sobre esta situation, entiendo que hay diferencias pero es importante dar una muestra sobre el impacto que está generando todo esto en los derechos nuestra población”, lamentó Aruquipa.

David Aruquipa conversó con el Washington Blade desde Colombia donde es encuentra participando de un encuentro que congregará a más de 300 activistas LGBTQ de América Latina y el Caribe. (Fotografía desde Bogotá)

“Es un momento para que el movimiento LGBTI se rearticule y nos repensemos como enfrentar esta situación, y no me cabe duda que tenemos las capacidades para hacerlo y así no permitir que la derecha fascista retome nuevamente el gobierno, porque lo que está pasando es una muestra de lo que puede pasar más adelante en las elecciones”, concluyó Aruquipa.

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Ukraine

Ukrainian Supreme Court recognizes same-sex couple as a family

Zoryan Kis and Tymur Levchuk married in US in 2021

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A Pride commemoration in Kharkiv, Ukraine, on Sept. 25, 2022. The Ukrainian Supreme Court has recognized a same-sex couple as a family. (Photo courtesy of Sphere Women's Association)

The Ukrainian Supreme Court has recognized a same-sex couple as a family.

The couple — Zoryan Kis and Tymur Levchuk — have lived together since 2013. They legally married in the U.S. in 2021.

The Kyiv Independent notes the couple challenged the Ukrainian Foreign Ministry’s refusal to acknowledge Levchuk as Kis’s family member, therefore denying him spousal rights while Kis was posted at the Ukrainian Embassy in Israel. Kis and Levchuk challenged the decision in court in 2024.

Kyiv’s Desniansky District Court last year in a landmark ruling recognized Kis and Levchuk as a family. Vsi Razom, an anti-LGBTQ organization, appealed the decision.

Insight, the Ukrainian LGBTQ rights group that represented Kis and Levchuk, said the Supreme Court upheld the lower court’s ruling on Feb. 25.

“The Supreme Court of Ukraine has upheld the legality of recognizing a same-sex couple as a family based on their factual relationship, despite the absence of legal recognition of same-sex partnerships in Ukrainian legislation,” Insight Chair Olena Shevchenko noted to the Washington Blade on Tuesday. “The court confirmed the decision, establishing the fact that (the) two men had lived together as a family, affirming that such recognition can be based on proven circumstances of their shared life rather than on political decisions or the existence of formal partnership laws.”

Insight in a Facebook post added the Supreme Court ruling sets “a tremendous precedent.”

“No homophobic or conservative organization will be able to use the courts as a tool to persecute or overturn decisions in favor of LGBT+ people under the guise of ‘social morality,’” said Insight. “The state has protected the boundaries of private life.”

The Supreme Court issued its ruling a day after Ukraine marked four years since Russia began its war against the country.

The Ukrainian constitution defines marriage as between a man and a woman.

President Volodymyr Zelenskyy in 2022 publicly backed civil partnerships for same-sex couples. Shevchenko pointed out Ukrainian law “currently does not provide a mechanism for registering same-sex marriages or partnerships.”

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Maryland

Md. Legislative LGBTQ+ Caucus outlines 2026 priorities

Expanded PrEP access among objectives

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State Del. Ashanti Martinez (D-Prince George's County) has introduced a bill that would expand PrEP access in Maryland. (Washington Blade photo by Michael Key)

Maryland’s Legislative LGBTQ+ Caucus outlined legislative priorities for the remainder of the General Assembly’s 2026 term during a press conference on March 5.

State Del. Kris Fair (D-Fredrick County) led the press conference. State Del. Ashanti Martinez (D-Prince George’s County) and other caucus members also spoke.

Caucus members are sponsoring 12 bills and supporting four others.

Martinez is sponsoring House Bill 1114, which would expand PrEP access in Maryland.

“PrEP is 99 percent effective in preventing HIV transmission,” he explained, noting PrEP’s cost often turns away potential users. 

The bill aims to extend insurance coverage and expand pharmacists’ ability to prescribe PrEP along with other HIV treatments and testing. Martinez is working with state Sen. Clarence Lam (D-Anne Arundel and Howard Counties) and FreeState Justice on the bill. 

The House Health Committee had a hearing last week that included HB1114. 

“Ending the HIV epidemic is about expanding access and providing these life-saving tools to all persons in Maryland,” Martinez said. 

Several other pieces of legislation were highlighted during the press conferences. They included measures focused on youth and education, birth certificate markers, so-called conversion therapy, and hormone medications. 

State Sen. Cheryl Kagan (D-Montgomery County) is cosponsoring Senate Bill 950, which would update and strengthen conversion therapy laws. State Del. Bonnie Cullison (D-Montgomery County) has introduced an identical bill that would extend the statute of limitations on individuals who facilitate conversion therapy.

Kagan explained the bill would allow conversion therapy victims to come to terms with their experience undergoing the widely discredited practice that “creates shame and it silences survivors.” 

When questioned, Fair explained the press conference happened late into the legislative session because “we [the caucus] are constantly having to respond in real time to what’s happening in Washington” while drafting and considering pieces of legislation. 

The Frederick County Democrat described this session’s bills as the “most ambitious list of priorities to date.” Fair also described the caucus’s goals.

“It’s decency, it’s dignity, and its humanity,” he said.

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The White House

Trump will refuse to sign voting bill without anti-trans provisions

Measure described as ‘Jim Crow 2.0’

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President Donald Trump speaks at the State of the Union address at the U.S. Capitol on Feb. 24, 2026. (Washington Blade photo by Michael Key)

President Donald Trump said he will refuse to sign any legislation into law unless Congress passes the “SAVE Act,” pressuring lawmakers to move forward with the controversial voting bill.

In posts on Truth Social and other social media platforms, the 47th president emphasized the importance of Republican lawmakers pushing the legislation through while also using the opportunity to denounce gender-affirming care.

“I, as President, will not sign other Bills until this is passed, AND NOT THE WATERED DOWN VERSION — GO FOR THE GOLD,” Trump posted. “MUST SHOW VOTER I.D. & PROOF OF CITIZENSHIP: NO MAIL-IN BALLOTS EXCEPT FOR MILITARY — ILLNESS, DISABILITY, TRAVEL: NO MEN IN WOMEN’S SPORTS: NO TRANSGENDER MUTILIZATION FOR CHILDREN! DO NOT FAIL!!!”

The proposed Safeguard American Voter Eligibility (SAVE) Act would amend the National Voter Registration Act of 1993 to require in-person proof of citizenship for anyone seeking to vote in U.S. elections. Trump has also called for the legislation to include a ban on gender-affirming medical care for transgender minors, even with parental consent.

“This is a huge priority for the president. He added on some priorities to the SAVE America Act in recent days, namely, no transgender transition surgeries for minors. We are not gonna tolerate the mutilation of young children in this country. No men in women’s sports,” White House Press Secretary Karoline Leavitt said. “The president putting all of these priorities together speaks to how common sense they are.”

The comments mark the first time the White House has publicly confirmed that Trump is pushing to attach anti-trans policies to the SAVE Act.

The bill would also require the removal of undocumented immigrants from existing voter rolls and allow election officials who fail to enforce the proof-of-citizenship requirement to be sued.

It is already illegal for noncitizens to vote in federal elections. Current safeguards include requirements such as providing a Social Security number when registering to vote, cross-checking voter rolls with federal data and, in some states, requiring identification at the polls.

Trump began pushing for the legislation during his State of the Union address last month, where he singled out Senate Majority Leader John Thune (R-S.D.) by name while criticizing the lack of movement on the bill.

Senate Minority Leader Chuck Schumer (D-N.Y.) has denounced the legislation as “Jim Crow 2.0” and said it has little chance of advancing through the Senate, calling it “dead on arrival.”

In remarks on the Senate floor, Schumer said “the SAVE Act includes such extreme voter registration requirements that, if enacted, could disenfranchise 21 million American citizens.”

Trump has repeatedly used political messaging around trans youth and gender-affirming care as part of broader cultural and policy debates during his presidency — most recently during his State of the Union address, where he cited the case of Sage Blair, a Virginia teenager whose school allegedly encouraged her to transition without her parents’ consent.

LGBTQ advocates — including those familiar with Blair’s story — say the situation was far more complex than described and argue that using a single anecdote to justify sweeping federal restrictions could place trans people, particularly youth, at greater risk.

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