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‘La Biblia vuelve al Palacio’
Presidenta interina de Bolivia es antiaborto y anti-LGBTQ

LA PAZ, Bolivia — El primer acto público de Jeanine Áñez tras ser declarada presidenta interina de Bolivia fue llegar hasta el Palacio Quemado (la casa de gobierno boliviano) en La Paz levantando una Biblia. Al mismo tiempo que gritaba eufóricamente “la Biblia vuelve a Palacio”, luego de que los militares le entregaran la banda presidencial tras forzar la dimisión del expresidente Evo Morales, quién posteriormente recibió asilo político en México. “Gloria a Dios” le respondían sus seguidores mientras entraba al lugar.
“Esta Biblia es muy significativa para nosotros. Nuestra fuerza es Dios, el poder es Dios, que Dios nos bendiga queridos hermanos bolivianos”, aseguró más tarde Áñez desde un balcón del Palacio.
“La Biblia vuelve a Palacio”, dice Jeanine Áñez. La senadora, quien se declaró presidenta de #Bolivia, se dirigió al antiguo Palacio de Gobierno levantando una Biblia.https://t.co/3kh3o0KNGP pic.twitter.com/EVF4N85VPi
— CNN Argentina (@CNNArgentina) November 12, 2019
La senadora opositora y segunda vicepresidenta del Senado asumió para sorpresa de muchos tras varias renuncias de políticos oficialistas en plena crisis política y social generada por los cuestionados comicios del 20 de octubre pasado. Áñez se ha perfilado como una de las políticas más conservadoras de Bolivia, en febrero de este año participó como exponente en el Congreso Iberoamericano por la Vida y la Familia en Panamá y en diferentes ocasiones se ha mostrado como una férrea opositora a la población LGBTQ, migrantes, mujeres (en especial antiaborto) e indígenas de su país.
Desde que se autoproclamó como jefa de Estado iniciaron protestas en para exigir su salida del poder. En todos los discursos que hasta ahora ha realizado la mandataria interina se hicieron referencias a la religión y en la posesión del nuevo gabinete ministerial nueve de las 11 nuevas autoridades hicieron la señal de la cruz con la mano derecha. Nada parecido al combativo puño izquierdo levantado que predominó entre los diferentes ministros y viceministros que acompañaron a Morales.
“Juran por Dios, por la patria y por la Constitución Política del Estado”, dijo la nueva presidenta en el momento de posesionar a sus colaboradores más próximos.
Posteriormente firmó un polémico decreto para frenar las protestas en su contra.
“El personal de las Fuerzas Armadas, que participe en los operativos para el restablecimiento del orden y estabilidad pública, estará exento de responsabilidad penal cuando en cumplimiento de sus funciones constitucionales, actúen en legítima defensa o Estado de necesidad”, señala el decreto 4078.
“Es un decreto supremo que exonera a todos los militares que en función de defensa del estado, así lo llaman, puedan asesinar a las personas, eso es una orden a matar, eso es dictadura, no hay otra figura al respecto”, explicó al Washington Blade, David Aruquipa, un histórico activista LGBTQ en Bolivia.
La medida alertó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenando “el uso desproporcionado de la fuerza militar y policial”.
“El Estado tiene el deber de respetar el derecho humano a la protesta pacífica”, indicó la entidad. Mientras que la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, señaló que “la represión puede recrudecer la situación”.
Bachelet aseveró a través de un comunicado que “urge a las autoridades a garantizar que las fuerzas de seguridad cumplan con las normas y estándares internacionales en materia de uso de la fuerza, así como a asegurar el derecho a la vida y a la integridad física de las personas que protestan”.
Respecto al pronunciamiento de Bachelet, Aruquipa agregó que “esta señora Áñez con todo su gabinete está respaldado la violencia y las muertes. Todo esto ha generado una convulsión social, han cercado y bloqueado los caminos; las comunidades indígenas y los movimientos sociales están marchando en la ciudad de La Paz y el resto del país, esto va a desbordar en una situación que va a sumar más muertes de este gobierno de facto”.
Bolivia es uno de los pocos países del mundo que protege y sanciona la discriminación por orientación sexual e identidad de género en su Constitución. En octubre de 2011, mediante Decreto Supremo se declaró oficialmente la conmemoración del IDAHOBiT y en 2016 se promulgó una Ley de Identidad de Género que tuvo más de ocho años de debate legislativo y ejecutivo. Estos y otros avances corren peligro con Áñez en el poder.
“Estoy semiclandestina esperando una solicitud de asilo político para salir del país, estoy con mis maletas listas para dejar con mucho dolor mi país. He sido amenazada de muerte”, confesó al Blade, Tamara Núñez del Prado, defensora de derechos humanos y activista trans del país latinoamericano. Núñez del Prado salió del closet cuando tenía 32 años mientras se desempeñaba como asesora de Teresa Morales, entonces ministra de Desarrollo y Economía en otra era de Morales.

Núñez del Prado advirtió al Blade que “tenemos una presidenta que es parte de las plataformas que están a favor de la familia original, que está en contra de todas las políticas LGBTI, ella sostiene que existe una ideología de género, es antiaborto”.
“Inclusive dijo que iba a pedir la derogación de varias normativas que están en contra de Dios y claramente la ley de identidad de género es una de ellas”, subrayó Núñez del Prado.
Para Núñez del Prado en Bolivia hubo un golpe de estado “cuando los altos mandos policiales y militares le sugieren renunciar al Presidente, hay un vicio de nulidad que se llama violencia, los militares y policías no pueden deliberar ni debatir por ley. Entonces lo que hicieron fue intervenir en la política interna de Bolivia y tomar partido por un grupo”.
“Si están quemando las casas de tus ministros, si están secuestrando a los familiares de tus ministros para poder desmovilizar y frenar al poder, significa que es un golpe de estado, porque el Evo les tuvo que decir renuncien para cuidar sus casas, sus vidas y sus familias, al dejarlo solo, eso se llama un golpe de estado”, aseguró al Blade.
Rayza Torriani, excandidata a diputada y actual directora ejecutiva de gestión de proyectos para Trébol, una organización LGBTQ boliviana, comentó al Blade que “hoy podemos ir viendo con mucho miedo la situación política del país, porque está suscitando demasiada violencia, muerte, un gobierno interino que está gobernando con la primicia de la Biblia y la religión que la impone como primer eje puesto, eso nos puso en una situación de alarma porque sabemos que lamentablemente cuando se habla de religión, hablamos de retrocesos que derivan en violaciones a los derechos humanos, esta situación nos preocupa muchísimo”.

Antes de que Áñez llegará a Palacio, Torriani había participado en las protestas que exigían la renuncia de Morales a la presidencia. Respecto a eso dijo al Blade que “yo salí a las calles a pedir la no reelección de el Evo, por la renovación de nuevos liderazgos para mi país, nunca pensé que esto terminaría con la Biblia gobernado Bolivia”. Torriani contó al Blade que “estoy esperando la confirmación de una reunión con la presidenta interina para dialogar con ella, pedir el cese de la violencia y educarla. Esa es mi forma de hacer activismo”.
Hasta el momento, ninguna organización LGBTQ de Bolivia se ha manifestado sobre la situación.
“Me preocupa que no haya un pronunciamiento público de las organizaciones y redes nacionales, las organizaciones articuladas deberían manifestarse sobre esta situation, entiendo que hay diferencias pero es importante dar una muestra sobre el impacto que está generando todo esto en los derechos nuestra población”, lamentó Aruquipa.

“Es un momento para que el movimiento LGBTI se rearticule y nos repensemos como enfrentar esta situación, y no me cabe duda que tenemos las capacidades para hacerlo y así no permitir que la derecha fascista retome nuevamente el gobierno, porque lo que está pasando es una muestra de lo que puede pasar más adelante en las elecciones”, concluyó Aruquipa.
Colombia
Colombia anunció la inclusión de las categorías ‘trans’ y ‘no binario’ en los documentos de identidad
Registraduría Nacional anunció el cambio el 28 de noviembre
Ahora los ciudadanos colombianos podrán seleccionar las categorías ‘trans’ y ‘no binario’ en los documentos de identidad del país.
Este viernes la Registraduría Nacional del Estado Civil anunció que añadió las categorías ‘no binario’ y ‘trans’ en los distintos documentos de identidad con el fin de garantizar los derechos de las personas con identidad diversa.
El registrador nacional, Hernán Penagos, informó que hizo la inclusión de estas dos categorías en los documentos de: registro civil, tarjeta de identidad y cédula de ciudadanía.
Según la registraduría: “La inclusión de estas categorías representa un importante avance en materia de garantía de derechos de las personas con identidad de género diversa”.
Estas categorías estarán en el campo de ‘sexo’ en el que están normalmente las clasificaciones de ‘femenino’ y ‘masculino’ en los documentos de identidad.
En 2024 se inició la ejecución de diferentes acciones orientadas implementar componentes “‘NB’ y ‘T’ en el campo ‘sexo’ de los registros civiles y los documentos de identidad”.
Las personas trans existen y su identidad de género es un aspecto fundamental de su humanidad, reconocido por la Corte Constitucional de Colombia en sentencias como T-236/2023 y T-188/2024, que protegen sus derechos a la identidad y no discriminación. La actualización de la Registraduría implementa estos fallos que ya habían ordenado esos cambios en documentos de identidad.
Por su parte, el registrador nacional, Penagos, comentó que: “se trata del cumplimiento de unas órdenes por parte de la Corte Constitucional y, en segundo lugar, de una iniciativa en la que la Registraduría ha estado absolutamente comprometida”. Y explicó que en cada “una de las estaciones integradas de servicio de las más de 1.200 oficinas que tiene la Registraduría Nacional se va a incluir todo este proceso”.
National
Faith leaders denounce anti-transgender attacks
‘You are holy. You are sacred. We love you.’
This past Trans Awareness Week, 10 heads of diverse religious traditions issued a statement proclaiming that transgender, intersex, and nonbinary people are worthy of love, support, and protection. Led by Rev. Dr. Sofía Betancourt, president of the Unitarian Universalist Association, representatives from the Universal Fellowship of Metropolitan Community Churches, The Fellowship of Affirming Ministries, the Union for Reform Judaism, the Presbyterian Church, the Christian Church (Disciples of Christ), The Episcopal Church, the United Church of Christ, and Reconstructing Judaism called out the violent and systemic persecution of trans, nonbinary, intersex, and queer people–proclaiming that their faith and their humanity urged them to affirm that trans, intersex, and quere people are “sacred” and “holy.”
Their statement comes at a critical time. Over the past three months, Trump and his Cabinet’s anti-trans rhetoric has only intensified, with a report released late September by journalist Ken Klippenstein in which national security officers leaked that the FBI is planning to classify trans people as “extremists.” By classifying trans people as “Nihilistic Violent Extremists,” far-right groups would have more “political (and media) cover,” as Abby Monteil reports for them, for anti-trans violence and legislation.
While the news is terrifying, it’s not unprecedented – the fight against trans rights and classification of trans people as violent extremists was included in Project 2025, and in the past several weeks, far-right leaders’ transphobic campaign has expanded: boycotting Netflix to pressure the platform to remove trans characters, leveraging anti-trans attack ads in the Virginia governor’s race and banning professors from acknowledging that trans people exist. In fact last month, two Republican members of Congress called for the institutionalization of trans people.
It seems that the government shutdown was predicated, at least partially, on Trump’s own anti-trans policies that were attached as riders in the appropriations bill.
It’s a dangerous escalation of transphobic violence that the Human Rights Campaign has classified as an epidemic. According to an Everytown for Gun Safety report published in 2020, the number of trans people murdered in the U.S. almost doubled between 2017 and 2021. According to data released by the Gun Safety report from February 2024, 34 percent of gun homicides of trans, nonbinary, and gender expansive people remain unsolved.
As Tori Cooper, Director of Community Engagement for the Transgender Justice Initiative for the Human Rights Campaign Foundation, this violence serves a purpose. “The hate towards transgender and gender expansive community members is fueled by disinformation, rhetoric and ideology that treats our community as political pawns ignoring the fact that we reserve the opportunity to live our lives full without fear of harm or death,” Cooper said.
The faith leaders came out in this statement to affirm that it is their spiritual and human imperative to call out this escalating violence and protect trans, nonbinary, intersex, and queer people. The leaders acknowledge that historically and today, religion is used as a weapon of hate to degrade and deny the human dignity of LGBTQ+ peoples. The Supreme Court is hearing Chiles v. Salazar, a case about the constitutionality of a Colorado ban of conversion therapy for minors, with the majority of conversion therapy practices being faith based. And despite the Supreme Court declining to hear a case challenging the constitutionality of same-sex marriage conferred in Obergefell v. Hodges, efforts to end marriage equality remain ongoing with Katy Faust’s End Obergefell movement.
“During a time when our country is placing their lives under increasingly serious threat,” the statement reads, “there is a disgraceful misconception that all people of faith do not affirm the full spectrum of gender – a great many of us do. Let it be known instead that our beloveds are created in the image of God – Holy and whole.”
The faith leaders argue that commendation of LGBTQ peoples and religiously motivated efforts to deny their dignity and rights is not the belief of all faith communities, and far-right Christian nationalist communities and others who uphold homophobia and seek to exact it writ large in the United States do not speak for all faith leaders.
This is a critical piece of the statement and builds on historical precedence. During the 1980s AIDS crisis, when far-right Christian leaders like Jerry Falwell, one of the founders of the Moral Majority, stated that HIV was “God’s punishment” for LGBTQ+ people and indicative of a broader moral decline in America, affirming faith communities came out to affirm the dignity and divinity of queer people. As funeral homes and churches refused to prepare the dead and bury them, some faith communities stepped up to say that these homophobic leaders do not speak on behalf of all people of faith.
In 1985, the United Church of Christ General Synod urged its member congregations to claim and declare themselves “Open and Affirming,” in order to express their welcome and support for LGBTQ+ people, and two years later, the Church of the Brethren issued a statement titled “A Call to Compassion” where conference members urged member congregations to speak out boldly against discrimination, provide direct care to people with HIV/AIDS, and actively educate themselves and others to stop the spread of fear and prejudice surrounding the disease.
Just one year later, the Evangelical Lutheran Church in America Church Council issued a statement, “AIDS and Church’s Ministry of Caring,” which outlined the ways in which welcoming, ministering to and advocating on behalf of people with HIV/AIDS is critical to their mission. Even the US Conference of Catholic Bishops, which earlier this month banned gender-affirming care at Catholic hospitals, issued a statement in 1987 calling discrimination against people with HIV/AIDS “unjust and immoral,” and denouncing the label of “innocent” or “guilty” patients.
Thus, the faith leaders’ statement this past week builds on a rich history of faith communities fighting the stigma that far-right faith groups perpetuate about LGBTQ+ people and committing to action. What sets this latest statement apart is its decidedly interfaith heart, which speaks to the history of the Pride Interfaith Service in Washington, DC that was first started by a group of faith leaders and lay people who gathered at the AIDS Memorial quilt.
As the statement reads, “Our scriptures vary, but they share a common conviction. As we make justice our aim we must give voice to those who are silenced. Our shared values, held across many faiths, teach us that we are all children of God and that we must cultivate a discipline of hope, especially in difficult times. As such, we raise our voices in solidarity to unequivocally proclaim the holiness of transgener, nonbinary, and intersex people, as well as the recognition of the entire spectrum of gender identity and expression.”
The statement ended by arguing that they need to call out the violence they are witnessing. Their silence, they argue, would be in compliance and reinforce the idea that homophobic religious leaders and lay people speak on behalf of all people of faith. Their statement is not only words, however, it is a written promise affirming the dignity and holiness of queer people but also to protect them in the face of increasing violence and persecution.
“When people of faith and conscience stay silent in the face of oppression, we are all made less whole. When people of faith and conscience speak out against that which violates the sacred in its own name, we have the power to stay the hand of sin. Transgender, nonbinary, and intersex people are vulnerable today,” the statement concluded.
“Our faiths, our theologies, and our practices of prophetic witness call on us to say with one voice to transgender people among us: ‘You are holy. You are sacred. We love you. We support you, and we will protect you.’”
Japan
Tokyo court upholds Japan’s same-sex marriage ban
Country is only G7 nation without legal recognition of same-sex couples
The Tokyo High Court on Nov. 28 ruled the lack of marriage rights for same-sex couples in Japan is constitutional.
The Associated Press notes Judge Ayumi Higashi upheld the legal definition of a family in Japan as a man and a woman and their children. The court also dismissed the eight plaintiffs’ demand for 1 million yen ($6,406.85) in damages.
Hiromi Hatogai, one of the plaintiffs, told reporters after the court ruled that she is “so disappointed.”
“Rather than sorrow, I’m outraged and appalled by the decision,” said Hatogai, according to the AP. “Were the judges listening to us?”
Japan remains the only G7 country without legal recognition of same-sex couples, even though several courts in recent years have ruled in favor of it.
The Sapporo District Court in 2021 ruled the denial of marriage benefits to same-sex couples violates the constitution’s equality clause. The Nagoya District Court in 2023 issued a similar ruling. The Fukuoka District Court in a separate decision said Japan’s current legal framework is unconstitutional. The Tokyo High Court in 2024 came to the same conclusion.
The Washington Blade last month noted Prime Minister Sanae Takaichi, who is Japan’s first female head of government, opposes marriage equality and has reiterated the constitution’s assertion the family is an institution based around “the equal rights of husband and wife.”
