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Activistas: Los derechos LGBTQ en Uruguay están en peligro

El nuevo presidente asumirá el cargo el 1 de marzo

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El palacio legislativo de Uruguay con los colores del arcoíris. (Foto cortesía de Diego Puntigliano)

El movimiento LGBTQ en Uruguay está en alerta.

El próximo 1 de marzo asume el nuevo presidente de ese país latinoamericano, Luis Alberto Lacalle Pou, y tras él una futura coalición de gobierno mayoritariamente anti-LGBTQ que interrumpió la era del Frente Amplio, un conglomerado político de izquierda que estuvo en poder por cerca de 15 años.

Uruguay es considerado un líder global para los derechos de la diversidad sexual y de género y corre con mayor ventaja en relación a otros países de la región. Además de ser el principal destino turístico preferido por las personas LGBTQ en América Latina y el Caribe.

“Creo que Uruguay ha avanzado, pero no se puede afirmar que llegó a la meta, de ninguna manera”, asegura Martín Couto, el primer congresista uruguayo en declararse abiertamente gay, al Washington Blade, quién el 1 de marzo de este año dejará su cargo en el Congreso.

El diputado suplente, Martín Couto, salió del closet en 2017 a través de una carta pública en un medio local titulada “¡Hay un gay en el parlamento!” (Foto cedida al Washington Blade)

Uruguay fue uno de los primeros del continente en aprobar el matrimonio igualitario y permitir la adopción homoparental, en reconocer el derecho a la identidad de género, facilitar el acceso a la reproducción humana asistida y recientemente en aprobar la Ley Integral Trans, una pionera acción legislativa a favor de las personas trans.

Estos y otros avances están peligro advierten los activistas y políticos LGBTQ uruguayos, aunque el presidente electo prometió públicamente que no se derogará ninguna iniciativa aprobada en el gobierno anterior.

Cuando Lacalle Pou era congresista fue un férreo opositor al proyecto de Ley de Matrimonio Igualitario votando en contra y también se negó a otras iniciativas de la “agenda de derechos”, como le llaman en ese país a las demandas sociales.

Sin embargo, Lacalle Pou mientras era candidato presidencial declaró en un programa de televisión que “si volviera atrás, votaría (a favor) la ley de matrimonio igualitario”, pese a que meses antes no aprobó en su totalidad la Ley Integral Trans.

El futuro jefe de Estado rechazó que las personas trans tuvieran el derecho a reasignar corporalmente su cuerpo para adecuarlo a su identidad de género, si así lo deciden. Lacalle Pou tampoco apoyo la reparación económica para parte de la población trans que sufrió discriminación durante la dictadura en ese país.

Diego Puntigliano, miembro del Colectivo Ovejas Negras, una organización LGBTQ de Uruguay, advirtió al Blade que “sabemos que hay personas en el nuevo gobierno que están posicionadas en contra de la agenda de derechos”.

“Los retrocesos ya los estamos viendo. Ya sabemos que probablemente no se avance, va a ver poca capacidad de cooperación”, agregó Puntigliano.

La opinión del activista se centra en el nombramiento de dos personas anti-LGBTQ en carteras ministeriales importantes para la población diversa de ese país; el Ministerio de Desarrollo Social y el de Salud. Ambas secretarias de Estado quedarán “en manos de dos políticos de ultraderecha que públicamente se han pronunciado contra la igualdad de derechos”.

“Estamos expectante, hay varias cosas que preocupan más de allá de que la coalición de derecha que va asumir el gobierno se comprometió a no retroceder en las leyes aprobadas”, afirma al Blade el politólogo, Andrés Scagliola, un histórico activista LGBTQ de Uruguay. 

Andrés Scagliola, fue el primer político en asumir su homosexualidad y ha ocupado importantes cargos públicos en Uruguay. (Foto cedida al Washington Blade.)

Según Scagliola “tenemos un compromiso (de Lacalle Pou) de no retroceder, pero por un lado tenemos estas designaciones que aventuran discursos políticos que no están identificados con el avance en derecho y la preocupación también tiene que ver con que nuestros derechos no serán prioritarios para el nuevo gobierno”.

“Tan importante como la aprobación de leyes, tienen que ser los recursos humanos y económicos destinados a los derechos reconocidos. El escenario que nos estamos imaginando es un escenario donde no se modifican las leyes, pero donde la política pública vinculada al ejercicio efectivo de los derechos reconocidos en esas leyes, sin lugar a duda van a perder fuerza”, sentencia.

Similar opinión tiene Couto.

“Creo que estos años van a ser de una gran disputa, porque la coalición anunció que no iba a tocar ninguna de las leyes de la agenda derechos. Y creo que en ese sentido, no hay porque esperar que eso no se cumpla”, sinceró al Blade.

“Pero eso no quiere decir que no vayan a ver retrocesos porque obviamente una ley necesita ser implementada con presupuesto. Si no tiene el presupuesto necesario, es una ley que estará botada, pasará a ser letra muerta”, advierte Couto.

Una anomalía: Escasa representación política y pública LGBTQ

En el poder legislativo, actualmente hay dos personas abiertamente gais, en el nuevo congreso no habrá ninguno.

“Es curioso para un país que tanto ha avanzado que sin embargo todavía la representación de personas abiertamente LGBTQ sea escasa”, dice Scagliola.

“En otros parlamentos de América Latina hay personas LGBTQ que están llegando al poder”, agrega al experto en política. “Esto me hace reflexionar por que en Uruguay las personas abiertamente LGBTQ no ocupan los principales cargos de elección popular. Me parece que es una cierta anomalía en todo lo que ha avanzado el Uruguay”.

“Aquella representación escasísima que había de personas abiertamente LGBTQ, no va a existir en la próxima legislatura”, aporta Couto. “El nuevo congreso será más conservador”.

Según Couto “la discriminación sigue siendo muy fuerte. De hecho es sorprendente como en un país como Uruguay no hay ministros o ministras abierta LGBTQ y tampoco van a ver legisladores, ninguno en 130, tampoco hay deportistas. Eso da la pauta de que sigue siendo un problema de discriminación; un tabú”.

“Uno lee en las noticias internacionales sobre Uruguay como un destino LGBT-friendly y eso es una equivocación”, explica al congresista. “En esos lugares, donde van los turistas, no hay discriminación, porque entre otras cosas conspira contra el negocio, pero en otros espacios y en otros ámbitos de la sociedad uruguaya todavía hay una enorme discriminación”.

“Por ejemplo tenemos problemas vinculados a la mejora de la educación sexual en el sistema educativo, enormes resistencias por partes de los conservadores, incluyendo a los partidos que ganaron el gobierno y por tanto en términos de la educación hay cambios que todavía vienen muy lentos y frente a esto necesitamos un impulso”, sentenció Couto.

“Seguiremos haciendo, lo que siempre hicimos; tener alianzas y articular con otras organizaciones de la sociedad civil” adelantá el cientista político, Diego Puntigliano. (Foto de Twitter)
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Se hunde el proyecto de ley que prohibiría las terapias de conversión en Colombia

La OMS en 1990 dejó de considerar a la homosexualidad como una enfermedad

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El Congreso de Colombia (Foto de Michael K. Lavers por el Washington Blade)

OrgulloLGBT.co es el socio mediático del Washington Blade en Colombia. Esta nota salió en su sitio web.

Por temas de trámite se hunde en la comisión primera del Senado el proyecto de ley que buscaba prohibir las mal llamadas “terapias de conversión” en Colombia.

Los conocidos técnicamente como “ECOSIG” son los tratamientos que mediante tortura física o influencia psicológica o religiosa buscan “corregir” la orientación sexual e identidad de género de las personas diversas.

A pesar que estaba en el orden del día de 11 y 12 de junio en la comisión primera del Congreso de Colombia, los legisladores no abordaron la discusión dejando pendiente este punto que por términos de tiempo en trámites deberá volver a ser presentada. Se necesitaban dos debates más para lograr que se hiciera realidad el anhelo de una legislación que prohíba esas prácticas de tortura en el país.

Es importante recordar que el 17 de mayo de 1990 la Organización Mundial de la Salud dejó de considerar a la homosexualidad como una enfermedad, retirándola del libro de enfermedades psiquiátricas; por tanto ningún profesional de la salud física o mental debería prestarse para tratamientos que “corrijan” la homosexualidad. 

NADA QUE CURAR No es terapia … es tortura!

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Se conmemoran el día contra la LGBTQfobia en El Salvador

Directora de ASPIDH nota violaciones de derechos humanos en el país

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(Foto de Ernesto Valle por el Washington Blade)

SAN SALVADOR, El Salvador — Como en muchas partes del mundo, el 17 de mayo en El Salvador se conmemora el día internacional contra toda forma de discriminación por orientación sexual, identidad y expresión de género, ya que desde 1990 la Organización Mundial de la Salud sacó la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales. 

En ese concepto, diversas organizaciones LGBTQ coordinan en esta fecha, todo tipo de acciones para denunciar la discriminación, violencia y hostigamiento del que son víctimas las personas LGBTQ.

La Asociación Solidaria Para Impulsar el Desarrollo Humano organizó una conferencia de prensa para presentar su posicionamiento, un conversatorio denominado “Gobierno vrs. Democracia inclusiva” para discutir sobre la realidad salvadoreña y un plantón a las afueras de un centro comercial populoso, para alzar la voz ante sus demandas al Estado salvadoreño. 

En cada acto dejar claro entre sus palabras que no se reconocen muchos derechos a las personas LGBTQ, como contar con una ley de identidad de género que permita el cambio de nombre y género para personas trans, garantizando así el derecho a la identidad de cada persona, pues este es un derecho fundamental. 

Además, mencionaron que no se permite la libre expresión del género auto percibido en los centros escolares y esto lleva a una deserción escolar a temprana edad, dejando así a dichas poblaciones sin acceso a un trabajo formal con prestaciones sociales, dejando como única opción el trabajo sexual y el trabajo informal, de esta manera no se permite un desarrollo pleno y tampoco lograr tener una vejez digna, incrementando así la extrema pobreza y el alza de la migración en la población LGBTQ.

Hay muchas violaciones a los derechos humanos hacia la población LGBTQ de acuerdo con Mónica Hernández, directora de ASPIDH. 

“Antes del régimen de excepción había extorsión por los miembros de pandillas, ahora son los cuerpos uniformados, esos que deberían estar protegiendo la seguridad de nuestras poblaciones, ellos son ahora los principales ‘violentadores’ de derechos con el permiso del Estado”, ella aseguró.

Entre las exigencias que externaban estaba por ello, la aprobación de una Ley de Identidad de Género para personas trans, según los estándares internacionales emitidos en la opinión consultiva 24/7, el cual también fue un mandato de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia a la Asamblea Legislativa en El Salvador hace más de un año. 

Para Hernández, el hecho de que el Estado no vele por hacer cumplir los derechos de toda la población por igual tiene que ver con que no se pueda contar con dicha ley. 

“Hace falta llegar a la población en general, eso debería de ser acompañado por parte del Estado a través de campañas publicitarias donde se inste a respetar los derechos humanos de todas las poblaciones. Si esto existiera la población entendiera que mi identidad y expresión de género necesitan tener un documento de identificación que vaya acorde con mi con mi identidad y mi expresión de género auto percibida”, aclara al Washington Blade Hernández. 

De acuerdo con la organización, el Estado Salvadoreño, está tratando de invisibilizar a la población LGBTQ en todo aspecto, otro ejemplo es en el Censo de Población y Vivienda de El Salvador 2024, dirigido por el Banco Central de Reserva que comenzó el 2 de mayo, en el cual no hay ningún apartado que hable sobre orientaciones sexual, identidades o expresiones de género. 

“En el censo, solo está siendo tomado en cuenta el sexo asignado al nacer, hay en cencistas que específicamente dice cuál es su sexo cuando nació, no hay una tercera casilla, ahora se ha invisibilizado totalmente, o sea, no vamos a poder tener acceso a información pública que diga cuánta población LGBT hay actualmente”, expresó Fátima Ortiz, abogada de ASPIDH. 

También exigen acceso a una salud integral, gratuita y universal para poblaciones clave, aclarando que esto es parte de lo que se retrocedió con el gobierno actual en el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación. 

“Las organizaciones de sociedad civil teníamos trabajo avanzado, había un acuerdo con el Ministerio de Salud. Había un formulario para hacer una prueba de VIH donde se mencionaba explícitamente la orientación sexual, la identidad y la expresión de género de las personas, esos son datos súper importantes para el Estado que ahora ya no van a tener”, menciona Hernández. 

Agrega que el Estado debe iniciar una lucha contra toda forma de discriminación hace la población LGBTQ, apostarle a la formación educativa para las mismas y la reinserción social y laboral. Sin olvidar el visibilizar los casos de violaciones de derechos humanos a dicha población. 

ASPIDH hace un llamado a la ciudadanía para que se unan a la movilización solidaria e incidencia política para el respeto y reconocimiento de los derechos humanos de la población LGBTQ.

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Juez colombiano suspendido por 15 años por negarse a casar a pareja del mismo sexo

Fue condenado ‘por desatender sus deberes y vulnerar el derecho de acceso a la justicia’

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(Foto de Bigstock)

OrgulloLGBT.co es el socio mediático del Washington Blade en Colombia. Esta nota salió en su sitio web.

La Comisión Nacional de Disciplina Judicial en su sesión del 10 de abril de 2024, ha confirmado una sanción ejemplar contra el Juez Décimo Civil Municipal de Cartagena, Ramiro Flórez Torres, quien se negó a casar a una pareja del mismo sexo, vulnerando así su derecho al acceso a la justicia. Este caso, que tuvo lugar en agosto de 2020, ha generado gran controversia debido a la firme postura del juez, quien priorizó sus creencias religiosas por encima de las leyes que respaldan estas uniones civiles.

Al recibir la solicitud de la pareja, Flórez Torres expresó abiertamente su desacuerdo, argumentando que el matrimonio entre personas del mismo sexo contradecía sus principios morales cristianos. 

“Ello contraría mi moral cristiana, va en contra de mis principios esenciales, y cuando exista conflicto entre lo que dice la ley humana y lo que dice la ley de Dios, yo prefiero la ley de Dios, porque prefiero agradar primero a mi Señor Dios todopoderoso, antes que al ser humano”, dijo el juez Flórez Torres en su momento.

Esta negativa inicial no disuadió a la pareja, quienes recurrieron a otras instancias y finalmente lograron celebrar su matrimonio en 2021.

El caso ante la justicia disciplinaria:

Por su parte, la Comisión Seccional Disciplinaria de Bolívar profirió pliego de cargos contra el Juez el 27 de marzo de 2023 por desatender el deber consagrado en el numeral 10 del artículo 153 de la Ley 270 de 1996, en concordancia con el artículo 230 de la Constitución, que le imponía aplicar los precedentes de la Corte Constitucional en materia de matrimonio igualitario, incurriendo en falta grave a título de dolo.

Las palabras del juez, que afirmó que su actitud no era discriminación sino una comprensión de las normas divinas, evidencian un conflicto entre la fe personal y el deber público. Sin embargo, las autoridades disciplinarias han sido claras en su dictamen: Flórez Torres enfrenta una inhabilitación de 15 años para ejercer cargos públicos debido a su falta grave de cumplimiento de deberes, según lo estipulado por la Ley 270 de 1996 y la Constitución.

Este caso no solo pone en relieve la importancia de separar las convicciones personales de la labor pública, sino que también resalta la necesidad de respetar y proteger los derechos de la comunidad LGBTIQ+. La resolución de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial es un paso significativo hacia la garantía de una ciudadanía plena para todas las personas en Colombia, independientemente de su orientación sexual o identidad de género. Es crucial que este tipo de decisiones no solo sancionen la conducta individual, sino que también sirvan como recordatorio de los valores de igualdad y no discriminación que deben prevalecer en una sociedad justa y equitativa.

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