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Primer hombre abiertamente gay competirá para diputado en El Salvador
Erick Iván Ortiz es candidata de partido Nuestro Tiempo
SAN SALVADOR, El Salvador — En el territorio salvadoreño están programadas para el 28 de febrero del 2021, las elecciones para diputados de la Asamblea Legislativa y Parlamento Centro Americano, como también de Gobiernos Municipales; dichas elecciones han sido muy esperadas por todo el pueblo salvadoreño, debido al descontento que se tiene por el supuesto mal actuar de los congresistas que actualmente ocupan los curules en el palacio legislativo.
Por este descontento y en la búsqueda de crear verdaderos cambios desde un puesto en uno de los poderes del Estado, surgieron nuevos partidos políticos y al mismo tiempo dentro de ellos muchas postulaciones como pre candidatos a diputados; en las elecciones internas del nuevo partido Nuestro Tiempo, es electo entre los cinco más votados el primer candidato que se postula hablando abiertamente de su orientación sexual. Erick Iván Ortiz, un hombre gay de 29 años con estudios en economía de la Escuela Superior de Economía y Negocios (ESEN), también una especialización en Derechos Humanos por la Universidad Luis Amigó de Medellín y con formación en liderazgo social por George Mason University.
Erick comentó al Washington Blade el contexto por el cual comenzó hace 10 años trabajando en el activismo social, con la defensa de la democracia, la promoción de la institucionalidad y de la transparencia, la participación de las juventudes en política, entre otros temas.
“Se dio en un contexto muy difícil para El Salvador, porque era un momento en el que enfrentábamos un ataque a la democracia, por el intento de maniatar a la sala de lo constitucional; nos unimos diferentes sectores de la población a justamente a articularnos y ahí a mi temprana edad me vi como una persona agente de cambio”, agrega Ortiz.
Luego de la campaña presidencial del año 2014 en donde el tema de la población LGBTQ fue utilizado de manera negativa, Ortiz junto a otras personas con las que coincidía su malestar al respecto de la problemática que se vivía y compartían el pensar de hacer algo para generar cambios, deciden organizarse y para 2015 nace el Colectivo Normal.
“El colectivo nace bajo el análisis en que el problema de nuestra sociedad es cultural, tenemos una sociedad machista, violenta y homofóbica porque esa es la construcción social que se ha hecho”, comenta.
Desde ese momento marcan sus líneas de acción a través de la incidencia cultural y la incidencia política, utilizando como estrategia a las artes para generar nuevas conversaciones, para ir logrando así las narrativas asociadas a la población LGBTQ. Luego de un proceso de deconstrucción y aprendizaje constante junto al colectivo, se unieron a diferentes organizaciones LGBTQ en una mesa de trabajo en la que luego se conformó la Federación Salvadoreña LGBTI.
Ortiz menciona al Blade y se muestra agradecido por ser privilegiado, “he podido formarme y construirme a mí mismo al lado de grandes activistas trans de El Salvador como Karla Avelar, Karla Guevara, Ambar Alfaro, Paty Hernández, entre otras personas”.
Trabajando una agenda de derechos humanos
El incursionar dentro de un partido político no es nada nuevo para Ortiz, pues en el pasado formó parte de la Dirección Nacional de la Juventud Republicana Nacionalista dentro del partido ARENA, el cual es conocido por su línea conservador, pero Ortiz tenia clara su línea de trabajo.
“El reto no es hablar con los convencidos, sino hablar donde las cosas son más complicadas. Era importante tener una vocería partidaria para generar conversación del tema a lo interno”, asegura Ortiz.
En palabras de Ortiz, explicó que su proyecto dentro de ARENA llegó a su fin y decidió renunciar al mismo, pues sus planes innovadores para generar cambios en la política, no tenían convergencia con la visión que el partido tiene.
“Ahora he decidido incorporarme a Nuestro Tiempo, pues es un partido que dentro de sus principios está la diversidad como uno de los siete ejes de trabajo”, comenta Ortiz al Blade.
“Frente a un Gobierno abiertamente anti derechos, que nos ha invisibilizado y le ha restado importancia a la temática LGBTI. Decido dar el paso y tomar las riendas de nuestra representación e involucrarnos en la primera línea de la política”, agrega.
En El Salvador como en muchos otros países latinoamericanos, hay una invisibilidad histórica en lo que respecta al tema de representación política LGBTQ; Ortiz comenta que no se puede confiar solo en promesas de partidos que no manejan el tema y que dejan de lado el tema de derecho en sus agendas.
“Lo único que estamos pidiendo son todos los derechos por igual, no queremos derechos especiales; se trata de garantizar el acceso a la justicia, combatir la impunidad ante los crímenes por odio, garantizar la no discriminación en el ámbito laboral, en los servicios de salud y en la educación, por mencionar algunos”, expresa Ortiz al Blade.
“Al final de lo que se trata la lucha LGBTI, es de avanzar por un El Salvador que sea más inclusivo, más justo y más pacífico”, agrega.
Ante la nueva realidad que se está viviendo a nivel mundial en donde El Salvador no es la excepción, el comenzar una campaña política para dar a conocer su plataforma, puede ser un reto para Ortiz y su equipo, por ello todo será de manera digital una propuesta programática, en donde dará a conocer sus propuestas legislativas. Entre ellas Ortiz menciona al Blade una ley nacional contra la discriminación, en la que se incluyen a todos los sectores de la población históricamente excluidos.
Otra propuesta es la legalización de la marihuana, esto como una opción para generar nuevos ingresos y así equilibrar las finanzas públicas y al mismo tiempo desmontando un mercado negro; también propone trabajar el tema de la salud mental, dado la historia conflictiva que ha vivida el país y la inseguridad con la que se ha vivido por años, Ortiz considera que es necesario apostarle a la reconstrucción del tejido social de una forma integral y así fomentar las convivencias ciudadanas. Y también entre sus propuestas está el trabajar y apoyar la aprobación de una ley de identidad.
“La propuesta programática va a ser consultiva, algo que se construirá con otras personas y así lograr identificar cuáles son las ideas que la ciudadanía necesita que se implemente”, expresa Ortiz.
Retos a corto y largo plazo
“Mi mayor preocupación en la actualidad es el empoderamiento de la población LGBTI respecto a la coyuntura; pues mi propuesta es poner en el centro de una propuesta política electoral a la población LGBTI, algo que no se ha dado antes.”, dice Ortiz, “Esto solo será posible con el acompañamiento y la unidad del movimiento LGBTI”.
Ortiz identifica este momento como el tiempo justo de dejar a un lado nuestras diferencias como movimiento, y construir así sobre la base de las coincidencias, entre ellas identifica la no discriminación y para aclarar dudas que haya al respecto, se compromete a generar espacios de diálogo para superar diferencias y que esto se vuelve un proyecto fuerte y apoyado por el movimiento LGBTQ.
“A largo plazo me preocupa que en la conformación de la Asamblea Legislativa 2021, tengamos una relación más conservadora que la que se tiene actualmente, porque se estima según las encuestas que entrará un partido que se ha mostrado abiertamente anti derechos como Nuevas Ideas y que estos sean mayoría, y esto se le suma el conservadurismo tradicional de ARENA, del PCN, del PDC y ahora también de VAMOS como partido político”, comenta Ortiz.
Este escenario dejaría en una marcada minoría a los partidos y propuestas que están en contra de la propuesta anti derechos que se está configurando. Por lo que Ortiz expresa que será un gran reto al momento de estar en la Asamblea Legislativa y enfrentar a un bloque ultra conservador que de paso sería demasiado articulado. A lo cual agrega que hay canales de comunicación construidos y los cuales se pueden retomar para hacer incidencia ahora desde un curul dentro de la Asamblea.
Ortiz contará dentro de su fórmula como diputada suplente a Gabriela Martino, una mamá orgullosa de un hijo gay, activista por los derechos de la población LGBTQ, quien ha vivido en carne propia como es de dolorosa la discriminación que un hijo puede enfrentar en los ámbitos educativos, familiares, entre otros.
“Gabriela es una mujer muy comprometida con nuestro proyecto, porque ella también tiene una voz que habla desde ser una mamá heterosexual que está orgullosa de sus hijos, de su familia y que cree y está convencida que ningún niño o niña debe pasar una infancia de discriminación o violencia”, comenta Ortiz.
Ortiz expresa que cuenta con el apoyo del partido político Nuestro Tiempo, dado que en las elecciones internas junto a otras candidaturas no terminó en mala posición en la lista, por lo que demuestra así la apuesta que el partido tiene por la temática y la inclusión.
“Siento una enorme responsabilidad con esta candidatura, porque esto será un termómetro para la sociedad y así calibrar como estamos. Posiblemente no voy a representar a cabalidad a todos los segmentos de la población LGBTI, pero sí, mi voz va a representar en la agenda política a la voz LGBTI,” dice Ortiz.
“Nosotras y nosotros debemos romper este techo de cristal que rompieron las mujeres hace décadas y que mi candidatura no sea la última y que cada liderazgo que hay, tome el empoderamiento y puedan ser esos agentes de cambio que la sociedad necesita”, finaliza.
Ecuador
Adolescentes trans en Ecuador podrán cambiar datos en su cédula, pero con condicionamientos
Pueden modificar el campo de género en su documento de identidad con requisitos
Por VICTOR H. CARREÑO | En una sentencia del 5 de febrero de 2026, la Corte Constitucional declaró inconstitucional el requisito legal de mayoría de edad para modificar el campo de sexo o género en la cédula de identidad y fija lineamientos para que adolescentes trans puedan cambiar estos datos.
El máximo organismo de control e interpretación constitucional incorpora dos requerimientos: que la persona adolescente se presente al procedimiento administrativo con sus padres y que informes psicosociales acrediten un grado de madurez.
El fallo resuelve una consulta de constitucionalidad de una unidad judicial que lleva una acción de protección contra el Registro Civil presentada por la familia de un adolescente trans que solicitó, en junio de 2023, modificar el campo de género en la cédula.
La institución se negó porque la Ley Orgánica de Gestión de la Identidad y Datos Civiles establece que la rectificación de sexo o género es un procedimiento para personas mayores de 18 años.
El adolescente, cuya identidad se protege en la sentencia, cuenta con el apoyo de sus padres en su transición, que inició en 2020. En una audiencia, su madre expuso que si bien en el ámbito familiar y en el sistema educativo se respeta la identidad de su hijo, fuera de estos hay situaciones, como en consultas médicas en el Seguro Social, en que debe presentar la cédula de él y quienes la reciben preguntan si es el documento equivocado.
En el desarrollo de la sentencia, la Corte expone por qué el requisito de tener mayoría de edad para acceder a la modificación de datos en la cédula es inconstitucional.
Entre varios motivos, explica que restringe los derechos al libre desarrollo de la personalidad e identidad, que la edad no puede exigirse como “criterio determinante y único” para determinar la madurez de un adolescente, y que la medida puede generar impactos negativos en el bienestar psicológico y emocional.
Por ello, indica que existen mecanismos alternativos como la evaluación individualizada, el acompañamiento técnico y la consideración del contexto familiar.
En ese sentido, la Corte dispone al Registro Civil que debe proceder al cambio de los datos de adolescentes trans cuando acudan acompañades de sus representantes legales y con el respaldo de informes psicosociales.
Estos informes, agrega la sentencia, deben ser de profesionales acreditados o de órganos técnicos públicos competentes que sean considerados por el Registro Civil.
El fallo tiene efectos para este caso y otros similares. A diferencia de otras sentencias, la Corte no ordena una reforma a la legislación.
La organización Silueta X, que difundió el caso en un comunicado el 11 de marzo, calificó el fallo como histórico y explicó que este crea jurisprudencia de cumplimiento obligatorio.
🏳️⚧️🌈Un chico trans de 15 años le dijo al Estado ecuatoriano “yo sé quién soy”. Y la Corte Constitucional le dio la razón. 🏛️✊
Este fallo es nuestro. Es tuyo.
🔗 Lee la comunicado completa en nuestra bio.#DerechosTransEcuador #SiluetaX #CorteConstitucional #AdolescentesTrans pic.twitter.com/aXE4FU9VeS
— Asociación SILUETA 'X' (@SiluetaX) March 11, 2026
Sin embargo, otras organizaciones cuestionan los requisitos. Fundación Pakta indica que si bien la sentencia derriba la barrera etaria de la mayoría de edad, la inclusión de informes psicosociales contradice la tendencia global y regional hacia la despatologización.
Pakta menciona, por ejemplo, la Opinión Consultiva 24/17 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, instrumento que reconoce la identidad autopercebida de las personas y los derechos patrimoniales de parejas del mismo sexo.
El documento, recuerda Pakta en un comunicado, establece que para el reconocimiento de la identidad de género no se debe exigir certificados médicos ni psicológicos. Además, que la Organización Mundial de la Salud reconoció que la identidad trans no es una patología psiquiátrica.
Mientras que la activista Nua Fuentes, de Proyecto Transgénero, considera que los requisitos impuestos por la Corte pueden ser problemáticos. Menciona que frente al desconocimiento y prejuicios, profesionales de salud patologizan la identidad trans.
La Sentencia 4-24-CN/26 sobre la inconstitucionalidad de negar a adolescentes trans cambio de su sexo o género en la cédula es un acto que entreabre la puerta para los derechos, pero también sostiene algunas barreras y es problemático para adolescentes trans #Ecuador
Abro hilo🧵 pic.twitter.com/aKBUlmnU1A— Nua Elizabeth Fuentes Aguirre (@NuaEliz) March 11, 2026
Además, señala que puede haber casos de que la familia y psicólogos expresen rechazo a la identidad trans y limiten los derechos de adolescentes trans. O también menciona casos de abandono de niñes y adolescentes trans y pregunta cómo reconocer su identidad si no cumplen con el requisito de acudir sin representantes legales.
Los condicionamientos para el cambio del campo de sexo o género en la cédula para adolescentes trans marcan también una diferencia con el procedimiento en personas trans de más de 18 años, pues estas —desde las reformas vigentes en 2024— no deben presentar requisitos. Solo su declaración expresa de ser una persona trans que desea que los datos de su cédula estén conformes a su identidad de género.
La madurez de niñeces y adolescencias ha sido un tema abordado en convenciones o instrumentos internacionales. La Convención sobre los Derechos del Niño de la ONU del 2009 es contundente al reconocerles como seres autónomos y capaces de formar sus propias opiniones a través de la experiencia, el entorno, las expectativas sociales y culturales.
Esta convención es mencionada en una sentencia de la Corte Constitucional en que reconoció la identidad de infancias y adolescencias trans en el sistema educativo.
En las Observaciones Generales del Comité de los Derechos del Niño, documentos de interpretación para los alcances de la mencionada Convención, se explica que la madurez es “la capacidad de comprender y evaluar las consecuencias de un asunto determinado”, lo cual debe considerarse en relación con su capacidad individual, contextos, entornos, experiencias de vida y familiar, desarrollo psicológico y no únicamente con su edad biológica.
Además, que la edad cronológica no determina la evolución de las capacidades de las niñeces y adolescencias porque estas crecen a lo largo del tiempo.
Ecuador
Justicia reconoce delito de odio en caso de bullying en Instituto Nacional Mejía de Ecuador
Johana B se suicidó el 11 de abril de 2023
A casi tres años del suicidio de Johana B., quien estudió en el Instituto Nacional Mejía, colegio emblemático de Quito, el Tribunal de la Corte Nacional de Justicia ratificó la condena para el alumno responsable del acoso escolar que la llevó a quitarse la vida.
Según información de la Fiscalía, el fallo de última instancia deja en firme la condena de cuatro años de internamiento en un centro para adolescentes infractores, en una audiencia de casación pedida por la defensa del agresor, tres meses antes de que prescriba el caso.
Con la sentencia, este caso es uno de los primeros en el país en reconocer actos de odio por violencia de género, delito tipificado en el artículo 177 del Código Orgánico Penal Integral (COIP).
El suicidio de Johana B. ocurrió el 11 abril de 2023 y fue consecuencia del acoso escolar por estereotipos de género que enfrentó la estudiante por parte de su agresor, quien constantemente la insultaba y agredía por su forma de vestir, llevar el cabello corto o practicar actividades que hace años se consideraban exclusivamente para hombres, como ser mando de la Banda de Paz en el Instituto Nacional Mejía.
Desde la muerte de Johana, su familia buscaba justicia. Su padre, José, en una entrevista concedida a edición cientonce para la investigación periodística Los suicidios que quedan en el clóset a causa de la omisión estatal afirmó que su hija era acosada por su compañero y otres estudiantes con apodos como “marimacha”, lo que también fue corroborado en los testimonios recogidos por la Unidad de Justicia Juvenil No. 4 de la Fiscalía.
Los resultados de la autopsia psicológica y del examen antropológico realizados tras la muerte de Johana confirmaron las versiones de sus compañeras y docentes: que su agresor la acosó de manera sistemática durante dos años. Los empujones, jalones de cabello o burlas, incluso por su situación económica, eran constantes en el aula de clase.
La violencia que recibió Johana escaló cuando su compañero le dio un codazo en la espalda ocasionándole una lesión que le imposibilitó caminar y asistir a clases.
Días después del hecho, la adolescente se quitó la vida en su casa, tras escuchar que la madre del agresor se negó a pagar la mitad del valor de una tomografía para determinar la lesión en su espalda, tal como lo había acordado previamente con sus padres y frente al personal del DECE (Departamento de Consejería Estudiantil del colegio), según versiones de su familia y la Fiscalía.
#AFONDO | Johana se suicidó el 11 de abril de 2023, tras ser víctima de acoso escolar por no cumplir con estereotipos femeninos 😢.
Dos semanas antes, uno de sus compañeros le dio un codazo en la espalda, ocasionándole una lesión que le imposibilitó caminar 🧵 pic.twitter.com/bXKUs9YYOm
— EdicionCientonce (@EdCientonce) September 3, 2025
“Era una chica linda, fuerte, alegre. Siempre nos llevamos muy bien, hemos compartido todo. Nos dejó muchos recuerdos y todos nos sentimos tristes; siempre estamos pensando en ella. Es un vacío tan grande aquí, en este lugar”, expresó José a Edición Cientonce el año pasado.
Para la fiscal del caso y de la Unidad de Justicia Juvenil de la Fiscalía, Martha Reino, el suicidio de la adolescente fue un agravante que se contempló durante la audiencia de juzgamiento de marzo de 2024, según explicó a este medio el año pasado. Desde entonces, la familia del agresor presentó un recurso de casación en la Corte Nacional de Justicia, que provocó la dilatación del proceso.
En el fallo de última instancia, el Tribunal también dispuso que el agresor pague $3.000 a la familia de Johana B. como reparación integral. Además, el adolescente deberá recibir medidas socioeducativas, de acuerdo al artículo 385 del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, señala la Fiscalía.
El caso de Johana también destapó las omisiones y negligencias del personal del DECE y docentes del Instituto Nacional Mejía. En la etapa de instrucción fiscal se comprobó que no se aplicaron los protocolos respectivos para proteger a la víctima.
De hecho, la Fiscalía conoció el caso a raíz de la denuncia que presentó su padre, José, y no por el DECE, aseguró la fiscal el año pasado a Edición Cientonce.
Pese a estas omisiones presentadas en el proceso, el fallo de última instancia sólo ratificó la condena para el estudiante.
Honduras
Corte IDH reconoce a Thalía Rodríguez como familia social de Leonela Zelaya
Se construyeron una familia tras más de una década de convivencia
Por DORIS GONZÁLEZ * | TEGUCIGALPA, Honduras — En la sentencia del caso Leonela Zelaya y otra vs Honduras emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos se estableció un hito jurisprudencial para las personas LGBTQ en Honduras, así como en la región en relación a las diversas conformaciones de familias existentes. La Corte IDH interpretó por primera vez el concepto de familia social, indicando que la construcción de familia no debe restringirse a la familia nuclear o a nociones tradicionales, bajo el entendido de que hay diferentes formas en las que se materializan los vínculos familiares.
Este análisis se trae a colación debido al contexto de discriminación, prejuicio y violencia que atravesamos las personas LGBTQ, el cual se puede manifestar incluso dentro de nuestras propias familias. Esta violencia se manifiesta a través de actos de odio como ser el desarraigo familiar, violencia física, psicológica, social, económica, expulsiones de los hogares, violaciones correctivas e incluso, culminando en muertes violentas. Esta violencia motivada por la orientación sexual, identidad y expresión de género de las personas imposibilita la convivencia familiar.
Ante esto, las personas LGBTQ construimos vínculos sociales fuera del vínculo familiar tradicional, los cuales a través de la convivencia, amistad, apoyo económico-social y construcción de vida en común constituyen familias, tal como ocurrió en este caso.
Tras el abandono de su familia biológica, Leonela Zelaya y Thalía Rodríguez construyeron una familia tras más de una década de convivencia, en los cuales se apoyaron mutuamente en diversas situaciones, viviendo como mujeres trans, portadoras de VIH, ejerciendo el trabajo sexual y en situación de pobreza, enfrentando constantes episodios de detenciones arbitrarias y violentas por parte de los órganos policiales.
Tras su asesinato, fue Thalía quien recogió el cuerpo de Leonela en la morgue de Tegucigalpa y quien gestionó el féretro a través de la Funeraria del Pueblo. Los servicios fúnebres de Leonela Zelaya fueron realizados en un bar por mujeres trans, trabajadoras sexuales, al cual no asistió ningún miembro de su familia biológica.
El asesinato de Leonela y la falta de esclarecimiento generaron a Thalía un sentimiento de inseguridad, frustración e impotencia. Por estas violaciones de derechos humanos, la Corte reconoció a Thalía Rodríguez, en calidad de familiar de Leonela, como víctima del caso, generando estándares aplicables a todas las personas LGBTQ.
A juicio de la Corte, esta situación lleva a que, en casos de muertes violentas de mujeres trans, las personas que integren las redes de apoyo de la persona fallecida puedan ser declaradas víctimas por la violación de sus derechos a la integridad psíquica o moral, siempre que se acredite la existencia de un vínculo estrecho con la víctima y una afectación a sus derechos, derivada, por ejemplo, de las gestiones realizadas para obtener justicia. Esta sentencia logra reconocer que las personas LGBTQ construimos familias sociales, familias elegidas, e indica que estas deben ser reconocidas y validadas.
* Abogada litigante del caso Leonela Zelaya y otra vs Honduras, Red Lésbica Cattrachas
Idaho guv signs harshest anti-trans bathroom bill in the country
Award-winning D.C. chef reaching new culinary heights
Trans-driven ‘Serpent’s Skin’ delivers campy sapphic horror
Now more than ever: the importance of LGBTQ activism
D.C. not the place for antisemitic Democratic Socialists of America
‘Jonah’ an undeniably compelling but unusual memory play
‘Out for McDuffie’ event held at D.C. gay bar
The Oscar-losing performance that’s too good to miss
Thousands attend ‘No Kings’ protests in D.C.
