Noticias en Español
Doctora cubana denuncia ICE después de contraer coronavirus en detención
Merlis Rodríguez Hernández permanece detenida en Arizona
En la soledad de una celda, Merlis Rodríguez Hernández temblaba por la fiebre. No había nadie allí que la socorriera, que le pusiera un paño de agua fría en la frente o le sostuviera la mano para transmitirle confianza. No había un centímetro en su cuerpo que el dolor no hubiera invadido y una tos incesante apenas le daba un descanso para respirar. Las pocas energías que le quedaban las gastaba en llorar.
Llevaba varios días en aislamiento, luego de que el 11 de junio le confirmaron que había contraído coronavirus en Eloy Detention Center, una cárcel para inmigrantes en Arizona, a donde llegó el 26 de septiembre de 2019.
Rodríguez huyó de Cuba junto a su esposo, Lázaro Almanza Paneca, también profesional de la salud, luego de ser blancos de la dictadura cubana por expresarse en contra de las prácticas de trabajo forzoso de las “misiones médicas” obligatorias de Cuba en el extrajero, que el Departamento de Estado de los Estados Unidos ha llamado “el equivalente funcional de la esclavitud moderna”.
Su pareja obtuvo la retención contra la deportación y se encuentra en libertad, mientras que ella perdió su caso de asilo el 2 de enero de 2020. Actualmente, espera el resultado de la apelación en su caso, un proceso que se ha dilatado por más de seis meses.
‘Si vas a hablar conmigo no llores’
En una entrevista telefónica desde la prisión con el Washington Blade, Rodríguez, 29, recuerda que todo comenzó a finales de mayo cuando se llevaron de su albergue a una compañera que mostraba síntomas de coronavirus.
“Pienso que agarró el virus por algún oficial, porque para ese entonces estábamos encerradas en el albergue”, expresó. “No íbamos a la biblioteca ni al comedor. Estábamos constantemente aquí”.
Desde hacía 14 días solo salían de la ínfima celda para dos personas los lunes, miércoles y viernes por 20 minutos para bañarse, hablar por teléfono o limpiar la habitación. “No teníamos microondas ni hielo. Esos días me los pasé sin poder cocinar nada. Las tres comidas del día eran siempre lo mismo: dos panes, dos rodajas de jamón, una galletita y un refresco instantáneo”.
En el día 14 de la cuarentena impuesta en Eloy Detention Center, Rodríguez comenzó a perder el sentido del gusto; sufría fuertes dolores de cabeza y palpitaciones. Al confirmar que estaba contagiada, la trasladaron a otro edificio. Primeramente, estuvo sola en una celda por nueve días. “Luego, trajeron a otra persona con el virus y la pusieron conmigo”.
Sin embargo, los síntomas persistían: Temperaturas elevadas; tos en repetidas ocasiones y malestar general. Apenas era una sombra de la persona activa y positiva que solía ser. Como no mostraba mejoría, la reubicaron en otro edificio por 14 días más.
“Al principio del virus no me pusieron tratamiento”, señaló Rodríguez, quien se graduó como médico intensivista en Cuba. “Luego de mucha insistencia pude ver a un doctor, porque solamente veía a la enfermera y le explico que necesitaba medicamentos para la tos y el malestar”.
Durante su convalecencia, solamente pudo ver a un profesional de la salud en dos ocasiones. Comentó que el personal jamás se preocupó por ella ni mostró un ápice de sensibilidad.
“Cuando les decías que tenías miedo, te respodían: ‘no te preocupes que no te ibas a morir’. Cuando ya no podía más y empezaba a llorar, porque yo misma llevaba 21 días sin poder salir, sus respuestas eran: ‘si vas a hablar conmigo no llores’. Que te den una respuesta así me hacía pensar que para ellos éramos unos perros, no seres humanos”.
Para Rodríguez, el desempeño de sus colegas en el tratamiento de los inmigrantes con coronavirus ha sido muy poco profesional y cree que han ejecutado varias malas prácticas. “Yo no sé mucho del virus, pero conozco cómo deben ser tratados los pacientes y los procedimientos”.
Rodríguez ejemplifica que el examen físico que le realizaban era inadecuado, pues colocaban el estetoscopio por encima de dos y tres capas de ropa.
“La enfermera que me chequeaba no notaba mis síntomas”, ella señaló. “Me tomaba la temperatura y la frecuencia cardíaca a través de la puerta de la celda”.
“Otra de las grandes negligencias médicas que ellos han cometido es que a nosotras no nos han repetido la prueba del coronavirus, es decir, nos diagnosticaron, pero no tenemos la certeza de que se nos haya quitado del todo”, puntualizó “Corremos el riesgo que cualquiera de nosotras siga positiva”.
Rodríguez afirmó que aún su frecuencia cardíaca es elevada y el malestar general persiste. Casi no duerme, solamente unas pocas horas en las noches. No tiene fuerzas y con tan solo caminar un poco le falta el aire.
“Padezco de muchos dolores de cabeza y debilidad”, señaló. “Se me olvida todo. El médico me dice que no sabe si serán secuelas”.
“Antes del virus mi salud era estable, pero después empezaron a salir más enfermedades”, cuenta Rodríguez. “Creo que debo tener las defensas muy bajas. Ahora mismo me diagnosticaron hipotiroidismo”.
Rodríguez teme una nueva ola de contagios, pues en su opinión las medidas sanitarias en la prisión son mínimas, a lo que se adiciona el traslado de inmigrantes, tanto como nuevos ingresos como deportados. “De aquí salieron tres muchachas deportadas hacia Ecuador y una de ellas tenía el virus”.
Grupos que apoyan a los inmigrantes han reclamado a ICE de liberar a personas con VIH y otros detenidos vulnerables al coronavirus.
En ese sentido, ICE afirma en su página oficial que examina a todos los nuevos detenidos que llegan a las instalaciones para detectar COVID-19 durante el proceso de selección de admisión. “ICE aloja a todos los recién llegados por separado (agrupados) de la población general durante 14 días después de su llegada, y los monitorea para detectar síntomas”.
Pese a todo, Rodríguez parece haber superado la etapa más dura del virus, aunque algunas dolencias no la hayan abandonado del todo. Ahora, uno de sus principales temores es una reinfección, una posibilidad muy rara, según los investigadores, pero que ya existe en Estados Unidos. El primer y único caso de este tipo se registró en un hombre de Nevada, luego del primer caso mundial detectado en Hong Kong.
Honduras
Corte IDH reconoce a Thalía Rodríguez como familia social de Leonela Zelaya
Se construyeron una familia tras más de una década de convivencia
Por DORIS GONZÁLEZ * | TEGUCIGALPA, Honduras — En la sentencia del caso Leonela Zelaya y otra vs Honduras emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos se estableció un hito jurisprudencial para las personas LGBTQ en Honduras, así como en la región en relación a las diversas conformaciones de familias existentes. La Corte IDH interpretó por primera vez el concepto de familia social, indicando que la construcción de familia no debe restringirse a la familia nuclear o a nociones tradicionales, bajo el entendido de que hay diferentes formas en las que se materializan los vínculos familiares.
Este análisis se trae a colación debido al contexto de discriminación, prejuicio y violencia que atravesamos las personas LGBTQ, el cual se puede manifestar incluso dentro de nuestras propias familias. Esta violencia se manifiesta a través de actos de odio como ser el desarraigo familiar, violencia física, psicológica, social, económica, expulsiones de los hogares, violaciones correctivas e incluso, culminando en muertes violentas. Esta violencia motivada por la orientación sexual, identidad y expresión de género de las personas imposibilita la convivencia familiar.
Ante esto, las personas LGBTQ construimos vínculos sociales fuera del vínculo familiar tradicional, los cuales a través de la convivencia, amistad, apoyo económico-social y construcción de vida en común constituyen familias, tal como ocurrió en este caso.
Tras el abandono de su familia biológica, Leonela Zelaya y Thalía Rodríguez construyeron una familia tras más de una década de convivencia, en los cuales se apoyaron mutuamente en diversas situaciones, viviendo como mujeres trans, portadoras de VIH, ejerciendo el trabajo sexual y en situación de pobreza, enfrentando constantes episodios de detenciones arbitrarias y violentas por parte de los órganos policiales.
Tras su asesinato, fue Thalía quien recogió el cuerpo de Leonela en la morgue de Tegucigalpa y quien gestionó el féretro a través de la Funeraria del Pueblo. Los servicios fúnebres de Leonela Zelaya fueron realizados en un bar por mujeres trans, trabajadoras sexuales, al cual no asistió ningún miembro de su familia biológica.
El asesinato de Leonela y la falta de esclarecimiento generaron a Thalía un sentimiento de inseguridad, frustración e impotencia. Por estas violaciones de derechos humanos, la Corte reconoció a Thalía Rodríguez, en calidad de familiar de Leonela, como víctima del caso, generando estándares aplicables a todas las personas LGBTQ.
A juicio de la Corte, esta situación lleva a que, en casos de muertes violentas de mujeres trans, las personas que integren las redes de apoyo de la persona fallecida puedan ser declaradas víctimas por la violación de sus derechos a la integridad psíquica o moral, siempre que se acredite la existencia de un vínculo estrecho con la víctima y una afectación a sus derechos, derivada, por ejemplo, de las gestiones realizadas para obtener justicia. Esta sentencia logra reconocer que las personas LGBTQ construimos familias sociales, familias elegidas, e indica que estas deben ser reconocidas y validadas.
* Abogada litigante del caso Leonela Zelaya y otra vs Honduras, Red Lésbica Cattrachas
El año 2026 no comenzó en blanco para las organizaciones LGBTQ en Estados Unidos. Llegó precedido por un proceso que se activó con fuerza en 2025 y que hoy se manifiesta como una reconfiguración profunda del ecosistema de derechos, servicios y sostenibilidad comunitaria. No se trata de una crisis momentánea ni de un ajuste administrativo pasajero. Lo que está ocurriendo es un cambio estructural en la forma en que el Estado define, financia y condiciona la igualdad, la accesibilidad y la atención a poblaciones históricamente vulnerables.
Desde los primeros meses de 2025, la administración federal inició la retirada o revisión de múltiples órdenes ejecutivas y disposiciones que protegían explícitamente a personas LGBTQ en áreas clave como salud, educación y acceso a servicios. La justificación oficial ha girado en torno a la eliminación de lo que se denomina “ideología de género” y a la redefinición restrictiva del concepto de sexo, limitado exclusivamente a criterios biológicos. Este cambio discursivo no quedó en el plano simbólico. Se tradujo en nuevas reglas de elegibilidad, en la cancelación de subvenciones, en la eliminación de recopilación de datos y en una creciente incertidumbre administrativa que ha afectado directamente la operatividad de organizaciones comunitarias en todo el país, como ha documentado la Kaiser Family Foundation.
La salud fue uno de los primeros campos donde se sintió el impacto. Programas vinculados a la atención integral, a la prevención del VIH, a la salud mental y a la investigación en poblaciones LGBTQ comenzaron a perder respaldo federal. Subvenciones previamente aprobadas fueron canceladas o sometidas a revisión bajo criterios ideológicos, no científicos. Reuters y Associated Press han documentado cómo esta nueva orientación provocó la interrupción de investigaciones financiadas por los Institutos Nacionales de Salud, afectando proyectos que buscaban comprender mejor las desigualdades en salud, el acceso a tratamientos y las condiciones de vida de comunidades ya marginadas. La consecuencia inmediata no es solo la pérdida de conocimiento, sino la erosión de la capacidad del país para diseñar políticas públicas basadas en evidencia.
La educación siguió un camino similar. A lo largo de 2025, el discurso oficial contra los programas de diversidad, equidad e inclusión se tradujo en recortes presupuestarios y en señales claras a los sistemas educativos. Talleres de prevención de acoso, programas de formación docente, iniciativas de acompañamiento estudiantil y espacios seguros que durante años fueron sostenidos por alianzas entre escuelas y organizaciones LGBTQ comenzaron a desaparecer o a ser suspendidos por temor a perder fondos. El mensaje fue inequívoco: la igualdad dejó de ser una prioridad financiable. En ese vacío, quienes pagan el precio son jóvenes que pierden redes de apoyo fundamentales en etapas decisivas de su vida.
A este escenario se sumó un fenómeno menos visible pero igualmente dañino: el condicionamiento del lenguaje. Organizaciones que no se dedican exclusivamente a temas LGBTQ, pero que atienden poblaciones diversas, comenzaron a recibir directrices que restringen términos y enfoques en sus propuestas de financiamiento. Esto ha generado autocensura institucional, debilitamiento de programas y una sensación generalizada de inseguridad jurídica. Cuando las organizaciones no saben si nombrar una realidad puede costarles su existencia, el impacto va mucho más allá del presupuesto.
El efecto acumulado de estas decisiones comenzó a hacerse evidente en 2025 y se consolida en 2026. Servicios que antes funcionaban con relativa estabilidad ahora operan al límite. Se reducen horarios, se despide personal, se priorizan únicamente los casos más urgentes y se crean listas de espera que antes no existían. La prevención cede espacio a la emergencia, y la emergencia, como bien sabe la salud pública, siempre resulta más costosa y más dolorosa.
Puerto Rico ofrece un ejemplo claro de cómo esta dinámica se acelera en contextos con menos margen de maniobra. La pérdida de fondos federales por parte de organizaciones comunitarias ha tenido efectos inmediatos, obligando a cierres de programas, reestructuraciones profundas y una dependencia aún mayor de donaciones locales en un mercado filantrópico limitado. Lo que en otros estados puede tardar años en sentirse, en la isla se manifiesta en meses. Y, sin embargo, la necesidad de servicios no disminuye; al contrario, aumenta en contextos de incertidumbre económica y social.
Frente a este panorama, las organizaciones LGBTQ no han permanecido inmóviles. El 2026 las encuentra ensayando estrategias de supervivencia que, aunque diversas, comparten un mismo objetivo: no colapsar. Muchas han acelerado la diversificación de sus fuentes de ingreso, apostando por donantes individuales recurrentes, campañas comunitarias y modelos de membresía. Otras han intentado desarrollar servicios híbridos que permitan generar ingresos propios para sostener programas gratuitos. Las alianzas con universidades, sistemas de salud, municipios y organizaciones comunitarias más amplias se han convertido en una tabla de salvación para compartir costos y mantener presencia territorial.
Pero también hay decisiones dolorosas. Reducciones de personal, cierres temporales, eliminación de proyectos no considerados esenciales y una redefinición constante de prioridades. Estas medidas no son señales de mala gestión; son respuestas defensivas ante un entorno que se ha vuelto hostil e impredecible.
Lo que muchas veces queda fuera del debate público es que este proceso no afecta solo a las organizaciones como estructuras administrativas. Afecta a personas concretas. A jóvenes que pierden espacios seguros. A personas trans que ven restringido su acceso a servicios de salud. A familias que ya no encuentran acompañamiento. A activistas que quedan más expuestos en un clima social cada vez más polarizado. La retirada de fondos no elimina las realidades humanas que esos programas atendían; simplemente las empuja hacia la invisibilidad y el sufrimiento silencioso.
El 2026, entonces, no es únicamente un año de ajustes presupuestarios. Es una antesala que pone a prueba el compromiso real del país con la igualdad y la dignidad. Cuando los derechos dependen de ciclos políticos y los servicios esenciales quedan sujetos a criterios ideológicos, lo que se debilita no es solo una comunidad específica, sino el tejido social en su conjunto.
La pregunta que queda abierta no es si las organizaciones LGBTQ resistirán. Históricamente lo han hecho. La verdadera pregunta es cuántas personas quedarán sin protección en el camino y cuánto daño se normalizará antes de que la nación asuma que la accesibilidad, la educación y la salud no pueden ser tratadas como concesiones temporales.
El 2026 ya comenzó. Y lo que está en juego no es una narrativa cultural, sino la capacidad de una sociedad para sostener, con hechos y no solo con discursos, la dignidad humana.
Colombia
Colombia anunció la inclusión de las categorías ‘trans’ y ‘no binario’ en los documentos de identidad
Registraduría Nacional anunció el cambio el 28 de noviembre
Ahora los ciudadanos colombianos podrán seleccionar las categorías ‘trans’ y ‘no binario’ en los documentos de identidad del país.
Este viernes la Registraduría Nacional del Estado Civil anunció que añadió las categorías ‘no binario’ y ‘trans’ en los distintos documentos de identidad con el fin de garantizar los derechos de las personas con identidad diversa.
El registrador nacional, Hernán Penagos, informó que hizo la inclusión de estas dos categorías en los documentos de: registro civil, tarjeta de identidad y cédula de ciudadanía.
Según la registraduría: “La inclusión de estas categorías representa un importante avance en materia de garantía de derechos de las personas con identidad de género diversa”.
Estas categorías estarán en el campo de ‘sexo’ en el que están normalmente las clasificaciones de ‘femenino’ y ‘masculino’ en los documentos de identidad.
En 2024 se inició la ejecución de diferentes acciones orientadas implementar componentes “‘NB’ y ‘T’ en el campo ‘sexo’ de los registros civiles y los documentos de identidad”.
Las personas trans existen y su identidad de género es un aspecto fundamental de su humanidad, reconocido por la Corte Constitucional de Colombia en sentencias como T-236/2023 y T-188/2024, que protegen sus derechos a la identidad y no discriminación. La actualización de la Registraduría implementa estos fallos que ya habían ordenado esos cambios en documentos de identidad.
Por su parte, el registrador nacional, Penagos, comentó que: “se trata del cumplimiento de unas órdenes por parte de la Corte Constitucional y, en segundo lugar, de una iniciativa en la que la Registraduría ha estado absolutamente comprometida”. Y explicó que en cada “una de las estaciones integradas de servicio de las más de 1.200 oficinas que tiene la Registraduría Nacional se va a incluir todo este proceso”.
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