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Los queers de San Isidro 

Movimiento opositor se abraza personas LGBTQ

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Osmel Adrián Rubio Santos en huelga de hambre. (Foto cortesía de la página de Facebook de Katherine Bisquet Rodríguez)

Durante 10 días, 14 activistas opositores al gobierno cubano, conocidos como el Movimiento San Isidro, le plantaron cara al régimen comunista al encerrarse en una casa semidestruida de La Habana Vieja, la zona más antigua de la capital cubana.

Al autoconfinamiento le adicionaron una semana en huelga de hambre y de sed de algunos de sus integrantes para protestar en contra de las detenciones que sufrieron mientras demandaban la liberación de Daniel Solís, un rapero contestatario que el régimen condenó a ocho meses de prisión por desacato.   

Un policía entró a la casa de Solís y este lo insultó mientras hacía una directa por Facebook, donde además mostró su apoyo al presidente Donald Trump. En la transmisión utilizó insultos homofóbicos, que provocaron un distanciamiento de parte de la comunidad LGBTQ cubana. Sin embargo, el último video que el artista subió a sus redes sociales fue para pedir disculpas por su comportamiento.

El rapero fue condenado en un proceso sumario, un proceder legal pero relámpago, donde se acelera la justicia y que algunos expertos consideran inadecuado, pues no respeta las garantías que merece todo acusado. 

Los integrantes del MSI consideran la encarcelación de Solís una injusticia e hicieron de ella su principal demanda, aunque también solicitaron el cierre de las tiendas que venden artículos de primera necesidad en dólares, una moneda a la que no tiene acceso la gran mayoría de los cubanos.

Durante esos diez días, la casa fue sitiada con efectivos de la policía y agentes de la Seguridad del Estado, quienes no permitían el acceso a la vivienda. Incluso, la sede fue atacada una noche y destruyeron parte de la puerta principal. 

La protesta pacífica fue disuelta con la intervención violenta de la policía con el pretexto de un posible contagio por COVID-19 procedente del extranjero. El periodista Carlos Manuel Alvarez, quien burló la seguridad y entró a la sede del MSI para mostrar su solidaridad, había llegado de México, y según las autoridades, debía repetirse el examen de coronavirus.

Luego de la expulsión, los activistas fueron trasladados a unidades de la policía. Los retuvieron por horas. Los golpearon y más tarde los liberaron a sus respectivas viviendas, a excepción de Luis Manuel Otero Alcántara, el líder del MSI, quien no aceptó ser trasladado a casa de una de las activistas. 

Después de varios días sin conocer su paradero, se conoció que estaba hospitalizado. Allí continuó en huelga de hambre varios días más hasta que depuso la huelga para seguir en la lucha por Daniel Solís “y de todos los hermanos presos y abusados por un régimen en decadencia”, señaló en mensaje publicado en Facebook.

Luego de varias semanas del suceso, los activistas que se acuartelaron en San Isidro continúan vigilados por oficiales de la seguridad, quienes los mantienen presos en sus propias residencias.

‘Se meten con uno, se meten con todos’

Osmel Adrián Rubio Santos, un opositor gay de apenas 18 años, integró el MSI en septiembre de 2020, pero desde antes había comenzado su lucha por los derechos humanos en la isla comunista. 

Rubio cuenta en entrevista exclusiva con el Washington Blade que se unió a la protesta pacífica del movimiento porque cree en la injusticia que ha caracterizado al proceso de Solís. “Nosotros decimos que cuando se meten con uno se meten con todos”, agrega Rubio, en clara referencia al espíritu de hermandad que une a San Isidro. 

Nos cuenta que jamás se ha sentido discriminado dentro del grupo, que tiene una clara visión del respeto a las diferencias sexuales de cada individuo. 

Rubio, al igual que el resto de sus compañeros, se sumó a la huelga de hambre cuando la policía interceptó a una vecina que traía alimentos a la sede del MSI. El suministro se restableció después, pero los activistas decidieron mantener la inanición para ejercer más presión para lograr la liberación del rapero. 

Se mantuvo sin ingerir alimentos durante tres días. Abandonó la huelga debido a su “delicado estado de salud”. 

Rubio pensó que iba a morir cuando un ardor profundo le castigó el hígado. “Sin embargo, me mantenía firme en saber que estaba luchando por mi libertad y la de mi país”, añadió. 

Pese a las constantes amenazas y represiones, los integrantes del MSI intentaron mantener un espíritu positivo y alegre, al decir de Rubio. “Fueron unos días maravillosos. Pude ver cómo sería una Cuba libre, pues habían allá dentro todo tipo de personas, desde un gay como yo hasta un musulmán”. 

Durante el autoconfinamiento, las hordas del régimen ejecutaron varias acciones en un desesperado intento por erradicar la protesta. “El primer ataque que recibimos fue un día a las 4 de la madrugada. La Seguridad del Estado se subió al techo para echarnos ácido y así envenenarnos el agua de la sede y de tres casas más. También nos echaron ácido por debajo de la puerta con el objetivo de asfixiarnos”. 

Luego, un vecino intentó sacar a Otero de la sede y al no poder lograrlo empezó a derribar la puerta con un martillo. “Y por una ventana empezaron a tirar él y varios represores botellas, incluso a Luis Manuel le causaron heridas en la cara”.

Rubio describió la noche del desalojo como tenebrosa. “Ellos (los oficiales) de una patada derribaron la puerta. Eran oficiales de la Seguridad disfrazados de médicos. Nos fueron encima de manera violenta y nos sacaron a cada uno de nosotros con golpes y ofensas. Luego nos llevaron a una unidad de la policía. Nos mantuvieron en una furgoneta casi tres horas y luego nos sacaron de uno en uno, nos golpearon y nos condujeron a cada una de nuestras casas”.

En su vivienda del barrio habanero del Cotorro, Rubio ha permanecido bajo vigilancia total durante las 24 horas del día. Agentes de la Seguridad están apostados en la puerta de su domicilio y le impiden salir. Para que los represores no se aburran en su monótono trabajo, Rubio les lee “La Edad de Oro” (un libro infantil del Héroe Nacional José Martí) y la Biblia.

A la imposibilidad de movimiento, a Rubio también le han realizado actos de repudio en su comunidad. En un video que envió al Blade, se puede observar una multitud de personas caminando a ritmo de una conga mientras pasan por el frente de su vivienda. 

Asimismo, desde los medios oficiales, la dictadura ha lanzado una campaña difamatoria y de descrédito a los integrantes del MSI, presentándolos como mercenarios a sueldo de Estados Unidos. 

“Mientras sigamos siendo vigilados, la lucha seguirá en las redes sociales. En mi caso yo no puedo luchar por las redes, pues la Seguridad del Estado me bloqueó mi teléfono y mi línea”, denunció Rubio. 

‘Los verdaderos revolucionarios’

La comunidad cubana en el extranjero ha mostrado de diversas formas el apoyo hacia el MSI. Se han convocado manifestaciones frente a sedes diplomáticas de la isla en varias naciones así como en espacios públicos de Washington, Ciudad de México, Madrid y Miami, entre otras.  

En esa labor ha estado muy activo Nonardo Perea, un artista queer exiliado en España, que pertenece al MSI desde el 2018. Perea ha puesto su arte en función de denunciar las atrocidades que ha cometido la dictadura cubana en contra de este grupo de activistas independientes así como visibilizar la causa del movimiento a través de las redes sociales. 

“En estos momentos se han llevado a cabo manifestaciones en diferentes puntos de la ciudad de Madrid, donde nos hemos ido reuniendo un grupo de cubanos y cubanas que abogan por el cambio en Cuba y a favor del movimiento de San Isidro y de la liberación de Denis Solís”, declaró al Blade. “No dejaremos de hacer acciones para de algún modo crear visibilidad para el gobierno español y la comunidad internacional”.

Para él, el MSI lo ha ayudado a ser más creativo, logrando una transición entre el arte queer y el arte político.  

“De algún modo me ha ayudado a evolucionar, a encontrar otras maneras de hacer arte. Luego de formar parte del movimiento y de haber tenido que acudir al exilio, mi vida es otra. De algún modo todo ha cambiado. Ya no puedo ser el mismo de antes. Ahora puedo ver las cosas con más claridad. Ya sé que los que supuestamente eran revolucionarios dejaron de serlo con sus malas acciones contra mi persona. Los verdaderos revolucionarios son estos, los de San Isidro, los otros son esbirros, y está comprobado que pueden hacer con tu vida lo que les dé la gana”.

Perea, quien se considera una persona no binaria, nunca se sintió discriminado por su orientación sexual o identidad de género dentro del grupo. “Luis Manuel y Yanelys Núñez siempre apoyaron mi trabajo, y de algún modo gracias a ellos mi obra tuvo cierta visibilidad al invitarme a la 00Bienal, y debo aclarar que mi obra está cien por ciento enfocada en temas del colectivo LGBTQ. No creo que dentro del movimiento existiese ningún problema con los temas gays, todos estaban y están a favor de la libertad, tanto de expresión como de género”.

Nonardo Perea (Foto cortesía de Nonardo Perea)

También desde España, tres eurodiputados han denunciado el injusto encarcelamiento de Daniel Solís y han manifestado su simpatía con el MSI. Por otra parte, los republicanos y demócratas en Estados Unidos han coincidido pidiendo respeto a las demandas del Movimiento San Isidro. 

El Encargado de Negocios de la Embajada de Estados Unidos en La Habana, Timothy Zúñiga-Brown, estuvo atento al llamado del MSI por la justicia económica y los derechos humanos en la isla.

El diplomático les envió un mensaje asegurándoles que “el mundo está mirando, la comunidad internacional reconoce su protesta pacífica”.

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The university that refuses to let go

Joanna Cifredo is a trans woman participating in University of Puerto Rico strike

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Joanna Cifredo outside the University of Puerto Rico campus in Mayagüez, Puerto Rico. (Washington Blade photo by Ignacio Estrada Cepero)

Over the past days, I have been walking with a question that refuses to leave me. Not the kind of question you answer from a desk or from a distance, but one that grows out of what you witness in real time, at the gates, in the faces of those who remain there without knowing how any of this will end. What is truly happening inside the University of Puerto Rico, and why have so many students decided to risk everything at a moment when they can least afford to lose anything.

I write as someone who lives just steps away from the Río Piedras campus. These days, the silence has replaced the constant movement that once defined this space. The absence is felt in every corner where students used to pass at all hours. Since arriving in Puerto Rico three years ago, I have come to know firsthand stories that rarely make it into reports or official statements. One of the reasons I chose to stay was precisely this, to serve the university community, to help create a space where students could find something as basic as a safe meal at night and, in some way, ease burdens that are often carried in silence.

I have listened, asked questions, and tried to understand without imposing answers. What I have found is not a collective outburst or a generational whim. What exists is a fracture, a deep break between those making decisions and those living with their consequences every single day.

There has been an effort to reduce this strike to an issue of order, scheduling, or academic disruption. Conversations revolve around missed classes, delayed semesters, and students supposedly unaware of the consequences of their actions. What is rarely addressed are the conditions that lead an entire student body to pause its own future to sustain a protest that offers no guarantees.

Because that is the reality. These are students who fully understand what they are risking, and yet they remain. When someone reaches that point, the least they deserve is not judgment, but to be heard.

From the outside, there have also been attempts to discredit what is happening. Familiar narratives are repeated, legitimacy is questioned, and doubt is cast over intentions. It is easier to do that than to acknowledge that this did not begin at the gates, but long before, in decisions made without building trust.

And something must be said clearly. This is not limited to the gates of Río Piedras. What we are witnessing extends across every unit of the University of Puerto Rico system. Mayagüez, Ponce, Arecibo, Bayamón, Cayey, Humacao, Carolina, Aguadilla, Utuado, and the Medical Sciences Campus. This is not an isolated reaction. It is a movement that runs through the entire institution. Río Piedras may be more visible, but it is not alone. What is happening there reflects a broader unrest felt across the system.

Within that context, one demand has grown increasingly present, the call for the resignation of University of Puerto Rico President Zayira Jordán Conde. This is not the voice of a small group. It reflects a deeper level of mistrust that has spread across multiple campuses.

The Puerto Rican Association of University Professors has also made it clear that this is not solely a student issue. There is real concern among faculty, and a shared recognition of the conditions currently shaping the university. When students and professors arrive at the same conclusion, the problem can no longer be minimized.

Meanwhile, the administration continues to speak in the language of dialogue. But dialogue is not a word, it is a practice. And when trust has been broken, it cannot be restored through statements alone, but through decisions that prove a willingness to truly listen.

In the midst of all of this, there are voices that cannot be ignored. Voices grounded not in theory, but in lived experience. One of them is Joanna Cifredo, a student at the Mayagüez campus, a young Puerto Rican trans woman, and someone widely recognized for her advocacy.

I spoke with her in recent days. What follows is her voice, exactly as it is.

How would you describe what is happening inside the University of Puerto Rico right now, beyond what people see from the outside?

Estamos viviendo momentos muy difíciles, en el sentido de que hay mucha incertidumbre y una presión constante por parte de la administración para reabrir el recinto, pero, entre todo el caos e inestabilidad provocado por las decisiones de esta administración, también hemos vivido momentos muy poderosos. Esta lucha ha sacado lo mejor de nuestra comunidad.

Lo vimos en las asambleas y plenos, donde 1,500, 1,700, hasta 1,800 estudiantes llegaron —bajo lluvia, bajo advertencias de inundaciones— y aun así se quedaron, participaron y votaron a favor de una manifestación indefinida hasta que se atiendan nuestros reclamos.

He conocido a tantas personas en los diferentes portones, estudiantes graduados, aletas, estudiantes de intercambio, estudiantes de todo tipo de concentraciones y se unieron para apoyar el movimiento estudiantil. Estudiantes que vienen a los portones después del trabajo o antes de trabajar. Estudiantes que vienen a dejar agua y suministros entre turnos de trabajo. Viejitos que vienen a los portones con desayuno, almuerzo o cena.

Más allá de lo que se ve desde afuera, lo que estamos viviendo es una mezcla de tensión y resistencia, pero también de comunidad, solidaridad y compromiso colectivo.

Much of what is discussed remains at the level of headlines or social media. From your direct experience, what specific decisions or actions from the administration have led to this level of mobilization?

Desde el inicio, la designación de la Dra. Zayira Jordán Conde careció de respaldo dentro de la comunidad universitaria. No contaba con experiencia administrativa en la UPR ni con un conocimiento básico de nuestros procesos, cultura y reglamentos. Por eso, en asamblea, el estudiantado votó para solicitarle a la Junta de Gobierno que no considerara su candidatura, y múltiples organizaciones docentes hicieron lo mismo. Existía un consenso amplio de que no tenía la experiencia necesaria para liderar una institución como la nuestra.

A pesar de ese rechazo claro, la Junta de Gobierno decidió ignorar los reclamos de la comunidad universitaria e imponer su nombramiento.

Una vez en el cargo, su estilo de gobernanza ha sido poco transparente y poco colaborativo. Sin embargo, el detonante principal de la movilización en el Recinto Universitario de Mayagüez fue su decisión de destituir, de manera unilateral y en medio del semestre, a cinco rectores, incluyendo al nuestro, el Dr. Agustín Rullán Toro, para reemplazarlo por un rector interino, el Dr. Miguel Muñoz Muñoz.

Esta acción, tomada de forma abrupta, provocó de inmediato un clima de caos e inestabilidad dentro de la institución. Y deja una pregunta inevitable: ¿no anticipó el impacto de esa decisión, lo que evidenciaría una falta de experiencia? ¿O lo anticipó y aun así decidió proceder? No está claro cuál de las dos es más preocupante.

Además, esta decisión tuvo consecuencias concretas para el estudiantado, incluyendo el retiro de becas educativas para nuevos integrantes del RUM por parte de la Fundación Ceiba, que calificó la movida como “sorprendente” y “preocupante”. Decisiones impulsivas como la que tomó la presidenta ponen en peligro la estabilidad de nuestra institución y la acreditación de la universidad.

As a trans woman within this movement, how does your identity intersect with what is happening, and why does this also shape the future of people like you?

Soy una de varias chicas trans que formamos parte activa de este movimiento estudiantil.

For those outside the UPR who believe this does not affect them, what are the real consequences of this crisis?

La Universidad de Puerto Rico se fundó para servir al pueblo.

It is impossible to overstate the role the University of Puerto Rico and its students have played in shaping the social, cultural, and economic life of this country. Its impact extends into science, medicine, and every profession that has sustained Puerto Rico over time. No other educational institution has contributed more.

After listening to her, one thing becomes undeniable. This is not just another protest, but a generation refusing to let go of what little remains within its reach. And when a generation reaches that point, the issue is no longer the strike, the issue becomes the country itself.

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La X vuelve al tribunal

Primer Circuito examina caso del reconocimiento de personas no binarias en Puerto Rico

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(Foto de Sergei Gnatuk via Bigstock)

Hace ocho meses escribí sobre este tema cuando todavía no había llegado al nivel judicial en el que se encuentra hoy. En ese momento, la discusión se movía entre decisiones administrativas, debates públicos y resistencias políticas. No era un asunto cerrado, pero tampoco había alcanzado el punto actual.

Hoy el escenario es distinto.

La organización Lambda Legal compareció ante el Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito en Boston para solicitar que se confirme una decisión que obliga al gobierno de Puerto Rico a emitir certificados de nacimiento que reflejen la identidad de las personas no binarias. La apelación se produce luego de que un tribunal de distrito concluyera que negar esa posibilidad constituye una violación a la Constitución de Estados Unidos.

Este elemento marca la diferencia. Ya no se trata de una discusión conceptual. Existe una determinación judicial que identificó un trato desigual.

El planteamiento de la parte demandante se sostiene en el propio marco legal vigente en Puerto Rico. Los certificados de nacimiento de identidad no son registros históricos inmutables. Son documentos utilizados para fines actuales y esenciales. Permiten acceder a empleo, educación y servicios, y son requeridos en múltiples gestiones ante el Estado. Su función es operativa.

En ese contexto, la exclusión de las personas no binarias no responde a una limitación jurídica. Puerto Rico permite la corrección de marcadores de género en certificados de nacimiento para personas trans binarias desde el caso Arroyo González v. Rosselló Nevares. Además, el Código Civil reconoce la existencia de certificados que reflejan la identidad de la persona más allá del registro original.

La diferencia radica en la aplicación.

El reconocimiento se concede dentro de categorías específicas, mientras que se excluye a quienes no se identifican dentro de ese esquema. Esa exclusión es el eje de la controversia actual.

El argumento presentado por Lambda Legal es preciso. Obligar a una persona a utilizar documentos que no reflejan su identidad implica someterla a una representación incorrecta en procesos fundamentales de la vida cotidiana. Esto puede generar dificultades prácticas, exposición innecesaria y situaciones de vulnerabilidad.

Las personas demandantes, nacidas en Puerto Rico, han planteado que el acceso a documentos precisos no es una cuestión simbólica, sino una necesidad básica para poder desenvolverse sin contradicciones impuestas por el propio Estado.

El hecho de que este caso se encuentre en el sistema federal introduce una dimensión adicional. No se trata de un proyecto legislativo ni de una política pública en discusión. Es una controversia constitucional. El análisis gira en torno a derechos y a la aplicación equitativa de las leyes.

Este proceso tampoco ocurre en aislamiento.

Se desarrolla en un contexto donde los debates sobre identidad y derechos han estado marcados por una mayor presencia de posturas conservadoras en la esfera pública, tanto en Estados Unidos como en Puerto Rico. En el ámbito local, esa influencia ha sido visible en discusiones legislativas recientes, donde argumentos de carácter religioso han comenzado a formar parte del debate sobre política pública. Esa intersección introduce tensiones en torno a la separación entre iglesia y Estado y tiene efectos concretos en el acceso a derechos.

Señalar este contexto no implica cuestionar la fe ni la práctica religiosa. Implica reconocer que, cuando determinados argumentos se trasladan al ejercicio del poder público, pueden incidir en decisiones que afectan a sectores específicos de la población.

Desde Puerto Rico, esta situación no se observa a distancia. Se experimenta en la práctica diaria. En la necesidad de presentar documentos que no corresponden con la identidad de quien los porta. En las implicaciones que esto tiene en espacios laborales, educativos y administrativos.

El avance de este caso abre una posibilidad de cambio en el marco legal aplicable. No porque resuelva de inmediato todas las tensiones en torno al tema, sino porque establece un punto de análisis jurídico sobre una práctica que hasta ahora ha operado bajo criterios restrictivos.

A diferencia de hace ocho meses, el escenario actual incluye una determinación judicial que ya identificó una violación de derechos. Lo que corresponde ahora es evaluar si esa determinación se sostiene en una instancia superior.

Ese proceso no define un resultado inmediato, pero sí establece un nuevo punto de referencia.

El debate ya no es teórico.

Ahora es judicial. 

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Cuba

Cuba bajo presión y sin respuestas

Cubanos no hablan en términos geopolíticos. Hablan de sobrevivir

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La Habana en 2017. (Foto de Michael Key por el Washington Blade)

Las tensiones entre Estados Unidos y Cuba han vuelto a subir de tono. No es algo nuevo, pero este momento se siente distinto. Las medidas más recientes desde Washington buscan cerrar aún más los espacios financieros del gobierno cubano, limitar sus fuentes de ingreso y presionar sectores clave de la economía. No es simbólico. Es una política directa.

Desde Estados Unidos, el mensaje es claro. Se busca provocar cambios que no han ocurrido en más de seis décadas. También hay un componente interno, una presión política que responde a sectores del exilio que llevan años exigiendo una postura más dura. Todo eso forma parte del escenario.

Pero esa es solo una parte.

Del lado cubano, la respuesta sigue un patrón conocido. El gobierno habla de agresión externa, de guerra económica, de un embargo que se endurece. Cada medida se convierte en argumento para reforzar su narrativa y cerrar filas. No hay espacio para reconocer errores propios. Todo apunta hacia afuera.

Mientras tanto, la vida en la isla va por otro camino.

La crisis energética que hoy vive Cuba no empezó con estas medidas. Lleva años acumulándose. El sistema eléctrico está deteriorado, sin mantenimiento suficiente, con fallas constantes. Los apagones no son nuevos. Lo que ha cambiado es la frecuencia y la duración.

Durante años entró petróleo a Cuba, especialmente desde Venezuela. Hubo acuerdos. Hubo suministro. Y aun así, la vida del cubano no mejoró. La electricidad seguía fallando, el combustible seguía racionado, el transporte seguía siendo un problema diario.

Entonces la pregunta sigue siendo la misma.

Si el petróleo estaba entrando, ¿por qué nada cambiaba?

¿Dónde fue a parar ese recurso?

¿Dónde está el dinero que generó?

Hoy se habla de restricciones al petróleo como si fueran la causa principal de la crisis. No lo son. Empeoran una situación ya frágil, pero no la explican completamente.

Hay una historia más larga que no se puede ignorar.

Lo mismo ocurre con las brigadas médicas.

Durante años se presentaron como un gesto de solidaridad internacional. Y en muchos casos lo fueron. Médicos cubanos trabajaron en condiciones difíciles, salvaron vidas, sostuvieron sistemas de salud en otros países. Eso es real.

Pero también funcionaron como una de las principales fuentes de ingreso del Estado cubano.

Muchos de esos profesionales no recibían el salario completo por su trabajo. Una parte significativa quedaba en manos del gobierno. En algunos casos, ni siquiera tenían control sobre el dinero que generaban.

Y hay algo más duro.

Si uno de esos médicos decidía no regresar a Cuba, ese dinero no llegaba a su familia. Se quedaba retenido.

Hoy varios países están revisando o cancelando esos acuerdos. Y otra vez, la respuesta oficial es señalar hacia afuera. Pero la pregunta sigue siendo inevitable.

¿Se está perdiendo un modelo de cooperación o un sistema que dependía del control sobre sus propios profesionales?

Dentro de Cuba, la conversación suena diferente.

La gente no habla en términos geopolíticos. Habla de sobrevivir. De cómo llegar al final del día. De los apagones, de la comida que no alcanza, del transporte que no aparece, de una vida que cada vez se hace más difícil.

Hay quienes miran las medidas de Estados Unidos con cierta expectativa. No porque quieran más escasez, sino porque sienten que el sistema no cambia por sí solo. Hay una sensación de estancamiento que pesa.

Pero esa expectativa convive con una realidad concreta.

Las sanciones no golpean primero a quienes toman decisiones. Golpean al ciudadano común. Al que hace la fila. Al que pierde la comida por falta de electricidad. Al que no tiene cómo moverse.

Esa es la contradicción.

El gobierno cubano pide solidaridad internacional. Y la recibe. Países que envían ayuda, organizaciones que se movilizan, voces que defienden a la isla.

Pero hay otra pregunta que también está ahí.

¿Esa ayuda llega realmente al pueblo?

La falta de transparencia en la distribución de recursos es parte del problema. Porque no se trata solo de lo que entra, sino de lo que realmente llega a quienes lo necesitan.

Reducir lo que pasa en Cuba a un conflicto entre dos gobiernos es no querer ver el cuadro completo.

Aquí hay responsabilidades compartidas, pero no iguales.

Estados Unidos ejerce presión con efectos reales sobre la economía cubana. Eso no se puede negar. Pero dentro de la isla hay un sistema que ha tenido décadas para corregir, para abrir, para responder a su gente, y no lo ha hecho.

Esa parte no se puede seguir esquivando.

Yo escribo esto como cubano. Desde lo que vi, desde lo que viví y desde la gente que sigue allá tratando de resolver el día.

Porque al final, más allá de lo que se diga entre gobiernos, la realidad es otra.

Cuba hoy está más apretada, sí. Pero también lleva años arrastrando problemas que nadie ha querido enfrentar de verdad.

Y mientras eso siga así, da igual lo que venga de afuera. El problema sigue estando adentro.

Nota del editor: Una versión de este comentario en inglés salió en el sitio web del Washington Blade el 7 de abril.

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