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El ‘manotazo’ ministerial, la negociación ‘secreta’, un ‘cumpleaños’ violento: Todo sobre la última protesta de La Habana
Ministro de Cultura atacó a periodista durante manifestación pacífica
LA HABANA — El ministro Alpidio Alonso apartó de un golpe el teléfono de un periodista independiente que lo tenía enfocado. El suceso, ocurrido en la mañana de este miércoles frente al Ministerio de Cultura (Mincult), desató la violencia contra un grupo de artistas y activistas que se manifestaba pacíficamente.
“Otra vez sabotean el diálogo. El Ministerio de Cultura no aceptará presiones de mercenarios. Los revolucionarios entendemos de razones, no de coacción. No permitiremos que empañen el homenaje de la Nación Cubana a José Martí”, escribió el ministro en su cuenta de Twitter.
El 27 de enero es la víspera del cumpleaños de José Martí, un pensador liberal que pasó a la historia como el “apóstol” de la independencia de Cuba. También se cumplen dos meses de la manifestación del 27 de noviembre de 2020, cuando un grupo de artistas, conocido desde entonces como 27N, se plantó frente al Mincult para demandar a las autoridades que respeten la libertad de creación artística y, en última instancia, la libertad de expresión de toda la ciudadanía.
Una nota del Ministerio de Cultura ofrece la versión oficial del incidente violento de este miércoles. La institución declara que había decidido reunirse con tres voceros de los artistas independientes, a pesar de la “actitud provocadora” del grupo 27N y de “su relación con los medios pagados por agencias federales estadounidenses”.
Lo cierto es que el Mincult había cancelado las conversaciones a principios de diciembre. “Con los mercenarios, no nos entendemos”, dijo entonces otro comunicado oficial.
Ni el ministerio ni los medios oficiales que lanzaron una campaña contra artistas, periodistas y activistas independientes, han probado la reiterada acusación.
Poco después de cancelar el intercambio pactado con los manifestantes del 27N, el viceministro Fernando Rojas hizo una jugada inesperada y contactó confidencialmente a la curadora Solveig Font, “para indagar si era posible un encuentro entre ellos dos”. El grupo reveló los detalles de esta negociación secreta en una cronología publicada ayer.
Font conversó con Rojas el 17 de diciembre y los miembros del grupo decidieron no hacerlo público por el momento. El viceministro preguntó a Font si seguían interesados en dialogar.
El 21 de diciembre le respondieron que sí y designaron tres voceros, la propia Font, la artista visual Camila Lobón y el dramaturgo Yunior García Aguilera, para que se entendieran directamente con el ministerio.
Esa postura la ratificaron en una carta dirigida a Alonso y a Rojas, hecha pública el 27 de diciembre. Se manifestaban dispuestos a “seguir abogando por una solución a la escalada de injusticias, violencia y odio hacia quienes tienen un pensamiento político diferente”.
Rojas prometió que el intercambio se produciría en 2020. El 29 de diciembre, en efecto, se reunió con los voceros y les comunicó que “el Ministerio de Cultura está dispuesto a dialogar”. La única condición del viceministro fue que no conversaría con “corresponsales de medios financiados por el Departamento de Estado de los Estados Unidos”.
Por lo demás, Rojas propuso discutir sobre el decreto 349, los “espacios independientes” reclamados por los artistas independientes y la censura, una práctica común de las autoridades desde el comienzo de la Revolución Cubana.
A principios de enero, la negociación parecía estancada.
El 12 de enero, el grupo envió un correo electrónico al viceministro con “la nueva propuesta de condiciones del 27N”. Cuatro días después, como Rojas no respondía, le enviaron otro mensaje.
Este 26 de enero, finalmente, Rojas le pide a Solveig Font que vaya al Mincult sobre la media mañana, junto al resto de los voceros. A partir de ahí, se precipita la crisis.
Varios miembros del 27N amanecieron con vigilancia este miércoles. Algunos fueron detenidos. Solveig Font consiguió llegar a la cita. También Camila Lobón, después de ser detenida por un rato. Yunior García denunció, poco después, que la policía no le permitió pasar. La zona ya estaba cerrada. Una decena de personas llegó al ministerio, entre ellos varios periodistas independientes.
Tremenda Nota transmitió en vivo una discusión entre el viceministro y los artistas, entre los que se encontraba a esa hora el rapero Maykel Osorbo, uno de los huelguistas de hambre del Movimiento San Isidro, a quienes el gobierno considera “mercenarios”.
Poco después, se precipita el final. Ante la negativa de marcharse expresada por el 27N, que a esa hora exige la liberación de los detenidos esa mañana, varios funcionarios cruzan la calle con el ministro Alpidio Alonso a la cabeza.
Es Mauricio Mendoza, periodista de Diario de Cuba, el que alza su teléfono móvil ante el avance del ministro. Alpidio le da un manotazo.
Esta agresión, que desencadenó la violencia contra los artistas y activistas, fue transmitida en vivo por varios medios independientes. Un video difundido en las redes sociales captó algunos detalles dramáticos del arresto.
Una veintena de personas fueron detenidas en total, incluyendo a quienes acabaron interceptadas antes de llegar frente al ministerio.
La actitud del ministro generó una campaña por su renuncia en Facebook y Twitter, con etiquetas como #RenunciaAlpidio y #DimisiónYa.
Lo que pasó
Lo que pasó este 27 de enero no iba a pasar. No estaba en el plan de nadie, que se sepa. De esta historia, como siempre, no sabremos todo.
Asegura 27N que no quería manifestarse frente al Ministerio de Cultura. Pensaban celebrar el cumpleaños de José Martí frente a la estatua ecuestre que Anna Hyatt Huntington hizo para Nueva York y Eusebio Leal copió en La Habana Vieja.
Emilio Pagues, un perfil falso de Facebook, puso en evidencia este plan y comprometió la seguridad de los participantes.
“Aparecernos en la réplica de la estatua de Martí en Nueva York que tenemos en La Habana, mañana en la mañana, para que los del 27N perjudiquen algo que estamos ganando y se llama espacios de libertad, es una locura”, posteó Pagues, que dice tener amigos actores o él mismo ser actor. No se sabe. No ha vuelto a postear. No deja más pistas.
Pagues mencionó el proyecto de fundar una Asociación de Actores y comparó “el éxito de los actores que promueven un diálogo” con la “culpa de algunos del 27N como los del MSI (Movimiento San Isidro)”. No dijo tampoco cuál es la culpa que cargan.
“No aparezcamos a las 11 de la mañana ni a ninguna otra hora, busquemos otras acciones”, terminó.
Este martes, como Pagues dijo vagamente, 10 actores se reunieron durante cinco horas con funcionarios del Mincult para convencerlos de autorizar la nueva asociación. Los participantes no han hecho declaraciones públicas hasta ahora sobre el resultado de la discusión.
Emilio Pagues es un perfil falso que tiene 226 amigos. Tiene tres likes el post donde menciona al 27N. No obstante, la Seguridad del Estado llamó a varios miembros del grupo para decirles que supo por Pagues del homenaje a Martí y que no iba a permitirlo. El grupo decidió cambiar de sitio su conmemoración. Citaron para el Vedado, en 11 y 4, cerca del Ministerio de Cultura.
El mismo día que Pagues y la Seguridad del Estado intentaban frustrar el plan de los artistas y activistas, el viceministro llamó a Solveig Font para comunicarle que esperaba a los voceros aproximadamente a la misma hora que el 27N pensaba homenajear a Martí.
Todas las piezas empezaron a ubicarse en el Vedado. El ministerio, Martí, los voceros. Las detenciones de Camila Lobón y Camila Acosta cuando iban acercándose a Martí y bordeaban el ministerio. Camila Lobón era uno de los voceros que esperaba Rojas antes del mediodía.
“Los miembros del 27N que lograron llegar a 11 y 4 se trasladaron a un busto de José Martí ubicado a la entrada de un edificio en 15 y 2. Desde allí realizaron la actividad que habían planificado para ser llevada a cabo en el parque 13 de Marzo. Una vez terminada la acción, tienen noticias de la detención de Camila Acosta y Tania Bruguera y deciden trasladarse al Mincult para exigir sus liberaciones inmediatas”, explicó el grupo en su versión de lo que finalmente pasó.
Según ellos, el acuerdo establecido entre Solveig, Yunior, Camila y el viceministro, nunca fue firme. No pasaba de un preámbulo que no los comprometía a nada. Dicen también que el conato de manifestación de hoy no estaba planificado y que, si empezaron a reunirse frente al Mincult, fue porque ocurrieron detenciones en la mañana del miércoles.
“Aquí no pueden estar”, les dijo Fernando Rojas, en la acera del Mincult. Los activistas pidieron garantías para sus compañeros detenidos y se negaron a entrar al edificio, como exigía el viceministro.
Los funcionarios avanzaron sobre ellos lo mismo que un escuadrón.
Mauricio Mendoza se llama el periodista independiente que alzó el teléfono frente al ministro Alpidio Alonso. Vino un manotazo. Al poco rato, todos los medios cortaron las transmisiones. Un operativo policial dio jaque mate a los artistas. Las pocas imágenes salvadas muestran cómo los meten a la fuerza en un ómnibus.
De “show mediático” calificó el incidente en su cuenta de Twitter el Ministerio de Cultura. “Los trabajadores del organismo los enfrentaron y desalojaron del lugar”, admitió. Ningún medio oficial se refirió a la escena violenta, excepto para justificar el golpe que el ministro lanzó contra un periodista.
Que no aceptaran la invitación de Fernando Rojas para entrar al ministerio ha sido uno de los principales señalamientos de las autoridades contra el 27N. Los medios oficiales han mostrado a un viceministro hospitalario, convidando a pasar, frente a los artistas negándose.
“Ponían la condición de dejar los teléfonos fuera, que son la única, literalmente la única arma que tenemos para protegernos”, dijo Julio Llópiz Casal en Facebook.
“Además, nos negamos a entrar hasta que no liberaran a personas que estaban detenidas sin razón”, explicó el artista.
Lo que pasará
Ulises Padrón Suárez, activista LGBTI+ y colaborador de Tremenda Nota, llegó a su casa con el teléfono formateado, como la mayoría de los detenidos. Tardó en comunicarse con sus amigos. Seguirá al tanto.
Alfredo Martínez Ramírez, community manager de Tremenda Nota, tenía un dedo fracturado cuando llegó a su casa. Este jueves lo enyesaron en el hospital. Pasará 21 días así.
“Yo estaba transmitiendo en vivo cuando un policía me hace una llave, intenta quitarme el teléfono. Me echó el dedo atrás, bien duro, y ahí se partió”, dijo.
Nelson Julio Álvarez Mairata, reportero de ADN Cuba y colaborador de Tremenda Nota, llegó ripiado a su casa. La ropa descosida, rasguños en la piel.
“Me arrastraron, aunque no hice resistencia”, dijo. “Cuando me vi el pulóver roto de arriba hasta abajo, me sentí más queer y ‘modelé’ para la policía”.
Mairata es el único periodista en la isla que se define a sí mismo como “una persona no binaria”. No tiene residencia legal en La Habana. En el interrogatorio que le hicieron después de detenerlo frente al Mincult, la policía le exigió que regresara a su provincia. Va a desobedecer.
La plataforma feminista YoSíTeCreo en Cuba denunció la violencia ejercida en el Mincult contra las mujeres que integran el 27N.
“Lamentamos en especial las agresiones sufridas por mujeres como Camila Lobón y Celia González, fueron desnudadas y registradas en sus genitales con la justificación de buscar dispositivos de grabación, en la estación de policía a donde fueron conducidas”, dijo la plataforma en un comunicado.
En su post compartido por la página del 27 en Facebook, Julio Llópiz Casal dijo: “Yo siempre voy a intentar dialogar porque es lo que sé hacer y quiero hacer”.
A pesar de la “golpiza”, el artista insistió en que no responderá con violencia ni cancelará su disposición a debatir. Esta parece ser la postura del 27N, que este viernes ofrecerá una conferencia de prensa para evaluar los incidentes de esta semana.
“Me siento intentando hablar con una entidad que me lanza trompadas, me pone trampas, rara vez media palabra transparente”, escribió el artista. “Esquivo, me protejo en lo posible, y sigo apelando a la palabra”.
El Salvador
#JusticiaParaKarla: una lucha por el derecho a la identidad en El Salvador
Karla Guevara inició su camino legal y personal en 2020
Cinco años han pasado desde que Karla Guevara inició un camino legal y personal para lograr que su nombre y género sean reconocidos en su Documento Único de Identidad (DUI). Cinco años de sentencias, apelaciones, puertas cerradas y vulneraciones que hoy se resumen en una sola palabra: resistencia.
En medio de un país que aún arrastra estructuras jurídicas y sociales poco sensibles a las realidades trans, Guevara se ha convertido en una voz visible. No solo por la denuncia pública de su caso, sino por su capacidad de transformar el dolor en acción: ha iniciado la campaña #JusticiaParaKarla, la cual acompaña con conversatorios llamados “Si tú fueras yo” en diferentes zonas del país.
Su historia se remonta al año 2018, cuando, junto a otras tres defensoras de derechos humanos —Mónica Hernández, Bianca Rodríguez y Verónica López— interpuso una demanda para lograr el cambio de nombre legal. La acción se inspiró en la Opinión Consultiva 24/17 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que obligó a los Estados miembros de la OEA a garantizar los derechos de las personas trans, incluyendo el reconocimiento de su identidad.
A diferencia de sus compañeras, cuyo proceso fue resuelto favorablemente, Guevara fue la única a quien el Estado salvadoreño le negó el derecho, incluso tras contar con una sentencia favorable. El camino ha sido empinado, desgastante y doloroso, y ha implicado múltiples etapas legales con resoluciones contradictorias.
El 8 de enero de 2020, el juzgado declaró su demanda improponible. Guevara apeló el 22 de ese mismo mes, pero la Cámara de Familia desestimó su recurso. Aun así, perseveró. En abril de 2021 presentó una segunda apelación, y en septiembre se revocó la decisión del juzgado, ordenando admitir su demanda. Una pequeña luz parecía abrirse.
En agosto de 2022, después de varios peritajes que, según Guevara, incluyeron momentos donde se sintió expuesta y violentada, recibió una sentencia favorable: se autorizaba su cambio de nombre y género en la partida de nacimiento. Sin embargo, esta victoria fue parcial y breve. Aunque se ordenó marginar su partida, no se ordenó cancelarla como en otros casos similares.
El 4 de octubre de ese mismo año, la sentencia fue enviada al Registro del Estado Familiar. Pero la respuesta institucional fue sorprendente: el 3 de noviembre, la Alcaldía de San Salvador se negó a realizar el cambio. El jefe del registro y el registrador presentaron un amparo ante la Sala de lo Constitucional, paralizando el proceso.
“No solo me lo negaron, sino que ahora me exponen a un juicio aún mayor”, expresa Guevara. La frustración y la indignación fueron creciendo. En febrero de 2023, presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República, aunque lo hizo con poca esperanza. “Temía que no harían nada”, dijo. Y el 16 de abril de 2024, sus temores se confirmaron: la Fiscalía archivó el caso alegando que “no existe delito que perseguir”.
El 19 de noviembre de ese mismo año, Guevara decidió acudir a instancias internacionales y presentó su caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La CIDH ya notificó al Estado salvadoreño y le otorgó un plazo de cuatro meses para responder por qué no ha ejecutado el cambio ordenado por el juzgado.
“Obviamente no van a dar respuesta”, lamenta Guevara. Lo dice con la voz entrecortada, como quien ya ha llorado mucho, pero no ha perdido la voluntad de hablar. Reconoce que el proceso le ha afectado emocionalmente. “Cada vez que hablo de esto se me corta la voz”.
Las heridas no solo vienen de las oficinas estatales, sino también de las calles. Las miradas, los comentarios, el momento de presentar el DUI en cualquier trámite. “Es como si cada vez tuviera que explicar mi existencia. Es un juicio constante sobre quién soy”.
Guevara no está sola. Reconoce que hay otras personas trans en la misma situación. “Lo preocupante es que solo pasa en algunas zonas del país. En otras ha habido casos exitosos”, afirma. La disparidad en el trato revela una preocupante arbitrariedad institucional.
Uno de esos casos exitosos es el de Valeria Mejía, coordinadora de monitoreo y evaluación de ASPIDH. Su DUI ya refleja su nombre identitario, aunque no su género.
“Cuando recibí mi DUI con el nombre que me identifico pensé: aquí empieza una nueva vida”, relata.
Para Mejía, el cambio fue profundamente simbólico. “Uno ve pasar toda su vida frente a los ojos. Toda la discriminación, todos los rechazos. Sentí que algo sanaba”. A pesar de ello, su género asignado al nacer sigue apareciendo en el documento, lo que le genera inseguridad.
“El problema es que tengo que ir a todas las instituciones donde aparezco con mi nombre anterior. En el Seguro Social, por ejemplo, aún estoy registrada con el nombre masculino y no pueden atenderme, aunque el número del DUI sea el mismo”, explica.
Casos como los de Guevara y Mejía visibilizan una problemática estructural: el Estado salvadoreño no garantiza de forma uniforme el derecho a la identidad de las personas trans. Las resoluciones favorables son solo el primer paso. Su implementación efectiva aún tropieza con prejuicios, burocracia y omisiones.
Con la campaña #JusticiaParaKarla, la activista busca más que una solución a su caso personal. Busca generar conciencia, exigir coherencia legal y empujar una transformación cultural. En la marcha del 17 de mayo contra la LGBTIfobia, su presencia se hizo notar con camisetas, banners y mensajes que interpelan directamente al sistema.
Guevara ha hecho de su cuerpo, su voz y su historia una herramienta de resistencia. En cada conversatorio de “Si tú fueras yo”, invita a imaginar, a empatizar, a incomodarse.
“Lo que me pasa a mí le puede pasar a cualquier persona trans. Y si el Estado no nos reconoce, nos niega también la posibilidad de existir plenamente”, expresa.
Hoy, la resolución está en manos de la CIDH y el tiempo corre. La lucha de Guevara ya no es solo por una partida de nacimiento. Es por el derecho a ser, a vivir sin miedo, a que el nombre que la representa no siga siendo un motivo de juicio, burla o rechazo.
Mientras tanto, sigue esperando. Sigue alzando la voz. Sigue sembrando esperanza en quienes vienen detrás. Porque como ella misma dice: “Esto no se trata solo de mí. Se trata de justicia”.
El Salvador
La marcha LGBTQ desafía el silencio en El Salvador
Se realizó el evento en San Salvador bajo la lluvia, pero con orgullo
SAN SALVADOR, El Salvador — El reloj marcaba el mediodía cuando los primeros colores del arcoíris comenzaron a ondear frente a la emblemática Plaza del Divino Salvador del Mundo. A pesar de la incertidumbre generada en redes sociales, donde abundaban los rumores sobre una posible cancelación de la marcha por la diversidad sexual, la ciudad capital comenzaba a llenarse de esperanza, de resistencia y de orgullo.
Este año, la Marcha del Orgullo LGBTQ+ en El Salvador se desarrolló en un contexto tenso, en medio de un clima político que reprime y silencia a las voces disidentes.
“Aunque las estadísticas digan que no existimos, viviendo en El Salvador, un país donde hoy, después de décadas de avances, defender los derechos humanos es de nuevo una causa perseguida, criminalizada y silenciada”, afirmaron representantes de la Federación Salvadoreña LGBTQ+.
A pesar de la cancelación del festival cultural que usualmente acompaña la marcha, los colectivos decidieron seguir adelante con la movilización, priorizando el sentido original de la actividad: salir a las calles para visibilizarse, exigir respeto a sus derechos y recordar a quienes ya no están.
A la 1:30 p.m., una fuerte lluvia comenzó a caer sobre la ciudad. Algunas de las personas presentes corrieron a refugiarse, mientras otras, debajo de sombrillas y de los escasos árboles en la plaza, decidieron mantenerse firmes. Los comentarios pesimistas no se hicieron esperar: “a lo mejor la cancelan por el clima”, “no se ve tanta gente como otros años”. Sin embargo, lo que siguió fue una muestra de resistencia: a las 2:05 p.m. las voces comenzaron a llamar a tomar las calles.
Visibilidad como resistencia
La marcha arrancó bajo una llovizna persistente. La Avenida Roosevelt y la Alameda Juan Pablo II se tiñeron de colores con banderas arcoíris, trans, lésbicas, bisexuales y otras que representan a los diversos sectores de la población LGBTQ. Cada bandera alzada fue un acto político, cada paso una declaración de existencia.
Desde la Plaza del Divino Salvador del Mundo hasta la Plaza Gerardo Barrios, frente a Catedral Metropolitana y el Palacio Nacional, la marcha se convirtió en un carnaval de dignidad. Carteles con frases como “El amor no se reprime”, “Mi existencia no es delito” o “Marcho por quien ya no puede hacerlo” se alzaron entre las multitudes.
La movilización fue también un espacio para recordar a quienes han perdido la vida por la discriminación y el rechazo. Familias que marcharon por hijos, hijas o amigues que se suicidaron a causa del estigma. Personas que caminaron por quienes aún viven en el miedo, por quienes no pudieron salir del clóset, por quienes se han ido del país huyendo de la violencia.
Arte, fe y rebeldía
Una de las escenas más llamativas fue protagonizada por Nelson Valle, un joven gay que marchó vestido como sacerdote.
“Hay muchas personas que secretamente asisten a ritos religiosos como en Semana Santa, y les gusta vivir en lo oculto. Pero la fe debe ser algo libre porque Dios es amor y es para todos”, dijo.
Valle utilizó su vestimenta como una forma de protesta contra las estructuras religiosas que aún condenan la diversidad sexual.
“Un ejemplo de persona que abrió el diálogo del respeto fue el papa Francisco, abrió la mente y muy adelantado a su tiempo, porque dejó claro que hay que escuchar a toda persona que quiere encontrar a Dios”, agregó.
La marcha también incluyó bandas musicales, grupos de cachiporristas, carrozas artísticas, colectivos provenientes de distintos puntos del país, y manifestaciones de orgullo en todas sus formas. Fue un mosaico cultural que mostró la riqueza y diversidad de la población LGBTQ en El Salvador.
Una lucha que persiste
Las organizaciones presentes coincidieron en su mensaje: la lucha por la igualdad y el reconocimiento no se detiene, a pesar de los intentos del Estado por invisibilizarlos.
“Nuestros cuerpos se niegan a ser borrados y a morir en la invisibilidad de registros que no guardan nuestros nombres ni nuestros géneros”, declararon representantes de la Federación.
Además, agregaron: “Desde este país que nos quiere callar, levantamos nuestras voces: ¡La comunidad LGBTIQ+ no se borra! ¡El Salvador también es nuestro! Construyamos, entre todes, un país donde podamos vivir con Orgullo.”
El ambiente fue de respeto, pero también de desconfianza. La presencia de agentes policiales no pasó desapercibida. Aunque no hubo reportes oficiales de violencia, varias personas expresaron su temor por posibles represalias.
“Marchar hoy es también un acto de valentía”, comentó Alejandra, una joven lesbiana que viajó desde Santa Ana para participar. “Pero tenemos derecho a vivir, a amar, a soñar. Y si nos detenemos, les damos la razón a quienes nos quieren ver en silencio.”
Rumbo al futuro
Concluida la marcha frente a Catedral y el Palacio Nacional, muchas personas permanecieron en la plaza compartiendo abrazos, fotos y palabras de aliento. No hubo festival, no hubo escenario, pero hubo algo más valioso: una comunidad que sigue viva, que sigue resistiendo.
Los retos son muchos: falta de leyes de protección y que apoye las identidades de las personas trans, discriminación laboral, violencia por prejuicio, rechazo familiar, y una narrativa estatal que pretende que no existen. Pero la marcha del 28 de junio demostró que, aunque el camino sea cuesta arriba, la dignidad y el orgullo no se borran.
La lucha por un El Salvador más justo, más plural y más inclusivo continúa. En palabras de uno de los carteles más llamativos de ese día: “No estamos aquí para pedir permiso, estamos aquí para recordar que también somos parte de este país”.
Colombia
Colombia avanza hacia la igualdad para personas trans
Fue aprobado en Comisión Primera de la Cámara la Ley Integral Trans
En un hecho histórico para los derechos humanos en Colombia, la Comisión Primera de la Cámara de Representantes aprobó en primer debate el Proyecto de Ley 122 de 2024, conocido como la Ley Integral Trans, que busca garantizar la igualdad efectiva de las personas con identidades de género diversas en el país. Esta iniciativa, impulsada por más de cien organizaciones sociales defensoras de los derechos LGBTQ, congresistas de la comisión por la Diversidad y personas trans, representa un paso decisivo hacia el reconocimiento pleno de derechos para esta población históricamente marginada.
La Ley Integral Trans propone un marco normativo robusto para enfrentar la discriminación y promover la inclusión. Entre sus principales ejes se destacan el acceso a servicios de salud con enfoque diferencial, el reconocimiento de la identidad de género en todos los ámbitos de la vida, la creación de programas de empleo y educación para personas trans, así como medidas para garantizar el acceso a la justicia y la protección frente a violencias basadas en prejuicios.
Detractores hablan de ‘imposición ideológica
Sin embargo, el avance del proyecto no ha estado exento de polémicas. Algunos sectores conservadores han señalado que la iniciativa representa una “imposición ideológica”. La senadora y precandidata presidencial María Fernanda Cabal anunció públicamente que se opondrá al proyecto de Ley Integral Trans cuando llegue al Senado, argumentando que “todas las personas deben ser tratadas por igual” y que esta propuesta vulneraría un principio constitucional. Estas declaraciones anticipan un debate intenso en las próximas etapas legislativas.
El proyecto también establecelineamientos claros para que las instituciones públicas respeten el nombre y el género con los que las personas trans se identifican, en concordancia con su identidad de género, y contempla procesos de formación y sensibilización en entidades estatales. Además, impulsa políticas públicas en contextos clave como el trabajo, la educación, la cultura y el deporte, promoviendo una vida libre de discriminación y con garantías plenas de participación.
¿Qué sigue para que sea ley?
La Ley aún debe superar varios debates legislativos, incluyendo la plenaria en la Cámara y luego el paso al Senado; pero la sola aprobación en Comisión Primera ya constituye un hito en la lucha por la igualdad y la dignidad de las personas trans en Colombia. En un país donde esta población enfrenta altos niveles de exclusión, violencia y barreras estructurales, este avance legislativo renueva la esperanza de una transformación real.
Desde www.orgullolgbt.co, celebramos este logro, invitamos a unirnos en esta causa impulsándola en los círculos a los que tengamos acceso y reiteramos nuestro compromiso con la visibilidad, los derechos y la vida digna de las personas trans. La #LeyIntegralTrans bautizada “Ley Sara Millerey” en honor de la mujer trans recientemente asesinada en Bello, Antioquia (ver más aquí); no es solo una propuesta normativa: es un acto de justicia que busca asegurar condiciones reales para que todas las personas puedan vivir con libertad, seguridad y respeto por su identidad.
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