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El MPP y la comunidad LGBTQ+
Política de Trump pone solicitantes de asilo en riesgo
Desde hace un poco mas de 18 meses debido a las políticas antiinmigrantes del expresidente Donald Trump, me encuentro en Matamoros, Tamaulipas, México, bajo el mal llamado Protocolo de Protección a Migrantes (MPP por sus siglas en ingles), esperando por tener un proceso justo para mi solicitud de asilo político ya que por pertenecer a un grupo social en específico fui atacado por las fuerzas policiales de mi país Guatemala, mismos que se suponen deben velar por mi seguridad e integridad.
El Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos ha emitido comunicados oficiales pidiéndole a sus ciudadanos que no viajen al estado de Tamaulipas por … “Delitos y secuestros, la actividad del crimen organizado, incluidos tiroteos, asesinatos, robos a mano armada, robo de vehículos, secuestros, desapariciones forzadas, extorsión y agresión sexual es común a lo largo de la frontera.”
Y puedo afirmar por experiencia propia que todo lo que dicen es completamente verídico y lo he vivido bajo un programa creado, aprobado y ejecutado por la administración Trump; programa que se supone fue creado para brindarme protección como persona migrante solicitante de asilo en los Estados Unidos.
A todo esto, le agregamos la discriminación, homofobia y xenofobia que he vivido durante este tiempo en México por ser miembro de la comunidad LGBTQ+, ha hecho del proceso algo peligroso, deprimente, denigrante, que incluso ha puesto mi vida en peligro y al día de hoy aún no termina.
Afortunadamente en medio de todo esto mientras yo sigo a la espera, en los Estados Unidos se realizo un proceso de elecciones presidenciales con precedentes históricos, el pueblo de los Estados Unidos peleo una dura batalla política en contra del expresidente Trump la cual finaliza como una luz para las distintas comunidades migrantes, que después de muchos años van a tender la oportunidad de procesos justos y con beneficios.
La victoria de Joe Biden revive la esperanza y la fe en mi y en los solicitantes de asilo latinxs, negros e indígenas de la comunidad LGBTQ+.
Después de recibir golpe tras golpe, primero en mi país, el difícil camino para cruzar México, el tener que estar siete días en un centro de detención en Estados Unidos, recibiendo tratos humillantes sin acceso a necesidades básicas como tomar una ducha o cepillarme los dientes durante todo el tiempo en detención, el haber sido devuelto a México sin ningún tipo de asesoría sobre el proceso, tener que luchar por mi vida contra los carteles del narcotráfico y los grupos delictivos organizados, creí que todo esto no tendría una solución favorable, hoy 18 meses después la fe y la esperanza renacen con el cambio de administración. El presidente Biden en menos de 30 días ha realizado cambios y firmado ordenes administrativas en beneficio de la comunidad migrante y de la comunidad LGBTQ+ lo cual ha hecho que ese sueño de libertad renazca en mí y en los que nos encontramos a la espera de nuestro proceso de asilo.
Sabemos perfectamente que estos cambios no podrán realizarse de la noche a la mañana, sabemos que se debe de crear y aprobar un proceso para que las solicitudes de asilo de las personas ingresadas al Protocolo de Protección al Migrante (MPP), puedan tener un seguimiento justo y humanitario; y aunque la duda, la desesperación y la incertidumbre sean algunos de los sentimientos que nos gobiernan en estos momentos sabemos que la administración actual del presidente Biden se encuentra trabajando para reparar el daño ocasionado por Donald Trump.
No me queda más que esperar y creer que la próxima vez que cuente esta historia sea en los Estados Unidos, mientras me encuentro sanando las heridas físicas y mentales de la tortura que me encuentro viviendo bajo el Protocolo de “Protección” a Migrantes; compartiendo mi historia y luchando para evitar que esta historia se repita en generaciones futuras.
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Juez colombiano suspendido por 15 años por negarse a casar a pareja del mismo sexo
Fue condenado ‘por desatender sus deberes y vulnerar el derecho de acceso a la justicia’
La Comisión Nacional de Disciplina Judicial en su sesión del 10 de abril de 2024, ha confirmado una sanción ejemplar contra el Juez Décimo Civil Municipal de Cartagena, Ramiro Flórez Torres, quien se negó a casar a una pareja del mismo sexo, vulnerando así su derecho al acceso a la justicia. Este caso, que tuvo lugar en agosto de 2020, ha generado gran controversia debido a la firme postura del juez, quien priorizó sus creencias religiosas por encima de las leyes que respaldan estas uniones civiles.
Al recibir la solicitud de la pareja, Flórez Torres expresó abiertamente su desacuerdo, argumentando que el matrimonio entre personas del mismo sexo contradecía sus principios morales cristianos.
“Ello contraría mi moral cristiana, va en contra de mis principios esenciales, y cuando exista conflicto entre lo que dice la ley humana y lo que dice la ley de Dios, yo prefiero la ley de Dios, porque prefiero agradar primero a mi Señor Dios todopoderoso, antes que al ser humano”, dijo el juez Flórez Torres en su momento.
Esta negativa inicial no disuadió a la pareja, quienes recurrieron a otras instancias y finalmente lograron celebrar su matrimonio en 2021.
El caso ante la justicia disciplinaria:
Por su parte, la Comisión Seccional Disciplinaria de Bolívar profirió pliego de cargos contra el Juez el 27 de marzo de 2023 por desatender el deber consagrado en el numeral 10 del artículo 153 de la Ley 270 de 1996, en concordancia con el artículo 230 de la Constitución, que le imponía aplicar los precedentes de la Corte Constitucional en materia de matrimonio igualitario, incurriendo en falta grave a título de dolo.
Las palabras del juez, que afirmó que su actitud no era discriminación sino una comprensión de las normas divinas, evidencian un conflicto entre la fe personal y el deber público. Sin embargo, las autoridades disciplinarias han sido claras en su dictamen: Flórez Torres enfrenta una inhabilitación de 15 años para ejercer cargos públicos debido a su falta grave de cumplimiento de deberes, según lo estipulado por la Ley 270 de 1996 y la Constitución.
Este caso no solo pone en relieve la importancia de separar las convicciones personales de la labor pública, sino que también resalta la necesidad de respetar y proteger los derechos de la comunidad LGBTIQ+. La resolución de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial es un paso significativo hacia la garantía de una ciudadanía plena para todas las personas en Colombia, independientemente de su orientación sexual o identidad de género. Es crucial que este tipo de decisiones no solo sancionen la conducta individual, sino que también sirvan como recordatorio de los valores de igualdad y no discriminación que deben prevalecer en una sociedad justa y equitativa.
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27 personas LGBTQ fueron asesinadas en Ecuador en 2023
Asociación Silueta X presenta el informe
POR VICTOR H. CARREÑO — La violencia criminal en Ecuador impactó por segundo año consecutivo en el número de asesinatos a personas LGBTIQ+. Según el informe Runa Sipiy, que anualmente presenta la Asociación Silueta X, por lo menos 27 personas de las diversidades sexogenéricas fueron asesinadas en 2023.
El año pasado fue el más violento en la historia de Ecuador con una tasa de más de 40 muertes por cada 100.000 habitantes, según la Policía. Este contexto incidió también en que 2023 sea el año con más casos de asesinatos y transfemicidios en el país desde 2010, de acuerdo a las cifras del informe.
Desde 2022 el número de crímenes contra personas LGBTIQ+ se ha incrementado. Ese año se reportaron 25 casos en un contexto de consolidación de las bandas narcodelictivas en Ecuador. En 2010, año que Silueta X inició con la recolección de muertes violentas, se reportaron ocho.
De los 27 asesinatos reportados en 2023, 23 están relacionados con delincuencia organizada y sicariato. Sin embargo, el mismo reporte aclara que el número real de asesinatos puede ser mayor por el subregistro de casos, pues no todos son denunciados.
David Gonzabay, coordinador de Silueta X en Guayaquil, señala que los casos de sicariatos deben ser investigados porque las víctimas no necesariamente estuvieron relacionadas con las bandas narcodelictivas.
“Muchas personas (víctimas de asesinatos) pertenecían a estratos vulnerables y eran un punto de atención para estas bandas criminales. Estos asesinatos se pudieron dar porque se rehusaron a pertenecer a estos grupos”, explica Gonzabay.
Desde 2022, organizaciones han denunciado que las mujeres trans que se dedican al trabajo sexual son víctimas de extorsiones y amenazas de las bandas narcodelictivas. Ese año, la activista Jéssica Martínez fue asesinada en Ambato después de denunciar amenazas por negarse a pagar las denominadas “vacunas”.
Este colectivo es el más vulnerable ante la escalada de violencia en Ecuador. De los 27 asesinatos reportados por el informe Runa Sipiy, 18 corresponden a mujeres trans.
El informe detalla que las cifras de asesinatos relacionadas con el crimen organizado exponen “la complejidad y gravedad de la violencia contra las personas LGBT+ y transgénero en Ecuador”.
“Estos hallazgos resaltan la necesidad de abordar no solo las consecuencias directas de estos actos violentos, sino también las estructuras sociales y criminales que perpetúan esta violencia”, señala el reporte.
El informe también menciona la crisis carcelaria y que las personas LGBTIQ+ privadas de libertad son vulnerables. Desde la declaratoria del conflicto armado interno, organizaciones han denunciado casos de mujeres trans que han sido víctimas de presuntas torturas durante las intervenciones militares.
Silueta X solicitó al Ministerio de la Mujer “pruebas contundentes” de que las mujeres trans no están siendo vejadas, pero hasta el cierre del informe no recibió respuesta.
Pedidos al Estado
Desde Silueta X y organizaciones aliadas, solicitan a la Fiscalía mayor celeridad en la investigación de delitos de odio contra personas de las diversidades sexogenéricas, pues la mayoría quedan en la impunidad.
Además, propone el fortalecimiento del Ministerio de la Mujer. Gonzabay explica que el incremento de asesinatos se ha dado en un contexto de debilitamiento del Estado y la escasa inversión en políticas públicas.
En lo que va de 2024, la Asociación Silueta X reporta 10 asesinatos contra personas LGBTIQ+. De ellos, 8 son transfemicidios.
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Congreso de Colombia avanza proyecto de ley que prohíbe ‘terapias de conversión’
Cámara de Representantes respaldó el propósito con 97 votos a favor
El Congreso de Colombia ha dado un paso significativo hacia la protección de los derechos humanos y la dignidad de las personas LGBTQ, al aprobar en segundo debate el proyecto de Ley 272, conocido como “Ley Inconvertibles”. Esta ley tiene como objetivo prohibir las mal llamadas terapias de conversión, que han sido denunciadas como una forma de tortura hacia individuos LGBTQ.
En la sesión celebrada el 20 de marzo, el pleno de la Cámara de Representantes respaldó este proyecto con 97 votos a favor y 18 en contra. Esta medida llega en un momento crucial, en el que se reconoce la grave violación de los derechos humanos que representan las mal llamadas terapias de conversión.
Durante años, miles de personas tanto en Colombia como en todo el mundo han sido sometidas a estas prácticas, que buscan cambiar su orientación sexual o identidad de género mediante métodos coercitivos y dañinos. Estas acciones, justificadas bajo la falaz premisa de “corregir” una supuesta enfermedad, han resultado en actos crueles y deshumanizantes.
La aprobación de este proyecto en la Cámara de Representantes es un avance crucial en la lucha contra estas prácticas abusivas. Sin embargo, el proceso legislativo aún no ha concluido, ya que el proyecto debe pasar por un tercer debate en el Senado colombiano, dentro de un total de cuatro debates requeridos.
En respuesta a esta importante noticia, activistas han llevado a cabo una movilización en redes sociales bajo los lemas #NadaQueCurar y #NoEsTerapiaEsTortura, destacando la necesidad de poner fin a estas prácticas que constituyen una violación flagrante de los derechos humanos.
El proyecto pasa ahora al Senado de la República y se espera su aprobación a finales de 2024.
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