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Archiva anteproyectos de ley que garantizaban derechos a salvadoreños LGBTQ

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Activistas participaron en una marcha contra la Homo, Lesbo, Bi, Transfobia en San Salvador, El Salvador, el 17 de mayo de 2021. (Foto de Ernesto Valle por el Washington Blade)

 

SAN SALVADOR, El Salvador — El 14 de mayo la Comisión de la Mujer y la Igualdad de Género de la Asamblea Legislativa de El Salvador, que cabe aclarar está conformada en su mayoría por el partido Nuevas Ideas (NI), del presidente de la república Nayib Bukele, archivaron 30 expedientes de anteproyectos de ley.

“Tras considerarlos obsoletos y no acordes a la realidad”, mencionaron en la cuenta de Twitter de la Asamblea Legislativa.

La diputada Norma Lobo por el partido NI, mencionó en esa oportunidad que leyes que vayan presentando la estudiaran y aprobaran.

“Porque estamos para legislar para las salvadoreñas. Somos una Asamblea de puertas abiertas”, aclaró la diputada, palabras que días después perderían toda credibilidad.

El mismo día la Mesa Permanente por una Ley de Identidad de Género en El Salvador, conformada por diversas organizaciones de personas trans en El Salvador, mostraron su descontento a través de un comunicado.

“Condenamos enérgicamente la decisión de la actual Asamblea Legislativa conformada en su mayoría por las y los diputas del partido Nuevas Ideas”, expresaron. “La Ley de Identidad de Género es un esfuerzo desde las organizaciones trans de la sociedad civil, no representa una agenda política partidaria, sino al reconocimiento de nuestros derechos”.

Por otra parte la Federación Salvadoreña de Personas Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersexuales, conformada por la mayoría de las organizaciones LGBTQ de El Salvador, por medio de un comunicado rechazaron la decisión tomada por la antes mencionada comisión de congresistas.

“Denunciamos a la bancada legislativa de nuevas ideas y a sus aliados por el atropello a los procesos sociales que respaldan nuestras luchas”, expresaron enérgicamente.

“Reafirmamos que todas nuestras demandas son vigentes y corresponden a las necesidades que afrontamos desde nuestras realidades”, agregaron en dicho comunicado, además de agregaron que este acto era un paso más hacia la supresión de los derechos de la población LGBTQ e hicieron un llamado a la organización y a la resistencia a toda la población LGBTQ, con el fin de hacer frente al avance de autoritarismo anti-derecho y ultraconservador que ha llegado al gobierno.

Por ello las organizaciones que conforman la Mesa Permanente por una Ley de Identidad, junto a diversas organizaciones más decidieron lanzar la convocatoria para la XI Marcha contra la Homo, Lesbo, Bi, Transfobia 2021, este lunes saliendo del parque Cuscatlán en San Salvador, hasta las afueras del Palacio Legislativo en el Centro de Gobierno, donde convocaron a Lorena Fuentes de Orantes, presidenta de la Comisión de Mujer y la Igualdad de Género, Christian Guevara, jefe de la fracción de NI y Ernesto Castro, presidente de la Junta Directiva de la Asamblea Legislativa; con el fin de recibir una pieza de correspondencia referente a lo sucedido con los anteproyectos de ley.

El día de la marcha, en conferencia de prensa, Britany Castillo, de Aspidh Arcoiris Trans y vocera encargada de la Mesa Permanente, recalcó que la Asamblea Legislativa a faltado al deber de protección de la igualdad de derechos humanos de una población en condición de vulnerabilidad.

“La emergencia por el COVID-19 puso en evidencia que la falta de políticas públicas, que permita garantizar el acceso a las personas LGBTIQ al ejercicio de sus derechos humanos; durante el confinamiento obligatorio se recrudeció la violencia por policías y ejercito al no respetar a las identidades trans cuando salían por alimentos”, expresó Castillo.

Entre consignas y visibilidad con las diferentes banderas que representan a los diferentes sectores de la diversidad sexual, las personas LGBTQ presentes marcharon con la esperanza de ser recibidas principalmente por la llamada “@BancadaCyan” del partido NI, quienes consideraron los anteproyectos de ley obsoletos y no acordes a las realidades del país.

“Aparte de marchar este día conmemorando el día contra la homo, lesbo, bi, transfobia, también para recordarles a los nuevos diputados que también hay personas LGBT que los eligieron; como ellos dijeron en sus campañas, tienen un compromiso con el pueblo salvadoreño al cual nosotras y nosotros también pertenecemos”, Verónica López, directora de Diké LGBTI+, expresa al Washington Blade mientras camina junto a la marcha hacia el congreso salvadoreño.

A las afueras del Palacio Legislativo, las diferentes organizaciones LGBTQ y organizaciones aliadas asistentes, se aglomeraron en la entrada para poder entregar la pieza de correspondencia, en donde encontraron las puertas cerradas y custodiada por vigilantes y policía nacional civil, contradiciendo las palabras de la diputada Norma Lobo, en las que enfatizó vía twitter, “Somos una Asamblea de Puertas abiertas”.

“Han sido más de 30 años de lucha por el reconocimiento de nuestros derechos humanos y ninguna Asamblea Legislativa lo ha discutido; es el momento que salgan, que nos den la cara y que nos digan que nuestra realidad no es acorde a lo que estamos viviendo. Digan en nuestras caras que todas nuestras muertas han sido en vano”, gritaba en parlantes Castillo a las afueras del Palacio Legislativo.

Por su parte la diputada Anabel Belloso por San Salvador del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), quiso tener cercanía con la población presente y salió a dar la cara y dirigir unas palabras.

“Sabemos que hay muchas personas que murieron sin lograr garantizárseles ese derecho de identidad, lo digo en representación de nuestro grupo parlamentario, sabemos que esos anteproyectos de ley son fruto del trabajo de cada una de ustedes con apoyo de organismos internacionales”, aclaró en sus palabras hacia la población LGBTQ asistente. “Hemos cuestionado ese procedimiento atropellado, porque no es cierto que haya perdido vigencia, son temas pendientes que esta Asamblea Legislativa tiene; no son obsoletos, son derechos y nosotras, a pesar de la correlación numérica que ahora podamos tener, garantizamos un acompañamiento al proceso que ahora se debe comenzar”.

Luego de entrar nuevamente al Palacio Legislativo, la directora de Colectivo Alejandría, Karla Guevara, cuestionó a través de los parlantes a la ahora diputada Suecy Callejas, que al momento de comenzar el gobierno de Bukele, ella fungió como Ministra de Cultura, entidad en la que distaron incluir la dirección de diversidad sexual y género.

“Diputada Suecy Callejas, ¿Dónde está su compromiso con la población LGBTI? … era solo un discurso, ¿dónde está esa representación del pueblo? Acá hay mucha gente que le dio el voto, ¿otra vez nos usaron como en el pasado?”, alegó Guevara.

La directora de programas y encargada del alcance comunitario en Casa Ruby El Salvador, Ambar Alfaro, también estuve presente a lo largo de la marcha.

“Definitivamente esto es una muestra de la falta de interés que hay por legislar en favor de nuestros derechos y sobre todo decepcionan las razones que dan, que son obsoletas y no apegadas a la realidad, no sé en que realidad viven, porqué nuestra realidad es parte de la problemática de El Salvador”, comentó al Blade.

Luego de una larga espera una pequeña comisión de diputados por NI, custodiados por seguridad privada y policía nacional civil, se hizo presente en las puertas para recibir la pieza de correspondencia, la cual estaba dirigida principalmente a la diputada Lorena Fuentes de Orantes, presidenta de la Comisión de Mujer y la Igualdad de Género, la cual no estaba presente. Entre gritos constantes de los asistentes expresando “¿Porqué la archivaron, por qué, por qué?”, firmaron la carta y regresaron rápidamente a sus oficinas, negando el paso a representantes de la sociedad civil LGBTQ.

“Necesitamos respuestas y compromisos, no vamos a pasar tres años más esperando a que se nos tome en cuenta. Se suponía que esta Asamblea Legislativa había venido a legislar para el pueblo y por nuestras necesidades. Así que esperamos respuesta lo más pronto posible”, expresó al Blade, la directora de COMCAVIS TRANS, Bianca Rodríguez.

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Juez colombiano suspendido por 15 años por negarse a casar a pareja del mismo sexo

Fue condenado ‘por desatender sus deberes y vulnerar el derecho de acceso a la justicia’

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(Foto de Bigstock)

OrgulloLGBT.co es el socio mediático del Washington Blade en Colombia. Esta nota salió en su sitio web.

La Comisión Nacional de Disciplina Judicial en su sesión del 10 de abril de 2024, ha confirmado una sanción ejemplar contra el Juez Décimo Civil Municipal de Cartagena, Ramiro Flórez Torres, quien se negó a casar a una pareja del mismo sexo, vulnerando así su derecho al acceso a la justicia. Este caso, que tuvo lugar en agosto de 2020, ha generado gran controversia debido a la firme postura del juez, quien priorizó sus creencias religiosas por encima de las leyes que respaldan estas uniones civiles.

Al recibir la solicitud de la pareja, Flórez Torres expresó abiertamente su desacuerdo, argumentando que el matrimonio entre personas del mismo sexo contradecía sus principios morales cristianos. 

“Ello contraría mi moral cristiana, va en contra de mis principios esenciales, y cuando exista conflicto entre lo que dice la ley humana y lo que dice la ley de Dios, yo prefiero la ley de Dios, porque prefiero agradar primero a mi Señor Dios todopoderoso, antes que al ser humano”, dijo el juez Flórez Torres en su momento.

Esta negativa inicial no disuadió a la pareja, quienes recurrieron a otras instancias y finalmente lograron celebrar su matrimonio en 2021.

El caso ante la justicia disciplinaria:

Por su parte, la Comisión Seccional Disciplinaria de Bolívar profirió pliego de cargos contra el Juez el 27 de marzo de 2023 por desatender el deber consagrado en el numeral 10 del artículo 153 de la Ley 270 de 1996, en concordancia con el artículo 230 de la Constitución, que le imponía aplicar los precedentes de la Corte Constitucional en materia de matrimonio igualitario, incurriendo en falta grave a título de dolo.

Las palabras del juez, que afirmó que su actitud no era discriminación sino una comprensión de las normas divinas, evidencian un conflicto entre la fe personal y el deber público. Sin embargo, las autoridades disciplinarias han sido claras en su dictamen: Flórez Torres enfrenta una inhabilitación de 15 años para ejercer cargos públicos debido a su falta grave de cumplimiento de deberes, según lo estipulado por la Ley 270 de 1996 y la Constitución.

Este caso no solo pone en relieve la importancia de separar las convicciones personales de la labor pública, sino que también resalta la necesidad de respetar y proteger los derechos de la comunidad LGBTIQ+. La resolución de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial es un paso significativo hacia la garantía de una ciudadanía plena para todas las personas en Colombia, independientemente de su orientación sexual o identidad de género. Es crucial que este tipo de decisiones no solo sancionen la conducta individual, sino que también sirvan como recordatorio de los valores de igualdad y no discriminación que deben prevalecer en una sociedad justa y equitativa.

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27 personas LGBTQ fueron asesinadas en Ecuador en 2023

Asociación Silueta X presenta el informe

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(Foto de Edición Cientonce)

Edición Cientonce es el socio mediático del Washington Blade en Ecuador. Esta nota salió en su sitio web el 12 de marzo.

POR VICTOR H. CARREÑO — La violencia criminal en Ecuador impactó por segundo año consecutivo en el número de asesinatos a personas LGBTIQ+. Según el informe Runa Sipiy, que anualmente presenta la Asociación Silueta X, por lo menos 27 personas de las diversidades sexogenéricas fueron asesinadas en 2023.

El año pasado fue el más violento en la historia de Ecuador con una tasa de más de 40 muertes por cada 100.000 habitantes, según la Policía. Este contexto incidió también en que 2023 sea el año con más casos de asesinatos y transfemicidios en el país desde 2010, de acuerdo a las cifras del informe.

Desde 2022 el número de crímenes contra personas LGBTIQ+ se ha incrementado. Ese año se reportaron 25 casos en un contexto de consolidación de las bandas narcodelictivas en Ecuador. En 2010, año que Silueta X inició con la recolección de muertes violentas, se reportaron ocho. 

De los 27 asesinatos reportados en 2023, 23 están relacionados con delincuencia organizada y sicariato. Sin embargo, el mismo reporte aclara que el número real de asesinatos puede ser mayor por el subregistro de casos, pues no todos son denunciados.

(Fuente Informe Runa Sipiy)

David Gonzabay, coordinador de Silueta X en Guayaquil, señala que los casos de sicariatos deben ser investigados porque las víctimas no necesariamente estuvieron relacionadas con las bandas narcodelictivas.

“Muchas personas (víctimas de asesinatos) pertenecían a estratos vulnerables y eran un punto de atención para estas bandas criminales. Estos asesinatos se pudieron dar porque se rehusaron a pertenecer a estos grupos”, explica Gonzabay.

Desde 2022, organizaciones han denunciado que las mujeres trans que se dedican al trabajo sexual son víctimas de extorsiones y amenazas de las bandas narcodelictivas. Ese año, la activista Jéssica Martínez fue asesinada en Ambato después de denunciar amenazas por negarse a pagar las denominadas “vacunas”.

Este colectivo es el más vulnerable ante la escalada de violencia en Ecuador. De los 27 asesinatos reportados por el informe Runa Sipiy, 18 corresponden a mujeres trans.

El informe detalla que las cifras de asesinatos relacionadas con el crimen organizado exponen “la complejidad y gravedad de la violencia contra las personas LGBT+ y transgénero en Ecuador”.

“Estos hallazgos resaltan la necesidad de abordar no solo las consecuencias directas de estos actos violentos, sino también las estructuras sociales y criminales que perpetúan esta violencia”, señala el reporte.

El informe también menciona la crisis carcelaria y que las personas LGBTIQ+ privadas de libertad son vulnerables. Desde la declaratoria del conflicto armado interno, organizaciones han denunciado casos de mujeres trans que han sido víctimas de presuntas torturas durante las intervenciones militares.

Silueta X solicitó al Ministerio de la Mujer “pruebas contundentes” de que las mujeres trans no están siendo vejadas, pero hasta el cierre del informe no recibió respuesta.

Pedidos al Estado

Desde Silueta X y organizaciones aliadas, solicitan a la Fiscalía mayor celeridad en la investigación de delitos de odio contra personas de las diversidades sexogenéricas, pues la mayoría quedan en la impunidad.

Además, propone el fortalecimiento del Ministerio de la Mujer. Gonzabay explica que el incremento de asesinatos se ha dado en un contexto de debilitamiento del Estado y la escasa inversión en políticas públicas.

En lo que va de 2024, la Asociación Silueta X reporta 10 asesinatos contra personas LGBTIQ+. De ellos, 8 son transfemicidios. 

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Congreso de Colombia avanza proyecto de ley que prohíbe ‘terapias de conversión’

Cámara de Representantes respaldó el propósito con 97 votos a favor

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El Congreso de Colombia (Foto de Michael K. Lavers por el Washington Blade)

OrgulloLGBT.co es el socio mediático del Washington Blade en Colombia. Esta nota salió en su sitio web.

El Congreso de Colombia ha dado un paso significativo hacia la protección de los derechos humanos y la dignidad de las personas LGBTQ, al aprobar en segundo debate el proyecto de Ley 272, conocido como “Ley Inconvertibles”. Esta ley tiene como objetivo prohibir las mal llamadas terapias de conversión, que han sido denunciadas como una forma de tortura hacia individuos LGBTQ.

En la sesión celebrada el 20 de marzo, el pleno de la Cámara de Representantes respaldó este proyecto con 97 votos a favor y 18 en contra. Esta medida llega en un momento crucial, en el que se reconoce la grave violación de los derechos humanos que representan las mal llamadas terapias de conversión. 

Durante años, miles de personas tanto en Colombia como en todo el mundo han sido sometidas a estas prácticas, que buscan cambiar su orientación sexual o identidad de género mediante métodos coercitivos y dañinos. Estas acciones, justificadas bajo la falaz premisa de “corregir” una supuesta enfermedad, han resultado en actos crueles y deshumanizantes.

La aprobación de este proyecto en la Cámara de Representantes es un avance crucial en la lucha contra estas prácticas abusivas. Sin embargo, el proceso legislativo aún no ha concluido, ya que el proyecto debe pasar por un tercer debate en el Senado colombiano, dentro de un total de cuatro debates requeridos.

En respuesta a esta importante noticia, activistas han llevado a cabo una movilización en redes sociales bajo los lemas #NadaQueCurar y #NoEsTerapiaEsTortura, destacando la necesidad de poner fin a estas prácticas que constituyen una violación flagrante de los derechos humanos.

El proyecto pasa ahora al Senado de la República y se espera su aprobación a finales de 2024.

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