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Marchan en Uruguay entre festejos y reclamos de los derechos LGBTQ

Activistas son críticos con el gobierno actual

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(Foto de Michael Mazzoleni)

El 24 de septiembre se realizó en Uruguay la “Marcha por la Diversidad” en medio de un momento de inflexión para los derechos de la población LGBTQ.

Bajo la consigna “Estado ausente, nuestra lucha presente” miles salieron a protestar en las principales avenidas de la capital nacional acusando abandono por parte del gobierno.

A nivel internacional Uruguay ha destacado por ser pionero en avanzar en legislaciones y políticas públicas a favor de las personas que aman o están fuera de la heteronorma, siendo considerado incluso como uno de los mejores destinos turísticos para LGBTQ en América Latina. 

Importantes avances logrados a través de lo que activistas denominan la “agenda de derechos” y que en estos momentos se encuentra en amenaza.

Diego Sempol, doctor en ciencias sociales y académico experto en temas de diversidad sexual y de género advirtió al Washington Blade que “en términos normativos el país avanzó mucho, pero esto no necesariamente produce transformaciones automáticas a nivel de la vida social. Entonces hay diferentes temporalidades. Todavía en nuestro país coexisten diferentes regímenes sobre lo que tiene que ver con las corporalidades y las sexualidades”.

Diego Sempol lleva años trabajando temas relacionados con la teoría queer en Uruguay y en América Latina (Foto de Héctor Piastri)

Según Sempol aún en Uruguay “hay lugares donde las personas tienen que seguir eligiendo entre su derecho a casarse o su derecho a trabajar porque casarse implica visibilizarse en esa localidad y eso va a generar una fuerte discriminación que puede terminar repercutiendo en su inserción laboral”.

“Hay zonas o barrios, en los cuales está totalmente normalizado hoy la disidencia sexual y hay otros barrios, donde se siguen generando bromas y violencia física, insultos, exclusiones o sea que es un proceso; las normas sirven para generar nuevos espacios de enunciación. Sirven para saldar ciertos debates, pero tienen que estar necesariamente acompañadas con políticas públicas”, señaló al respecto el académico.

El actual presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, mientras ejercía como congresista fue un férreo opositor a las iniciativas legislativas que buscaban extender derechos a LGBTQ. Votando incluso contra la mayoría de ellas.

El Blade días antes de que Lacalle Pou asumiera como Jefe de Estado conversó con activistas y políticos LGBTQ, quienes en ese entonces manifestaron su preocupación, ya que si bien, mientras era candidato presidencial prometió no derogar ningún derecho conquistado, se instalaría en la Torre Ejecutiva con un gabinete mayoritariamente anti-LGBTQ.

Hoy a más de un año y medio de su mandato las preocupaciones que tenían los líderes LGBTQ se estarían cumpliendo y en la marcha de la semana pasada fueron expuestas mediante consignas y pancartas. Aquella manifestación fue convocada por una veintena de organizaciones queer de ese país latinoamericano.

“La verdad que no hemos visto ningún avance desde la nueva presidencia. No hemos logrado nada. No hemos logrado avanzar más que retroceder en políticas públicas, retroceder en derechos” indicó la vocera de la Coordinadora de la Marcha por la Diversidad, Paula Moreno, al Blade.

La activista trans explicó que “las principales demandas que nosotres salimos este año a reivindicar son para que las leyes se implementen, para que las personas LGBTQ+ sean reconocidas en derechos”.

Paula Moreno, integra el Colectivo Diversas de las Piedras, una organización al interior del país y es la primera DJ abiertamente trans de Uruguay. (Foto de cortesía)

“Luchamos por una vida libre de discriminación, por una vida de inclusión. Luchamos por tener acceso al trabajo, por tener acceso a la educación y por tener un buen acceso a la salud. Básicamente por los derechos básicos que históricamente a esta población se les ha vulnerado”, señaló al respecto Moreno.

Mientras que José María Speranza, quién compartió la vocería de la marcha con Moreno explicó al Blade que “la consigna de este año de la coordinadora es “Estado ausente, nuestra lucha presente” y con esto lo que queremos es evidenciar el repliegue de una gran cantidad de políticas sociales que se habían llevado a cabo”.

Incumplimiento de la ley integral trans

Uno de los retrocesos más notorios que acusan en Uruguay, es la no implementación de la ley integral trans que fue aprobada en 2018 y que establece que el Estado uruguayo debe otorgar una cuota de trabajo a las personas trans correspondiente al uno por ciento de las contrataciones de empleos públicos.

“Marchamos exigiendo también el cumplimiento de las cuotas de vacantes de los empleos públicos para la población trans, que bueno no se están cumpliendo” denunció Speranza al Blade mediante una conversación telefónica.

Para José María Speranza los retrocesos LGBTQ en Uruguay deben combatirse a través de la sociedad civil organizada (Foto de cortesía)

Mientras que Sempol expusó que “la propia Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) de Uruguay reconoció que en estos dos años no se cumplió esta cuota, lo cual es un problemón, porque en realidad esté acuerdo de la ley solo se va a ejecutar durante 15 años. Ya perdimos tres años y no se ha cumplido hasta el momento”.

Por otro lado, Moreno enfatizó que “la ley integral para personas trans si bien se aprobó hace tres años, aún seguimos insistiendo y promoviendo que se implemente en su totalidad, porque justamente es una ley integral que lo que busca es mejorar la expectativa y la calidad de vida de las personas trans y en ese sentido, todavía seguimos como en un debé a nivel político”.

Speranza complementó que “a su vez también exigimos este año que las instituciones de salud públicas y privadas cumplan con la ley general para personas trans que cubre todas las necesidades sanitarias de la población trans, como son la hormonización, operaciones confirmación de género, etc.”.

“Se está negando hoy en día cubrir lo que la ley les obliga, negando a realizar operaciones y procedimientos. También la asistencia pública, quienes son las administradoras de servicios de salud del Estado violan derechos consagrados y tienen consecuencias sumamente negativas en la salud de las personas trans, afectando a su salud mental y poniendo en riesgo a someterse a estos procedimientos por fuera del sistema de salud establecido”, concluyó Speranza.

En respuesta, Federico Bianchi, un activista LGBTQ que pertenece a la coalición de gobierno, sinceró al Blade que “es verdad que no se está cumpliendo en su totalidad lo de los cupos para personas trans, pero no se cumplía tampoco en el gobierno anterior. En Uruguay, lamentablemente instalamos las leyes pero al momento del presupuesto tenemos problemas”.

Felipe Bianchi, actualmente es el secretario general de la Secretaría de la Diversidad del Partido Nacional, la tienda política del presidente de Uruguay. (Foto de cortesía)

“Me han llegado comentarios de que no se están haciendo las operaciones de cambio de sexo, cosa que tampoco estaba ocurriendo en el gobierno anterior, pero la diferencia es que nosotros asumimos el gobierno el 1 de marzo de 2020, y el 13 de marzo se declaró la alerta sanitaria y a partir de ese día no se hicieron más operaciones programadas. Solamente se operaban cosas de emergencia, entonces, obviamente ha dificultado la implementación de la ley trans en ese sentido”, aclaró Bianchi a través de una videollamada.

“El colectivo trans merece más, mucho más de lo que ha obtenido hasta ahora. En Uruguay la esperanza de vida de las personas trans es de 35 años, pero no es de 35 desde que llegamos al gobierno, es algo que venía desde antes. Se ha ido mejorando la situación de estas personas, pero falta muchísimo por hacer”, concluyó Bianchi.

COVID-19 es otro golpe para las personas LGBTQ

La pandemia del coronavirus vino a empeorar la situación por la que atraviesan las personas queer en Uruguay. Siendo la población trans una de las más afectadas.

“En plena pandemia la población LGBTQ+ ha tenido que estar sola, si no fuese por los movimientos sociales que han estado ayudando con canastas con alimentos todo estaría peor”, reportó Moreno al Blade.

“Durante el proceso en la pandemia de la comunidad LGBTQ+ sufrió realmente problemas muy directo, muy concretos y que no hubo respuestas estatales rápida sostenidas integrales a estas dificultades. Entonces una primera cosa que fue notoria fue en la población trans”, argumentó Sempol.

“Nosotros cuando hicimos un censo en el año 2016 con el Ministerio de Desarrollo Social y facultades sociales, encontramos que dos de cada tres personas trans tuvieron que estar vinculadas al comercio sexual. Por lo tanto, con el contexto de pandemia, esa estrategia de sobrevivencia se cayó por completo y el Estado prácticamente no monto ninguna respuesta”, lamentó desde su hogar en Montevideo.

Finalmente destacó que “ahí lo que funcionó fue las redes solidarias de las organizaciones sociales. Se creó una olla popular en el cerrito de la victoria que fue muy importante y también se hizo llegar recursos financieros en colectas que hicieron diferentes organizaciones a muchas compañeras trans del interior del país”.

Frente a esta situación Moreno respondió al Blade que “nos pusimos ahí la camiseta para apoyar y estar en todo lo más que se puede y denunciar y reclamar a un Estado ausente”.

Discursos de odio

A todo lo anterior se suma el silencio absoluto del gobierno frente a los ataques y discursos anti-LGBTQ. Días antes de la marcha, Inés Monzillo, una congresista de Cabildo Abierto, un partido político que integra la coalición de gobierno, realizó fuertes declaraciones contra la Marcha por la Diversidad.

Precisamente la diputada suplente criticó la existencia de la Secretaría de Diversidad en el Partido Nacional, la tienda política del presidente.

Monzillo compartió en sus redes sociales un video de un grupo de jóvenes de su conglomerado en el que invitaban a participar del “Mes de la Diversidad”.

“Empieza setiembre y setiembre en Uruguay es sinónimo de diversidad”, expresaban en el video.

“Bue… septiembre es el mes de la primavera. ¿Por qué no podemos trabajar todos unidos sin separar por gusto sexual? ¿Por qué necesitan un día y hasta un mes entero? ¿Cuándo es el mes de los heterosexuales? ¡Los heterosexuales nos sentimos discriminados! ¿Somos nosotros los homofóbicos?”, escribió Monzillo en su cuenta de Twitter.

El gobierno no condenó las declaraciones homofóbicas de su congresista. Aunque en privado fuentes de la coalición reconocieron al Blade que le solicitaron “no emitir comentarios de ese tipo”.

Frente a esto, Speranza recalcó que “también marchamos para combatir los fundamentalismos de sectores políticos y religiosos que patologízan a la homosexualidad y a las personas trans”.

“Senadores de Cabildo Abierto han negado la existencia de las familias diversas. También hay personas que han hecho campaña con mentiras en contra la ley para personas trans y que hoy en día integran directorio de empresas públicas, por ejemplo”, agregó el dirigente.

“Lo que ha pasado con el gobierno de esta coalición de derechas es que se agravan los discursos de odio y fundamentalismos irracionales y retrógrados. Hay sectores políticos y religiosos y religiosas, que patologizan la homosexualidad y a las personas trans mientras defienden a notorios torturadores y violadores de Derechos Humanos”, recalcó Speranza al Blade.

Similar opinión tiene Sempol “en la coalición multicolor, que está actualmente gestionando el Estado, Cabildo Abierto es un partido que tiene un discurso virulento contra la diversidad sexual, habla de ideología de género, habla del circo de la diversidad, invisibiliza y niega que exista discriminación por orientación sexual o por identidad de género. Habla de que las prestaciones que se dan a las personas trans son formas de privilegio, o sea un discurso virulento, de odio, que está operando desde la propia estructura del Estado”.

“Hay un congelamiento claro y esto genera precisamente una forma de retroceso, porque en estos temas si no se avanza, rápidamente vuelven los sentidos comunes de instalarse y además en el gobierno anterior, no teníamos discursos de odio desde actores que estaban en el Estado. Ahora esto sí es una realidad”, subrayó Sempol al Blade.

“Han sido dedicadas de socialización, donde se ha generado discursos de odio y además, este el escenario actual convive con la reaparición de organizaciones este de corte, este religioso y de extrema derecha que están este fuertemente abonando discursos de odio y exclusión. Pensemos en el caso, incluso que hay actores que están vinculados en la propia estructura de gobierno”, advirtió el académico.

Según Sempol para evitar retrocesos en derechos LGBTQ “hay que hacer mucha presión para lograr mínimamente que no se desmantele. Yo creo que en realidad no se ha desmantelado nada sustantivo hasta ahora porque hay tanta movilización social que no se animan”.

Finalmente opinó que “estamos casi la mitad de la gestión, pero también fueron dos años muy especiales por el contexto de la pandemia, la cual ha generado como una distorsión enorme de todos los debates más convencionales son más tradicionales que estaba sucediendo en Uruguay”.

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Matrimonio igualitario a un paso de ser ley en Chile

Solo falta una última votación en el Senado

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Una manifestación en favor del matrimonio igualitario en Santiago, Chile, en 2017. (Foto cortesía de Francisca Becker)

VALPARAÍSO, Chile — Como un triunfo “histórico” para los derechos de la diversidad sexual y de género, calificaron los activistas LGBTQ en Chile el avance del proyecto de ley de matrimonio igualitario el martes en el Congreso. Ahora solo falta una última votación en el Senado para convertirse en ley.

“Con 101 votos a favor, 30 en contra y dos abstenciones se aprueba el proyecto de ley que regula el matrimonio igualitario, que pasa a su tercer y último trámite en el Senado”, ha informado el Congreso Nacional chileno en un comunicado.

La votación se enmarca en uno de los momentos políticos más complejos para la población queer de ese país latinoamericano, luego de que el pasado domingo en las elecciones presidenciales y de congresistas la ultraderecha y anti-LGBTQ liderada por el candidato presidencial, José Antonio Kast del Partido Repúblicano obtuvieran un buen desempeño electoral.

Kast, que ha afirmado en muchas ocasiones que existe un “lobby gay” que “busca influir a las personas”, fue el candidato más votado y se enfrentará en el balotaje del 19 de diciembre al izquierdista Gabriel Boric.

“Frente a los discursos de violencia y odio, hace falta responder con amor. No queremos sesgos dogmáticos ultra ideologizados”, apuntó el diputado Diego Ibáñez, del Frente Amplio, la coalición que lidera Boric.

El proyecto de matrimonio igualitario fue firmado por la expresidenta Michelle Bachelet en 2017 y presentado ante el Congreso durante su segundo mandato. Sin embargo, no fue hasta enero de 2020 cuando la sala del Senado aprobó en general el proyecto con 22 votos a favor, 16 en contra y una abstención.

Posteriormente, el presidente del país, Sebastián Piñera, mostró su apoyo a la medida y ordenó suma urgencia.”Pienso que ha llegado el tiempo de garantizar esa libertad y esa dignidad a todas las personas, el tiempo del matrimonio igualitario en nuestro país”, dijo el jefe de Estado en su última cuenta pública.

“Luego de tres décadas de lucha, falta solo un trámite en el Senado para conquistar la hasta ahora esquiva igualdad legal que merece todas las parejas y familias”, destacó la vocera del Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh), Javiera Zúñiga, a través de un comunicado de prensa.

“Festejamos este nuevo paso, ahora con la total convicción de que estamos en la recta final. Especialmente felices porque se aprobaron por amplia mayoría todos las indicaciones sobre filiación y adopción homoparental que introducimos en la Cámara. Hablamos de 30 años de lucha, pero de siglos de segregación, cuyos días están contados, lo cual terminará con las injusticias y desigualdades que sufren las parejas del mismo sexo y las familias homoparentales”, añadió Zúñiga.

De no ser aprobado en el Senado, el proyecto de ley pasaría a una comisión mixta. Sin embargo, la actual presidenta de la Cámara Alta se comprometió a realizar su mayor esfuerzo para que sea despachado lo antes posible.

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Un camino de peligro y esperanza

Mujeres trans siguen emigrar de Honduras

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Rebecca, Vanessa y Vienna intentaron la peligrosa migración de Honduras a Estados Unidos, un camino aún más difícil para las personas transgéneros. (Foto de Zaydee Sánchez para Palabra)

Reportar sin Miedo es el socio mediático del Washington Blade en Honduras. Esta nota de Palabra salió en el sitio web de Reportar sin Miedo el 21 de noviembre.

Nota del editor de Palabra: El reportaje para este artículo fue apoyado por el Fondo Howard G. Buffett para Mujeres Periodistas de la Fundación Internacional de Medios de Comunicación de Mujeres

En el interior de un pequeño apartamento con vistas a una bulliciosa calle en el corazón de la Ciudad de Guatemala, Vanessa está en medio de la aplicación de corrector de maquillaje en su piel, paletas de sombras de ojos, rímel, delineador de ojos. Todo lo hace tendida en su cama. Mientras decide qué tono de sombra de ojos rosa usar, hace una pausa para hablarme de su viaje a Guatemala. La única ventana del estudio deja entrar una suave y cálida luz de verano que ilumina el vestido morado de Vanessa. Aparecen unas salpicaduras de color rosa. La luz revela una pequeña muñeca tumbada de lado cerca de un armario de tela morada lleno hasta los topes. Un anillo de luz se encuentra en el borde de la cama, listo para iluminar uno de sus atractivos tutoriales de maquillaje online.

Este es el refugio temporal de Vanessa desde que huyó de su casa en Honduras hace casi un año. “Me duele porque siempre fui esa persona que nunca quiso emigrar. Por más caravanas que presencié rumbo a (Estados Unidos), nunca me uní. Nunca anhelé ese sueño americano. Quería vivir y morir en mi país”, dice.

Llegué a la colorida y vibrante Ciudad de Guatemala para conocer a Vanessa; para saber cómo dejó una vida que comenzó en El Progreso, Honduras, donde nació en una familia cristiana evangélica.

Desde que tiene uso de razón, Vanessa no ha podido relacionarse con su género de nacimiento. Recuerda que algunos de sus primeros recuerdos de género giraban en torno a saber que no era un niño, pero no podía articularlo.

“Recuerdo que era muy joven y caminaba por la calle con mi madre”, dice Vanessa. “Los hombres me miraban fijamente, me gritaban insultos y me llamaban gay. Era exasperante. No porque pensaran que era gay, sino porque todo mi interior quería gritar: ‘No soy gay. Soy una mujer'”.

Lo que temía al crecer, y lo sabe ahora, es que la vida como persona trans en su país de origen puede ser peligrosa.

Se calcula que la esperanza de vida de los transexuales en Honduras es de 35 años. El país también tiene una de las tasas más altas del mundo de asesinatos de transexuales. Al enfrentarse diariamente a la intolerancia del gobierno hondureño, de sus familiares, de la religión y de la sociedad, muchos deciden huir. Los que se quedan se enfrentan a frecuentes amenazas.

Durante varios meses, he seguido a tres mujeres transgénero hondureñas, Vanessa, Rebecca y Vienna. Aquí utilizaremos sólo sus nombres de pila. Para muchas personas trans, el cambio de sus nombres de nacimiento puede proporcionar una nueva y hablada veracidad a sus identidades. A través de sus relatos, exploré cómo la violencia en Honduras ha cambiado sus vidas.

Desde la falsa criminalización, pasando por el trágico asesinato de la activista Berta Cáceres, hasta la búsqueda de un nuevo futuro en otro país, estas tres mujeres redefinieron para mí la resiliencia. Me mostraron la dificultad de vivir sus vidas en paz, y el impulso de su comunidad para seguir adelante.

Vanessa: crecer a toda velocidad

Los crecientes rumores comenzaron a hacer que la familia de Vanessa se cuestionara su identidad. Comenzó con la visita de un tío que la acusaba de ser gay. Con el tiempo, la madre de Vanessa preguntaba, y Vanessa respondía: “No soy gay”. “No podía decirle a nadie que por dentro era una chica. Sabía que si lo hacía, me rechazarían”, dijo.

Cuando Vanessa tenía 12 años, su madre falleció. Su padre ya había abandonado a la familia. Sin ambos padres, Vanessa tuvo que cuidar de su hermano pequeño.

Creció rápidamente. Tuvo innumerables trabajos en los que siguió vistiendo ropa de hombre. No fue hasta que se unió a un programa de la iglesia católica, Nuevo Renacer, cuando se vistió en público por primera vez. La organización organizaba obras de teatro y representaciones. Los hombres se ponían faldas y vestidos para adaptarse a sus personajes. Vanessa se deleitó interpretando a la cantante mexicana Gloria Trevi. Era liberador.

“Perfeccionaba cada detalle de mi cara para estar guapa, como una mujer”, dice Vanessa.

A partir de ese momento, a los 23 años, Vanessa empezó a vestirse abiertamente con ropa de mujer. Pero esta libertad de expresión no sentó bien a su empleador.

“Por hacer espectáculos y porque me veían vestida de mujer, me despidieron. …”, recuerda. “A partir de ahí, las puertas empezaron a cerrarse para mí. Me vi obligada a hacer lo que más nos cuesta a las mujeres transexuales: el trabajo sexual”.

“No hay datos definitivos sobre el número de trabajadoras sexuales trans en Honduras”, dijo Indyra Mendoza, fundadora de Cattrachas, un grupo de derechos que defiende a las comunidades LGBTQ en Honduras.

“Sabemos de muy pocas mujeres trans que sean maestras, o que tengan sus propias formas de ganarse la vida, y o que se dediquen a otro tipo de trabajo”.

En el trabajo sexual, las mujeres trans están expuestas con mayor frecuencia a la violencia y la discriminación. El país experimentó un importante aumento de los homicidios después de que el golpe de Estado militar de 2009 derrocara al presidente democráticamente elegido, Manuel Zelaya. La crisis constitucional dejó a las comunidades LGBTQ expuestas a la violencia de las pandillas, la policía local y los oficiales militares. “El presidente Zelaya pidió a las organizaciones LGBT que apoyaran su campaña para una asamblea constituyente. La mayoría de los grupos dijeron que sí porque la iniciativa de Zelaya ofrecía una oportunidad sin precedentes para ganar visibilidad y formar parte de un movimiento social más amplio que pedía una constitución nueva e inclusiva. Así que cuando el gobierno de Zelaya fue derrocado, las personas LGBT estuvieron en las calles desde el primer día, exigiendo la restauración de la democracia”, dijo Pepe Palacios, miembro del Movimiento por la Diversidad Sexual en Resistencia, una organización hondureña de lesbianas, gays, bisexuales y transexuales, en una entrevista con el Partido Socialista de la Libertad.

“Después del golpe militar, cualquiera podía matar a una mujer trans”, añadió Indyra. “Se vieron casos de violencia, tortura, maltratos, discriminación, violación, extorsión, principalmente por parte de policías, contra las mujeres trans. Por eso aumentaron las muertes violentas de personas LGTBQ y también de mujeres”.

Una testigo del odio letal

La encuesta más reciente del grupo Cattrachas calcula 389 asesinatos violentos de personas LGTBQ desde 2009. Según esa encuesta, 121 víctimas eran transgénero, uno era transexual, 221 eran gays y 46 eran lesbianas. Sólo 89 de esos homicidios fueron procesados. La mayoría siguen sin resolverse, lo que deja pocas esperanzas de que se haga justicia.

En su época de trabajadora sexual, dijo Vanessa, conoció muchos asesinatos de compañeros de trabajo, amigos y personas de su comunidad que se habían convertido en su familia. En un caso de asesinato, las autoridades le dieron protección como testigo por lo que había visto.

Sin embargo, al final el sistema le falló.

“No funciona (la protección de testigos). En mi país no funciona. Muchos han muerto bajo este plan de protección. Nunca hay garantías”. dijo Vanessa.

Se involucró profundamente en muchas campañas de derechos humanos, amplificando constantemente las peticiones de justicia. “Me enfrentaba a la policía en la cara diciéndoles: ‘Ustedes son los que nos matan, ustedes son los que matan a las mujeres trans'”. Vanessa dijo: “Pero defender los derechos de las personas LGBTQ en Honduras tiene sus repercusiones».

En diciembre de 2020, en El Progreso, Honduras, la Dirección Policial de Investigaciones —una unidad de investigación conocida como DPI— publicó un boletín de noticias sobre la búsqueda de un miembro de la comunidad LGBTQ que supuestamente había abusado de una menor. En ese momento, Vanessa se había trasladado a San Pedro Sula, una ciudad situada a 30 minutos al norte de El Progreso. Su hermano y otra amiga trans también vivían en la casa de Vanessa. Un día, según Vanessa, la DPI llegó a su casa en busca de un sospechoso en el caso de agresión sexual. Vanessa no estaba presente. Registraron la casa preguntando a su hermano dónde estaba la “otra” persona (Vanessa). “Le dijeron: ‘Si no nos dices dónde está, atente a las consecuencias'”, cuenta Vanessa.

El DIP detuvo a la mujer trans que vivía en la casa de Vanessa como sospechosa de agresión sexual a una menor. “Es como mi hermana”, dijo Vanessa. “Al principio quería volver, pero luego me enteré de que la DPI seguía buscando un cómplice. Ellos (DIP) estaban tratando de involucrarme en el caso”. Vanessa no se dio cuenta de la magnitud del peligro que corría. Los coches de policía empezaron a vigilar su casa. Su hermano recibía constantes amenazas que lo obligaban a marcharse.

“Mis amigos me decían: ‘Vanessa, tenemos que sacarte del país ya’. Yo decía: ‘No. No, no, no, demuéstrame que he cometido tal delito’. No quería irme”, dijo Vanessa.

Pero Vanessa finalmente decidió marcharse. En medio de la noche, temerosa y vacilante, cruzó la frontera hondureña hacia Guatemala, pero no como Vanessa. Se vistió con ropa de hombre y llevó una peluca y una barba pegada. “Una vez más, tuve que desaparecer a Vanessa, la mujer que tanto me había costado liberar”.

Se colocaron fotos de ella a lo largo de la entrada de la frontera entre Honduras y Guatemala. “Nunca en mi vida había visto que el gobierno hondureño buscara a alguien con tanta intensidad, ni siquiera a los peores criminales”, dijo Vanessa.

Recuerda que el cruce de la frontera fue insoportable. Necesitaba pasar sin ser identificada, así que Vanessa tomó la difícil decisión de tener sexo con dos policías. “El cruce ciego”, dijo Vanessa.

Después de poner por fin un pie en Guatemala, con sólo una maleta en la mano, pagó a un motociclista para que la llevara al único lugar que conocía: un refugio llamado La Monja Blanca.

“Mientras iba en la moto, lo único que pensaba era en saltar”, cuenta Vanessa.

Una vida precaria

Hoy en día, la política en Honduras sigue siendo opresiva. Para los miembros de la comunidad LGBTQ están prohibidos el matrimonio, la adopción, la donación de sangre, el derecho a cambiar de nombre, a elegir un género e incluso a visitar a sus seres queridos en la cárcel.

“En Honduras, tenemos un país altamente transhomolesbofóbico desde el punto de vista legal”, dijo Mendoza de Cattrachas.

“La violencia es principalmente la razón por la que las personas trans emigran”, añadió Mendoza. “Cuando las mujeres trans están en la etapa de la adolescencia o la infancia, no son reconocidas como tales. Y ahí comienza la violación sistemática de los derechos humanos de las personas trans, especialmente de las mujeres trans. Muchas de ellas son violadas, maltratadas, afectadas psicológicamente. Ven en la migración la única salida”.

A principios de 2021, una nueva oleada de migrantes comenzó a viajar hacia la frontera de Estados Unidos con México.

La primera caravana, principalmente centroamericana, se estimó en 8,000 personas e incluía a unas 300 personas LGBTQ de Honduras. Entre ellas se calcula que había unas 100 mujeres trans. Un informe del Instituto Williams de la Facultad de Derecho de la UCLA estima que hubo 11,400 solicitudes de asilo LBGTQ en Estados Unidos entre 2012 y 2017. Aunque las solicitudes procedían de 84 países, más de la mitad eran de Centroamérica. Los solicitantes de asilo procedentes de El Salvador supusieron el 28 por ciento. Los hondureños eran casi el 15 por ciento del total y Guatemala, algo más del 8 por ciento. El estudio reveló que alrededor del 96% de las solicitudes de los solicitantes LGBTQ fueron consideradas como “miedo creíble” a la persecución, lo que es necesario para avanzar en una solicitud de asilo.

Rebecca: la tierra prometida

La búsqueda de asilo es un ejercicio complicado y agotador. Para muchos, la posibilidad de conseguir igualdad y libertad en Estados Unidos hace que la espera y el trauma merezcan la pena. Pero para otros las expectativas de una tierra prometida chocan con la realidad.

Mientras subo al último piso del edificio de apartamentos de Koreatown, en Los Ángeles, donde vive Rebecca, veo el famoso horizonte del centro de la metrópolis, de relucientes rascacielos, que aparece como un cartel de bienvenida a la ciudad de los sueños.

Al entrar en la casa de Rebecca, me doy cuenta inmediatamente de que los tacones altos están perfectamente colocados en un zapatero justo después de la puerta principal. Un tocador cubierto de maquillaje, frascos de perfume y bonitos joyeros se encuentra junto a un cómodo sofá, ocupado por un gran pulpo de peluche rosa y sus peludos tentáculos. El estudio es pequeño pero acogedor. En la cocina, el pez dorado Pescado nada en una pecera rosa.

“Nunca pensé que me quedaría aquí tanto tiempo como lo he hecho”, me dice Rebecca. “Me dije, tal vez un año, lo intentaré durante un año, luego volveré a Honduras. Ya han pasado más de tres años”.

Mientras empieza a contarme su historia, Rebecca pone una mesa de café con chips de plátano frito, Takis con chile y limón y refrescos para nosotros.

Llegó por primera vez a Estados Unidos en el invierno de 2018. Dejar Honduras significaba dejar atrás no solo una versión de sí misma que anhelaba liberar, sino también el papel fundamental que había desempeñado en el cambio de la comunidad indígena LGBTQ de su país. Rebecca creció en La Esperanza, una ciudad del altiplano suroccidental del país. Pertenece a la comunidad lenca, el mayor grupo indígena de Honduras. (Los lencas representan el 60 por ciento de la población nativa del país).

Desde niña, dice Rebecca, le resultaba difícil identificarse como hombre. Mientras crecía, disfrutaba de las tareas que culturalmente pertenecen a las mujeres hondureñas. Ayudaba en la cocina, lavaba la ropa y se sentía atraída por los hombres. A una edad temprana, Rebecca era plenamente consciente de que el hecho de ser indígena ya la convertía en un blanco fácil para la discriminación. Si daba a conocer su identidad de género, se convertiría en una paria. Así que guardó silencio en su verdad.

De adolescente, se unió a su madre para asistir a las reuniones del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, una organización dedicada a la protección del medio ambiente en Intibucá y a la defensa del pueblo indígena lenca. Este activismo abrió los ojos de Rebecca y pronto la llevó a un puesto remunerado en la organización.

Rebecca se hizo amiga de la cofundadora del grupo, Berta Cáceres. Movilizaron a los habitantes de todo el país. Después de unos años de amistad y de crear un vínculo de confianza, Rebecca habló abiertamente con Cáceres sobre su identidad de género.

“Estaba muy nerviosa”, recuerda Rebecca. “Le pregunté a Berta qué opinaba (la organización) sobre la comunidad LGBTQ. Entonces Berta me preguntó si me identificaba como persona LGBTQ. Le dije que sí. Y ella levantó las manos diciendo: ‘¡Bueno, cipote (niño), siéntete orgulloso de lo que eres!'”.

A partir de ahí, Rebecca avanzó rápidamente, estableciendo el primer capítulo indígena LGBTQ de la organización. Aunque algunos miembros de la organización no apoyaban del todo el programa, Berta tenía la última palabra. Rebecca había descubierto su voz pública. Se teñía el pelo y se ponía ropa ajustada. Poco a poco, se hizo dueña de sí misma. Viajó por todo el país, a Cuba, Venezuela, Italia y Estados Unidos para abogar por los derechos LGBTQ.

Pero el 3 de marzo de 2016, el mundo se estremeció. Un año después de recibir el Premio Goldman por su activismo medioambiental, Cáceres fue asesinada en su casa de La Esperanza.

“Recuerdo que mi madre me despertó a las cinco de la mañana, diciéndome que Berta había sido asesinada en medio de la noche”, dijo Rebecca. “Le dije que se dejara de bromas y que no había que jugar con esas cosas. Luego encendió el radio. No podía creerlo”.

Rebecca había estado con Berta justo el día anterior, en un mitin. En medio del acto, Rebecca recuerda que Cáceres le pidió que la acompañara a hacer unos recados por la ciudad. La tarde terminó en la casa de la madre de Cáceres, frente a tazones de sopa de gallo.

Esa noche, dice Rebecca, tomaron caminos distintos. “Le dije a Berta: ‘Por favor, cuídate’. Ella se volvió hacia mí y me respondió: ‘Cipote, siempre me cuido'”.

El tiempo que siguió fue un borrón para Rebeca. La cantidad de conferencias de prensa y de reuniones con los investigadores llegó a ser abrumadora. Sentía que no tenía tiempo para hacer el duelo. La búsqueda de justicia para Cáceres y el mantenimiento de la organización a flote consumieron su atención. Rebecca describió cómo algunos miembros del grupo se volvieron fríos con ella y su trabajo en nombre de la comunidad LGBTQ. Dijo que los insultos discriminatorios no tardaron en llegar, al igual que las falsas acusaciones sobre su carácter.

“Lo más desgarrador fue que ninguno de mis colegas me defendió o apoyó. Todos se quedaron callados”, dijo Rebecca.

Una noche, mientras caminaba sola hacia su casa, Rebecca dijo que un hombre se le acercó de repente, le preguntó si trabajaba en el Copinh y le dijo: “Voy a matar a cada uno de ustedes”.

Fue entonces cuando Rebecca decidió abandonar Honduras.

Llegó por primera vez a Nueva Jersey en 2018, con un visado de trabajo, y fue a la deriva de un trabajo mal pagado a otro.

“En la organización, había aprendido sobre el capitalismo y el socialismo en varios países, pero nunca lo había experimentado por mí misma. Me di cuenta de que me estaba convirtiendo en la máquina, la máquina de todas las fábricas”, dijo Rebecca.

Empezó a luchar contra la depresión. Pensó que necesitaba protección, lo que la llevó a volver a vestir ropa de hombre. Pero no era suficiente disfraz. En el trabajo, soportaba los insultos a los homosexuales, donde se quedaba callada. Un día, mientras salía de compras, Rebecca entró en una tienda de ropa de mujer donde le llamó la atención un pequeño vestido negro. Fue con el reflejo del espejo de su vestidor cuando decidió reafirmar su feminidad.

Ahora, en Los Ángeles, Rebecca se pavonea con orgullo por la ciudad como mujer trans. Ha encontrado trabajo limpiando casas con una amiga. Aunque la pandemia de COVID-19 le ha pasado factura en su trabajo, es resistente y optimista.

“El sueño americano no es como lo pintan en las películas. Especialmente para los indocumentados. Pero tenemos que reconocer que estamos mucho mejor aquí que en Honduras”, dice Rebecca.

Recientemente, el gobierno hondureño ha recibido una mayor presión para proteger los derechos de las comunidades LGBTQ. El 28 de junio de 2021, en una sentencia histórica, la Corte Interamericana declaró al Estado de Honduras responsable del asesinato de Vicky Hernández, una activista trans y trabajadora sexual que había sido asesinada la noche del golpe militar. Un hito esperanzador no sólo para Honduras, sino para toda América Latina.

“Honduras es un país difícil, pero creo que va a mejorar”, dijo Indyra Mendoza, de la organización Cattrachas. “He visto mejoras. Por supuesto, ahora no es lo mismo. La violencia letal ha aumentado, pero otras partes han mejorado. Por ejemplo, en los medios de comunicación aparecen personas trans, gays y lesbianas. Siempre es difícil en Honduras, pero creo que el derecho de expresión ha cambiado un poco. Ha habido un poco más de acceso”.

A medida que la comunidad LGBTQ hondureña comienza a ver cambios notables, los activistas sobre el terreno se han hecho más eco de los asuntos que afectan a su comunidad, no sólo para proteger a la próxima generación, sino para ayudar a mantener a más personas fuera del camino de la migración.

Un estudio realizado por el Observatorio de la Migración Internacional en Honduras y la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales encontró que el 14 por ciento de las personas LGBTQ hondureñas, víctimas de la migración forzada por la violencia, fueron deportadas de Estados Unidos a Honduras entre 2015-2019

Vienna: quédate en casa y pelea

De vuelta a Honduras, me dirijo al centro de la ciudad metropolitana de San Pedro Sula. Dentro de una luminosa cafetería con música americana de fondo, el aroma de los granos de café recién tostados perdura en el aire. Los clientes parlotean mientras el aire acondicionado lucha por ahuyentar el excesivo calor del día, que no da señales de ceder. Vienna, una mujer trans alta con un vestido rosa intenso y tacones altos enmarcados por un pelo negro perfectamente largo, liso y sedoso, sorbe su café frente a una pequeña mesa de cristal.

“Cada día intentamos que nuestro país nos reconozca legalmente como comunidad trans”, dice. “Para mi gobierno, literalmente no existo. Soy indocumentada, no estoy registrada, soy ilegal en mi propio país. Les digo a mis amigos que cuando me maten no dejen que me etiqueten como una mujer asesinada por sexo, o por su marido, porque eso es todo lo que el mundo dice de nosotras”.

Vienna es la directora y abogada del grupo Asociación Feminista Trans. Tras su primer y único intento de emigrar al norte, la experiencia le resultó demasiado traumática y decidió quedarse en Honduras y luchar por su comunidad.

“Sé por qué nuestra comunidad huye, y trato de proporcionar todos los recursos que puedo a través de nuestra organización mientras atraviesan el viaje”, dice Vienna.

Ella vivió ese viaje en 2017.

Acompañada por una amiga, Vienna recordó que caminaba hacia el norte por una carretera en México. Se dirigía a EE.UU. Fue entonces cuando fueron detenidos por dos militares y llevados a un centro de detención. Una vez allí, Vienna solicitó ser detenida con las mujeres del centro por seguridad. El oficial respondió: “Demuéstreme que es usted una mujer”.

En lugar de eso, dice Vienna, pagó al oficial con el poco dinero que le quedaba y la pusieron en la sección de mujeres. Tuvo que compartir un pequeño y duro colchón con su amiga. Al cabo de una semana, los agentes notificaron a Vienna que permanecería en el centro de detención durante varios meses antes de ser deportada.

Mientras estaba detenida, Vienna desarrolló una inflamación en los senos. (Unos meses antes, se había puesto implantes mamarios). Se puso muy enferma, pero los funcionarios y el personal se negaron a ayudarla, dijo Vienna, hasta que vio al director del centro que estaba de visita. Vienna se arrojó delante de él y le rogó que la ayudara. El director la envió inmediatamente a la sala médica. Al día siguiente estaba de vuelta en Honduras.

“Las mujeres trans en los centros de detención, creo, son las que más sufren. Estamos constantemente en riesgo”. dice Vienna mientras termina su café.

Hoy, Vienna se ha convertido en una líder de la comunidad LGBTQ. Es la recién nombrada secretaria de Diversidad Sexual por la Fuerza Popular de Refundación, una rama del partido político Libertad y Refundación.

“Tiene que haber gente que se quede y luche por lo que otros necesitan. Todavía tengo muchas cosas que quiero lograr. Además, tengo esperanza. Veo esperanza cuando voy por la calle y veo a la próxima generación LGBTQ expresándose abiertamente, eso me da esperanza”, dice Vienna con una sonrisa.

Dunia Orellana, cofundadora y editora del sitio de noticias en línea Reportar sin Miedo en Honduras, contribuyó con este artículo.

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El Día de la Remembranza Trans: ‘Diles que no nos maten’

2021 será el año más mortífero para personas trans

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(Foto cortesía de María Lucía Expósito)

Tremenda Nota es el socio mediático del Washington Blade en Cuba. Esta nota escrito por Mel Herrera salió en su sitio web el 20 de noviembre.

Cada 20 de noviembre se celebra el Día de la Remembranza Trans. La fecha fue elegida en 1999 por la activista y escritora transgénero Gwendolyn Ann Smith, en el primer aniversario de la muerte de Rita Hester, una mujer trans afroamericana, y está dedicada a recordar a las personas asesinadas por su identidad de género.

La jornada busca visibilizar los asesinatos por crímenes de odio, los transfeminicidios y formas normalizadas de violencia contra las personas trans. Los datos disponibles siguen siendo son alarmantes. Todo que 2021 será el año más mortífero desde que hay registros.

Según el proyecto de investigación Transrespect versus transphobia Worldwide (TvT) en su informe Trans Murder Monitoring (TMM), entre el 1 de octubre de 2020 y el 30 de septiembre de 2021 se registraron 375 asesinatos de personas trans a nivel mundial, 25 más que en el período anterior.

En una declaración conjunta TvT, junto a más de una decena de organizaciones y proyectos LGBTIQ, alertó que “las personas trans con identidades que se cruzan, incluidas las mujeres trans, las personas negras y de color, las trabajadoras sexuales, los migrantes, los solicitantes de asilo, los refugiados, los romaníes, las personas con discapacidades, las personas que viven con VIH, por nombrar solo algunos, son aún más vulnerables cuando los derechos trans están erosionados.”

Brasil sigue siendo el país donde más personas trans acaban asesinadas (125), luego le siguen México (65) y Honduras (53), lo cual indica, teniendo en cuenta los registros de otros países de la región con menores cifras, que el 70 por ciento de todos los asesinatos ocurrieron en Centro y Sudamérica.

En Estados Unidos se registraron 53 asesinatos, el doble con respecto al año anterior, de los cuales el 90 por ciento fueron de personas trans negras y afrodescendientes.

A nadie debe asombrar estas cifras. Tampoco el hecho de que el 96 por ciento de los asesinatos totales cobraron las vidas de mujeres trans y de apariencia transfemenina, de las que más de la mitad eran trabajadoras sexuales y migrantes.

El informe de TMM advierte que “estos casos son solo una muestra de la realidad sobre el terreno. … En la mayoría de los países, los datos no se recopilan de forma sistemática. La mayoría de los casos siguen sin notificarse.”

Sabemos que muchas personas trans, luego de asesinadas o fallecidas, experimentan lo que se conoce como la “segunda muerte”: la de su nombre o identidad. Es decir, empiezan a ser tratadas por testigos, familiares, medios de comunicación y por el aparato jurídico legal con la identidad de género asignada al nacer.

Datos de ese mismo proyecto de investigación, estiman que entre enero de 2008 y septiembre de 2021 se han asesinado a 4.042 personas trans y género diversas alrededor del mundo.

Es un buen momento para recordar las altas tasas de suicidios en personas trans por razones que tienen que ver con acoso y violencia familiar y escolar, con la imposibilidad de expresar la identidad y otros factores sociales.

También es una oportunidad para recordar el desempleo, la discriminación institucional, el asedio policial, la criminalización del trabajo sexual, la deficiente atención a la salud, el difícil acceso a la educación, la precarización y la marginación a la que estamos sometidas como colectivo, la exclusión, la patologización todavía en algunos manuales y mentes, los debates irracionales, polarizantes e invasivos que se arman sobre nuestra identidad y a los que nos llaman para aplacar el fuego y complacer el egocecentrismo cis. Todas estas, a fin de cuentas, son otras maneras de morir.

El 20N es, en resumen, una jornada para hablar de cifras, ausencias y dolores. Para recordar que nos están matando, tanto en las dictaduras y regímenes autoritarios de la región como en las llamadas democracias que permiten el avance del conservadurismo más rancio, el fundamentalismo religioso y la ultraderecha.

Como si fuera poco, a esta cruzada antitrans se ha unido un grupo de feministas que, desde esencialismos biológicos y usando herramientas machistas y patriarcales, combaten en nosotras una presunta expresión del patriarcado que nos afecta tanto como a ellas

Las personas trans somos ignoradas en los proyectos nacionales y en los proyectos de cambios de gobierno. Se nos convoca para hablar única y exclusivamente sobre temas relacionados con la identidad de género, como si fuéramos solamente trans y no pudiéramos hablar, opinar y tomar decisiones sobre otras cuestiones que definen los destinos de una nación.

Los proyectos que se anuncian como diversos, con respeto a la diferencia, los que hablan de “pluralidad” nos asustan. Esa “diferencia” y “pluralidad” de la que hablan se refiere a diversidad política, no tiene que ver mucho con diversidad sexogenérica.

Casi siempre consiste en sentar en una misma mesa a posiciones poco o nada reconciliables: a la iglesia y al fundamentalismo antiderechos con el colectivo LGBTIQ+ que lucha por sus derechos. Una mesa que acaba dando voz al fascismo y a la ultraderecha genocida, racista, antiimigrante, xenófoba y transfóbica de manual porque, de lo contrario, no se estarían escuchando todas las opiniones, como si todas las opiniones fueran respetables y como si todos esos politiqueros instrumentalizadores tuvieran real interés en los derechos humanos y en dignificar y cambiar el destino de las “vidas invivibles” que dice Judith Butler.

Este 20N les invito a romper el pacto cis, ese que se establece entre personas cisgénero y a través del cual siempre priorizan, ya sea en amistad, relaciones, emprendimientos y posiciones políticas, a los cuerpos e identidades similares.

Ustedes se priorizan y solapan mutuamente.

Les pido que les digan a sus amigos que no nos maten, y que la frase de “las vidas trans importan” no sea un comodín para actores políticos, activistas y feministas cis, pues si en realidad importaran tuvieran más cuidado de las alianzas que establecen, con las que terminan siempre estrechándoles la mano a proyectos, líderes, políticos, partidos e instituciones que nos deshumanizan, borran y exterminan.

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